Sentencia SP15615-2017/49646 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP15615-2017

Rad.: 49646

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobado Acta Nº 319

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá, D. C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

4. Impera aclarar que varias son las circunstancias observadas por la Sala entorno a la “privación del derecho a la tenencia y porte de arma” que como pena accesoria le fue infligida al aquí procesado en el fallo de segunda instancia, por las cuales se ve impulsada a revisar si por causa de estas se lesionaron las garantías de los procesados.

Tales aspectos son: i) la ausencia de razones que funden su imposición como lo exige el artículo 52, inciso segundo, y 59 de la Ley 599 de 2000; ii) la inobservancia respecto de aquélla del régimen de cuartos ordenado en los artículos 60 y 61 del citado estatuto, mediante el cual justamente se hace efectiva la exigencia legal en el sentido de que toda “sentencia deberá contener una fundamentación explicita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.

5. En lo inherente al primer punto, tras un rastreo del criterio que sobre el particular ha tenido la corporación, concluye la Sala la ausencia de lesión a la garantía de legalidad de la pena por desconocimiento del deber de exponer los motivos que fundamentan la “determinación cualitativa” de la comentada sanción accesoria, ya que en tratándose de los delitos descritos en los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 ésta procede per se, como lo concluyó mayoritariamente la Corte al recoger la tesis que antaño había fijado en cuanto a que frente a “Las penas privativas de otros derechos” distintas de “La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”:

[La] sola naturaleza del delito o las consideraciones plasmadas acerca de su configuración no evidencian, ni siquiera tácitamente, la procedencia de su imposición, dado que no puede confundirse la motivación acerca de la realización del injusto con la motivación relacionada con la imposición de la pena. La primera atañe a las pruebas que sustentan la manifestación en el mundo exterior de una conducta típica y antijurídica, mientras que la segunda concierne al reproche personal (manifestada en la sanción punitiva) que debe hacérsele al autor de dicho comportamiento, situación que en cada evento implica el análisis de una serie de principios, fines y valores distintos(5).

Explicó la Corte para apartarse por mayoría de la comentada tesis que:

[En] casos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal o de uso privativo de las Fuerzas Armadas –sea que se impute sólo esa conducta punible o en concurso de delitos–, se entiende cumplida la garantía de motivación de la imposición de la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la declaración en la sentencia de que el procesado fabricó, traficó o portó armas de fuego o municiones “sin permiso de autoridad competente”. En otras palabras, la declaración judicial de que ajustó su comportamiento a cualquiera de las conductas descritas en los artículos 365 o 366 del Código Penal (también al artículo 367 ibídem), constituye suficiente fundamento para privar del mencionado derecho al condenado.

(…)

No está de más advertir que esos delitos de peligro común, que pueden ocasionar graves perjuicios a la comunidad, se sancionan cada vez con mayor severidad en cuanto se constituyen en presupuesto obvio de la violencia nacional. Ese aumento de la punibilidad, a la vez, está inscrito –no hay duda– en políticas de desarme de la población claramente orientadas a contrarrestar la criminalidad asociada a la utilización de armas de fuego (o químicas, biológicas o nucleares), la cual se muestra como uno de los principales problemas que obstaculizan el desarrollo del país.

No resulta sensato, en ese contexto, en casos de condena por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, exigir para la imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego una fundamentación adicional a la declaración de existencia de la conducta punible. Simple y llanamente porque se plantea lógica, necesaria y proporcional su deducción en tales casos. No se entendería que a quien se reprocha penalmente fabricar, traficar o portar armas de fuego o municiones, o armas químicas, biológicas o nucleares, no se le despoje del derecho a poseerlas por el tiempo que permita la ley(6).

En conclusión, de acuerdo con el criterio jurisprudencial mayoritario actualmente en vigor, una vez que en el fallo han sido expuestos los fundamentos acerca de la acreditación de las categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los referidos injustos, ellas son razón suficiente y per se justifican la imposición de “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma” por los motivos que al efecto consagra el artículo 52 de la Ley 599 de 2000, esto es, por su “relación directa con la realización de la conducta punible por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena”.

6. Ahora bien, distinta es la situación que se observa respecto de la magnitud fijada para la comentada pena accesoria en el fallo de segunda instancia, toda vez que fue fijada por un lapso de ciento cincuenta y seis (156) meses sin tener en cuenta el sistema de cuartos, pese a que en la dosificación de la sanción principal privativa de la libertad sí se valió de las aludidas directrices.

Es claro que de haber seguido el régimen de cuartos en la imposición de “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma”, el juzgador de segundo grado, con sujeción a las consideraciones que expuso para individualizar la pena principal de prisión en el segundo cuarto e infligir el límite máximo de ese ámbito, también habría ubicado aquélla en la correspondiente proporción con relación a los linderos (de 1 a 15 años) previstos por el legislador para la comentada pena accesoria.

El objeto de estudio en este punto se concreta en la situación del procesado frente a la mayor o menor gravedad de la sanción que en últimas se le impuso, ligada al principio de estricta legalidad en el proceso de dosificación de la pena. Es decir, implica definir el alcance de una garantía judicial.

Para la mayoría de la Sala, la respuesta al problema es afirmativa en cuanto considera que, así como ocurre en la dosificación de las penas que restringen la libertad, en las privativas de otros derechos, bien sean principales o accesorias, es imperativo sujetarse al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 y demás normas concordantes del Código Penal.

Lo anterior por las siguientes razones:

6.1. El legislador de la Ley 599 de 2000 no distinguió, ni el juez tampoco tiene por qué hacerlo, entre la dosificación de las penas privativas de la libertad ni las restrictivas de otros derechos, ni entre la individualización de las penas principales (prisión, multa y privaciones de otros derechos señaladas en forma específica en tipos penales) y las accesorias (distintas a la inhabilitación que va aparejada con la de prisión).

En efecto, el rótulo jurídico del artículo 60 del Código Penal, que contiene la aplicación del sistema de cuartos para el proceso de dosificación punitiva, es “fundamentos para la individualización de la pena”. No dice “fundamentos para la individualización de la pena de prisión”, ni “fundamentos para la individualización de las sanciones principales”. En otras palabras, la expresión «pena», al no ir acompañada de otra que la especifique o la restrinja, debe comprender las sanciones contempladas en el estatuto punitivo, incluidas las penas privativas de otros derechos a las cuales alude el artículo 52 inciso 1º de la Ley 599 de 2000.

Ello, claro está, a menos que de la norma se desprenda otra cosa, como sucede con el inciso 3º del último precepto acerca de la inhabilidad para ejercer cargos públicos en tanto sea accesoria de la prisión. Pero cuando las penas privativas de otros derechos están contempladas como principales en ciertos tipos (por ejemplo, las sanciones de los artículos 109 inciso 2º, 121 o 397 del Código Penal), o cuando el juez las impone a modo de accesorias siguiendo los parámetros del artículo 52 inciso 1º, emerge como consecuencia directa del principio de estricta legalidad dividir “el ámbito de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo”, así como observar los demás parámetros previstos en el artículo 61.

Esta última norma, por lo demás, figura en el capítulo II del Código Penal, denominado “de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad”, que a su vez hace parte del título IV, intitulado “de las consecuencias jurídicas de la conducta punible”. Y preceptos como los del artículo 52, que trata de las penas privativas de otros derechos, así como los referidos tanto a las penas principales como a las accesorias, al igual que las que restringen la libertad y las de naturaleza pecuniaria (artículos 34 a 42), están comprendidos dentro de ese mismo título, en su capítulo I: “de las penas, sus clases y sus efectos”.

En otras palabras, el capítulo II del Código Penal es el que contiene todos los parámetros de dosificación que deben observarse para cualquier sanción abarcada por el capítulo I.

De hecho, el inciso 2º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000 dispone de manera explícita que “[e]n la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59”. Y el artículo 59 ordena que “[t]oda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”. De estas disposiciones deviene tan obligatorio como necesario circunscribirse a los fundamentos del artículo 61 del Código Penal, los únicos dentro de los cuales sería posible determinar las sanciones privativas de otros derechos desde una perspectiva cuantitativa.

6.2. La dosificación de las penas en la Ley 599 de 2000 obedece a dos aspectos esenciales: el sustento razonable y la discrecionalidad reglada. El sistema de cuartos del artículo 61 del Código Penal es la emanación lógica de este último criterio.

Así lo reconoció la Sala en el fallo CSJ SP, 10 jun. 2009, Rad. 27618, y, más recientemente, en la sentencia CSJ SP, 30 abr. 2014, Rad. 41350. De acuerdo con la Corte:

[E]l proceso dosimétrico debe descansar en dos pilares fundamentales: la discrecionalidad reglada y el sustento razonable, aspectos con los cuales se busca sembrar parámetros de proporcionalidad en la concreción de la sanción al tiempo que permiten controlar la función judicial mediante el ejercicio del derecho de impugnación, pues los criterios plasmados permitirán su ataque igualmente argumentado en aras de establecer la respuesta correcta a lo debatido.

Así, el artículo 59 de la Ley 599 de 2000 señala de modo imperativo que toda sentencia debe contener la fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena, además, el artículo 61 establece una restricción a la discrecionalidad del juez en el proceso de individualización de la misma al indicar la forma como debe dividir objetivamente el marco punitivo –que resulta de la diferencia entre el límite mayor y menor– en cuartos: mínimo, en caso de no concurrir circunstancias agravantes ni atenuantes o sólo presentarse estas últimas; medios, cuando simultáneamente concurran unas y otras; y máximo, si confluyen únicamente agravantes.

La aplicación de un sistema de cuartos, entonces, no implica la supresión de la discrecionalidad por parte del juez al momento de imponer la pena; tan solo define (o limita, si se quiere) el ámbito dentro del cual podrá ejercerla. Es decir, se trata de una facultad condicionada, sin que se adviertan las razones por las que dicha reglamentación no podría abarcar la dosificación de las penas privativas de otros derechos.

Esta regulación no obedeció a un capricho por parte del legislador sino a la necesidad de ajustar el arbitrio del juez en la imposición de la pena a los cauces de la seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad. Es decir, buscaba que, frente a situaciones objetivamente idénticas (determinadas, claro está, por las circunstancias de mayor o menor punibilidad a las cuales remite el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 para la fijación de los cuartos), las diferencias de criterio entre un funcionario y otro se viesen restringidas por ámbitos menos amplios que los de los extremos mínimo y máximo previstos para cada sanción.

Así, por ejemplo, en la privación del derecho a tener y portar armas de fuego, esa diferencia de criterio entre uno y otro juez llevaría a uno a imponer el mínimo de un (1) año, previsto en el inciso 6º del artículo 51 del Código Penal, y al otro el máximo de quince (15) años, a pesar de que los datos con los cuales contaban para efectuar el reproche no variasen.

Con el sistema de cuartos, en cambio, se mantiene la discrecionalidad judicial para la individualización punitiva (en todo caso indispensable por los motivos expuestos en el fallo CSJ SP, 30 abr. 2014, Rad. 41350), pero los distintos resultados de los funcionarios no figurarían, comparados entre ellos, sobrepasados, muy indulgentes o demasiado dispares.

Siguiendo con el ejemplo, en un ámbito de movilidad reducido al cuarto mínimo, el primer juez fijaría la sanción en un año (1), pero el otro no podría imponer, bajo los mismos supuestos, una superior a cuatro (4) años y seis (6) meses. Y, en el evento de que hubiese de partir del cuarto máximo, aquel tendría que individualizarla en once (11) años y seis (6) meses, mientras que el segundo en quince (15) años. Las diferentes posturas, en estos casos, no lucirían desproporcionadas.

En este orden de ideas, la aplicación del sistema de cuartos no solo hace parte del principio de estricta legalidad de la pena, sino también es un instrumento indispensable para garantizar la seguridad jurídica, la prohibición de exceso y el principio de igualdad.

6.3. La Sala ha sostenido en forma pacífica una doctrina en su jurisprudencia de acuerdo con la cual en la dosificación de las penas privativas de otros derechos, cuando se imponen como accesorias, opera el sistema de cuartos.

Así lo explicó la Corte en el fallo CSJ SP, 4 dic. 2013, Rad. 41511:

[S]e observa un yerro en la dosificación de las penas de “privación del derecho a acudir al hogar o zona de residencia de la víctima” y de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, en tanto su tasación transgredió el principio de legalidad de la pena porque no se ajustó al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 del Código Penal, defecto que no fue denunciado por el censor y debe ser reparado por la Sala para impartir justicia en el caso concreto.

En efecto, se constata que, en el procedimiento de adecuación punitiva, al pronunciarse sobre las sanciones accesorias, el a quo condenó al enjuiciado a la privación del derecho de acudir al hogar o zona de residencia de la víctima por el periodo de 5 años, y a la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por el término de la pena principal (5 años).

[…] Teniendo en cuenta que la pena principal privativa de la libertad respecto del delito base se impuso dentro del primer cuarto (60 meses) pues solamente concurrían circunstancias de menor punibilidad, las referidas sanciones accesorias también debían ser situadas dentro del mismo rango. Sin embargo, como lo revela la transcripción, el juez unipersonal las fijó en 5 años, esto es, en el primer caso, dentro del segundo cuadrante y, en el segundo evento, en el extremo máximo del último margen, superando con suficiencia el marco legal, yerro que no fue advertido por el ad quem(7).

Igualmente, en la Sentencia CSJ SP9226, 16 jul. 2014, Rad. 43514:

Aun cuando el sentenciador también impuso al procesado la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, decidió determinarla en idéntico lapso al señalado para la pena privativa de la libertad, pasando por alto que para esa accesoria el artículo 51 establece los extremos punitivos dentro de los cuales procede dosificar la pena, que van de uno (1) a quince (15) años; luego, era deber para el juzgador dividir esos límites en cuartos y, luego, siguiendo los mismos criterios que aplicó para tasar la sanción principal, fijar el monto respectivo.

Desconocieron de esa manera los falladores el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, al amparo de la cual los funcionarios están obligados a determinar las sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley(8).

También en el fallo CSJ SP2636, 11 mar. 2015, Rad. 44221:

Encuentra la Sala que en este caso se impone acudir a la facultad consagrada en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000 para casar oficiosa y parcialmente el fallo impugnado, pues se advierte que la sentencia resultó violatoria del principio de legalidad, dado que no se dosificó adecuadamente la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas impuesta a los procesados.

[…] Como ya ha tenido de señalarlo esta corporación (CSJ SP9226, 16 jul. 2014, Rad. 43514), el citado precepto [artículo 61 de la Ley 599 de 2000] establece que una vez fijados los extremos mínimo y máximo de la pena, el juez procederá a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, labor que debe emprenderse tanto respecto de las sanciones principales como de las accesorias, pues la ley no introduce distinción al respecto.

En este caso los falladores acudieron al sistema de cuartos para cuantificar la pena de prisión, pero no procedieron de igual forma respecto de la sanción de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, pues impusieron el extremo punitivo máximo, lo cual denota que desconocieron el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Código Penal, al amparo de la cual los funcionarios judiciales están obligados a determinar las sanciones dentro de los límites cuantitativos establecidos en la ley, circunstancia que impone a la Corte acometer oficiosamente dicha ponderación y efectuar la respectiva enmienda(9).

Y, en idéntico sentido al aquí desarrollado, en el fallo CSJ SP14467, 21 oct. 2015, Rad. 44367, entre otros.

6.4. Por último, es absolutamente inane, para efectos de determinar el régimen de dosificación punitiva de las sanciones privativas de otros derechos, plantear diferencias sustanciales o de forma, ya sean reales o infundadas, entre las penas principales y las accesorias, o entre las funciones específicas que estas y aquellas cumplen en los casos concretos, o en cuanto a la incidencia que sobre unas y otras tengan ciertas circunstancias modificadoras de sus límites mínimo y máximo.

En primer lugar, es poco convincente argüir que en la dosificación de las penas privativas de otros derechos el sistema de cuartos solo opera para las sanciones previstas en la parte especial del Código Penal, pero no cuando el juez las impone como accesorias en virtud del inciso 1º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Como ya se señaló en precedencia (10.1), el régimen de cuartos previsto en el artículo 60 del capítulo II del título VI del Código Penal regula la imposición de las penas señaladas en el capítulo I de igual título, lo que incluye a las privativas de otros derechos, ya sean principales o accesorias.

Lo único que se puede predicar de la consagración por parte del legislador de unas sanciones privativas de derechos distintos al de la libertad en la parte especial del Código Penal, y de penas de idéntica índole que pueden imponerse como accesorias, es el reconocimiento, en el segundo caso, de una facultad discrecional en el juez para establecerlas (sujeta a las circunstancias de cada caso y a los supuestos consagrados en el artículo 52 inciso 1º de la Ley 599 de 2000), así como la necesidad, en el primero, de eliminar la referida potestad judicial, en tanto su imposición siempre repercutiría para la protección del bien jurídico. Pero esto de ninguna manera supedita o altera el proceso de dosificación punitiva que debe regir en la dosificación de las penas principales y accesorias.

En segundo lugar, tampoco tiene sentido justificar la modificación del régimen punitivo para las penas privativas de otros derechos aduciendo que, cuando el juez las impone como accesorias, cumplen fines eminentemente preventivos.

Por un lado, dada la pluralidad de fines de la pena en la norma que como principio rector del orden jurídico prevé el artículo 4º del Código Penal, es imposible deducir en abstracto la función que cumpliría en cualquier evento una determinada sanción, bien sea principal o accesoria, privativa de la libertad o de otro derecho. Las funciones de la pena solo se deducen de la sustentación que acerca del reproche personal realizado al autor del injusto efectúe el juez en cada caso. De ahí que no es acertado sostener que las sanciones privativas de derechos distintos a la libertad, cuando son accesorias, obedecen a fines exclusivamente preventivos.

De hecho, de los presupuestos indicados en el inciso 1º del artículo 52 del Código Penal, sería posible colegir fines diversos (“cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado [de los derechos] o haber facilitado su comisión”). Así, por ejemplo, un juez podría imponer una pena privativa de otro derecho únicamente con el argumento de que el procesado abusó del mismo, sin que por lo demás hubiese el peligro de repetirse. Es decir, la función que cumpliría dicha sanción sería de retribución justa, mas no de prevención.

Y, por otro lado, aun en el caso de ser ciertos los fines eminentemente preventivos de las penas accesorias privativas de otros derechos, ello igual no constituiría motivo razonable para concluir que, en su imposición, el juez dejaría de estar sujeto al sistema de cuartos del artículo 61 del Código Penal.

Finalmente, que los extremos de las penas privativas de otros derechos (cuando se imponen como accesorias) no se modifiquen por circunstancias que sí se predican respecto de las principales contempladas en los tipos penales (como por ejemplo, causales específicas de agravación o atenuación, ira e intenso dolor, tentativa, etc.) tampoco es razón suficiente para que su régimen de dosificación fuera distinto al del resto de las sanciones en general.

Esta situación atañe directamente a la irrelevancia de aplicar los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables de que trata el artículo 60 de la Ley 599 de 2000. Pero no conlleva la inaplicación de los fundamentos dosimétricos del artículo 61 siguiente, que regula el sistema de cuartos.

Lo importante, en todo caso, es que en la dosificación de las penas privativas de otros derechos sea operante dicho sistema, especialmente en lo atinente a las circunstancias de mayor o menor punibilidad. Y ya sea la pena privativa de otro derecho principal o accesoria, lo que el juez primero debe tener en cuenta son las atenuantes genéricas que pueda deducir del caso concreto, así como las agravantes de ese tipo que se le hayan formulado de manera inequívoca en la acusación desde un punto de vista jurídico, respecto de la conducta punible por la cual se suscita tal imposición.

En síntesis, la Sala, en su mayoría, no advierte motivos de peso para variar la línea jurisprudencial relativa al sistema de cuartos en la dosificación de penas privativas de derechos distintos al de la libertad.

7. En el presente asunto el fallador ad quem aun cuando acudió expresamente al sistema legal de cuartos para establecer la pena de prisión por la conducta imputada, respecto de las accesoria infligidas no realizó igual ejercicio bajo el entendido que las misma procedían por mandato legal por el mismo lapso de la privativa de la libertad, cuando ello solo es así respecto de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al tenor der lo normado en el artículo 52, inciso tercero, de la Ley 599 de 2000.

Para corregir el desatino evidenciado, la Sala empieza por señalar que como el legislador previó para la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego un mínimo de doce (12) meses y un máximo de ciento ochenta (180) meses (Ley 599 de 2000, artículo 51), la aplicación del sistema de cuartos permite fijar los siguientes ámbitos: doce (12) a cincuenta y cuatro (54) meses –primer cuarto–; cincuenta y cuatro (54) a noventa y seis (96) meses –segundo cuarto–; noventa y seis (96) a ciento treinta y ocho (138) meses –tercer cuarto– y ciento treinta y ocho (138) a ciento ochenta (180) meses –cuarto máximo–.

Ahora bien, como con base en la deducción de la circunstancia genérica de mayor punibilidad relativa a la coparticipación criminal (Ley 599 de 2000, artículo 58-10) imputada en la acusación el tribunal, en la individualización de la pena principal se movió en el segundo cuarto, y atendida la naturaleza y gravedad de la conducta impuso el máximo de ese ámbito, siguiendo los mismos criterios debe concluirse que la duración de la comentada pena accesoria es de noventa y seis (96) meses.

Como consecuencia de lo expuesto, la Corte casará de manera oficiosa y parcial la sentencia de segunda instancia, en el sentido de disminuir de “Ciento cincuenta y seis (156) meses” a noventa y seis (96) meses la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego infligida J… C… T… R… y H… O… T...

Igualmente, precisará que la providencia de segunda instancia permanecerá incólume en los demás aspectos que no fueron materia de modificación.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

2. Como consecuencia de lo anterior, disminuir la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego que se le impuso a J… C… T… R… y H… O… T… a noventa y seis (96) meses.

3. Precisar que la decisión de segunda instancia permanecerá incólume en todos los demás aspectos que no fueron objeto de modificación.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

Salvamento de voto

Los H. M. Fernando Alberto Castro Caballero y Eider Patiño Cabrera han expresado salvamentos de votos. El primero en cuanto al uso del sistema de cuartos para tabular las sanciones accesorias, y el segundo respecto de la procedencia de la pena accesoria sin motivación distinta a la esgrimida respecto de la tipicidad, antijuridicidad y responsabilidad.

1. Partes e intervinientes:

1.1. Fiscal: Dr. Rubiel Agudelo.

1.2. Procesados: J… C… T… R… y H… O… T...

1.3. Defensor: Dr. Juan Carlos Murillo Ramírez.

2. Juzgadores

2.1. Primera Instancia: Dr. Jorge David Mora Muñoz.

2.2. Segunda Instancia: Dra. María Consuelo Córdoba Muñoz, Dr. Orlando Echeverry Salazar y Dr. Víctor Manuel Chaparro Borda.

3. Prescripción de la acción penal: Con posterioridad al fallo de segundo grado emitido el 25 de octubre de 2016: el 25 de octubre de 2021. Delito: Porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas (Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2013, y la audiencia de imputación tuvo lugar el 10 de abril de 2013).

4. Los procesados se encuentran LIBERTAD, y está pendiente librar las órdenes de captura dispuestas en la sentencia condenatoria en segunda instancia.

5. Presentación del proyecto:

Carlos Fabián Peña Suárez.

20 de septiembre de 2017.

1 Cuaderno principal, folios 156-171.

2 Ídem, folios 138-147.

3 Cuaderno de la Corte, folios 5-27. AP5046-2017, 9 ago. 2017, Rad. 49646.

4 Ídem, folio 35.

5 Cfr. CSJ SP 11 dic. 2013, Rad. 41543.

6 Cfr. CSJ SP2336-2015, 11 mar. 2015, Rad. 43881.

7 CSJ SP. 4 dic. 2013, Rad. 41511.

8 CSJ SP9226-2014, 16 jul. 2014, Rad. 43514.

9 CSJ SP2636-2015, 11 mar. 2015, Rad. 44221.