Sentencia SP15903-2014/40004 de noviembre 20 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 40004

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 397

Bogotá D.C., veinte de noviembre de dos mil catorce.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Los cuatro reparos propuestos en la demanda al amparo de la causal 2ª del artículo 181 de la ley 906 de 2004, denuncian violaciones a la estructura del debido proceso y de las garantías relacionadas con la defensa del acusado.

En principio cabe advertir que tratándose de supuestas irregularidades, resultan impertinentes las manifestaciones de la recurrente acerca del valor probatorio que el Tribunal reconoce a los testimonios de los psicólogos y la crítica a la sentencia cuando da por demostrados los hechos, porque a su juicio las versiones ofrecidas por la menor a su abuela y dichos profesionales difieren en su descripción, puesto que ellas son ajenas a la naturaleza de la causal invocada.

De otro lado, los cuestionamientos a la sentencia nada tienen que ver con vulneraciones a la estructura del debido proceso; la renuncia de la Fiscalía a oír en el juicio oral a la menor, a su abuela, al juez por impedirle a la defensa el derecho de contradicción y fundar la sentencia en un peritaje carente de soporte, son situaciones relacionadas con el derecho a la defensa y como tales serán abordadas en este fallo.

1. Así las cosas, en el descubrimiento probatorio la Fiscalía enunció como pruebas que haría valer en el juicio oral, la declaración de la menor L.M.J.P, la cual finalmente no se llevó a cabo porque no asistió.

Para la recurrente la inasistencia advertida, fue culpa del ente acusador; sin embargo en su argumentación pasa por alto, que a quien más convenía una situación como la presentada era a la propia defensa.

Independientemente de tales consideraciones, fue la tía de la menor que en su testimonio manifestó que la víctima no quería venir al juicio, hecho del cual tuvo conocimiento a través de la abuela de ella.

Esa situación condujo a la Fiscalía a advertir que “la niña está siendo presionada para no venir hasta este estrado judicial” a contar lo ocurrido o por lo menos a manifestar su deseo de no declarar, y solicitar la suspensión de la audiencia de juzgamiento con el objeto de oírla, ya que su padre por vía telefónica había manifestado la posibilidad de traerla personalmente, según lo constatado en los registros de audio(1).

A pesar de dicho compromiso, en la continuación del juicio la Fiscalía hizo saber que la menor L.M.J.P no pudo ser localizada(2), con cuya manifestación renunció tácitamente a practicar la prueba.

Ese silencio asumido ahora como violatorio del derecho de defensa, bajo el supuesto de la necesidad de oír a la joven para “contrainterrogar[la] e impugnar su credibilidad”, es un argumento de último momento carente de sustento, cuando el órgano de la acusación puso en entredicho la conducta de la abuela y aludió a la probabilidad que se le estuviera impidiendo a la menor comparecer a declarar o a manifestar su deseo de no hacerlo.

En las anteriores circunstancias, la indisponibilidad del testigo fue la causa de su inasistencia y no la inoperancia de la Fiscalía, con el objeto de evitar su contrainterrogatorio por parte de la defensa, como se insinúa en la demanda.

Por lo demás, la misma Fiscalía pidió la suspensión del juicio oral con el propósito de lograr su asistencia, ese fue uno de los fines de la solicitud y no únicamente la de obtener la de los psicólogos según se afirma por la recurrente, con la intención de mostrar una vulneración del derecho de defensa inexistente.

2. Tampoco tiene razón cuando reprocha la ausencia en el juicio oral de M.R.C., abuela de la menor, porque aunque si bien es cierto al ponerle en conocimiento su derecho a no declarar por ser afín del acusado en primer grado, manifestó haber sido “interrogada ya mucho y ya no quiero ser más investigada”, ante la insistencia del juez por saber si quería hacerlo o no, respondió “no quiero ser declarada”(3).

Entendió quien presidía el juicio, que la testigo se acogía a la excepción constitucional y legal del deber de declarar que le había sido puesta en conocimiento al momento de hacerle las reconvenciones legales, luego carece de fundamento la aseveración en la demanda, según la cual “No es cierto lo que explica la Fiscalía, en el sentido de que ella se acogió al privilegio”, porque además es una decisión que en ese momento escapaba a su órbita funcional.

Independientemente de esa consideración, los audios no permiten duda alguna sobre la intención de la testigo, que ante el juez en uso de su derecho no quiso declarar.

La Sala no entiende en qué sentido resultó afectado el derecho de defensa con la determinación de la testigo y cómo atribuir a la Fiscalía su supuesta vulneración, si el órgano de la acusación no impidió a la señora MR declarar en el juicio oral o sugirió que no lo hiciera.

Que en la audiencia preparatoria en ejercicio de su derecho se opusiera a que la citada también fuera testigo de la defensa, al considerar que “no manifestó sobre qué aspectos puntuales la va a interrogar”(4), no significa tampoco limitación a sus derechos, con mayor razón si el juez acogió la oposición luego de escuchar los argumentos del defensor sobre los fines que perseguía con su práctica.

Pudo en ese momento mostrar su inconformidad con lo decidido acudiendo a los recursos ordinarios; sin embargo de acuerdo con los registros de audio ninguna objeción formuló frente a la determinación del juez en el sentido anotado.

En esas condiciones, dos fueron las razones por la cuales finalmente M.R. no rindió declaración en el juicio; la primera, porque a pesar de asistir a la audiencia se amparó en su derecho a no declarar por el parentesco de afinidad con el acusado y segunda, el juez la excluyó como prueba de la defensa en la audiencia preparatoria.

El reparo de la demanda por vulneración del derecho a la defensa queda sin sustento, de un lado porque el juez y menos la Fiscalía podía obligar a declarar a MR y del otro, la defensa en el momento procesal indicado guardó conformidad con la decisión que le negó la posibilidad de llevarla a juicio como su testigo.

3. Así mismo, la defensa halla en el comportamiento de la testigo Jessica Fernanda Quintero Murillo, conductas que a su juicio lesionaron el derecho a la defensa.

Acusa a la psicóloga de “montar su dictamen” en estadísticas que no domina y en la declaración mostrarse insegura, desconfiada de sí misma y utilizar un lenguaje que no es el suyo, con lo cual se advierte que adelanta una crítica a la forma y contenido del testimonio ajena a la naturaleza del reproche propuesto en la demanda.

Conforme al desarrollo del juicio oral, ella fue llevada en calidad de testigo y no de perito, el llamado de atención de la defensa para que dirigiera su mirada al juez y no al Fiscal al responder las preguntas, no es un acto aflictivo del derecho a la defensa, ni tampoco su respuesta acerca de la veracidad que ofrecía el relato de la niña configura atentado del mismo, según lo insinuado en la demanda.

Sin embargo la casacionista oculta que la pretensión de la Fiscalía para introducir como evidencia la entrevista y la valoración psicológica de la menor realizadas por Jessica Quintero, fue objetada por la defensa en el momento que se disponía a dar lectura de ella precisamente porque había sido convocada al juicio en condición de testigo, razón por la cual se abstuvo de introducirlas al mismo, pese a la confusión del juez sobre su procedencia aclarada oportunamente por el ministerio público.

Pero además, desconoce que el representante del ente acusador había solicitado autorización al juez no solo para ponerle de presente a la testigo esos elementos materiales probatorios(5), sino que también le dio traslado de ellos a las partes, momento en el que la defensa no formuló reclamo acerca de ese procedimiento que después consideró irregular.

Luego las aseveraciones según las cuales la testigo al rendir su declaración se apoyó en un escrito, cuyo contenido la defensa y el ministerio público ignoraban, y la Fiscalía incumplió con su obligación de introducirlo al juicio, resultan contrarias a lo establecido en los audios.

En ese sentido, no se vislumbran actos irregulares que hayan causado afrenta al derecho de defensa del acusado, ni en la demanda se ofrecen otras razones demostrativas de la nulidad postulada.

4. De igual manera acontece al reclamar la anulación de la sentencia, bajo el argumento de haber sido edificada sobre un peritaje sin soporte y por falta de incorporación de los elementos materiales probatorios, en los cuales el perito fundamentó el dictamen.

Antes que acreditar irregularidades en la elaboración y fundamentación del peritaje, la casacionista pone en duda sus conclusiones por considerar mecanizadas sus versiones, al tratarse de un perito que por varios años viene rindiendo dictámenes en un número aproximado a los 400.

Adicionalmente lo cuestiona por llamar consistente al relato que le hiciera la menor, al mismo tiempo que advierte contradicciones con lo dicho a Hilda Jiménez y a la psicóloga por L.M.J.P., para estimar que la más creíble por su etiología y espontaneidad es la narración hecha por la víctima a su tía.

De acuerdo con lo anterior, se trata de la inconformidad de la demandante con la valoración de la declaración del perito y de su dictamen, para concluir que su versión carece de consistencia, en razón a que su concepto tiene igualmente fundamento en lo manifestado por la abuela, cuya testigo se le impidió traer al juicio y por consiguiente utilizar su entrevista.

En esas condiciones se trata de hipótesis, de juicios personales de la demandante sobre lo que ella “cree” revela el testimonio del perito, pero no de irregularidades que hayan desconocido el derecho a la defensa, en cuanto según se ha visto las sustenta en hechos contrarios a lo acontecido en el juicio, porque M.R. a pesar de asistir a la audiencia no quiso declarar y en la preparatoria la defensa no mostró inconformidad con la decisión del juez de negar que la misma fuera testigo suya, condiciones que imposibilitaban el uso de su entrevista cuyas finalidades están señaladas en la ley.

Finalmente, tampoco acierta cuando considera que el derecho de contradicción fue vulnerado, pues basta acudir a los registros de audio para advertir que de él hizo uso la defensa, a través de un contrainterrogatorio agudo que el mismo perito calificó de inteligente por la calidad de las preguntas a las cuales debió enfrentarse.

La misma casacionista reconoció que lo testificado por el perito es prueba directa, opinión concordante con lo dicho por la jurisprudencia que descarta su propia crítica al fallo, en el sentido de sustentarse únicamente en prueba de referencia.

Sobre el testimonio del perito se ha dicho lo siguiente:

“La Sala debe recordar su postura en cuanto al dicho de los peritos cuando, como en el caso de los médicos, sicólogos o siquiatras versa sobre la anamnesis del examinado, esto es, el relato que hace este último sobre los hechos que motivan el estudio forense, pues en tal caso, ha precisado la Sala de Casación Penal, la deponencia del profesional no deja de ser un peritaje para convertirse, como así lo pide la libelista, en un testimonio de referencia”(6).

En razón a que ninguno de los cargos está llamado a prosperar, la Sala no casará la sentencia.

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

No casar el fallo de origen, naturaleza y contenido indicados, por los cargos formulados en la demanda.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

1 Sesión marzo 20 de 2012, cd juicio oral, record 37.10 min.

2 Sesión abril 23 de 2012, cd juicio oral, record 31:10 min.

3 Sesión marzo 20 de 2012, cd juicio oral, record 25:08.

4 Febrero 20 de 2012, cd audiencia preparatoria, record 40:54.

5 Sesión de abril 23 de 2012, cd juicio oral, record 8:30 min.

6 CSJ AP, 01 oct. 2012, rad. 38160.