Sentencia SP15487-2017/46864 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP15487-2017

Radicación 46864

Aprobado acta 319

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Nota: Legis considera conveniente que los datos de partes, terceros o intervinientes, etc. sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda:

El impugnante adujo que el simple hecho de que el agente captor hubiera manifestado haber observado a una cuarta persona en la parte derecha del vehículo taxi no es suficiente para afirmar que el procesado era consciente de la acción delincuencial e intervino voluntariamente en su consumación.

Por lo anterior y en virtud de la falta de coincidencia en las declaraciones de los agentes captores, estimó que en este caso surgen dudas frente a la responsabilidad del acusado.

Cuestionó el razonamiento de la fiscalía en el sentido de que si S.J. no fuese responsable de la acción delincuencial no habría firmado el acta de incautación de las armas. Al efecto replicó que lo suscrito por él fue en realidad el acta de incautación del vehículo automotor.

Destacó cómo R.C. declaró no conocer al conductor del taxi, quien estaba haciendo recorrido consiguiendo clientes para transportarlos en forma colectiva. Según precisó, el testigo también afirmó que la captura la realizaron más de 10 agentes de la Sijin, no así solamente dos, como lo manifestaron los funcionarios de la Policía Nacional.

En síntesis, los dos testimonios con los cuales el tribunal soportó la condena no son contundentes en orden a demostrar los requisitos exigidos por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004. Por tanto, le solicitó a la Corte casar la sentencia impugnada.

(...).

Consideraciones de la Corte:

Como la demanda fue declarada ajustada a derecho desde el punto de vista formal, la Sala tiene la obligación de pronunciarse sobre los temas planteados por el casacionista, según así lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte.

Para el recurrente, las pruebas recaudadas no son suficientes para afirmar que M.S.J. estaba comercializando con las armas incautadas. En su criterio, la condena se basó en lo dicho por un informante a los policías captores, pero lo cierto es que el procesado era simplemente el conductor de un taxi y estaba prestando un servicio público.

Con el propósito de dar respuesta a la censura, la Sala abordará los siguientes puntos: i) precisará los fundamentos de la sentencia impugnada, (ii) se referirá al alcance y mérito de las declaraciones anónimas y (iii) analizará el caso concreto.

(i) Las razones del tribunal para condenar:

1. Los patrulleros E.A.J. y F.M.D., quienes intervinieron en la captura de M.S.J., fueron claros y contundentes en afirmar que los datos suministrados por una fuente humana vía telefónica relativos al número de placa del taxi, los objetos que allí se transportaban, el sitio donde se llevaría a cabo el negocio de unas armas y el número de personas que harían parte de él, coincidieron en su totalidad con los hallazgos que produjo el operativo adelantado como consecuencia de la mencionada información.

2. El procesado conocía de la ilicitud y se aprestó a su realización, pues solo así se explica que habiendo llegado al destino indicado por la fuente humana haya permanecido en ese sitio, participando de la charla que, de acuerdo con los efectivos policiales, se sostenía por las cuatro personas allí presentes. En ese sentido, actuó en forma contraria a la regla de la experiencia según la cual el taxista que ha finalizado la carrera contratada deja el pasajero y abandona el sitio para continuar trabajando.

3. El informante manifestó que el acusado y los pasajeros del taxi salieron juntos en la mañana de los hechos para llevar las armas hasta el norte de la ciudad de XXX.

(ii) Alcance y mérito de las declaraciones anónimas:

Advierte la Corte que el tribunal sustentó la responsabilidad del procesado S.J. a través de dos fuentes de información. En primer lugar, la llamada telefónica que efectuó a la Policía Nacional una persona que no suministró su nombre, mediante la cual avisó que en un vehículo taxi se movilizaban tres individuos con el objetivo de comercializar unas armas, quienes salieron juntos en el taxi en la mañana de los hechos.

Y, en segundo término, los testimonios rendidos por los uniformados E.A.J. y F.M.D., quienes manifestaron en el juicio oral que tras recibir la llamada telefónica, adelantaron el operativo de rigor y al arribar a la calle XXX con carrera XXX de la ciudad de XXX observaron a tres personas dentro del taxi de placas XXX que dialogaban con una cuarta que se encontraba por fuera del mismo, parado en la parte derecha del vehículo. Procedieron entonces —añadieron— a interceptarlos, estableciendo que quien lo conducía correspondía a M.S.J., mientras que en la silla trasera, a modo de pasajeros, se movilizaban R.C. y A.M.M. En ese mismo asiento hallaron los dos revólveres que pusieron luego a disposición de la autoridad judicial.

Como lo ha señalado la Sala (CSJ SP7570, 8 jun. 2016, rad. 40961), en la práctica judicial se suele confundir la declaración anónima con los medios utilizados para demostrar su existencia y contenido. Es claro que esto ha ocurrido en el presente evento, pues en el fallo impugnado se reseña lo dicho por el desconocido informante como si fuera una extensión del testimonio de los uniformados, cuando en realidad estos no hacen sino incorporar al juicio una declaración anterior al mismo.

Conforme lo ha expresado también la Corte, “una declaración anterior no pierde su carácter (testimonial), porque haya sido documentada de cualquier manera (CSJ AP, 30 sep. 2015, rad. 46153), ni, obviamente, porque las partes o el juez la denominen ‘prueba documental’, ‘elemento material probatorio’ o de cualquier otra forma” (CSJ SP 25 ene. 2017, rad. 44950).

Ahora bien, como igualmente lo ha puesto de presente la Sala (SP5798, 4 mayo 2016, rad. 41667), la legislación nacional reiteradamente ha negado a los anónimos la condición de medio de prueba y solo les reconoce el carácter de criterio orientador de las labores de indagación cuando suministran datos específicos sobre hechos o situaciones que interesan al derecho penal y son susceptibles de verificación.

Así se evidencia en los artículos 27.1 de la Ley 24 de 1992 (organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo), 38 de la Ley 190 de 1995 (estatuto anticorrupción), 29 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal anterior), 69 inciso cuarto de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal actual) y 81 de la Ley 962 de 2005 (Ley Antitrámites).

Dichas normas prohíben de manera general la admisión de quejas anónimas como fundamento de la acción penal y de otra clase de acciones, y solo autorizan reconocerle el carácter de criterio orientador de indagaciones oficiosas cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan adelantar gestiones específicas con el fin de verificar su contenido.

Esta prohibición se desprende también del contenido del artículo 430 de la Ley 906 de 2004, que define el documento anónimo y regula su eficacia probatoria, donde expresamente se proscribe su admisión y utilización con pretensiones probatorias, es decir, como medio de prueba, en atención a su condición de fuente de información de origen desconocido. La disposición, en efecto, establece:

“Documentos anónimos. Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo, se consideran anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio”.

En el precedente citado la Sala advirtió que la norma transcrita, en estricto sentido, solo se refiere a los documentos. Sin embargo, ningún impedimento halló para entender, como ya lo había hecho con anterioridad (CSJ AP3479, 25 jun. 2014, rad. 43865), que la prohibición opera para todos los medios o fuentes de información que tengan la condición de anónimos, en aplicación del principio lógico jurídico que enseña que donde existe el mismo supuesto fáctico debe existir la misma consecuencia jurídica, o que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, pues no tendría sentido que siendo la razón de ser la misma (el origen desconocido de la fuente informativa), la prohibición solo operara para los documentos.

De manera, pues, que las declaraciones anónimas resultan inadmisibles como prueba y solo sirven a manera de criterio orientador por el órgano investigativo para sus labores de averiguación, cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan verificar su contenido. Es que, como lo ha concluido de igual forma la Corte, ese tipo de fuente de información ni siquiera ostenta la capacidad para constituir prueba de referencia, pues esta debe provenir de personas conocidas o determinadas. Así lo expuso en CSJ SP, 6 mar. 2008, rad. 27477 y lo reiteró recientemente en CSJ SP606, 25 ene. 2017, rad. 44950. En la primera de esas decisiones, de la mano de la doctrina comparada, acotó:

“La doctrina comparada coincide en señalar, con criterio general, que la declaración que se realiza por fuera del juicio oral puede ser verbal o escrita, o provenir inclusive de otras formas de comunicación normalmente aceptadas, como ademanes o expresiones gesticulares que provoquen en quien las percibe la impresión de asentimiento, negación o respuesta.

También conviene en precisar que la declaración que informa de los hechos cuya verdad se pretende probar, debe provenir de una persona determinada, entendida por tal, la que se halla debidamente identificada, o cuando menos individualizada, con el fin de evitar que a través de la prueba de referencia se introduzcan al proceso rumores callejeros o manifestaciones anónimas, sin fuente conocida”.

(iii) Caso concreto:

Como quedó visto atrás, el ad quem fundamentó la responsabilidad del acusado con la declaración anónima recibida por las autoridades de policía, introducida al juicio oral a través de los testimonios de los uniformados E.A.J. y F.M.D. Según la información suministrada por el desconocido, tres personas se movilizaban en un taxi con el fin de comercializar unas armas. La corporación judicial también le atribuyó aseverar que los tres individuos salieron juntos en la mañana de los hechos.

Al margen de que esa última afirmación la agregó indebidamente el tribunal, pues los uniformados nunca expresaron que el informante hubiese dicho que los ocupantes del automotor lo abordaron de manera simultánea, lo cierto es que el fallador de segundo grado desconoció el valor restringido que la ley le asigna a las declaraciones anónimas, esto es, como criterio orientador de indagaciones oficiosas cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan adelantar gestiones específicas con el fin de verificar su contenido.

Por el contrario, utilizó la declaración anónima en mención para derivar de ella la demostración de que el procesado conocía el contenido del maletín transportado en el vehículo de servicio público por él conducido y el propósito del traslado de las armas, esto es, su comercialización. Es evidente que de esa manera incurrió en un error de derecho por falso juicio de convicción, al desconocer la tarifa legal negativa que opera respecto de la mencionada fuente de información (cfr. CSJ AP884, 25 feb. 2015, rad. 44800).

No sobra precisar que la equivocación del tribunal no configura un falso juicio de legalidad, porque no le otorgó validez a una prueba, a pesar de que en su producción o aducción se desconocieron las reglas establecidas en la ley para ese efecto, sino que asignó a la declaración anónima una capacidad demostrativa de la cual carece jurídicamente.

Determinado así que con la declaración anónima no resulta factible sustentar la responsabilidad de S.J., debe, entonces, la Corte establecer si el restante material probatorio permite sostener la condena y a ello se procede.

De los testimonios rendidos por los agentes del orden E.A.J. y F.M.D. surge demostrado: (i) en el taxi de placas XXX se movilizaban M.S.J., A.M.M. y R.C., el primero lo conducía y los otros iban sentados en la silla trasera, a modo de pasajeros, (ii) en ese mismo asiento, en la mitad de estos últimos, se encontraba un maletín con dos armas de fuego, y (iii) los tres ocupantes del automotor conversaban entre sí y con un cuarto sujeto que estaba parado por fuera del mismo.

Es evidente que con los dos primeros hechos en mención no resulta posible predicar, más allá de toda duda, que S.J. conocía el contenido de la valija y, por consiguiente, el propósito de su transporte. La ubicación en que se encontraban los tres ocupantes del taxi apenas indica que aquel simplemente les prestaba a los otros dos un servicio público, trasladándolos de un lugar a otro.

Ahora bien, tanto el tribunal como la procuradora delegada edifican en contra del acusado una regla de la experiencia con fundamento en la conversación sostenida por él con las otras tres personas que hacían presencia en el escenario de los hechos. Al respecto señalan que el taxista que ha finalizado la carrera contratada deja el pasajero y abandona el sitio para continuar trabajando.

Conforme lo ha expresado la Sala, las reglas de la experiencia son todas aquellas “generalizaciones que se hacen a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares” (CSJ SP, 19 de nov. de 2003, rad. 18787), de modo que para que ofrezca fiabilidad una premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia ha de ser expuesta, a modo de operador lógico, así: siempre o casi siempre que se da A, entonces sucede B (CSJ SP, 21 de nov. de 2002, radicación 16472).

Por tanto, según el ad quem y la representante de la sociedad, siempre o casi siempre que un taxista dialoga con sus pasajeros o con un transeúnte que se acerca a su vehículo es porque lo hace para convenir la realización de una actividad ilícita. Ese enunciado, sin embargo, no tiene carácter de universalidad, pues hay varios eventos en los cuales los taxistas conversan con tales personas sin propósitos delictivos, como cuando se suscitan desacuerdos por el valor del servicio, o cuando no encuentran la dirección de destino y entonces buscan orientación en alguien que camina por el lugar.

Se sigue de lo anterior que el tribunal incurrió en falso raciocinio al construir una regla de la experiencia que no reviste tal connotación.

El delegado de la fiscalía, en la audiencia de sustentación del recurso de casación, reprochó al procesado no identificarse como taxista en el momento del procedimiento policial, en orden a marginarse de la conducta delictiva cometida por sus pasajeros. Conforme a ese argumento, entonces, con su silencio S.J. aceptó su compromiso penal en el ilícito.

El planteamiento de la fiscalía es inadmisible, pues quebranta las garantías fundamentales que consagran los literales a), b) y c) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004 en beneficio de todo aquel a quien se le señala de cometer un delito, referidas al derecho que tienen de guardar silencio y a que esa postura no se utilice en su contra. Esas garantías, componentes del derecho de defensa, operan desde antes de la formulación de la imputación, conforme lo dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-799 de 2005, en uno de cuyos apartes señaló:

“En consecuencia, la activación del derecho de defensa es una prioridad esencial para aquella persona que se vea sometida a la vulneración de uno de sus derechos fundamentales. El caso representativo es la vulneración del derecho fundamental a la libertad a través de la captura, la cual inmediatamente activa el derecho de defensa de la persona capturada.

La activación del derecho de defensa en un capturado trae consigo un conjunto de derechos y prerrogativas en quien recae dicho acto, precisamente porque se está violentando el derecho a la libertad personal, esencial en un estado de derecho. Entre este conjunto de derechos encontramos entre otros:

— El derecho a guardar silencio y que este no se utilice en su contra...”.

Lo expuesto pone de manifiesto la ausencia de prueba en el expediente que demuestre la responsabilidad de M.S.J. en la conducta delictiva por la cual se le acusó. Ello conduce a afirmar que en su caso no logró desvirtuarse la presunción de inocencia que lo ampara, razón por la cual la Sala casará la sentencia impugnada y, en su lugar, confirmará la absolución pronunciada en su favor por el juzgado once penal del circuito de XXX.

Por lo anterior, se dispondrá cancelar la orden de captura librada en contra de S.J. como consecuencia de la condena proferida por el tribunal superior de la precitada ciudad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada.

2. CONFIRMAR la sentencia absolutoria proferida el 28 de agosto de 2013 por el juzgado once penal del circuito de XXX a favor de M.S.J.

3. CANCELAR la orden de captura librada en contra de S.J.

Contra esta providencia no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».