Sentencia SP14422-2014 de octubre 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 37093

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. De la demanda.

1.1. De acuerdo con lo señalado en el inciso 1º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 (CPP aplicable al presente asunto), la casación procede de manera regular contra las sentencias de segunda instancia emitidas por los tribunales de los distritos judiciales del país, así como por el Tribunal Superior Militar, de procesos por delitos con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la ley exceda los ocho (8) años de prisión.

Si la decisión de segundo grado procede de un juzgado con categoría de circuito, o si el tope legal de la pena de prisión es de ocho (8) años o menos, la casación únicamente será viable excepcional o discrecionalmente. Es decir, en la medida en que la Corte lo considere necesario en aras de respetar las garantías de quienes intervinieron en la actuación procesal o para desarrollar la jurisprudencia, tal como lo consagra el inciso final de la norma citada.

En tales casos, la Sala tiene dicho que al demandante le asiste la carga de presentar en forma racional y coherente las razones por las cuales esta corporación debería conocer de un asunto en el cual no concurrieron los presupuestos de la casación común, bien sea porque el pronunciamiento resulta necesario para el progreso de la jurisprudencia, o bien porque hubo vulneración de garantías judiciales.

Pero, adicionalmente, la demanda tiene que elaborarse con el debido acatamiento de los requisitos establecidos por la ley y la jurisprudencia. Esto es, en virtud de los parámetros de formulación y sustentación de las causales previstas en el artículo 207 del estatuto procesal, que por obvias razones tienen que ser consonantes con los argumentos por los cuales el recurrente fundó la solicitud a través de la vía discrecional.

De ahí que la demanda de casación nunca podrá equipararse a un alegato de instancia, sobre todo cuando los artículos 212 y 213 de la Ley 600 de 2000 reclaman la presentación lógica y adecuada de cada una de las causales establecidas en el artículo 207 del referido ordenamiento, así como de los cargos que por los yerros de trámite o juicio haya propuesto el recurrente, con la demostración de su relevancia para efectos de la decisión adoptada.

1.2. En este caso, la pena máxima del delito de lesiones personales culposas atribuido a José Mauricio Guarín Ladino en ningún momento superó los ocho (8) años de prisión, ya fuera por la pena atribuida en la resolución de acusación (arts. 114, inc. 1º, y 120, L. 599/2000) o aquella por la que a la postre fue condenado por las instancias (esto es, con el incremento del art. 14, L. 890/2000). Por consiguiente, el demandante tenía el deber de circunscribirse a las obligaciones propias de la casación discrecional, según lo analizado en precedencia.

El profesional del derecho, sin embargo, no lo hizo. Tan solo sostuvo al respecto que debía cumplirse “la importante función de unificar la jurisprudencia nacional, [...] la realización del derecho objetivo [...] y la posibilidad de defensa de los derechos fundamentales”(10).

Es decir, no fue más allá de esas aseveraciones y, en cambio, propuso dos (2) reproches respecto de los cuales la Sala no advierte la violación de garantía judicial alguna ni la necesidad de desarrollar la jurisprudencia.

Como si lo anterior fuese poco, el recurrente tampoco cumplió con los requisitos propios para acceder a la casación común. En efecto, planteó en el primer cargo la violación indirecta de la ley sustancial derivada de un error de hecho por falso raciocinio en la apreciación de la prueba. Pero en lugar de precisar que en la motivación de las instancias hubo una transgresión a un determinado parámetro de sana crítica (es decir, a una ley científica, principio de la lógica o regla de la experiencia) presentó una serie de apreciaciones personales orientadas hacia aspectos intrascendentes (como discutir la velocidad con la que conducía el acusado, cuando la violación del deber de cuidado imputada consistió en manejar la moto en contravía), o bien refutados de manera razonable por las instancias (como alegar que no conocía el sentido de la vía, cuando el ad quem al respecto concluyó que “era consciente de la situación riesgosa a la que se avocaba y por ende del peligro que ella ofrecía”(11)).

Y, en el segundo reproche, planteó la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de algunas normas del Código de Tránsito y Transporte. Sin embargo, acompañó tal postura con aserciones de índole probatoria tendientes a argüir, además de lo ya aducido, que el accidente fue culpa exclusiva de la víctima. Esta circunstancia riñe con el vicio invocado, toda vez que quien lo postula tiene la obligación de aceptar tanto las valoraciones que acerca de la prueba obran en el fallo objeto del recurso como la situación fáctica que se declaró demostrada a raíz de lo anterior. Además, la segunda instancia abordó con suficiencia el problema jurídico sugerido por la defensa en tal sentido y concluyó que “si el denunciante tuvo algún comportamiento imprudente, no es menos cierto que, conforme a los criterios sobre la producción del riesgo, quien desencadenó el resultado antijurídico fue el institucional al transitar en contravía sobre una carretera [...] que le exigía ir atento a los múltiples obstáculos que se pudieran presentar y, por lo tanto, a desarrollar tal actividad bajo extrema precaución y cautela”(12).

1.3. En este orden de ideas, como los planteamientos del recurrente no fueron suficientes para controvertir el fallo impugnado ni para demostrar algún error de trámite o juicio, la Corte no admitirá la demanda.

2. De la casación oficiosa.

2.1. En un principio, la Sala había manejado el criterio conforme al cual, en aquellos casos en los que no admitía la demanda de casación pero a la vez advertía la violación de una garantía o derecho fundamental, tenía que disponer su traslado al Ministerio Público para que emitiera concepto antes de efectuar cualquier pronunciamiento oficioso sobre el asunto.

Esta postura, sin embargo, fue abandonada por la Sala a partir de la decisión de fecha 12 de septiembre de 2007, en la cual consideró que, en virtud de los principios rectores de celeridad, eficiencia y eficacia, y en armonía con el propósito de garantizar la efectividad del derecho material (que es un postulado del Estado social de derecho), lo consecuente era subsanar de manera inmediata el yerro encontrado(13). Ello, claro está, en la medida en que la anomalía encontrada de oficio por la Corte corresponda a un error susceptible de atenderse en sede del extraordinario recurso (pues, de lo contrario, no podría modificar la decisión de las instancias) y la solución no conduzca a afectar de manera irrazonable otras garantías judiciales de igual o superior raigambre.

En este orden de ideas, la Corte procederá a estudiar de manera oficiosa si es posible predicar en el presente caso la violación del principio de legalidad de la pena.

2.2. En el proceso de dosificación punitiva, el juez de primera instancia anunció imponerle a José Mauricio Guarín Ladino la pena con fundamento en “los artículos 111, 112 inciso 2º, 114 inciso 1º y 120 del Código Penal ordinario”(14).

A continuación, señaló que según el criterio de unidad punitiva previsto en el artículo 117 de la Ley 599 de 2000 la sanción por aplicar era la del artículo 114 inciso 1º del Código Penal, que contempla una pena “de prisión de dos (2) a siete (7) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(15). No obstante, también precisó que dicha pena debía ser “aumentada en su mínimo por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en una tercera parte”(16).

Por consiguiente, en lugar de imponerle al procesado una sanción (anunciada en el mínimo) de dos (2) años de privación de la libertad y quince (15) salarios mínimos de multa, lo condenó a dos (2) años y ocho (8) meses de prisión y quince (15) salarios mínimos de multa.

La Corte, al respecto, ha precisado que “el incremento general de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 encuentra su razón de ser en la dinámica propia del sistema acusatorio (L. 906/2004)”(17), esto es, que “la aplicabilidad de la Ley 890 de 2004 se supedita al mismo proceso de gradualidad de la Ley 906 del mismo año, obviamente con las excepciones que aquella misma determinó en su artículo 15”(18).

El anterior criterio incluso lo ha reconocido la Sala en los procesos de aforados constitucionales por conductas cometidas dentro de la vigencia del sistema acusatorio, en la medida en que el procedimiento allí adelantado no es el de la Ley 906 de 2004, sino el de la Ley 600 de 2000(19).

Lo anterior significa que, en los procesos de la justicia penal militar que se adelantan bajo el régimen la Ley 522 de 1999, en tanto idénticos en cuanto a sus principios a los de corte mixto de la Ley 600 de 2000, no es posible predicar el aumento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

El funcionario a quo, sin embargo, no solo le aplicó dicho incremento, sino que además, pese a haber anunciado que el comportamiento del procesado fue bajo la modalidad culposa, e incluso haber indicado que le iba a reconocer el descuento que para tales casos contempla el artículo 120 del Código Penal ordinario, le impuso la pena prevista para el tipo del artículo 114 inciso 1º de dicho estatuto sin alguna disminución, como si se tratase de un obrar doloso.

Como lo anterior condujo a la violación del principio de legalidad de la sanción penal, y como además el tribunal no reparó en tales errores ni los subsanó, la Corte casará de manera oficiosa y parcial el fallo impugnado, en el sentido de dosificar de nuevo la pena sin tener en cuenta el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y, además, aplicando el descuento de que trata el artículo 120 de la Ley 599 de 2000 para la categoría culposa del delito de lesiones personales.

Como el funcionario de primera instancia condenó a José Mauricio Guarín Ladino por el mínimo imponible del artículo 114 inciso 1º del Código Penal, la sanción tan solo podrá ascender a dos (2) años de prisión y quince (15) salarios mínimos de multa, reducidos en las cuatro quintas (4/5) partes en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de código en comento.

Por ende, la pena que se le impondrá al sentenciado equivale a cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días de prisión y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. Adicionalmente, la Sala aclarará que la accesoria de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas será por un lapso idéntico al de la prisión aquí reconocida, es decir, cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días.

Por último, la Sala precisará que la decisión del cuerpo colegiado permanecerá incólume en aquellos aspectos que no fueron objeto de modificación.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. No admitir la demanda de casación presentada por el abogado de José Mauricio Guarín Ladino contra el fallo proferido por el Tribunal Superior Militar.

2. Casar de manera oficiosa y parcial la sentencia impugnada.

3. Como consecuencia de lo anterior, disminuir la pena impuesta contra José Mauricio Guarín Ladino a cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días de prisión y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.

4. Aclarar que la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas quedó en cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días.

5. Precisar que el fallo del Tribunal permanecerá incólume en aquellos aspectos no modificados.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

(Aprobado en acta número 349)».

(10) Folio 525 ibídem.

(11) Folio 447 ibídem.

(12) Folio 438 ibídem.

(13) CSJ SP, 12 sep. 2007, rad. 26967.

(14) Folio 388 del cuaderno II de la actuación principal.

(15) Ibídem.

(16) Ibídem.

(17) CSJ AP, 23 feb. 2006, rad. 24890.

(18) CSJ SP, 21 mar. 2007, rad. 26065.

(19) Cf. CSJ SP, 18 en. 2012, rad. 32764; CSJ SP, 18 en. 2012, rad. 27408; CSJ SP, 23 may. 2012, rad. 30682, entre otras.