Sentencia SP163-2017 de enero 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Fernando Alberto Castro Caballero

SP163-2017

Rad.: 48079

Aprobado Acta Nº 007

Bogotá, D.C., enero dieciocho (18) de dos mil diecisiete (2017).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia.

A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto, de acuerdo con la competencia que le asigna el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que la acción penal es ejercida contra la Fiscal 1º Seccional de Caloto (Cauca), quien fue juzgada en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por conducta realizada en ejercicio de sus funciones.

Así mismo, procede a pronunciarse esta corporación de conformidad con la facultad prevista en el artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable a este asunto por razón del principio de integración —art. 25, CPP—.

La referida norma establece que tal procedimiento puede hacerse de oficio o a solicitud de parte, siempre que se realice dentro del término de ejecutoria, condición que se cumple en este caso habida cuenta que la Corte aún no se ha pronunciado sobre todos los temas objeto de apelación, siendo criterio reiterado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que las decisiones que ponen fin a un proceso no pueden tener ejecutorias parciales(2).

2. Sobre la supuesta tipicidad de la conducta.

Los motivos de disenso manifestados por la Fiscalía se contraen a cuestionar los fundamentos que tuvo la corporación de instancia para absolver a M. C. E. H. del delito de falsedad ideológica en documento público, argumentando que durante el juicio oral se logró probar que su conducta es típica y antijurídica; razón por la cual se impone a la Corte examinar si dicho comportamiento punible aparece acreditado en el grado requerido por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004.

Con el propósito de abordar el análisis del anterior cuestionamiento, resulta necesario tener en cuenta que el tipo penal de falsedad ideológica en documento público se encuentra definido en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, así:

El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses. 

La configuración del delito aludido se estructura por los siguientes elementos: i) un servidor público que en ejercicio de sus funciones; ii) elabore o suscriba un documento auténtico con potencialidad probatoria; iii) en el que se calla total o parcialmente la verdad o se presenta de forma distorsionada, tergiversada o alterada.

De tiempo atrás la Sala ha considerado, y lo ratifica ahora, que «la fe pública, en tanto bien jurídico constitucionalmente relevante y penalmente tutelado, consiste en la credibilidad otorgada a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes(3)

Así, entonces, la fe pública se protege, desde el derecho punitivo, mediante la tipificación de varias conductas que la menoscaban o amenazan, entre ellas la prevista en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, previamente transcrito, en razón a que los servidores públicos tienen la función de certificación respecto de los documentos que suscriben en ejercicio de sus funciones, en los cuales deben consignar la verdad, no parcialmente o de modo amañado, sino de manera íntegra y completa.

Desde antaño la Corte de manera pacífica ha considerado que esa «función» o «tarea» se sustenta en la obligación de «ceñirse estrictamente a la verdad sobre la existencia histórica de un fenómeno o suceso», así como de «incluir las especiales modalidades o circunstancias en que haya tenido lugar, en cuanto sean generadoras de efectos relevantes en el contexto de la relaciones jurídicas y sociales»(4) (Subrayas fuera del texto principal).

En la sentencia del 21 de abril de 2004 proferida por esta corporación en el radicado 19930, pronunciamiento que trajo a colación el representante de la Fiscalía General de la Nación al momento de sustentar el recurso de apelación, se precisó respecto a la inocuidad del documento público, lo siguiente:

«Como ha enseñado la Sala(5), para que un comportamiento típico pueda considerarse base o fundamento del delito es indispensable que de modo efectivo lesione o al menos ponga en peligro un bien jurídico tutelado por la ley; con tal sentido el principio de lesividad, acuñado por la doctrina jurídico penal, aparece recogido en la legislación penal como uno de los elementos esenciales del delito (art. 11 del C.P.). 

En el nuevo código penal se mantiene la fe pública como bien jurídico objeto de tutela a través de las disposiciones sustanciales que definen los delitos de falsedad documental, entendido aquél como la confianza de la colectividad en las formas escritas en cuanto tengan importancia como medio de prueba en el tráfico jurídico. 

De modo que, si la falsedad documental cualquiera que sea su modalidad no recae sobre un medio que goce de dicha confianza colectiva, resulta inidónea para vulnerar el bien jurídico de la fe pública y no ocasiona un daño, ni al menos lo engendra potencialmente, no merece represión penal, ya que por virtud del principio de antijuridicidad material no aparece plausible sancionar el hecho realizado al margen de cualquier incidencia social. 

Sobre el particular es de recordarse que el antiguo concepto de que la veracidad e intangibilidad de los documentos públicos debían ser respetadas con independencia de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el tráfico jurídico por ser una emanación del poder documentario del Estado, y que la sola alteración de la verdad en los mismos merecía reproche penal, hoy en día con los modernos desarrollos dogmáticos ha quedado relegado a un segundo plano, para dar paso a otro prevalente en el derecho penal fundado en criterios de relevancia social y jurídica, según el cual los documentos deben representar la existencia de un hecho trascendente en el ámbito de lo social, sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. De allí precisamente que en la actualidad se exija que los documentos sobre los cuales recae la acción falsaria necesariamente deban ser aptos para servir de prueba de un hecho social y jurídicamente relevante.

En este caso se afirma por el tribunal, y por quienes le antecedieron en el estudio de las diligencias, que la estadística cumple un papel de importancia en el tráfico jurídico, pues, además de servir de soporte a la política criminal del Estado, es a partir de la información recaudada que la Fiscalía General de la Nación controla resultados, diseña programas y planea estrategias de descongestión al interior de la institución, dando con ello a sugerir que en dichos aspectos se concreta la lesividad de la acción imputada al procesado». (Subrayas fuera del texto principal).

Y en ese mismo sentido se ha pronunciado la Corte de manera pacífica por más de dos lustros, considerando en fecha reciente lo siguiente:

«Se insiste, entonces, la imitación de la verdad implica que el documento pueda servir de prueba por atestar hechos con significación jurídica o implicantes para el derecho, es decir que el elemento falsificado debe estar en posibilidad de hacer valer una relación jurídica. 

Se trata, por tanto, de la creación mendaz con apariencia de verosimilitud, que en el caso de la falsedad documental pública se entiende consumada con la editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura del documento que se atribuye a una específica autoridad pública y que por ende representa una situación con respaldo en el derecho, al involucrar en su formación la intervención del Estado por intermedio de alguno de sus agentes competentes, ya que se supone expedido por un servidor público en ejercicio de funciones y con el lleno de las formalidades correspondientes. 

Además, es un delito clasificado entre los de peligro, en el entendido que el mismo no exige la concreción de un daño, sino la potencialidad de que se realice, esto es, aquél “estado causalmente apto para lesionar la fe pública en que se encuentra el instrumento con arreglo a sus condiciones objetivas —forma y destino—, como a las que se derivan del contexto de la situación” y cuya incidencia se mide por la aptitud que tiene de irrogar un perjuicio(6)».(7) (Subrayas fuera del texto principal).

Obsérvese que los transcritos requisitos legales y el desarrollo jurisprudencial que respecto a ese tópico existen hasta la fecha actual, exigen que la información que consigna en un documento el funcionario público sea “relevante”, en cuanto a sus efectos o, lo que es lo mismo, que tenga la potencialidad de causar un daño o lesión al bien jurídico tutelado, toda vez que de otra forma no se entendería su significación para ser objeto de desaprobación por el ordenamiento jurídico penal.

Descendiendo al asunto que suscita el presente estudio, huelga recordar que a la ex fiscal 1º Seccional de Caloto, Cauca, M. C. E. H. P., se le atribuye haber ordenado a sus subordinados consignar el 28 de marzo de 2008 en el formato de información de casos connotados con destino a la Dirección de Fiscalías de Popayán que dentro de la investigación seguida a C. A. T. L., B. T. S. y M. M. M. D., se había proferido medida de aseguramiento de detención preventiva; cuando en realidad el día 29 de ese mismo mes y año, al emitir la resolución de definición de situación jurídica resolvió abstenerse de imponer tal medida cautelar a los investigados.

En efecto, como lo señalara el a quo, siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales previamente reseñados, «el formato de información de casos connotados» cumple una función meramente informativa interinstitucional, en tanto se trata de un acto de comunicación del funcionario público de menor jerarquía (emisor) con su superior (receptor), en que se reporta el estado de los procesos que revisten especial importancia.

De manera que, sin perjuicio del deber que le asiste a los funcionarios públicos de consignar la verdad, frente al análisis concreto de responsabilidad por el punible de falsedad ideológica en documento público, objetivamente la conducta de la Fiscal H. P. no encuadra en la descripción típica por la cual fue acusada, toda vez que cuando procedió a llenar el formato de información de casos connotados había elaborado un proyecto de resolución de definición de situación jurídica en la que ordenaba la detención preventiva de los investigados, y fue solo hasta el día siguiente, cuando tras reexaminar el caso, a partir de nuevos argumentos de la defensa, resolvió abstenerse de imponerles tal medida cautelar, esto es, su decisión final fue posterior al momento en que se rindiera dicho informe a la dirección seccional de fiscalías. Por tanto, fácil resulta advertir, que la acusada consignó en dicho documento la verdad de lo que acontecía para el momento en que elaboró el informe, atendiendo el alcance y objeto del mismo.

En cuanto a la antijuridicidad del comportamiento, tanto la jurisprudencia atrás citada como el proveído evocado por el recurrente, reclaman un examen del caso concreto para ver la real incidencia del documento espurio en el tráfico jurídico, dado que debe tratarse de una alteración de un escrito que tenga capacidad de afectar el bien jurídico de la fe pública.

Le asiste la razón al a quo, al considerar la falta de lesividad del comportamiento objeto de análisis, dado el caso particular de que el formato de información de casos connotados es una forma de comunicación interinstitucional y como «elemento de control entre el superior y subordinado» carecía de aptitud para ingresar al tráfico jurídico, ni menos contaba con capacidad de trascender a la esfera pública, por consiguiente, no «causó confusión o una mala imagen de la administración frente a los ciudadanos». En otras palabras, lo informado en dichos formatos carecía de potencialidad para afectar el bien jurídico protegido.

De suerte que por las particulares circunstancias del caso concreto, a juicio de la Sala, no es adecuado afirmar que la acusada incurrió en el delito de falsedad ideológica en documento público.

Luego, entonces, se aprecia acertada la absolución decretada por el a quo en lo relativo al delito contra la fe pública, y en tal virtud, será objeto de confirmación.  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, en lo relativo a la absolución por el delito de falsedad ideológica en documento público, decretada en primera instancia a favor de la acusada M. C. E. H. P.

2. La presente sentencia por ser complementaria de la dictada en este mismo asunto el 23 de noviembre de 2016, se integrará con aquella y conformarán las dos una unidad jurídica inescindible.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria».

2 CSJ, 9 sep. 2016, Rad. 46534; CSJ AP, 13 feb. 2008, Rad. 28588.

3 CSJ SP, 5 mar. 2014, Rad. 36.337.

4 CSJ SP, 19 mayo 1999. Citada en CSJ SP, 13 feb. 2013, Rad. 40.254.

5 CSJ SP, 18 feb. de 2003, Rad. 016262

6 CSJ, SP 29 jul. de 2008 y 16 mar. 2011, rad. 28961 y 35720, respectivamente.

7 CSJ SP 13 feb. 2013, Rad. 40254.