Sentencia SP15530-2015 de noviembre 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP15530-2015

Radicación 44915

(Aprobado Acta 398)

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Se considera

La Sala inadmitirá la demanda de casación que se estudia por no cumplir las exigencias mínimas de orden formal requeridas para su estudio de fondo, ni satisfacer los presupuestos básicos de idoneidad sustancial necesarios para la realización de los fines del recurso. Por separado, analizará cada uno de los cargos propuestos.

Nulidad por desconocimiento de los principios de legalidad y tipicidad.

La casacionista sostiene, en lo sustancial, que el tribunal incurrió en una irregularidad generadora de nulidad al tipificar la conducta en el delito de peculado por apropiación, porque el procesado no tenía la condición de servidor público, sino la de contratista del instituto de seguros sociales, y no podía, por tanto, ser autor del referido delito.

En los términos en que el reproche está propuesto, es claro que equivoca la vía de ataque, porque las nulidades son por antonomasia errores in procedendo, es decir, errores de actividad procesal, de procedimiento, y lo que aquí se está planteando es un error in iudicando, o de juicio, que se presenta cuando el juzgador, al resolver el caso, se equivoca en la aplicación o interpretación del derecho sustancial.

Lo anterior, porque lo alegado por la demandante es que la conducta es atípica, es decir, que no se ubica en ningún tipo penal, y que el tribunal desconoció los principios de legalidad y tipicidad al condenar por un delito que no se estructura, ataque que se orienta a cuestionar la actividad in iudicando, o de impartición del derecho sustancial, no la actividad in procedendo, como lo entiende equivocadamente la recurrente.

Esto exigía acudir a la causal primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, que habilita la casación cuando el juzgador se equivoca en la labor de aplicar o interpretar el derecho material, la que a su vez prevé dos vías de ataque, la directa y la indirecta, según el error se presente en el ámbito del razonamiento estrictamente jurídico, o en la apreciación de las pruebas.

Adicionalmente a estos desatinos de fundamentación, la censura resulta infundada, porque el hecho que se destaca para sustentarla, consistente en que el procesado no se hallaba vinculado al Seguro Social a través de un acto administrativo, sino mediante un contrato de prestación de servicios, no lo ubica, de suyo, por fuera del ámbito de acción de los artículos 20 del Código Penal y 56 de la Ley 80 de 1993.

La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en sostener que cuando el contrato estatal, cualquiera que sea, transfiere al contratista particular el ejercicio temporal de una función pública, éste se equipara, por extensión, a un servidor público, y asume las responsabilidades propias de tal condición, acorde con lo dispuesto en los artículos 20 del Código Penal y 56 de la Ley 80 de 1993, y en la sentencia de la Corte Constitucional C-563 de 1998.

En sus innumerables pronunciamientos sobre el tema ha explicado que lo que transfiere al particular la condición de servidor público no es el vínculo contractual, sino la naturaleza de la función que le es asignada, la cual tiene que ser pública, entendida por tal la que se inscribe en el ejercicio de la prestación de un servicio a cargo del Estado (CSJ SP, mar. 6/2008, cas. 27477; CSJ AP, oct. 30/2008, colisión 30720; CSJ SP, dic. 14/2011, cas. 35121; CSJ AP, ago. 29/2012, cas. 38695; CSJ SP7759-2014, jun. 18/2014, cas. 41406; CSJ SP12019-2015, sep. 9/2015, cas. 45898, entre otras).

En el caso que se analiza, se tiene que ALEXÁNDER CUETO NARVÁEZ fue vinculado a la Clínica Centro del Instituto del Instituto de Seguros Sociales Seccional Atlántico mediante un contrato de prestación de servicios personales, como Técnico de Servicios Administrativos, donde adquiría, además de otras obligaciones, la de realizar las gestiones profesionales o las actividades encomendadas, responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el Instituto para la ejecución de las actividades convenidas, y colaborar con la entidad en el logro de sus fines.

La investigación demostró que el procesado laboró inicialmente en el Programa de Atención Domiciliaria, y que a partir del año 1998 fue asignado al almacén de la clínica, en condición de administrador del mismo, con atribuciones de control, manejo y custodia de los bienes que la entidad recibía y distribuía para la prestación de los servicios de salud que debía cumplir, cargo en cuyo desempeño se presentaron los hechos que son objeto de juzgamiento.

Esto, sumado a la consideración que dentro las funciones desarrolladas por el Instituto de Seguros Sociales como empresa del Estado se hallaba la prestación del servicio de salud a sus afiliados, y que las labores que ALEXÁNDER CUETO NARVÁEZ ejecutaba hacían parte del conjunto de actividades que la entidad debía atender para el cumplimiento de los referidos fines, no dejan duda en cuanto a que el procesado cumplía funciones públicas, y que ostentaba, para efectos penales, la condición de servidor público.

Nulidad por no haberse pronunciado el tribunal sobre la solicitud de invalidación del proceso por falta de definición de la situación jurídica.

Este reparo es infundado, porque, como se verá más adelante, cuando se asuma el estudio del cargo cuarto, el tribunal sí se pronunció sobre las nulidades solicitadas. Y además es irrelevante, porque la irregularidad que se denuncia no existió, toda vez que la decisión de la fiscalía de clausurar el ciclo investigativo sin resolver la situación jurídica del procesado, consultaba las tesis acogida por la jurisprudencia de esta Sala en la decisión del 20 de octubre de 2005, al resolver la antinomia que se presentaba entre los artículos 313.2 y 315 de la Ley 906 de 2004, y el artículo 354 de la Ley 600 de 2000.

Se dijo entonces que la contradicción que se advertía entre los referidos textos normativos debía resolverse privilegiando el principio de libertad personal, y por tanto, que la obligación de resolver la situación jurídica debía entenderse circunscrita a los casos en los cuales el delito por el que se procedía tuviera prevista una pena mínima privativa de la libertad superior a 4 años (CSJ AP, oct. 20/2005, segunda instancia 24152, que la fiscalía expresamente citó; y, CSJ AP, jun. 20/2007, única instancia 19528, entre otras), exigencia que no se cumplía en el presente caso.

Este criterio jurisprudencial se mantuvo inmodificado hasta la entrada en vigencia del artículo 28 de la Ley 1142 de 2007, que reformó el artículo 315 de la Ley 906 de 2004 para establecer que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad solo procedían cuando el delito tuviera pena mínima privativa de la libertad inferior a cuatro (4) años, con el propósito, justamente, de superar la antinomia que se presentaba con el artículo 313 numeral segundo ejusdem.

A partir de este momento quedó claro que la medida de aseguramiento de detención preventiva podía imponerse no solo cuando el delito tuviera pena mínima privativa de la libertad superior a cuatro años, sino también, cuando fuera igual a este monto, y por tanto, que frente al artículo 354 de la Ley 600 de 2000, resultaba necesario, en estos casos, resolver la situación jurídica, hermenéutica que es la que acoge actualmente la doctrina de la Sala (CSJ AP, mar. 4/2009, única instancia 27539; CSJ AP, abr. 22/2009, única instancia 26708; CSJ AP881-2014, feb. 26/2014, cas. 43234, entre otras).

El argumento adicional de la casacionista, consistente en que se trataba de un concurso de delitos, y que esto obligaba a aumentar la pena mínima en al menos un día, cumpliéndose de esta manera el requisito punitivo para resolver la situación jurídica, responde a un entendimiento equivocado del precepto, porque la pena a la que éste se refiere para efectos de determinar si procede o no la definición de la situación jurídica, es la prevista en la ley, no la que eventualmente pudiera imponerse en la sentencia.

Nulidad por desconocimiento del principio de investigación integral.

La Sala tiene dicho que cuando se plantea este motivo de nulidad no basta afirmar que se presentaron omisiones probatorias en el adelantamiento del proceso, sino que es necesario acreditar que las echadas de menos tenían relevancia probatoria real, o eran trascendentes, debiéndose entender por tales las que tienen la virtualidad de cambiar la visión de los hechos investigados e incidir en la definición del asunto (CSJ SP14476-2015, oct. 21, Cas. 44127).

La casacionista, en el desarrollo del ataque, se dedica a ponderar la necesidad de que en el curso de la investigación se hubieran practicado otras pruebas, que en su criterio habrían contribuido a aclarar los hechos, con el argumento de que eran imprescindibles para alcanzar este propósito, pero no explica qué hechos en concreto se probarían con la práctica de cada una de ellas, ni por qué, sin su concurso, no era objetivamente posible justificar una decisión de condena.

Esta forma de argumentar contraviene las directrices lógicas del ataque propuesto, porque la irregularidad no surge del hecho de no haberse agotado todo el universo de posibilidades probatorias que eventual o hipotéticamente pueden plantearse frente a un determinado asunto, sino de haberse dejado de practicar pruebas que por su estrecha relación con el caso tenían la virtualidad de modificar el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a la decisión cuestionada, condiciones que no reúnen las pruebas que se echan de menos.

El ataque, como se recuerda, parte de afirmar que los funcionarios judiciales dejaron de practicar los testimonios de GUSTAVO ENRIQUE GAMARRA SÁENZ, persona a quien el acusado dijo haber subcontratado para que le ayudara en el almacén; del contador SANTIAGO ALBERTO MÉNDEZ PERNETT, quien firma la certificación donde se hacen constar los montos del desfase; de la jefe del Departamento de Informática JANETH VARELA MORÓN; y del revisor fiscal. Y que omitieron realizar un balance general con corte a 31 de diciembre de 2001 y un inventario físico.

La importancia del testimonio de GUSTAVO ENRIQUE GAMARRA SÁENZ se vincula con el hecho de que el procesado, en la indagatoria, después de reconocer que tenía un faltante de elementos y que había falsificado la orden de salida 4355 de 17 de noviembre de 2001 para encubrirlo, señaló tímidamente como posible responsable a GUSTAVO GAMARRA, persona de quien dijo era su ayudante personal, a quien había subcontratado para que lo ayudara en el almacén, y a quien conocía porque había trabajado en el Instituto de Seguro Social en el área de servicio de aseo(3).

Con el fin de verificar esta información, la fiscalía indagó en la oficina de Recursos Humanos de los Seguros Sociales y en la firma INSERCOL por la historia laboral de GUSTAVO GAMARRA, y averiguó sobre su presencia en el almacén con funcionarios de la entidad, estableciendo que había laborado en el instituto durante los años 1998 y 1999, inicialmente en el área de aseo con la firma INSERCOL, y después por vinculación directa, en calidad de supernumerario, pero que desde entonces no había vuelto a trabajar en la entidad, y que no era cierto que hubiera estado laborando en el almacén como ayudante personal del procesado durante los años 2001 o 2002(4).

Esto muestra que la fiscalía sí adelantó gestiones orientadas a verificar las citas del procesado en indagatoria, y que la ausencia de la declaración de GUSTAVO GAMARRA no obedeció, como lo plantea la demandante, a la falta de gestión investigativa, sino a que las averiguaciones adelantadas terminaron descartando su presencia en el almacén como ayudante personal del procesado, y también a que la defensa no se interesó en su recaudo, como se establece del estudio de la actuación, de donde surge que ni en la instrucción, ni en el juicio elevó peticiones en dicho sentido.

En relación con las otras pruebas de índole testimonial que se relacionan como omitidas (del contador, del jefe de la oficina de informática y del revisor fiscal), la casacionista sostiene que eran importantes para que declararan sobre los movimientos contables, los faltantes y sobrantes registrados, la forma como operaba el sistema y otros aspectos de carácter general, sin indicar que hechos en concreto se habrían acreditado con sus dichos, ni por qué estos hechos, de haberse probado, habrían variado el sentido de la decisión.

Esta falta de concreción desatiende el objeto de demostración del ataque, que como ya se indicó, exige probar que los operadores judiciales omitieron verificar hechos puntuales de importancia para la definición del asunto, no que dejaron de practicar pruebas sin resultados concretos, como lo plantea la recurrente, quien pretende que la Corte anule la actuación y le permita allegar pruebas de contenido incierto, o hipotético, a ver qué resulta, lo cual es inaceptable, por no consultar los fundamentos que deben sustentar el reparo, como ya lo ha sostenido la Sala en otras oportunidades (CSJ SP, nov. 20/2013, rad. 41192).

Igual sucede con la prueba contable que echa de menos, pues no precisa qué hechos o aspectos específicos, distinto de los constatados a través de los soportes documentales y contables que sirvieron de fundamento al fallo, pueden establecerse con su práctica, ni porqué estos hechos cambiarían las conclusiones sobre la existencia del desfase, ni qué posibilidades de realización tendrían las pruebas que pide practicar (inventario y balances), después del tiempo que ha transcurrido desde la fecha de la ocurrencia de los hechos.

Dígase finalmente, para abundar en razones acerca de la intrascendencia del ataque, que las conclusiones sobre la existencia del desfase no solo se apoyaron en la certificación expedida por el contador SANTIAGO ALBERTO MÉNDEZ PERNETT, sino en otros documentos contables, que hacen parte del proceso, como el resumen de las transacciones realizadas por el almacén en el mes de febrero de 2002; el inventario físico de fecha 27 de febrero de 2002; las órdenes de salida del almacén 4355 de 17 de noviembre de 2001, 4470 de 20 de febrero de 2002 y 4488 de febrero 25 del mismo año, mediante las cuales el procesado pretendió encubrir el desfase; y el informe pericial contable CTI-UEA 065, de fecha 11 de febrero de 2003, que unidos al reconocimiento que el procesado hizo en su indagatoria de la existencia del faltante, permitían razonablemente afirmar la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado en el mismo.

Nulidad por desconocimiento del deber de dar respuesta a los cuestionamientos de la apelación.

Sostiene la demandante que el tribunal nada dijo sobre los contenidos del escrito de apelación, relacionados (i) con la violación del principio de investigación integral, (ii) el desconocimiento del principio in dubio pro reo, y (iii) la indebida valoración de la prueba. Y que esta omisión vulneró el derecho de defensa y el debido proceso.

Lo primero que debe decirse en relación con este reproche es que la demandante desatiende las exigencias de claridad y concreción en su fundamentación, como quiera que después de referirse a los aspectos a los cuales el Tribunal supuestamente no aludió, se dedica a cuestionar sus conclusiones probatorias, por considerar que son equivocadas, haciendo de su exposición un discurso difuso, que impide saber si lo denunciado es un vicio in procedendo, o uno in iudicando, o ambos a la vez, ni cuál es el verdadero alcance de la impugnación.

Adicionalmente a esto, el cargo, en los términos que se plantea, contradice el principio de corrección material, que exige que las afirmaciones que sustentan el ataque consulten la realidad procesal, porque de la revisión de la sentencia se establece que el tribunal sí aludió a las nulidades planteadas por la defensa, y que también analizó la prueba que sustentaba la decisión impugnada(5), no siendo cierto, por tanto, como se sostiene, que nada dijo sobre los referidos temas de la impugnación.

Cuestión distinta es que la motivación que acompaña la decisión impugnada no colme las expectativas de la impugnante, o no sea un modelo de suficiencia o solvencia argumentativa, como ciertamente no lo es, pero un ataque por este motivo implicaba demostrar no solo que la fundamentación era deficiente, sino que su precariedad había impedido ejercer eficazmente el derecho de contradicción, condición que la Sala no encuentra estructurada.

Revisado el fallo se advierte que el Tribunal, en el resumen de los fundamentos de la apelación, aludió a los tres aspectos que integraban su contenido, (i) nulidad por no haberse resuelto la situación jurídica, (ii) nulidad por violación del principio de investigación integral, y (iii) errores de apreciación probatoria. Y que en la parte considerativa se ocupó inicialmente de analizar las pruebas allegadas al proceso, para después, apoyado en la evidencia encontrada, desestimar las críticas realizadas por la defensa a la valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia, por considerarlas infundadas,

“Así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón a la recurrente, al afirmar que en la sentencia proferida por el juez de primera instancia no se valoraron las pruebas, pues a juicio de esta corporación, el fallo condenatorio fue el resultado de una valoración de las pruebas aportadas a la actuación, que aun cuando fueron pocas, no por ello puede decirse que no (sic) demostrativas de la responsabilidad de ALEXÁNDER CUETO en los hechos que se le endilgaron”(6).

Dentro del mismo contexto argumentativo se refirió a lo sostenido por ALEXÁNDER CUETO NARVÁEZ en su indagatoria en el sentido de que el posible responsable del faltante podía ser GUSTAVO GAMARRA, persona a la que había contratado como ayudante, para sostener que sus manifestaciones eran inverosímiles, porque no tenía facultades para subcontratar, ni existían pruebas de la subcontratación, raciocinio con el cual respondía no solo a las críticas realizadas por la apelante a la valoración del mérito de su dicho, sino a las que se hacían por no haber llamado a declarar a dicho sujeto.

Después dio respuesta a las solicitudes de nulidad planteadas por la defensa, es decir, a las que se proponían por no haber sido definida la situación jurídica y por violación del principio de investigación integral (únicas que hacían parte de la impugnación), al sostener que no se evidenciaban, y que la apelante tampoco había acreditado su existencia, argumentación que, aunque escueta, como pasa a verse, permitía conocer el motivo del rechazo y ejercer el derecho a la contradicción,

“Tampoco es de recibo su tesis de la existencia de nulidades que afectan el debido proceso, toda vez que, en primer lugar no se evidencia la presencia de alguna de las causales que puedan darle origen, así como tampoco la defensa indicó y mucho menos las acreditó.

“Recuérdese que la nulidad es un remedio extremo para subsanar falencias procedimentales, por lo tanto que quien la propone, no solo basta con alegar las razones de su inconformidad, también le nace la obligación de entrar a exponer y demostrar en qué causales de nulidades incurre el juez con la decisión adoptada. También tendría que señalar cuáles serían los perjuicios para el proceso o para alguna de las partes, la postura tomada por el funcionario, así como también indicar cuál de los principios que regulan el proceso penal estaría vulnerado con ese planteamiento, lo que se itera, omitió la apelante en este caso”(7).

Las restantes alegaciones de la libelista, orientadas a cuestionar los fundamentos probatorios de la sentencia por no haberse acreditado la tipicidad de la conducta ni su antijuridicidad, no solo se apartan abruptamente del objeto de demostración de la causal alegada, sino de los principios de autonomía, coherencia y no contradicción, que deben presidir la fundamentación del recurso.

Errores de derecho por falsos juicios de legalidad en la apreciación del informe pericial contable.

Esta censura presenta también desaciertos evidentes en su demostración, producto de equivocaciones en el entendimiento del error denunciado, pues se plantea un error de legalidad por desconocimiento de las reglas de producción de la prueba, pero lo que realmente se ataca es la idoneidad de su contenido, por presentar deficiencias en su fundamentación, planteamiento que, de tener sustento, repercutiría en la valoración de su mérito, no en su legalidad.

Concretamente se afirma que la pericia es ilegal porque se efectuó a espaldas de las normas contables y de auditoría, y que aunque la perito asegura en el cuerpo del dictamen que fue realizado de acuerdo con ellas, no indica qué disposiciones consultó, y tampoco solicitó el documento que contiene la falsificación de la firma, ni verificó las salidas no soportadas, ni las salidas del sistema, ni el resumen de movimientos, ni se informó de otros aspectos necesarios para que la pericia cumpliera las exigencias mínimas de un informe de auditoría.

La doctrina de la Sala ha sido persistente en sostener que una prueba es ilegal cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos requeridos por la normatividad legal para que adquiera validez jurídica, y que el error de derecho por falso juicio de legalidad por este motivo se presenta cuando el juzgador excluye la prueba porque considera que no cumple los requisitos legalmente exigidos, cumpliéndolos, o cuando la valora porque asume que los reúne, no cumpliéndolos.

Los requisitos de formación, producción o aducción son los condicionamientos que por mandato legal deben cumplirse previamente o en el momento de la práctica de la prueba para que ésta pueda nacer a la vida jurídica, o sea formalmente válida, o jurídicamente existente, como ocurre, por ejemplo, con los que exigen orden judicial previa para poder proceder a su práctica, o la presencia del defensor o de ministerio público para su realización, o el concurso de determinadas condiciones logísticas para su cumplimiento.

El ataque propuesto nada tiene que ver con estos requerimientos, porque lo realmente alegado es que la prueba desatiende las regulaciones legales sobre auditoría y contabilidad, cuestiones que se vinculan con las exigencias de fundamentación, no con los requisitos de formación, cuyo desconocimiento, como es sabido, produce efectos distintos, pues mientras la inobservancia de los últimos afecta la validez de la prueba, la pretermisión de los primeros solo incide en la valoración de su mérito (L. 600/2000, art. 257).

Esto imponía orientar el ataque por la vía del error de hecho por falso raciocinio y demostrar que la pericia desatendía en su fundamentación principios lógicos, postulados técnico científicos o máximas de experiencia, que hacían de sus conclusiones verdades inconsistentes, pero esta tampoco es la ruta demostrativa que sigue la casacionista, y la Sala no advierte que esta clase de errores de hayan presentado.

Sus alegaciones se soportan en la afirmación de que el dictamen es ilegal porque no cumple los derroteros de un informe de auditoría, sin reparar que la perito no fue comisionada para entregar un estudio de esta naturaleza, sino para realizar una pericia contable con fundamento en la información disponible, y que en esta actividad contó con el cuaderno de copias, donde reposaba la documentación que sirvió de apoyo para su elaboración(8), como claramente se desprende de la lectura de su contenido.

Esto deja sin piso la otra afirmación que sirve de soporte a la censura, consistente en que la perito sustentó sus conclusiones en lo que le contaron JOSÉ FRANCISCO VILLANUEVA JIMÉNEZ y SANTIAGO ALBERTO PERNETT en la visita que realizó a las oficinas del Instituto de Seguros Sociales de Barranquilla en el mes de febrero de 2003, pues lo que muestra el contenido de la prueba es que el estudio partió de los documentos que se hallaban incorporados al proceso, y que las personas que la perito entrevistó nada distinto aportaron de lo que ya existía en el mismo.

También evidencia la falta de demostración de la censura, pues la casacionista dice que la pericia viola un sinnúmero de normas de contabilidad y auditoría, pero no indica en qué parte concretamente, de los razonamientos que contiene, se presentó el error, ni qué incidencia tuvo en la construcción de sus conclusiones, ni tampoco qué implicaciones probatorias hubiera tenido frente a la decisión de condena, de aceptarse que la perito no era idónea, o que su fundamentación es deficiente, o equivocada, o distanciada de las regulaciones o principios técnico científicos.

Decisión

Visto, entonces, que la demanda estudiada no cumple las condiciones mínimas de orden formal ni sustancial exigidas para su selección a estudio, se la inadmitirá a trámite, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, y se ordenará devolver el proceso a la oficina de origen. Pero como se advierte que en la tasación de la pena de multa los juzgadores desconocieron el principio de legalidad, la Sala hará uso de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 216 ejusdem para enmendar el error.

Casación oficiosa

El artículo 397 del Código Penal, en su inciso tercero, norma aplicable al caso, dispone que si lo apropiado no supera el valor de los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de cuatro (4) a diez (10) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.

El juez, al determinar el monto de la apropiación, aseguró que ascendía a la suma de $ 7’809.198, que resultan de restar de $ 8’812.504, valor de la diferencia advertida, la suma de $ 1’003.306, correspondiente al valor de un sobrante detectado,

“[…] se encuentra demostrado dentro del plenario que el valor de lo apropiado por el señor ALEXÁNDER CUETO NARVÁEZ, fue de $ 7’809.198 pesos, según lo determinado por el perito MILAGRO GARRIDO en informe de fecha 11 de febrero de 2003”(9).

No obstante, al dosificar la pena, fijó la multa en ocho millones de pesos ($ 8’000.000), excediendo, de esta manera, el monto que legalmente correspondía imponer, razón por la cual, la Sala, en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 216, casará de oficio la sentencia para ajustar dicha pena a los límites legales.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensora de ALEXÁNDER CUETO NARVÁEZ.

2. Casar parcialmente, de oficio, la sentencia impugnada, para fijar la pena de multa en siete millones ochocientos nueve mil ciento noventa y ocho pesos ($ 7’809.198).

Contra esta decisión no proceden recursos

Notifíquese y cúmplase.»

3 Folios 85-91 del cuaderno original 1.

4 Sobre el punto declaró en el proceso OMAR DE JESÚS TABORDA RAMÍREZ, Subgerente Administrativo de la Clínica por la época de los hechos, quien sostuvo que no conocía a GUSTAVO GAMARA, y que la única persona que trabajaba en el almacén con el señor ALEXÁNDER CUETO NARVÁEZ era ABEL SARABIA, en condición de ayudante, personas que resultaban más que suficientes para el cumplimiento de las labores que allí se adelantaban (fls. 111-112, cdno. original 1).

5 Páginas 3, 4, 6, 7 y 8 del fallo.

6 Página 8 del fallo del tribunal.

7 Página 8 del fallo del tribunal.

8 La orden de salida 4355, supuestamente suscrita por CARMEN VICTORIA DE JESÚS BUELVAS ARRIETA; el resumen de movimientos del almacén del mes de febrero de 2002; el inventario físico de entrega del almacén fechado 27 de febrero de 2002; las órdenes de salida 4470 de 20 de febrero de 2002 y 4488 de 26 de febrero del mismo año, y la certificación expedida por el contador el 18 de marzo de 2002, entre otros documentos.

9 Página 36, cuaderno 2.