Sentencia 41.730 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP1644-2014

Rad.: 41.730

(Aprobado Acta 40)

Magistrado ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Inadmitida la demanda promovida por la defensa técnica y vencido en silencio el término para agotar el mecanismo de insistencia, la Corte se centrará exclusivamente en el tema enunciado en auto del 11 de diciembre de 2013, esto es, en verificar si al dosificar la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, impuesta a Cristian Andrés Sánchez Rivera y Julio César Sánchez Rivera, el tribunal ignoró el sistema dosimétrico de cuartos.

En efecto, advierte la Sala que, tras recordar que, la conducta de los procesados puso en riesgo el derecho jurídicamente tutelado de seguridad pública al impedir la intervención y el control de las autoridades competentes respecto al porte de armas(12), el Juez Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Palmira tasó la referida sanción accesoria en 108 meses, es decir, por el mismo término de la sanción aflictiva de la libertad, lo que desconoce los lineamientos del canon 61 del mismo estatuto sustantivo, como pasa a verse.

En verdad, de acuerdo con dicha norma una vez establecidos los mínimos y máximos en que se ha de mover el juzgador, este está obligado a dividir el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuatro cuartos, para luego, seleccionar el que en cada caso corresponde, según no existan atenuantes y agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva (mínimo), coexistan causales de agravación y atenuación (medios) o solamente se perciban circunstancias de agravación (máximo).

Una vez identificado el cuadrante respectivo, el fallador debe imponer la pena a la que haya lugar atendiendo, para el efecto, la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

En el caso de la especie, se tiene que el inciso sexto del artículo 51 de la Ley 599 de 2000 determina que la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma durará entre uno (1) y quince (15) años de prisión, o lo que es lo mismo, doce (12) y ciento ochenta (180) meses.

Esto, significa que, los cuartos de movilidad son los que siguen:

Primero(13)SegundoTerceroCuarto
12 m. –54 m.54 m. 1 d. – 96 m.96 m. 1 d. – 138 m.138 m. 1 d. – 180 m.

Tal como ocurrió cuando el sentenciador dosificó la pena de prisión, para tasar la sanción accesoria que nos ocupa, debía ubicarse en el cuadrante mínimo —12 a 54 meses— habida cuenta que no se dedujeron circunstancias de mayor o menor punibilidad.

En cambio, se instaló en el tercer cuarto —o segundo medio— e impuso la pena de 108 meses, desbordando con suficiencia, el margen punitivo en que tenía que moverse siendo que, se insiste, le era imperioso situarse en el primer rango.

Ahora, debido a que, el parámetro utilizado por el juez unipersonal para determinar el quantum de la sanción accesoria examinada, consistió en escoger el mínimo de la pena de prisión (108 meses), la Corte también seleccionará el extremo inferior de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, que equivale a un (1) año —doce (12) meses—.

Este es pues, el tiempo que deberá descontar el sentenciado por razón de la privación del derecho a la tenencia y porte de arma.

En lo demás, el fallo de segundo grado se mantiene incólume.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, el 22 de abril de 2013, en el sentido de fijar la pena de un (1) año —doce (12) meses— de privación del derecho a la tenencia y porte de arma para Cristian Andrés Sánchez Rivera y Julio César Sánchez Rivera. En lo demás, se mantiene incólume.

2. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(12) Cfr. Cd de la lectura del fallo de primera instancia. Minuto 36:39 a 36:52.

(13) Las siglas son como siguen: m. (meses); d. (día).