Sentencia 15140 de noviembre 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho 

SP15140-2015

Radicación 46065

(Aprobado Acta 387)

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En este asunto, los motivos por los cuales el censor solicita casar la providencia recurrida no se acompasan con las constancias procesales ni con la naturaleza de las infracciones que evoca, razones por las que la Sala anticipa que desestimará su libelo. Véase:

1. La inconsonancia entre resolución de acusación y sentencia expuesta en el cargo principal no lo es tal, pues el cotejo objetivo de dichos proveídos permite vislumbrar una equivalencia conceptual respecto de los acontecimientos que a la postre llevaron a dictar condena en contra de O. de la R., consistentes en la capacitación que brindó a diversas personas en el departamento del Magdalena sobre la forma en que debían participar en las elecciones de Congreso en el año 2002, de cara al plan de fraude confeccionado entre las autodefensas y los candidatos de esa región proclives a sus protervos designios.

Así, acudiendo a la resolución de acusación de 26 de febrero de 2009, la Fiscalía elevó cargos por tres circunstancias concretas: i) J. G. S. le pidió al procesado, en virtud de su condición de funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, obtener el censo electoral de Magdalena para preparar con la ayuda de R. G. T. un fraude electoral gestado por el Bloque Norte de las AUC para infiltrar las instituciones públicas y con ese fin la organización dividió territorialmente el departamento en pos de direccionar la votación a favor de candidatos afectos a sus intereses, documentación que en efecto aquel consiguió, siendo elegidos G. S. y Salomón Saade Abdala, ii) O. de la R. se involucró en las actividades políticas de las AUC, junto con G. T., amigo de vieja data, al punto que recibieron un computador de última tecnología para gestionar el software con el que se ejecutaría el fraude electoral, recibió dinero adicional para obtener los censos electorales del Cesar y La Guajira e incluso viajaron juntos a Sabanas de San Ángel, lugar de operaciones del grupo armado ilegal, a coordinar lo pertinente y iii) el implicado participó en capacitaciones a los jurados que intervendrían en los comicios ilustrándolos acerca del modo en que deberían cometer el fraude. Sobre este último aspecto, textualmente se dijo:

[…] Aunado a lo anterior, sostuvo R. G. que, durante el primer semestre de 2002, se dedicó con O. de la R. a participar en varias reuniones políticas, para explicar a los que se desempeñarían como jurados electorales, cómo se crearía el fraude, advirtiendo O. que como se tenía el nombre de cada votante por cada mesa, la idea era que hacia el final de la jornada electoral se marcaran los tarjetones suplantando a algunos de los ciudadanos que no asistieron a votar, y que en caso de encontrar en la urna tarjetones marcados con candidato diferente al señalado por el Bloque Norte para esa región, estos tarjetones debían ser reemplazados por los marcados con el candidato designado por las autodefensas […].(6)

La sentencia de primera instancia, después de establecer que fue un hecho verídico el fraude electoral cometido en el departamento del Magdalena para los votaciones del 10 de marzo de 2002, conforme se denotó de los resultados inusuales obtenidos por ciertos candidatos, decantó los señalamientos realizados por R. G. T. en contra del procesado y concluyó:

i) en lo atinente a la consecución del censo electoral, restó capacidad demostrativa a lo afirmado por el testigo en el sentido de que juntos acudieron a la empresa de correos Deprisa a recoger los discos compactos contentivos de aquella información, por la confluencia de circunstancias exculpativas que ponían en entredicho la ocurrencia de esa situación,

ii) respecto de los encuentros de O. de la R. con J. G. S. y miembros de las AUC, indicó que aun cuando “J. 40” manifestó no conocerlo, ello no era óbice para que las reuniones se hubiesen llevado a cabo por cuanto era viable que éste solo tuviese presente aquellas que sostuvo con políticos al tratarse de las personas relevantes a efectos del fraude electoral, y en cuanto a G. S., pese a su negativa inicial de estar inmerso en ese convenio ilícito, estimó que su aceptación con fines de sentencia anticipada infirmaba su pregonada ajenidad con los hechos, “de tal suerte que aceptó como cierto lo que afirmó el señor R. G. en su contra”, lo que hizo extensivo a las referencias que acerca de la participación del implicado en los sucesos investigados aparecían en las diligencias. No obstante, reseñó que la testigo N. A. S. R., persona con quien supuestamente se concertaron reuniones, negó conocer al procesado y se aportó un informe del CTI que dio cuenta de distintas formas en las que se cometió el fraude electoral sin que la suplantación de votantes fuera una de ellas, advirtiendo, en consecuencia, incertidumbre sobre el punto y,

iii) en lo concerniente a los jurados de votación, consideró que la suplantación no se evidenciaba como el medio idóneo para lograr altas votaciones respecto de determinados candidatos, pues del testimonio de Judith Esther Salas Vallejo, delegada de la Registraduría en el municipio de Salamina, coligió que fue la coerción el móvil que llevó a la marcación de tarjetones a favor de algunos aspirantes, acontecimiento específico por el cual, en criterio del a quo, no se podía deducir responsabilidad penal en contra del acusado. Esta coyuntura llevó a proferir absolución por el delito de alteración de resultados electorales, aunado a que sobrevenía la duda “ante la imposibilidad de corroborar si el señor O. de la R. adquirió un censo actualizado o no”, replicando varios de los argumentos esbozados con relación a este aspecto particular y que incluían la consolidación de aquel para fecha distinta en la que se dijo había sido obtenido.

Sin embargo, se trajeron a colación apartes del relato brindado por J. G. S. cuando refirió que conocía de vieja data a E. O. de la R. y en el que precisó que éste fue contactado por su campaña, por intermedio de J. C. S.C., para que dictara una serie de capacitaciones a testigos electorales en Santa Marta y Fundación previo a los comicios del año 2002. Tales asertos, se confrontaron con la versión que frente a esta arista concreta suministró R. G. T. quien aseveró que se reunió con el mencionado, antiguo compañero de colegio suyo, en la campaña política de G. S. encomendándoseles idear un mecanismo encaminado a garantizar las votaciones para ciertos candidatos en razón de los intereses que tenía el Bloque Norte de las AUC para las elecciones de Congreso de 2002. De cara a este cotejo, el a quo, en proveído que constituye una unidad jurídica inescindible con el fallo de segunda instancia, dedujo:

“Ahora, si se observa que el señor G. S. relata que el procesado trabajó con él en su campaña capacitando testigos electorales y el señor G. S. aceptó haberse concertado con paramilitares para promover su organización y elegirse como congresista en el año 2001 y 2002 por medio de plan previamente elaborado, en razón a las acusaciones hechas por el señor R. G., se debe colegir que el procesado también es penalmente responsable del delito de concierto para delinquir agravado en su condición de servidor público, pues como se dijo con anterioridad el hecho de encontrarse en licencia no remunerada, no le sustraía esa condición […]. No sobra resaltar, que el concierto de voluntades se configuró entre el señor G. S. y O. de la R., concierto en el cual el primero de los mencionados transmite las órdenes impartidas por “J. 40”, órdenes que fueron cumplidas por el procesado al poner al servicio de la campaña de G. S. sus conocimientos en materia electoral […].

Entonces, cuando el señor E. O. siendo funcionario de la Registraduría, aceptó participar en la campaña política del señor J. G., luego de que éste le informara cuál era la intención de él y de “J. 40” (fortalecer las AUC infiltrándose en el legislativo), indudablemente, puso en riesgo la seguridad pública como bien jurídicamente tutelado por el Estado con el punible de concierto para delinquir. Así las cosas, se declarará al señor E. O. de la R. penalmente responsable del delito en cuestión”.(7)

Este recuento, permite colegir que los parámetros circunstanciales en punto de la comisión del delito contra la seguridad pública plasmados en la resolución de acusación se compaginan con el juicio de reproche por el cual se dictó condena, en tanto la participación del procesado en la campaña de G. S., político aliado de las AUC, a través de la impartición de capacitaciones que, según lo relató R. G. T., incluían la metodología del fraude concebido con el propósito de materializar su aspiración, se vislumbró como una conducta que configuraba la promoción de la organización armada ilegal. Dichas premisas, fueron precisadas por el ad quem de la siguiente manera:

“Para la Sala es claro que en el presente caso se encuentra acreditado a plenitud que el señor E. O. de la R. tenía conocimiento de la participación del Comandante del Bloque Norte de las AUC “J. 40”, en la campaña electoral del ex congresista J. R. G. S., toda vez que dentro del expediente se vislumbró, a través de las declaraciones rendidas por R. G., que el ex congresista les manifestó, a E. O. de la R. y a R. G., la voluntad del líder del grupo armado ilegal de llegar al congreso […].(8)

[…] todas estas declaraciones de J. R., ex jefe de informática del DAS y principal testigo del fraude electoral de los comicios legislativos del 2002, coinciden de manera armónica en los puntos esenciales antes resaltados como son la presencia del procesado en la campaña electoral de J. R. G. S., el conocimiento del señor E. O. de la R. sobre el apoyo proporcionado por el comandante del Bloque Norte de las AUC, R. T. P., alias “J. 40”, a la campaña electoral de G. S. y la intención de promover a nivel político las AUC y su movimiento clandestino “La Provincia Unida” en el Congreso de la República a través de las capacitaciones brindadas a los testigos electorales del ex congresista G. S.”.(9)

En estas condiciones, se recalca, no existe asidero para predicar que el procesado fue sorprendido con una imputación novedosa en la sentencia al ser la capacitación que impartió al interior de la campaña de J. G. S., candidato del Bloque Norte de las AUC, uno de los aspectos por los cuales fue llamado a responder en juicio. Ahora bien, lo que se denota es que el censor descontextualiza las aristas fácticas comprendidas en la acusación al etiquetarla como el compendio de acontecimientos de carácter ilícito subsumibles en un concurso aparente de tipos penales, ya que, contrario sensu a su tesis, fueron diversas variables las que confluyeron a la calificación de tales comportamientos como una lesión simultánea a la seguridad pública y a los mecanismos de participación democrática.

Bajo esa óptica, ha de repararse que la consecución subrepticia de censos electorales orientados a la suplantación de los votantes y la ulterior modificación de los tarjetones que resultaren marcados por candidatos diferentes a los patrocinados por las AUC, se enmarcó en la actuación dentro del tipo consagrado en el artículo 394 del Código Penal que sanciona al que “altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente”.

De otra parte, la participación de O. de la R. en la campaña de G. S., candidato de las AUC, fungiendo como multiplicador de su dinámica fraudulenta, según se anotó, fue considerada una promoción de la organización armada ilegal que materializaba la descripción del artículo 340, inciso 2º, de la aludida codificación, comportamiento autónomo con respecto al injusto analizado en precedencia y al margen de que tuviese un nexo causal afín. Por ende, el hecho de que tratándose de este ilícito no se hubiese arribado a la certeza en cuanto los aspectos que dieron paso a su imputación, o que no se hubiese advertido sin perplejidades la celebración de reuniones del acusado con integrantes de las autodefensas, no desdibujaba la verificación probatoria de aquel suceso puntual por el cual se profirió condena.

De este modo, el rol de capacitador de O. de la R. soportó el juicio de reproche en su contra por involucrarse a través de esta conducta en el convenio criminal desarrollado por dicho grupo ilegal, el cual, dentro de sus estrategias de cooptación de las instituciones, incluyó el fraude y la intimidación para que fueran elegidas personas afectas a su ideología en escenarios de orden nacional, como lo es el Congreso de la República. Así aconteció en otras zonas del país, conforme se acreditó en distintas actuaciones judiciales, incluidas varias adelantadas por esta Corporación, al tenor de lo reportado por diversas piezas procesales allegadas con ese fin a la foliatura(10) y consonantes con la mecánica delictiva auscultada en este trámite, dentro del fenómeno denominado “la parapolítica”. De contera, con independencia de que no se hubiese distinguido con precisión si la instrucción impartida por el mencionado recayó en jurados o testigos electorales, lo cierto es que esta se dio en un contexto de marginalidad asociado a un fraude electoral confeccionado elaboradamente que arrojó copiosos resultados, de acuerdo con la votación obtenida por Salomón Saade Abdala y J. G. S. quienes reconocieron su responsabilidad en estos sucesos, siendo tal cúmulo de circunstancias el que permitió dictar condena en las condiciones ya examinadas.

2. En lo atinente al cargo primero subsidiario, ha de recordarse que el falso juicio de identidad “supone evidenciar que el fallador al aprehender materialmente la prueba desfigura la literalidad de sus enunciados, es decir, que falsea lo dicho por el medio de persuasión y le atribuye un contenido distinto a partir del cual se configura el defecto de apreciación así definido” (CSJ AP 6382-2014).

De este modo, para advertir la comisión de tal clase de vicio, resultaba indispensable enseñar que los asertos de J. G. S. y E. O. de la R. fueron distorsionados por otorgarle el juzgador un alcance que no podía derivarse de su estricto contenido literal, empero, en este asunto, el censor edificó el yerro desde la disidencia que le produce el que la materialidad de esas versiones no hubiese sido tenida en cuenta en pos de asignarles el efecto por él reclamado, por cuanto se le restó capacidad demostrativa a esos relatos atendiendo la aceptación de cargos que con fines de sentencia anticipada realizó el primero de ellos.

Ciertamente, sobre el particular acotó el a quo:

“Por otra parte, resulta ser de gran importancia para el proceso el hecho de que el señor J. G. S. se haya acogido a sentencia anticipada por las acusaciones realizadas por la Fiscalía, de acuerdo con los señalamientos realizados por el señor R. G. Esto es así, porque el señor G. S., luego de haber negado en varias declaraciones haber participado en el fraude electoral del año 2002, así como tener nexos con miembros de las autodefensas, terminó siendo condenado por concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. Entonces, las declaraciones que rindió el ex congresista G. S. en donde aseguraba no haber promovido grupos paramilitares ni haber participado en el fraude electoral referido, no pueden ser tenidas como ciertas en tanto, quien acepta los cargos en virtud de la sentencia anticipada, está aceptando una doble imputación, la fáctica y la jurídica, de tal suerte que aceptó como cierto lo que afirmó el señor R. G. en su contra.

Entonces, la afirmación que hace la Fiscalía sobre que el señor O. de la R. y varios ex congresistas se concertaron con las autodefensas de J. 40 para dividir el departamento en “distritos electorales” y armar las candidaturas por parejas, no puede ser desatendida en atención a la declaración del señor Gamarra (sic) García, toda vez que éste aceptó en el transcurso del presente proceso haber sido promotor de las AUC con el fin de elegirse como congresista […]. Así las cosas, cuando el procesado solicita que se tenga como falso que él trabajó en la campaña de G. S., teniendo como sustento declaraciones del último de los sujetos señalados, se debe desechar esa posibilidad […]”.(11)

En la misma línea de pensamiento, el Tribunal expuso:

“En ese sentido se tiene que en sentencia anticipada proferida el 4 de noviembre de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado, el ex congresista J. R. G. S. aceptó que existió participación por parte del procesado E. O. de la R., tal como se señala en el acápite 7.2 sobre la responsabilidad del procesado “quien presuntamente se concierta con el grupo de paramilitares comandados por “J. 40”, con la finalidad de promover políticamente, con la determinante participación de O. de la R., funcionario de la Registraduría del Estado Civil para la época —marzo de 2002— para obtener beneficios recíprocos con la organización armada ilegal […]” (subrayado por fuera del texto original) […]. Lo que indudablemente demuestra que el actuar del juez de primera instancia, al valorar y considerar que la aceptación de cargos de J. R. G. S. a través de sentencia anticipada, también constituye prueba contra el procesado E. O. de la R., toda vez que el ex congresista aceptó la participación conjunta en el fraude electoral de 2002.”(12)

Así las cosas, es palmario que no confluye una alteración material de los medios de prueba evocados sino una discrepancia valorativa ajena a la naturaleza del error denunciado, pues aun cuando el ad quem afirmó que la sentencia anticipada en cuestión era prueba de cargo, el devenir argumentativo que rodeó el análisis de la declaración de J. G. S., según los apartes transcritos, no se circunscribió a que su aceptación de responsabilidad era extensiva respecto del actuar de los otros coprocesados en la actuación. El razonamiento de la judicatura, más bien se orientó a establecer la presencia de un referente objetivo fáctico que menguaba la fuerza suasoria de las versiones divergentes con el expreso reconocimiento de compromiso penal en cuanto a los sucesos antijurídicos específicos consignados en el acta correspondiente, bajo ese entendimiento, toda vez que la aceptación de G. S. no tiene -ni podía tener- condicionamientos o salvedades, incorporó la participación de O. de la R. como uno de los aspectos coetáneos a su papel individual de político que en connivencia con las AUC accedió al parlamento por medio del fraude electoral.

En otras palabras, frente al reconocimiento de responsabilidad de G. S. por los acontecimientos materia de investigación y juzgamiento, y sus dicciones en las que presenta al implicado ajeno a las actividades de los paramilitares y concurriendo de forma incidental a su campaña para una serie de talleres, las instancias optaron por darle prevalencia al primer escenario al coincidir con otras pruebas recaudadas en la foliatura, entre ellas las declaraciones de R. G. T. y de C. N. L. H., en detrimento de la segunda hipótesis que únicamente encontraba soporte en las exculpaciones de O. de la R.. En consecuencia, se reitera, no se avizora la configuración de la tergiversación endilgada en este ataque.

De otro lado, cuando el Tribunal refiere que el mencionado era consciente de que la campaña electoral de G. S. era una mampara de las autodefensas para infiltrarse en el Congreso Nacional, la inferencia no surge del relato por él brindado sino del estudio global de los medios de conocimiento allegados a las diligencias, lo que viene a ratificar lo infundado del reclamo al ser el falso juicio de identidad una irregularidad de carácter objetivo-contemplativo que no se verifica, conforme lo asumió el libelista, a partir de las deducciones obtenidas en el proceso de apreciación de la prueba, pues no puede confundirse la prueba, con lo probado. Por consiguiente, eventuales falencias en ese examen valorativo resultarían susceptibles de cuestionamiento por otra vía, en concreto, a través del falso raciocinio, de quebrantarse en dicho ejercicio intelectivo la sana crítica como medio de formación del conocimiento (Cfr. CSJ SP, 03 Dic 2001, Rad. 11130).

3. En esa secuencia, en lo concerniente al cargo segundo subsidiario, si bien es cierto el falso raciocinio permite al casacionista plantear yerros tratándose del análisis valorativo que hace el juzgador respecto de los elementos de juicio obrantes en el expediente, ello no quiere decir que tal postulación esté sujeta a su libre arbitrio, ya que debe indicar de modo preciso el principio de la lógica, la ley de la ciencia o la máxima de la experiencia desconocida, el motivo del error, y cuál principio, ley o máxima es la aplicable.

Así las cosas, se advierte que en la demanda allegada la labor demostrativa de la presunta infracción se limitó a la presentación de una valoración alternativa a la agotada por la judicatura, en punto del alcance de las afirmaciones de R. G. T., en particular, tratándose de la capacidad real del procesado para impartir capacitaciones en favor de la campaña de J. G. S., la relevancia hipotética de las mismas de cara al plan electoral de las autodefensas para las elecciones de congresistas en 2002 y la credibilidad del aludido testigo en consideración a su propia situación jurídica y el dictamen psiquiátrico que le fuese practicado.

Frente a este panorama, en primer lugar, ha de decirse que el reproche resulta confuso, toda vez que es contradictorio que se enarbole que O. de la R. carecía como funcionario de la Registraduría de tiempo suficiente para dedicarse al proselitismo político y, simultáneamente, que al hallarse en licencia no remunerada mientras su cargo era suprimido, la campaña de Sierra Gamarra le significó una alternativa lícita por cuenta de dicha coyuntura.

De igual modo, sin hacerse distinción de los conceptos, se hace referencia conjunta e indeterminada al desconocimiento de los principios de la lógica y de las máximas de la experiencia pese a constituir axiomas distintos, ya que en cuanto a los primeros “hay que entender que se trata de aquellos [principios] que gobiernan el entendimiento humano, sea cual fuere el objeto al que se aplica tal actividad, también se les conoce como reglas directoras del conocimiento (entre otras, las de "tercero excluido", "no contradicción", "razón suficiente", etc.) en tanto son las condiciones fundamentales del acuerdo del pensamiento consigo mismo, son, en pocas palabras, juicios en los que se sintetiza la traducción lógica de las posibilidades de raciocinio” (CSJ AP, 24 Ago 2011, Rad. 36383), mientras que las segundas son “generalizaciones que se hacen a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares, (que) no funciona por sí sola sino que lo hace como un enlace lógico o como parte del razonamiento que vincula datos indicadores que conducen a hechos desconocidos” (CSJ SP, 09 Feb 2006, Rad. 21548).

Así las cosas, las premisas expuestas en el reparo no superan la percepción subjetiva del demandante respecto del alcance de los señalamientos de G. T. que pretende anteponerse al mérito probatorio que a estos les confirió el juzgador, quien pese a que le restó verosimilitud a varios de sus asertos, convalidó otros por hallarse corroborados con otros elementos de juicio. En estas condiciones, ante esta llana disparidad de pareceres, prevalece el criterio de los sentenciadores al estar cobijadas sus decisiones con la presunción de acierto y legalidad.

Aunado a ello, varias de las postulaciones incorporadas en la censura resultan irrelevantes al dejar de lado un escrutinio integral de los hechos materia de trámite, por lo que es inane pregonar, entre otros, que no existían registros en la contabilidad de la campaña de G. S. en punto de pagos efectuados al procesado y G. T., ya que al brindar una asesoría y ayuda ilícita enmarcada dentro de la preparación y ejecución de un fraude electoral, deviene manifiesta la inconveniencia de dejar rastros de ese tipo, o que al negar “J. 40” conocer a O. de la R. éste queda marginado de responsabilidad, como si tal versión estuviese exenta de valoración, obviándose que esa afirmación riñe con lo demostrado en el plenario. Por ejemplo, recuérdese que el ex comandante paramilitar brindó referencias tangenciales de J. G. T.,(13) a pesar de acreditarse en la foliatura que era uno de sus aliados políticos.

De igual modo, el censor retoma apartes del dictamen psiquiátrico practicado por el Instituto de Medicina Legal a R. G. T. con el fin de cuestionar su credibilidad, al reseñar que reportó la presencia de un comportamiento “antisocial” y “obsesivo”, pero deja de mencionar que el experticio también concluyó a renglón seguido que esos rasgos no constituían una enfermedad mental que mermara las funciones cognitivas o volitivas del testigo y que para el momento del examen, no presentaba “signos o síntomas que sugieran un trastorno mental o precedente ni elementos concordantes con mitomanía o tendencia patológica a mentir”,(14) según se quiere exhibir.

Así mismo, se aspira contextualizar la presión armada como el único medio desplegado en las elecciones de Congreso de 2002 para favorecer a los candidatos apoyados por las AUC, cuando dentro de los mecanismos usados con ese propósito se identificaron, conforme lo trajo a colación la defensa, diez maneras distintas que no son del todo incompatibles con las instrucciones que, según G. T., fueron impartidas a los jurados de votación por O. de la R. en aras de elegir al candidato que en el Magdalena apoyaba “J. 40”.(15)

En ese entorno, el reparo en lugar de sujetarse a una exposición clara y concreta consistente con la modalidad de infracción postulada, se diluye en un alegato de libre confección que incluso termina poniendo en entredicho la calificación jurídica de la conducta, al involucrarse tácitamente en una discusión propia de la violación directa de la ley sustancial cuando sugiere la falta de aplicación del artículo 421 del Código Penal que sanciona el asesoramiento y otras actuaciones ilegales, retomando así el demandante una estrategia que sin éxito propuso en el transcurso de las instancias:

“Para la Colegiatura, también resulta desacertada la afirmación del defensor del procesado sobre la indebida aplicación del tipo, toda vez que del expediente se logra vislumbrar que efectivamente se materializa el punible de concierto para delinquir, porque el procesado a través de sus conocimientos como funcionario de la Registraduría, brindó una ayuda de vital importancia para que se materializara la elección del candidato político y promover el grupo paramilitar dentro de la región y el país”.(16)

4. Recapitulando, en las diligencias se mantuvo la consonancia entre acusación y sentencia al dictarse condena con soporte en la atribución de responsabilidad por un comportamiento puntual endilgado de modo explícito en la decisión que convocó a juicio a O. de la R.. Y ningún vicio de apreciación probatoria, surge de la disonancia de pareceres con respecto al alcance que de los medios de convicción fijaron falladores. Por consiguiente, según se anunció y acogiendo el concepto de la Procuraduría Delegada, la demanda será desestimada.

5. Por último, estando el expediente al despacho del Magistrado Ponente en estudio para fallo, el apoderado de O. de la R. pidió la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, en tanto, a su juicio, al cotejar la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, 12 de marzo de 2009, y la pena máxima aplicable al delito por el que se procede conforme la normatividad vigente para la época de los hechos, seis (6) años, pues el máximo de doce (12) años para el concierto para delinquir agravado previsto en el artículo 340, inciso 2º, del Código Penal(17) se reduce a la mitad, al tenor del artículo 86 ibídem; arroja, en su sentir, que para el 12 de marzo de 2015 había ocurrido el fenómeno extintivo.

Frente a lo anterior, ha de decirse que verificada la foliatura aparece que los guarismos indicados por el defensor son correctos, no obstante, éste matiza el contenido del artículo 83, inciso 5º, de la normatividad en comento y que para la época de comisión de los sucesos investigados establecía que “al servidor público que en ejercicio de las funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte”.

De acuerdo con lo expuesto en acápites precedentes, es claro que no solo la condición de conocidos de vieja data de J. G. S. y R. G. T. con O. de la R., sino su rol de servidor público de la Registraduría Nacional del Estado Civil, resultó ser el aspecto determinante que llevó a que fuera inmiscuido en el plan de fraude electoral gestado por el Bloque Norte de las AUC, siendo la experiencia adquirida en el cargo, dentro del designio delictivo ya analizado, capitalizada a su favor por coadyuvar al adiestramiento de diversas personas cuya actividad en un escenario específico concurrió a lograr su oprobioso propósito de infiltrar al Estado, de tal forma que al ejecutar el delito con ocasión de la función pública, es aplicable el aumento en cuestión.

Así, el incremento de aquel extremo punitivo en una tercera parte le reporta al mencionado un término prescriptivo de ocho (8) años para la fase del juicio que, conforme a la fecha de ejecutoria señalada con antelación, se cumplen el 12 de marzo de 2017. Por ende, a la fecha aún no ha fenecido la capacidad sancionatoria del Estado.

Valga anotar, además, que el hecho de que O. de la R. estuviese disfrutando de licencia remunerada para el momento de ejecución de los hechos no desdibuja su posición de servidor estatal para ese entonces, ni las consecuencias derivadas de esa circunstancia, entre ellas, el aumento del término prescriptivo, al tratarse de una situación administrativa que no lo desvinculaba de la función pública ni comportar una ruptura del vínculo laboral para efectos legales, coyuntura de la que era consciente al punto que así lo expresó durante la injurada.(18)

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida por el apoderado de E. O. de la R..

Contra esta decisión no procede ningún recurso

Cópiese, comuníquese y cúmplase».

(6) Cfr. Fl. 13 resolución de acusación / Fl. 76 c.o 9

(7) Cfr. Fl. 76 y s.s c.o 10

(8) Cfr. Fl. 10 sentencia segunda instancia / Fl. 14 cuaderno Tribunal

(9) Cfr. Fl. 20 / Fl. 24 ibídem

(10) Cfr. por ejemplo el análisis efectuado por la Sala en la sentencia condenatoria emitida el 16 de mayo de 2008, dentro del radicado 26740 en contra de Mauricio Pimiento Barrera (Fl. 166 y s.s c.o 5)

(11) Cfr. Fl. 71 y s.s c.o 10

(12) Cfr. Fl. 21 sentencia segunda instancia / Fl. 25 cuaderno Tribunal

(13) “José Gamarra Sierra sé que es un líder político importante y empresario del Magdalena, sé quién es pero no lo conozco personalmente […]” (Cfr. Fl. 34 c.o 5)

(14) Cfr. Fl. 244 c.o 5

(15) Al tenor del informe 067 del CTI de 2 de mayo de 2002, se hallaron estas irregularidades en los comicios del 10 de marzo de ese año: “1) números repisados, 2) borrones con líquido corrector y sobre escrito, 3) números con diferentes caligrafías, 4) formularios elaborados en lápiz, 5) formularios sin totalizar, 6) formularios firmados por los jurados y en blanco, 7) formularios llenos y no firmados por los jurados, 8) formularios con diferentes colores de lapiceros, 9) formularios que solo fueron llenados en mesas por un solo candidato, 10) formularios a los cuales se nota que el número de tarjetones no marcados, votos nulos o en blanco se colocaron a un candidato determinado”.

(16) Cfr. Fl. 10 sentencia segunda instancia / Fl. 14 cuaderno Tribunal

(17) Esto es sin la modificación punitiva introducida por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006

(18) “[…] lo único cierto es que yo no trabajé en ninguna campaña de marzo del 2002, estaba en licencia no remunerada pero tenía las condiciones de empleado público, o sea yo no podía hacer proselitismo político a ningún candidato”. (Cfr. Fl. 140 c.o 3)