Sentencia SP15656-2017/49955 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP15656-2017

Radicación 49955

Acta 319

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Fundamentos de la apelación

La fiscalía inconforme con el fallo de primera instancia, solicita su revocatoria.

1. No comparte la conclusión del a quo, según la cual únicamente acreditó el aspecto objetivo de la conducta penal endilgada, pues de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema el elemento subjetivo es de difícil comprobación, en la medida que este se infiere pero no se observa.

Recuerda que en la presentación de los alegatos de conclusión explicó cómo el obrar doloso se evidenciaba y qué pruebas testimoniales daban cuenta de su existencia, asunto desconocido por el tribunal que omitió pronunciarse y dejó de precisar por qué de tales elementos de convicción no es posible deducir el dolo.

Explica que este aspecto puede estructurarse a partir de los medios de conocimiento debatidos en el juicio oral, los cuales enseñan que el procesado es una persona con casi 30 años de servicio a la Rama Judicial, tiempo en el cual ha desempeñado varios cargos, y quien en su intervención en la vista pública, admitió haber buscado la forma de suplir la vacante temporal presentada en su despacho, aunque fuera con personal que no cumpliera los requisitos legales, al tiempo que mostraba tener amplio conocimiento sobre la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

2. Insiste en haber cumplido con la carga de comprobar la existencia del dolo, al punto que se demostró, según ya se anotó, que conocía las normas que debía acatar al momento de realizar los nombramientos, pero además sabía que los designados no cumplían con los requisitos mínimos para ocupar el cargo de sustanciador nominado y aun así procedió a realizar los nombramientos ilegales.

Así, entonces, se encuentran satisfechos los elementos volitivo e intelectivo integrantes del dolo, razón suficiente para considerar estructurada la tipicidad de la conducta, en el plano objetivo como en el subjetivo.

3. Afirma que el aspecto volitivo del dolo no puede ser confundido con el deseo perseguido por el sujeto activo de la conducta, menos cuando el tipo penal en estudio no contiene un ingrediente subjetivo, razón por la cual no comparte la aseveración del a quo de que el acusado actuó con el deseo de acertar y no con ánimo corrupto, luego deja de lado, incluso, que el prevaricato por acción es un juicio de legalidad.

Manifiesta que el procesado desconoció reiteradamente la ley, en la medida que expidió cuatro actos administrativos contrarios a derecho, demostrando con su actuar caprichoso sobreponer su voluntad a la ley.

Lo anterior se evidencia en la última de las resoluciones de nombramiento cuestionadas, cuando designó en encargo a F.B., persona que no ocupaba ningún puesto en propiedad que permitiera su nominación de esa forma, en vez de M.E.M.

4. Rechaza el argumento de la defensa, por medio del cual justifica el actuar del acusado en la congestión judicial existente en el despacho, toda vez que no hay prueba acerca de la carga laboral para la época de los hechos.

5. Insiste en que el debate giró en torno a la calidad del servicio prestado, dejando de lado que la ley Estatutaria de Administración de Justicia y los acuerdos complementarios del Consejo Superior de la Judicatura, hacen referencia a los requisitos para ocupar los cargos de la Rama Judicial y no a la capacidad o incapacidad para desempeñarlos.

(...).

Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de los recursos de apelación contra los autos y sentencias proferidos en primera instancia por los tribunales superiores.

Con el fin de poder dar respuesta a las alegaciones de los recurrentes, la Sala analizará el tipo penal de prevaricato por acción, la estructuración del dolo, su demostración y el principio de lesividad, para finalmente abordar el caso en concreto y determinar si el actuar del juez I.H.D. es merecedor de reproche penal.

Del prevaricato por acción:

Se encuentra descrito en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 de la siguiente manera:

“ART. 413.—Prevaricato por acción. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.

Desde el aspecto objetivo, el tipo penal se compone de los siguientes elementos:

(i) un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de servidor público; (ii) que profiera resolución, dictamen o concepto; y (iii) que este pronunciamiento sea manifiestamente contrario a la ley, esto es, no basta que la providencia sea ilegal —por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia—, sino que la disparidad del acto respecto de la comprensión de los textos o enunciados —contentivos del derecho positivo llamado a imperar— “no admite justificación razonable alguna(1)(2).

Ahora, sobre el ingrediente normativo “manifiestamente contrario a la ley”, se ha precisado lo siguiente:

.. para que la actuación pueda ser considerada como prevaricadora, debe ser “ostensible y manifiestamente ilegal,” es decir, “violentar de manera inequívoca el texto y el sentido de la norma”(3), dependiendo siempre de su grado de complejidad, pues resulta comprensible que del grado de dificultad para la interpretación de su sentido o para su aplicación dependerá la valoración de lo manifiestamente ilegal, de allí que, ciertamente, no puedan ser tenidas como prevaricadoras, todas aquellas decisiones que se tilden de desacertadas, cuando quiera que estén fundadas “en un concienzudo examen del material probatorio y en el análisis jurídico de las normas aplicables al caso”(4).

Se concluye, entonces, que para que el acto, la decisión o el concepto del funcionario público sea manifiestamente contrario a la ley, debe reflejar su oposición al mandato jurídico en forma clara y abierta, revelándose objetivamente que es producto del simple capricho, de la mera arbitrariedad, como cuando se advierte por la carencia de sustento fáctico y jurídico, el desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo(5).

En tal virtud, la materialidad de la conducta calificada como prevaricadora exige demostrar que el acto censurado, esto es, resolución, dictamen o concepto, es producto del capricho o de la arbitrariedad del servidor público, quien desconoce abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorio que regulaban el caso, pues no basta la simple divergencia de criterios o posturas frente a la decisión adoptada.

En este sentido no encuadran en el tipo penal aquellas providencias que resulten del examen complejo de las distintas disposiciones que regulen el asunto propuesto ante el funcionario, respecto de las cuales exista la posibilidad de interpretaciones discordantes, toda vez que en el prevaricato el juicio no es de acierto sino de legalidad, por cuanto, se insiste, “la emisión de una providencia “manifiestamente contraria a la ley” solamente es compatible con un conocimiento y voluntad intencionada en el caso concreto de decidir de manera contraria al ordenamiento jurídico, ese propósito no puede ser fruto de intrincadas elucubraciones, tiene que ser evidente, grosero y advertible de inmediato en relación con el problema jurídico identificado por el funcionario judicial en el momento en cuya conducta se juzga y no a posteriori(6).

Además, en cuanto al elemento subjetivo del tipo, el delito de prevaricato por acción es atribuible a título de dolo, bajo el entendido que el artículo 21 del Código Penal, establece que la conducta culposa o preterintencional es punible solo en los casos expresamente señalados en la ley, de modo que este hecho punible se configura cuando se demuestra que el agente obró con el conocimiento y la voluntad al proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.

Del dolo y su estructuración:

Abundante es la jurisprudencia de la Sala relacionada con el dolo, sus elementos, estructuración y demostración.

“la Corte ha dicho que el dolo está conformado por dos componentes, el cognitivo-intelectivo, que exige tener conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal respectivo; y, el volitivo, que implica querer realizarlos; por tanto, actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización” (CSJ AP1862-2016).

“Debe diferenciarse entre el móvil de la criminalidad, irrelevante en cuanto a la validez del juicio, y el dolo como categoría dogmática del delito que, de acuerdo con el contenido del artículo 36 de la Ley 599 de 2000, se acredita al demostrarse que el sujeto agente tuvo conocimiento de la ilicitud de su proceder y se orienta libremente a ejecutarla, al margen de que obre en el plenario prueba del motivo que lo determinó a actuar, porque el tipo penal de que se trata no exige finalidad especial, razón por la cual se ha dicho que es de los factores demostrados, generalmente objetivos, de donde debe deducirse la intención, dada la dificultad que existe para obtener pruebas directas sobre el aspecto subjetivo.

En la dogmática actual la demostración del dolo es independiente de la prueba del motivo que determina al sujeto a consumar el hecho típico, de manera que aun siendo importante establecer las razones que motivaron la voluntad del agente, puede ocurrir que esa causa, razón o fundamento del acto típicamente antijurídico, se establezca y constituya elemento útil para comprobar la existencia del dolo, o de una circunstancia que modifique la punibilidad; o también que por tratarse el aspecto subjetivo referido a la esfera intangible del ser humano, no logre acreditación en el proceso, bastando tan solo acreditar que el sujeto agente tuvo conocimiento de la ilicitud de la conducta y que se orientó con libertad a su ejecución.

La Sala ha enfatizado en que para la determinación procesal del dolo se ha de partir del examen de las circunstancias externas que rodearon los hechos, ya que tanto la intencionalidad en afectar un bien jurídico o la representación de un resultado ajeno al querido por el agente y su asunción al no hacer nada para evitarlo, al ser aspectos del fuero interno de la persona se han de deducir de los elementos objetivos que arrojan las demás probanzas” (CSJ SP3334-2016).

En lo que atañe a la estructuración del dolo ha dicho que “es necesario comprobar que hubo una actitud consciente y deliberada de contradecir de manera rampante y ostensible el texto legal, además, es indispensable evidenciar el afán de hacer prevalecer el capricho o el interés personal a toda costa, que se obre con malicia o mala fe, esto es, que el dolo sea directo”(7).

El análisis de esta conducta ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Corte, a partir de los cuales considera (CSJ SP. 27 jun. 2012. Radicado 37733):

“la contradicción de lo decidido con la ley se debe hacer mediante un juicio ex ante, al ubicarse el operador jurídico al momento en que el servidor público emitió la resolución, el dictamen o el concepto, examinando el conjunto de circunstancias por él conocidas, siendo por lo mismo improcedente un juicio de verificación ex post con nuevos elementos y conocimientos.

(...).

“De igual manera, la adecuación típica del delito de prevaricato debe surgir de un cotejo simple del contenido de la resolución o dictamen y el de la ley, sin necesidad de acudir a complejas elucubraciones o a elocuentes y refinadas interpretaciones, pues un proceso de esta índole escaparía a una expresión auténtica de lo ‘manifiestamente contrario a la ley’. Así entonces, para la evaluación de esta clase de conductas delictivas se adopta una actitud más descriptiva que prescriptiva, es decir, sujeta a lo que realmente hizo el imputado en la respectiva actuación, asistido de sus propios medios y conocimientos, no a lo que debió hacer desde la perspectiva jurídica y con base en los recursos del analista de ahora (juicio ex ante y no a posteriori). Desde luego que si el objeto de examen es una decisión ostensiblemente contraria a la ley, el juzgador no puede abstenerse de señalar el ‘deber ser’ legal que el infractor soslayó maliciosamente, pero como un ‘deber ser’ que este conocía (no aquel) y que obviamente estaba al alcance de sus posibilidades”(8).

Del caso en concreto

Con el fin de dar respuesta adecuada a las alegaciones del recurrente, la Sala procederá a realizar el estudio del caso, pronunciándose primero con respecto a las resoluciones XXX, XXX, XXX de 2010, y luego, por separado, hará lo propio con la resolución XXX del mismo año, por cuanto la estructuración del delito de prevaricato en unas y otra es diferente.

De las resoluciones XXX, XXX, XXX de 2010

En estos actos administrativos suscritos por el doctor I.H.D. juez 4º civil municipal de XXX, se concede a L.B.C.H., sustanciadora nominada de ese juzgado, licencia por incapacidad médica y se nombra en su cargo a M.E.M. en provisionalidad, en contravía del artículo 129 de la Ley 270 de 1996 y los acuerdos PSAA06-XXX y PSAA06-XXX de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura, dado que el designado no cumplía los requisitos académicos exigidos para ocuparlo.

El tribunal de instancia consideró demostrado el aspecto objetivo del tipo penal endilgado, aspecto que no siendo objeto de censura no estudiará la Sala, además que ningún reproche merece la posición del juez de instancia.

En cuanto al aspecto subjetivo de la conducta, centro de discusión en el presente caso, porque mientras que el recurrente considera que es suficientemente claro el actuar doloso del acusado, la defensa y el a quo estiman que no se estructura.

El dolo en sentido naturalístico despojado de cualquier valoración, es conocer y querer. Los dos elementos intelectivo y volitivo están comprendidos en el concepto de dolo que trae el artículo 22 del Código Penal, donde el conocimiento del agente está referido a los hechos constitutivos de la infracción penal y el querer a la realización de la conducta a pesar de él.

Planteada así la discusión, de las pruebas debatidas en el juicio oral es pertinente señalar que el juez conocía la Ley 270 de 1996, según así lo reconoció en su intervención durante la audiencia de juzgamiento, como también admitió conocer los acuerdos PSAA06-XXX y PSAA06-XXX de 2006 y la Circular 48 del 18 de mayo de 2010 del consejo seccional de la judicatura de XXX, en la cual se recordaba a los jueces la necesidad de acatar las aludidas normas, en especial cuando se realizaran nombramientos en provisionalidad. Sin embargo aclaró, que tales acuerdos eran aplicables para los nombramientos que debían hacerse en cargos de carrera o en encargo.

Para la Sala en principio tal aclaración resulta admisible, toda vez que el inciso 2º del numeral 2º del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, señala que “cuando el cargo sea de carrera”, producida la vacante definitiva el reemplazo se designará de la lista de candidatos, integrada por “quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo”. En caso de vacancia temporal, la ley faculta a la corporación o al funcionario que tiene la competencia, para que haga la designación directamente sin tener que acudir a lista alguna.

Luego los requisitos mínimos y adicionales son exigibles a quien ejerce el cargo “en carrera”, así lo reitera el artículo 161 de la citada ley, y no de manera temporal.

De ahí que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en los citados acuerdos, modificara los requisitos y estableciera la clasificación de los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios administrativos, sin hacer mención a su forma de provisión.

Sin embargo, en correspondencia con los preceptos citados en el Acuerdo 3585 artículo 8º determinó que “los cargos de carrera de los tribunales, juzgados y centros de servicios administrativos de la Rama Judicial, de conformidad con la denominación y requisitos mínimos que se señalan, se clasifican...” (negrilla fuera de texto).

Conforme con las disposiciones legales mencionadas, podría concluirse que los requisitos establecidos en el acuerdo son exigibles únicamente a los empleados designados “en carrera” y no a quienes temporalmente lo desempeñan, porque su titular se encuentra en alguna de las situaciones administrativas contempladas en el numeral 2º del artículo 135 de la Ley 270 de 1996, alcance que según lo dicho les da el acusado.

Entendimiento que no puede calificarse de caprichoso ni carente de justificación, solo porque a pesar de él, el juez de acuerdo con la prueba testimonial debatida en el juicio oral, hubiera acudido en busca de servidores judiciales que cumplieran los requisitos para desempeñar el cargo de sustanciador nominado de su despacho, temporalmente vacante en razón a la licencia remunerada por enfermedad concedida a su titular.

Dicho comportamiento reprochado al acusado, antes que mostrar la deliberada intención de transgredir la ley conforme con la intelección del recurrente, trasluce la voluntad de acatar lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, al procurar que la imprevista vacancia transitoria del cargo fuera ocupada por una persona que reuniera los requisitos legales pero que no lo fue, porque por el corto tiempo de la licencia inicial, 6 días, ninguna aceptó el ofrecimiento.

Ello es relevante en la solución del caso como lo entendió el tribunal, ya que la decisión de nombrar a alguien que no reunía los requisitos para ocupar el cargo de sustanciador nominado, no obedece a la intención de querer quebrantar la ley sino el de actuar ajustado a ella, a pesar de finalmente nombrar a quien no los cumplía, por la razón precedentemente anotada.

Además la designación recayó en un empleado del juzgado, lo cual demuestra que la determinación del juez fue influenciada por el interés en mantener el desarrollo normal de la actividad judicial de la oficina a su cargo, y no el de contrariar la ley con el riesgo de entorpecerla mediante la vinculación de personas ajenas a la Rama Judicial.

En estas condiciones, la amplia experiencia judicial del acusado por los años servidos a la administración de justicia y el desempeño de varios cargos, contrario al razonamiento de la fiscalía no es indicativa del obrar dañino atribuido sino de uno ajustado a la ley en el contexto del acontecer calificado de delictual, al nombrar a uno de sus subalternos que no cumplía los requisitos para ocupar el empleo, después de haber agotado las posibilidades de vincular a quien las cumpliera.

Tal actuación obviamente enseña el conocimiento del acusado acerca de los requisitos para desempeñar el cargo de sustanciador nominado, pero este aspecto cognoscitivo es insuficiente para predicar un comportamiento doloso, comoquiera que buscó actuar conforme el ordenamiento jurídico le indicaba, esto es, apartado de querer resquebrajarlo.

Ahora bien, la circunstancia de nombrar en la última licencia a otra empleada, vista por la fiscalía como indicativa del dolo con que actuó el acusado, es una especulación más.

Correspondía al órgano acusador para defender su teoría del caso, traer las pruebas sobre las razones por las cuales pudiendo desde un principio designarla no lo hizo, e indicar a su vez que cumplía los requisitos para ocuparlo, pues derruir la presunción de inocencia es obligación suya y no tarea del inculpado.

En este sentido, la fiscalía no comprobó que el actuar del acusado hubiera estado determinado por el dolo. Sus manifestaciones reiteradas sobre los elementos que lo integran y la forma de su demostración, son referencias teóricas sin respaldo en la prueba debatida en el juicio o surgen de su particular comprensión de los medios de conocimiento que se aparta de la valoración del tribunal, esta última compartida por la Sala.

Recapitulando, el alcance dado por el acusado a la ley y a los acuerdos, su gestión para encontrar un empleado que reuniera los requisitos para desempeñar el cargo vacante temporalmente en su despacho, la designación en él después de corroborar que quienes los cumplían no estaban dispuestos a ocuparlo por la brevedad de la licencia, el nombramiento de quienes hacían parte de su equipo de trabajo así alguno de ellos no los llenara, su experiencia judicial y conocimiento que le llevó a agotar las opciones antes de actuar, significa ni más ni menos que no quiso transgredir la ley cuando expidió las resoluciones mediante las cuales nombraba a M.E.M. y luego a F.B.S.

Finalmente, contrario a lo afirmado por la fiscalía los acuerdos no arrojan suficiente claridad, pues además de fijar los requisitos y clasificación por niveles ocupacionales de los empleos relacionados en ellos, no especifican que quienes los ocupen en provisionalidad o encargo deban reunirlos.

Pero adicionalmente el Decreto 1660 de 1978, vigente por disposición del artículo 204 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia respecto de las situaciones laborales y administrativas de los funcionarios y empleados judiciales aún no reguladas por la ley, establece que el nombramiento en provisionalidad procede <cuando se vincule a personas que no reúnan los requisitos para el cargo o cuando se provea una vacante transitoria con persona ajena al servicio>(9), lo cual se compadece con el alcance que el acusado le da a la ley y los acuerdos.

Tratándose de un problema de interpretación que no resuelve una circular sin fuerza vinculante, XXX de 2010 del consejo seccional aducida por la fiscalía para estructurar el dolo, el comportamiento del acusado manifestado en las resoluciones XXX, XXX y XXX no contraría de manera grosera y arbitraria la ley ni obedece al ejercicio omnímodo de la facultad nominadora que por disposición legal tiene el doctor I.H.D.

De la resolución XXX de 2010

En ella, se dispuso nombrar en encargo a F.B.S. por la licencia concedida del 16 al 30 de septiembre de 2010 a L.B.C., sustanciadora nominada del juzgado XXX civil municipal de XXX, servidora judicial que por no hallarse inscrita en carrera no podía, según la acusación, ser designada bajo esa forma de vinculación.

El examen de las pruebas debatidas en el juicio oral, deja entrever que en este caso el juez H.D. no revisó detenidamente la resolución cuestionada lo cual le impidió detectar el error consignado en ella, ya que su intención era nombrar en provisionalidad a quien iba a ocupar el cargo, tal como lo hiciera en las oportunidades anteriores.

En efecto, el acusado conocía que la provisionalidad, forma de provisión de cargos en la Rama Judicial, procede en los casos de vacancia temporal por alguna de las situaciones administrativas previstas en el inciso 2º del artículo 135 de la Ley 270 de 1996, incapacidad por enfermedad como en este caso, y así obró en consecuencia, cuando concedió la licencia inicial y las dos posteriores, nombrando en esa condición a otro empleado de su despacho.

De modo que hallándose probado con el acta de posesión y las constancias de la coordinación del área de talento humano de la Rama Judicial, que F.B. asumió en provisionalidad el cargo de sustanciadora nominada por el término de la licencia por enfermedad de su titular y sus efectos fueron los de esa forma de vinculación, ningún ánimo de transgredir la ley puede encontrarse en la determinación del juez cuando de manera equívoca en la resolución XXX indicó que su nombramiento se hacía en encargo.

A partir de la simple literalidad del acto administrativo no puede inferirse el dolo como lo pretende la fiscalía, pues el conjunto probatorio muestra por el contrario la existencia de un error, ya que no otra conclusión distinta se extrae de las resoluciones XXX, XXX y XXX suscritas por el juez acusado días antes, del acta de posesión y de las constancias mencionadas en precedencia.

Ausente en el actuar del doctor I.H.D. la intención de quebrantar la ley, la Sala confirmará la sentencia impugnada debido a la naturaleza dolosa del delito de prevaricato por acción imputado.

Lo anterior la releva de hacer consideraciones sobre el error de tipo y la antijuridicidad material, aducidas por el defensor del acusado, respaldadas por el delegado del Ministerio Público y controvertidas por el impugnante.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 15 de febrero de 2017, por medio de la cual la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de XXX absolvió a I.H.D., en su calidad de juez 4 civil del municipal de esa ciudad, de las acusaciones que se le hicieran por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Devuélvase al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) CSJ AP, 29 de jul. 2015, rad. 44XXX.

(2) CSJ SPXXX-2016.

(3) CSJ SP, 24 jun. 1986, rad. 406.XXX, GJ CLXXX n.° 2424, págs. 438 - 442.

(4) CSJ SP, 24 jun. 1986, rad. 406.XXX, GJ CLXXX n.° 2424, págs. 438 - 442.

(5) CSJ SP4XXX-2016.

(6) CSJ SP14XXX-2014.

(7) CSJ SP, 11 nov. 2009, rad. 31XXX.

(8) Cfr. CSJ SP, 26 may. 1998, rad. 13XXX.

(9) Art. 47, Decreto 1660 de 1978.