Sentencia SP15510-2014 de noviembre 12 de 2104

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP15510-2014

Rad.: 44.846

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado acta Nº 385

Bogotá, D. C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala revocará la providencia del tribunal para que, en su lugar, continúe con el trámite que corresponda de conformidad con las modificaciones introducidas a Ley 975 del 2005 y los reiterados pronunciamientos de la Corte. Las razones, que en lo esencial coinciden con las de los sujetos procesales recurrentes e, incluso, con las del salvamento de voto del magistrado disidente del tribunal, son las que siguen:

1. En principio, cabe precisar que la decisión censurada admitía el recurso de apelación y, por tanto, que la Corte adquirió competencia funcional para revisarla.

Lo anterior, por cuanto podría suponerse que la orden del tribunal de devolver las diligencias a la Fiscalía constituiría un auto de impulso, de simple trámite, esto es, de sustanciación y que, por tanto, no resultaba pasible de la alzada.

No obstante, al ordenar la devolución del expediente, lo que realmente hizo la Sala mayoritaria del tribunal fue negar la continuación del trámite y, con ello, la posibilidad al acusado (igual a las demás partes) de finalizar el procedimiento y, con él, la resolución definitiva de su situación jurídica, así como a las víctimas el pronto restablecimiento de sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

En ese contexto, no cabe duda de que el pronunciamiento comportó una decisión sustancial, de fondo y, por tanto, adquirió la connotación de interlocutorio, habilitándose el recurso de apelación y la competencia funcional de la Corte como juez de segunda instancia.

2. El extenso discurso del tribunal aspira a demostrar que la actuación de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, en su condición de comandante del denominado Bloque Héroes de Tolová, no cumplió con las exigencias de desmovilización previstas en la Ley 975 del 2005.

Así, encontró que varios desmovilizados (entre ellos el postulado) dieron cuenta de que “Don Berna” ordenó que un grupo de integrantes del bloque no se desmovilizara y, tras quedarse con las mejores armas, se dedicara al cuidado de los cultivos ilícitos y el control de su comercio, todo esto en demostración de la mala fe con la cual actuó.

3. De entrada, surge que esa censura, en la que se apoya la mayor parte de la argumentación del tribunal, apunta, no al postulado, sino a “Don Berna”, cuya situación jurídica no se dilucida en este proceso, de donde deriva que, en principio, el pretendido incumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con el gobierno, a voces del tribunal, de necesidad sería imputable a “Don Berna”, no a Yáñez Cavadías.

Ese mismo argumento se aplica a razonamientos como que el grupo delictivo no entregó la totalidad del armamento de que disponía, como que tal situación, de resultar admisible, provendría de la misma decisión de “Don Berna”, además de que la conclusión del tribunal sobre este tópico no deriva de pruebas que así lo señalen, sino de inferencias, a las que se opone el razonado planteamiento de la Fiscalía respecto de que en una organización delictiva la división de funciones comporta que no todos sus integrantes porten elementos bélicos.

4. La deducción de que el Bloque Héroes de Tolová pudo degenerar en la banda criminal “Los Traquetos”, que ha seguido delinquiendo, admite dos cuestionamientos, el primero, que ello no sería del todo válido, como que tal conversión no apuntaría a la totalidad del grupo, sino exclusivamente a aquellos de sus integrantes que, siguiendo órdenes de “Don Berna”, optaron por no desmovilizarse y continuar en la ilicitud, y, segundo, que a voces de los mismos razonamientos del tribunal ello sería imputable al comandante “Don Berna” (y a quienes formen parte de “Los Traquetos”), no al postulado.

La última conclusión igual es aplicable a la queja del tribunal relativa a que, desde la cárcel, “Don Berna” siguió delinquiendo al dirigir la banda “Los Paisas”, pues ello nada dice sobre Yáñez Cavadías.

Lo propio cabe decir sobre el tema de que “Don Berna” no entregó la totalidad de los bienes existentes en su poder, en tanto dejó algunos a nombre de testaferros y los brindados fueron aquellos de los que había despojado a sus víctimas, pues esto diría del incumplimiento por parte de “Don Berna”, no del postulado.

5. Todas esas situaciones, de conformidad con la reseña del tribunal, es claro que apuntarían a que, al parecer, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, en su condición de comandante del Bloque Héroes de Tolová, habría incumplido los compromisos adquiridos al desmovilizarse y postularse para ser incluido en el denominado proceso de justicia y paz.

Pero esas circunstancias compete debatirlas y demostrarlas, para aplicar las consecuencias legales que de allí se deriven, dentro del juicio seguido en contra de “Don Berna”, que no es el presente.

La responsabilidad penal es de carácter individual, personal, concepto que igual es de aplicación en el proceso de justicia y paz, de donde deriva que cada sindicado solo puede ser responsabilizado por aquellos hechos que hubiese cometido o que hubiere participado a título de dolo o culpa.

En ese contexto, Úber Darío Yáñez Cavadías solo puede ser responsabilizado por las conductas que probatoriamente le puedan ser imputadas legalmente por cualquiera de los institutos de la autoría o la participación.

En el caso analizado, el tribunal no solo no hizo tal cosa, sino que de manera profusa se dedicó a cuestionar el supuesto incumplimiento de sus deberes por parte de “Don Berna”, sin hacer el obligatorio ejercicio de dilucidar probatoria y jurídicamente por qué tales actos, imputables exclusivamente a aquel, debían ser trasladados a Yáñez Cavadías.

Encontrándose proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, solo cabía derivar la culpabilidad del último por aquellos hechos en el evento de acreditarse que hubiese sido autor, coautor, determinador o cómplice de los mismos.

6. Cabe resaltar que muchos de los hechos señalados por el tribunal como de incumplimiento por parte de “Don Berna”, los estableció probatoriamente con la versión de Yáñez Cavadías, de donde deriva cuando menos paradójico que si el postulado fue quien permitió concretar esa situación, tal postura de colaboración con la justicia sea tomada como indicio en su contra, cuando todo parecería apuntar a una inferencia en su favor.

7. El tribunal se detuvo en las versiones del postulado y concluyó que varias contradicciones en las que incurrió permiten concluir que no ha contribuido de manera eficaz en la construcción de la verdad en beneficio de las víctimas.

Señaló como tales, que en principio hubiera dicho que la orden a varios integrantes del bloque para que no se desmovilizaran y continuaran delinquiendo provino directamente de “Don Berna”, pero luego que la dio un tercero haciéndose pasar por aquel.

Es cierto, como enfatiza la corporación de primera instancia, que el juez no puede ser un “convidado de piedra”, sino que está obligado a contribuir con el proceso de elaboración de la verdad.

Pero parece que en supuestos como el indicado, y otros parecidos, el escenario propicio no era esperar el agotamiento del trámite para tomarse varios años de estudio y devolver el asunto a la Fiscalía, sino las audiencias donde se concretaron los cargos, en las cuales los señores magistrados han debido tener una participación activa poniendo de presente al postulado tales contradicciones para que el mismo brindara las explicaciones respectivas.

Por lo demás, varias de las inferencias del tribunal parten de supuestos, como que el postulado “debió” darse cuenta de algunos hechos, lo cual, de una parte, ha debido reclamar fuera suficientemente aclarado en las audiencias respectivas, y, de otra, que, a menos que exista prueba irrefutable en contrario, no puede descartarse la excusa del acusado respecto de que en determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar, no necesariamente estaba en condiciones de percatarse de todo lo sucedido.

8. De resaltar es que en algunos temas la postura del tribunal no pasó de simples especulaciones. Así, afirmó que un desmovilizado diferente al postulado integró la Corporación Avanzando Unidos por Colombia, pero años después fue sentenciado por concierto para conformar grupos armados ilegales, específicamente por ser un miembro de “Los Traquetos”.

Pero de esa situación, imputable a una persona diferente, mal puede derivarse, sin prueba alguna, que como Yáñez Cavadías también conformó esa corporación, entonces a este igual cabe hacerle el mismo señalamiento, pues, se repite, la responsabilidad penal es individual y no se traslada a modo de enfermedad contagiosa.

Por lo demás, con acierto la Fiscalía advierte que la vinculación del acusado a una red de cooperantes, mal puede estructurarse como cargo en contra del postulado, cuando, por el contrario, aquella operaba dentro de la legalidad, al punto de contar con el aval de la alcaldía, luego mal puede inferirse, sin más, que se trataba de una simple fachada para continuar con el dominio ilegítimo de la región.

Que algún desmovilizado hubiera dicho en alguna entrevista que el postulado pasó a formar parte de “Las Águilas Negras” es objeto de investigación separada, que no ha concluido y mal puede el tribunal asumir esa situación como hecho probado.

9. Con argumentos razonables, apoyados en diversos elementos de convicción, la Fiscalía concluye que el señor Yáñez Cavadías ha cumplido las exigencias legales previstas en la Ley 975 del 2005 y demás normas modificatorias de la misma. Respecto de los bienes señaló que el postulado no tiene ninguno a su nombre, pero precisó los que han sido entregados por el grupo delictivo a los que pertenecía.

En esas condiciones, las pruebas señaladas para esa conclusión no han sido negadas, sin que, como quedó acreditado, los razonamientos del tribunal adquieran peso para hacerlo.

10. La providencia recurrida será revocada, debiendo el tribunal proseguir el trámite conforme con las modificaciones hechas a la Ley 975 del 2004 y los lineamientos (que no simples recomendaciones) de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Revocar la providencia impugnada, para que en su lugar se prosiga el trámite en los términos señalados en la parte motiva.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».