Sentencia SP16575-2016 de noviembre 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47616

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

(Aprobado acta 360)

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala:

1. Competencia.

De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, y los artículos 68 ibídem y 32-3 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2015 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

2. Sobre la flexibilidad probatoria.

Los apoderados de víctimas S.R. y J.B. invocan el anotado principio para que se conceda la indemnización por daño emergente solicitada por las víctimas de desplazamiento forzado.

2.1. Si bien la justicia transicional ha flexibilizado los estándares probatorios aplicados a las peticiones resarcitorias permitiendo la verificación del daño a partir de hechos notorios, modelos baremos, presunciones y reglas de la experiencia, no ha eliminado la necesidad de demostrar la condición de víctima y el menoscabo padecido con el accionar criminal.

El artículo 23 de la Ley 975 de 2005, en lo pertinente, señala:

Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del tribunal superior de distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones.

El legislador estableció entonces la carga procesal en cabeza del reclamante y de su representante de ofrecer y/o solicitar pruebas sobre su condición de víctima y del daño padecido. Si no acredita la calidad aducida, no puede ser reconocido ni puede ordenarse el resarcimiento invocado, en tanto las sentencias deben estar soportadas en elementos de convicción legal, oportuna y válidamente incorporados.

Ello porque la flexibilización probatoria no equivale a la ausencia de prueba, como lo ratificó la Corte Constitucional al señalar la necesidad de probar en justicia transicional los perjuicios y, obviamente, la condición de víctima:

Desglosando la jurisprudencia de esta Corte, se tiene que existen importantes y decisivas diferencias entre la vía de reparación judicial y la administrativa: i) Las reparaciones por vía judicial pueden ser por vía de la jurisdicción penal o contencioso administrativa. ii) La reparación dentro del proceso penal se caracteriza porque a) se desprende del incidente de reparación integral, que busca la investigación y sanción de los responsables del delito, a partir del establecimiento de la responsabilidad penal individual en cada caso en concreto; b) tiene efecto solo para las víctimas que acuden al proceso penal; c) debe demostrarse dentro del proceso la dimensión, cuantía y tipo del daño causado; d) debe poderse demostrar, identificar, tasar o cuantificar el daño para poder determinar de manera proporcional e integral el monto a indemnizar a las víctimas, así como las diferentes medidas de reparación integral, tales como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la reparación simbólica, las garantías de no repetición; e) la reparación que se concede en vía judicial penal está basada en el criterio de restituo in integrum, mediante el cual se pretende compensar a las víctimas en proporción al daño que han padecido; f) los responsables patrimoniales primordiales de la reparación son los victimarios, y solo subsidiariamente, en caso de que el victimario no responda, o no alcance a responder totalmente, responde subsidiariamente el Estado; g) la reparación por vía judicial que nos ocupa, en el marco de la justicia transicional, se puede dar en nuestro sistema jurídico, en el proceso penal de justicia y paz, a través de un incidente de reparación integral previsto dentro del proceso penal especial de justicia transicional, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 975 de 2005. (C-286/2014).

La indemnización dispuesta por la justicia transicional es de carácter judicial, no administrativa, motivo por el cual los juzgadores deben ocuparse prioritariamente de verificar la calidad de perjudicado y los daños invocados, por ser condición sin la cual no es posible reconocer y ordenar el pago resarcitorio, con mayor razón cuando los recursos destinados a satisfacer la reparación, dada su escasez, deben administrarse de la manera más equitativa posible.

En consecuencia, quien pretenda su reconocimiento como víctima y el consecuente pago de una indemnización de carácter judicial, ostenta la carga de aportar los elementos mínimos que demuestren su condición y los daños irrogados por el accionar delictivo investigado.

Obviamente, esos medios de convicción se valoran con mayor indulgencia que en la justicia ordinaria, pero sin eliminar la obligación de entregar algún soporte frente a pretensiones millonarias que, en últimas, serán sufragadas con recursos del fondo para la reparación de víctimas, el cual está destinado para el beneficio de todas las personas que tengan esa calidad, debiéndose velar por su correcta destinación.

2.2. La Sala también ha precisado que el juramento estimatorio hecho por la víctima puede acreditar la cuantía de los daños causados cuando dentro del proceso de Justicia y Paz no se demuestra su monto, pero no suple la prueba del daño, el cual debe evidenciarse con medios de convicción diferentes.

b) También es importante acudir al instituto del juramento estimatorio reglado en la normativa procesal civil, en aplicación del principio de integración establecido en el estatuto procesal, en concordancia con la norma que sobre complementariedad contiene el artículo 62 de la Ley 975 de 2005.

En efecto, en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010, se dispone:

“Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. […]”.

Como viene de verse, se trata de un mecanismo establecido para permitir que la víctima valore el perjuicio a ella causado, aplicable al trámite de justicia y paz en virtud del principio de complementariedad. Si el estimativo no es controvertido por la contraparte, se acepta el valor fijado como suma a indemnizar, en tanto esta figura procesal se funda en el principio constitucional de la buena fe del artículo 83 Superior y busca otorgar agilidad a las actuaciones procesales permitiendo a las partes participar activamente en la solución de sus conflictos de índole pecuniario. Por ello, como se expuso ampliamente en acápites anteriores, se tendrá como prueba de la cuantía del perjuicio material, la manifestación jurada de la víctima, siempre que el material probatorio acopiado no la desvirtúe.

Lo anterior, además, por las dificultades de demostración de las víctimas del desplazamiento forzado, las cuales imponen flexibilizar la exigencia probatoria en tratándose de graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él, sin olvidar, que corresponde en el trámite de la Ley de Justicia y Paz al postulado pronunciarse al respecto y formular las objeciones u observaciones a que haya lugar, o por el contrario, asumir una actitud pasiva, denotando con ello que se allana al pedimento en tales condiciones presentado (CSJ SP 27/04/11, rad., 34547).

No es cierto, entonces, como afirman los recurrentes, que el juramento estimatorio es prueba suficiente del daño, pues solo constituye un estimativo de su cuantía que debe estar acompañado de prueba sumaria de la existencia de los bienes que se justiprecian para adquirir valor suasorio.

En ese orden, la Corte confirmará la decisión impugnada porque la negativa del tribunal de reconocer y liquidar indemnización por el daño emergente obedeció a que los solicitantes incumplieron el deber procesal de demostrar, siquiera sumariamente, la materialización del daño aducido, pues no aportaron ningún medio de convicción, llámese factura, recibo, escritura, declaración, denuncia, formato de desplazamiento o documento similar que corrobore la preexistencia de los bienes cuyo pago pretenden. Situación corroborada por la Sala ya que la revisión de las carpetas aportadas por los interesados evidenció la ausencia de soporte del perjuicio material aducido.

3. Impugnación de R.C.

El citado ciudadano pidió ser reconocido como beneficiario de reparación por el homicidio de su padre L.C., bajo el argumento de que el tribunal lo excluyó sin considerar que el abogado M.Q. presentó su caso en la audiencia respectiva.

En los folios 161 y 162 de la sentencia, el tribunal reconoció perjuicios en favor de Y.C., M.C. y J.C., compañera e hijos de L.C. Sin embargo, omitió considerar a R.C., quien a través de su apoderado aportó la certificación del registro civil de nacimiento con el que demostró su condición de hijo y, consecuentemente, el derecho a ser indemnizado.

En la carpeta correspondiente al hecho 61 presentada por el doctor M.Q. se observa dicho documento, así como la solicitud indemnizatoria en su favor realizada en la audiencia del 16 de octubre de 2014 y la sustitución de poder del abogado que inicialmente llevó el caso.

Ante la omisión detectada, la Sala adicionará la sentencia impugnada en el sentido de admitir como víctima indirecta por la muerte de L.C. a su hijo R.C., a quien se le reconocerá indemnización por daño moral y lucro cesante por cuanto era menor de edad cuando su padre fue asesinado.

En consecuencia, siguiendo los parámetros establecidos en la jurisprudencia nacional, se le asignan 100 smmlv por perjuicios morales y $27.922.013 por lucro cesante(2).

4. Impugnación del abogado H.R.

El litigante solicitó reconocer cómo víctima al menor J.V. en su condición de hijo póstumo de G.R., asesinado por el Bloque Central Bolívar.

El artículo 214 del Código Civil, modificado por el artículo 2º de la Ley 1060 de 2006, prevé:

ART. 214.—El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos:

1. Cuando el cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre.

2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001.

Acorde con la regla contenida en la norma transcrita, la presunción de paternidad se estructura a partir de dos enunciados: a) que el nacimiento se haya dado dentro del lapso de los 180 días, y b), que ese término se verifique a partir del matrimonio o la declaración de la unión marital de hecho.

En este caso, aunque el reclamante nació dentro del plazo indicado, no acreditó el matrimonio o la declaración judicial de la unión marital de hecho entre G.R. y Y.V. —madre de J.V.—. Por ello, a partir de la presunción invocada no es posible afirmar la paternidad de aquel con relación al hijo extramatrimonial de aquella, motivo por el cual la Sala confirmará la decisión impugnada, máxime cuando la parte interesada no adelantó el proceso de filiación que corroborara fehacientemente el parentesco aducido, previa realización de la prueba científica de ADN.

Si se llegare a probar el parentesco, podrá solicitarse el reconocimiento y pago de perjuicios en las actuaciones adelantadas contra el Bloque Central Bolívar.

5. Impugnación del abogado J.B.

5.1. Solicitó el apoderado modificar el fallo de primer grado para incluir a la señora M. Ch. como víctima del delito de desplazamiento porque fue relacionada en los documentos aportados por P. Ch., cabeza del grupo familiar al que pertenece.

Revisada la carpeta aportada en el incidente, la Sala corroboró la inexistencia de medios de convicción que relacionen a la peticionaria como desplazada de la vereda Los Aceitunos de Simití —Bolívar—. Tampoco fue mencionada como tal por el señor P.Ch. porque en la certificación de la personería de ese municipio solo figura el nombre de este peticionario y no el de la señora M. Ch.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión impugnada.

5.2. También cuestionó el apelante que el tribunal no ordenara la indemnización de J.F., porque aunque es cierto que falleció antes de que se profiriera la sentencia, los beneficiarios del reclamante tienen derecho a heredar la suma que le corresponda.

De acuerdo con lo probado en el incidente, J.F. fue desplazado el 15 de junio de 1998 de la vereda Los Aceitunos —certificación Personería de Simití— junto con su núcleo familiar, motivo por el cual, a través de abogado, solicitó su reconocimiento como víctima y la liquidación de los perjuicios correspondientes. Sin embargo, antes de culminar el trámite, el apoderado informó de su fallecimiento, motivo por el cual el tribunal se abstuvo de atender sus pretensiones.

Acorde con las reglas establecidas en el Código General del Proceso —artículos 68 y 519— la muerte de una de las partes no comporta la terminación del proceso ni habilita al juzgador para inhibirse de fallar. Por el contrario, el trámite continúa con los herederos o el curador, bajo la figura de la sucesión procesal.

Aún más, el artículo 519 señala que “si fallece alguno de los asignatarios después de haber sido reconocido en el proceso, cualquiera de sus herederos podrá intervenir en su lugar para los fines del artículo 1378 del Código Civil, pero en la participación o adjudicación de bienes la hijuela se hará a nombre y a favor del fallecido”.

En atención al principio de complementariedad —artículo 62, Ley 975 de 2005—, esas reglas son aplicables al trámite transicional, dada la naturaleza del tema y la ausencia de regulación específica en la Ley de Justicia y Paz.

Siendo ello así, se equivocó el tribunal al negar la pretensión indemnizatoria presentada a nombre del señor J.F. porque en el trámite incidental se demostró su condición de víctima directa del delito de desplazamiento forzado y, consecuentemente, su derecho a ser resarcido por ese hecho.

Por tanto, la Sala adicionará el fallo impugnado en el sentido de incluir como víctima del delito de desplazamiento a J.F., a quien se le asignará como indemnización 50 smmlv, cifra que corresponde a la que tradicionalmente se ha reconocido a las víctimas de ese delito.

No se reconocerá el daño emergente porque no se aportaron pruebas sobre la preexistencia de los semovientes y porcinos cuyo pago se reclama, con mayor razón cuando para el momento del desplazamiento J.F. solo tenía 10 años de edad, circunstancia que torna improbable la actividad ganadera que adujo para fundar su pretensión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de reconocer las siguientes víctimas e indemnizaciones:

VíctimaIndemnización
R.C.
Hecho 61
— 100 smmlv por perjuicio moral
— $27.922.013 por daño emergente
J.F.
Hecho 34
— 50 smmlv por perjuicio moral

2. CONFIRMAR el fallo de primera instancia en los demás aspectos impugnados.

Contra esta providencia no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

1 Cifra que corresponde a los ciento once meses que R.C. estuvo sin la ayuda de su padre antes de cumplir la mayoría de edad, pues nació el 30 de noviembre de 1992 y aquel murió el 3 de septiembre de 2001. Para ello se tuvo en cuenta la certificación de la Secretaria de Educación de Barrancabermeja según la cual L.C. devengaba: salario mensual $441.273, subsidio de alimentación $25.540, prima de transporte $30.000, prima de navidad de $517.514, para un total de $1.014.327. Así mismo, se evaluó que concurren por la indemnización la compañera permanente de la víctima y dos hijos más.