Sentencia SP14657-2014 de octubre 28 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 34017

Aprobado acta 360

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil catorce

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

En contra de Efrén Antonio Hernández Díaz se formuló acusación por el delito de concierto para delinquir agravado, porque presuntamente llegó a un acuerdo con Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, comandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare, consistente en obtener el “aval” de esa organización para acceder a la Cámara de Representantes en el período constitucional 2002-2006, a cambio de designar como segundo renglón de su lista a un dirigente del sur de Casanare.

Atendiendo el requerimiento de la Sala, el Secretario General de la Cámara de Representantes informó(23) que Efrén Antonio Hernández Díaz tomó posesión como representante a la Cámara el día 26 de enero de 2004(24) y actuó ininterrumpidamente hasta el 19 de julio de 2006, cuando culminó ese período constitucional.

Por lo tanto, acorde con lo previsto en los artículos 2533 y parágrafo de la Constitución Política y 75-7 de la Ley 600 de 2000, esta corporación es competente para dictar sentencia.

Ciertamente el acusado no ostentaba la calidad de congresista para la época del presunto acuerdo ilegal con el cabecilla de las Autodefensas Campesinas del Casanare; sin embargo, una de las características esenciales del delito de concierto para delinquir es su permanencia y precisamente el propósito del comandante del grupo ilegal habría consistido en obtener representación en el Congreso de la República para coadministrar el Estado.

Por ello, el eventual acuerdo con las Autodefensas Campesinas del Casanare no se puede limitar a la fase electoral; persistía en tanto Efrén Antonio Hernández Díaz asumiera y ejerciera como representante a la Cámara, como en efecto aconteció, lo cual traduce el vínculo formal entre la función congresual y el delito atribuido.

También es competente la Corte para emitir la sentencia pese a que el acusado actualmente no ostenta la condición de representante a la Cámara, acorde con los lineamientos trazados en auto del 1º de septiembre de 2009, radicado 31.653, dentro del cual se afirmó:

... en el auto del 18 de abril de 2007, radicado 26.942, se exige para mantener el fuero a los congresistas después de haber cesado en el desempeño de sus labores, que se proceda por un delito de los denominados “propios”, cuando lo cierto es que el parágrafo del artículo 235 de la normativa fundamental establece que el fuero se mantendrá “para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”, sin aludir de manera alguna a la exigencia asumida antes por la Sala, que se convertiría por consiguiente en un requisito adicional a los previstos en la Constitución Política.

Ciertamente, respecto de “delitos propios” el fuero congresional se mantiene en cuanto se trate de conductas inherentes al ejercicio de la función pública que corresponde a senadores y representantes (C.N., arts. 150 y ss.), pero a la par de ello se debe acudir al referido parágrafo del artículo 235 de la Constitución cuando no se trata específicamente de “delitos propios”, sino de punibles “que tengan relación con las funciones desempeñadas” por los congresistas, siempre que de su contexto se advierta el vínculo con la función pública propia del Congreso.

La relación del delito con la función pública tiene lugar cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones.

Tal es el caso de los congresistas a quienes se les imputa la conducta de concierto para delinquir agravado por sus eventuales vínculos con miembros de las autodefensas cuando ya ocupaba una curul en el Congreso de la República, proceder que si bien no es propio de sus funciones, en cuanto reunirse con delincuentes para orquestar la comisión de delitos no es ni podrá ser inherente al ámbito funcional de dicha corporación, sí pone de presente, de un lado, que posiblemente hacía parte de dicha organización criminal y, de otro, que de conformidad con la forma en que operaba la misma, se trataba presuntamente de un miembro calificado de la misma a quien correspondía aportar dentro de su ámbito funcional.

A su vez, el papel de un congresista en las citadas organizaciones armadas al margen de la ley, cuyo objetivo era el de acceder al poder por medios no ortodoxos e ilegales ajenos a los canales democráticos, no podía ser diverso al de poner al servicio del grupo ilegal el andamiaje de sus funciones como senador de la república; entonces, ingenuo resulta pensar solamente en asistencias aleatorias a las reuniones, o en calidad de simple y llano espectador o bien porque los delincuentes lo consideraban “importante” para la sociedad.

(...).

Debe reiterarse que el parágrafo del artículo 235 constitucional no establece que las conductas a través de las cuales se dota de competencia a la Corte sean realizadas “durante” el desempeño como congresista sino simplemente que “tengan relación con las funciones desempeñadas”, de tal suerte que resulta factible que el comportamiento o iter criminal pueda iniciarse antes de acceder a la curul y consumarse o agotarse con posterioridad a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda la condición de aforado para efectos penales.

En suma, del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política se colige que la Corte conserva la competencia frente a “delitos que tienen relación con la función”, aun cuando el congresista haya dejado el cargo; en consecuencia, le asiste competencia a esta corporación para decidir este asunto, por cuanto la conducta investigada tiene relación de imputación concreta con la función desempeñada.

2. El delito de concierto para delinquir agravado.

En contra de Efrén Antonio Hernández Díaz se formuló acusación como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado, tipificado en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, en la modalidad de promoción de grupos armados ilegales.

Este tipo penal se estructura a partir de una escala progresiva de afectación al bien jurídico, donde la sanción depende del mayor desvalor de resultado, esto es, según la gravedad de la conducta, la cual puede consistir en: (i) el acuerdo de voluntades para cometer delitos, (ii) el acuerdo para promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley y (iii) la ejecución material del acuerdo, consistente en promover, armar o financiar efectivamente grupos al margen de la ley.

En ese ámbito jurídico se distingue entre el concierto para promover una organización ilegal —C.P., art. 340, inc. 2º— y promoverla efectivamente —inc. 3º ídem—.

En el sub judice, el comportamiento endilgado al procesado —promoción de grupos armados— se inscribe dentro de los denominados tipos de peligro presunto, esto es, aquellos donde no se exige un resultado material, por cuanto se presume la posibilidad de daño. Evento en el cual, en los términos del artículo 11 del Código Penal, corresponde valorar en cada caso si el bien jurídico fue puesto o no en peligro de manera efectiva, es decir, si se cumple o no el juicio de antijuridicidad material, según lo tiene precisado la Sala(25):

Si bien en los delitos de peligro presunto el legislador presume la posibilidad de daño para el bien jurídico tutelado, lo cierto es que tal presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de jure, es decir, que no admiten prueba en contrario, porque el carácter democrático y social del Estado de derecho, basado, ante todo, en el respeto a la dignidad humana (C.N., art. 1º), así lo impone, en tanto tal especie de presunción significa desconocer la de inocencia y los derechos de defensa y contradicción.

Al contrario, al evaluarse judicialmente los contornos de la conducta es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta en peligro. En otro lenguaje, frente a un delito de peligro debe partirse de la base de que la presunción contenida en la respectiva norma es iuris tantum, es decir, que se admite prueba en contrario acerca de la potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al bien jurídico objeto de tutela(26).

De lo anterior razonable es concluir que, contrario a lo expuesto por la doctrina tradicional que entendía que en los delitos de peligro presunto se suponía de derecho la antijuridicidad de la conducta, lo cierto es que ahora, respecto de tales comportamientos no basta con realizar simple y llanamente el proceso de adecuación típica de la conducta para luego dar por presupuesta su antijuridicidad, pues siempre se impone verificar si en el caso concreto tal presunción legal es desvirtuada por alguna prueba en contrario, dado que de ser ello así, el comportamiento no deviene antijurídico y sin tal categoría dogmática, la conducta no configuraría delito.

En esa línea, para alejarse de valoraciones éticas o morales —como lo plantea la defensa—, deberá constatarse si con la conducta atribuida a Efrén Antonio Hernández Díaz se puso efectivamente en peligro la seguridad pública, entendida como “una relación social dinámica que antes de la sola conservación del statu quo, como se utilizaba en el Estado demoliberal, pretende garantizar condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos humanos” (CSJ SP, 29 sept. 2010, rad. 29.632).

3. Caso concreto.

Acorde con las previsiones del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para dictar sentencia condenatoria es necesario tener certeza sobre la conducta punible y la responsabilidad del procesado, a partir de las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación, valoradas en conjunto y apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

3.1. Las Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC.

Teniendo en cuenta esa premisa legal, de cara al injusto materia de juzgamiento importa resaltar, como primera medida, el consenso sobre la otrora existencia de un grupo ilegal en el sur de Casanare, conocido en sus orígenes como “Los Buitragüeños” o “Macetos” y luego Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC.

Organización delictiva conformada a mediados de la década de los ochenta, bajo la orientación de Héctor José Buitrago Rodríguez, a. “Tripas”, cuyo propósito primordial, en sus inicios, fue confrontar los grupos guerrilleros presentes en el departamento(27).

Inicialmente posicionada en los municipios de Monterrey y Tauramena, Casanare, en el año 1998 pasó a controlar algunos municipios de los departamentos del Meta, Cundinamarca, Boyacá y Casanare. En este último, de acuerdo con el informe de Policía Judicial del 25 de julio de 2011(28), rendido por un investigador del CTI, y los testimonios de los integrantes de la organización al margen de la ley, ejerció control sobre los municipios del sur, a saber: Monterrey, Maní, Tauramena, Aguazul, Sabanalarga y Villanueva.

Ese proceso de expansión y control sobre el sur del Casanare, según se desprende de los testimonios de Héctor Germán Buitrago Parada(29), a. “Martín Llanos”, y demás integrantes de la estructura ilegal, obedeció al cambio de orientación una vez aquel asumió la comandancia en el año 1998. La estrategia exclusivamente “militar” fue conjugada con el propósito “político”, encaminado a definir la elección de los dirigentes a nivel municipal, departamental y nacional, para cuyo propósito el grupo ilegal se estructuró en tres “alas”: la militar, la financiera y la política.

A grandes rasgos, la primera se encargó de confrontar con la guerrilla, asegurar las zonas “recuperadas” y hacer cumplir las orientaciones que a todo nivel impartía la organización, como lo precisaron Alexander González Urbina(30), a. “Careloco”, Josué Darío Orjuela Martínez(31), a. “Solín”, y Ágapo Gamboa Daza(32), a. “Calavera”.

La segunda tuvo a cargo el recaudo y administración de los recursos producto de “contribuciones”(33) de ganaderos y comerciantes, como también de la contratación estatal. Esto último, según lo expuso Héctor Germán Buitrago(34), a. “Martín Llanos”, a través de miembros de la organización o entidades creadas por ellos, en coordinación con los alcaldes, gobernadores y contratistas.

La última se enfocó en la suscripción de “acuerdos” o “pactos” con empresarios, ganaderos, comerciantes, funcionarios públicos, contratistas y dirigentes políticos. Fue dirigida directamente por Héctor Germán Buitrago Parada y a la misma estuvieron vinculados José Ramiro Meche Mendivelso(35), a. “Guadalupe”, John Alexander Vargas Buitrago, a. “Junior”, y Carlos Guzmán Daza, a. “Salomón”, como ellos mismos lo admitieron al rendir declaración ante la Corte.

Al respecto, Héctor Germán Buitrago Parada(36), José Ramiro Meche Mendivelso(37), Carlos Guzmán Daza y Jhon Alexander Vargas Buitrago revelaron la suscripción de acuerdos con mandatarios locales. Uno de ellos fue el denominado pacto de “El Cañito”, en el año 2000, cuando las ACC convocaron a William Pérez, Oscar Leonidas Wilches, Jacobo Rivera, Luz Marina González y Javier Enrique Vargas Barragán para definir el nombre de los candidatos a cargos de elección popular para las siguientes elecciones y exigir la asignación del 50% de la contratación y burocracia.

El otro, conocido como el “Pacto del Casanare”, mediante el cual exalcaldes de varios municipios del sur del departamento, entre ellos Aleyder Castañeda, exalcaldesa de Monterrey, comprometieron a favor de la organización criminal, entre otros aspectos, el 50% del presupuesto municipal y el 10% del valor de los contratos suscritos por las alcaldías, a cambio de obtener apoyo electoral en las elecciones del 2003(38).

De esta manera, se puso de manifiesto la existencia de compromisos entre mandatarios públicos y las ACC. Aspecto concordante con las condenas emitidas por esta corporación en contra de dirigentes políticos del Casanare(39) —representante a la Cámara y gobernador—, ante sus probados nexos con esa organización al margen de la ley.

Pero así como algunos dirigentes acordaron con los violentos, otros sufrieron el rigor de la violencia encarnada por las ACC. No solo se trató de incursiones armadas, como la ocurrida en el año 2003 en los municipios Chámeza y Recetor, Casanare, cuya autoría fue admitida por Alexander González Urbina(40), a. “Careloco”, o el asesinato de funcionarios públicos, como la denominada masacre de San Carlos de Guaroa(41), por la que Héctor Germán Buitrago Parada(42) admitió haber sido condenado.

Entre otras actividades delictivas se encuentra el asesinato de dirigentes políticos, como aconteció con el concejal Segundo Gabriel Rivera y el exgobernador del Casanare Emiro Sossa Pacheco. Este último, de acuerdo con la manifestación de Alexander González Urbina, a. “Careloco”, asesinado el 7 de diciembre de 2001, por orden de “Martín Llanos”, por cuanto era contradictor de esa estructura ilegal.

El propio líder paramilitar, al rendir declaración ante la Corte(43), reconoció que ese crimen fue perpetrado por integrantes de su estructura criminal. Y aunque pretendió dar a entender que se trató de un crimen ajeno a cuestiones electorales, pues fue ordenado por a. “Fox”, en su condición de comandante militar, recordó(44) haberle prohibido a Emiro Sossa adelantar proselitismo.

Carlos Guzmán Daza(45), a. “Salomón”, también informó sobre un dirigente conocido con el pseudónimo de “Manicomio”, asesinado por la organización al ser considerado de “izquierda” y firme aspirante a ganar las elecciones para la alcaldía de Villanueva, Casanare.

Homicidio cuya autoría admitió Josué Darío Orjuela Martínez(46), a. “Solín”, quien recordó haberle “dado de baja” en el año 1999, porque, según le informaron, se pretendían favorecer las aspiraciones electorales de Josué Alexander Bohórquez Peña, un líder político de la región.

Los anteriores hechos son coherentes con las manifestaciones de los exparamilitares José Ramiro Meche Mendivelso, Alexander González Urbina, Carlos Guzmán Daza, Carlos Julio Novoa Alfonso y William Mayorga Suárez, quienes de manera uniforme afirmaron que para hacer política en el sur de Casanare, a todo nivel(47), era necesario contar con el “aval” de a. “Martín Llanos” o de lo contrario el aspirante se veía expuesto a retirarse de la región o ser declarado objetivo militar.

Con mayor precisión, Jhon Alexander Vargas Buitrago(48), a. “Junior”, indicó cómo a. “Martín Llanos” seleccionaba los candidatos para ponerlos en los cargos públicos y aquellos que no estaban de acuerdo con él los “sacaba” o “los mandaba retirar”(49).

Entre tanto, Carlos Julio Novoa Alfonso, en torno a los avales, precisó cómo los dirigentes políticos acudían en persona ante el líder paramilitar con ese fin o contaban con la mediación de Gustavo Ramírez, Ricardo Ramírez, Víctor Feliciano o Walter Buitrago. Aspecto coincidente con lo referido por a. “Martín Llanos”(50), quien aludió a intermediarios con ese propósito, integrantes de la organización o “algunas personas en particular”, aunque se negó a aportar nombres.

De lo anterior se desprende, entonces, un evidente control político por parte de las ACC, al mando de a. “Martín Llanos”, quien al ser interrogado sobre su injerencia en materia electoral informó: “las ACC manejaba el territorio y coordinaba con algunos líderes... para la elección a diferentes cargos en la Región”. A ello añadió: “en un alto porcentaje sí... teníamos casi que el control de las elecciones a diferentes candidatos en la región”(51).

Pero no solo los integrantes de las autodefensas revelaron esa interferencia del grupo al margen de la ley en los procesos democráticos. Algunos de los testigos decretados por solicitud de la defensa informaron sobre la compleja situación de seguridad para los dirigentes políticos en el sur del Casanare, merced a dicho control.

Sobre ese particular, Ángel Antonio Campos Barrera(52), actual alcalde de Villanueva, Casanare, aseguró que la situación de violencia en ese departamento entre los años 1998 y 2004 era un “hecho notorio”, ante el dominio de la zona por parte de las ACC. Interrogado acerca de las condiciones de seguridad de los dirigentes políticos en el departamento, especialmente en el sur, informó:

... dentro de los años 1998-2004, hubo una violencia provocada por los grupos paramilitares, que no solo afectaron a la clase política del sur del departamento del Casanare, sino a todos los sectores de la comunidad. Esto quiere decir, que al dominar los paramilitares el territorio, esto incidió en la política, la economía, la seguridad y todos los tópicos de una comunidad organizada.

Como es de conocimiento general y nacional, durante los años 1998 a 2004, el departamento de Casanare sufrió la presencia de grupos armados al margen de la ley, llamados paramilitares, que lamentablemente afectaron nuestro territorio y que se hacían llamar las Autodefensas Campesinas del Sur de Casanare (ACC).

En la misma línea, monseñor Misael Vacca Ramírez(53), obispo de la Diócesis de Yopal, dio cuenta de una situación de orden público “complicada”, con “mucha violencia”, donde la población estaba sometida a desapariciones, secuestros, extorsiones, amenazas, desplazamientos y restricciones de movilidad por la constante presencia de retenes ilegales, pues entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. “no se podía transitar”.

En cuanto a la situación política, resaltó el prelado, ningún político le informó sobre amenazas por parte de grupos al margen de la ley, pero sí “había comentarios (como decimos en voz baja) de la gente que los líderes o dirigentes políticos eran obligados por los grupos al margen de la ley (guerrilla o paramilitares) a cumplir ciertas exigencias so pena de correr riesgo sus vidas o la de sus familias. Pero afirmo no tengo conciencia que algún político me haya comentado de su situación en particular”.

Acorde con lo anterior, el exsenador de la República Gustavo Enrique Sossa Pacheco, hermano del fallecido Emiro Sossa, recordó cómo en su aspiración al Senado de la República en el año 2002 no pudo adelantar su campaña en el departamento de Casanare, por cuanto al directorio del partido en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, el 10 de febrero de 2002 llegó una misiva otorgándole dos o tres días para retirarse de aquel departamento so pena de ser declarado objetivo militar. Y, contrario a lo sostenido por la delegada del Ministerio Público, contó que ante esa presión dejó abandonada su campaña en Casanare y Boyacá, limitándola a la ciudad de Bogotá.

El excongresista Helí Cala(54), a su turno, señaló que para el proceso electoral del 2002 se retiró del ámbito político, ante la presión e indebida injerencia de grupos al margen de la ley; entre tanto, Óscar Leonidas Wilches(55) informó sobre una situación de orden público intimidante para toda la población, incluidos los dirigentes políticos, pues “indudablemente que era difícil hacer campaña en el departamento con grupos armados” y moverse por el Casanare ante la existencia de retenes ilegales.

Por su parte, entre los integrantes de la campaña de Efrén Hernández Díaz en su aspiración a la Cámara de Representantes para el 2002, Ramón Evaristo López Villareal aseveró(56) que para ese año era difícil hacer política en el Casanare y como muestra de ello su candidato se retiró del departamento para seguir la campaña desde Bogotá.

Sobre el control electoral por parte de las ACC también se pronunciaron Milton Álvarez Alfonso, Yimer Baudilio Vega Buitrago y Álvaro Rojas Rojas(57). Este último, por ejemplo, aludió(58) a una situación de orden público “crítica”, ante la pretensión de las ACC de intervenir en política, la presión a los electores para que votaran a favor de determinados candidatos y el propósito de apoyar o desaprobar dirigentes políticos, como ocurrió con Efrén Hernández, quien le contó sobre la prohibición en su contra.

Además, Rojas Rojas recordó(59) la limitación sobre Álvaro Perilla para hacer campaña a la alcaldía de Monterrey, Casanare, razón por la cual este perdió las elecciones. Y aunque Álvaro Perilla negó haber sufrido alguna limitación electoral por parte de grupos al margen de la ley, la misma resulta consecuente con la declaración de Carlos Guzmán Daza, a. “Salomón”, quien rememoró haber restringido dicha campaña ante el apoyo de la organización a la aspiración de Aleyder Castañeda, quien no solo resultó electa, sino posteriormente condenada por sus probados nexos con ese grupo ilegal, como se precisó párrafos atrás y lo ratificó al rendir testimonio Jhon Alexander Vargas Buitrago(60).

Lo anterior, en contravía de lo planteado por el acusado y el defensor, pone de manifiesto cómo las ACC en realidad tuvieron un amplio control sobre el sur del Casanare a nivel económico, político y social. Esto último evidenciado a través de la creación y dirección de diversas organizaciones no gubernamentales(61), sobre las cuales Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, puso de presente(62):

Nosotros realmente en los municipios del sur de Casanare éramos sabedores de todas las organizaciones que se movían en el área y que teníamos algunos miembros que trabajaban para la organización. Casi que ninguna organización de ONG podrían manejarse como rueda suelta, o sea, había siempre injerencia por parte de la estructura de las autodefensas.

(...).

Realmente existía un control en todo este tipo de organizaciones.

Ahora, plantea el defensor que la presencia de varios grupos ilegales demuestra que no había un grupo dominante en el Casanare; sin embargo, esa conclusión está fuera de contexto. El control del departamento, como está documentado, fue repartido al menos entre tres estructuras ilegales: el Bloque Centauros en el norte, la guerrilla en la cordillera y las ACC en el sur desde mediados de la década de los ochenta.

Cierto, hubo un enfrentamiento por el control del Casanare entre el Bloque Centauros y las ACC, pero inició después del año 2002. Aún más, dicha confrontación no puede ser entendida como ausencia de un grupo dominante, por cuanto antes de iniciar cada uno delinquía en su propia zona (Norte o Sur).

En esa medida, no se entiende por qué, contra toda evidencia, la defensa y el acusado pretenden desconocer el régimen implementado por a. “Martín Llanos” para controlar la sociedad y los aspirantes a estamentos oficiales a nivel municipal, departamental y nacional, cuando las restricciones a algunos dirigentes, entre ellos el propio Efrén Hernández y Gustavo Sossa Pacheco, o el asesinato de líderes políticos dan clara evidencia de ello.

La unidad de defensa soporta su tesis en las declaraciones de algunos testigos que negaron esa influencia, como aconteció con Arturo León León, Efraín Trinidad(63) e Iller Castro Aguilar(64), quienes al ser interrogados sobre el orden público en el sur de Casanare, entre los años 2000 y 2004, lo describieron como “normal”, pues no existían limitaciones y se podía hacer política libremente.

No obstante, se trata de declaraciones contradictorias, en tanto admitieron su conocimiento acerca de la limitación impuesta por las ACC a la campaña de Efrén Hernández. Por consiguiente, si se tiene en cuenta esa prohibición y los demás actos de violencia atribuibles a ese grupo ilegal, como la muerte de dirigentes políticos, resulta claro que el orden público no era “normal”, como sorprendentemente pretendieron hacerlo creer.

En el caso de Guillermo Piña, Nancy Liceth Rodríguez Acosta, Aydee Soler(65) y Stella Romero, quienes apoyaron la aspiración política del procesado, no solo negaron problemas en esa campaña, sino cualquier conocimiento sobre la injerencia de las ACC en el Sur de Casanare, al extremo de señalar que de la situación de orden público se enteraron por los medios de comunicación. Es más, afirman que nunca vieron integrantes de grupos de autodefensas, lo cual riñe con la declaración de otros testigos de la defensa, entre ellos Monseñor Misael Vacca —ya reseñado— y el exconcejal de Aguazul Omar Martínez Sánchez(66), quienes informaron acerca de constantes retenes ilegales, los cuales, para el segundo, eran el “pan de cada día”(67).

Claro, es posible que algunos ciudadanos desconocieran la situación de inseguridad en su región o los factores generadores de ella, pero resulta impensable e incomprensible respecto de quienes hicieron parte de proyectos políticos o sociales y por ello tenían preeminencia social y conocimiento sobre la situación de su departamento. Así, si pretendían representar a la comunidad —a cualquier nivel—, lo mínimo exigible era conocer su realidad social, económica, cultural y política. Por ello, contrario al sentir de la delegada del Ministerio Público, a las declaraciones de estos testigos, rendidas en la audiencia de juzgamiento, no se les puede asignar credibilidad.

De otro lado, a partir del testimonio de algunos dirigentes políticos, los sujetos procesales pretenden se reconozca que varios dirigentes políticos hicieron campaña sin pedir avales, como sucedió con Maximiliano Soler; sin embargo, según lo explicó Carlos Julio Novoa Alfonso, a. “Cachicamo”, a algunos candidatos se les permitió hacer campaña sin condiciones, para procurar la participación de al menos dos aspirantes.

Con mayor claridad, Héctor Germán Buitrago Parada(68), a. “Martín Llanos”, interrogado sobre aquello fuera de su control respondió: “Realmente la organización siempre controlaba los candidatos que le interesaba, a otros candidatos se dejaban quietos”.

Ello explica por qué Maximiliano Soler no habría requerido dicho “aval”, tanto más cuanto su segundo renglón, José Severo Suárez Chaparro(69), aludió a una campaña muy humilde, sin visitas a los municipios del sur de Casanare para evitar cualquier exigencia de las ACC, pues las limitaciones para hacer política estaban latentes.

Cierto, Armando Antonio Ibáñez Arias(70), Yimer Baudilio Vega Buitrago y Beiler Antonio Amaya Vargas(71), exconcejales de Tauramena, Sabanalarga y Villanueva, respectivamente, igual sostuvieron que sus campañas se desarrollaron normalmente y nada conocieron sobre limitaciones en los ejercicios políticos ni sobre los “avales” otorgados por a. “Martín Llanos”, en tanto de ese grupo se enteraron por “comentarios” o “rumores”, ya que no vieron personas armadas. No obstante, las pruebas analizadas reflejan una situación compleja de orden público, a partir de la cual es inexplicable que siendo Concejales de municipios del sur del Casanare no hayan tenido información concreta sobre el accionar de las ACC y su injerencia en los asuntos sociales, políticos y económicos de los mismos.

En esa medida, del análisis conjunto de las pruebas emergen las primeras conclusiones:

1. Las Autodefensas Campesinas del Casanare, entre los años 1998, cuando asumió la comandancia Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, y el 2004, cuando fueron desarticuladas por el Ejército Nacional con ocasión de la operación “Santuario”, ejercieron en el sur de ese departamento un efectivo control social, económico y político.

2. Para el cumplimiento de sus fines la organización implementó un proyecto político ilegal, orientado a interferir los procesos democráticos a todo nivel, al incidir, por vía de consensos ilegales o por la fuerza, en la designación de mandatarios a nivel municipal, departamental y nacional, logrando de esta manera coadministrar el Estado.

3. Como consecuencia de ese ilegítimo proyecto político, algunos dirigentes de la región que aspiraron a cargos de elección popular debieron contar con el “aval” de a. “Martín Llanos”, así quienes no lo obtuvieron fueron obligados por vía de las armas a abandonar sus aspiraciones políticas declarados “objetivo militar”.

3.2. Ilegal afectación de la campaña de Efrén Antonio Hernández Díaz e inexistencia de vínculos ilícitos del acusado con las ACC durante su desempeño como Alcalde de Yopal.

En ese contexto de represión surgió, a finales del año 2001, una limitación para el acusado en su aspiración a la Cámara de Representantes para el período constitucional 2002-2006.

Sobre el particular, el excongresista Hernández Díaz recordó cómo para el mes de septiembre de 2001 decidió iniciar su campaña y desde entonces surgieron “comentarios” según los cuales no podía continuarla. Creyendo que se trataba de una estrategia política de sus opositores siguió el proselitismo, pero cierto día una persona le informó sobre la obligación de reunirse con a. “Martín Llanos”. En principio se negó, pero los asesinatos de Emiro Sossa Pacheco y el concejal Segundo Gabriel Rivera, acaecidos a principios del mes de diciembre de ese mismo año, lo llevaron a reconsiderar su postura y por eso decidió reunirse con aquel jefe paramilitar.

El encuentro, prosiguió, tuvo lugar en una zona del Meta, conocida como “El Tropezón”. Allí el líder de las ACC le dijo que no podía continuar con su aspiración a la Cámara de Representantes, so pena de ser declarado objetivo militar, sin darle ninguna explicación.

Ante el riesgo por esa limitación, continuó, decidió retirarse del Casanare con destino a la Guajira, desde donde pensó seguir la campaña a través de los medios de comunicación.

Sobre esa prohibición dieron cuenta José Ramiro Meche Mendivelso(72), a. “Guadalupe”, y Jhon Alexander Vargas Buitrago(73), a. “Junior”, quienes personalmente le informaron a Efrén Hernández Díaz que por orden del comandante paramilitar no podía seguir adelante con su aspiración a la Cámara de representantes, como lo iteró Héctor Germán Buitrago Parada(74), a. “Martín Llanos”, quien sobre el particular recordó:

Realmente al doctor Efrén para esa elección nosotros... yo lo convoqué para que no participara en dicha elección —2002— por motivos de estrategia que se había trazado ya hacía algunos días, y se decidió que el doctor Efrén no debería de participar en esta elección.

En ese orden de ideas, surge incontrastable la existencia de la susodicha prohibición, conocida por el acusado en una reunión con el líder paramilitar Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, celebrada a mediados del mes de diciembre de 2001 en el sitio denominado “El Tropezón”, jurisdicción de Puerto López, Meta.

Atendiendo a los planteamientos de la defensa, urge una precisión: de ese episodio jamás la Corte ha deducido reproche alguno contra el excongresista Efrén Antonio Hernández Díaz, porque todos los testigos han coincidido en torno a su asistencia obligada ante el comandante de las ACC y la inexistencia de pactos en esa oportunidad; son otros, por consiguiente, los supuestos fácticos que sustentan su llamado a juicio, sobre los cuales la corporación se ocupará más adelante.

Volviendo a la prohibición, debe admitir la Sala que no se dilucidó el motivo: el acusado no lo supo(75), porque en el primer encuentro con el líder paramilitar no pudo hablar ni aclarar la situación; Héctor Germán Buitrago Parada, por su parte, se limitó a decir que fue una “estrategia” política, sin dar más detalles.

Las demás pruebas tampoco permiten precisar qué llevó al comandante paramilitar a restringir el prospecto político del acusado.

Las declaraciones de William Mayorga Suárez, Carlos Guzmán Daza(76), a. “Salomón”, y José Ramiro Meche Mendivelso(77), a. “Guadalupe”, dan a entender que obedeció a cuestiones eminentemente políticas, ante el apoyo para candidatos diferentes a él.

Otras sugieren el incumplimiento de acuerdos con a. “Martín Llanos”, siendo el procesado alcalde de Yopal, como ocurre con Carlos Julio Novoa Alfonso(78), a. “Cachicamo”, quien recuerda que a Efrén Hernández se le prohibió seguir la campaña porque siendo alcalde de Yopal no atendió las directrices de a. “Martín Llanos”, según le contó a. “HK”. Sin embargo, acorde con lo planteado por la unidad de defensa y la delegada del Ministerio Público, su conocimiento sobre este tópico es derivado; surgió de lo revelado por un comandante paramilitar, quien no pudo ser confrontado porque fue asesinado hace varios años.

Aunado a lo anterior, Novoa Alfonso tampoco pudo conocer compromisos o pactos entre a. “Martín Llanos” y Efrén Antonio Hernández Díaz, siendo este alcalde de Yopal entre 1998 y 2000, comoquiera que se vinculó a las ACC en el año 2003 para dirigir la ONG ATDM —Asociación de Trabajadores y Desempleados de Monterrey—.

Otro de los referentes probatorios sobre el incumplimiento de pactos siendo Efrén Hernández alcalde de Yopal, es la entrevista rendida por Gustavo Ramírez Ibáñez a Wilson Durán Durán, periodista de la emisora Violeta Estéreo. En esa ocasión, quien fuera conocido como a. “Tábano”, vinculó al procesado con las ACC a partir de dos episodios: (i) para fijar su residencia, Hernández Díaz habría recibido la casa 22 de la urbanización “Colina Campestre”, en el kilómetro 2 de la vía a Aguazul(79), usurpada por a. “Martín Llanos” a la viuda de un político asesinado por la organización ilegal y (ii) siendo alcalde de Yopal tuvo compromisos con dicho jefe paramilitar.

En punto de valoración, cabe afirmar, lo dicho por Gustavo Ramírez Ibáñez carece de respaldo. Según la certificación emitida por el Comandante del Departamento de Policía de Casanare(80), al revisar los libros de minuta de servicio “casa del alcalde” se determinó: desde el 1º de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2010 se estableció un puesto fijo en la casa ubicada en la calle 15 Nº 22-69, residencia del alcalde de Yopal, doctor Efrén Antonio Hernández Díaz. Es decir, durante su mandato, el acusado no vivió en la casa 22 del conjunto residencial Colina Campestre, en el kilómetro 2 de la vía a Aguazul.

En segundo orden, en la aludida entrevista Gustavo Ramírez precisó que estuvo privado de la libertad entre 1997 y 2001, por cuenta de un proceso judicial, por lo tanto no pudo conocer directamente las supuestas incidencias de las ACC en la alcaldía de Yopal para ese período. Como aconteció con Novoa Alfonso, su conocimiento sobre el particular se derivó de lo relatado por un tercero, en este caso por su hermano Ricardo Ramírez, asesinado antes de iniciar esta investigación.

Sumado a ello, todos los exintegrantes de las ACC, comenzando por Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, negaron su influencia sobre la capital del departamento de Casanare antes del año 2000. Y, acorde con el informe de policía judicial 0400 del 30 de abril de 2012(81), rendido por una investigadora del CTI destacada ante esta Sala, al practicar inspección judicial en las instalaciones de la alcaldía de Yopal no se hallaron registros de contratos otorgados entre los años 1998 y 2000 a personas —naturales o jurídicas— vinculadas directamente con esa organización ilegal.

Por consiguiente, la ausencia de referentes objetivos impide acoger la información suministrada por Carlos Julio Novoa Alfonso y Gustavo Ramírez Ibáñez acerca de pactos entre las ACC y el procesado cuando fue alcalde de Yopal.

Además, a partir de las declaraciones del exparamilitar Ágapo Gamboa Daza(82) y de la señora Ángela Patricia Soto(83), contra ellos surgen sindicaciones vinculándolos a complots políticos o judiciales para afectar dirigentes de Casanare y por ello tampoco se les puede dar credibilidad, al menos en el aspecto bajo examen.

Lo anterior permite demostrar el desacierto del defensor, al plantear la ilegalidad de la aducción como prueba de la entrevista rendida por Gustavo Ramírez Ibáñez a un medio de comunicación, sobre la base de una supuesta afectación del derecho de contradicción, por no haber podido interrogarlo.

En efecto, ante la muerte de Gustavo Ramírez Ibáñez en el año 2007, ni la Corte, ni el procesado ni el defensor pudieron interrogarlo para aclarar aspectos atinentes a la información suministrada a un medio de comunicación. Pero de ello no se desprende ilegalidad alguna, por cuanto el derecho de contradicción no se limita a la posibilidad de confrontar a un testigo(84); esa garantía se complementa, como ocurrió en este caso, con la posibilidad de los sujetos procesales de pedir o aportar pruebas para desvirtuar su contenido o plantear críticas sobre su contenido, las cuales hasta ahora han sido acogidas.

Tampoco puede dársele crédito a lo dicho por Alexander González Urbina, a. “Careloco”, ante la Fiscalía 29 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el 5 de septiembre de 2011, por cuanto al comparar el contenido de ese testimonio(85) con el documento que Javier Fernando Rivera Rojas dirigió a esta corporación(86) en el mes de noviembre de 2007, aunque no son totalmente idénticos, sí resultan palmarias las coincidencias en torno a su contexto, orden narrativo y uso de expresiones idénticas, demostrativas de que González Urbina lo plagió.

En el aludido documento Javier Fernando Rivera Rojas indicó(87):

Para finales del año 2001 el vocero político y social Henry Fox, por órdenes del comandante Martin Llanos, convoca a los candidatos a la Cámara y Senado por Casanare Javier Enrique Vargas Barragán del Partido Cambio Radical, Efrén Antonio Hernández Díaz del Partido Liberal y Miguel Ángel Pérez Suárez del Partido Liberal, para cumplir con el compromiso del año 2000, la reunión se realizó en la hacienda Itoco, cerca del Tropezón, sector del Melua Medio, municipio de Puerto López, Meta, la cual estaba dispuesta con una oficina de atención a dignatarios y dirigentes políticos, dotada con equipos de oficina, medios de comunicación y la respectiva logística para una adecuada recepción a los visitantes. En ella Henry Fox socializa el proyecto político de la organización y explica los beneficios que recibirían si seguían los lineamientos dispuestos por el Estado Mayor Conjunto de las ACC (negrilla original).

Casi cuatro años después, Alexander González Urbina rindió declaración, cuyo contenido la Fiscalía consignó en los siguientes términos(88):

... para el año 2001 el vocero político y social Henry Fox quien ya está muerto por orden del comandante Martín Llanos convocó a los candidatos a la Cámara por el Casanare Fabián Enrique Vargas Barragán del partido Cambio Radical a Efrén Antonio Hernández Díaz del partido liberal y a Miguel Pérez Suárez del Partido Liberal para cumplir con los compromisos del año 2000, la reunión se llevó a cabo en la finca Hitoco corregimiento de El Melua municipio Puerto López, Meta, finca que estaba dispuesta para atenciones a dignatarios y dirigentes políticos, en esa reunión Martín Llanos socializa el proyecto político de las ACC a futuro y les explica los beneficios que obtendrían si seguían los lineamientos dispuesto por el estado mayor de las ACC.

Versión de los hechos parcialmente modificada por González Urbina unos días después, en tanto el 30 de septiembre de 2011(89), ante la misma autoridad judicial, añadió que a esa reunión asistió Ricardo Ramírez, a. “El Mocho”, quien habló a favor de Efrén Hernández y pidió como “favor personal” la designación de un líder del sur de Casanare como segundo renglón, para cuyos efectos quedó definido el nombre de Hernando Roa, político allegado a “Martín Llanos”. Aspecto llamativo si se tiene en cuenta que las dos declaraciones fueron rendidas un mes y medio antes de las elecciones para gobernación —oct. 31/2011— en las cuales el acusado fue candidato y no resultó electo.

Por lo anterior, atendiendo el nivel de conocimiento exigido por el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para esta etapa procesal no es posible afirmar, como motivo de la prohibición, el incumplimiento de acuerdos entre Héctor Germán Buitrago Parada y Efrén Antonio Hernández Díaz siendo alcalde de Yopal, tanto más cuanto a partir de otras pruebas ya analizadas surge otra posibilidad, relativa a alianzas políticas estratégicas de las que, en línea de principio, no hizo parte el acusado.

Aun así, al margen de las motivaciones, la susodicha prohibición compagina con el acreditado control político de las ACC en el sur de Casanare, para cuyo ejercicio se impusieron limitaciones a determinados candidatos, uno de ellos Efrén Antonio Hernández Díaz.

Se reitera, de la primera reunión referida no se desprende reproche alguno que tenga la virtualidad de comprometer la posición personal del acusado Hernández Díaz. Sin embargo, en el esquema delincuencial revelado, dicho encuentro en realidad marcó y fijó el inicio del vínculo ilegal entre el excongresista y “Martín Llanos”. Ese justamente fue el primer contacto, la aproximación inicial que dotó de coherencia y sentido los tratos posteriores directos e indirectos dirigidos, de manera inicial, a levantar o revertir el veto que comprometió la campaña a la Cámara de Representantes en el año 2002.

Por lo demás, es el propio acusado desde su experiencia el que confirma y valida el nivel de injerencia electoral de las ACC al atender la citación del cabecilla y, luego, respetar y observar la referida prohibición proselitista que, de forma momentánea y hasta nueva orden, truncó su aspiración electoral del orden nacional.

Así, se compromete la coherencia de su postura defensiva, por cuyo medio, de forma contraevidente, niega o desconoce el aludido control.

3.3. Conformación y modificación de la lista de Efrén Antonio Hernández Díaz.

El trámite de conformación e inscripción de la lista del acusado y los pormenores de su modificación, concatenado con la mediación de Walter Buitrago y Ricardo Ramírez para obtener el “aval” de a. “Martín Llanos”, como se analizará, permite afirmar de entrada, más allá de toda duda, la existencia del acuerdo ilícito, cifrado en la designación de un líder del sur de Casanare en el segundo renglón de la lista del procesado como condición para poder continuar la campaña electoral.

En la aspiración a la Cámara de Representantes para el período constitucional 2002-2006, Fabio Alfonso Camargo de La Hoz, Juan Carlos Riaño Lara y Mario Alberto Medina, en calidad de inscriptores, radicaron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 4 de febrero de 2002(90), el formulario E-6(91) con los siguientes candidatos por el partido liberal: en el primer renglón Efrén Antonio Hernández Díaz, en el segundo Wilson Jiménez Silva, en el tercero Ramón Evaristo López Villareal y en el cuarto Juan Carlos Ibarra Medina.

El 6 de febrero siguiente(92), los mismos inscriptores radicaron el formulario E-7(93) con un cambio en el segundo renglón: quedó inscrito Hernando Roa Valero.

El 22 de febrero(94), Juan Carlos Riaño Lara y Mario Alberto Medina, como inscriptores, a través del formulario E-7 modificaron nuevamente la lista: en el tercer renglón quedó inscrito Moisés Robles y en el cuarto Arcadio Benítez Ortiz.

Acorde con lo anterior, el 25 de febrero(95) fue radicado el formulario E-8, con la lista definitiva de candidatos para la Cámara de Representantes, conformada de la siguiente manera: en el primer renglón Efrén Antonio Hernández Díaz, en el segundo Hernando Roa Valero, en el tercero Moisés Robles y en el cuarto Arcadio Benítez Ortiz.

Interrogado sobre el trámite para la conformación e inscripción de la lista, Efrén Antonio Hernández Díaz recordó que tras la llamada de Walter Buitrago para informarle sobre la posibilidad de continuar la campaña, porque su sobrino a. “Martín Llanos” había reversado la prohibición y la orden de asesinarlo, regresó a Casanare y de inmediato procedió a integrar la lista, básicamente con personas del norte del departamento.

Inscrita la lista, prosiguió, los líderes del sur de Casanare —no recordó nombres— lo buscaron para pedirle participación en su aspiración electoral y, luego de llegar a un acuerdo, lo convocaron a una reunión en la finca del ganadero Ricardo Ramírez. En esa reunión respaldó la aspiración de Josué Alexander Bohórquez Peña, su “compañero” y “amigo”, en quien meses atrás había pensado para integrar la lista, pero efectuada la votación ganó Hernando Roa Valero y quedó inscrito como segundo renglón.

Pues bien, Fabio Camargo de La Hoz al comienzo de la declaración afirmó que no participó ni tuvo conocimiento sobre la conformación de la lista(96). Si figuró como inscriptor, explicó, fue por cumplir un “requisito formal”(97), por cuanto no existió ningún “procedimiento establecido” por el directorio del partido liberal para la elaboración y presentación de la lista de candidatos. Sobre los cambios de la lista tampoco supo mayor cosa, siempre aludió a conceptos especulativos, como “me imagino” o “me puedo”(98) imaginar que obedecieron a la aspiración de los líderes de diferentes zonas del departamento.

A diferencia del acusado y del inscriptor de la lista, Wilson Jiménez Silva(99) explicó que la conformación de la primera lista surgió del consenso entre amigos de Efrén Hernández, a mediados del mes de enero de 2002, entre ellos Ramón Evaristo López, Arcadio Benítez —alcalde de Támara—, Josué Alexander Bohórquez Peña —alcalde de Villanueva— y Jhon Medina. Una vez inscritos, prosiguió, líderes del sur del departamento, entre ellos Josué Alexander Bohórquez Peña y Hernando Roa Valero, acudieron al directorio de la campaña para pedir representación y se acordó la realización de un encuentro en Tauramena, al que no asistió, donde resultó elegido Hernando Roa Valero.

Ramón Evaristo López Villareal(100), por su parte, informó que para la conformación de la primera lista hicieron una reunión en el directorio liberal, donde se acordó darle participación al norte y por eso él quedó como tercer renglón. Sobre el encuentro, destacó la asistencia de Moisés Robles y otras personas cuyos nombres no recuerda. Después de inscrita la lista, añadió, acompañó a Efrén Hernández a una reunión en el sur del departamento, donde líderes de Villanueva y Monterrey, mediante votación, escogieron al segundo renglón y se modificó la lista.

Juan Carlos Ibarra Medina(101) recuerda cómo a finales de enero o principios de febrero de 2002, el acusado le ofreció ser parte de la lista en el cuarto renglón; no obstante, seguido aclaró, se trató de una determinación adoptada una semana antes, en una reunión con unos “paisanos”, donde fueron escogidos los demás integrantes de la lista. Añadió que tras inscribir la lista varios líderes empezaron a buscar al procesado y por eso, como a la semana, cedió el cuarto renglón a un representante del norte. Del cambio de los otros renglones no supo nada.

Confrontados estos testimonios surgen múltiples aspectos relevantes de cara al reproche penal:

(i) No es cierto que los líderes del sur y del norte de Casanare hayan buscado participación en la campaña de Efrén Antonio Hernández Díaz tras la inscripción de la primera lista.

Según Alexánder Bohórquez Peña(102) desde agosto o septiembre de 2001 habían tenido acercamientos con Efrén Hernández para una alianza; por su parte, Moisés Robles(103) —tercer renglón— aseguró que la reunión en Yopal, donde él resultó elegido por el norte, se llevó a cabo como tres o cuatro meses antes de las elecciones —celebradas el 10 de marzo de 2012(104)—, aunque al revisar los documentos de inscripción recordó la reunión para fines de enero de 2002.

Aspecto confirmado por Walter Buitrago(105), al recordar cómo la consulta con los líderes del sur se realizó dos meses antes de iniciar el proceso electoral, y por Álvaro Perilla(106), quien aludió a dos encuentros con Efrén Hernández con ese propósito, en dos momentos diferentes: uno en el que se negó a incluirlos en la lista, porque ya tenía un compromiso con un líder de Pore, Casanare; otro donde finalmente aceptó.

(ii) Si la inscripción de la primera lista fue el 4 de febrero de 2002 y la modificación incluyendo a Hernando Roa Valero tuvo lugar dos días después, esto es, el 6 de febrero, el encuentro en la finca de Ricardo Ramírez para elegir por votación al segundo renglón, siguiendo las explicaciones del procesado, debió ser programado entre esos dos días. No obstante, según Hernando Roa Valero(107), hubo un “tiempo prudencial” entre la solicitud elevada al acusado y la susodicha reunión, al punto de señalar que a la finca de Ricardo Ramírez fue convocado con 8 o 15 días de antelación.

Conforme a lo anterior, siguiendo el testimonio de Fabio Camargo de La Hoz, se deduce que la inscripción de la primera lista fue un acto simplemente “formal”, por cumplir el requisito legal, para luego modificarla según el resultado de la votación en la finca de Ricardo Ramírez.

(iii) La designación de Hernando Roa Valero en el segundo lugar de la lista no obedeció a la “lógica del manejo político”, como lo expresó el acusado, sino a la materialización del pacto celebrado con a. “Martín Llanos”, luego de obtener su “aval” por intermedio de Walter Buitrago y Ricardo Ramírez.

En efecto, el acusado recordó cómo desde agosto de 2001, esto es, varios meses antes de la inscripción, pensó en su “amigo” Josué Alexander Bohórquez Peña para integrar su lista, motivo por el cual resulta incomprensible que no lo haya inscrito en la primera oportunidad, sometiéndolo en cambio a competir por el segundo renglón con Hernando Roa Valero.

Si el propósito era vincular a un dirigente del sur de Casanare para captar más votos, ello se cumplía designando directamente a su “amigo”, sin necesidad de votación alguna, tanto más cuanto Guillermo Piña(108) —coordinador general de la campaña del acusado— indicó que la propuesta siempre consistió en llevar en la lista a Josué Alexander Bohórquez Peña.

(iv) No cree la Sala que la reunión en la finca de Ricardo Ramírez haya sido producto del consenso de “todos” los líderes del sur de Casanare, sino de un grupo específico afecto a los intereses de las ACC Floripes Turmequé(109), líder política de esa región del departamento, quien apoyó la campaña del acusado, no se enteró sobre la conformación de listas ni sobre la reunión para la designación de Hernando Roa Valero; Álvaro Rojas Rojas(110), para ese momento presidente del Directorio Liberal en Monterrey, no intervino en la conformación de listas ni participó de la votación en la finca de Ricardo Ramírez; tampoco Guillermo Piña, Fabio Camargo de La Hoz ni Juan Carlos Ibarra Medina, pese a haber integrado la campaña del acusado, tuvieron injerencia en dicho encuentro ni pudieron dar cuenta del mismo.

En cambio, entre otras personas, al encuentro asistieron Ricardo Ramírez y Walter Buitrago, quienes de acuerdo con el análisis siguiente obtuvieron a favor del procesado el “aval” de a. “Martín Llanos”.

Sobre el primero, Hernando Roa Valero(111) precisó que ofreció la finca para efectuar la votación y, según Walter Buitrago, también brindó una novilla; respecto al segundo, no puede ser una simple coincidencia que se haya vinculado a la campaña del procesado tras lograr levantar el veto. Si ellos dos —Ricardo Ramírez y Walter Buitrago— participaron en la votación, es innegable su interés por el resultado de la misma, como lo precisa Aleardo Campos Sánchez(112) al destacar cómo a dicho encuentro “fuimos los que nos interesaba” el asunto.

Conjugado con el anterior análisis, en contra de los dos aspirantes a ser segundo renglón de Efrén Hernández Díaz existen señalamientos en el sentido de ser cercanos a las ACC y tal condición compagina con la afirmación de Josué Darío Orjuela Martínez(113), a. “Solín”, acorde con la cual cualquiera de los dos que resultara elegido estaba bien porque “ambos (eran) amigos de la organización”. Veamos:

De un lado, José Ramiro Meche Mendivelso(114) vinculó a Josué Alexander Bohórquez Peña —siendo alcalde de Villanueva— con un pacto con a. “Martín Llanos”, consistente en la asignación del 10% de la contratación de dicho municipio, y Josué Darío Orjuela Martínez(115), a. “Solín”, recordó haber asesinado a un líder político para favorecer sus aspiraciones electorales.

Por su parte, de manera espontánea Hernando Roa Valero(116) recordó haber atendido una citación de a. “Martín Llanos” en El Tropezón, donde el líder paramilitar le encargó estar pendiente de la información sobre la guerrilla y le pidió dársela a conocer a él, lo que en línea de principio revelaría algún nexo entre aquel y las ACC: solo a una persona afín se le podría hacer ese tipo de peticiones, atendiendo el carácter ilícito de sus acciones, entre ellas, confrontar a la guerrilla a muerte. Además, Josué Darío Orjuela Martínez, aunque no le constan los vínculos de Hernando Roa Valero con las ACC, cree que sí existieron, porque en alguna ocasión, por orden de a. “HK”, acompañó a Roa a una reunión con la población en el sector de Brisas.

En esas condiciones, la modificación de la lista para incluir a un líder del sur de Casanare termina por constituir un hecho indicador del acuerdo ilegal entre el procesado y a. “Martín Llanos” para poder continuar su campaña electoral.

Se reafirma, entonces, que la elección del segundo renglón se haya hecho mediante votación en la finca de Ricardo Ramírez no hace la conducta menos reprochable, en tanto se trató de un juego democrático controlado en su origen, desarrollo y ejecución por la estructura armada.

Dicha votación guarda relación con la hipótesis delictiva planteada en la acusación, acorde con la cual el procesado pudo continuar la campaña porque obtuvo el “aval” de a. “Martín Llanos”, luego de aceptar la condición consistente en integrar como segundo renglón de su lista parlamentaria a una persona oriunda del Sur del departamento de Casanare. Procedimiento que finalmente condujo a la escogencia de Hernando Roa Valero, tras la votación en la hacienda de Ricardo Ramírez Ibáñez, persona cercana a las ACC.

Encuentra respaldo en la declaración de diferentes exintegrantes de las ACC, entre ellos Carlos Guzmán Daza(117), a. “Salomón”, quien se enteró de la efectiva mediación de Ricardo Ramírez y Walter Buitrago ante a. “Martín Llanos” para permitirle a Efrén Hernández continuar la campaña, a cambio de designar como segundo reglón a un dirigente del sur de Casanare.

Así lo señaló:

Como yo he narrado a los despachos en diligencias anteriores, yo tuve conocimiento que el señor Ricardo Ramírez y el don Walter Buitrago se habrían desplazado en busca de “Martín” para, pues aclararle quizá dudas, pues no puedo decir exactamente qué ellos le dijeron... pero ellos habían estado hablando con él, pues para que no le pusiera fin a la campaña del doctor Efrén.

Agregó:

Tuve conocimiento también que “Martín” le habría manifestado a ellos que Efrén podía hacer la campaña siempre y cuando pusiera en el segundo reglón a una persona del sur de Casanare.

Esto si me lo dijo directamente don Ricardo Ramírez.

Ellos le manifestaron esa posición al Dr. Efrén, el no aceptó a la persona que Martín les habría dicho, no sabría quién les dijo, y entonces a cambio de eso optaron por hacer una convocatoria de dirigentes de la región para escoger un segundo reglón por votación de la gente, pues con el propósito de que el segundo reglón no fuera producto de una orden paramilitar, sino que fuera más bien el querer de la gente o la decisión de un grupo de personas representativas de los municipios de esa zona.

Tuve conocimiento por oídas de que la reunión se efectuó en algún lugar del municipio de Tauramena y que fueron postulados el hoy alcalde de Villanueva el doctor Alexander Bohórquez y el señor Hernando Roa, siendo u obteniendo la favorabilidad de la mayoría de los asistentes el señor Hernando Roa Valero.

(...).

Tengo entendido que a esa reunión asistieron bastantes personas, bastantes dirigentes, por eso hablo con mucha confianza, porque no, o sea, no fue mi dicho sino que eso lo pueden confirmar, bastantes personas, qué más le puedo decir al respecto, pues “Martín” nunca, o sea nunca me volvió a referir del tema, pues sería hasta ahí lo que yo le puedo manifestar en ese sentido.

Entre tanto, Josué Darío Orjuela Martínez(118), a. “Solín”, interrogado sobre su conocimiento acerca de reuniones entre integrantes de las ACC y Efrén Hernández Díaz, recordó una donde se acordó, según le contó a. “HK”, la designación de Hernando Roa Valero o Josué Alexander Bohórquez Peña en un segundo renglón, sin interesar quién quedara, por cuanto “ambos (eran) amigos de la organización”. Así lo refirió:

La verdad yo no sé qué quiere decir congresista, senador, no tengo estudios, tengo cuarto de primaria. La verdad se me dificulta, pero decían que era para nombrar un segundo reglón. No sé qué quiere decir eso dentro de un político, no.

(Pregunta la Corte) ¿Nombrar un segundo reglón de quién?

Del señor Efrén Hernández, que era un señor Hernando Roa de Monterrey y un tal Alexander Bohórquez de Villanueva. Que eso era alguno de los dos que quedará o que hubiera quedado eran ambos amigos de la organización, que no interesaba quién quedara pero la verdad no sé qué significa un segundo reglón dentro de lo que él señor está ejerciendo.

(...).

¿Usted sabe si la sugerencia de escoger un segundo reglón en la lista de Efrén Hernández entre Hernando Roa y Alexander Bohórquez en una votación que se haría donde Ricardo Ramírez tenía algún tipo de iniciativa o imposición de Martín Llanos?

No, lo que comentaron ellos allá que había dicho Martín Llanos que el quedara elegido en el segundo reglón que bienvenido fuera.

Tópico sobre el cual Carlos Julio Novoa Alfonso, a. “Cachicamo”, según comentarios de integrantes de las ACC, se enteró que Ricardo Ramírez intercedió a favor de Efrén Hernández Díaz ante a. “Martín Llanos” para que pudiera seguir la campaña, con la condición de poner como segundo renglón de la lista a un líder del sur de Casanare, quien fue escogido por votación en una de sus fincas. Lo aseveró de la siguiente forma:

¿En el caso, para citar un ejemplo concreto suyo, lo abordaron unos miembros de las autodefensas para darle apoyo específico a cierto o determinado candidato?

Sí, precisamente cuando yo en el momento que todavía era Inspector de Policía en el Porvenir, cuando se estaba haciendo la campaña, empezaban las campañas a la Cámara de Representantes, año 2001, elecciones 2002, un miembro de las autodefensas me cita.

¿Quién?

No recuerdo el nombre del pelao, porque era un muchacho de ahí. Me hace una citación para hablar con el señor “Arturo”, el comandante “Arturo”, esto ya fue no recuerdo últimos del 2001, comienzos del 2002, donde me informaron que había que apoyar a la Cámara de Representantes al señor Efrén Hernández. Que era un compromiso adquirido entre el doctor Efrén Hernández y “Martín” en la cual habían hecho un acuerdo, de que él se postulara a la Cámara de Representantes, siempre y cuando llevara en segundo reglón a un personaje del sur del Casanare. Se vino a saber de que efectivamente que el personaje que el doctor Efrén eligió del sur del Casanare fue el señor Hernando Roa. Esto también se conoció... porque se hizo una votación en la hacienda o una finca del señor ya desaparecido, señor Ricardo Ramírez, que dizque fue el que llevó al señor Efrén Hernández donde “Martín” para que le dieran el aval... que de allí mismo resultó dos nombres que fue el señor Alexánder Bohórquez de Villanueva y el señor Hernando Roa de Monterrey... esto ya lo tenían que hacer internamente el candidato y el señor Ricardo para en votación cuál de esos dos personajes iba a estar en segundo reglón.

Esta reunión la realizaron por los lados del Tacuya, en la finca del señor Ricardo Ramírez y allí lo que me comentan, porque yo sí fui invitado a la reunión pero como yo era funcionario público no asistí, pero lo que comentan después es que sale ganador Hernando Roa para el segundo reglón, porque el señor Ricardo Ramírez tenía sus empleados de la hacienda, cocineras, vaqueros y le ganó en votos al señor Alexander Bohórquez de Villanueva, de ahí es donde empiezan las autodefensas a dar instrucciones de que se tenía que votar a la Cámara de Representantes al señor Efrén Hernández Díaz.

Como queda en evidencia, la inclusión de Hernando Roa en el segundo renglón de la lista a la Cámara de Representantes por el partido Liberal en el año 2002 fue una condición del líder paramilitar que viabilizó y determinó que Hernández Díaz continuara haciendo campaña en el departamento del Casanare.

Contra estos testimonios la Delegada del Ministerio Público y la unidad de defensa han planteado diferentes críticas, las cuales corresponde analizar a la Corte.

Para empezar, a partir de las declaraciones de Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, Jhon Alexander Vargas Buitrago, a. “Junior”, y Ágapo Gamboa, quienes advirtieron sobre la independencia entre las tres “facciones” o “alas” de la organización, se plantea la imposibilidad de que los encargados de lo militar supieran sobre el accionar político o financiero, como acontece con Josué Darío Orjuela Martínez, a. “Solín”.

La aseveración aparece alejada de la realidad, en tanto los miembros de la organización informaron actuaciones mancomunadas entre las tres facciones. Así se tiene:

Josué Darío Orjuela Martínez, a. “Solín”, dio cuenta de cómo siendo del ala militar, hacía cumplir por la fuerza las decisiones del Estado Mayor, entre ellas las prohibiciones a los dirigentes políticos para que no siguieran sus campañas. Expresamente dijo:

A mí me tocaba hacer el trabajo sucio de la organización. Sucio lo llamamos porque a mí me tocaba hacer, me tocaba dar de baja a las personas que por una u otra razón no cumplieran... a mí me tocaba ejecutar las órdenes, hacer cumplir o dar de baja a los que no cumplieran, bien fuera citándolos, amenazándolos o ejecutándolos.

En el mismo sentido, Ágapo Gamboa Daza(119), integrante de las urbanas con funciones militares, al preguntársele sobre la libertad de los dirigentes políticos para hacer sus campañas, recordó: “Habían (sic) personas que las dejaban hacer política, como había otras que no”.

Situación conocida por él, por cuanto siendo del grupo especial —militar— a veces recibía órdenes sobre personas que no podían seguir su proselitismo y debía velar por el cumplimiento de esas directrices impartidas por el Estado Mayor de las ACC, como ocurrió con Efrén Hernández, a quien en diciembre del 2001 le restringieron la campaña, aunque no sabe qué más pasó con él porque después se fue de Casanare.

En tal virtud, las operaciones independientes o inconexas de las diferentes “alas” es una tesis contraria a la dinámica de las ACC, revelada por sus propios integrantes. Estos evidenciaron que existía al interior de la organización correspondencia para lograr el cumplimiento de las orientaciones “políticas” y las exigencias “financieras”.

Se puede afirmar, entonces, que entre las tres facciones existía un hilo conductor: el dominio de lo social, económico y político en el departamento de Casanare.

Ahora, con fundamento en las declaraciones de Jhon Alexander Vargas Buitrago y Ágapo Gamboa Daza la unidad de defensa plantea la posibilidad de que algunos dirigentes, pese a la prohibición de hacer campaña, hayan terminado las suyas “bajo cuerda”, para evitar la represión de a. “Martín Llanos”, lo que explica la continuidad de la campaña de Hernández Díaz contra la voluntad del comandante paramilitar.

Sin embargo, ese planteamiento, coadyuvado por la delegada del Ministerio Público, decae fácilmente. Tanto en la versión libre como al ser interrogado en la audiencia pública de juzgamiento, el procesado enfatizó la intervención de Walter Buitrago ante su sobrino Héctor German Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, para levantar la prohibición; hecho ratificado por Walter Buitrago ante la Corte, al indicar que acudió al comandante paramilitar porque “se le debía de otorgar el permiso para que él (Efrén Hernández) continuara (la campaña)”(120).

Es decir, el enjuiciado logró por intermedio de Walter Buitrago que a. “Martín Llanos” reversara la prohibición. De ahí que si pudo continuar su campaña para la Cámara de Representantes no fue porque desafió las órdenes del líder paramilitar, sino porque a raíz de una efectiva mediación contó con el “aval”.

Por supuesto, Héctor Germán Buitrago Parada(121), a. “Martín Llanos”, descartó haber reversado la prohibición sobre el acusado o haberle dado su “aval”, pero al mismo tiempo consideró posible la mediación de Walter Buitrago con ese propósito.

Mírese cómo a la pregunta de la Corte sobre las razones por las cuáles su tío dijo que intercedió por Efrén Hernández para que le permitiera hacer campaña, terminó por manifestar: “Muy posiblemente sea cierto lo que él dice. Él intercedía en algunas oportunidades por diferentes líderes políticos, pero también quiero dejar claro que él no hacía parte de la estructura, sino que hacían comentarios de acuerdo a su situación en dicho momento”(122).

De esta manera a. “Martín Llanos” implícitamente reconoció la mediación de Walter Buitrago a favor de Efrén Hernández Díaz. Situación consecuente con la respuesta del líder paramilitar cuando se le preguntó si durante su comandancia hubo alguna persona que se opusiera o negara a contar con su respaldo para hacer proselitismo, en tanto afirmó: “Pues realmente no”(123).

También se procura restar mérito a la situación relacionada con la escogencia del segundo renglón, porque a. “Martín Llanos” manifestó ante la Corte que solo le interesaban las cabezas de lista. No obstante, si se revisa con detenimiento dicha declaración se advertirá que admitió haber estudiado algunas listas.

En efecto, interrogado por la delegada del Ministerio Público acerca de la injerencia de las ACC para la conformación de listas a la Cámara de Representantes en el 2002, más allá de las cabezas de lista, el cabecilla de esa organización expuso:

Realmente... no voy a hacer énfasis en esas preguntas en esta Sala, porque... nos estamos centrando en la declaración del doctor en mención, el doctor Efrén Hernández, y de las listas, pues imagínese, pues cada candidato tenía sus listas, seguramente unas fueron estudiadas, otras no, pero esto hace parte de...

Cuando nosotros llegamos al sur del Casanare, en los municipios de Aguazul y Yopal, estas áreas eran controladas por las FARC, nosotros las sacamos en una confrontación y cambió de directrices, entonces muy seguramente algunas listas fueron estudiadas y otras no(124).

Así, entonces, el líder paramilitar una vez más termina por aceptar que sí verificaba la composición de listas, con lo cual lo dicho por sus subalternos en torno de la conformación de la lista del acusado, como parte del acuerdo, cobra mayor rigor.

Ahora, de manera específica, los sujetos procesales cuestionan el testimonio de Carlos Julio Novoa Alfonso, quien afirmó que hizo parte de las ACC, hecho negado por a. “Martín Llanos”, lo cual constituye un aspecto insustancial. Si el testigo alude a esa vinculación es porque la asume a partir de su pertenencia a una organización no gubernamental direccionada por esa organización ilegal, conocida como ONG ATDM —Asociación de Trabajadores y Desempleados de Monterrey—, y en ese aserto encuentra total respaldo del comandante paramilitar.

En otras palabras, aunque Novoa Alfonso no se vinculó a ninguna de las tres facciones —la política, la financiera o la militar—, sí desarrolló otras tareas —sociales—, lo cual le permitía entender que era integrante de las ACC, pues innegablemente la ONG ATDM era parte de la estructura paramilitar como red de apoyo. Así lo señaló Alexander González Urbina, quien no lo vincula con la organización ilegal, pero sí como parte de una “red de apoyo”.

En lo que sí asiste razón a la unidad de defensa, a propósito de los reparos a la declaración de Carlos Julio Novoa Alfonso, es en lo atinente a su condición de Inspector de Policía del municipio de Monterrey, el supuesto respaldo electoral a Efrén Hernández por parte de las ACC para las elecciones del 2002 y el interés de a. “Martín Llanos” por demandar los resultados electorales porque resultó elegido Javier Vargas Barragán y no el acusado.

En torno al primer punto, no hay prueba de su condición de Inspector de Policía. Ante una solicitud elevada por los investigadores del CTI adscritos a esta corporación, la alcaldía municipal de Monterrey expidió copia de los documentos(125) que acreditan la vinculación de Novoa Alfonso como chofer —desde el 16 de enero de 1995— y promotor social del área rural —desde el 1º de abril de 2011—, así como de su desvinculación de la administración central, donde ejercía como técnico, a partir del 4 de junio de 2002.

Sobre el segundo corresponde indicar que si se vinculó a las ACC —a través de la ONG ATDM— desde mediados del 2002, imposible que conociera las directrices del grupo ilegal en materia política antes de esa fecha. Además, ningún integrante de esa estructura respalda el aserto según el cual las ACC promovieron el respaldo electoral a favor de Efrén Hernández Díaz.

Frente al tercero, no existe prueba de que a. “Martín Llanos” haya tenido interés en demandar las elecciones parlamentarias del 2002 o prestado alguna colaboración al acusado con ese fin. Incluso, esa referencia sobre demandar las elecciones no pudo haber surgido una vez se conocieron los resultados electorales —en marzo de 2002—, como lo afirmó Novoa Alfonso, porque como acertadamente lo plantea el procesado, esa posibilidad germinó meses después —mediados de año—, cuando se agotaron los recursos ante las autoridades electorales.

Pese a estas inconsistencias, no decaen las incriminaciones hechas por este testigo en torno a la mediación de Ricardo Ramírez y al acuerdo para la designación del segundo renglón, merced a su respaldo en otros medios probatorios.

Como lo tiene decantado la jurisprudencia(126), nada se opone a que en la valoración de un testimonio, en aplicación de las reglas de la sana crítica y de la apreciación conjunta del plexo probatorio, se acojan unos aspectos y se desechen otros, como aquí acontece, pues se acepta lo que encuentra respaldo y es creíble por el sustento que encuentra en otros elementos de juicio dado que la valoración es en contexto.

Siguiendo con el análisis, las declaraciones de Carlos Guzmán Daza, Josué Darío Orjuela Martínez y Carlos Julio Novoa Alfonso tienen un denominador común: a ninguno le consta que (i) Ricardo Ramírez o Walter Buitrago haya mediado por Efrén Antonio Hernández Díaz ni (ii) la existencia de un acuerdo para que este continuara su campaña a cambio de designar como su segundo renglón en la lista de candidatos a un dirigente del sur de Casanare.

De esa situación se enteraron a través de terceras personas. Aun así, ese conocimiento derivado per se no conduce a restarles credibilidad, como lo plantea la bancada de la defensa y la delegada del Ministerio Público, por cuanto en torno a esos dos específicos tópicos son respaldados por otras pruebas, directas como indirectas.

Veamos:

La mediación de Walter Buitrago para superar la prohibición que pesaba sobre Efrén Hernández para hacer campaña en su aspiración a la Cámara de Representantes es una realidad incontrastable: la reconoció el propio Walter y el acusado.

La intervención de Ricardo Ramírez resulta más compleja de acreditar, pero múltiples referentes probatorios lo relacionan a él con las ACC y con Efrén Antonio Hernández Díaz, de donde surge cierta su intervención para superar la susodicha prohibición proselitista.

En efecto, no solo en el dossier(127) remitido por la Fiscalía 16 de la Unidad de Justicia y Paz se vincula a Ricardo Ramírez con las Autodefensas Campesinas del Casanare. Varios exparamilitares, desde su propia perspectiva, lo señalaron como una persona muy cercana a la organización al mando de a. “Martín Llanos”.

Sobre este tema, Carlos Julio Novoa Alfonso, a. “Cachicamo”, recuerda a Ricardo Ramírez como una de las personas que creó las ACC y por eso su influencia en ese grupo y la amistad con a. “Martín Llanos”.

Carlos Guzmán Daza(128), a. “Salomón”, rememoró cómo la persona que lo contactó para ingresar a las ACC, en el año 1999, fue el ganadero Ricardo Ramírez, quien si bien “no tenía mando o ubicación estructurada dentro de la organización”(129), sí era muy allegado al líder paramilitar.

Josué Darío Orjuela Martínez(130), a. “Solín”, lo conoció como uno de los fundadores de las ACC, “de suma importancia para Martín Llanos”, encargado de “financiar las campañas de algunos políticos de la región por parte de la organización” y a quien personalmente asesinó, por orden del cabecilla paramilitar, al haberse unido al Bloque Centauros.

Por último, José Ramiro Meche Mendivelso, a. “Guadalupe”, también lo tiene presente como uno de los fundadores y financiadores de las ACC, al punto de señalar que “don Héctor alguna vez tuvo una pérdida de una plata... mientras él estuvo en esa pérdida los que manejaron la gente que había y los que mantuvieron fueron los Felicianos, en compañía de Ricardo Ramírez y de Gustavo”.

De acuerdo con esta reseña, existe consenso en torno a la cercanía de Ricardo Ramírez con a. “Martín Llanos” y en especial con las ACC. Unos lo ubican como fundador, otros como financiador y otros más como intermediario para cuestiones políticas. Ninguno lo vio con armas o uniforme, ni confrontando a la guerrilla, ni actuando en alguna de las tres “alas” de la organización, lo que explica por qué no lo consideraban integrante efectivo de esa estructura criminal. Sin embargo, nadie niega su injerencia en ese grupo y de su posición preponderante.

Pero no solo los exparamilitares dan cuenta de esos nexos entre Ricardo Ramírez y las ACC. La señora Ángela Patricia Soto(131), excompañera sentimental de Gustavo Ramírez Ibáñez, a. “Tábano”, a propósito de vínculos con las ACC manifestó: “como ganaderos —Gustavo y Ricardo Ramírez— estaban en la obligación de dar una cuota, que llaman ellos la cuota de guerra, pero no que ellos fueran partícipes, no que ellos salieran a delinquir, o armados o este tipo de cosas”.

María Estrella Rojas Ibáñez(132), media hermana de Ricardo Ramírez, reveló el compromiso de su familiar como cofundador de las ACC. Vinculación que se mantuvo, dice la testigo, no portando armas, sino a través de contribuciones económicas, con dinero de los contratos obtenidos con la gobernación(133).

La misma testigo informó cómo su hermano también se encargaba de hablar con a. “Martín Llanos” cuando un político iba a lanzar su campaña y definir si se lo permitían o no, es decir, conseguía “avales”, aunque no sabe si implicaba la suscripción de compromisos.

Cuestión que guarda estrecho vínculo con la declaración de Josué Darío Orjuela Martínez, quien sobre las gestiones políticas de Ricardo Ramírez indicó: “Decían que tenía un ojo muy poderoso y la persona que él le echaba el ojo que esa persona ganaba, y que era amigo de “Martín”. A lo que añadió: “Lo único que sé o que tengo entendido era que por medio de él se giraban las platas, “Martín Llanos” la giraba para que le diera a las personas que iba a hacer campaña por parte de la organización”.

Aspecto sobre el cual José Ramiro Meche Mendivelso, al referirse a las personas que le ayudaron a contactar a Efrén Hernández para darle a conocer la prohibición de a. “Martín Llanos”, citó a Ricardo Ramírez “Porque era que, o sea Ricardo Ramírez contrataba mucho con las gobernaciones y también hacía política, o sea también era, era promotor de política del Casanare hasta donde yo tengo conocimiento”.

En fin, cada uno de los medios probatorios relaciona a Ricardo Ramírez como persona afín a los proyectos políticos y eso compagina con la reunión realizada en una de sus fincas para escoger al segundo renglón de la lista de Efrén Antonio Hernández Díaz.

Cierto, Ricardo Ramírez no registra antecedentes por su vinculación con grupos armados ilegales, ni está incluido en algunos informes de los organismos de investigación ni en las órdenes de batalla de las fuerzas militares, mas esa situación de ninguna manera impide afirmar tales nexos.

De manera inaceptable la defensa pretende imponer una tarifa legal, desconociendo el principio de libertad probatoria, consagrado en el artículo 237 de la Ley 600 de 2000, pues sobre la materia en examen la ley no exige una “prueba especial”; en consecuencia, puede ser demostrada “con cualquier medio probatorio”.

En tales condiciones, si el plexo probatorio permite concluir los nexos entre Ricardo Ramírez y a. “Martín Llanos”, por esa vía surge creíble que haya mediado para obtener el “aval” del acusado, como lo expusieron Carlos Guzmán Daza, a. “Salomón”, Josué Darío Orjuela Martínez(134), a. “Solín”, y Carlos Julio Novoa Alfonso, a. “Cachicamo”, atendiendo además a los estrechos vínculos entre los dos.

En efecto, aun cuando Efrén Antonio Hernández Díaz aseguró que no tuvo ningún vínculo con Ricardo Ramírez, es el propio Josué Alexánder Bohórquez Peña(135) —aspirante a segundo renglón de la lista del acusado—, quien develó que aquellos sí eran “amigos” y sobre Ricardo Ramírez dijo haber escuchado comentarios(136) según los cuales era cercano a las ACC.

Walter Buitrago narró que Efrén Hernández hizo política con un sobrino de Gustavo y Ricardo Ramírez, y por esa razón se conocían; entre tanto, el excongresista Óscar Leonidas Wilches(137) recuerda haber escuchado comentarios según los cuales Ricardo Ramírez y Efrén Hernández eran “amigos”, aunque no le consta.

Por su parte, Hernando Roa Valero -elegido segundo renglón de la lista a la Cámara de Representantes del procesado-, interrogado sobre el particular, respondió que Ricardo Ramírez apoyó las aspiraciones electorales de Efrén Hernández, como lo hizo con otros políticos(138).

De la misma forma, María Estrella Rojas Ibáñez se refirió a su hermano Ricardo Ramírez y a Efrén Hernández como “amigos” y copartidarios políticos, en tanto aquel apoyaba a este en sus diferentes campañas. Incluso, recordó diversos encuentros entre ellos(139): uno en la fiesta de cumpleaños de Ricardo y varios en la heladería “La Majada”, un establecimiento a cargo de su hermana Consuelo Rojas Ibáñez, ubicado en el municipio de Monterrey. Es más, resaltó como con ocasión de la muerte de su hermano Ricardo, el procesado les dio el pésame directamente y envió un ramo de flores al sepelio.

Ángela Patricia Soto, excompañera de Gustavo Ramírez, igualmente recuerda que en dos ocasiones compartieron eventos con Efrén Hernández: la fiesta de cumpleaños de su cuñado Ricardo Ramírez y un almuerzo entre “amigos” en Aguamaco, un club campestre de Monterrey, Casanare.

Luego, al ser interrogada acerca de los vínculos entre Ricardo Ramírez y el procesado, respondió: “Ricardo manifestaba un gran aprecio hacia el doctor como amigo, o sea, un aprecio de admirarlo como político y amistad porque siempre se expresó bien de él”(140). A ello agregó que su cuñado apoyaba las aspiraciones políticas del acusado, en tanto lo referenciaba ante la gente y lo respaldaba económicamente.

Declaraciones creíbles para la Sala, por cuanto en el caso de Josué Alexánder Bohórquez Peña, Walter Buitrago, Hernando Roa Valero, Álvaro Rojas Rojas y Óscar Leonidas Wilches no les asiste ningún interés en el resultado del proceso. Además, salvo este último, los demás integraron el proyecto político del acusado en su aspiración a la Cámara de Representantes en el 2002 y por ese motivo resulta incomprensible que ahora pretendan comprometerlo judicialmente, cuando no existe ningún motivo.

Tampoco hay evidencia de acuerdos entre ellos y las señoras María Estrella Rojas Ibáñez y Ángela Patricia Soto en procura de testificar contra el acusado. Por lo tanto, la coincidencia en sus relatos únicamente puede significar una cosa: están diciendo verdad, cada uno desde su propia comprensión.

Para la defensa, María Estrella Rojas Ibáñez tiene interés en el resultado del proceso, por cuanto Ricardo Ramírez le quedó debiendo $ 100’000.000 a su esposo Fabio Rodríguez, por la ejecución de un contrato; empero, no se advierte relación entre ese episodio y la situación jurídica de Efrén Antonio Hernández Díaz, en tanto las conclusiones emitidas en este caso no le permitirán a la señora Rojas Ibáñez acceder al pago de ese dinero. Se trata de una obligación surgida entre ella y su familia, sin injerencia alguna del procesado.

En cuanto a la supuesta afectación de las garantías fundamentales al recibir la declaración de María Estrella Rojas Ibáñez, invocada por la defensa como motivo para deprecar la ilegalidad de esa prueba, necesario resulta acotar: (i) al inicio de la diligencia a la testigo se le informó “que por garantía constitucional y legal usted no está obligada a declarar en contra de sí misma, ni en contra de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Se trata, como se lo he dicho, de una garantía constitucional de no autoincriminación”(141), (ii) a la actuación asistió la delegada del Ministerio Público, quien no puso de presente irregularidad alguna, ni en ese momento ni ahora, y (iii) la testigo declaró de manera espontánea y voluntaria, sin apremio distinto que el del juramento.

Es verdad, la deponente se mostró renuente a responder algunas preguntas de la Corte, por cuanto sentía temor por su vida(142), pero aclarado el objetivo de la diligencia, centrado en la búsqueda de la verdad, terminó por contestar lo que a bien tuvo. En efecto, en ejercicio de la garantía de no autoincriminación, a varios interrogantes de la Corte y la delegada del Ministerio Público contestó “Me abstengo a responder” y su voluntad fue respetada.

Así, pues, como lo dejan entrever los testigos, los nexos de Efrén Hernández y Ricardo Ramírez no se limitaron a cuestiones proselitistas; entre ellos existió un vínculo de amistad. Condición bajo la cual el acusado acudió a la fiesta de cumpleaños de aquel en el año 2003, como se puede verificar en el video que hace parte de esta actuación, y sobre lo cual Ángela Patricia Soto recuerda que fueron invitados “los amigos más allegados de Ricardo”, entre ellos Efrén Hernández y otros dirigentes políticos.

Esa reunión, según la declaración de Yamile Hernández(143), fue organizada por ella e invitó a los “amigos” de Ricardo Ramírez. Interrogada sobre los amigos invitados, de manera espontánea respondió: “Ummm casi todo el pueblo, fue... allí estuvo don Narciso Buitrago, estuvo don Marcolinio Piñeros, estuvimos Jorge Morales, el doctor Nelson Romero, el doctor Efrén Hernández”.

Pero sin pedírsele explicación alguna, en un acto evidente de parcialidad a favor del procesado, inmediatamente pasó a justificar la presencia de él en los siguientes términos:

Porque... a ver por qué llegó el doctor Efrén a esa reunión. Porque... cuando yo estaba organizando la reunión como tal el doctor Nelson Romero, él era el que me estaba en cierta forma apoyando en la reunión, porque la idea era darle una sorpresa a Ricardo Ramírez. Allí fue donde llegó el grupo de música llanera a la casa de él, entonces lo que fuimos fue a recoger a Walter Silva, se llama el cantante famoso. Entonces el doctor Efrén estaba allí en la casa del doctor Nelson Romero, y como estábamos en ese... reunión como tal, yo tuve la amabilidad de invitar al doctor Efrén.

Aun así, la declaración de Yamile Hernández resulta coincidente con la de Ángela Patricia Soto en torno de la condición de las personas que asistieron al evento: eran “amigos” de Ricardo Ramírez.

Sobre la invitación de Efrén Hernández, Yamile explicó que obedeció a una simple casualidad, ante su presencia en la casa de Nelson Romero, y en ello coincide con el procesado, quien pone como evidencia lo informal de su vestimenta, camiseta y jean. Sin embargo, admitiendo en gracia de la discusión que la invitación se dio en esas condiciones, si Efrén Hernández era un desconocido para ella o para Ricardo Ramírez no lo habría invitado, pues la experiencia enseña que a ese tipo de encuentros asisten los familiares del agasajado y sus amigos, no extraños, por más importantes o influyentes que sean.

Ahora, la señora Hernández pretendió desligarse del procesado al señalar sobre él al inicio de su testimonio: “Yo no lo conocí, lo escuché al doctor Efrén Hernández”. Sin embargo, al ponérsele de presente lo relativo a la fiesta de cumpleaños de Ricardo Ramírez, terminó por aceptar que lo invitó, es decir, no solo lo conocía, sino que departieron juntos en un evento familiar.

También se mostró ajena al procesado cuando se le interrogó acerca del contrato 0141 de 2000(144), suscrito entre ella y la alcaldía de Yopal, a cargo para ese momento de Efrén Antonio Hernández Díaz.

Sobre el particular debe resaltarse que si bien el contrato no está firmado por el acusado —lo firmó el alcalde encargado—, su nombre sí figura en el encabezado y en la prefirma, de donde surge innegable su intervención en el proceso contractual. Si el contrato hubiese sido del exclusivo resorte del alcalde encargado, a saber, Wilson Jiménez, no se entiende por qué no lo celebró en su nombre, sino en representación del titular. Y ello no ocurrió porque el reemplazo fue apenas por unos días, como lo demuestran los decretos(145) firmados por el enjuiciado mientras estuvo en encargo, por un lapso breve, incompatible con los términos propios de un proceso contractual.

Además, sin duda la cercanía de la señora Hernández con el mandatario local, a través de Ricardo Ramírez, fue determinante en la asignación del contrato; así se infiere de su escaso —casi nulo— conocimiento en materia contractual, evidenciado en su declaración, oportunidad donde atribuyó a su progenitora la experiencia requerida, la gestión para obtener ese negocio jurídico(146) y su ejecución(147).

Cuestión llamativa si se tiene en cuenta que el contrato lo firmó directamente Yamile Hernández, como persona natural, sin vinculación alguna de aquella, quien tampoco figura respaldando su gestión(148), razones todas que impiden acoger lo dicho por esta testigo.

Para apoyar las manifestaciones de Yamile Hernández, por solicitud de la defensa se escuchó en declaración al ingeniero Agustín González Guatibonza, supervisor e interventor del proyecto “Ciudadela Vencedores”(149). Este dijo que la conoció en razón de ese proyecto, al haber sido contratada por el municipio para el suministro de mano de obra para instalaciones hidráulicas, sin recomendación alguna.

Sostuvo que fue él quien seleccionó la propuesta de Yamile Hernández en razón a su menor costo, sin demandar experiencia, por cuanto se trataba de un proyecto sencillo, nada del “otro mundo”.

Pues bien, siendo un contrato de menor cuantía, cuyo monto no representaba ni el 1% del valor total, según refirió este testigo(150), llama la atención que recuerde con tanta precisión la escogencia de la propuesta de Yamile Hernández y la forma como se ejecutó el contrato, cuando ella no supo dar cuenta del mismo tópico.

Si apenas conoció a Yamile Hernández en ese contrato, tampoco se entiende por qué aludió a la existencia de una sociedad de suministros que aquella tenía con su progenitora cuando esta ninguna relación tenía con dicho contrato.

Es más, resulta evidente su interés por desligar a la señora Hernández de la contratación con el municipio de Yopal, al asegurar que el contrato de suministro de mano de obra fue el único que se le adjudicó, afirmación que no está en posibilidad de hacer, en tanto no era el encargado de esa área; simplemente fungió como supervisor e interventor en algunos proyectos, a través de contratos de prestación de servicios.

En el contexto que acaba de describirse, para la Corte resultan evidentes los vínculos del ganadero Ricardo Ramírez con Efrén Antonio Hernández Díaz, en cuyo favor intervino ante a. “Martín Llanos”, a cuya organización no era ajeno, para que el político pudiera seguir con su aspiración a la Cámara de Representantes, como lo afirmaron Carlos Guzmán Daza(151), a. “Salomón”, Josué Darío Orjuela Martínez, a. “Solín”, y Carlos Julio Novoa Alfonso, a. “Cachicamo”.

Conclusión que se reafirma con el hecho, también demostrado, consistente en que en su finca se llevó a cabo la votación donde se eligió al segundo renglón de la lista del procesado y de esta manera se cumplió el acuerdo con el líder paramilitar.

3.4. Continuidad de la campaña.

Pese a la restricción que dijo tener, el procesado reanudó la campaña, inscribió su lista ante la Registraduría Nacional del Estado Civil(152), participó en las elecciones parlamentarias, logrando la tercera votación, y después de acudir con éxito ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo(153), en el mes de enero de 2004 tomó posesión como representante a la Cámara por el departamento del Casanare(154).

A ese respecto el procesado, en cada una de sus intervenciones, dejó planteado que la continuidad de la campaña obedeció a dos razones: (i) los integrantes del equipo de trabajo gestionaron la asignación de un esquema de seguridad especial para él y (ii) los líderes políticos de la región, entre ellos Walter Buitrago, tío de “Martín Llanos”, lograron levantar la prohibición y la orden de asesinarlo, sin condición alguna.

Se ocupa entonces la Sala de analizar la tesis defensiva, en los siguientes términos:

3.4.1. Esquema de seguridad.

Al rendir versión libre(155) y en la audiencia de juzgamiento, el acusado expuso que una de las razones para retornar al Casanare fue la asignación de un plan “muy importante” de seguridad, afirmación efectuada también por el testigo Wilson Jiménez Silva(156), quien recordó haber gestionado ante la Policía y el DAS la protección para el candidato.

No obstante, aunque el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, brindó protección, no obedeció a un esquema de seguridad especial, sino rutinario, como lo corrobora el informe denominado “Estudio técnico sobre el nivel de riesgo y grado de amenaza”(157), rendido el 26 de febrero de 2002 por un detective de esa entidad.

Allí se consignó que Efrén Antonio Hernández Díaz no reportó ninguna amenaza por parte de grupos al margen de la ley, solo comentarios sin fundamento en el sentido de que no podía aspirar a la Cámara de Representantes, en tanto “aduce —el acusado— no tener inconvenientes con ningún grupo y ha podido desarrollar su campaña muy bien”, lo cual condujo a calificar su riesgo como “bajo”, en tanto “el estudiado en la actualidad no presenta riesgo alguno, salvo el circunstancial a que puede estar expuesta cualquier persona de acuerdo a su profesión, oficio o actividad que realice”.

Esta información no es compatible con las amenazas de muerte proferidas por a. “Martín Llanos” en el mes de diciembre de 2001, las cuales, de haber persistido, necesariamente habrían tenido que ser reportadas al organismo de seguridad del Estado para la debida implementación de un esquema de seguridad acorde con el nivel de riesgo.

Por su parte, mediante oficio 5310 del 21 de febrero de 2014(158), el comandante del Departamento de Policía Casanare certificó que en sus bases de datos no figura información sobre servicios de escolta asignados a Efrén Antonio Hernández Díaz cuando fue candidato a la Cámara de Representantes para las elecciones del 2002.

Incluso, en su mayoría los testigos de descargo, tales como Efraín Trinidad(159) y Álvaro Rojas Rojas(160), precisaron que el acusado visitaba el sur de Casanare en compañía del conductor y sus colaboradores, sin esquema de seguridad especial. Solo Wilson Jiménez Silva aseguró haberlo visto siempre acompañado de policía o integrantes del DAS; pero —ya se indicó— no se trató de un programa específico de seguridad, sino común, propio de cualquier candidato.

Entonces, si Efrén Antonio Hernández Díaz, en procura de obtener un esquema de seguridad acorde a su nivel de riesgo, no informó al DAS ni a la Policía Nacional la prohibición impuesta por a. “Martín Llanos” y las amenazas de muerte en su contra, resulta inconsecuente que contar con dicho esquema haya sido el verdadero motivo por el cual retornó al Casanare para continuar su prospecto electoral.

En este punto, es preciso aclarar que una cosa es la ilegal limitación electoral impuesta a Hernández Díaz por “Martín Llanos” y, otra, muy distinta, el primero de los dos motivos que esgrime el acusado para haber continuado con su campaña, es decir, la implementación de un esquema de seguridad acorde con su nivel de riesgo. El primero existió y, se insiste, fijó el inicio de la relación ilícita entre el acusado y el cabecilla referido y, el segundo, según la prueba recaudada, no existió.

3.4.2. Mediación de los líderes políticos.

El acusado, en la versión libre(161) y al rendir declaración en el juicio, explicó que regresó a Casanare para continuar la campaña porque delegados de la curia y líderes políticos de la región mediaron ante a. “Martín Llanos” para evitar su muerte.

Al respecto, monseñor Misael Vacca(162), obispo de la diócesis de Yopal, negó cualquier conocimiento sobre los problemas de Efrén Hernández y, por lo mismo, descartó cualquier mediación de su parte. Interrogado por la Corte acerca de su gestión para contrarrestar la prohibición de hacer política y las amenazas de muerte que pesaban sobre el acusado respondió: “Sobre ese tema no recuerdo haber hecho algo”.

Incluso, el enjuiciado le preguntó acerca de su conocimiento en torno a las amenazas o la gestión humanitaria para proteger su vida y contestó: “No tengo información al respecto”.

Solo el excongresista Helí Cala(163) informó sobre el acuerdo de varios líderes de la región para visitar al líder paramilitar y propender por garantías electorales y personales a favor del procesado. En ese sentido destacó cómo en compañía de unos treinta dirigentes políticos, de los cuales únicamente recordó(164) a Óscar Leonidas Wilches, acudieron ante “Martín Llanos” para pedirle respeto por la vida de Efrén Hernández y libertad para que continuara la campaña. Gestión fructífera, agregó el testigo, pues el comandante paramilitar se comprometió a respetarle la vida y a estudiar su intervención en política, lo cual se tradujo en la efectiva continuidad de la campaña.

Sin embargo, confrontado Óscar Leonidas Wilches sobre sus encuentros con a. “Martín Llanos”, los limitó exclusivamente a dos ocasiones, ambos bajo presión, en los que no habló sobre la situación del acusado Efrén Antonio Hernández Díaz. La primera por una extorsión de la cual era objeto y la segunda por su aspiración a la Gobernación. Más puntualmente, sobre la prohibición contra el enjuiciado, informó:

Pues yo no sé qué pasaría porque el doctor Efrén Hernández siguió haciendo campaña, o hizo campaña y terminó siendo candidato, pues no sé qué pasaría prácticamente en ese tiempo, o sea que a todo el mundo lo amenazaban y uno no sabía qué hacer o sea, usted terminaba decidiendo quedarse en el departamento bajo su propia responsabilidad, arriesgando su propia vida, entonces el doctor Efrén Hernández seguramente lo amenazaron y sin embargo siguió siendo candidato.

Además, mientras Helí Cala aseveró que debido a su gestión el comandante paramilitar se comprometió a respetar la vida de Efrén Hernández y le permitió continuar la campaña, Walter Buitrago(165) sostuvo que varios dirigentes —sin precisar nombres— fueron a hablar con su sobrino a. “Martín Llanos” para conjurar el veto y las amenazas, sin éxito, por lo cual el acusado le pidió mediar personalmente ante su familiar con el mismo fin, alcanzado con su intervención.

Helí Cala se mostró, además, ajeno a la aspiración del procesado a la Cámara de Representantes para el período 2002-2006, debido a una profunda diferencia política; sin embargo, en el anexo 10, folio 9, figura su contribución a la campaña del acusado, por la suma de $ 5.000.000, evidencia de su interés por favorecerla.

Con todo, si en gracia de la discusión se asumiera que los líderes políticos en realidad acudieron ante a. “Martín Llanos”, es inadmisible el aserto según el cual la “presión social” llevó al líder paramilitar a eliminar la susodicha prohibición sin condición alguna.

Esa afirmación obvia que para a. “Martín Llanos” era parte de su “estrategia” política impedir que Efrén Antonio Hernández Díaz hiciera campaña para la Cámara de Representantes y, en ese orden, solo la existencia de un beneficio para la organización delictiva justificaba cambiar su actitud, tanto más cuanto uno de sus hombres, Carlos Guzmán Daza, a. “Salomón”, lo describió como una persona “sumamente ambiciosa... (que) en su proyecto político no dejaba cabos sueltos”.

Por su parte, Helí Cala(166) reconoció que las ACC para esa época “tenían el poder y dominio absoluto del departamento”.

Al fin de cuentas, el dominio de las ACC en el sur de Casanare era evidente, sin contrapesos, y como lo advirtió Carlos Guzmán Daza, el asesinato de Emiro Sossa era un “mensaje claro” para los políticos, a efectos de alinearse con la organización.

Con estos fundamentos, imposible aceptar la hipótesis acerca de la mediación de líderes políticos como motivo determinante para que Efrén Hernández Díaz pudiese avanzar en su aspiración electoral.

En estricto rigor lógico, si la prohibición proselitista hacía parte de una “estrategia”, permitir nuevamente el ejercicio electoral a Hernández Díaz no es una situación accidental desprovista de intencionalidad, todo lo contrario, también se vincula de manera necesaria con dicho proyecto. De esta manera, es claro que el hecho de incluir en el segundo renglón de la lista a una persona afín a la causa paramilitar ineludiblemente beneficiaba o favorecía a la estructura armada ilegal tantas veces mencionada.

3.4.3. Mediación de Walter Buitrago.

Según el acusado(167), estando en la Guajira, a finales de enero o principios de febrero de 2002, recibió la llamada de Walter Buitrago para informarle que su sobrino a. “Martín Llanos” había levantado la prohibición sobre su campaña. Por ese motivo, al día siguiente o dos días después, sin indagar nada al respecto, retornó al Casanare y prosiguió el proselitismo normalmente.

Sobre el mismo tema, Walter Buitrago expuso:

Ante el rechazo que existía por parte de los grupos armados, la oposición a que él —Efrén Hernández— siguiera delante de su campaña y bajo la inminente amenaza que corría su integridad personal, de la de él y su familia, yo tuve un encuentro posterior con el doctor Efrén donde él me solicito que interviniera por él y yo fui donde mi sobrino Martín, para abogar por él, a sabiendas de que venía de una trayectoria muy importante como era el doctor Carlos Hernández Vargas, quién era el segregador del departamento del Casanare de Boyacá. Conociendo las actitudes y la personalidad del doctor Efrén Hernández me sometí a... abogar por él para que lo dejaran participar para ese entonces(168).

Ante la pregunta “Y cómo fue ese proceso de abogar por él”, respondió:

Insistieron varias personas que fueron, dentro de los líderes a hablar con Martín, no fue posible la reintegración, totalmente estaba cerrada y, ante esas circunstancias, estuvimos hablando con el doctor Efrén Hernández y yo pues posteriormente fui a hablar con él —Martín Llanos—, en una larga insistencia, logré convencerlo de que lo dejara participar al doctor.

Sobre lo que expresó a su sobrino a. “Martín Llanos” al mediar por el acusado, explicó “Que era que ellos —las ACC— estaban mal informados de lo que estaban expresando de Efrén Hernández y que por consiguiente se le debía de otorgar el permiso para que él continuara”(169).

Pues bien, la declaración de Walter Buitrago contraría sustancialmente lo expuesto por el acusado tanto en la versión libre como en la audiencia pública de juzgamiento, por cuanto este aseguró(170) que “jamás” le pidió colaboración a alguien para superar la prohibición y la mediación de Walter Buitrago la calificó como una decisión “íntima”(171).

Cierto, Walter Buitrago(172) también sostuvo que unos líderes le informaron sobre el veto al acusado y por ello abogó ante su sobrino, y al ser interrogado por el procesado indicó: “... entre todos los comentarios que se decían... tomé la iniciativa netamente personal, sin que nadie me lo dijera, porque consideré la importancia de su señoría y la relevancia que tiene dentro del departamento y del Estado, por eso simple y llanamente”(173); sin embargo, más adelante, al ponérsele de presente su declaración en el proceso contra Óscar Leonidas Wilches, donde dijo todo lo contrario, terminó por aceptar que el acusado sí lo buscó para solucionar el problema, por ser familiar de a. “Martín Llanos”.

De esta manera, los súbitos cambios en el mismo testimonio ponen en evidencia el marcado interés de Walter Buitrago por favorecer al acusado, al tratar infructuosamente de respaldar su hipótesis defensiva. Incluso, ese propósito se hace más evidente cuando al ser interrogado sobre la presión que ejercía a. “Martín Llanos” en materia política en el sur de Casanare respondió: “Martín Llanos nunca estuvo ejerciendo esas situaciones, al menos hasta donde yo haya tenido conocimiento, él no tuvo injerencia dentro de la parte política”(174).

El testigo resulta incongruente sobre este tópico, por cuanto reconoció que acudió ante el líder paramilitar porque “se le debía de otorgar el permiso para que él (Efrén Hernández) continuara (la campaña)”(175), con lo cual implícitamente admitió que buscó y logró el “aval” de a. “Martín Llanos” para el procesado.

Además, añadió que su sobrino a. “Martín Llanos” levantó el veto, sin pacto alguno. Lo único que recuerda es su compromiso “... de yo llevar al doctor Efrén Hernández a la presencia de Martín Llanos, lo cual sucedió”, pues “yo lo llevé hasta allá, los dejé por separado”, aclarando que no supo qué asuntos hablaron porque se mantuvo alejado y tras la reunión no comentó el asunto con el enjuiciado; en cambio este enfáticamente negó(176) ese segundo encuentro, pues afirmó que después de levantarse la veda no volvió a reunirse con a. “Martín Llanos” para tratar ese tema.

Por supuesto, a. “Martín Llanos” adujo que solo se reunió en una oportunidad con Efrén Hernández, cuando este gestionó la paz en el Casanare; esta afirmación, por las razones tratadas en extenso al mencionar la limitación a la campaña, es contraria a la verdad, en tanto el exparamilitar Carlos Guzmán Daza y el propio acusado reseñaron un primer encuentro, a mediados de diciembre de 2001, donde se informó la prohibición de hacer política.

Agréguese que si el enjuiciado no había tenido ningún vínculo con Walter Buitrago —más allá de conocerlo—, como lo expuso en la versión libre(177), no se ofrece razonable que ante una llamada telefónica suya haya decidido retornar al Casanare a proseguir la campaña, sin confirmar la información ni indagar sobre los motivos de la mediación.

Por eso, si el enjuiciado no confirmó que se hubiera levantado la restricción a su campaña y las amenazas de muerte en su contra, es obvia su certeza sobre el éxito que había tenido la mediación que solicitó a Walter Buitrago ante a. “Martín Llanos” y que sabía que contaba con el “aval” del líder paramilitar, motivo por el cual regresó al Casanare para reunirse con este.

Otra situación contribuye a demostrar la mediación de Walter Buitrago y el pacto logrado con el comandante del grupo ilegal: la reserva que mantuvo el acusado frente a sus cercanos colaboradores, en torno a la razón que lo llevó a reanudar su campaña obviando los riesgos surgidos de tal decisión.

Así, Ramón Evaristo López Villareal(178) recuerda que el candidato regresó al Casanare para seguir la campaña porque “tocaba” y debido a eso la continuaron “con mucho miedo”, en tanto se tornó difícil recorrer el departamento “porque era muy peligroso” y decidieron centrarse en Yopal.

El inscriptor de la lista a la Cámara de Representantes, Fabio Camargo de La Hoz(179), tampoco supo por qué retornó Efrén Hernández al Casanare a seguir la campaña, ni se enteró de la intervención de Walter Buitrago o Helí Cala con ese propósito. Cuestión reiterada por Efraín Trinidad e Iller Castro Aguilar(180), quienes enterados de las amenazas emitidas por a. “Martín Llanos”, no conocieron qué motivó el regresó de su candidato al Casanare.

Ese silencio, cuya consecuencia fue que la campaña se desarrollara con temor, solo se explica en la necesidad del candidato de ocultar el hecho que se le reprocha: su acuerdo con el grupo paramilitar, logrado gracias a la intervención del pariente de su comandante.

Conforme al anterior análisis, si no existió un esquema de seguridad acorde con el nivel de riesgo, ni hubo mediación de los líderes del sur de Casanare para levantar la prohibición y, además, el acusado guardó silencio frente a los integrantes de su equipo de campaña sobre sus encuentros con a. “Martín Llanos” y la efectiva mediación de Walter Buitrago, así como sobre la reversión del veto, fuerza concluir la existencia del acuerdo con el líder paramilitar, consistente en la inclusión de un líder del sur de Casanare como condición para poder continuar la campaña.

3.5. Evidencia ex post.

Efrén Antonio Hernández Díaz justificó un encuentro con a. “Martín Llanos”, en el año 2004, para hacerle llegar el correo electrónico enviado por el Defensor del Pueblo, a propósito de la gestión adelantada por la guerra entre las ACC y el Bloque Centauros de las AUC; sin embargo, en la declaración por certificación jurada rendida por el defensor del pueblo, si bien tiene presente un encuentro con el acusado, no recordó haber tenido la intención de reunirse o tener contacto con el líder paramilitar, mucho menos suministrarle por esa vía un correo electrónico, el cual era de público conocimiento porque está registrado en la página web de la entidad.

Por ello, ninguna razón existía para que Efrén Antonio Hernández Díaz se hubiese reunido con a. “Martín Llanos”, tanto más cuanto venía de ser objeto de amenazas en su contra; además, en esta ocasión también habría podido acudir a Walter Buitrago para hacerle llegar el supuesto correo o cualquier razón del Defensor del Pueblo, pero inexplicablemente en esta ocasión no acudió a intermediarios.

En ese orden, dicha reunión encuentra más bien relación en la declaración de Carlos Julio Novoa Alfonso, cuando recuerda cómo a propósito de dicho conflicto, a. “Martín Llanos”, a. “Fox” y a. “Salomón” le pidieron acudir ante el procesado, para que adelantara alguna gestión en su favor, con ocasión del respaldo dado para las elecciones del 2002.

En tal virtud, como se afirmó en la acusación, la gestión ante el Defensor del Pueblo para mediar en la guerra entre facciones paramilitares es una clara expresión de cómo el procesado termina convirtiéndose en un “vocero” calificado de la delincuencia organizada, en respuesta al “aval” obtenido, sin resultar relevante en términos del reproche que no haya acudido a ninguna otra entidad, como lo informó el Ministerio del Interior(181), el Comandando del Departamento de Policía de Casanare(182) y el Ministerio de Defensa Nacional(183), quienes negaron cualquier gestión del procesado en torno a ese tópico.

Así las cosas, es claro que las ACC, lideradas por a. “Martín Llanos”, contaron con un enlace de alto nivel desde la institucionalidad del Estado que medió e intercedió por ellas cuando se verificó el cruento conflicto armado contra la estructura ilegal regentada por Miguel Arroyave, alias “Arcángel”.

Nótese que Hernández Díaz tomó posesión del cargo de representante a la Cámara el 26 de enero de 2004 y el encuentro que viene de analizarse, reconocido por él mismo, tuvo lugar en ese mismo año.

3.6. Desenlace deductivo.

Así las cosas, de conformidad con la valoración probatoria efectuada en precedencia, hay lugar a declarar probado:

(i) Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, comandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare, en reunión celebrada a mediados del mes de diciembre de 2001 le prohibió a Efrén Antonio Hernández Díaz continuar su campaña a la Cámara de Representantes para las elecciones del 2002;

(ii) Walter Buitrago, por solicitud del acusado, medió ante el líder paramilitar para que reversara dicha prohibición y le diera su “aval”; propósito al cual se vinculó Ricardo Ramírez, atendiendo sus vínculos políticos y de amistad tanto con el líder paramilitar como con el procesado;

(iii) El comandante paramilitar levantó el veto y otorgó su “aval”, a cambio de que el enjuiciado designara como segundo renglón a un líder del sur de Casanare;

(iv) En la finca de Ricardo Ramírez, entre dos personas cercanas a las ACC, fue escogido Hernando Roa Valero como segundo renglón, quien fue integrado a la lista de candidatos del procesado;

(v) Efrén Antonio Hernández Díaz ocupó el tercer lugar en las votaciones y, luego de acudir ante las autoridades electorales y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en enero de 2004 accedió al Congreso de la República; y

(vi) En su condición de representante a la Cámara, medió ante la Defensoría del Pueblo para intentar conjurar el conflicto armado entre las ACC y el Bloque Centauros de las Autodefensas, como una prueba ex post de su sometimiento a las directrices del comandante paramilitar.

Se tiene, entonces, que el acusado se reunió con el líder paramilitar por lo menos en tres ocasiones: la primera a mediados del mes de diciembre de 2001, la que marcó el origen del vínculo ilegal; la segunda a principios del año 2002, luego de levantarse el veto, según lo reveló Walter Buitrago; y, la última en el año 2004, cuando ostentaba la dignidad de congresista, a propósito del conflicto entre las ACC y el Bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave.

Esos encuentros, articulados con las conclusiones a las que se han arribado a lo largo de la providencia, conducen a confirmar la hipótesis delictiva, acorde con la cual el procesado pudo continuar la campaña a la Cámara de Representantes para el período 2002-2006, porque obtuvo el “aval” de a. “Martín Llanos”, luego de aceptar la condición consistente en integrar como segundo renglón de su lista parlamentaria a un dirigente político del sur del departamento de Casanare.

Conducta que se adecúa al tipo penal de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promocionar o “promover” un grupo paramilitar, previsto en el artículo 340, inciso 2º de la Ley 599 de 2000, sobre el cual tiene precisado la Sala:

VII.35. Para incurrir en delito de concierto para delinquir, con la finalidad de promover grupos armados al margen de la ley (L. 599/00, art. 340, inc. 2º), basta hacer coalición o acuerdo, de cualquier clase, sin expresas facultades legales (L. 418/97, art. 12), con grupos de justicia privada, paramilitares o autodefensas. Aliarse con esa categoría de delincuencia lleva ínsito, per se, una concesión de dignidad, reconocimiento social, exaltación, mejora de sus condiciones, legitimación, apoyo, todos proscritos en la ley, porque en cambio de restarle vigor o poder, debilitarla, o por lo menos estar al margen, siempre cumpliendo los deberes ciudadanos (C.P., art. 95), se promueve, aviva, engrandece o fortifica, afrentando el bien jurídico de la seguridad pública.

(...).

VII.38. De otra parte, para responder a la defensa, es equivocado pensar que el concierto para promover grupos paramilitares se configura, solamente, a través de campañas publicitarias en su favor, o fomentándolos de “manera tangible” a través de “documentos” o leyes de beneficios; esas pueden ser algunas maneras de materializar el acuerdo, pero no las únicas. Para que se estructure el delito se requiere el acuerdo con la finalidad de fomentar esa categoría de delincuencia, así no se alcance el resultado, pues la antijuridicidad del comportamiento posa sobre el riesgo de la seguridad pública; eso es suficiente.

VII.39. Promover o impulsar esa especial categoría de delincuencia es, simplemente, concederle una dignidad de la que está privada, un estatus que no tiene, legitimarla socialmente, ponerla en alta consideración o darle reconocimiento, ayudarla de cualquier manera, en fin, fortificarla, por contraste a restarle poder, debilitarla, combatirla o acabarla. Y eso se puede hacer de múltiples formas: una de ellas, poniendo las autodefensas a su mismo nivel o altura, en ejercicio de cualquier tipo de pacto, coalición, negociación o acuerdo; excepción hecha de los realizados con autorización del Gobierno Nacional, en el contexto de procesos de paz y reconciliación (L. 418/97, art. 12) (CSJ, Sala de Casación Penal, sent., mar. 6/2013, rad. 33.713) (resaltado no original).

En efecto, al gestionar el “aval” de a. “Martín Llanos” por interpuesta persona y pactar la designación del segundo renglón en beneficio de las Autodefensas Campesinas del Casanare, el acusado promovió al grupo ilegal en ámbitos distintos al bélico, por cuanto coadyuvó su permanencia, acrecentó su poder e injerencia en el ámbito político del departamento y con ello limitó las libertades públicas.

En lugar de denunciar ante las autoridades competentes los actos delictivos imputables a los miembros de la organización, como la limitación impuesta para continuar su campaña, el procesado optó por adherir al proyecto político del grupo paramilitar, orientado a interferir los procesos democráticos a todo nivel, al incidir, por vía de concesos ilegales, en la designación de mandatarios a nivel nacional. Así, enalteció un prospecto delictivo contrario a las reglas democráticas y participativas consagradas en la Constitución, contribuyó en el fortalecimiento de la estructura ilegal y propendió por la legitimación de su propósito de coadministrar el Estado.

El proyecto del acusado de representar al pueblo en la Cámara de Representantes no estuvo orientado en el marco de los mecanismos legales y constitucionales, sino en un pacto con grupos ilegales, con el que pretendió perpetuar su ilícita injerencia política en el Casanare, todo lo cual comportó una clara connivencia con sus actuaciones ilegales, jamás denunciadas por él ante las autoridades competentes.

Contrario a lo planteado por la defensa, para la configuración del tipo penal de concierto para delinquir, en la modalidad de promoción, no es necesario determinar si se generaron disfunciones institucionales, apreciables en proyectos de ley o gestión de recursos o indistintos beneficios para el grupo al margen de la ley, por cuanto ello implicaría, de un lado, confundir el concierto para promover grupos ilegales, contemplado en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, con la promoción efectiva sancionada con mayor rigor en el inciso 3º ejusdem, y de otro, la posible configuración de un concurso de delitos. En ese sentido, la Corte ha precisado:

Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder —todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta(184)—, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales, sino en la medida que esa contribución incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar la acción del grupo ilegal, como puede ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se generan condiciones materiales mediante la inversión estatal en lugares donde la acción del paramilitarismo es evidente.

La distorsión de la función estatal, cuando eso sucede, es la prueba del acuerdo, así como en el concierto simple, los delitos ejecutados en función del acuerdo son la manifestación del consenso ilegal. En el primer evento, si la desviación de la función estatal implica la consumación de un injusto, concursará con el concierto para delinquir agravado, así como los delitos comunes lo hacen con el delito de concierto para delinquir simple.

En este sentido, la Corte también ha señalado que como consecuencia del acuerdo de voluntades para cometer delitos pueden surgir otros ilícitos, sin que por el hecho de que se sancione aquel convenio orientado a la realización de otros tipos de injusto, el pacto para promover grupos armados al margen de la ley, signifique se prescinda de exigir un mínimo desvalor de peligro considerado ex ante, sobre todo frente al derecho penal patrio que funda la lesividad de la acción en la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico (CSJ, Sala de Casación Penal, sent., dic. 9/2009, rad. 28779).

En fin, a sabiendas de que se trataba de un grupo armado al margen de la ley, Efrén Antonio Hernández Díaz decidió obtener el “aval” de a. “Martín Llanos” y pactar con él las condiciones para continuar su campaña a la Cámara de Representantes. Por eso, cabe afirmar, era consciente de la promoción a un grupo paramilitar y lo hizo sin la menor perturbación de su voluntad, de donde se sigue que obró dolosamente; en consecuencia, la tipicidad de su conducta, desde su faz objetiva como subjetiva, es incontrovertible.

Por otro lado, la conducta punible endilgada es evidentemente antijurídica, desde el punto de vista formal como material. No solo se contrarió la disposición penal que prohíbe la promoción de organizaciones al margen de la ley; además, sin justificación alguna se puso en efectivo peligro el bien jurídico tutelado de la seguridad pública, al comprometer la institucionalidad y la legalidad de la democracia, así como el ejercicio de los derechos de la sociedad.

Como se indicó, el proyecto político de las Autodefensas Campesinas del Casanare estaba orientado a definir los candidatos a cargos de elección popular, para luego incidir en las decisiones estatales. En consecuencia, su ilícita promoción conlleva implícita o explícitamente el convenio de apoyo mutuo mediante el cual se atentó contra la libertad del pueblo de elegir a sus mandatarios y efectivizar su derecho de participación democrática, consagrado en los artículos 1º y 2º de la Constitución como principio fundante del Estado y fin esencial del mismo.

Al buscar el “aval” de a. “Martín Llanos”, en su condición de comandante de un grupo paramilitar, el procesado igualmente deslegitimó sin justa causa la institucionalidad, por cuanto ese presupuesto no está en cabeza de un grupo armado al margen de la ley. Son los partidos y movimientos políticos, por mandato constitucional —art. 103—, los únicos que pueden avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular.

Respecto de la culpabilidad tampoco existe la menor duda. Efrén Antonio Hernández Díaz no actuó influido por alguna circunstancia que afectara su capacidad de comprensión o de autodeterminación de acuerdo con esa comprensión, de donde se sigue que no es un inimputable.

Adicionalmente, el procesado es abogado, especialista en planificación del desarrollo regional y contratación estatal; a lo largo de su vida ha desempeñado diversos empleos públicos y ha resultado elegido, por designación o por votación popular, para diferentes cargos de elección popular; su amplia trayectoria en el departamento de Casanare le permitía conocer su realidad económica, social y política, así como la incidencia delictiva de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

En tal virtud, debido a su formación personal y profesional se infiere su conocimiento acerca del carácter delictivo de pactar con grupos al margen de la ley; por eso la consciencia de la antijuridicidad de su comportamiento deviene sin discusión.

Al amparo del artículo 32-8 del Código Penal, el defensor plantea que su representando actuó bajo insuperable coacción ajena, por cuanto al primer encuentro con el líder de las ACC acudió bajo amenazas de muerte.

La Sala no ignora esa realidad y por ello esa reunión no ha sido considerada a efectos de la atribución jurídico penal, en tanto allí no hubo acuerdo alguno con a. “Martín Llanos”, quien por el contrario amenazó al acusado y le prohibió seguir la campaña. El reproche surge a partir de la insistencia del procesado en su prospecto político, no por las vías legales, como era de esperarse, sino al acudir a personas cercanas al grupo ilegal para que se levantara la prohibición, como en efecto ocurrió, poniendo en peligro el bien jurídico de la seguridad pública, y consintiendo en modificar su lista para adecuarse a las exigencias del jefe paramilitar.

Si la eximente de responsabilidad en estudio comporta (i) un acto de violencia moral verdaderamente irresistible generada por un tercero, (ii) ajeno a la voluntad del agente, (iii) cuya existencia obliga a ejecutar aquello que no se quiere, (iv) sustentado en el miedo o en el temor y (v) la voluntad de evitarse el daño amenazado, es inobjetable que ninguna de esas condiciones concurre en el proceder de Efrén Antonio Hernández Díaz.

Cierto, inicialmente bajo amenazas el comandante de las ACC le prohibió seguir su campaña para las elecciones del 2002, pero en lugar de acudir a mediadores para levantar la limitación y obtener el “aval” de la organización ilegal, tras aceptar las condiciones impuestas por a. “Martín Llanos”, el acusado disponía de diferentes alternativas.

En primer lugar, acorde con las previsiones del artículo 27 de la Ley 600 de 2000, tenía el deber de denunciar esos hechos ante las autoridades judiciales; asimismo, podía informar de esa situación a los organismos de seguridad legítimamente constituidos para que se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y la de su grupo de campaña. Ceder ante la presión de los grupos ilegales, adhiriendo a sus consignas delictivas, no puede ser una opción para ninguna persona, menos para un candidato a cargos de representación popular, por cuanto así se deslegitima el Estado y se exalta el poder de esas estructuras.

También podía continuar su proselitismo retirado de la región —como en un principio pretendió hacerlo— y con ello no poner en riesgo su vida, como aconteció con el excongresista Gustavo Enrique Sossa Pacheco, quien ante las amenazas de las Autodefensas Campesinas del Casanare, según le contó a la Corte, se retiró de ese departamento y centró su proselitismo en la ciudad de Bogotá.

En últimas, si no le resultaba seguro denunciar esos hechos ante los organismos estatales, porque según él “todos” estaban infiltrados —lo cual supone una negación inadmisible de la legitimidad del Estado—, podía haber declinado su aspiración electoral, lo cual de ninguna manera configura la promoción del grupo al margen de la ley, como lo plantea la unidad de defensa, salvo que esa opción sea parte del pacto ilegal.

Así, pues, queda demostrado que el acto de violencia moral derivado de las amenazas y prohibiciones de las Autodefensas Campesinas del Casanare era resistible por otras vías, de manera que el aserto de una “insuperable coacción ajena” es insostenible.

Por lo tanto, no estando amparado por ninguna de las circunstancias excluyentes de responsabilidad, previstas en el artículo 32 del Código Penal, la sentencia en contra de Efrén Antonio Hernández Díaz debe ser condenatoria.

4. Individualización de la pena.

La conducta imputada al procesado Efrén Antonio Hernández Díaz es la de autor del delito de concierto para delinquir agravado, descrito en el libro 2º, título XII, artículo 340 inciso 2º del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, al haberse concertado para promover un grupo armado al margen de la ley, cuyo texto normativo señala:

ART. 340.—Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penadas, por esas sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.

Acorde con este precepto, las penas oscilan entre 6 y 12 años de prisión, o lo que es igual de 72 a 144 meses, y multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales.

Siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000, el marco punitivo se divide en cuartos de la siguiente manera: (i) Primer cuarto: prisión entre 72 y 90 meses y multa de 2.000 a 6.500 smlmv; (ii) Segundo cuarto: prisión de 90 meses y 1 día a 108 meses y multa de 6.501 a 10.750 smlmv; (iii) Tercer cuarto: prisión de 108 meses y 1 día a 126 meses y multa de 10.751 a 15.000 smlmv; (iv) Último cuarto: prisión de 126 meses y 1 día a 144 meses y multa de 15.001 a 20.000 smlmv.

Como en la acusación no se incluyeron agravantes o atenuantes genéricos, el ámbito de movilidad punitivo se ubica dentro del primer cuarto. Dentro de él se impondrá 72 meses de prisión y multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales, atendiendo a la gravedad de la conducta imputada, la naturaleza del bien jurídico lesionado —seguridad pública— y la necesidad de pena, atendidas sus finalidades de prevención general y especial y justa retribución.

En efecto, la conducta desplegada por el acusado puso en efectivo riesgo intereses colectivos que aseguran las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos fundamentales y menoscabó el normal desarrollo de los sistemas democráticos, al vincularse a un proyecto político de un grupo al margen de la ley, cuyo objetivo estuvo dirigido a controlar la designación de dirigentes a nivel municipal, departamental y nacional, y de esa manera coadministrar el Estado.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, la Sala condenará al doctor Efrén Antonio Hernández Díaz a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.

5. La condena de ejecución condicional.

El factor objetivo exigido en el artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, no se cumple en este caso, por cuanto la pena impuesta supera los cuatro (4) años de prisión, circunstancia que torna innecesario entrar en el análisis del factor subjetivo.

6. La prisión domiciliaria.

La prisión domiciliaria está concebida en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, en su versión original, como un mecanismo sustitutivo de la prisión, para cuya concesión se revisan exigencias de carácter objetivo, relacionadas con el quantum de pena prevista para el delito, y subjetivo, referidas al destinatario de la sanción penal.

En el caso sub examine, la pena mínima prevista en la ley para el delito de concierto para delinquir, en su modalidad agravada, es de seis (6) años de prisión, de manera que no se cumple el presupuesto de carácter objetivo.

Tampoco se satisfacen los requisitos consagrados en el artículo 38 B del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014. Aunque la sentencia se impone por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley es inferior a ocho (8) años de prisión, no se verifica el segundo requisito previsto en la citada normatividad, por cuanto el concierto para delinquir agravado hace parte de los delitos excluidos de ese beneficio, acorde con las previsiones del inciso 2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000.

Podría plantearse como alternativa la conjunción de normas, esto es, tomar lo favorable de la Ley 1709 de 2004 en cuanto al quantum punitivo para acceder al beneficio y lo favorable del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, en su versión original, en tanto allí no prevé ninguna exclusión, pero esa opción ya se ha descartado por esta corporación.

Si bien la Sala ha admitido la denominada lex tertia, igualmente ha dicho: “ello opera en circunstancias muy particulares, también desarrolladas ya por la jurisprudencia de la Sala (CSJ SP, 3 sep. 2001, rad. 16837), que refieren la posibilidad de realizar esa mixtura cuando los preceptos confrontados remiten a institutos, subrogados o sanciones diferentes, y no en los casos en que se busca aplicar un beneficio concreto a partir de tomar en consideración elementos disonantes de las diferentes normatividades en juego” (CSJ SP, 12 de marzo de 2014, rad. 42623; CSJ SP, 2 de abr. de 2014, rad. 43209).

En tal virtud, como lo concluyó de la misma manera la Corte en las determinaciones precitadas, tomar factores favorables de una y otra normatividades, para así construir el beneficio o subrogado, no solo implica una suplantación ilegal del legislador, sino que finalmente la combinación normativa desnaturaliza por completo la figura del beneficio, desdice de su finalidad y, no por último menos importante, termina por violentar el principio de igualdad.

Por lo tanto, por expresa prohibición legal, el acusado no se hace merecedor al mecanismo sustitutivo en examen.

7. Indemnización de perjuicios.

No hay lugar a la condena por daños materiales y morales ocasionados con la conducta punible, por cuanto no se advierte su causación.

8. Otras decisiones.

La Sala ha sostenido que la Ley 906 de 2004 asigna a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de la fase de ejecución del fallo cuando se trate de aforados constitucionales, cuya segunda instancia corresponde al respectivo juez de conocimiento(185). En consecuencia, se dispone remitir el proceso al reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá.

9. Compulsa de copias.

Atendiendo a la información suministrada por los exparamilitares Josué Darío Orjuela Martínez, Carlos Julio Novoa Alfonso, José Ramiro Meche Mendivelso y Carlos Guzmán Daza, se dispone compulsar copia de sus declaraciones, con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen los nexos de Josué Alexander Bohórquez Peña, Helí Cala, Jorge Morales y Leonel Torres con las Autodefensas Campesinas del Casanare, posiblemente constitutivos del delito de concierto para delinquir agravado.

Ante la misma entidad, deberán remitirse copia de las mismas declaraciones y la de Héctor Germán Buitrago Parada, a. “Martín Llanos”, para que se investigue a cada uno de los representantes legales de las organizaciones no gubernamentales que se mencionan a continuación:

Ceacol (corporación Especializada para el Desarrollo Integral y Agropecuario de Casanare y Colombia), Comipaz (Fundación Comité Territorio de Paz), Fedecong’s (Federación Casanareña de Organizaciones no Gubernamentales); ATDM (Asociación de Trabajadores y Desempleados de Monterrey, Agrofam (Asociación para el Fomento Agropecuario de Monterrey); ARFPA (Asociación Regiomontana para el Fomento y la Producción Agropecuaria); Aprodiga (Asociación Promotora de Desarrollo Integral Gaviota); Corinpac (Corporación Intergremial de Productores Agropecuarios de Casanare) y Asociación de Fomento Agropecuario de Brisas del Llano.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR penalmente responsable a EFRÉN ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ, de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, en calidad de autor responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, previsto en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000.

2. CONDENAR a EFRÉN ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ a la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo término y multa de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la comisión del hecho, a favor del tesoro nacional.

3. NEGAR a EFRÉN ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

4. DECLARAR que no hay lugar a la condena en perjuicios.

5. En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.

6. La Secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las que alude el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.

7. COMPULSAR copias de las piezas procesales, para los fines indicados en el numeral noveno de esta sentencia.

8. ADVERTIR que contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(23) Folio 11, c.o. 1.

(24) Tras ocupar el tercer puesto en las votaciones, el acusado acudió a las autoridades electorales para denunciar un fraude electoral, con resultados negativos. Por ello demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo la Sección Quinta del Consejo de Estado la que le entregó la credencial, en reemplazo de quien había obtenido la segunda votación.

(25) CSJ SP, 12 OCT. 2006, rad. 25465.

(26) Sentencia del 15 de septiembre de 2004. Rad. 21064.

(27) A través del informe 0921 del 20 de agosto de 2013, visible a los folios 113 a 118 del c.o. 5, se allegó en medio magnético el dossier de las ACC.

(28) Folios 95-176, cuaderno anexo 10.

(29) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 12:25.

(30) Declaración del 29 de mayo de 2014.

(31) Declaración del 29 de septiembre de 2011.

(32) Declaración del 4 de junio de 2014.

(33) De las declaraciones de los integrantes del grupo ilegal se colige que algunas personas aportaban recursos voluntariamente y otros por medios extorsivos.

(34) Declaración del 3 de junio de 2014.

(35) En su declaración del 24 de julio de 2013, precisó que entre 1998 y el 2002, aproximadamente, estuvo vinculado al área política y después del 2002 estuvo a cargo de un grupo de hombres en el área militar.

(36) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 1:00:30.

(37) Declaración del 24 de julio de 2013.

(38) Por esos hechos el Juzgado 2º Adjunto Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, mediante sentencia del 15 de junio de 2011, condenó a los exalcaldes por el delito de concierto para delinquir agravado. Sentencia confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, cuya demanda de casación fue inadmitida por esta corporación el 4 de diciembre de 2013, radicado 38656.

(39) CSJ, Sala Penal, sentencias del 13 de abril de 2011, rad. 26970, y del 27 de julio de 2006, rad. 24679.

(40) Declaración del 29 de mayo de 2014, registro 58:30.

(41) Corresponde al asesinato de 11 funcionarios de la Fiscalía y el Ejército Nacional, el 3 de octubre de 1997, cuando desarrollaban una diligencia judicial para la extinción de dominio sobre predios de un narcotraficante.

(42) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 9:30.

(43) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 1:02:10.

(44) Ib., registro 1:01:45.

(45) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 40:19.

(46) Declaración del 20 de junio de 2013, registro 9:34.

(47) Alcaldías, concejo, gobernación, Cámara de Representantes y Senado.

(48) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 2:11:15.

(49) Ib., registro 2:16:20.

(50) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 1:03:25.

(51) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 55:10.

(52) Declaración mediante certificación jurada, rendida el 26 de junio de 2014, visible a los folios 100 a 105 del c.o. 9.

(53) Declaración mediante certificación jurada, rendida el 17 de junio de 2014, visible a los folios 61 a 67 del c.o. 9.

(54) Declaración del 15 de junio de 2012, registro 9:06.

(55) Declaración del 4 de febrero de 2013, registro 9:50.

(56) Declaración del 15 de mayo de 2012, registro 13:00.

(57) Declaración del 2 de julio de 2014, registro 29:40.

(58) Ib., registro 10:50.

(59) Ib., registro 30:23.

(60) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 2:27:00.

(61) Entre esas ONG se cuentan: Ceacol (Corporación Especializada para el Desarrollo Integral y Agropecuario de Casanare y Colombia), Comipaz (Fundación Comité Territorio de Paz), Fedecong’s (Federación Casanareña de Organizaciones no Gubernamentales); ATDM (Asociación de Trabajadores y Desempleados de Monterrey), Agrofam (Asociación para el Fomento Agropecuario de Monterrey); ARFPA (Asociación Regiomontana para el Fomento y la Producción Agropecuaria); Aprodiga (Asociación Promotora de Desarrollo Integral Gaviota); Corinpac (Corporación Intergremial de Productores Agropecuarios de Casanare) y Asociación de Fomento Agropecuario de Brisas del Llano.

(62) Audiencia de juzgamiento, 3 de junio de 2014, registro 1:26:45.

(63) Declaración del 2 de julio de 2004, registro.

(64) Declaración del 4 de junio de 2014, registro 41:10.

(65) Declaración del 12 de junio de 2014, registro 2:05:10.

(66) Ib., registro 2:55:40.

(67) Declaración del 12 de junio de 2014, registro 2:56:00.

(68) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 55:48.

(69) Declaración del 4 de junio de 2014, registro 1:02:00.

(70) Declaración del 2 de julio de 2014.

(71) Declaración del 4 de junio de 2014, registro 47:50.

(72) Declaración del 24 de julio de 2013, registro 37:03.

(73) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 2:21:04.

(74) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 1:13:34.

(75) Versión libre del 3 de agosto de 2011, registro 1:24:05.

(76) Declaración del 7 de septiembre de 2011.

(77) Declaración del 24 de julio de 2013.

(78) Declaración del 28 de mayo de 2014, registro 45:50.

(79) Declaración de Pablo Monsalve Uribe, rendida el 14 de junio de 2012, registro 3:28.

(80) Folios 242, c.o. 7, y 164, c.o. 10.

(81) Folios 292-300, c.o. 2.

(82) Declaración del 4 de junio de 2014, registro 26:20.

(83) Declaración del 14 de junio de 2012.

(84) CSJ SP, 29 Jun. 2005, rad. 23568, y 14 Ago. 2013, rad. 37915.

(85) Folios 3-10, cuaderno anexo 16.

(86) Folio 57, cuaderno anexo 7.

(87) Los errores ortográficos son del autor del documento.

(88) Los errores ortográficos son de la Fiscalía.

(89) Folios 11-16, cuaderno. anexo 16.

(90) Folio 110, c.o. 2.

(91) Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de lista de candidatos.

(92) Folio 112.

(93) Acta de modificación e inscripción de lista de candidatos a corporaciones públicas.

(94) Folio 111.

(95) Folio 113.

(96) Declaración del 18 de octubre de 2012, registro 57:10.

(97) Declaración del 18 de octubre de 2012, registro 1:00:04.

(98) Id. Registro 1:12:55.

(99) Declaración del 15 de mayo de 2012, registro 18:55.

(100) Ib., registro 22:30.

(101) Declaración del 15 de mayo de 2012, registro 17:10.

(102) Declaración del 15 de junio de 2012, registro 30:50.

(103) Declaración del 5 de diciembre de 2011, registro 15:55.

(104) http://www.registraduria.gov.co/descargar/revista/enero_2014.pdf

(105) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 34:50.

(106) Declaración del 10 de junio de 2014, registro 2:08:30.

(107) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 22:05.

(108) Declaración del 12 de junio de 2014, registro 1:29:50.

(109) Declaración del 14 de junio de 2012, registro 19:40.

(110) Declaración del 2 de julio de 2014, registro 45:50.

(111) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 26:00.

(112) Declaración del 12 de junio de 2014, registro 26:00.

(113) Declaración del 21 de junio de 2013, registro 6:00.

(114) Declaración del 24 de julio de 2013, registro 1:26:37.

(115) Declaración del 20 de junio de 2013, registro 9:34.

(116) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 1:08:40.

(117) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 1:10:45.

(118) Declaración del 21 de junio de 2013, registro 6:00.

(119) Declaración del 4 de junio de 2014, registro 17:38.

(120) Ib., registro 44:32

(121) Declaración del 3 de junio de 2014, registro 1:15:55.

(122) Ib., registro 1:16:00.

(123) Ib., registro 1:08:42.

(124) Audiencia de juzgamiento, 3 de junio de 2014, registro 1:43:17.

(125) Folios 290-294, cuaderno anexo 2.

(126) CSJ SP, 14 Ago. 2012, rad. 36.981.

(127) A través del informe 0921 del 20 de agosto de 2013, visible a los folios 113 a 118 del c.o. 5, se allegó en medio magnético el dossier de las ACC.

(128) Declaración del 28 de noviembre de 2006, cuaderno anexo 1, folios 24 y ss.

(129) Declaración del 7 de septiembre de 2011.

(130) Declaración del 21 de junio de 2013.

(131) Declaración del 15 de junio de 2012.

(132) Declaración del 30 de mayo de 2013.

(133) Acorde con lo consignado en el informe 891 del 6 de agosto de 2013133, rendido por los investigadores del CTI destacados ante esta corporación, las sociedades Suministros Hernández Vargas, Constructora Marimari, Suministros Mariana Ltda., Agropecuaria La Juliana, conformadas por Ricardo Ramírez, por su excompañera Yamile Hernández o sus familiares, en el año 1999 obtuvieron cuantiosos contratos —suman más de $ 1.300’000.000— con la gobernación de Casanare.

(134) Declaración del 21 de junio de 2013, registro 6:00.

(135) Declaración del 15 de junio de 2012, registro 35:24.

(136) Ib., registro 37:10.

(137) Declaración del 4 de febrero de 2013, registro 20:59.

(138) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 32:39.

(139) Declaración del 30 de mayo de 2013, registro 17:25.

(140) Declaración del 14 de junio de 2012, registro 10:48.

(141) Declaración del 30 de mayo de 2013, registro 2:40.

(142) Ib., registro 1:19:09.

(143) Declaración del 22 de julio de 2013.

(144) Folios 43-46.

(145) Folios 187-192, c.o. 7. Decretos donde aquel fue encargado de la alcaldía los días 5, 6, 11, 12, 15 y 16 de septiembre, 12 y 13 de octubre y 1º de noviembre de 2000.

(146) Declaración del 22 de julio de 2013, registro 53:10.

(147) Ib., registro 1:09:28.

(148) Folios 18-53, c.o. 7.

(149) Folio 50, c.o. 7.

(150) Declaración del 16 de junio de 2014, registro 51:30

(151) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 1:10:45.

(152) Los formularios de inscripción reposan a los folios 110 a 113 del c.o. 2.

(153) La credencial emitida por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, obra al folio 120 del c.o. 2.

(154) Certificación emitida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, visible al folio 11 del c.o. 1.

(155) Registro 55:02.

(156) Declaración del 15 de mayo de 2012, registro 35:49.

(157) Folios 206-213, c.o. 7.

(158) Folio 242, c.o. 7.

(159) Declaración del 2 de julio de 2014, registro 29:22.

(160) Declaración del 2 de julio de 2014, registro 44:35.

(161) Diligencia del 3 de agosto de 2011, registro 53:58.

(162) Declaración mediante certificación jurada, rendida el 17 de junio de 2014, visible a los folios 61 a 67 del c.o. 9.

(163) Declaración del 15 de junio de 2012, registro 12:00.

(164) Ib., registros 15:50 y 20:32.

(165) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 20:15.

(166) Ib., registro 14:40.

(167) Versión libre del 3 de agosto de 2011, registro 1:29:30.

(168) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 17:46.

(169) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 44:32.

(170) Versión libre del 3 de agosto de 2011, registro 1:03:06.

(171) Ib., registro 1:33:40.

(172) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 47:58.

(173) Ib., registro 1:23:08.

(174) Declaración del 7 de septiembre de 2011, registro 1:08:08

(175) Ib., registro 44:32

(176) Versión libre del 3 de agosto de 2011.

(177) Ib., registro 1:31:59.

(178) Declaración del 15 de mayo de 2012, registro 17:18.

(179) Declaración del 18 de octubre de 2012, registro 1:32:27.

(180) Declaración del 4 de junio de 2014, registro 47:12.

(181) Folio 158, c.o. 7.

(182) Folio 234, c.o. 7.

(183) Folio 80, c.o. 8.

(184) Recuérdese que Welzel consideraba que las estructuras lógico objetivas constituían un límite al poder de configuración de legislador. En consecuencia, el legislador no crea las conductas sino que las extrae de la vida social. Por lo tanto, desde ese mismo punto de vista, el juez no puede desconocer el sentido ni el contenido de las conductas.

(185) Única Instancia 31-01-06. Radicado 6989.