Sentencia SP15358 de noviembre 7 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP15358-2014

Radicación Nº 41982

Aprobado acta 373.

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Cuestión previa.

Desde ya anuncia la Sala que declarará infundada la causal que, con fundamento en el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, bajo cuya ritualidad se impulsó el proceso en contra del condenado F.A.S.C. y esta acción de revisión, promueve su defensor, aduciendo el surgimiento de pruebas nuevas, no conocidas al tiempo de los debates, que establecen su inocencia.

Ello, porque lo que se cataloga de elemento de juicio novedoso, como se demostrará más adelante, no es tal para ese trámite, ni tiene la virtualidad de desdibujar la sólida y certera declaratoria de responsabilidad que recayó en su contra, por las conductas punibles de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

En esa medida, estima necesario la corporación partir por reiterar que en su naturaleza y efectos, la acción de revisión dista mucho de parecerse al recurso extraordinario de casación, dado que a través de la primera, cuando lo alegado es precisamente la causal tercera, no es posible realizar un nuevo examen, crítica o controversia a la actuación procesal y a los factores fácticos, jurídicos y probatorios que sustentaron la decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada, en tanto, el juicio que faculta derrumbar, para lo que se examina, el fallo condenatorio, viene consecuencia de allegar nuevos elementos de juicio, no conocidos durante el debate de las instancias, que demuestran la inocencia del procesado, imponiendo la decisión rescisoria para que se haga justicia.

Sobre el particular, esto ha sostenido pacíficamente la Corte(2):

La acción de revisión, a diferencia del recurso extraordinario de casación —a través del cual, con apoyo en los motivos legales que lo hacen procedente, es posible discutir la regularidad del trámite procesal, el cumplimiento de las garantías debidas a las partes, los supuestos de hecho de la sentencia de segunda instancia no ejecutoriada y sus consecuencias jurídicas—, tiene como objeto una sentencia, un auto de cesación de procedimiento o una resolución de preclusión de la investigación que hizo tránsito a cosa juzgada y como finalidad remediar errores judiciales originados en causas que no se conocieron durante el desarrollo de la actuación y que están limitadas a las previstas en la ley.

No es la acción de revisión por tanto un mecanismo disponible para reabrir el debate procesal, resultando indebido por lo mismo sustentarla en fundamentos propios del recurso de casación. Tampoco es una tercera instancia a la que se accede para discutir lo resuelto por los jueces o fiscales con base en los mismos elementos probatorios que les sirvieron a aquellos para tomar las decisiones.

Lo anterior significa que por medio de la acción de revisión no se puede abrir de nuevo el debate sobre lo declarado en la sentencia.

El juicio rescindente, en tratándose de la acción de revisión, opera respecto del fallo que se considera injusto gracias a la prueba o hecho nuevos, y no en relación con el trámite o actuaciones ya agotados, independientemente de que se evidencien irregularidades u omisiones trascendentes en el curso del proceso, las cuales, se repite, debieron tener como escenario natural de discusión los recursos ordinarios o el extraordinario de casación.

De igual manera, tiene establecido la Sala, que la invocación de la causal tercera de revisión, esto es, la aparición de hechos nuevos o el surgimiento de pruebas de igual naturaleza no conocidas al tiempo de los debates, implica presentar novedosos medios de convicción con la capacidad e idoneidad suficiente para acreditar la inocencia del condenado o su inimputabilidad, al punto de derrumbar el soporte probatorio de la sentencia que se determina injusta a pesar de su ejecutoria.

Estableciendo la diferencia entre hecho nuevo y prueba nueva, ha sostenido la Corte que el primero es aquel acaecimiento fáctico vinculado al delito que fue objeto de la investigación procesal, pero por no haberse conocido en ninguna de las etapas de la actuación judicial, no pudo ser controvertido; no se trata, pues, de algo que haya ocurrido después de la sentencia, pero ni siquiera con posterioridad al delito que se le imputó al procesado y por el cual se le condenó, sino de un suceso ligado al hecho punible materia de la investigación del que, sin embargo, no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del itinerario procesal porque no penetró al expediente.

Prueba nueva es, en cambio, aquel mecanismo probatorio que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex novo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal que se concretó en la condena del procesado.

Esos elementos de juicio novedosos que se aportan para verificar la inocencia del condenado, pueden clasificarse, acorde con lo consignado en la demanda y el trámite dado a esta, en dos grupos diferentes, aunque, finalmente, uno busca corroborar el otro: pruebas nuevas aportadas por el demandante; y nuevos elementos probatorios recaudados en el diligenciamiento de la acción.

Hechas las anteriores precisiones, la Corte procederá a analizar la capacidad demostrativa de las nuevas probanzas, de cara a los fundamentos que soportaron la sentencia de condena, teniendo en cuenta que tanto el procesado como su defensor, aseveran que con los nuevos medios de convicción quedó acreditado, tal como lo alegaron en las instancias, que el primero actuó amparado bajo la causal de ausencia de responsabilidad de la insuperable coacción ajena.

Para el efecto, la Sala adoptará la siguiente metodología: en el siguiente apartado dejará claramente determinado cuál fue el fundamento fáctico y probatorio de la condena impuesta a SC; luego traerá a colación esa novedosa prueba que pretende desvirtuarla y a continuación realizará el riguroso examen probatorio, que determinará si procede o no la causal de revisión invocada.

2. La condena proferida en contra del accionante F.A.S.C.

Las sentencias condenatorias que el accionante y su apoderado califican de injustas son las siguientes: (i) de primer grado, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Socorro, el 18 de marzo de 2009; (ii) de segunda instancia, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, el 6 de julio de 2009; y (iii) de casación, proferida por esta corporación, el 14 de septiembre de 2011.

La investigación respectiva, como quedó clarificado en los antecedentes del caso, se inició el 1° de agosto de 2002, con la resolución que dispuso la práctica de indagación previa y culminó con el ya referido fallo de la Corte, para luego dar paso a la fase de vigilancia de las sanciones, actualmente en curso.

A la misma fueron vinculados, además del demandante F.A.S.C. —en su condición de alcalde municipal de Gámbita—, los funcionarios J.E.U.T. —Secretario de Gobierno— y Y.A.D.M. y R.M.V. —Directoras de Planeación—, y el contratista R.A.V.

En últimas, cuatro de ellos resultaron condenados, a saber: S.C. y U.T. como coautores de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, A.V. como interviniente en el primero de ellos, y D.M. por el de peculado culposo.

Para lo que interesa al presente asunto, los hechos que fundamentaron la responsabilidad del burgomaestre, fueron claramente delimitados desde el comienzo de la instrucción y se concretaron en la resolución de acusación, dictada por la Fiscalía Cuarta Seccional de Bucaramanga el 16 de junio de 2006, de esta forma:

“El señor F.A.S.C. fue elegido como alcalde municipal del municipio de Gámbita, para el período 2001-2003, y de junio a diciembre de 2001 y de febrero a marzo de 2002, adjudicó dieciséis contratos de obra al maestro de construcción R.(sic) A.V., los cuales no fueron ejecutados pero sí pagados por la administración municipal al constructor, quien entregó los dineros en forma directa al alcalde o al secretario de gobierno J.E.U.T., que era el encargado de la elaboración de las cuentas de cobro. Las secretarias de planeación Y.A.D.M. y R.M.V., firmaron documentos donde se hacía constar que las obras habían sido ejecutadas y entregadas a la administración, sin que esto sea cierto”.

Esos egresos, reflejados todos en cuentas ficticias, quedaron debidamente descritos en el fallo de primera instancia, en donde se especifica que el menor fue por la suma $90.000.oo y el mayor por $2’250.000.oo, pues, supuestamente se destinaban para cubrir pequeñas eventualidades, relacionadas en su mayoría con el mantenimiento y la reparación de instalaciones municipales, tanto en el área urbana como en la rural. Finalmente, el monto total de los mismos ascendió a la suma $13’851.700.oo.

El sustento fáctico que acaba de mencionarse, nunca ha sido objeto de discusión y fue el tenido en cuenta igualmente por el Tribunal y la Corte, en las sedes de segunda instancia y casación, respectivamente.

Entonces, no hay lugar a controvertir probatoriamente que (i) S.C. desempeñó el cargo de alcalde municipal de Gámbita, al resultar electo para el período comprendido entre el 1° de enero del 2001 y el 31 de diciembre de 2003; (ii) durante su gestión, concretamente en los lapsos de junio a diciembre de 2001 y febrero a marzo de 2002, realizó los 16 contratos ficticios que se investigaron en éste trámite —ya que hubo otros—, en virtud de los cuales se apoderó de dineros oficiales; (iii) para ello contó con la colaboración de varios empleados de la administración y un contratista; y (iv) el monto del desfalco a las arcas municipales, por lo menos en lo que respecta a ésta causa, fue de $13’851.700.oo.

Ahora bien, en el curso de éste proceso y de otros que por hechos similares se adelantaron en su contra —en los que al parecer también se le declaró penalmente responsable—, S.C. ha ofrecido todo tipo de justificaciones, ninguna de las cuales ha sido de recibo.

Es así como pasó de asegurar mendazmente que los contratos sí fueron ejecutados, a atribuir las acusaciones a una persecución por parte de sus enemigos políticos. De manera velada aludía también a presiones y solo al final, cuando el juicio estaba próximo a culminar, manifestó que su actuar delictivo obedeció a las amenazas que ejercieron en su contra los integrantes de un grupo de autodefensas que operaba en la región.

En efecto, la primera versión que se le recepcionó al actor fue el 24 de abril de 2002, al momento de su vinculación mediante indagatoria. Allí manifestó que las falsas obras sí se realizaron y cuando se le hizo saber que el contratista Amador Vela previamente había declarado lo contrario, indicó que tuvo problemas con él porque amenazó con ejecutarlo civilmente y además se enojó debido a que contrató a otras personas. También aludió a la persecución política y todo ello lo ratificó en las ampliaciones de injurada ulteriores, rendidas el 9 de marzo de 2005 y 3 de septiembre de 2007.

Como ya se mencionó, en dichas diligencias también aludió de manera muy tangencial a presiones recibidas, pero estas apenas las vino a concretar en su cuarta deponencia, rendida en el interrogatorio de la segunda sesión de la audiencia pública de juzgamiento, el 10 de noviembre de 2008.

En esa oportunidad, dijo que los miembros del Bloque Central Bolívar de las AUC empezaron a intimidarlo apenas cuatro días después de su posesión, interceptándolo en todas partes, para exigirle que les colaborara con dotaciones; incluso una vez fue conducido hasta donde el comandante “V.”, fallecido dos años atrás —aclara—, quien le increpó y amenazó a un punto tal, que se viO obligado a cumplir y pagarle millonarias sumas de dinero, que obtenía de su propio peculio y del patrimonio del ente municipal.

Manifiesta incluso que la exigencia inicial fue de trescientos millones de pesos y que de su secuestro, cuyas fechas no alcanza a precisar, fueron testigos Y.A.D.M., secretaria de planeación, quien lo acompañaba ese día, y el posteriormente desmovilizado G.A.M.A., quien así lo admitió ante las autoridades de justicia y paz, ya que su intención era obtener los beneficios que ofrece la Ley 975 de 2005.

La tardía información aportada por el sindicado suscitó un agudo debate probatorio propiciado por su defensor, el cual fue descartado por los juzgadores a quo y ad quem debido a su extemporaneidad. De igual modo, esa circunstancia fue tenida en cuenta por dicho sujeto procesal para alegar que su defendido obró al amparo de la causal excluyente de responsabilidad de la insuperable coacción ajena, lo cual fue igualmente desestimado por los falladores y en la sede casacional.

Efectivamente, el juzgado de conocimiento, sin desconocer la influencia de los grupos paramilitares en la zona, consideró:

“Sin embargo y pese a la tardía denuncia de la presencia paramilitar, en el presente expediente no está demostrado que la ideada acción delictiva en que se ensañaron quienes de ella hicieron parte, realmente obedeciera o tuviera como móvil central, esas presuntas presiones de las autodefensas, las cuales no eran de tal envergadura como se pretende hacer creer, pues de haber sido así, ellos no hubieran necesitado de acciones como la del secuestro a principios del año 2002, de la que supuestamente hicieron víctima al ex alcalde enjuiciado, pues según lo ha expresado su retención se dio a raíz de no haber cumplido sus exigencias durante el año anterior, época en la cual se dieron casi la totalidad de las ilícitas apropiaciones sobre los caudales públicos aquí investigados.

Luego si era tal la gravedad de las amenazas sobre sí, se pregunta el despacho, cómo en la época en que más apoderamiento del dinero público se dio, el segundo semestre del año 2001, no cumplió con las supuestas exigencias económicas de “don Víctor”, como lo llamaban al jefe paramilitar en la región, luego, realmente qué tan graves eran las amenazas sobre él y su familia?, de haber sido constreñido como lo asegura, y de haber destinado así fuera parte del dinero obtenido a través de las cuentas que suscribía con R.A.V. para el beneficio de aquéllos, ellos no estarían inconformes como para realizar ese tipo de acciones en su contra”.

En similar sentido, el tribunal estimó:

“Las explicaciones de S.C. asomadas en la vista pública sobre intimidaciones de las autodefensas, no tienen consistencia, adquieren la categoría de excusa de última hora que lejos está de prevalecer a los cargos en su contra.

De ser cierto que hubo desviaciones de dinero para favorecer intereses de ese grupo irregular, lo más normal es que se hubiera dicho desde un principio y naturalmente que las presiones y amenazas se denunciaran ante las (sic) autoridad competente, máxime si siendo el supuesto afectado un alcalde se le iba a brindar la protección adecuada; pero además, el mismo Fredy Santana termina por impugnarse a sí mismo, como quiera que en un principio aludió a una persecución de sus adversarios políticos, luego alegó que las obras sí se hicieron, esto es, aceptando eso en gracia de discusión nada ilegal existió; después se refirió a unos pagos urgentes y compromisos ineludibles para que marchara su administración, y finaliza con el cuento de las A.U.C., para algunos suministros de ellos, de ahí que esa falta de consistencia del acusado lo que en el fondo logra es destruir su alegación.

En lo relativo a la justificación objeto de análisis, la Sala encuentra adecuada la valoración hecha por el a quo, en el sentido de que si Fredy fue secuestrado en el 2002 por no haber cumplido las exigencias que le hacían, eso significa entonces que no tiene ningún sentido plantear que el apoderamiento de dineros consumado en el 2001 fue para evitar las amenazas y demás presiones, pues si eso es así como bien se pregunta el funcionario de instancia, para qué tomar acciones en contra suya de esa naturaleza?

Por supuesto, ni U.T. ni A.V. hicieron alusión a ese tipo de constreñimiento, cuando de haber existido lo más normal es que a quien se acudió para que firmara también se le presionara de alguna forma, puesto que si no accedía la finalidad buscada no se obtendría. Por lo tanto, esa excusa del procesado no emerge en lo más mínimo confiable y sólida”.

A su turno, esta corporación, en respaldo a las disquisiciones de las instancias, opinó:

“La argumentación del demandante se quedó en el simple señalamiento general de la posible existencia de la irregularidad denunciada, misma que no demostró, porque no desarrolló un discurso jurídica y lógicamente coherente para fundamentar en el escenario de la casación la violación argüida, puesto que, incluso, fundamenta su pretensión en inexistentes premisas, al aducir que se apropió de los recursos por la insuperable coacción a la que fue sometido S.C., cuando sus disculpas se orientaron siempre a afirmar la inversión de las partidas en obras públicas y a la venganza de sus contradictores, a quienes señaló de faltar a la verdad con el ánimo de perjudicarlo.

Argumentos con los que se reafirma la bien denominada por las instancias coartada de último momento, los cuales forman parte de un complejo entramado que al resultar fallido para sus intereses, trató de dirigir hacia la ilícita actividad de grupos paramilitares, justificación que tampoco pudo estructurar, porque conforme lo explicaron las instancias, curiosamente los asedios y las presiones se materializaron en el año 2002, debido a que no hizo los pagos que le pidieron en el año 2001, empero casi la totalidad del apoderamiento de los recursos públicos ocurrió precisamente en este último año”.

En síntesis, la aducida causal de ausencia de responsabilidad que tardíamente ventiló la defensa técnica y material en el curso del juicio, no encontró eco en los juzgadores, no solo por la falta de sustento probatorio, sino también porque si las amenazas y presiones por parte de las AUC en contra del alcalde investigado comenzaron en el año 2002, no había forma de explicar los actos de corrupción que se perpetraron el año anterior, cuando con el asocio de sus compinches se dedicó dolosamente a desangrar los recursos oficiales de su municipio.

Quedan así esbozados, entonces, cuáles fueron los hechos probados por los cuales S.C. resultó condenado por los ilícitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, así como los motivos que tuvieron los juzgadores para descartar la causal excluyente de responsabilidad de la insuperable coacción ajena, que ahora pretende entronizar la defensa por la vía de la acción de revisión, invocando la presencia de prueba nueva que no se conoció al momento de los debates.

3. La prueba nueva que se aduce.

En términos generales, lo que se aportó como prueba nueva en éste trámite, tanto en la demanda como en el procedimiento de revisión, se contrae a las múltiples versiones que han rendido los desmovilizados G.A.M.A. y O.F.G., quienes se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y desde su primera versión ante la Fiscalía admitieron haber realizado, cuando pertenecían al Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, actos extorsivos en contra del alcalde municipal de Gámbita y algunos funcionarios de la administración local.

Incluso, M.A. y G. fueron condenados por este suceso el 19 de enero de 2012, en el Juzgado Penal del Circuito de Socorro, luego de que se acogieran a las prerrogativas de la sentencia anticipada, aceptando su participación en la conducta punible de extorsión agravada.

Copia de este fallo y, en general, de toda la actuación ventilada en contra de los postulados, fue incorporado como prueba a la actuación.

Asimismo, de entre las múltiples probanzas que ordenó allegar la corporación, se tienen las declaraciones juramentadas que rindieron los mencionados, y toda la información concerniente a su vinculación al proceso de Justicia y Paz que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación, al que adicionalmente también se hizo reconocer, pero en calidad de víctima, el actor S.C.

De todo ello, vale decir, no hay duda ni reparo alguno.

Ahora bien, lo que verdaderamente interesa establecer, a efectos de determinar la trascendencia de los novedosos elementos de juicio, es qué fue lo declarado por los desmovilizados M.A. y G., pues, no es suficiente atenerse a la existencia de una sentencia anticipada, en la que se hacen muchas afirmaciones genéricas y apenas se da a entender que la condena, en lo básico, radica en la exigencias dinerarias que hizo el comandante “V.” cuando “cierto día” —asi se dice en el fallo, sin concretar fechas—, S.C. fue conducido hasta él con ese propósito.

En este orden de ideas, la Corte repasará las versiones de los postulados, aclarando que a pesar de que fueron rendidas en varias ocasiones, no es necesario aludir a lo manifestado en todas y cada una de ellas, pues, no obstante la parquedad de sus dichos, sus deponencias siempre fueron en el mismo sentido.

Para que no haya dudas, se deja claro que las declaraciones recepcionadas a M.A. y G., aportadas a este trámite, fueron las siguientes: (i) entrevistas escuchadas por el investigador de campo de la Fiscalía 51 de Justicia y Paz, contenidas en su informe del 11 de noviembre de 2011; (ii) testimonios jurados suministrados en el proceso adelantado en su contra, antes de que se les vinculara, del 28 de octubre y 6 de diciembre de 2010; (iii) diligencias de indagatoria practicadas en el mismo trámite, el 7 y 22 de septiembre de 2011; y (iv) testificaciones juramentadas que rindieron en el curso de ésta acción de revisión, el 11 y 19 de junio de 2014.

G.A.M.A. ratifica el episodio en que lo involucra el demandante S.C., consistente en la retención de que fue víctima, “para finales de 2001”, cuando el comandante “Víctor” lo hizo comparecer para hacerle las exigencias económicas -le pidió $100’000.000.oo, aclara-. Incluso, fue el encargado de recibir la primera cuota y como posteriormente el alcalde empezó a desatender lo acordado, como “a finales de 2002” o “principios de 2003”, le dio instrucciones a O.F.G. para que le recordara la deuda al secretario de gobierno, J.E.U.T. Posteriormente supo, porque así se lo hizo saber el comandante “V.”, que sí había pagado.

Lo anterior lo concreta con estas palabras:

“Sí conocí al señor Fredy Ángel Santana aproximadamente a finales del año 2001 cuando el señor Santana fungía como alcalde del municipio de Gámbita. En esa oportunidad por orden del comandante V. quien era para ese entonces el comandante militar del frente, me ordenó interceptar al señor Fredy Santana quien venía del municipio (sic) Bucaramanga hacia Gámbita y para que asistiera a una cita o una reunión que se iba a realizar el corregimiento (sic) de Tolotá municipio de Suaita”.

O.F.G., por su parte, afirma que tenía un rango inferior a los de M.A. y “V.”, así que lo único que recuerda es que amedrentó a U.T. por indicaciones del primero, sin haber tenido nunca contacto alguno con el alcalde SANTANA CASTELLANOS.

Entonces, no cabe duda que el sustento fáctico de la condena por el delito de extorsión que recayó contra Mateus Acero, radicó en su calidad de integrante del grupo paramilitar, bajo la cual hizo conducir al alcalde municipal de Gámbita hasta el refugio del comandante “Víctor”, quien le exigió la entrega de la suma de $100.000.000.oo, de la cual inclusive recibió la primera cuota. Asimismo, por haber dado instrucciones a Oscar Fernando Galvis para que, meses después, intimidara al secretario de gobierno municipal y lo obligara a cancelar lo adeudado.

Por su parte, en lo que respecta a G., además de su militancia en la agrupación ilegal, el hecho concreto que se le atribuye consiste en haber amedrentado al funcionario J.E.U.T., lo cual ocurrió, no hay claridad, a finales del año 2001 o al comienzo del 2002.

Nada diferente, entonces, es lo confesado o aportado por los postulados, cuyo proceso no se caracteriza por una exhaustiva investigación, teniendo en cuenta que desde el comienzo aceptaron los hechos y cuando fueron indagados exteriorizaron su deseo de acogerse a la sentencia anticipada. De ahí que la condena haya recaído exclusivamente por el ilícito de extorsión agravada, circunscrito a las exigencias económicas que el grupo armado al margen de la ley al que pertenecían, realizó al alcalde municipal de Gámbita y un funcionario de la administración local.

En estas condiciones, habiendo quedado definido qué es lo que debe entenderse como prueba nueva en este asunto, la Corte procederá a su análisis, contrastándola, desde luego, con la condena que recayó en contra del accionante S.C.

4. Valoración de la prueba nueva.

Ya la corporación anticipó que declarará infundada la causal propuesta, pues, lo que el actor y su apoderado identifican como prueba nueva, no es tal en el presente evento.

Ello, porque la confesión y posterior condena por la conducta punible de extorsión agravada que recayó contra los desmovilizados G.A.M.A. y O.F.G., que es lo que estrictamente se tiene como novedoso en este asunto, alude a hechos completamente diferentes a aquellos por los cuales se declaró la responsabilidad penal de F.A.S.C.

Lo que sucede es que el demandante, con la aquiescencia de su defensor, de manera maliciosa pretende que los hechos aquí juzgados se consideren consecuencia de los actos extorsivos, aprovechándose para ello de la decisión condenatoria emitida en contra de los citados postulados.

Es decir, el accionante S.C., con el claro propósito de engañar a la judicatura, intenta sanear los actos de corrupción que fundamentaron la merecida y justa condena proferida en su contra.

En efecto, recuérdese que se le declaró penalmente responsable de los ilícitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documentos público, por hechos ocurridos entre junio de 2001 y marzo de 2002, cuando, prevalido de su condición de alcalde municipal de Gámbita y con la colaboración de varios empleados de la administración local, adjudicó dieciséis contratos ficticios, todos en pequeñas cantidades, hasta finalmente apropiarse de la suma de $13’851.700.oo.

La Sala no desconoce que con posterioridad, el burgomaestre empezó a recibir amenazas y presiones por parte del grupo de autodefensas que operaba en la región. Sin embargo, estas fueron posteriores a aquellos acontecimientos.

Por ello, la condena impuesta a los desmovilizados confesos resultó conveniente para S.C., en la medida en que tardíamente quiso explicar su comportamiento delictual, asegurando que todo obedeció a esos actos intimidatorios ejercidos en su contra, su familia y varios de sus subalternos.

Pues bien, se tiene que el punto de partida de esas presiones que se ejercieron en contra del alcalde, lo constituye su retención, a finales de diciembre de 2001, cuando fue conducido hasta el refugio del comandante “V.”, uno de los cabecillas del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, quien le exigió dotaciones y la entrega de una suma cercana a los $300.000.000.oo.

Para el año siguiente, como S.C. no había cumplido con lo acordado, fue increpado nuevamente por varios integrantes de ese grupo ilegal y finalmente entregó una primera cuota, de aproximadamente $50’000.000.oo, que recibió el ya citado G.A.M.A.

Meses después –no se precisan fechas-, como la deuda subsistía, fue necesario amedrentar nuevamente al alcalde, esta vez por conducto del secretario de gobierno, a quien se le recordó la deuda, lo cual se hizo por intermedio del paramilitar O.F.G.

En tales condiciones, claramente se advierte que se trata de dos hechos diferentes, que no guardan ninguna relación entre sí.

No obstante lo anterior, prevalido de los actos intimidatorios que estaba soportando, el sindicado S.C. comenzó a modificar las ya cuestionadas explicaciones que suministró a lo largo del proceso adelantado en su contra.

Para ello, quiso dar a entender, de manera falaz desde luego, que esos dieciséis contratos ficticios que celebró, ocurrieron simultáneamente con las amenazas del grupo armado al margen de la ley.

De ahí que cuando finalmente se decide a aludir a esas presiones, en la declaración que suministró en la segunda sesión de la audiencia pública de juzgamiento, el 10 de noviembre de 2008, mintió al asegurar que las amenazas empezaron “a los cuatro días” de su posesión, es decir, en enero de 2001, cuando es lo cierto, porque así se probó fehacientemente, que las mismas tuvieron lugar desde finales de ese año.

A partir de entonces, en esa declaración y en las posteriores, rendidas en otros procesos, se cuidó de precisar las fechas, pues, era consciente de que los actos de corrupción que se le atribuían, tuvieron lugar antes de que fuera retenido y amedrentado por las autodefensas.

El resultado de ello es una cadena interminable de contradicciones, con las que se refuerza que faltó a la verdad, en su desesperado afán por demostrar que para la elaboración de esos dieciséis contratos, fue presionado por la agrupación ilegal.

Incluso en la citada deponencia, hace saber que a comienzos de 2002 fue abordado por integrantes de esa banda, porque no había cumplido con lo que ellos querían. En concreto, dijo: “el año anterior (2001, se aclara) no les había cumplido con los que ellos querían”.

Si eso es así, atendiendo las propias palabras de S. C., entonces ¿cómo explica los desfalcos perpetrados sobre las arcas municipales desde junio de 2001? O sea, si él mismo reconoce que para el año 2002 no había empezado a cumplir con las exigencias de los paramilitares, no cabe duda que los dineros de que se apropió desde la anualidad anterior, fueron a parar a su propio patrimonio.

En otras palabras, si su retención por los paramilitares –a finales de 2001- obedeció al afán de recordarle que no había cumplido con las exigencias económicas, entonces, qué había hecho con el dinero del que se había apropiado desde junio de ese año?

Por esa razón, en el mencionado interrogatorio el procesado S.C. es bastante ambiguo con las fechas, ya que no las precisa y es ésta una actitud que conserva en las posteriores declaraciones, rendidas en trámites diferentes, pero que también fueron aportadas como prueba a la presente acción.

En una de ellas, vertida el 15 de enero de 2009, es decir, a solo dos meses de la suministrada en la audiencia del juicio, habla de “en una ocasión”; también dice que dos mujeres lo buscaron “siendo día de mercado”, o que un señor indagó por él “un día cualquiera”.

De igual modo, se atreve a decir que su secuestro ocurrió en septiembre de 2001, contrariando incluso lo que los demás testificantes —–y él mismo— hicieron saber.

Uno de ellos es Y.A.D.M., directora de planeación, quien estaba con él ese día y por lo tanto también lo padeció directamente. La funcionaria aseguró que la retención ocurrió en diciembre de 2001, lo cual recuerda con exactitud, ya que fue “días despuecitos de mi posesión”.

Lo anterior fue corroborado por el desmovilizado G.A.M.A., quien en todas sus exposiciones ha sido conteste al afirmar que ese hecho ocurrió a finales de 2001.

Acorde con lo anterior, se tiene que:

— S.C. fue sentenciado por actos de corrupción que tuvieron lugar entre los meses de junio de 2001 y marzo de 2002.

— La primera exigencia económica que le hicieron los paramilitares se concretó el día de su retención, en diciembre de 2001.

— Como hizo caso omiso a las exigencias, a comienzos de 2002 —no se sabe la fecha exacta— nuevamente fue abordado por los delincuentes, logrando así que pagara una primera cuota, que, de acuerdo al desenvolvimiento de los hechos, se hizo a mediados de ese año.

— La millonaria demanda por $300’000.000.oo que efectuaron los integrantes de las AUC, en nada se compadece con los $13’851.700.oo. de los que previamente se había apropiado el alcalde.

En conclusión, no es cierto que al momento de la comisión de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público por los cuales se condenó a S.C. en éste proceso, haya obrado amparado bajo la causal de ausencia de responsabilidad de la insuperable coacción ajena.

Se trata, a no dudarlo, de sucesos aislados y completamente independientes a los que se suscitaron con posterioridad, cuando efectivamente fue presionado y amenazado por los integrantes del Bloque Central Bolívar de las AUC.

Por ello, reitera la Corte, lo que en este asunto pretende hacerse valer como prueba nueva por parte de la defensa, no es tal, no solo porque acredita hechos que sí fueron conocidos al tiempo de los debates, sino también porque se refiere a acontecimientos completamente diferentes a los que sustentaron la condena impuesta al accionante S.C.

5. Decisión.

Acorde con lo anotado en precedencia, la Sala declarará infundada la causal propuesta.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

DECLARAR INFUNDADA la causal de revisión propuesta por la defensa del condenado F.A.S.C.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Devuélvase el proceso objeto de revisión, al juzgado que vigila la condena impuesta al aquí accionante.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Entre otros, en CSJ AP, 6 feb. 2007, Rad. 23839; CSJ SP, 25 jul. 2007, Rad. 23690; CSJ AP, 5 dic. 2012, Rad. 38543; y CSJ AP, 21 oct. 2013, Rad. 41651.