Sentencia SP16227-2015 de noviembre 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 42510

(Aprobado acta 424)

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., veinticinco de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. El cargo formulado.

Se plantea un cargo bajo la égida de la causal segunda de casación, consagrada en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por la supuesta violación del principio de congruencia por parte del Tribunal Superior de Villavicencio al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria proferida por el juez de primera instancia.

2. Para el estudio y decisión de la censura propuesta, la Corte abordará los siguientes temas: i) la falta de interés jurídico de la defensa para impugnar el fallo del tribunal por trasgresión al principio de congruencia, ii) la afectación de los derechos de los procesados, y iii) la armonización de los principios de legalidad y de non reformatio in pejus.

2.1. La falta de interés jurídico de la defensa para impugnar el fallo del tribunal por trasgresión al principio de congruencia.

De los cargos incluidos por la impugnante en su demanda solo se admitió el atinente a la falta de congruencia entre la acusación y el fallo condenatorio emitido por el Tribunal Superior de Villavicencio.

De tiempo atrás esta corporación ha sostenido que cuando se alega la trasgresión al principio de congruencia, lo procedente no es decretar la nulidad sino ajustar la sentencia a la acusación, para de esa manera corregir el yerro atribuido al fallador de primera y/o segunda instancia (entre otras, CSJ SP, dic. 11/2003, Rad. 19775 y CSJ SP, mayo 25/2015, Rad. 42287).

En este caso, si la Corte encontrara probado el yerro que la demandante le atribuye al tribunal, el remedio no sería la nulidad, como esta lo solicita, sino que tendría que ajustar la sentencia a la acusación, en la que se incluyeron cargos por secuestro y secuestro extorsivo, lo que generaría un evidente perjuicio al apelante único, toda vez que, según se indicará más adelante, le asiste razón a la delegada de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público en cuanto afirman que están dados los presupuestos fácticos de los delitos en mención.

De otro lado, la jurisprudencia de esta Sala también ha aclarado que la defensa no tiene interés jurídico para recurrir cuando su pretensión es contraria a los intereses del procesado (CSJ SP, dic. 11/2003, Rad. 19775, CSJ AP, oct. 20/2014, Rad. 38044, CSJ SP, sep. 9/2015, Rad. 44485, entre otras), y, visto de otra manera, para que exista dicho interés es necesario que el fallo objeto de demanda haya ocasionado un daño o perjuicio (CSJ AP, ago. 31/2011, Rad. 36.928, CSJ SP, jun. 27/2012, Rad. 38857, entre otras).

En este orden de ideas, se hace evidente que la defensa no tenía interés jurídico para impugnar el fallo condenatorio por la supuesta trasgresión al principio de congruencia, porque i) la decisión procedente (ajustar el fallo impugnado a la acusación) generaría una situación claramente desventajosa para los procesados, con la consecuente trasgresión del principio de non reformatio in pejus, y ii) el error en la calificación jurídica, que se le atribuye al tribunal, antes que perjudicar a los procesados los benefició ampliamente, según se indica en el siguiente apartado.

Por tanto, desde ya se anuncia que la demanda será desestimada.

2.2. La afectación de los derechos de los procesados.

Encuentra la Sala que el tribunal, al separarse de la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía a lo largo de toda la actuación, no generó perjuicio a los procesados y, por el contrario, los benefició ampliamente, en detrimento del principio de legalidad. Para desarrollar este planteamiento abordará los siguientes aspectos: i) el desarrollo legal y jurisprudencial del principio de congruencia, y ii) la aplicación de estas reglas al caso objeto de análisis.

2.2.1. El desarrollo legal y jurisprudencial del principio de congruencia.

El artículo 448 de la Ley 906 de 2004 dispone que “el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

Esta norma ha sido objeto de un amplio desarrollo jurisprudencial, analizado en detalle recientemente por esta corporación en la decisión CSJ SP, 25 de mayo de 2015, radicado 44287, que será reproducida dada su importancia para la solución del caso objeto de análisis.

Como ya ha tenido oportunidad de precisarlo esta corporación, el principio de congruencia constituye una garantía derivada del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y su finalidad es asegurar que el sujeto pasivo de la acción penal sea condenado, si hay lugar a ello, por los mismos cargos por los que se le acusó, sin lugar a sorprendérsele a última hora con imputaciones frente a las cuales no tuvo oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción.

La incongruencia entre acusación y fallo no se encuentra expresamente reconocida como causal de casación en la Ley 906 de 2004, como si aparecía en la causal segunda reglada en el numeral 2º del artículo 207 de la Ley 600 de 2000 y en otros estatutos, pero no se discute que cuando se profiere un fallo con desconocimiento de los parámetros de la acusación, se afectan las reglas del debido proceso en su estructura básica, así como las garantías debidas a los intervinientes, motivo por el cual tal incorrección es demandable bajo la égida de la causal segunda dispuesta en el artículo 181 de la citada legislación procesal del 2004.

En efecto, el artículo 448 de dicha normatividad establece:

“El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

Sobre el alcance de la norma en comento la Corte ha señalado que su quebranto se produce por acción o por omisión cuando se: i) condena por hechos distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación o de acusación, o por delitos no atribuidos en la acusación, ii) condena por un delito no mencionado fácticamente en el acto de formulación de imputación, ni fáctica y jurídicamente en la acusación, iii) condena por el delito atribuido en la audiencia de formulación de la acusación, pero deduce, además, circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad, y iv) suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que fue reconocida en la audiencia de formulación de la acusación(5).

El referido precepto, como de tiempo atrás lo ha dilucidado la Sala, alude a la correspondencia personal (el acusado), fáctica (hechos) y jurídica (delitos), que debe existir entre la acusación, la intervención del delegado de la Fiscalía durante la etapa del juicio y la sentencia; conformidad que, referida al debido proceso y al derecho de defensa, se ajusta al principio de congruencia e implica que los jueces no pueden desconocer la acusación dictando otra oficiosamente, pues se trata de un proceso adversarial que involucra, de un lado, al ente investigador y, del otro, al procesado y su defensor, en una relación contenciosa en cuyo desarrollo se debe materializar la igualdad de armas, e impone hacer valer en toda su extensión el principio de imparcialidad.

Es necesario anotar, sin embargo, que desde la SP, 27 de julio de 2007, radicado 26468, la Corte viene admitiendo la posibilidad de variar en el fallo la calificación jurídica atribuida en la acusación, es decir, condenar por un delito distinto al contemplado en esta.

Sobre el particular, se precisó en la reseñada decisión que el fiscal bien puede “solicitar condena por un delito de igual género pero diverso a aquel formulado en la acusación —siempre, claro está, de menor entidad—, o pedir que se excluyan circunstancias de agravación, siempre y cuando —en ello la apertura no implica una regresión a métodos de juzgamiento anteriores— la nueva tipicidad imputada guarde identidad con el núcleo básico de la imputación, esto es, con el fundamento fáctico de la misma, pero además, que no implique desmedro para los derechos de todos los sujetos intervinientes” (resaltado fuera de texto) y sin que se haga más gravosa la situación del acusado.

No obstante, ya en SP, 16 de marzo de 2011, radicado 32685, había puntualizado la Sala que los jueces pueden efectuar el cambio de la calificación jurídica sin ser necesario que medie solicitud expresa de la Fiscalía. Sobre el particular, textualmente señaló:

“Si bien en el precedente citado por el defensor de G.R. XXXX(6), la Corte consideró que en la sistemática prevista en la Ley 906 de 2004 el juez puede condenar al acusado por un delito distinto al formulado en la acusación, siempre y cuando i) el ente acusador así lo solicite de manera expresa, ii) la nueva imputación verse sobre una conducta punible del mismo género, iii) la modificación se debe orientar hacia un delito de menor entidad, iv) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, y v) no se debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes, aquella primera exigencia merece ser modificada en el sentido que los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva que se estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una especie distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de prueba sea más favorable a los intereses del procesado” (resaltado fuera de texto).

Así en CSJ AP, 28 de marzo de 2012, radicado 36621, en la cual se citaron decisiones anteriores, la corporación expresó:

“Necesario es señalar, en pos de consolidar una línea jurisprudencial sólida frente a tal temática, que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, la Sala ha superado la tesis, en su momento reinante sobre el denominado principio de congruencia estricto(7), para abrir paso a una postura morigerada frente a las facultades del juez en la sentencia(8):

“(…) Ahora, si bien el principio de congruencia impide al juez, cuando dicta el fallo, modificar completamente la denominación jurídica de los hechos, ello no es óbice para degradar la conducta a favor del procesado; por ejemplo, tomando en cuenta circunstancias que redunden en beneficio del procesado, atenuantes específicas o genéricas, o incluso condene por una ilicitud más leve, siempre y cuando no se afecten los derechos de los demás intervinientes” (subrayas fuera de texto).

Por su parte, en CSJ AP, 3 de julio de 2013, radicado 33790 se dijo:

“Lo expuesto en manera alguna implica sostener que, de acuerdo con lo acreditado en la fase probatoria del juicio, el juez no se halle facultado para condenar por un delito de menor entidad al imputado por la Fiscalía, para excluir circunstancias genéricas o específicas de agravación punitiva o para reconocer cualquier clase de atenuante genérica o específica que observe configurada, es decir, variar a favor del acusado la calificación jurídica de la conducta específicamente realizada por la Fiscalía, pero respetando siempre el núcleo fáctico de la acusación objeto de controversia en el juicio oral, como la Corte ha tenido ocasión de reiterarlo (…)” (resaltado fuera de texto).

Más recientemente, en CSJ SP, 12 de marzo de 2014, radicado 36108, sostuvo la corporación:

“(…) la doctrina de la Corte ha entendido que debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia en los términos previstos por el artículo 448 del CPP, en su doble connotación fáctica y jurídica, siendo posible, de manera excepcional, que el juez se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género y el cambio de calificación se oriente hacia una conducta punible de menor o igual entidad, siempre y cuando además se respete el núcleo fáctico de la acusación, así por ejemplo en CSJ SP, 27 de julio de 2007, radicado 26468 de 2007, CSJ SP, 3 de junio de 2009, 28649/09, CSJ AP. 7 de abril de 2011, radicado 35179 de 2011 y CSJ SP, 24 de julio de 2012, radicado. 32879” (subrayas fuera de texto).

En AP, 24 de septiembre de 2014, radicado 44458 reiteró la Corte, que cuando de manera excepcional el juez pretenda apartarse de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, aun tratándose de la denominada congruencia flexible, es necesario que respete los hechos, se trate de un delito del mismo género y el cambio de calificación se produzca respecto de una conducta punible de menor o igual entidad.

También se destacó en la providencia del 15 de agosto de 2013, la Sala ratificó su propósito de consolidar una línea jurisprudencial sólida que dejara atrás ese concepto rígido de congruencia estricta, el cual impedía al juez modificar al momento de dictar el fallo la denominación jurídica efectuada por la Fiscalía, para abrir paso a una postura que faculte la potestad oficiosa para degradar la conducta a favor del procesado, siempre y cuando se respete el núcleo fáctico de la acusación y no se afecten los derechos de los demás intervinientes.

Es incuestionable que al mantener el núcleo esencial de la imputación fáctica se garantiza plenamente el ejercicio del derecho de defensa, pues esa es la base de la cual se deriva la calificación jurídica que, realmente, corresponde aplicar, y por ello, en cuanto se conserve el aspecto medular de los hechos, no es factible predicar la violación de la referida garantía, pues el acusado directamente o a través de su defensor ha tenido en tal caso la oportunidad de desvirtuarlos mediante la aportación de pruebas o de controvertir el alcance dado a los mismos a través de argumentaciones de carácter intelectual, comportando su adecuación jurídica una labor que únicamente cobra carácter definitivo en el respectivo fallo.

2.2.2. La aplicación de estas reglas legales y jurisprudenciales al caso objeto de análisis.

Tanto la impugnante como las representantes de la Fiscalía y del Ministerio Público hicieron alusión a varios aspectos, que aunque se encuentren relacionados entre sí son perfectamente diferenciables, a saber: i) la falta de congruencia entre la acusación y el fallo condenatorio, que constituye el objeto central de la censura, y ii) los errores cometidos por el tribunal de segunda instancia al realizar la calificación jurídica.

En aras de lograr claridad y precisión, la Sala analizará por separado cada uno de estos aspectos. Primero, para establecer si por el hecho de que el tribunal haya optado por una calificación diferente a la propuesta por la Fiscalía a lo largo de la actuación, se violaron los derechos de los procesados en el contexto del principio de congruencia. Segundo, para establecer la solución que debe dársele al yerro que se le atribuye al juzgador de segunda instancia en la interpretación y selección de las normas aplicables al caso.

En este apartado se abordará el primero de los asuntos propuestos. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios desarrollados por la jurisprudencia para definir si el cambio de calificación jurídica realizado por el fallador (respecto de la acusación) afecta los derechos del procesado, a saber: i) la congruencia fáctica entre la acusación y el fallo impugnado; ii) la conducta por la que se emite condena debe ser de igual o menor entidad que la propuesta en la acusación, iii) el delito por el que se condena debe ser del mismo género de los incluidos en la acusación, y (iv) que con el cambio de calificación jurídica no se cause perjuicio a los sujetos procesales y demás intervinientes.

2.2.2.1. La congruencia fáctica entre la acusación y el fallo impugnado.

Del cotejo de la acusación y de los hechos declarados por el tribunal en el fallo condenatorio se deduce que el núcleo fáctico planteado por la Fiscalía no fue alterado por el juzgador de segunda instancia.

La acusación se formuló en los siguientes términos:

Denunció L.L. XXXX, piloto de aviones y administrador de empresas de profesión, que el día XX de enero de 2009, hacia las 12:30 del día, cuando se desplazaba en su camioneta de placas XXX-XXX del hotel “XXXX”, ubicado en el kilómetro XX de la vía a Puerto Lopez, con destino a Villavicencio para buscar a un odontólogo que le revisara un diente que se le había partido, en compañía de su novia M.M. XXXX y el empleado E. XXXX, al llegar al puesto de control instalado por la Policía de Carreteras a la entrada de Villavicencio, frente a la estación de servicio Ocoa, fue abordado por el patrullero B.S. XXXX, quien les ordenó bajarse, los requisó y se apartó un poco de ellos e hizo una llamada por celular, procedimiento a informarles que debían esperar porque venían unos agentes de la Sijin para hacerles unas preguntas; uno de ellos momentos antes le había solicitado el favor de que cuando pasara esa camioneta, la retuviera y les avisara. De ahí que a los diez minutos llegó un Montero de color azul donde iban dos hombres de civil, quienes les exigieron la cédula y se presentaron como agentes de la Sijin, uno de ellos, el de camisa salmón, le dijo a L.L. XXXX que tenía orden de capturada, del acompañante del policial, a la fecha de hoy no tenemos su identificación; por lo cual el agente de la Sijin le informó que si le entregaba quinientos millones de pesos no lo conducía a la Sijin, y le colaboraría; sin embargo, como estaban en la mitad de la carretera dispusieron hacerlos devolver hacia el hotel XXXX, por lo que L.L. XXXX, M.M. XXXX y el agente de la policía que resultó ser D.R. XXXX, que vestía camisa salmón, se subieron a la camioneta de las víctimas, y a E. XXXX lo hicieron subir al campero Montero conducido por el acompañante de D.R. XXXX.

En la acusación se agrega lo siguiente:

Al llegar al hotel XXXX no entraron sino que se quedaron frente al mismo, eso sí, mandaron a que lo hiciera M.M. XXXX y se quedó D.R. XXXX y la otra persona al frente del hotel al igual que los señores L.L. XXXX y E. XXXX, por lo que seguidamente se aparecen en el lugar los señores H.S. XXXX, E.G. XXXX y J.C. XXXX, este último conductor, en la camioneta de la Policía Nacional, del área de criminalística, de placas XXXX, y el señor C.F. XXXX lo hizo en una moto de alto cilindraje, por lo que en ese momento el subintendente H.S. XXXX en su calidad de comandante les manifestó a las víctimas que a partir de ese instante él era el que asumiría el cargo como jefe del operativo y que el mismo consistía en que el señor sería capturado por cuanto tenía orden de captura vigente por parte del gobierno de España, y que solamente no continuará con el requerimiento siempre y cuando les entregaran la suma de quinientos millones de pesos, motivo por el cual el señor L.L. XXXX llama telefónicamente a su padre, señor S.O. XXXX a fin de que le ayude a reunir la plata para tal fin, pero al hablar con él, al igual que lo hizo con D.R. XXXX, aquel les manifestó que no cancelaría ningún dinero y que si lo necesitaba que lo pusieran a disposición de la autoridad competente, y que si no lo llevaban ante la autoridad competente que entonces saliera corriendo y se encerrara en un cuarto y que no saliera por ningún motivo, y que mientras tanto llamara a la policía uniformada o al Ejército, por lo que cuando este intenta hacerlo, es aprehendido por un brazo al igual que lo hicieron con E. XXXX y en contra de la voluntad de estos los subieron a la camioneta panel de la Policía y los condujeron hacia orillas del rio Ocoa, lugar donde los mantuvieron un tiempo prudente mientras ellos tomaron cerveza y gaseosa.

Luego, la Fiscalía agrega:

Estando en ese lugar, después de una larga exigencia nuevamente de los quinientos millones, J.C. XXXX recibe una llamada donde al parecer le informan que debe salir del lugar, al igual que previa llamada que hiciera otro de los policiales, procede a decirle que para dejarlos libres deben cancelar la suma de doscientos millones de pesos, a partir de ese momento todos cinco se ponen muy nerviosos y como J.C. XXXX se va en su camioneta a atender el llamado, los otros policiales abordan un taxi que pasaba por el lugar y allí se sube la persona que iba con una cachucha, L.L. XXXX y E. XXXX, y los otros tres policiales se fueron en el Montero azul y en la motocicleta de cilindraje 200, y llegaron no a la Sijin sino que lo hicieron a una cancha de baloncesto que queda retirada y detrás de esas instalaciones, allí duraron más de diez minutos exigiéndole por la liberación la suma de doscientos millones de pesos, donde le insistían que era la última oportunidad que tenía porque o si no lo que seguía era entregarlos al comandante de la Sijin para que hiciera efectiva la orden de captura. Al rato reciben una llamada, por lo que se colocan mucho más nerviosos y finalmente los llevan a la Sijin donde los recibe inicialmente el capitán F. XXXX del Gaula y seguidamente el mayor G. XXXX, este último le informó a las víctimas que podían formular denuncia porque no existían antecedentes en su contra y por el mal proceder de los policiales (…).

Por su parte, el tribunal describe los hechos de la siguiente manera:

Los hechos ocurren el día 23 de enero de 2009 entre las 12:00 M., y las 2:10 P.M., en la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López (Meta), cuando a la altura del río Ocoa, fueron privados de la libertad los señores L.L. XXXX y E. XXXX, por parte de miembros de la Sijin aquí procesados, quienes pretextando la existencia de una orden de captura con fines de extradición (para ese momento inexistente) adelantaron el procedimiento dentro del cual exigieron el pago de una suma de dinero a cambio de no dejarlos a disposición de la autoridad competente; finamente hacia las 2:10 p.m., fueron llevados a las instalaciones de la Sijin y por órdenes superiores, fueron entregados a miembros de la Sipol y trasladados al Comando de Policía Meta, pues para ese momento la Policía Nacional y el Gaula habían sido alertados de un posible secuestro de dichas personas.

La detención la efectúa primeramente el agente de la Policía B.S. XXXX, por solicitud del procesado D.R. XXXX quien minutos antes se había hecho presente en el puesto de control indicando las placas y características del rodante. Más tarde aquel hizo detener el vehículo donde se transportaban los señores L.L. XXXX, E. XXXX y M.M. XXXX, para practicar una requisa y verificación de documentos. Después arrimaron al sitio en un vehículo particular dos hombres vestidos de civil que se identificaron como agentes de la Sijin, uno de los cuales resultó ser el ahora procesado D.R. XXXX (del otro aún se desconoce su identidad), les solicitaron la cédula de ciudadanía y falsamente le manifestaron a L.L. XXXX que existía en su contra una orden de captura con fines de extradición hacia España. Enseguida fueron trasladados hasta el “Hotel XXXX” donde se hospedaban los detenidos con el fin de dejar en dicho sitio a la señora M.M. XXXX, novia de uno de los detenidos; luego hacen presencia en el sitio los señores H.S. XXXX, E.G. XXXX y J.C. XXXX a bordo de una patrulla de criminalística de la Sijin y en una moto de alto cilindraje arribó el señor C.F. XXXX, todos miembros activos de la Sijin. Posteriormente los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Sijin, después al Comando de Policía y luego asesorados y acompañados por oficiales de la Policía hasta las instalaciones de la URI para formular denuncia por el delito de secuestro extorsivo en contra de los miembros de la Sijin que adelantaron el procedimiento.

Según la denuncia de los detenidos (quienes no declararon en el juicio oral por cuanto uno de ellos se encuentra huyendo y el otro fue extraditado a España), los miembros de la Sijin les exigieron primeramente la suma de $500.000.000 millones de pesos y luego $200.000.000, para no hacer efectiva la orden de captura con fines de extradición y no dejarlos a disposición de las autoridades correspondientes. Por tal motivo L.L. XXXX se comunica con su padre el señor S.O. XXXX y le comunica sobre la petición de los policiales, quien manifestó que no entregarían ningún dinero y que los pusieran a disposición de la autoridad competente; como este aconsejó a su hijo que si no lo llevaban ante una autoridad saliera corriendo y se encerrara mientras él llegaba o verificaban el operativo, este es sujetado por los hombres y conducido contra su voluntad a la patrulla de policía, para ser trasladado nuevamente hasta las inmediaciones del río Ocoa, en donde insistieron en la petición monetaria a cambio de su libertad.

De esta manera, queda claro que el fallador de segunda instancia no alteró el núcleo fáctico de la imputación. Frente a este punto cabe aclarar que una cosa es que en la sentencia se cambien —por supresión, adición o tergiversación— los hechos planteados por la Fiscalía en la acusación (lo que no ocurrió en este caso), y otra muy distinta que se discuta sobre el sentido y alcance de los hechos descritos en abstracto por el legislador como presupuesto de una determinada consecuencia jurídica, pues esto último, sin duda, está en el ámbito de la interpretación y aplicación de la ley.

La anterior aclaración es necesaria porque durante su intervención la impugnante sostuvo que si bien el delito de privación ilegal de la libertad tiene una pena menor que los punibles de secuestro incluidos por la Fiscalía en la acusación, no comparten el núcleo fáctico. A su turno, la delegada de la Fiscalía, luego de ahondar en consideraciones jurídicas sobre el sentido y alcance de los tipos penales objeto de discusión, anotó que con su decisión el tribunal no respeta el núcleo central de la acusación, “porque si bien es cierto el delito de secuestro comparte un elemento común con el de privación de la libertad, involucran elementos fácticos diferentes, sin que sea dable afirmar que se está frente a conductas similares”.

De otro lado, la representante del Ministerio Público, basada en los precedentes de esta corporación sobre las normas aplicables a este tipo de casos, sostuvo que el fallador de segunda instancia “violó el principio de congruencia en la medida en que no respetó la imputación fáctica, el bien jurídico y la tipicidad estricta”.

Sin embargo, valga aclararlo, ninguna de las intervinientes cotejó los hechos incluidos en la acusación con los declarados en el fallo impugnado, con la finalidad de demostrar que en la condena se incluyeron aspectos factuales no considerados por la Fiscalía. Sus argumentos se orientaron a demostrar que la calificación jurídica realizada por el tribunal es equivocada, aspecto que será analizado en el siguiente apartado.

Así, encuentra la Sala que el tribunal no se apartó del núcleo fáctico de la imputación, lo que permite concluir que no se generó perjuicio a los procesados a la luz de este primer aspecto del principio de congruencia.

2.2.2.2. La atribución de una conducta punible de igual o menor entidad a la considerada por la Fiscalía en la acusación.

Según se indicó en el numeral anterior, el tribunal tuvo como presupuestos factuales que los procesados, miembros activos de la Sijin, retuvieron ilícitamente a las víctimas con el fin de exigirles dinero a cambio de no hacer efectiva una orden de captura con fines de extradición, para ese entonces inexistente. El fallador de segunda instancia realizó una particular interpretación de uno de los elementos estructurales del tipo consagrado en el artículo 174 del Código Penal (“abusando de sus funciones”), para concluir que en este caso los procesados realizaron la conducta objeto de reproche en ejercicio de su rol de agentes de la Policía Nacional, bajo el entendido de que el mismo no se interrumpe por el hecho de estar disfrutando de franquicia o permiso.

A partir de esa interpretación, el tribunal le atribuye a los procesados una conducta punible mucho más benigna que la planteada por la Fiscalía en la imputación, acusación y escrito de apelación. Para arribar a esta conclusión basta con comparar los montos de la pena de prisión dispuestas para estos delitos: 48 a 90 meses para la privación ilegal de la libertad (art. 174), 192 a 360 meses para el secuestro simple (art. 168) y 320 a 504 meses para el secuestro extorsivo (art. 169).

Considera la Sala acertado lo que plantean la delegada de la Fiscalía y la representante del Ministerio Público en el sentido de que esa situación extremadamente ventajosa para los procesados se suscitó porque el tribunal realizó un análisis jurídico muy diferente al planteado por esta corporación en casos semejantes. En efecto, en la decisión CSJ SP, 29 de julio de 2015, radicado 30180, donde se analizó el caso de varios agentes del DAS(9) que aprovecharon la existencia de una orden de captura para privar de la libertad a un ciudadano, no con la intención de dejarlo a disposición de las autoridades sino de constreñirlo para que les entregara diez millones de pesos y dos mil dólares, se concluyó que incurrieron en el delito de secuestro extorsivo y no en el de concusión. Esta postura fue reiterada en la decisión CSJ SP, 25 de mayo de 2015, radicado 42287, donde se analizó un caso con marcada analogía fáctica con el que ahora ocupa la atención de la Sala.

De esta manera, es claro que los procesados fueron los únicos beneficiados con la errada calificación jurídica que se le atribuye al tribunal. Como bien lo anota la delegada del Ministerio Público, dicho error podría constituir una violación directa de la ley sustancial, que no puede ser enmendado por la Corte por las razones que se expondrán más adelante. Basta por ahora resaltar que, según lo analizado hasta ahora, el yerro sólo afectó, y gravemente, el principio de legalidad.

2.2.2.3. El delito por el cual se condena debe ser del mismo género del o los incluidos en la acusación.

Frente a este aspecto existe una importante diferencia entre este caso y los analizados por la Sala en las decisiones atrás citadas. En el asunto conocido bajo el radicado 42287, que tiene profunda similitud procesal con el que ahora se resuelve, en la medida en que la Fiscalía acusó por secuestro, el juez de primera instancia profirió fallo absolutorio y el tribunal revocó la decisión y condenó a los procesados por el delito de concusión, se hizo hincapié en los diferentes bienes jurídicos tutelados con el tipo penal incluido por la Fiscalía en la acusación y el que fue elegido por el tribunal al proferir la condena, pues mientras el secuestro hace parte del título III que trata de los delitos contra la libertad y otras garantías, el de concusión está incorporado al título XV, que regula los delitos contra la administración pública.

Al margen de la discusión suscitada en esa oportunidad, en este caso debe resaltarse que los delitos incluidos por la Fiscalía en la acusación (secuestro simple y secuestro agravado), y el elegido por el tribunal para adecuar la conducta de los procesados (privación ilegal de la libertad), hacen parte del título III, que trata de los delitos contra la libertad y otras garantías.

En cuanto a los presupuestos de orden factual establecidos por el legislador como presupuesto de las respectivas consecuencias jurídicas, los delitos en mención comparten el aspecto principal, esto es, que una persona sea privada de la libertad.

Como es lógico, en torno al aspecto fáctico principal (la privación de la libertad de una persona), íntimamente ligado a la afectación o puesta en peligro del bien jurídico, se establecen diferentes presupuestos que dan lugar a un mayor o menor reproche punitivo. Así, por ejemplo, se dispone una pena mayor cuando el secuestro se realiza con alguno de los fines previstos en el artículo 169, la pena se disminuye si voluntariamente la víctima es dejada en libertad dentro de los primeros 15 días de retención y sin que se haya alcanzado el fin buscado por el sujeto activo, etcétera.

Incluso, la calidad de servidor público es considerada en varios de los tipos penales incluidos en el título III, bien como agravante del secuestro extorsivo (art. 170, numeral 5º), o como elemento estructural del tipo (art. 174).

De esta manera, considera la Sala que el error en la calificación jurídica, atribuido al tribunal, solo tuvo el alcance de generar un notorio beneficio a los procesados. No se advierte que dicho cambio los haya puesto de alguna manera en indefensión, aspecto que prácticamente fue omitido por la impugnante y los demás intervinientes en sus respectivas exposiciones, pues se limitaron a hacer apreciaciones genéricas sobre el principio de congruencia y la trasgresión del mismo por parte del sentenciador de segundo grado, lo que será objeto de análisis en el siguiente apartado.

2.2.2.4. La generación de un perjuicio concreto a los procesados o a otros intervinientes.

Según lo explicado en precedencia, el tribunal no se alejó del núcleo fáctico de la acusación, por lo que, en este ámbito, no se generó ninguna situación de indefensión para los procesados.

También se aclaró que el error atribuido al tribunal, consistente en calificar jurídicamente los hechos como privación ilegal de la libertad y no como secuestro, tal y como correspondía, dio lugar a la afectación del principio de legalidad, conforme lo denunciaron la delegada de la Fiscalía y la representante del Ministerio Público, con un marcado beneficio para los procesados en la medida en que se les impuso una pena mucho menor a la que debió aplicarse si el fallador de segunda instancia hubiera acertado en la interpretación y selección de las normas aplicables al caso.

De otro lado, no obstante las diferencias entre los delitos de secuestro (arts. 168 a 171 del Código Penal) y el de privación ilegal de la libertad (art. 174 ídem), son conductas punibles del mismo género en la medida que se relacionan con el mismo bien jurídico y comparten el elemento principal (la privación de la libertad de una persona). Desde esta perspectiva tampoco se avizora algún perjuicio para los implicados.

Sumado a lo anterior, en la demanda la impugnante se limitó a decir que el tribunal le violó a sus representados el derecho de defensa “ya que los imputados no tuvieron oportunidad de controvertir los cargos por los cuales inicialmente fueron imputados”, y luego agrega que “si hubiese existido desde un principio el conocimiento de ser juzgados bajo diferentes presupuestos de los que inicialmente fueron llamados a juicio, probablemente hubieran podido argumentar con su defensa otros argumentos para acogerse o controvertir los mismos, por lo tanto no pudieron ejercer frente a la última conducta asignada por el tribunal, su debido derecho de defensa”.

En la sustentación oral del recurso, la recurrente ahondó en consideraciones de orden jurídico orientadas a desvirtuar la calificación jurídica que hizo el tribunal, para finalmente reiterar que los derechos de sus representados fueron trasgredidos. En suma, poco o nada dijo la impugnante sobre el perjuicio efectivo que supuestamente le fue causado a sus defendidos en el contexto del principio de congruencia.

Por su parte, la representante de la Fiscalía centró su atención en la explicación de por qué el Tribunal erró en la calificación jurídica de los hechos, y dijo de paso que con ello había desconocido el núcleo fáctico de la acusación. En estos argumentos, claramente orientados a demostrar el error en la interpretación y aplicación de la ley sustantiva, no se incluyó de manera puntual lo atinente al perjuicio efectivo que pudieron sufrir los procesados a raíz del yerro atribuido al fallador de segundo grado.

Del mismo jaez son los planteamientos de la delegada del Ministerio Público, pues sus ideas centrales se relacionan con el sentido, alcance e importancia del principio de congruencia, y sobre la calificación jurídica procedente frente a los hechos declarados en el fallo condenatorio. Esta interviniente tampoco se ocupó de analizar a fondo el perjuicio efectivo que eventualmente se pudo causar a los procesados por el hecho de que el tribunal haya optado, erradamente, por una calificación diferente a la planteada por la Fiscalía en la acusación.

Al inicio de este apartado se resaltó que la impugnante y quienes emitieron su concepto en calidad de no recurrentes se refirieron a dos temas relacionados entre sí pero perfectamente diferenciables. La Sala retoma ese punto para hacer notar que los errores en la calificación jurídica no implican necesariamente la trasgresión del principio de congruencia, porque, a manera de ejemplo, es posible que el fallador interprete y/o seleccione incorrectamente las normas aplicables al caso, incluso dentro del marco fáctico y jurídico propuesto por la Fiscalía, o que sus equivocaciones lo lleven a optar por una calificación jurídica diferente a la propuesta en la acusación, pero sin desbordar el marco definido jurisprudencialmente para realizar ese tipo de ajustes.

Así, la fuerza de los argumentos frente a la errada interpretación y/o selección de las normas, no se traslada necesariamente a la supuesta trasgresión de los derechos de los procesados por la adopción de una calificación jurídica diferente a la planteada en la acusación, porque se trata de asuntos sustancialmente diferentes. Tan es así, que los errores en la interpretación y selección de la normatividad aplicable al caso pueden tener como efecto que los procesados, antes que sufrir algún perjuicio, se vean ampliamente beneficiados, incluso a costa del principio de legalidad, tal y como sucedió en este caso.

Por ello, la amplia disertación de las intervinientes sobre los yerros del tribunal en la interpretación, selección y aplicación de las normas del Código Penal, no las excusaba de sustentar sus conclusiones y pretensiones atinentes a la violación de los derechos de los procesados en el contexto del principio de congruencia.

No debe pasarse por alto que “la incongruencia entre acusación y fallo no se encuentra expresamente reconocida como causal de casación en la Ley 906 de 2004, como si aparecía en la causal segunda reglada en el numeral 2º del artículo 207 de la Ley 600 de 2000 y en otros estatutos, pero no se discute que cuando se profiere un fallo con desconocimiento de los parámetros de la acusación, se afectan las reglas del debido proceso en su estructura básica, así como las garantías debidas a los intervinientes, motivo por el cual tal incorrección es demandable bajo la égida de la causal segunda dispuesta en el artículo 181 de la citada legislación procesal del 2004”(CSJ SP, mayo 25/2015, Rad. 42287).

De esta manera, además de demostrar la existencia del error o la irregularidad, quien alegue la violación de las garantías en el ámbito de la congruencia entre la acusación y el fallo tiene la carga de demostrar su trascendencia frente a los derechos del procesado, para lo que resultan útiles los criterios desarrollados por la jurisprudencia, a los que se hizo alusión en el numeral 2.2.1.

En el presente caso, según se indicó, no se avizora que los procesados hayan sufrido algún perjuicio a raíz de la calificación jurídica adoptada por el tribunal, ni la impugnante incluyó este aspecto en su disertación con un nivel de profundad que permita llegar a una conclusión diferente.

2.3. La armonización de los principios de legalidad y de non reformatio in pejus. 

En los otros apartados se dejó establecido que la impugnante, la delegada de la Fiscalía General de la Nación y la representante del Ministerio Público hicieron énfasis en que el tribunal se equivocó al calificar los hechos declarados en el fallo como privación ilegal de la libertad (C.P., art. 174).

Conforme se indicó en el acápite anterior, el error en la calificación jurídica no implica necesariamente la afectación del principio de congruencia, porque una cosa es la interpretación, selección y aplicación de las normas penales, lo que en casación se debate en el terreno de la violación directa de la ley sustancial, y otra muy diferente que optar por una calificación jurídica diferente a la propuesta en la acusación afecte los derechos del procesado en el ámbito de la congruencia, aspecto este que fue descartado en el numeral 2.2.

En cuanto a los yerros en la calificación jurídica, encuentra la Sala que, en efecto, el Tribunal Superior de Villavicencio se equivocó en la interpretación y selección de las normas aplicables al caso. Sobre el particular, son ilustrativas las consideraciones expuestas en los fallos CSJ, 29 de julio de 2015, radicado 30180 y CSJ SP, 25 de mayo de 2015, radicado 42287, donde, según se indicó en precedencia, se analizaron casos con una marcada analogía fáctica con el que ahora ocupa la atención de esta corporación.

En el fallo radicado bajo el número 30180 se hizo hincapié en que “la retención de una persona y la exigencia dineraria para su liberación, estructura aquí el secuestro extorsivo, sin que tenga incidencia que el capturado tenga antecedentes penales o se trate de un delincuente, porque la Constitución Política garantiza sin distingos el derecho a la libertad (…)”; y más adelante se dejó sentado que “desde el momento en que los funcionarios ingresaron de manera irregular y retuvieron a (…) y, en vez de ponerlo a disposición del tribunal, decidieron exigir a cambio de su libertad el pago de una suma de dinero, se alejaron de una conducta funcional, pero no para omitir un acto propio de sus cargos, sino que precisamente la condición de agentes del DAS la utilizaron como medio para realizar la privación de la libertad y exigir provecho económico a cambio de su liberación”.

En el presente caso sucedió exactamente lo mismo, en la medida que, según los hechos declarados en el fallo condenatorio, los procesados, aprovechando su condición de agentes de la Sijin, privaron de la libertad a varias personas, no con el fin de dejarlas a disposición de las autoridades competentes, pues no existía orden judicial ni mediaba situación de flagrancia, sino con un propósito distinto, que según el fallador de segundo grado no fue esclarecido y que en sentir de la representante de la Fiscalía no era otro que exigir una elevada suma de dinero.

En este caso, como bien lo anota la representante del Ministerio Público, colisionan los principios de legalidad y el de non reformatio in pejus, como quiera que es ostensible que el tribunal erró en la calificación jurídica y a consecuencia de ello le impuso a los procesados una pena muy inferior a la que correspondía, pero, de otro lado, el fallo de segunda instancia sólo fue impugnado por la defensa.

De tiempo atrás esta corporación se ha ocupado del sentido y alcance del principio de non reformatio in pejus en la Ley 906 de 2004, y de la forma como deben resolverse las tensiones entre este principio y el de legalidad. Así, en el fallo CSJ SP, 28 de octubre de 2015, radicado 43436, se reiteró:

Sobre la ampliación de la cobertura del principio de non reformatio in pejus en la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-591 de 2005, precisó:

La nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de aplicación de la garantía procesal de la interdicción de la reformatio in pejus, a cualquier situación, es decir, a toda decisión adoptada por un juez de control de garantías o de conocimiento que fuese susceptible de apelación por alguno de los intervinientes en el proceso.

En tal sentido, el diseño constitucional de la garantía procesal de la non reformatio in pejus conlleva a que esta constituya i) un límite a la actividad del ad quem en el sentido de que le está vedado agravar la pena o sanción impuesta al condenado o afectado en un proceso o procedimiento administrativo; ii ) evite que este último sea sorprendido con una sanción que no tuvo oportunidad de controvertir; y iii ) permita el ejercicio del derecho de defensa, ya que aleja el temor al incremento de aquélla. Nada obsta, sin embargo, para que el legislador amplíe el ámbito de protección de dicha garantía constitucional, a condición de que no vulnere alguna disposición constitucional; tanto menos y en cuanto, el nuevo modelo procesal penal, al igual que el respeto por los derechos de las víctimas, justifican tal ampliación.

En efecto, en los sistemas acusatorios existe una tendencia a limitar los poderes del superior jerárquico, a diferencia de lo sucedido en los sistemas inquisitivos por cuanto, como los sostiene Maier, en estos últimos, el recurso de apelación contra la sentencia se encontraba íntimamente ligado con la idea de delegación del poder jurisdiccional que gobernaba la administración de justicia, de suerte que el poder que se había delegado en el inferior debía devolverse por completo al superior, lo que implicaba acordarle a este último amplios poderes para revisar lo decidido por el a quo. Por el contrario, en un modelo procesal penal de tendencia acusatoria, los poderes del juez de segunda instancia se encuentran limitados por lo decidido por el inferior jerárquico.

De igual manera, extender la prohibición de la reformatio in pejus a cualquier situación es conforme con un principio esencial de los sistemas acusatorios, cual es, la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia. En efecto, la imparcialidad del órgano jurisdiccional que se pretende garantizar con el principio acusatorio exige que se impida condenar por hechos distintos de los acusados o a persona distinta de la acusada, es decir, debe existir una correlación entre el acto de acusación y la sentencia.

Así mismo, ampliar la garantía de la interdicción de la reformatio in pejus constituye un medio para asegurar en mejor medida los derechos de la víctima a la justicia, la verdad y la reparación, ya que cuando esta se constituya en apelante único, el superior jerárquico no podrá desmejorar la situación en relación con el disfrute de tales derechos amparados por la Constitución y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

En suma, el principio de la limitación al superior se potencia mucho más en la filosofía y dinámica del nuevo sistema procesal penal, pues tratándose de un sistema de partes adquiere mayor sentido un límite para el superior. Por lo tanto, la extensión que el legislador operó de la garantía de la no reformatio in pejus es conforme con uno de los principios básicos del sistema acusatorio, cual es, limitar las facultades del superior jerárquico en sede de apelación.

En este orden de ideas, la Corte declarará exequible la expresión “‘El superior no podrá agravar la situación del apelante único’, del artículo 20 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado (...)”.

Sobre el mismo tema, esta corporación ha resaltado que “(…) el artículo 20 de la Ley 906 de 2004 extiende la prohibición a las providencias proferidas en segunda instancia, al señalar que “El superior no podrá agravar la situación del apelante único”, de modo que la prohibición de la reforma en peor cuando se trata de recurrente único abarca las decisiones adoptadas en dicha instancia (...)” (CSJ SP, jul. 21/2010, Rad. 30460, reiterada en CSJ AP, mayo 14/2015, Rad. 42763).

De otro lado, la Sala ha analizado la colisión que puede presentarse entre los principios de legalidad de la pena y de non reformatio in pejus. En el contexto del recurso extraordinario de casación, ha concluido que a pesar de la trascendencia del principio de legalidad, y así se esté ante su evidente trasgresión, no le es posible a la Corte tomar los correctivos pertinentes cuando de ello se deriva una situación más desventajosa para el acusado que tiene la calidad de apelante único (entre otras, CSJ SC, sep. 16/2015, Rad. 38154). Esta misma lógica es aplicable a los tribunales superiores de distrito judicial cuando al conocer el recurso de apelación interpuesto exclusivamente por la defensa detectan que el principio de legalidad ha sido quebrantado, pero los correctivos generarían una reforma peyorativa para el acusado (CSJ SC, dic. 12 /2012, Rad. 35487).

A lo anterior debe agregarse que el artículo 188 de la Ley 906 de 2004 consagra el principio de no agravación, en virtud del cual “cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su representante, cuando tuviere interés, la hubieren demandado”.

Según las anteriores reglas, no le es dable a la Corte corregir los errores del tribunal y, en consecuencia, emitir la sentencia de reemplazo, como parece solicitarlo la representante de la Fiscalía, porque ello implicaría la trasgresión de la garantía consagrada en el inciso segundo del artículo 31 de la Constitución Política, que fue ampliada en el artículo 20 de la Ley 906 de 2004 en la medida que se dispuso que “el superior no podrá agravar la situación del apelante único”, conforme lo analizó ampliamente la Corte Constitucional en la sentencia atrás citada.

Desde esta perspectiva, la Sala considera que no es procedente optar por la solución propuesta en el fallo radicado bajo el número 42287 al que se ha venido haciendo alusión, donde se planteó que la manera correcta de armonizar el principio de legalidad y el de non reformatio in pejus es ajustar la calificación jurídica pero mantener la pena correspondiente a la conducta punible de menor entidad por la que erradamente condenó el fallador de segunda instancia.

La regla propuesta en el fallo en mención es compatible con la manera como está regulado el principio de non reformatio in pejus en el artículo 31 de la Constitución Política, pues allí la garantía solo abarca la agravación de la pena, pero no encaja en la consagración más amplia que del mismo se hace en el artículo 20 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que prohíbe agravar de cualquier manera la situación del impugnante único.

No cabe duda que el cambio de calificación jurídica puede agravar la situación del impugnante único, así la pena se mantenga incólume. Basta para ello considerar, a manera de ejemplo, que el ordenamiento jurídico consagra la exclusión de beneficios frente a algunas conductas punibles, como sucede con el artículo 38B del Código Penal que prohíbe la prisión domiciliaria frente a los delitos enlistados en el artículo 68A ídem, y con lo dispuesto en el artículo 38G de la misma codificación, que prohíbe la prisión domiciliaria luego de cumplida la mitad de la pena, cuando se trate de los delitos allí referidos, entre los que se cuenta el de secuestro extorsivo.

En consecuencia, la Sala no casará la sentencia recurrida para enmendar los errores en que incurrió el tribunal al realizar la calificación jurídica de los hechos declarados en el fallo, porque ello agravaría la situación del impugnante único y, en consecuencia, violaría el principio de non reformatio in pejus.

Lo expresado en precedencia hace evidentes las graves consecuencias que pueden derivarse de los errores judiciales asociados a la selección, interpretación y aplicación de la ley sustantiva, por lo que tiene cabida el llamado de atención que solicita la representante del Ministerio Público para que los administradores de justicia ejerzan su función con el cuidado inherente al importante rol que les ha sido confiado. De igual manera, se recuerda la importancia de que la Fiscalía haga uso de los recursos procedentes cuando advierta algún error que pueda socavar el principio de legalidad, como sucedió en el caso que ahora se resuelve.

En síntesis, la demanda debe ser desestimada, porque la defensa carecía de interés jurídico para impugnar el fallo condenatorio, en la medida que los errores atribuidos al fallador de segundo grado, antes que perjudicar a los procesados, los benefició ampliamente. Además, porque al alegar la violación al principio de congruencia la defensa tácitamente acepta el remedio procesal procedente en estos casos, que no es otro que ajustar la sentencia a la acusación, lo que daría lugar a que los procesados fueran condenados por delitos más graves y recibieran una sanción mucho más alta que la que les fue impuesta en el fallo impugnado, con la consecuente violación del principio de non reformatio in pejus, que a su vez le impide a la Sala corregir los yerros en que incurrió el fallador de segundo grado al realizar la calificación jurídica de los hechos declarados en la sentencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

5 Cfr. Sentencias del 6 de abril de 2006, radicado 24668, del 28 de noviembre de 2007, radicado 27518 y del 8 de octubre de 2008, radicado 29338.

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 3 de junio de 2009, radicado 28649.

7 “(…) la jurisprudencia de la Sala ha acogido lo que podría denominarse como el principio de congruencia estricto, bajo el entendido que el juez no puede condenar por conducta punible diferente a aquella por la que se acusó, ni siquiera para favorecer al implicado, al paso que, para el fiscal la congruencia es flexible o relativa, en tanto que puede pedir condena por delitos diferentes al de la acusación siempre que la nueva calificación se ajuste a los hechos y sea favorable para el acusado” Cfr. Sentencia del 27 de julio de 2007, radicación 26468.

8 Cfr. Sentencia del 7 de septiembre de 2011, radicación 35293.

9 Dependencia que existía para cuando ocurrieron esos hechos.