Sentencia SP15552-2016 de octubre 28 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN 44124

SP15552-2016

Radicación 44124

(Aprobado acta 342).

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Demanda presentada en nombre de MARTHA INÉS LEAL LLANOS.

1.1. Primer cargo. Nulidad por falta de querella.

Como el defensor refirió que conforme a la Ley 1142 de 2007 el delito abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto era querellable, advierte la Sala que, en efecto, conforme al numeral 1º del artículo 4º de tal legislación, requieren querella los delitos “que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad”, como ocurre con el citado punible, el cual tiene sanciones de multa y pérdida del empleo o cargo público.

No obstante, como la Fiscalía Delegada ante la Corte decidió desde un comienzo romper la unidad procesal para investigar en esta actuación todo lo relacionado con hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 en Bogotá, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2004, se impone establecer si la norma invocada por la defensa es aplicable al caso, pese a ser posterior a la ocurrencia de las conductas.

La querella corresponde a una condición de procesabilidad establecida por el legislador en los artículos 31 y 32 de la Ley 600 de 2000, en virtud de la cual asiste al sujeto pasivo de la conducta delictiva (a su representante legal si se trata de un incapaz o de una persona jurídica, a sus herederos si ha fallecido, al Ministerio Público o al Defensor del Pueblo cuando estuviere imposibilitado para formular la querella, sea incapaz y carezca de representante legal o al defensor de familia en tratándose de los delitos de inasistencia alimentaria) la facultad de poner o no en conocimiento de la administración de justicia la comisión de determinados comportamientos delictivos taxativamente establecidos en la ley, además de que cuenta con la posibilidad de disponer de la acción penal mediante el desistimiento de la querella (art. 37 de la misma legislación).

Para el 31 de diciembre de 2004 se encontraba vigente el artículo 35 de la Ley 600 de 2000, en el cual el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto no tenía la condición de querellable.

Ahora, tiene sentado la Corte(1) que si el legislador no establece la querella como presupuesto para el ejercicio de la acción penal derivada de la conducta punible, una vez el Estado tiene conocimiento por denuncia, informe u oficiosamente de la comisión del delito, tiene la obligación de adelantar el correspondiente trámite procesal hasta sus últimas consecuencias, sin que el advenimiento de una ley posterior que exija la referida condición de procesabilidad resulte aplicable retroactivamente en virtud del principio de favorabilidad, pues es claro que en tales situaciones la puesta en marcha del aparato jurisdiccional ya se consolidó, quedando a salvo, desde luego, la posibilidad de acudir al desistimiento y a la conciliación, procedentes de acuerdo con el referido principio por tratarse de la aplicación favorable de una norma posterior con efectos retroactivos.

Encuentra la Sala, sin embargo, que el supuesto acabado de mencionar no tuvo lugar en este caso, pues si el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto se entendió cometido el 31 de diciembre de 2004, es claro que para aquel momento su investigación era oficiosa, pero fue únicamente hasta el 22 de febrero de 2009, a través de la Revista Semana, que la Fiscalía tuvo conocimiento de tales hechos. Y ya para esa fecha estaba vigente la Ley 1142 de 2007, en la que se le otorgaba a esa conducta el carácter de querellable.

La exigencia de querella por parte del legislador para que el Estado ponga en marcha el ejercicio de la acción penal, comporta una situación favorable para el procesado si se le coteja con aquellos casos en los cuales es viable la investigación oficiosa, pues si el querellante es ilegítimo o siendo legítimo no es su voluntad promover la investigación de la conducta, el Estado no puede dar curso a su averiguación, mientras que tratándose de delitos de investigación oficiosa, aún contra la voluntad del sujeto pasivo la administración de justicia podrá adelantar la correspondiente investigación y juzgamiento.

En este caso se tiene que si para cuando se entiende cometido el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (dic. 31/2004) era de investigación oficiosa, pero pese a ello el Estado no se enteró de su comisión sino hasta el 22 de febrero de 2009, fecha en la que ya dicho comportamiento desde el 28 de junio de 2007 con la entrada en vigencia de la Ley 1142 del mismo año tenía la condición de querellable, se impone reconocer que en virtud del principio de favorabilidad la norma posterior a los hechos tiene efecto retroactivo y, por exigir la formulación de querella como condición de procesabilidad, debía ser promovida por el querellante legítimo.

Como así no fue, en cuanto sobra señalar que la publicación periodística de la Revista Semana no tiene la virtud de desplazar a los sujetos pasivos de tal comportamiento, máxime si para aquél momento ya habría operado la caducidad de la querella, considera la Corte que se dio curso a una investigación por el mencionado delito sin contar con la condición de procesabilidad exigida por el legislador, de manera que conforme al artículo 327 de la Ley 600 de 2000 se imponía proferir resolución inhibitoria por dicho comportamiento, toda vez que la acción penal no podía iniciarse.

Dado que en su momento la Fiscalía no adoptó la referida decisión, es evidente que el trámite surtido respecto del mencionado punible fue ilegítimo por quebrantar el derecho al debido proceso, pues siendo la querella una garantía esencial de las formas propias del juicio(2), pese a que en este caso no se contó con tal presupuesto de procesabilidad, se dio curso a la acción penal por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y se condenó a la procesada por el mismo.

Tal circunstancia determina que el cargo propuesto esté llamado a prosperar. Por ende, se dispondrá la casación parcial del fallo de segundo grado, en el sentido de invalidar el trámite surtido en relación con ese comportamiento contra la administración pública por el cual se procesó y condenó a MARTHA INÉS LEAL LLANOS y será cesado el procedimiento adelantado por la misma conducta.

Se ordenará, en consecuencia, excluir las penas que le fueron impuestas a la acusada por ese punible. Es decir, la multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pérdida del cargo, deducidas por la juez en primera instancia y confirmadas por el Tribunal.

La anterior decisión se hará extensiva a los no recurrentes Enrique Alberto Ariza Rivas y José Alexander Velásquez Sánchez, con fundamento en el artículo 229 de la Ley 600 de 2000. También se extenderá a los recurrentes JACKELINE SANDOVAL SALAZAR, HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA, JORGE ARMANDO RUBIANO JIMÉNEZ, quienes no plantearon tal incorrección.

Casación oficiosa

Como la Corte advierte que el delito de violación ilícita de comunicaciones tenía el carácter de delito querellable y pese a ello fue investigado sin que se contara con denuncia de parte interesada, desde ya y para evitar un esfuerzo inútil posterior derivado del análisis de las pruebas que sustentaron la condena por dicho comportamiento, se anticipa que se invalidará lo actuado en relación con él. Las razones son las siguientes:

Según el artículo 35 de la Ley 600 de 2000, vigente para cuando se cometieron las conductas investigadas, el delito de violación ilícita de comunicaciones requería querella.

El artículo 34 de tal estatuto procesal penal dispone que “La querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión de la conducta punible. No obstante, cuando el querellante legítimo, por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados, no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquéllos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a un (1) año”.

La Sala(3) ha precisado al respecto:

“La disposición regula dos eventualidades distintas relacionadas con la caducidad de la querella. La primera, cuando el querellante legítimo se entera acerca de la comisión del punible en la misma fecha de su ocurrencia. Y la segunda, cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito le impiden conocerla en ese momento.

“Ahora bien, una lectura desprevenida de la segunda hipótesis conduciría a afirmar que el interesado cuenta con un (1) año para presentar la querella, contado desde el momento de conocer la ocurrencia de la conducta punible, sin importar la época en que obtiene ese conocimiento. Tal entendimiento de la disposición, sin embargo, es equivocado. Su examen detenido y contextualizado permite arribar a conclusión diversa.

(…).

“Sin duda, porque de acuerdo con la disposición, el tiempo transcurrido hasta antes de conocerse la existencia del ilícito y el corrido con posterioridad no puede en absoluto, sumados los dos, exceder de un (1) año”.

“Para facilitar la comprensión de lo dicho, se mencionan los siguientes ejemplos: i) Si el conocimiento se obtiene a los dos meses de ocurrida la conducta delictiva, el interesado cuenta con seis (6) meses más para presentar la querella, es decir, en total ocho (8) meses; ii) Si el conocimiento se obtiene a los seis (6) meses, tendrá otro tanto para promover la acción penal; iii) si el perjudicado conoce el delito a los diez (10) meses de cometido, tendrá tan sólo dos (2) meses para activar la jurisdicción; iv) finalmente, si la ocurrencia del ilícito llega a su conocimiento después de transcurrido un (1) año de perpetrado, habrá en ese caso operado el fenómeno de la caducidad de la querella” (resaltado en el texto original).

En sentencia más reciente reiteró la Corte(4):

“Entonces, dígase, que frente al segundo plazo, con independencia de que hayan concurrido casos de fuerza mayor o caso fortuito, opera una regla, la que la Sala destaca en esta oportunidad:

“El término para la presentación de la querella en delitos como (…), en todo caso, no puede superar un año después de ocurrido el hecho; plazo que ciertamente busca frenar la indefinición de tales asuntos y la perentoriedad para que el afectado acuda a la jurisdicción penal”.

En suma, como el Estado reconoce unas tales facultades de disposición y arbitrio de la acción penal en cabeza del sujeto pasivo de la conducta delictiva y de quienes están llamados a representarlo, el legislador ha establecido para su ejercicio un término de caducidad de seis (6) meses contados a partir de la ocurrencia del delito, o de seis (6) meses desde cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor la conducta fue conocida por aquél, siempre que dicho lapso no sea en ningún caso superior a un (1) año contabilizado desde cuando ocurrió el suceso.

Entonces, si el marco temporal para el delito querellable de violación ilícita de comunicaciones se fijó hasta el 31 de diciembre de 2004 y si los hechos fueron conocidos por la Fiscalía cuando los publicó la Revista Semana del 22 de febrero de 2009, no hay duda que para tal momento había transcurrido mucho más de un año, es decir, ya había operado la caducidad de la querella, de manera que conforme al artículo 327 de la Ley 600 de 2000 se imponía proferir resolución inhibitoria por dicho comportamiento, toda vez que la acción penal no podía iniciarse.

Si en su momento la Fiscalía no adoptó aquella decisión, es evidente que el trámite surtido respecto del mencionado punible quebrantó el derecho al debido proceso, en cuanto la querella corresponde a una específica forma dispuesta por el legislador como presupuesto para poner en marcha el aparato de justicia estatal(5), sin que se contara con aquella en este caso al dar curso a la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

Tal situación determina a la Corte a disponer oficiosamente la casación parcial del fallo de segundo grado, para invalidar el trámite surtido por el delito de violación ilícita de comunicaciones, cesar procedimiento por el mismo comportamiento y excluir, como consecuencia, la pena impuesta a los procesados en razón de él.

Si en la sentencia de primera instancia al dosificar la sanción se partió de 81 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y se incrementó “en 12 meses por razón de la violación ilícita de comunicaciones y en otros 12 meses más por el de utilización de equipos transmisores o receptores, para un total de 105 meses”, decisión confirmada por el Tribunal, dispondrá la Sala excluir 12 meses de la pena impuesta a MARTHA INÉS LEAL LLANOS, JACKELINE SANDOVAL SALAZAR, HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA, JORGE ARMANDO RUBIANO JIMÉNEZ, Enrique Alberto Ariza Rivas y José Alexander Velásquez Sánchez, quedando en 93 meses de prisión, lapso en el cual también se redosificará la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

1.2. Segundo cargo. Nulidad por falta de investigación integral.

El principio de investigación integral se erige en el contexto de la normativa constitucional anterior al Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002 (art. 250, inc. final), en una exigencia dirigida a la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de investigar con igual interés y diligencia tanto lo perjudicial como lo beneficioso a los intereses del procesado.

Dicho precepto es reiterado en los artículos 20 y 234 de la legislación procesal penal de 2000, precisando que corresponde al funcionario judicial buscar la “verdad real”, para lo cual debe averiguar con igual celo tanto “las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia”.

Desde luego, la averiguación judicial por las circunstancias favorables y desfavorables al incriminado, tanto respecto de la materialidad del comportamiento, como de su responsabilidad, se enmarca dentro de los presupuestos establecidos en la ley para decretar y practicar pruebas, es decir, que éstas sean conducentes, pertinentes y no superfluas o inútiles.

Es claro, entonces, que la denuncia de violación del principio de investigación integral comporta el señalamiento específico de los medios de convicción omitidos, además del detallado análisis sobre su conducencia, pertinencia y utilidad, y lo más importante, su trascendencia, es decir, la acreditación de que esas evidencias habrían desvirtuado los fundamentos probatorios de la sentencia.

En este caso se tiene que si bien el defensor planteó que para el 2004 existió un grupo denominado G-3, organizado por la Dirección General de Inteligencia que rendía cuentas a José Miguel Narváez, su asistida MARTHA INÉS LEAL no figuró como miembro de aquél, lo cierto es que Fernando Ovalle Olaz, quien actuó como Coordinador de dicha agrupación, fue preciso al señalarla como parte del engranaje en su condición de Subdirectora de Análisis, junto con otras personas como JACKELINE SANDOVAL, Subdirectora de Contrainteligencia, JORGE RUBIANO JIMÉNEZ, Subdirector de Desarrollo Tecnológico y HUGO DANEY ORTIZ, Subdirector de Operaciones, de modo que la queja del recurrente es desvirtuada por el recaudo probatorio.

Como el casacionista refirió que en el fallo no se precisó cuáles fueron los cargos desempeñados por MARTHA LEAL y tampoco se estableció la época en la que los ejerció, así como sus funciones, advierte la Sala, de una parte, que en la sentencia se indicó que se desempeñó como Subdirectora de Análisis cuando adelantó labores del G-3, sin que se advierta la utilidad de establecer qué otros cargos ocupó, ni sus fechas.

Debe precisarse que el proceder doloso de MARTHA LEAL no fue deducido por saber de la existencia del G-3, sino porque decididamente hizo parte de tal organización a sabiendas de la ilegalidad de las actuaciones que adelantaba, consistentes en interferir en la intimidad de ciertas personas sin contar con las respectivas órdenes judiciales.

Así las cosas, encuentra la Corte que el defensor echa de menos una investigación integral por parte de la Fiscalía, dejando de lado que una prueba fundamental de cargo en contra de su representada y de otros procesados, fue lo expuesto por el propio Coordinador del G-3 Jaime Fernando Ovalle Olaz (fallecido), designado en tal condición por la cúpula del DAS. Este dirigía las reuniones periódicas que por obvias razones no se registraban en actas, en las cuales se definían los objetivos de interceptación telefónica o de correos electrónicos, así como los seguimientos y vigilancias que serían tramitadas por cada una de las subdirecciones concertadas, órdenes que por lo general eran verbales, según lo expuso Blanca Cecilia Rubio Rodríguez.

El mismo Ovalle Olaz señaló que el grupo no tenía respaldo legal alguno y se creó para identificar riesgos y amenazas para la seguridad nacional por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

De otra parte, señaló Astrid Fernanda Cantor que en el 2004 fue enviada a un grupo especial llamado G-3, que pertenecía a la Subdirección de Operaciones dirigida por Carlos Arzayuz, jefe de Fernando Ovalle, Coordinador del mencionado grupo. A su vez, MARTHA LEAL recibió la Subdirección de Operaciones cuando nombraron a Enrique Ariza Subdirector de Inteligencia.

Los relatos de Ovalle Olaz dan cuenta de los desmanes auspiciados por la Dirección del DAS respecto de ciertas personas y organizaciones, se reitera, sin que se contara con órdenes judiciales para invadir su intimidad, procedimientos que eran conocidos y sabidos por todos los que integraron el G-3 como organización ilegal en orden a establecer posibles vínculos de las víctimas con grupos armados ilegales.

Igualmente puntualizó Fernando Ovalle que ninguno de los subdirectores de la época se opuso a las labores del G-3 y por el contrario, “demostraban su espíritu de colaboración para cumplir todos los requerimientos del grupo, en cuanto contaban con el respaldo del Director del DAS” e indicó que MARTHA LEAL “facilitó el suministro de información cuando se desempeñaba como subdirectora de análisis”.

Como el recurrente manifestó que su asistida no cometió el delito de concierto para delinquir agravado, pues dicho comportamiento requiere la voluntad de promover grupos armados al margen de la ley, precisa la Corte que MARTHA LEAL fue acusada y condenada por el delito de concierto para delinquir agravado por el inciso 3º del artículo 340 del Código Penal, esto es, por organizar o encabezar dicho acuerdo ilegal de voluntades, sin que guarde relación alguna con la promoción de agrupaciones armadas ilegales.

Conforme a lo expuesto, considera la Sala que, contrario a lo reclamado por el defensor, la Fiscalía adelantó una investigación integral, cuyo resultado final permitió deducir responsabilidad penal a MARTHA INÉS LEAL LLANOS por los delitos objeto de la acusación.

El cargo no prospera.

1.3. Tercero. Violación del non bis in ídem. 

Para comenzar debe recordarse que ya en esta decisión fue invalidado el trámite seguido por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y se excluyeron las penas correspondientes, de manera que sólo perviven los punibles de concierto para delinquir agravado y utilización ilícita de receptores y transmisores.

Debe precisarse que si bien la violación ilícita de comunicaciones corresponde a un comportamiento instantáneo, no permanente, y en este asunto se cometieron muchos de ellos, lo cierto es que en la acusación se imputó un concurso homogéneo de tales delitos, pero en el fallo de primer grado, avalado por el Tribunal, se dosificó la pena como si se trata de una sola conducta de esa especie delictiva, aspecto que no es posible modificar en esta sede en virtud del principio de interdicción de la reforma peyorativa (Constitución, art. 31).

Advertido lo anterior se tiene que no asiste razón al censor al reclamar la invalidación de lo actuado por quebranto del principio non bis in idem, toda vez que el alcance de dicho postulado se orienta a impedir el adelantamiento de diferentes investigaciones por los mismos hechos.

Entonces, si aquí se trata de un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, nada impide que uno de ellos se investigue y juzguen conforme a la Ley 600 de 2000 y otros de acuerdo a la Ley 906 de 2004. Simplemente porque no son los mismos comportamientos, en cuanto unos fueron realizados en un tiempo y espacio diferente de los de los demás, y de ahí la circunstancia de que se rijan por diversas normas procesales.

Ahora, respecto del delito de concierto para delinquir agravado que corresponde a una conducta de carácter permanente y por ello pudo comenzar a ejecutarse en vigencia de la legislación procesal de 2000 y seguirse cometiendo una vez entró en vigor la Ley 906 de 2004, advierte la Sala que no hay prueba en esta actuación para acreditar que ya MARTHA INÉS LEAL fue condenada por dicha conducta, de modo que no es posible acceder a la pretensión invalidatoria de la defensa.

El cargo, en consecuencia, no está llamado a prosperar.

1.4. Cuarto. Violación directa por falta de aplicación del artículo 32 numerales 4º y 10 del Código Penal.

En primer lugar, encuentra la Corte que no es procedente en este caso reconocer en las conductas realizadas por MARTHA INÉS LEAL la circunstancia de exclusión de responsabilidad derivada del “cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales”, pues además de que no fue alegada por ella ni su defensor a lo largo del proceso(6), sino hasta la impugnación del fallo de primer grado, tampoco se advierten los elementos definidos en la doctrina y jurisprudencia para su configuración.

En efecto, ni aún en el caso de que el DAS fuera una entidad castrense sustentada en la disciplina militar, que no lo era, no se observa que MARTHA LEAL, en calidad de Subdirectora, estuviera llamada a cumplir órdenes manifiestamente ilegales, es decir, no legítimas, como eran las de realizar interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos sin previa orden judicial, así como seguimientos pasivos, respecto de varias personas y organizaciones, en orden a establecer posibles vínculos con el grupo armado ilegal FARC.

Por el contrario, tal como lo declaró Fernando Ovalle, Coordinador del G-3, los Subdirectores que hicieron parte de tal complot ilegal “demostraban su espíritu de colaboración para cumplir todos los requerimientos del grupo, en cuanto contaban con el respaldo del Director del DAS”, situación bien distante del acatamiento de una orden, con mayor razón si las comunicaciones por lo general eran verbales sin el cumplimiento de requisitos legales para evitar su posterior acreditación probatoria.

En suma, si no se trató de órdenes legítimas expedidas conforme a los cánones legales, no hay lugar a reconocer la invocada exclusión de responsabilidad penal para MARTHA INÉS LEAL, máxime si ni aún entre militares opera la obediencia ciega, sino la obediencia debida, en virtud de la cual el subordinado no está llamado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales.

En segundo lugar, como el defensor adujo que su asistida actuó cobijada por un error de tipo al considerar que debía obedecer las órdenes impartidas por sus superiores, considera la Sala que si MARTHA LEAL tenía formación universitaria en relaciones internacionales, amplia experiencia en el servicio de inteligencia y desempeñó cargos directivos en el DAS, es claro que contaba con cabal comprensión de lo ilegal en su actuar al ser integrante del G-3 y realizar los cometidos que concertadamente se distribuían periódicamente en las reuniones de sus miembros, todo lo cual excluye que se encontrara incursa en un error invencible de tipicidad.

El cargo no prospera.

1.5. Quinto. Violación de la presunción de inocencia.

Como el impugnante reclama que se violó la presunción de inocencia de su asistida, en cuanto las pruebas obrantes en la actuación no son suficientes para condenarla y debió aplicarse, entonces, el principio in dubio pro reo, encuentra la Sala que, como ya ha tenido oportunidad de precisarlo, “la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido, de modo que sólo cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad y existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad y suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del acusado”(7).

Por tanto, si en este caso se cuenta con pruebas documentales y especialmente testimoniales como la de Fernando Ovalle Olaz, que ubican a MARTHA LEAL como integrante del G-3 conformado para realizar interceptaciones telefónicas y a correos electrónicos ilegales, además de seguimientos a personas y organizaciones, el defensor no precisó, ni la Sala advierte, cuáles son las incertidumbres trascendentes respecto de la materialidad de los delitos o la responsabilidad de la procesada que impondrían la aplicación del principio in dubio pro reo.

Por el contrario, se constata que pese a la complejidad del engranaje ilegal al interior del DAS, consiguió establecerse cómo operaba el concierto ilegal de funcionarios dirigidos por un Coordinador, todos encargados de diversas tareas según sus funciones, en procura de sacar avante el propósito para el cual fue creada tal organización, esto es, verificar sin orden judicial posibles vínculos entre ciertos ciudadanos y ONG con grupos armados al margen de la ley.

En las carpetas AZ 1, 2, 6, 7 y 8, cuya autenticación no fue objeto de cuestionamiento, aparecen comunicaciones que dan cuenta de las interceptaciones telefónicas ilegales y allí también figura un memorando del 8 de septiembre de 2004 firmado por MARTHA INÉS LEAL, en su condición de Subdirectora de Análisis, dirigido a Fernando Ovalle Olaz, en el cual ordena trasladar la información de inteligencia recibida de varias seccionales al G-3 respecto de tres personas relacionadas con el caso Transmilenio, hecho que también fue corroborado por el Coordinador Ovalle en sus exposiciones, quien precisó que sin la anuencia de la funcionaria no se habrían podido cumplir los cometidos de dicha organización ilegal.

El cargo no prospera.

2. Demanda presentada en nombre de JACKELINE SANDOVAL SALAZAR.

2.1. Primer cargo. Nulidad por no tramitar control de legalidad.

Si el instituto de las nulidades se rige, entre otros, por el principio de trascendencia, según el cual, quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el deber de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que se afectaron de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o fueron socavadas las bases fundamentales del proceso, considera la Sala que el planteamiento de la defensa es meramente formal, pues pese a señalar que no se dio curso al control de legalidad solicitado, no explicó en concreto cuál fue el daño que de ello se derivó para su representada, esto es, no demostró que de haberse tramitado dicho control, el sentido del fallo sería diverso y benéfico a sus intereses.

Adicional a lo expuesto, se constata que dicha irregularidad no fue puesta de manifiesto en el curso de la actuación, mutismo que bien puede ser entendido como omisión de la defensa en alegar tal situación frente al funcionario que conoció del juicio, lo cual revela su exigua trascendencia en la condena de la acusada.

El reproche, por tanto, no tiene vocación de prosperidad.

2.2. Segundo. Nulidad derivada de acusación anfibológica y contradictoria.

Si la acusación es anfibológica cuando admite más de un sentido y, por ello, quebranta el derecho de defensa, por ejemplo, cuando “hay indeterminación en el tipo objetivo (la tipificación exige individualizar con claridad la modalidad delictual imputada), el tipo subjetivo (se impone precisar si la conducta punible fue dolosa, culposa o preterintencional), la forma de intervención en la conducta punible (al acusado no le debe quedar duda sobre si lo acusan como autor, coautor, determinador, cómplice o interviniente)”(8), considera la Corte que en este asunto no se presentó tal indefinición, pues, por el contrario, a folios 34 y 35 de la acusación se identifican los delitos por los cuales se acusó a los procesados y a folio 91 de la misma providencia se compendian sucintamente los comportamientos imputados a JACKELINE SANDOVAL.

Si la anfibología y contradicción en la resolución acusatoria comportan quebranto del derecho a la defensa del acusado, es claro que en este caso no se advierten tales falencias, pues el recurrente no dijo, ni la Corte establece, de qué manera se indujo en confusión a la procesada o a su defensor, como para que se les imposibilitara o siquiera dificultara ejercer en toda su amplitud el derecho a defenderse material y técnicamente.

Como en el mismo reproche el recurrente manifestó que si bien en la acusación se reconoce que el delito de acto arbitrario e injusto es subsidiario, pero pese a ello fue imputado a la acusada en concurso con otros, contrariando el artículo 31 del Código Penal, encuentra la Sala que si en esta providencia el trámite surtido por el mencionado punible fue anulado y la pena impuesta por el mismo excluida, por sustracción de materia la queja del casacionista no debe ventilarse.

Si desde el comienzo de esta actuación la Fiscalía precisó que fácticamente se investigarían en este proceso los hechos ocurridos en vigencia de la Ley 600 de 2000, esto es, los cometidos hasta el 31 de diciembre de 2004, ello, contrario a lo señalado por el defensor, excluye toda posibilidad de confusión en el ejercicio de la defensa sobre el particular.

La censura no prospera.

2.3. Tercero. Falso raciocinio respecto de lo expuesto por Fernando Ovalle Olaz.

Como el recurrente cuestiona que a Fernando Ovalle no le fue tomado juramento en los términos del artículo 337 de la Ley 600 de 2000, de modo que no puede tenérsele como testimonio en cuanto atenta contra las reglas de la lógica y sólo corresponde a un indicio, advierte la Sala que de tiempo atrás tal situación se encuentra suficientemente dilucidada por la jurisprudencia al señalar que la falta de juramento de un indagado respecto de cargos que formule a terceros no corresponde a un falso raciocinio, sino “a un probable error de derecho (falso juicio de legalidad) que, aun siendo cierto, no tiene trascendencia alguna, pues de acuerdo con reiterado criterio jurisprudencial, la falta de ese formalismo no afecta la legalidad de las sindicaciones hechas por un imputado en indagatoria contra un tercero, ni impide la apreciación de las mismas, ya que apenas comporta que no pueda ser investigado penalmente aquél por falso testimonio en el evento de que tales señalamientos no sean verídicos”(9).

Además, en una de las sesiones de la diligencia de indagatoria rendida por Fernando Ovalle (fl. 248, c.o. 10) le fue tomado juramento respecto de cuanto declaró contra otras personas y manifestó que sus aseveraciones “son ciertas y me ratifico bajo juramento en ellas”.

Como también manifestó el actor que al preguntar a Fernando Ovalle por los miembros del G-3 no mencionó a JACKELINE SANDOVAL, como tampoco la refirieron otros vinculados en sus indagatorias, constata la Corte que Ovalle Olaz, por el contrario, fue claro en señalar que las interceptaciones telefónicas y de correos fueron realizadas directamente por la Dirección General de Inteligencia “a través de la Subdirección de Inteligencia, inicialmente a cargo de JACKELINE SANDOVAL” y reiteró: “Las interceptaciones telefónicas y de todo tipo se solicitaban a la subdirección de contrainteligencia, estaba JACKELINE SANDOVAL”.

Igualmente afirmó que la procesada “servía de apoyo para la obtención de información de inteligencia, es más, en un comienzo nos suministró información biográfica sobre los integrantes de las ONG”.

Además, en la carpeta AZ #1 aparecen dos memorandos dirigidos por Fernando Ovalle, Coordinador del G-3, solicitando a JACKELINE SANDOVAL efectuar interceptaciones telefónicas, entre ellas, a la Comisión Colombiana de Juristas, Justicia y Paz, Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos y Corporación Jurídica Para la Reparación Social e Integral.

Obra un memorando del 17 de agosto de 2004, en el cual Fernando Ovalle solicita a la procesada adelantar labores de recolección de información sobre el caso Transmilenio, según lo acordado en “reuniones previas”.

Conforme a lo anterior, lo manifestado por Ovalle Olaz fue corroborado con otras pruebas para acreditar la responsabilidad penal de JACKELINE SANDOVAL, de manera que el reparo no prospera.

2.4. Cuarto. Falso juicio por omisión de lo declarado por Andrés Peñate.

Como el defensor manifestó que no se tuvo en cuenta lo expuesto por el ex director del DAS Andrés Peñate, quien indicó que al ingresar a dicha entidad abrió un concurso por meritocracia para directores seccionales y utilizó el polígrafo, en cuyo marco JACKELINE SANDOVAL ganó la Dirección de Boyacá, quien obró siempre conforme a la Constitución y la ley, considera la Sala que si el mencionado ciudadano laboró en el DAS en los años 2005 al 2007 y los sucesos investigados en este proceso, según lo definió desde un principio la Fiscalía, tienen como marco temporal el 31 de diciembre de 2004, pues al día siguiente entró en vigencia en Bogotá la Ley 906 de 2004, el sustento de la censura resulta carente de importancia en procura de acreditar la inocencia de la acusada.

Además, si JACKELINE SANDOVAL llegó a ser Directora Seccional del DAS en Boyacá mediante un concurso de méritos, tal circunstancia no tiene la capacidad de desvirtuar las pruebas que en su contra obran de cuando laboraba como Subdirectora de Contrainteligencia en el DAS Bogotá e hizo parte del G-3 adelantando procedimientos ilegales contra varias personas, en evidente violación del derecho a la intimidad que les asistía, en cuanto no contaba con órdenes judiciales para proceder de tal manera.

El cargo no prospera.

2.5. Quinto. Falso juicio de existencia por omisión de la documentación solicitada por la defensa.

Como el recurrente pretende la aplicación del principio in dubio pro reo, pues en su opinión las pruebas recaudadas no acreditan en grado de certeza la responsabilidad de su asistida, considera la Corte que en su esfuerzo defensivo se desentiende de las contundentes pruebas de responsabilidad que obran en la actuación, entre ellas, se reitera, lo expuesto por Fernando Ovalle Olaz, Coordinador del G-3, que la señalan como miembro activo de la organización en su condición de Subdirectora de Contrainteligencia, pues era quien tenía a su cargo la obtención, clasificación, análisis y valoración de la información recaudada, además de suministrar información directa sobre las hojas de vida y demás actividades laborales y profesionales de varios miembros de ONG objeto de escuchas ilegales e interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos.

Así pues, documentos aportados por la defensa que dan cuenta de: El número de requerimientos que para la época de los hechos recibían los grupos y seccionales del DAS en todo el país, la legalidad de los estudios de confiabilidad, lealtad y honradez en el DAS, los parámetros legales de las funciones de policía judicial de la dirección General Operativa a nivel central y las demás seccionales del DAS, los ciclos de información de inteligencia, las actividades de inteligencia y contrainteligencia, la ratificación de los convenios de la Cifin Cámara de Comercio, Instituto Agustín Codazzi y Ministerio de transporte, carecen por completo de aptitud para dar al traste con la información derivada de las pruebas de cargo que sustentaron el fallo de condena contra JACKELINE SANDOVAL SALAZAR.

El cargo no prospera.

3. Demanda presentada en nombre de HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA.

3.1. Primer cargo. Nulidad por prescripción de la acción penal.

Para la época de los hechos (dic. 31/2004) los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores (L. 599/2000, arts. 192 y 197) tenían una pena máxima de 3 años de prisión. No obstante, el inciso 1º del artículo 83 de la misma legislación dispone para efectos de contabilizar la prescripción de la acción penal que dicho lapso “en ningún caso será inferior a cinco (5) años”.

Ahora, como el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto era sancionado con multa y pérdida del empleo o cargo público (C.P., art. 416), según el artículo 83 del mismo ordenamiento el término de prescripción también era de 5 años.

Si dicho rubro se incrementa en una tercera parte, esto es, en 1 año y 8 meses porque las 3 conductas fueron cometidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se concluye que el término prescriptivo es de 6 años y 8 meses, como de tiempo atrás lo tiene resuelto la Corte(10), de manera que si desde el comienzo de esta actuación se definió como marco temporal de tales delitos el 31 de diciembre de 2004, el citado lapso extintivo de la acción se cumplía el 31 de agosto de 2011, pero como la acusación fue proferida el 26 de enero de 2010 y cobró ejecutora el 19 de marzo siguiente al quedar en firme la providencia mediante la cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por dos defensores contra la calificación y se aceptó el desistimiento que de un recurso similar presentó otro abogado, se concluye que para cuando quedó ejecutoriada la acusación no había operado la prescripción de las citadas acciones penales en el sumario.

Entonces, el cargo no prospera.

3.2. Segundo. Nulidad por violación del derecho de defensa.

Como el censor alegó que el fallador de primer grado no apreció las alegaciones expuestas por HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA, motivo por el cual violó su derecho a la defensa, posición que no corrigió el Tribunal, advierte la Corte que tal situación ya ha sido dilucidada por la jurisprudencia en los siguientes términos:

“A la hora de interpretar el alcance del numeral 4º del artículo 170 de la Ley 600 de 2000 (que consagra para todo fallo la obligación de incluir un análisis de los alegatos de los sujetos procesales, además de la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión), es viable concluir que al juez, en virtud del principio de motivación, no le corresponde atender puntualmente todos y cada uno de los alegatos que los sujetos procesales puedan efectuarle, sino tan solo explicar desde un punto de vista racional la decisión proferida respecto de los aspectos objeto de debate, mediante la inclusión de argumentos fácticos y jurídicos deducidos del material probatorio que figura en la actuación”(11).

Desde luego, en el tema abordado no se pueden establecer situaciones absolutas frente a falencias de respuesta, siempre y cuando la sentencia satisfaga en forma plena los deberes de fundamentación del supuesto fáctico, probatorio y su sustento jurídico, máxime si del contenido de la decisión emergen suficientes y adecuadas las respuestas a los planteamientos jurídicos o probatorios que se han hecho.

Únicamente cuando aquella deficiencia en las motivaciones comporte una absoluta ausencia de respuesta, o cuando la dada es tan incomprensible que conspire contra el ejercicio del contradictorio, hay lugar a dar por quebrantado el debido proceso y eventualmente el derecho de defensa(12).

Precisado lo anterior se tiene que en el fallo de primer grado se transcribieron de manera extensa y casi literal las alegaciones de HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA en cerca de 44 folios (fls. 122 a 166, c.o. 54), en los cuales planteó: Primero, la falta de investigación por parte de la Fiscalía y sus investigadores para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se cometieron los delitos objeto de condena, además de que no utilizaron herramientas y técnicas investigativas. Segundo, la selección acomodaticia de las pruebas de cargo “sin guardar mismisidad ni cadena de custodia”. Y tercero, los fundamentos de la atribución de responsabilidad penal.

El primer tema fue abordado en el fallo de segundo grado en el numeral 3.3.2 (fls. 54 a 57, c.o. IV) en el cual se trató el principio de investigación integral, así como el de libertad probatoria, para concluir que no se evidencia “la omisión de la práctica de pruebas que fueran procedentes, conducentes, útiles y pertinentes (…) La actuación muestra fundamento razonable en la imputación de responsabilidad a los aquí procesados por parte de la Fiscalía y el Juez, sobre la base de la abundante prueba documental y la valoración de la testimonial otorgando credibilidad esencialmente a Ovalle Olaz y, desde luego, las víctimas, sin que se hayan dejado de practicar, ya se dijo, apreciables pruebas a favor de los implicados”.

Si la respuesta del Tribunal no es la esperada por la defensa o por el procesado ORTIZ GARCÍA, ello no le resta mérito como parte importante de la motivación del fallo y garantía del derecho de contradicción.

El segundo aspecto alegado, que el acusado refirió a la selección acomodaticia de las pruebas de cargo “sin guardar mismisidad ni cadena de custodia”, fue abordado en el numeral 3.3.3. del fallo del Tribunal (fls. 57 a 63, c.o. IV) donde se trató el alcance de la cadena de custodia en la legislación procesal del 2000 y en el sistema penal acusatorio, para acto seguido explicar por qué las carpetas AZ corresponden a documentos auténticos y fueron recolectadas técnicamente. Además, se analizaron los informes del Jefe de División de Investigaciones del CTI sobre el particular y se estableció que no era viable aplicar la regla de exclusión a tales medios de prueba.

El tercer tema planteado por el procesado en sus alegaciones se refirió a los fundamentos de la atribución de responsabilidad penal, aspecto del cual se ocupó el fallo de primer grado (fls. 113 a 125, c.o. 55), así como la sentencia del Tribunal (fls. 83 a 98, c.o. IV). En aquél se extrajeron los apartes medulares de su indagatoria y lo dicho en audiencia pública, para luego, a partir de la valoración de las pruebas, señalar que si bien cuando ORTIZ GARCÍA llegó a la Subdirección de Operaciones ya existía el G-3, lo cierto es que conoció de la empresa criminal y se unió a ella, de modo que asintió en la concertación para desarrollar los objetivos del citado grupo ilegal.

En la sentencia de segunda instancia se destacó que Fernando Ovalle, Coordinador del G-3, expresó que HUGO DANEY ORTIZ, Subdirector de Operaciones, le envió información sobre posibles relaciones de Wilson Borja y estrategias de guerra política contra el Estado y que los seguimientos, vigilancias y consecución de información de otras entidades eran solicitadas a la Subdirección de Operaciones. Igualmente se aludió al memorando del 19 de marzo de 2004, en el que el G-3 informó al procesado que establecieron contacto con una hermana de Simón Trinidad, razón por la cual se le solicitó realizar labores de inteligencia para constatar posibles vínculos con las FARC e informar los resultados obtenidos.

Se citaron, entre otros, los memorandos 76556 y 81158 del 14 de julio de 2004, a través de los cuales José Alexander Velásquez, con el visto bueno de HUGO DANEY ORTIZ remitió al Coordinador del G-3 información de inteligencia sobre el caso Transmilenio, que en concreto se refirió a correos de Alirio Uribe Muñoz, así como contactos con su empleada y las posibles acciones a seguir como “posible reclutamiento?, robarle las llaves?, enamorarla?”.

El memorando 77504 del 7 de julio de 2004, a través del cual ORTIZ GARCÍA, en su condición de Subdirector de Operaciones envió a Fernando Ovalle información de inteligencia sobre Wilson Borja.

Y se aludió igualmente al memorando 86651 del 26 de julio de 2004, remitido por José Alexander Velásquez con visto bueno de HUGO DANEY ORTIZ, en el cual dio cuenta de direcciones de residencia y trabajo de Carlos Arturo Guillén, Director del Semanario Voz.

Es manifiesto, en consecuencia, que la queja del recurrente es infundada, pues a espacio en los fallos de primera y segunda instancia que conforman una unidad, se dio respuesta a los diversos planteamientos realizados por el procesado HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA.

Este cargo, por consiguiente, tampoco está llamado a prosperar.

3.3. Tercero. Falso juicio de existencia por omisión de pruebas.

Como en este reproche el defensor señaló que los sentenciadores de primera y segunda instancia no apreciaron la indagatoria de Fernando Ovalle del 1º de julio de 2009, en la cual dijo no recordar injerencias de HUGO DANEY ORTIZ en el G-3 y tampoco se tuvo en cuenta lo que su asistido expresó en su injurada, encuentra la Corte que el casacionista desconoce la información obrante en la actuación, pues es incuestionable que, como se analizó en el cargo anterior, Fernando Ovalle Olaz, Coordinador del G-3, señaló sin dubitación alguna a HUGO DANEY ORTIZ como la persona que en su condición de Subdirector de Operaciones llevaba a cabo labores ilegales de averiguación respecto de ciertas personas y las informaba al G-3.

Ahora, si tenía o no injerencia en el G-3 es un asunto que no es aquí objeto de debate, pues lo demostrado es que cuando se posesionó en el cargo de Subdirector de Operaciones comenzó a cumplir tareas ilegales para el G-3, según lo demuestran también los memorandos referidos en precedencia, es decir, hizo parte activa del concierto para delinquir y de la utilización ilícita de trasmisores y receptores, de manera que la contundencia de tales medios de juicio hacían imposible la absolución reclamada por la defensa.

La censura no prospera.

4. Demanda presentada en nombre de JORGE ARMANDO RUBIANO JIMÉNEZ.

4.1. Primer cargo. Nulidad por prescripción de 3 acciones penales antes de la acusación.

Como ya se definió en el numeral 3.1 de las consideraciones al resolver un planteamiento idéntico de la defensa del acusado HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA, si los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto prescribían en 6 años y 8 meses contados a partir del 31 de diciembre de 2004, el citado lapso extintivo de la acción penal se cumplía el 31 de agosto de 2011, pero como la acusación fue proferida el 26 de enero de 2010 y cobró ejecutoria el 19 de marzo siguiente, se concluye que para tal fecha no había operado la prescripción de las citadas acciones penales en el sumario.

Así las cosas, el cargo no prospera.

4.2. Segundo. Falso juicio de existencia por omisión de pruebas.

Como en este cargo el defensor se limita a señalar que los falladores no tuvieron en cuenta una serie de testimonios, así como varios documentos que simplemente relaciona, advierte la Sala que omitió acreditar la importancia de tales medios de prueba, que cita como pretermitidos, en el sentido del fallo, circunstancia que dificulta la labor de la Corte en esta sede.

Pese a lo anterior, encuentra la Sala que en el fallo de primera instancia se tuvo en cuenta que JORGE ARMANDO RUBIANO JIMÉNEZ laboró como Coordinador del Grupo de Desarrollo Tecnológico adscrito a la Subdirección de Contrainteligencia en el año 2003 hasta noviembre de 2004, dependencia donde se encontraba la tecnología necesaria para cumplir los objetivos de invasión a la privacidad del G-3, esto es, tenía a su cargo las salas denominadas plata y vino, así como los equipos para interceptaciones y daba curso a las solicitudes de interceptación sin orden judicial provenientes del G-3.

Por ejemplo, se apreció el memorando 27628 del 23 de marzo de 2004, mediante el cual RUBIANO JIMÉNEZ remitió a Fernando Ovalle, Coordinador del G-3, un disquete con información obtenida mediante labores técnicas de interceptación a comunicaciones privadas no autorizadas y consulta de bases de datos en el caso Transmilenio.

También el memorando 90103 en el cual dio respuesta a oficios del 6 de julio y 1º de agosto sobre abonados telefónicos, entre los cuales estaban las líneas asignadas a Wilson Borja, Carlos Arturo Lozano Guillén y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Memorando 23658 del 11 de marzo de 2004, dirigido por RUBIANO JIMÉNEZ a Fernando Ovalle por medio del cual envió 106 folios “sobre la información que sobre el particular y mediante labores de inteligencia a cubierta. Se logró recolectar”.

Él mismo manifestó en su indagatoria que el Coordinador del G-3 era Fernando Ovalle, quien les enviaba documentos y les pedía informes respecto de las tareas que cada uno de los funcionarios desarrollaban al interior del grupo.

Resta señalar que las declaraciones de Jairo Santiago Cuervo y Miguel Ángel González, administradores de las salas plata y vino, son referidas en el fallo de primera instancia (fl. 74, c.o. 7). Ellos manifestaron que recibían órdenes del Subdirector JORGE RUBIANO.

Carlos Alberto Arzayuz, Subdirector de Operaciones y Director General de Inteligencia del DAS, a su turno, es mencionado en la misma sentencia (fl. 238). Indicó que JORGE RUBIANO era el encargado de dar la orden de interceptar equipos de comunicación.

Diana Patricia Caicedo Moreno fue también citada en la providencia de primera instancia (fl. 68, c.o. 8). Declaró que RUBIANO JIMÉNEZ era quien impartía las órdenes para las interceptaciones dispuestas por el G-3.

Ancizar Barrios Restrepo (fl. 137, c.o. 8) expuso que JORGE RUBIANO se encontraba a cargo de una de las dos salas para realizar interceptaciones telefónicas.

Freddy Rubio (fl. 232, c.o. 7) reiteró que RUBIANO JIMÉNEZ y HUGO ORTIZ estaban a cargo del manejo de operaciones en las salas plata y vino, así como de las interceptaciones que allí se realizaban.

Martha Forero, quien para el año 2004 se desempeñó como secretaria del Grupo de Desarrollo Tecnológico, al igual que José Santos y Wilson Poveda, quienes atendían las consultas de la base de datos y requerimientos, son mencionados en la sentencia (fl. 237 a 239, c.o. 7) y dieron cuenta de las órdenes impartidas por RUBIANO y ORTIZ.

Tampoco fue omitida la indagatoria de Fernando Ovalle, en cuanto se aludió a ella en el fallo de primera instancia (fls. 3 y 4, c.o. 7) y en la sentencia del Tribunal (fl. 76).

Así las cosas, concluye la Sala que las pruebas sobre las cuales se edificó el fallo de condena en contra de JORGE ARMANDO RUBIANO JIMÉNEZ permitieron a los falladores arribar a la certeza requerida para condenar, con mayor razón si no fueron omitidos los medios probatorios mencionados por el defensor, sin que entonces se advierta posibilidad alguna de absolución para el mencionado ciudadano.

El cargo no prospera.

Por lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR parcialmente el fallo de segundo grado. Invalidar, por tanto, el trámite surtido por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto por ausencia de querella y cesar procedimiento por el mismo comportamiento respecto de MARTHA INÉS LEAL LLANOS, JACKELINE SANDOVAL SALAZAR, HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA, JORGE ARMANDO RUBIANO JIMÉNEZ, Enrique Alberto Ariza Rivas y José Alexander Velásquez Sánchez.

2. EXCLUIR, en consecuencia, la pena impuesta de multa por 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida del empleo.

3. CASAR oficiosa y parcialmente la sentencia del Tribunal, para declarar la nulidad del trámite adelantado por el delito de violación ilícita de comunicaciones por caducidad de la querella y cesar procedimiento por dicha conducta con relación a MARTHA INÉS LEAL LLANOS, JACKELINE SANDOVAL SALAZAR, HUGO DANEY ORTIZ GARCÍA, JORGE ARMANDO RUBIANO JIMÉNEZ Enrique Alberto Ariza Rivas y José Alexander Velásquez Sánchez.

4. REDOSIFICAR, por tanto, la pena impuesta, para tasarla en 93 meses de prisión, tiempo igual a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

5. DECLARAR que en lo demás el fallo permanece incólume.

Notifíquese y cúmplase.»

1 Cfr. CSJ. AP, mayo 23 de 2007, radicación 26831.

2 Cfr. CSJ SP, marzo 10 de 2010, radicación 32422.

3 CSJ SP, febrero 3 de 2010, radicación 31238.

4 CSJ SP, marzo 12 de 2014, radicación 36106.

5 Cfr. CSJ SP, marzo 10 de 2010, radicación 32422.

6 Cfr. CSJ SP, febrero 4 de 2004, radicación 21793.

7 CSJ. SP, febrero 4 de 2009, radicación 30043.

8 CSJ SP, agosto 19 de 2015, radicación 38685.

9 Cfr. CSJ SP, febrero 27 de 2003, radicación 17837, CSJ SP, agosto 12 de 2008, radicación 25917, CSJ AP, agosto 12, radicación 25917 y CSJ AP, diciembre 2 de 2008, radicación 30839, entre muchas otras providencias.

10 Cfr. CSJ SP, mayo 21 de 2014, radicación 42943, entre muchas otras.

11 CSJ SP, marzo 18 de 2009, radicación 26631.

12 Cfr. CSJ SP, enero 20 de 2016, radicación 35787.