Sentencia SP16740-2014 de diciembre 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 41369

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá D.C., nueve de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Cuestiones previas:

1. Sea del caso advertir, ante todo, que la Sala no tendrá en cuenta los alegatos presentados, a modo de sujetos procesales no recurrentes, por los procesados Daniel Velásquez Villamizar y Luz Marina Acevedo Liévano, por cuanto no acreditaron en el curso de la actuación su condición de abogados. Esa la razón por la cual no se resumieron en el acápite pertinente de la presente decisión.

En relación con lo anterior, es necesario señalar que así como para presentar la demanda de casación se requiere, conforme lo establece el artículo 209 de la Ley 600 de 2000, ostentar la referida condición, de la misma manera resulta imprescindible reunir tal calidad para responderla. El fundamento de la exigencia establecida en esa disposición lo explica: la elaboración del libelo casacional requiere unos conocimientos especializados que solo están al alcance de los profesionales del derecho. Por lo mismo, quien pretenda cuestionar su sustento deberá, igualmente, ser abogado, pues únicamente de esa manera la réplica tendrá posibilidad de éxito.

2. Ahora bien, atendidas las peticiones de algunos de los sujetos procesales no recurrentes y del procurador delegado, la Sala se pronunciará, primeramente, frente a la afirmada extemporaneidad de las demandas de casación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 210 de la Ley 600 de 2000, el recurso extraordinario de casación debe interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda instancia, mientras la respectiva demanda habrá de presentarse en un término común posterior de treinta (30) días.

En el presente caso, la última notificación de la sentencia de segundo grado se efectuó por edicto, fijado por la secretaría del tribunal el 14 de agosto de 2012 y desfijado el 16 siguiente, luego el término de quince días empezó a correr el 17 de los mismos mes y año y venció el 7 de septiembre postrero. El 31 de agosto de esa anualidad el fiscal delegado y el apoderado de la parte civil interpusieron el recurso extraordinario, mientras el 5 de septiembre posterior hizo lo propio el representante del Ministerio Público, lo cual significa que se manifestaron al respecto en forma oportuna.

Mediante auto de sustanciación del 10 de septiembre del mismo 2012 el conjuez ponente concedió las impugnaciones, disponiendo notificar dicha decisión, lo que, en efecto, se cumplió el 25 de febrero de 2013 a través del mecanismo supletorio del Estado, produciéndose su ejecutoria el 28 de febrero siguiente, por cuya razón el término para la presentación de las demandas, según así lo informó la secretaría del tribunal en constancia obrante al folio 477 del cuaderno 2 de esa corporación, empezó a correr el 1º de marzo y venció el 18 de abril. En esa última data allegó el libelo casacional el Ministerio Público. Por su parte, la fiscalía y el apoderado de la parte civil lo entregaron los días 16 y 17 de los mismos mes y año, respectivamente.

En decisión del 22 de abril de 2013 dictada dentro del Radicado 39055, la Sala de Casación Penal de esta corporación fijó el alcance del artículo 101 de la Ley 1395 de 2010, determinando que los lapsos de 15 días para la interposición del recurso de casación y de 30 días para la presentación de la respectiva demanda deben transcurrir en forma ininterrumpida, esto es, sin solución de continuidad, de manera que una vez expirado el primero empieza a correr el segundo, sin necesidad de truncar el trámite para enviar el proceso al magistrado ponente a efecto de conceder la impugnación.

Si se aplicara a pie justillas la anterior jurisprudencia, resultaría clara la extemporaneidad de las demandas presentadas en el presente caso, pues los 30 días debieron empezar a contarse desde el 10 de septiembre de 2012, venciendo el 14 de noviembre siguiente, esto último por cuanto entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre se suspendieron los términos a raíz del paro judicial llevado a cabo en esa época, conforme la constancia obrante al folio 406 del cuaderno 2 del tribunal.

Al respecto, es necesario recordar el criterio de la Corte conforme al cual las constancias de los servidores judiciales dejadas en desarrollo de sus labores no revisten la virtualidad para alterar los términos legales, máxime si es deber de los sujetos procesales estar atentos a su cómputo (CSJ AP, 11 de dic. de 2013, rad. 42678). Sin embargo, como lo ha dicho también la Sala, dicha regla se excepciona cuando hay lugar a aplicar los principios de buena fe y confianza legítima. Sobre estos axiomas, en CSJ AP, 2 de may. de 2011, rad. 35807, se expresó lo siguiente:

“(...) un postulado esencial de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, es el de la buena fe, que se presume en todas las actuaciones entre particulares y las autoridades públicas. De manera pues que estas deben proceder con lealtad, de donde surge para los administrados confianza en sus actos, en sus decisiones, hasta el punto que esa confianza puede ser reclamada ante aquellas cuando se les pretenda imponer cargas innecesarias o que vayan en contravía de actos desplegados por un funcionario que generó seguridad.

La confianza legítima es, bajo ese orden, consecuencia directa del principio de la buena fe, toda vez que permite el control del abuso del derecho. Así, por ejemplo, la actuación del secretario de un despacho judicial(1) compromete a la administración de justicia, hasta el punto que sus errores pueden conllevar responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio(2).

Bajo ese orden —ha sostenido la Corte Constitucional— no existe justificación para que el equívoco del secretario de un juzgado, en torno al término de notificación, se le impute a quien está siendo procesado, pues este depositó su confianza en dicho funcionario y se acogió a lo dispuesto en la constancia dejada por aquel. Por manera que las consecuencias del error cometido por el empleado del juzgado no se le puede trasladar a las partes(3). Si el empleado del despacho judicial informó mal sobre un término dentro del cual habría de interponerse el recurso, ello no puede ser trasladado a la parte que confió en ello y actuó dentro de los parámetros indicados por el funcionario judicial(4).

Como lo anunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-538 de 1994, el legítimo derecho de defensa de los sujetos procesales no puede sacrificarse por el equívoco de un secretario o de una autoridad judicial. Preciso resulta, entonces, que en las instancias o inclusive en sede de casación se reconozca el error cometido pero se respete la actuación de la parte que arropada por el principio de confianza legítima actuó o dejó de hacerlo.

Las autoridades judiciales deben responder por sus errores, de donde se desprende que las consecuencias que de ellos se generen no pueden ser trasladadas a los administrados, en tanto se desconoce la confianza legítima de éstos en aquellas y se castiga el derecho de defensa.

En efecto, el administrado confía legítimamente en que el procedimiento que ha adelantado la administración se halla conforme a las normas y que el mismo cumplió con todos los requisitos exigidos. De modo que cuando esa confianza se desconoce, es evidente la trasgresión del debido proceso”.

Resulta claro que la extensión de los términos legales para la presentación de las demandas de casación ocurrió por la decisión del tribunal de disponer la concesión de los recursos mediante auto de sustanciación y, más aún, de ordenar la notificación de esa providencia. Ello obligó al secretario de la mencionada corporación a adelantar el respectivo trámite de comunicación que culminó con la fijación de estado el 25 de febrero de 2013.

Observa la Corte, además, que el tribunal optó por aplicar en este caso las normas legales vigentes antes de la expedición de la Ley 1395 de 2010, sin advertir que la misma empezó a regir el 12 de julio de 2010, luego sus disposiciones entraban a regular este proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, acorde con el cual las normas de carácter procesal son de aplicación general inmediata y rigen hacia el futuro, salvo en los eventos en que los términos hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias hubiesen iniciado, caso en el que se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Ciertamente, antes de la expedición de la Ley 1395 lo relativo a la oportunidad para interponer y sustentar el recurso de casación se regía por las normas del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D. 2700/91), por cuanto las mismas revivieron a raíz de la declaratoria de inexequibilidad de los incisos primero y segundo del artículo 210 de la Ley 600 de 2000(5). El artículo 224 del ordenamiento procesal de 1991, en su inciso primero, establecía que si se interponía oportunamente el recurso de casación, “quien haya proferido la sentencia decidirá dentro de los tres días siguientes si lo concede, mediante auto de sustanciación” (destaca la Corte).

La jurisprudencia de la Sala determinó en su momento que el auto mediante el cual se concede el recurso de casación debía notificarse. Así en CSJ SP, 29 de may. de 2003, rad. 20309, reiterada en CSJ SP, 3 de jul. de 2003, rad. 19430, se dijo lo siguiente:

“Sobre este punto no le asiste razón, toda vez que, como lo ha sostenido la Sala, el auto por el cual se concede el recurso de casación si bien es de sustanciación, de todos modos es de aquellos que debe notificarse y, por ende, cuenta con un término de ejecutoria, ya que constituye una garantía para los sujetos procesales conocer sobre la concesión y trámite del recurso interpuesto que se surte ante el juzgador de segunda instancia, con el fin de que el libelo se presente dentro de los 30 días hábiles y, además, los no recurrentes tengan la oportunidad de presentar, en los 15 días siguientes, las alegaciones que a bien tengan”.

Fue, pues, en tal contexto que el tribunal decidió no solo dictar auto de sustanciación para conceder los recursos sino ordenar la notificación de esa providencia. Pero, es de advertir, el yerro de la aludida corporación lo provocó la falta de claridad que en algunos operadores judiciales generó el texto del artículo 101 de la Ley 1395 de 2010, cuyo sentido, por tanto, debió ser precisado por la Corte en la decisión del 22 de abril de 2013 arriba citada, es decir, días después de surtirse el traslado de 30 días para presentar las respectivas demandas de casación en este caso.

Por supuesto, esa equivocación no puede, en manera alguna, trasladarse a los sujetos procesales, quienes actuaron de buena fe y aferrados al principio de confianza legítima, en cuanto entendieron que el proceder del tribunal y, consecuentemente, el de su secretario, se sujetaba a la ley y, de manera concreta, al procedimiento vigente, máxime cuando, ciertamente, era el que venía aplicándose por esa corporación, con apego en la jurisprudencia emitida hasta ese momento.

Siendo así la situación, resulta imperioso dar por presentadas oportunamente las demandas de casación, en su momento admitidas por la Corte.

Decisión de fondo:

Habida cuenta que las demandas casacionales fueron admitidas en su oportunidad, los desaciertos advertidos en su confección se entienden ya superados, por cuya razón es deber de la Corte, conforme constituye criterio ya consolidado de su jurisprudencia, pronunciarse de fondo sobre los cargos allí formulados.

Ahora bien, como los errores denunciados en las tres demandas se orientan a demostrar que el tribunal efectuó una equivocada apreciación del recaudo probatorio al punto de llevarlo a absolver a todos los procesados cuando, de acuerdo con los recurrentes, tal decisión no procedía en este caso, ya fuere totalmente (libelo del apoderado de la parte civil) o bien parcialmente (libelos de la fiscalía y Ministerio Público), la Sala las examinará en forma conjunta.

Para ello, inicialmente resumirá los fundamentos de las sentencias de instancia. Luego verificará si los juzgadores incurrieron o no en los yerros que se les atribuye, cuyo análisis comprenderá la determinación de si las pruebas demuestran la ocurrencia de los delitos objeto de acusación y la consiguiente responsabilidad de los procesados, empezándose por el punible de concierto para delinquir y siguiéndose por el de secuestro extorsivo. Por último, de ser el caso, se abordará lo relacionado con las peticiones adicionales que formula el apoderado de la parte civil.

I. Fundamentos de las sentencias de instancia:

a) El juzgado:

1. La ocurrencia del delito de secuestro aparece demostrada con las versiones de Hugo Antonio Combariza, Benjamín Eugenio, Gonzalo Laguado Osorio, Dagoberto Colmenares Uribe, Jorge Iván Laverde, Armando Mejía Guerra, Hugo Alexander Combariza y Alix Sofía Muñoz, así como con la copia del escrito de desistimiento presentado ante el Juzgado 3º Laboral del Circuito por el afectado.

Sobre el testimonio de Mejía Guerra, alias “Hernán”, el a quo rescata su afirmación en el sentido de que Hugo Combariza, efectivamente, el día 25 de noviembre de 2003 estuvo en el corregimiento de Juan Frío y fue atendido por el comandante “Pacho”. Sin embargo, no le merece credibilidad cuando señaló que la víctima hizo presencia en ese lugar de manera voluntaria.

Con las reseñadas pruebas encuentra acreditado que Hugo Combariza fue secuestrado para ser llevado al corregimiento Juan Frío, cuyo propósito era hacerle firmar unos documentos y obligarlo a desistir de la demanda instaurada en contra de Trasan S.A.

2. El concierto para delinquir, a su tuno, lo declara probado con el escrito presentado por Hernando Acevedo Liévano con destino al proceso ejecutivo 2005-00343, así como con los testimonios de Daniel Velásquez Villamizar, Rolando Enrique Bayona Cárdenas, Pedro José Nossa Gómez, Jorge Iván Laverde, Óscar Ferney Sánchez, Golfan Javier Cruz, Éver Jesús Sepúlveda, Edwin Arias Vivas y Reinaldo Ramírez Ortega.

Esas pruebas demuestran el contubernio de los paramilitares con influencia en el departamento del Norte de Santander con la empresa Trasan S.A., de la que aquellos recibían apoyo económico, la cual comprendía una cuota mensual de 10 millones de pesos, otra cuota mensual de 50 millones de pesos por concepto de vacunas a todos los propietarios de busetas y otras ayudas, entre ellas suministro de municiones, armas y material de intendencia.

3. En punto a la responsabilidad de los procesados por el delito de concierto para delinquir, considera que el testimonio de Jorge Iván Laverde, corroborado con las declaraciones de Óscar Ferney Sánchez Sánchez, Golfan Javier Cruz Rubio, Éver de Jesús Sepúlveda Areiza, José Reinaldo Ramírez Ortega, Edwin Arias y Eivar Solano Rodríguez, demuestra el apoyo económico hecho a los paramilitares por la familia Acevedo, en concreto por Aminta, Carlos, Luz Marina y Rafael, no producto de la extorsión o la amenaza, sino en forma voluntaria como contribución a la “causa”. Tales testimonios son coherentes y provienen de personas que estuvieron en el lugar, pues hacían parte de los esquemas de seguridad de los comandantes, unos como radio operadores y otros como escoltas.

Respecto de los demás procesados, empleados de Trasan S.A., estima que las reuniones a las cuales asistieron con los paramilitares, por sí solas, no hacen responsable a nadie de la financiación de ese tipo de organizaciones ilegales, máxime cuando concurrían a modo de convidados de piedra y en cumplimiento de órdenes superiores. Al juez, de otra parte, le abrigan dudas acerca del señalamiento que les hacen algunos testigos en el sentido de ser quienes confeccionaban las “listas negras” de los deudores morosos y se la entregaban al comandante, pues los desmovilizados dejaron claro que las listas las llevaba Nelly Acevedo.

Sin embargo, en lo concerniente a Daniel Velásquez y Sonia Rincón Suárez, como eran los encargados de ejercer el control sobre los dineros, egresos o pagos que hacía la empresa, el a quo les dedujo responsabilidad a título de cómplices por prestar ayuda a los miembros de la familia Acevedo al permitir que los aportes entregados a los paramilitares no quedaran registrados en los balances financieros de la compañía.

Frente a los demás empleados de Trasan S.A. objeto de acusación, no evidencia prueba que los comprometa en dicho delito. Así, a Luz Marina Sierra Espitia únicamente se le puede atribuir la asistencia a dos reuniones, pero, insiste, ella no intervino en ellas en favor de los paramilitares.

A Alberto Cárdenas Moncada ningún testigo lo ubica en reuniones celebradas en Agua Clara o en la empresa, con excepción de José Reinaldo Ramírez, Isael Méndez Daza y Jorge Olaguer Guerrero, pero en cuanto al primero su versión es poco creíble por entrar en contradicción con los demás testigos del hecho, mientras en el caso del segundo lo narrado por él lo sabe por “chismes” y, finalmente, el tercero es desmentido por los comandantes del grupo y, en especial, por alias “Hernán”.

En la acusación dirigida en contra de Luis Francisco Rodríguez, advierte en los testigos ánimo incriminatorio injustificado, en cuanto le atribuyen funciones que no le competían para comprometerlo en actividades vinculadas con el grupo armado ilegal, lo cual le resulta explicable pues como abogado frustró las expectativas económicas de muchos declarantes con ocasión de demandas laborales incoadas en contra de la empresa cuyos intereses él defendía.

Por último, situación similar a la del anterior observa respecto de Magaly Peralta Sanabria, pues como jefe de recursos humanos tenía a su cargo las investigaciones disciplinarias contra los empleados de la empresa y conductores, luego fue ella quien más odios despertó en la planta de personal, amén de que la orden para que buses de la empresa transportaran paramilitares provino de las directivas de la misma, quienes eran sus propietarias.

4. En relación con la responsabilidad en el punible de secuestro extorsivo, destaca cómo si bien en las versiones de los desmovilizados no existe consenso sobre quiénes exactamente participaron en la reunión del 20 de noviembre de 2003 realizada en Agua Clara, en la cual se planeó el plagio, lo único claro que surge de tales deponencias (sic) es que a la misma asistieron Luz Marina Sierra, además de todos los miembros de la familia Acevedo, con excepción de Carlos.

Por tanto, a Daniel Velásquez Villamizar, Magaly Peralta Sanabria y Carlos Acevedo Liévano se les debe absolver por razón de dicha conducta delictiva. La no mención de este último por los desmovilizados no obedeció a un olvido, sino a que efectivamente no participó en la reunión, porque para entonces ya no era ni directivo ni empleado de la empresa, a la cual le prohibieron ingresar a raíz del pulso que perdió con su hermana Nelly por el control de la misma.

Respecto de Luz Marina Sierra, reitera, el solo hecho de concurrir a esa reunión no la hace responsable, de manera automática, de ese punible. A ella, además, no le asistía ningún interés en determinar el secuestro, pues ingresó a laborar en la empresa en abril de 2003, cuando ya no trabajaba en ella Hugo Combariza. Tampoco la perjudicaban las acciones legales iniciadas por este contra la compañía.

A quienes sí les afectaba era a Aminta Liévano, Luz Marina Acevedo y Nelly Yamir Acevedo, esta última ya condenada en proceso separado, porque se trataba de las propietarias de la empresa. Respecto de ellas entonces concurre, además del indicio de presencia en la mencionada reunión, el móvil representado en el interés de lograr que la víctima desistiera de sus pretensiones económicas.

En cuanto a Rafael Acevedo Liévano, los testigos dijeron haberlo visto poco en la empresa. Además, nunca tuvo cargo de dirección, manejo o confianza, ni acciones en la misma. El hecho de transportar a sus familiares a esa reunión no es suficiente para enrostrarle responsabilidad en el secuestro.

b) El tribunal:

1. Frente al secuestro extorsivo, las declaraciones de Benjamín Eugenio y Gonzalo Laguado no merecen credibilidad. El primero dijo que Combariza volvió a su casa, el día después de su secuestro, a las 11:30 a.m. Sin embargo, el desistimiento fue presentado en el juzgado a las 11:22 a.m. y este manifestó que después de ello volvió a Juan Frío a dejar ese documento. Por su parte, Laguado rindió el testimonio pasados año y un mes de ocurridos los hechos.

Entre los testimonios del abogado Dagoberto Colmenares y Hugo Combariza se presentan contradicciones, porque mientras el primero dijo que después de la liberación este lo buscó en su casa, Colmenares expresó lo contrario en cuanto telefónicamente quedaron de verse en el Palacio de Justicia.

Jorge Iván Laverde no intervino en el denunciado secuestro, recibiendo la información de los comandantes subalternos. Sus declaraciones no guardan concordancia. Así, primero dijo que los responsables eran “Gato” y “Pacho” y luego que se trataba de “Pacho” y “Andrés Bolívar”. Además, en la declaración del 28 de agosto de 2007 señaló a Carlos Acevedo y Aminta Acevedo como quienes ordenaron el secuestro y en la del 6 de febrero de 2008 acusó a toda la familia Acevedo sin individualizar a nadie. Igualmente, en la primera de esas deponencias afirmó que intercedió para obtener la liberación de Combariza, lo cual no concuerda con lo dicho por este.

Óscar Ferney Sánchez dijo que personalmente no estuvo en el secuestro, mientras Golfan Javier Cruz y Éver de Jesús Sepúlveda manifestaron no constarles nada del secuestro. Además, llama la atención la forma como el primero de ellos acudió a declarar, es decir, a instancias de Hugo Combariza.

El testimonio de Rafael Mejía Guerra, alias “Hernán”, en cuanto declaró que el secuestro nunca ocurrió, es digno de credibilidad porque fue practicado en audiencia pública y además proviene de quien fungió como jefe o comandante militar de la zona de Villa del Rosario y Juan Frío. El denunciante y la fiscalía, en cambio, nunca trajeron un testigo presencial y directo de los hechos. Precisamente, por no haber presenciado el presunto secuestro, deben desestimarse los testimonios de Alix Muñoz de Combariza y Hugo Alexander Combariza Muñoz. Por su parte, Yonis Manuel González faltó a la verdad al contradecirse abiertamente con lo declarado por su jefe inmediato alias “Hernán”.

El desistimiento no constituye prueba inequívoca del secuestro. No hay relación de causalidad entre un hecho y el otro. En fin, al analizar todas las declaraciones recepcionadas en la instrucción y en el juicio, la conclusión es que no se ha establecido en forma indubitable la comisión del delito de secuestro extorsivo. Ello tanto más cuando el denunciante fue mudando las circunstancias de los hechos a medida que declaró dentro del proceso.

2. En cuanto al concierto para delinquir, a pesar de que la fiscalía investigó el manejo de las cuentas en los bancos y en la DIAN, nunca encontró dinero destinado a las autodefensas. El revisor fiscal permanentemente afirmó que nunca vio egresos para esos grupos, y su declaración constituye fe pública.

El mismo denunciante reconoce que los grupos de autodefensas nunca invitaron amigablemente a prestar una colaboración financiera; siempre lo hicieron con amenazas y a la fuerza. Además, los declarantes hablan de sumas de dinero, pero ninguno vio tales valores.

La grabación tomada por el denunciante a Daniel Velásquez Villamizar es ilegal porque se trata de una prueba provocada. De todas maneras, de ella no se deriva que al aludido le conste el secuestro extorsivo ni la financiación de las autodefensas por Trasan S.A.

La jurisprudencia de la Corte Suprema no tiene en cuenta las segundas versiones, y así debe procederse con respecto a las rendidas por Pedro José Nossa y Daniel Velásquez, las que pareciera se originaron en situación extraña o de supuesta amenaza. Por lo demás, sus primeras versiones son espontáneas y coinciden “con la valoración en conjunto que la sala hace del recaudo probatorio”. Además, a ningún testigo le consta en forma personal y directa que la empresa Trasan S.A. o sus directivos voluntariamente financiaran a los grupos de autodefensas.

La posible presencia de dichos individuos en la mencionada compañía, la cual tampoco se comprobó, simplemente constituiría una prueba de la conducta extorsiva o coactiva. Ciprián Manuel Palencia González y Albeiro Valderrama Machado dieron cuenta acerca de que esas reuniones se hacían bajo amenaza de muerte.

En fin, el estudio minucioso de las declaraciones recaudadas en la instrucción y en el juicio permiten concluir que no se ciñen a la realidad por lo contradictorias e ilógicas.

II. Lo relativo al concierto para delinquir agravado:

1. No se remite a discusión en este asunto que el departamento de Norte de Santander fue uno de los territorios más duramente azotados por el fenómeno paramilitar.

Allí operó el denominado “Frente Fronteras”, adscrito al “Bloque Catatumbo” y cuyo jefe máximo era Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”. Ese frente tuvo influencia en la ciudad de Cúcuta y en los municipios aledaños de Villa del Rosario, Juan Frío, Pamplona, el Zulia, Los Patios y Atalaya, entre otros y al mismo pertenecieron, además, Armando Alberto Pérez Betancourth, alias “Camilo”, Óscar Ferney Sánchez, alias “Ayuda”, Golfan Javier Cruz Rubio, alias “Jhon Gallo”, Éver de Jesús Sepúlveda Areiza, alias “Coyara”, Campo Alías Galvis Rodríguez, alias “Pacho”, Armando Rafael Mejía Guerra, alias “Hernán”, entre muchos otros.

El tribunal no desconoce la anterior realidad, como tampoco lo hacen los sujetos procesales no recurrentes. Lo que discuten es la atribuida alianza del grupo paramilitar con los dueños y directivos de la empresa Trasan S.A. En ese sentido, la corporación de segundo grado concluyó que en momento alguno hubo presencia de miembros de esa organización armada ilegal en las instalaciones de dicha compañía y que la ayuda financiera posiblemente prestada obedeció a la amenaza y a la fuerza, sin que a ningún testigo le conste de manera personal y directa la existencia de la financiación en forma voluntaria, y es así como los declarantes hablan de sumas de dinero, pero ninguno vio tales valores.

Resulta incuestionable que el ad quem, para efectuar tales afirmaciones, incurrió, como lo denuncia el representante de la parte civil, en manifiestos errores de hecho por falso juicio de identidad. Se recuerda que ese yerro se estructura cuando el fallador, al apreciar la prueba, distorsiona su contenido fáctico para hacerle decir lo que ella no expresa, en cuanto la cercena, adiciona o translitera.

En el caso materia de análisis, el juzgador de segundo grado cercenó el contenido no solo de los testimonios a los cuales se refiere el demandante antes mencionados, a saber, Jorge Iván Laverde, Edwin Arias vivas y Eivar Solano, sino otros que se recaudaron también, en cuanto omitió los apartes en los cuales los declarantes dieron cuenta acerca de la financiación voluntaria y, además, de haber observado en forma personal y directa las especies entregadas.

En efecto, Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, en declaración rendida el 28 de agosto de 2007, manifestó que sostuvo muchas reuniones con miembros de la familia Acevedo, porque eran “colaboradores de la organización, tanto que le colaboraban con dinero al comandante financiero Andrés Bolívar”(6). En esa misma oportunidad el testigo señaló haber recibido de dicha familia en la vereda Campo Alegre y por intermedio del comandante “Pacho”, la suma de $50.000.000, cuyo destino, según le adujeron, “era para contribuir con la causa”(7).

Óscar Ferney Sánchez Sánchez, alias “Ayuda”, quien perteneció al “Frente Fronteras”, testificó el 7 de julio de 2006 y expresó haber estado presente en una reunión celebrada a principios del mes de agosto de 2002 en Agua Clara, en cuyo desarrollo Aminta Liévano de Acevedo se comprometió a entregar a los comandantes “Gato” y “Pacho” la suma de $100.000.000 por arrebatarle la empresa Trasan S.A. a su hijo Hernando Acevedo(8).

Según el deponente, el dinero fue, efectivamente, enviado por la prenombrada días después, y de ello está seguro porque, incluso, con el mismo “nos pagaron a nosotros, y al grupo, a los que están en los pueblos las veredas (sic)”(9), pero, además, por cuanto al día siguiente la procesada en mención “bajó” a Agua Clara a reunirse nuevamente con “Gato” y “Pacho” “y a confirmar si habían recibido ellos los cien millones de pesos que habían mandado (...)”(10). Precisó Sánchez Sánchez, en dicha ocasión, que escuchó eso último porque la propia Aminta Liévano, al llegar al lugar, de manera pública formuló dicha pregunta(11).

Alias “Ayuda” también testificó que en el año 2003 Carlos Acevedo “bajó (...) en una buseta blanca que traía cosa de militares (...) como uniformes, botas, municiones, él me dijo que esto era para el señor Gato, yo en el momento llamé al comandante Gato y le dije (...)”(12).

Golfan Javier Cruz Rubio, alias “Jhon Gallo”, quien también perteneció al citado frente, en el testimonio rendido el 7 de julio de 2006 dijo haber estado, igualmente, en la reunión de Agua Clara en cuyo desarrollo la familia Acevedo (menciona a Nelly, Carlos, Luz Marina y Rafael) hablaron de pagar 100 millones de pesos por “sacar” a Hernando Acevedo de la empresa Trasan S.A.(13). De acuerdo con el referido deponente, ese dinero lo recibieron porque con él “nos pagaran (sic) la nómina a nosotros”(14).

En la comentada declaración Cruz Rubio también atestó haber presenciado una reunión realizada en el corregimiento Banco de Arena, en la cual Carlos Acevedo les llevó unas cajas y unos costales que contenía “munición de cuatro calibres, calibre 38, calibre 9 milímetros, calibre 7:62, calibre 5:56, chalecos, uniformes, botas, útiles de aseo para los grupos, material de guerra y material de intendencia, granadas de mano y armamento (...)”(15).

Éver de Jesús Sepúlveda Areiza, alias “Coyara”, así mismo, exmiembro del “Frente Fronteras”, en declaración rendida el 7 de julio de 2006 aseguró haber presenciado no solo cuando “Pacho” le llevó a “Gato” los cien millones que prometieron los Acevedo(16) sino también el momento en que Aminta Liévano se les presentó para preguntar por alias “Gato”, así como para saber si habían recibido dicho dinero, a lo cual este respondió que sí, y ella “le dijo al comandante que cualquier favor que necesitara de ella o de la empresa estaba a la orden (...)”(17).

Eivar Solano Rodríguez, quien se desempeñó como vigilante en Trasan S.A., en testimonios rendidos el 27 de junio y 5 de julio de 2006, manifestó haber presenciado el momento en que en una reunión realizada a finales del mes de agosto de 2002 Aminta Liévano, Nelly, Carlos, Luz Marina y Rafael Acevedo entregaron en la portería de la empresa una caja con cien millones de pesos a los comandantes paramilitares “Pacho”, “Arcángel”, “Santiago” y “Piedras Nuevas”, quienes la tomaron y la colocaron en una camioneta para llevársela al comandante “Gato”(18).

Solano Rodríguez relató también que presenció cuando los Acevedo se reunieron con los comandantes “Pacho”, “Arcángel” y “Santiago” en el lote de Trans Olimpia y les pagaron $10.000.000 por el secuestro del señor Benjamín Herrera(19).

El prenombrado testigo también aseveró que encontrándose en la parte exterior de la empresa Trasan S.A. lo mandaron llamar para buscar a Edwin Arias, a quien luego le entregaron un sobre de manila “y le pregunté para qué es ese sobre y me muestra el dinero en el sobre y me dice que son cincuenta palos para sacar (a) Carlos Acevedo de la subgerencia de la empresa y montar a la señora Nelly como gerente y se los vamos a llevar a Gato a Agua Clara, eso a finales de marzo de 2003”(20).

Por su parte, Edwin Arias Vivas, en declaración rendida el 5 de diciembre de 2005, dijo que por el secuestro de Hugo Antonio Combariza se pagaron diez millones de pesos. Según expresó, este pago ocurrió en la gerencia de Trasan S.A. Agregó que cuando ello ocurría “yo en ese momento entré y la señora Nelly le estaba entregando el dinero al comandante Pacho, le estaba entregando seis millones de pesos y los otros cuatros era para unos abogados (...)”(21).

Como se observa, algunos de los testigos hablan de haber estado presentes en las reuniones en las cuales la familia Acevedo acordó de manera voluntaria suministrar aportes en dinero y otros dijeron que observaron cuando se hacían las entregas, incluso, algunas de estas representadas en especie, como armamento, material de intendencia, etc. Por tanto, se insiste, en cuanto el tribunal pretermitió esos apartes de dichas pruebas, incurrió en un evidente falso juicio de identidad.

Ahora bien, en la sentencia el ad quem sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no tiene en cuenta las segundas versiones, argumento con el cual desestimó las ofrecidas en tales oportunidades por Pedro José Nossa y Daniel Velásquez Villamizar, aun cuando también le pareció que las rindieron “en situación extraña o de supuesta amenaza”. Y es más, consideró que las primeras versiones de los precitados coinciden con la valoración en conjunto de la prueba, a cuyo tenor no “aparece testimonio alguno que le conste en forma personal y directa que la empresa Trasan o sus directivos voluntariamente financiaron económicamente a los grupos de autodefensa”.

En el anterior razonamiento advierte la Sala el desconocimiento del principio lógico de razón suficiente que constituye criterio de la sana crítica, cuya violación, por ende, da lugar a la incursión en un error de hecho por falso raciocinio. Como se recuerda, ese dislate se configura cuando, precisamente, se desatienden los criterios de la sana crítica, integrados por las reglas de la experiencia, los postulados lógicos y las leyes de la ciencia.

El principio lógico de razón suficiente implica que “(...) para aceptar como verdadera una enunciación, debe estar sustentada en una razón apta o idónea que justifique el que sea de la forma en que está propuesta y no de manera diferente; este principio se refiere a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición”(22).

Este postulado exige, por tanto, que toda proposición debe sustentarse en premisas verdaderas en forma tal que la justifiquen de manera apta e idónea.

En el presente caso, como se dijo, el juzgador de segundo grado desestimó las segundas versiones ofrecidas por Pedro José Nossa y Daniel Velásquez Villamizar, pero lo hizo con fundamento en premisas erróneas. En primer lugar, porque es inexacto que esta corporación haya prohijado una jurisprudencia en la cual predique que todas las versiones rendidas en tal ocasión no se deben tener en cuenta. Lo expresado al respecto es, contrariamente, que frente a encontradas declaraciones de un mismo testigo le corresponde al sentenciador apreciarlas de manera cuidadosa para, a partir de la aplicación de los principios de la sana crítica, determinar en cuál de ellas dijo la verdad. Obsérvese:

“La retractación no es por sí misma una causal que destruya de inmediato lo sostenido por el testigo en sus afirmaciones precedentes. En esta materia, como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo analítico, de comparación, a fin de establecer en cuál momento dijo el declarante la verdad en sus opuestas versiones. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, y este motivo debe ser apreciado por el juez, para determinar si lo manifestado por el testigo es verosímil, obrando en consonancia con las demás comprobaciones del proceso (...) si el testigo varía el contenido de una declaración en una intervención posterior, o se retracta de lo dicho, ello en manera alguna traduce que la totalidad de sus afirmaciones deben ser descartadas. No se trata de una regla de la lógica, la ciencia o la experiencia, en consecuencia, que cuando un declarante se retracta, todo lo dicho en sus distintas intervenciones pierda eficacia demostrativa” (CSJ SP, 28 de may. de 2008, rad. 27004. En el mismo sentido, AP, 19 de sep. de 2012, rad. 34245).

En segundo término, por cuanto la “situación extraña o de supuesta amenaza” bajo las cuales, según el tribunal, declararon los testigos consistió en la entrevista previa del denunciante con ellos y en la grabación que le hizo a Daniel Velásquez a una conversación que sostuvieron. Sin embargo, es claro que esas actuaciones no revelan de suyo la situación extraña o la amenaza que supone el sentenciador, pues se trata del ejercicio legítimo de la actividad de la víctima en la búsqueda de pruebas que soporten los hechos denunciados. A este respecto, obsérvese cómo el inciso primero del artículo 30 de la Ley 600 de 2000 establece que la víctima o perjudicado puede aportar pruebas. Además, conforme lo tiene dicho esta corporación, la víctima está legitimada para grabar su propia voz e, incluso, interceptar su línea telefónica, y los registros así obtenidos tienen vocación probatoria. Así, en CSJ AP, 22 de marz. de 2000, rad. 10656, reiterada en SP, 21 de nov. de 2002, rad. 13148, la Corte expresó lo siguiente:

“Con la actual prefiguración constitucional del Estado como social de derecho —fundado en el respeto por la dignidad humana—, la libertad y autonomía individuales cobran especial relevancia al punto de garantizarse a la persona natural el ejercicio de sus facultades “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” ( art. 16, C.N.).

“Siendo ello así, mal podría esgrimirse impedimento alguno o exigir autorización judicial para que las personas graben su propia voz o su imagen, o intercepten su línea telefónica, si estas actividades no se hallan expresamente prohibidas. Este aserto resulta avalado si se tiene en cuenta que quien así actúa es precisamente el afectado con la conducta ilícita, y por ende, eventualmente vulneradora de sus derechos fundamentales, por lo que su proceder se constituye en un natural reflejo defensivo.

Los registros históricos así obtenidos, naturalísticamente tienen vocación probatoria, pues corresponden a medios de demostración de los hechos, según el reconocimiento que al efecto hace el legislador, a los cuales les da la categoría de documentos privados aptos para ser apreciados judicialmente, conforme lo precisa en los artículos 225 del Código Penal y 251 del Código de Procedimiento Civil, cuyo valor depende de la autenticidad, la forma de aducción al proceso, la publicidad del medio y la controversia procesal del mismo, así en él queden adicionalmente impresas voces o imágenes ajenas”.

Y en tercer lugar, porque no resulta tampoco cierta la inexistencia de testimonio personal y directo acerca de la financiación voluntaria. El análisis precedente de la Sala pone de presente la inexactitud de esa premisa, al punto de evidenciar la incursión del tribunal en un falso juicio de identidad cuando esa colegiatura predicó lo contrario.

Para descartar la configuración de la financiación de grupos paramilitares el ad quem argumentó también, de una parte, que la Fiscalía investigó el manejo de las cuentas bancarias de Trasan S.A., así como los reportes efectuados a la DIAN, sin encontrar dinero destinado a esa agrupación ilegal. Y de la otra, que el revisor fiscal permanentemente afirmó no observar egresos con tal propósito, y su declaración constituye fe pública.

En tales afirmaciones resulta palmar el desconocimiento por parte del tribunal de una regla de la experiencia y la edificación de otra en forma equivocada, incurriendo así en nuevos errores de hecho por falso raciocinio.

Como lo tiene dicho la jurisprudencia, las reglas de la experiencia son todas aquellas “generalizaciones que se hacen a partir del cumplimiento establece e histórico de ciertas conductas similares” (CSJ SP, 19 de nov. de 2003, rad. 18787), de modo que para que ofrezca fiabilidad una premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia ha de ser expuesta, a modo de operador lógico, así: siempre o casi siempre que se da A, entonces sucede B (CSJ SP, 21 de nov. de 2002, rad. 16472),

La regla de la experiencia desconocida es aquella a la cual se refiere el procurador judicial demandante, es decir, normalmente las contribuciones económicas efectuadas a los grupos ilegales no quedan contablemente registradas para así evitar dejar rastro del vínculo ilegal que tienen con esas organizaciones.

Ciertamente, quienes de manera voluntaria efectúan aportes a organizaciones ilegales, buscan usualmente la clandestinidad, pues solo de esa manera aseguran que no puedan ser vinculados con tales organizaciones. Por ende, lo último que harán será registrar tales erogaciones en la contabilidad de sus empresas.

Ahora bien, de acuerdo con la sentencia de segundo grado, el revisor fiscal de una compañía dice siempre la verdad cuando certifica que esta no ha efectuado aportes con destino a organizaciones ilegales. Tamaño desaguisado en manera alguna se corresponde con una regla de la experiencia, pues, contrariamente, el comportamiento cotidiano del ser humano enseña que hay muchas ocasiones en que los revisores fiscales no dicen la verdad, sobre todo cuando el propio declarante está de alguna manera vinculado con la actividad de financiación.

En presente caso, ciertamente, Daniel Velásquez Villamizar, revisor fiscal de Trasan S.A., aseveró insistentemente no haber observado tales egresos. Sin embargo, resulta indiscutible el interés que le asistía al prenombrado de hacer tal manifestación, pues a él se le atribuyó a lo largo del proceso cohonestar con ese quehacer delincuencial.

Los errores en que incurrió el tribunal son, sin duda, trascendentes, pues lo llevaron a sostener, a espaldas de la realidad procesal, que en esta actuación no hay elementos de convicción demostrativos de la alianza de la familia Acevedo con la organización paramilitar que operó en la zona de Cúcuta y sus poblaciones aledañas. La prueba que conduce a acreditar lo contrario está constituida por quienes, como quedó visto en precedencia, dijeron haber presenciado muchos de los aportes en dinero y en especie que miembros de la citada familia hicieron de manera voluntaria a miembros de la referida organización ilegal.

Pero, además por las declaraciones de personas como Daniel Velásquez Villamizar y Pedro José Nossa Gómez, quienes estuvieron vinculados laboralmente con la empresa Trasan S.A., el primero como revisor fiscal y el segundo en calidad de abogado asesor de la misma. Estos testigos, en sus segundas intervenciones, dieron cuenta acerca de los nexos de la familia Acevedo con los paramilitares. En particular, Velásquez Villamizar, al ampliar su indagatoria el 12 de marzo de 2008 refirió acerca de una reunión realizada en Agua Clara con la participación de alias “El Iguano” y alias “Pacho”, en cuyo desarrollo se acordó que de ahí en adelante asumiría la gerencia de la empresa la señora Nelly Acevedo. Y agregó cómo en lo sucesivo observó en varias oportunidades al segundo de los comandantes en mención en las instalaciones de Trasan S.A., tornándose entonces frecuente su presencia en ese lugar(23).

A los anteriores testimonios es necesario sumar el de Rolando Enrique Bayona Cárdenas, quien también estuvo vinculado laboralmente con la referida empresa, primero como gerente y luego como asesor de tránsito y transportes de la misma. Este deponente manifestó haber estado, igualmente, en la reunión de Agua Clara donde, según expresó, alias “Pacho” afirmó que “por orden de la señora Aminta Liévano de Acevedo, su hija Nelly Acevedo Liévano sería nombrada gerente de la empresa”(24).

Resulta incuestionable el alto grado de credibilidad que ameritan los testimonios de Velásquéz Villamizar, Nossa Gómez y Bayona Cárdenas, no solo por concordar con los demás declarantes arriba mencionados en punto de la alianza existente con los paramilitares, sino porque sus posiciones privilegiadas al interior de la empresa Trasan S.A. les permitió enterarse de primera mano acerca de dicha relación ilegal.

Así vista la situación, es claro que las declaraciones de Ciprián Manuel Palencia González, alias “Andrés Palencia”, y Albeiro Valderrama Machado, alias “Piedras blancas”, con las cuales el tribunal pretendió reafirmar su conclusión acerca de la forma forzada como, en su sentir, actuaron los dueños de Trasan S.A. frente a la eventual financiación proporcionada a la organización paramilitar, muy escaso poder de convicción revisten. Porque aun cuando manifestaron que las autodefensas siempre obligaban a la gente a asistir a las reuniones que citaban y las exigencias económicas las hacían bajo amenaza de muerte, lo cierto es que esa afirmación para nada descarta la existencia de alianzas puntuales entre dicha organización y algunas personas o empresas.

De hecho, obsérvese cómo el propio Palencia González reconoció que acerca de la existencia de algún vínculo entre ellos y los funcionarios o empleados de Transan S.A. solo tenía capacidad para saberlo su comandante alias “El Iguano”(25). Y es de tener en cuenta cómo, precisamente, Jorge Iván Laverde Zapata es uno de los testigos que informan sobre dicha alianza, al punto de manifestar que sostuvo reuniones con toda la familia Acevedo y todos ellos le pedían favores.

Al respecto, es necesario considerar, además, que ese nexo no se limitó a la simple colaboración económica de la familia Acevedo para la organización ilegal sino que los dueños de Trasan S.A., en contraprestación, recibían favores de esa agrupación, según así lo declaró alias “El Iguano”, quien manifestó que a cambio de la ayuda financiera los paramilitares cobraban deudas para la empresa y solucionaban los problemas que se presentaban al interior de la misma, como lo relativo a la demanda laboral instaurada por el doctor Combariza(26) y las disputas suscitadas entre los miembros de la familia Acevedo por el manejo de la compañía, “que porque había que sacar a alguien de la empresa o porque tocaba que montar a otra persona en la empresa, a eso bajaban a pedir esos favores”(27).

No hay duda, por tanto, que en el presente evento hay prueba suficiente para predicar la ocurrencia del delito de concierto para delinquir previsto en el inciso segundo del artículo 340 del Código Penal, agravado por el inciso tercero ibídem, en virtud de tratarse de financiación de una organización concertada con tal fin. Erró, se insiste, el tribunal cuando sostuvo lo contrario.

2. Resulta incuestionable que el juzgador de segundo grado también incurrió en evidentes errores de hecho cuando relevó de responsabilidad a los procesados Aminta Liévano de Acevedo, Luz Marina Acevedo Liévano, Carlos Alberto Acevedo Liévano y Rafael Acevedo Liévano por el delito antes mencionado.

Ciertamente, pretermitió los apartes de los testimonios rendidos por Óscar Ferney Sánchez Sánchez, alias “Ayuda”, Golfan Javier Cruz Rubio, alias “Jhon Gallo”, Éver de Jesús Sepúlveda Areiza, alias “Coyara” y Eivar Solano Rodríguez, en donde éstos señalan a los procesados prenombrados de haber participado activamente en la financiación de la organización paramilitar.

Es así como Sánchez Sánchez afirmó que estuvo presente en la reunión realizada en Agua Clara, en la cual Aminta Liévano se comprometió a entregar a los comandantes “Gato” y “Pacho” la suma de $100.000.000 por arrebatarle la empresa Trasan S.A. a su hijo Hernando Acevedo(28). Y expresó también cómo la misma dama al día siguiente volvió al lugar para preguntar si ya habían recibido dicho dinero(29), hecho este último también declarado por Sepúlveda Areiza(30).

Cruz Rubio, por su parte, refirió que en dicha reunión también estuvieron, entre otros, Carlos, Luz Marina y Rafael Acevedo, quienes, igualmente, hablaron de pagar 100 millones de pesos por “sacar” a Hernando Acevedo de la empresa Trasan S.A.(31). Solano Rodríguez manifestó haber presenciado el momento en que en una reunión realizada a finales del mes de agosto de 2002 Aminta Liévano, Nelly, Carlos, Luz Marina y Rafael Acevedo entregaron en la portería de la empresa Trasan S.A. una caja con cien millones de pesos a los comandantes paramilitares “Pacho”, “Arcángel”, “Santiago” y “Piedras Nuevas”(32).

Óscar Ferney Sánchez Sánchez y Golfan Javier Cruz Rubio, declararon, así mismo, que en alguna oportunidad Carlos Acevedo les llevó armas, municiones, material de intendencia e, incluso, según lo relató el segundo de ellos, útiles de aseo(33).

Como quedó visto atrás, los nexos de la familia Acevedo también son corroborados por Daniel Velásquez Villamizar y Rolando Enrique Bayona Cárdenas, en cuanto los aludidos relataron acerca de la reunión con alias “Pacho” en la cual se acordó que la nueva gerente sería Nelly Acevedo. En particular, el primero de los prenombrados, cuya declaración el tribunal desestimó como consecuencia de incurrir en los graves errores de hecho a los cuales se hizo mención en precedencia, precisó que en esa reunión estuvieron, entre otros, Luz Marina, Carlos y Rafael Acevedo.

Como se observa, los yerros del ad quem lo llevaron a absolver a Aminta Liévano de Acevedo, Luz Marina Acevedo Liévano, Carlos Alberto Acevedo Liévano y Rafael Acevedo Liévano por el delito de concierto para delinquir agravado, cuando las pruebas conducían a emitir sentencia condenatoria en contra de éstos, conforme lo había resuelto el juzgador de primer grado y como lo solicitan la fiscalía, el Ministerio Público y el apoderado de la parte civil en las demandas de casación objeto de estudio.

Los errores del tribunal lo condujeron también a absolver a los acusados Daniel Velásquez Villamizar y Sonia Rincón Suárez, a quienes el juez de primer grado declaró responsables del precitado comportamiento punible a título de cómplices, al no ejercer el control que les correspondía como revisor fiscal y contadora de la empresa, respectivamente, lo cual contribuyó a facilitar la financiación de la organización paramilitar

3. En este punto la Sala abordará la situación de los demás procesados, tomando en consideración el libelo casacional presentado por el apoderado de la parte civil, cuyo sustento lo confrontará con las sentencias de primera y segunda instancia, en cuanto, como se recuerda, en la primera de ellas también se absolvió a Luz Marina Sierra Espitia, Alberto Cárdenas Moncada, Luis Francisco Rodríguez Blanco y Magaly Peralta Sanabria, luego en virtud de la unidad inescindible existente entre ambas decisiones, para derrumbarlas será necesario derruir los fundamentos que las sustentan.

La Sala también determinará si a los procesados Daniel Velásquez Villamizar y Sonia Rincón Suárez hay lugar a condenarlos, no como cómplices del delito de concierto para delinquir agravado, conforme lo declaró el juez de primer grado, sino en calidad de coautores, como lo pretende el precitado demandante.

Previo a ello, es necesario hacer referencia al argumento del defensor de Luis Francisco Rodríguez Blanco, conforme al cual el apoderado de la parte civil carece de interés para recurrir en casación la absolución pronunciada en favor de este por el delito de concierto para delinquir agravado, pues ese comportamiento no se relaciona con el secuestro extorsivo que denunció Hugo Antonio Combariza.

Al respecto, resulta imperioso recordar cómo, a partir de la Sentencia C-228 de 2002, la Corte Constitucional estableció que, además de la reparación económica, a las víctimas en los procesos penales se les debe garantizar los derechos de verdad y justicia, en procura de propender porque se esclarezcan los hechos en forma cabal y se sancione a sus responsables acorde con las circunstancias ocurridas.

Pues bien, resulta palmar que esos derechos a la verdad y justicia únicamente se materializarían plenamente en este caso si se permite a la víctima Hugo Antonio Combariza Rodríguez no solo actuar procesalmente en relación con el secuestro extorsivo sino también frente al concierto para delinquir, habida consideración de la relación de causalidad existente entre uno y otro, en cuanto se afirma que, precisamente, la alianza con los paramilitares sirvió de medio para ejecutar el atentado contra la libertad individual en mención.

Surge así evidente que el esclarecimiento de esas alianzas constituye elemento importante para establecer las circunstancias del secuestro, así como los responsables del mismo, de manera que resulta indudable la legitimación del apoderado de la parte civil para cuestionar la absolución pronunciada en favor de Rodríguez Blanco.

Determinada la improcedencia de la pretensión del precitado defensor, se tiene lo siguiente:

En el único cargo que formula, el apoderado de la parte civil denuncia la presencia de errores de hecho derivados de falsos juicios de existencia, identidad y raciocinio. La Corte en este acápite se referirá solamente a aquellos que se relacionan con el atentado contra la seguridad pública objeto de acusación y que, por supuesto, se orientan a obtener la condena de los seis procesados antes nombrados en condición de coautores, sin hacer mención a los relativos al secuestro extorsivo, que se analizarán más adelante, ni a los yerros relacionados con los miembros de la familia Acevedo, en el entendido que frente a ellos la Sala concluyó ya en la necesidad de casar la sentencia del tribunal, precisamente, en el sentido pretendido por el mencionado libelista.

a) Sobre los falsos juicios de existencia:

Sea lo primero precisar que, como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta corporación, el referido error de hecho se configura cuando el sentenciador, al apreciar el conjunto probatorio, omite valorar algún medio de convicción obrante en el proceso o supone otro inexistente. En el caso materia de análisis, la queja del actor es por haberse presentado la primera de esas modalidades.

(i) En ese sentido, es imperioso señalar que frente a las grabaciones realizadas a las conversaciones de alias “Pacho”, en las cuales, según el impugnante, se habla sobre las relaciones entre la organización paramilitar y los dueños y directivos de la empresa Trasan S.A., no se presentó el yerro, pues el a quo sí apreció dichos elementos de prueba solo que los desestimó al no evidenciar “un cotejo de voces que nos diga con certeza que los interlocutores en esos diálogos son los procesados que señala la fiscalía y la parte civil”(34).

Ciertamente, se tiene que la transcripción de las grabaciones aludidas por el casacionista se allegaron al proceso por el apoderado de la parte civil, quien adujo hacían parte de otra actuación procesal, sin que dentro del presente expediente se estableciera quiénes exactamente intervinieron en los citados diálogos, luego el mérito probatorio arrojado por tales transcripciones resultaba bastante débil para efectos de sustentar la responsabilidad de los procesados, como en efecto lo estimó el juzgador de primera instancia, quien entonces, se insiste, no pretermitió la prueba sino que la justipreció en tales términos.

(ii) Es cierto sí, de otra parte, que los juzgadores no hicieron mención expresa a la prueba que el actor identifica como “documento declarativo del señor Norberto Puerto Rodríguez”. Sin embargo, ello no implica la ocurrencia del yerro denunciado, pues, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, no se incurre en falso juicio de existencia ni en falso juicio de identidad cuando a pesar de no mencionarse expresamente una o varias pruebas o algún aparte de las mismas, el sentenciador asume el análisis del aspecto cuya omisión se aduce, dándole el mérito suasorio que estima pertinente(35).

Tal situación es la que acontece en este caso, pues en el documento echado de menos Norberto Puerto Rodríguez manifestó que tuvo conocimiento acerca de reuniones realizadas con paramilitares y miembros de la familia Acevedo, junto a “Daniel Velasco”, en las cuales “les llevaban dinero, comida, munición, celulares, televisores, sillas de ruedas”. Empero, el a quo fue reiterativo en señalar que la sola participación en reuniones, si no se demostraba una intervención activa en aras de promover o financiar la organización criminal, no es suficiente para considerarlos coautores en el punible objeto de acusación. Así razonó el fallador:

“Se hace gran énfasis en la resolución de acusación de segunda instancia, para imputar el concierto, el hecho de haber acudido todos los procesados a reuniones con paramilitares, sin embargo, considera el despacho que la sola circunstancia de acudir a una reunión no hace responsable a nadie, de serlo, habría que investigar a la mayoría de los que fungen en este proceso como testigos, se hace necesario que medie un acuerdo, que haya un fin, en este caso concreto, de financiar o apoyar económicamente al grupo ilegal (...)”(36).

Y más adelante concluyó:

“Como se señaló con anterioridad, se muestra la asistencia de los empleados a ciertas reuniones como indicio grave de responsabilidad en el delito de concierto, sin embargo, como se indicó, ese indicio de presencia en el lugar de la reunión no puede tener dicha connotación porque allí eran llevados por los dueños de la empresa y en la mayoría de las ocasiones nula era su participación en las mismas, entonces mal podría deducirse de esa participación un interés o ánimo de los empleados de concertarse con el grupo y ofrecer su financiación (...)”(37).

Como se observa, en la medida en que en la declaración escrita en mención se habla que alguien identificado con el nombre de “Daniel Velasco” (pareciera hacerse alusión a Daniel Velásquez Villamizar) estuvo en las reuniones donde se llevaba dinero y otros objetos a los paramilitares, pero sin precisarse la actividad concreta desplegada durante su desarrollo por el aludido, es claro que, así vista la situación, la prueba fue tácitamente apreciada por el juzgado.

En este punto, el actor también se queja de la falta de valoración del “documento declarativo testamentario firmado y autenticado por” Éver de Jesús Sepúlveda Areiza, así como de la constancia escrita y autenticada en notaría por Neida Ofelia Henao. En cuanto a la primera de esas pruebas, se advierte que allí Sepúlveda Areiza refirió su temor de ser objeto de algún atentado y atribuyó su eventual autoría a la familia Acevedo, porque “declaré en contra de ellos”(38).

A su turno, en el otro documento su signataria, señora Neida Ofelia Henao Cañas, se limitó a informar acerca de las relaciones de Nelly Acevedo y Aminta Liévano con los paramilitares, las que, según dijo, conoció a través de alias “Pacho”.

Resulta, por tanto, evidente la intrascendencia de las omisiones recaídas sobre esos otros elementos de juicio con respecto a la responsabilidad de los procesados empleados de la empresa Trasan S.A., pues el señalamiento que de ellos surge se dirige exclusivamente contra los Acevedo.

(iii) Según el demandante, los falladores pretermitieron las “confesiones” de Rolando Bayona Cárdenas y Daniel Velásquez Villamizar, refiriéndose en concreto a la indagatoria ofrecida por el primero y a la ampliación de indagatoria rendida por el segundo el 12 de marzo de 2008. Sin embargo, resulta evidente que el yerro así denunciado no tuvo ocurrencia, pues tanto el Tribunal como el juzgado apreciaron dichos medios de prueba.

De todas maneras, es preciso señalar que la manifestación atribuida por el actor a los mencionados declarantes, que de haber sido omitida por los juzgadores habría constituido un falso juicio de identidad, carece de fundamento.

En efecto, según el impugnante, Bayona Cárdenas y Velásquez Villamizar señalaron a Alberto Cárdenas Moncada de promover una reunión con el comandante “Pacho” por órdenes de Aminta Liévano. Empero, revisadas las aludidas piezas procesales, se advierte que el segundo de ellos en ningún momento hizo mención a Cárdenas Moncada(39), mientras el primero se refirió a él solo cuando le preguntaron si lo conocía, oportunidad en que respondió: “sí lo conozco, él es el esposo de la señora Nayibe Acevedo Liévano hija de la señora Aminta Liévano de Acevedo, no sé qué hace ese señor (...)”(40).

(iv) Sostiene el libelista que los juzgadores dejaron de apreciar los contratos de arrendamiento y de explotación a 10 años de las licencias de “Trasan Taxis-Mixtos-Carga”, cuya omisión impidió inferir que la necesidad de exterminar a Hugo Antonio Combariza tenía como móvil no solamente una demanda laboral sino tomar finalmente el control total de la empresa Trasan S.A. por parte de los Acevedo y sus ejecutivos.

Si bien el yerro así denunciado ocurrió, lo cierto es que el actor dejó de explicar, y la Sala tampoco lo evidencia, de qué forma ese error demuestra el propósito de los empleados de Trasan S.A por tomar el control de la empresa y mucho menos por hacerlo para financiar a la organización paramilitar. En ese sentido, el yerro se torna claramente intrascendente.

(v) Atribuye el demandante a los juzgadores no apreciar el oficio de la DIAN en donde se castiga la conducta ilícita de llevar doble contabilidad. En su criterio, ese documento contribuye a demostrar la responsabilidad de todos los procesados.

Aun cuando la existencia de doble contabilidad constituye elemento de juicio para concluir que quienes tenían las funciones de revisor fiscal y contadora dentro de la empresa Trasan S.A. colaboraron en la financiación de la agrupación paramilitar, tal como sucede con Daniel Velásquez Villamizar y Sonia Rincón Suárez, por cuya razón el juez de primer grado los condenó a título de cómplices por esa infracción penal, la Sala no evidencia, y el casacionista tampoco lo explica, cómo ese hecho también compromete la responsabilidad de los demás empleados de la compañía, quienes ninguna relación tenían con la contabilidad de la empresa. Por tanto, el yerro se torna también intrascendente.

(iv) (Sic) Predica el impugnante la no valoración de las sentencias de tutela con las cuales se demuestra que Trasan S.A. no puede contestar derechos de petición para explicar el origen del cobro ilegal por concepto de planillas. Ese error, en su sentir, impidió demostrar que no solo los Acevedo financiaban a los paramilitares sino también los directivos de la compañía.

El actor, al respecto, se limita a efectuar una apreciación meramente personal, sin demostrar la forma como la imposibilidad de contestar unos derechos de petición, que perfectamente puede derivar de diversas razones, conduce a afirmar que los empleados procesados financiaban la organización paramilitar.

(v) Cuestiona el censor la no consideración de los escritos presentados por Álvaro Ortiz Moscote e Isael Méndez Daza, en los cuales atribuyen a Luis Francisco Rodríguez Blanco, el primero de ellos, pedirle retractarse de lo dicho por él y viajar a Bogotá a declarar a favor de Nelly Yamir Acevedo, para lo cual le pagaban los pasajes y los viáticos y le darían otras recompensas, y el segundo intimidarlo para que, igualmente, se retractara de lo declarado en contra de la prenombrada.

Aun cuando es cierto que los juzgadores no se refirieron expresamente a las mencionadas pruebas, ello no significa su pretermisión en los fallos. Al respecto, obsérvese el siguiente análisis del a quo:

“Analizado el bloque acusatorio señalado por la fiscalía para soportar la acusación de Luis Francisco Rodríguez, se advierte en los testigos un ánimo incriminatorio injustificado en contra del procesado atribuyéndole funciones que no le competen para tratar de comprometerlo en actividades que lo vinculen con el grupo ilegal y ello resulta explicable porque en cumplimiento de su función como abogado de la empresa, frustró las expectativas económicas que muchos de los declarantes tenían al incoar las demandas laborales en contra de la empresa cuyos intereses él defendía (...)”(41).

En cuanto, conforme se deduce de los escritos presentados por Ortiz Moscote y Méndez Daza, se trataba éstos de trabajadores de la empresa, quienes, según lo manifestaron, tuvieron problemas laborales con la misma(42), surge claro que el juzgado contempló en su análisis las referidas pruebas para desestimarlas, frente a cuyo propósito, es necesario señalarlo también, el funcionario ponderó otros fundamentos probatorios que el censor, en todo caso, no se esforzó por rebatir.

(vi) Como se acotó en precedencia, los juzgadores apreciaron en forma expresa la ampliación de indagatoria rendida por Daniel Velásquez Villamizar, luego resulta infundado el falso juicio de existencia denunciado por el libelista respecto de ese elemento de juicio.

Ahora bien, si lo que pretende el apoderado de la parte civil es demostrar un falso juicio de identidad porque los falladores no valoraron el aparte de la prueba en la cual el aludido habría afirmado que Luz Marina Sierra Espitia estuvo presente en varias reuniones con los paramilitares, es imperioso responder que el yerro así presentado tampoco se presentó, pues, de una parte, Velásquez Villamizar solamente ubicó a la procesada en mención como asistente a la reunión realizada en Agua Clara, en cuyo desarrollo se determinó que quien en adelante asumiría la gerencia de la empresa sería Nelly Acevedo(43).

Y, de otro lado, por cuanto el juzgado sí ponderó ese aspecto de la declaración de indagatoria de Daniel Velásquez cuando expresó:

“(...) Luis Marina Sierra Espitia ingresó a Trasan a partir del 1º de abril de 2003, siendo gerente de la empresa Nelly Acevedo como asesora de transportes, eso significa que las reuniones que se celebraron con anterioridad a esa fecha no contaron con su presencia y los que la ubican en reuniones en el año 2002 en Agua Clara con los paramilitares no dicen la verdad. Le surge duda al despacho sobre la afirmación de Daniel Velásquez que ella asistió a la reunión de marzo de 2003 en Agua Clara con Iguano, Gato y Pacho donde se designó a Nelly como gerente de la empresa y se expulsó a Carlos Acevedo como subgerente, en el entendido que ella hace su ingreso a la empresa por invitación de Nelly, siendo ella gerente, por ello queda la duda de que ella efectivamente haya asistido a esa reunión cuando aún no tenía vínculo laboral con Trasan(44) (resaltado de la Corte).

La valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de acierto y legalidad de que está revestida, prevalece sobre la de los sujetos procesales, salvo si se demuestra la incursión en un falso raciocinio, lo cual hasta ahora no ha hecho el libelista.

(vii) Acusa el demandante la no apreciación de la declaración de Yonis Manuel González. El yerro, sin embargo, no ocurrió, pues el a quo en forma expresa ponderó esa prueba(45).

Según el actor, dicho testigo señaló a Luis Francisco, Magaly, Luz Marina Sierra y Daniel Velásquez haber participado en varias reuniones sostenidas con los paramilitares. Siendo así la situación, lo pertinente sería afirmar la presencia de un falso juicio de identidad. Empero, tampoco ese yerro tuvo ocurrencia en este caso. En primer lugar, porque en cuanto se refiere a Luis Francisco Rodríguez Blanco, el juzgado señaló lo siguiente:

“Entre los paramilitares desmovilizados que han declarado en este proceso y que tuvieron acceso a las reuniones en Agua Clara y sectores de Puerto Santander porque formaban parte de los esquemas de seguridad de los comandantes paramilitares Iguano y Gato, refieren qué personas asistían y ninguno menciona la presencia de Luis Francisco Rodríguez con excepción de Yonis Manuel González, quien se refiere al procesado como “Chiqui Peralta”, sin embargo, al describirlo físicamente lo señala como bajito, acuerpadito, moreno, como calvito con entradas en la frente, de 35 a 40 años, características que difieren de las reales características morfológicas del procesado, pues no es calvo, no tiene entradas en la frente, tiene 56 años de edad, es alto y delgado”(46).

Y, en segundo lugar, porque respecto de los cuatro procesados en mención hubo una referencia tácita en la sentencia de primera instancia a la declaración echada de menos, al reconocerse la asistencia de aquellos a algunas reuniones con los paramilitares, solo que por ese hecho no les derivó consecuencia negativa al no evidenciar en su actuación una intervención activa orientada a financiar a la organización paramilitar.

(viii) Respecto de Luis Francisco Rodríguez Blanco, cuestiona al sentenciador de primera instancia ignorar la grabación del 26 de noviembre de 2003, en la cual en mensaje cifrado un paramilitar comunica a “Andrés Bolívar” la ejecución exitosa del secuestro de Hugo Combariza y comentan sobre la necesidad de avisar de ello al procesado antes mencionado.

El compromiso penal que con esta prueba pretende el apoderado de la parte civil atribuir al mencionado procesado en el delito de concierto para delinquir carece de fundamento, pues en la grabación del 26 de noviembre de 2003, cuya transliteración se aportó al proceso, en momento alguno se menciona a Rodríguez Blanco. Es cierto que en ella uno de los intervinientes en el diálogo afirma lo siguiente: “Sí señor, entonces yo hablo con este otro doctor y en después (sic) miro estala (sic) otra semana lo llamo de nuevo para qué pasos a seguir”(47). Pero ni de esa aseveración ni de la restante conversación allí registrada es dable inferir que el “doctor” al cual se hace allí alusión corresponda a Luis Francisco Rodríguez Blanco.

El error denunciado, por tanto, no reviste la trascendencia asignada por el impugnante.

(viii) Afirmó el libelista que el juzgador dejó de edificar en contra de Magaly Peralta el indicio de mala justificación, pese a las absurdas argumentaciones expuestas por su defensor para explicar su no presencia en la reunión de Agua Clara en marzo de 2003.

Lo primero a advertir es que, como lo tiene clarificado la teoría del derecho probatorio, el indicio de mala justificación se construye a partir de las explicaciones dadas por el propio procesado, luego lo argumentado por su defensor en el curso de la actuación en ejercicio de su representación no tiene por qué constituir motivo para fundamentar la existencia de circunstancia indiciaria de dicha naturaleza.

En todo caso, es claro que el indicio de mala justificación lo pretende edificar el censor con fundamento en una reunión realizada con los paramilitares, por cuya razón el yerro denunciado se torna intrascendente frente a la decisión absolutoria, pues el juez de primer grado arribó a la conclusión que su sola asistencia no daba lugar a condenar a la procesada por el delito de concierto para delinquir agravado.

(ix) Tampoco tuvo ocurrencia el falso juicio de existencia denunciado respecto del escrito presentado por José Francisco Mejía Rojas y del testimonio rendido por Jesús Antonio Alba Martínez. El segundo de ellos fue expresamente apreciado por el a quo en su fallo(48), haciendo referencia, incluso, al aspecto echado de menos por el actor, esto es, la asistencia a reuniones con los paramilitares por parte de Luz Marina Sierra, Magaly Peralta, Luis Francisco Rodríguez y Daniel Velásquez.

En cuanto al escrito presentado por Mejía Rojas, si bien el a quo no lo mencionó expresamente, debe tenerse en cuenta que el libelista también denuncia la falta de apreciación del aspecto antes referido, luego frente al mismo hubo también una valoración tácita.

b) Sobre los falsos juicios de identidad:

(i) Para el demandante, el juzgador no apreció los apartes del testimonio de Pedro Antonio Palencia Pérez en donde señaló, de una parte, a Daniel Velásquez, Magaly Peralta, Luis Francisco Rodríguez y Luis Marina Sierra de elaborar una lista negra y a Alberto Cárdenas Moncada de ser paramilitar.

El yerro tampoco tuvo ocurrencia. En lo relativo a las listas negras el a quo abordó el tema cuando sostuvo lo siguiente:

“Existen unos testigos que dan cuenta de las listas negras, las cuales definieron como aquella relación de deudores morosos por concepto de ausentes y cuentas por pagar a favor de la empresa y cuyo cobro se ejecutaba a través de los paramilitares y se atribuye la elaboración a varios de los empleados de la empresa, sin embargo, considera el despacho que esa atribución de autoría en forma indiscriminada a varios empleados obedece al desconocimiento que tienen del organigrama de la empresa y de las funciones propias de cada cargo. Como es sabido existen las secciones o departamentos y cada una tienen una misión excluyente y específica quedando claro que en el departamento de cartera era donde se llevaba el control sobre los deudores de la empresa, que al software allí implementado solo tienen acceso con su respectiva clave la persona de dicho departamento y, por lo tanto, mal puede atribuirse la consolidación de dichos listados a las personas encargadas de otros departamentos diferentes. ¿Qué relación pueden tener Daniel Velásquez, Sonia Rincón, Luis Francisco Rodríguez, Magaly Peralta y Luz Marina Sierra con los deudores de la empresa? (...)”(49).

En particular, sobre el procesado Rodríguez Blanco el juzgado más adelante señaló: “Pedro Antonio Palencia lo involucra con la elaboración de las listas negras (...)”(50). Y frente a ese señalamiento razonó:

“Sobre las listas de deudores morosos de Trasan, alias Ayuda, Coyara, Jhon Gallo dan cuenta que estas eran entregadas por Nelly al comandante Gato para que le ordenara a Pacho su cobro, a las buenas o a las malas, José Reinaldo Ramírez, alias el Indio, también da cuenta que Carlos Acevedo hizo entrega de estas listas de deudores en las reuniones que hacía frente al CAI de Niza, por lo que no resulta creíble que el procesado Luis Francisco Rodríguez las elaborara porque no trabajaba en el departamento de cartera y menos que las entregara a Pacho, porque como se ha explicado con anterioridad, la relación de los paramilitares era con los Acevedo y no con los empleados”(51).

En relación con Alberto Cárdenas Moncada, encuentra la Sala que el juzgado hizo alusión a la imputación que le formuló el testigo Palencia Pérez cuando justipreció señalamiento similar proveniente del declarante Jorge Olaguer Guerrero, oportunidad en que reflexionó en los siguientes términos:

“(...) Se pregunta el despacho si Alberto Cárdenas, según el testigo era persona importante de los paramilitares de Juan Frío, por qué el Iguano, jefe del bloque, dice no conocerlo y también alias Hernán, comandantes de los paramilitares de Juan Frío, donde el procesado era persona de relevancia, tampoco lo conoce, así lo afirmó en la audiencia pública y demás desmovilizados que rindieron declaración en esta etapa procesal”(52).

Y enseguida concluyó sobre el tema:

“(...) Jorge Olaguer Guerrero, quien le atribuye relevancia, es desmentido por los comandantes del grupo y en especial por el jefe de Juan Frío, Armando Mejía Guerra, alias Hernán, por lo que le queda la duda al despacho que efectivamente el procesado Cárdenas Moncada tenga vínculos con el grupo armado y que la acusación solo obedezca al parentesco de afinidad con la familia Acevedo Liévano”(53).

(ii) Para el actor, los falladores cercenaron la declaración de Eiver Solano Rodríguez y el escrito por él dirigido a la Fiscalía General de la Nación donde denuncia que Nelly Acevedo se unió con los paramilitares y con la empresa de vigilancia Capricornio para, utilizando la amenaza y el terror, tomarse las riendas de Trasan S.A. con el apoyo de Daniel Velásquez, Magaly Peralta y su esposo.

Si bien la omisión es cierta, la verdad es que el demandante no se ocupa de derruir los fundamentos probatorios del fallo de primer grado con los cuales el a quo arribó a la concusión según la cual ni Daniel Velásquez ni Magaly Peralta realizaron actuación orientada a financiar a la organización paramilitar, distinta a la desplegada por el primero de ellos que le valió para ser condenado a título de cómplice en ese acaecer delincuencial.

(iii) Según el censor, el ad quem tergiversó las confesiones de Daniel Velásquez Villamizar y Pedro José Nossa Gómez, pues las desestimó porque se hicieron en “situación extraña o de supuesta amenaza”, cuando en esas piezas procesales para nada aparecen tales circunstancias.

En realidad, en la apreciación de los citados elementos de juicio, conforme quedó visto atrás, el tribunal incurrió en un falso raciocinio, que lo llevó a desechar el mérito probatorio que arrojan frente a los vínculos de la familia Acevedo con la organización ilegal. Sea como fuere, en su indagatoria Velásquez Villamizar no admitió alianzas de su parte, luego resulta equivocado señalar que su versión constituye una confesión.

(iv) Denuncia también el cercenamiento de la grabación realizada a la conversación sostenida entre Hugo Combariza y Daniel Velásquez Villamizar, en cuanto dicho diálogo confirma la existencia de la reunión celebrada en las oficinas de Trasan con los paramilitares, en donde Nelly Yamir Acevedo Liévano reconoce que ella pagó 10 millones por el secuestro de Combariza. Según el actor, esa prueba demuestra la alianza de los Acevedo y ejecutivos de Trasan con los paramilitares.

En lo relativo al procesado Velásquez Villamizar, resulta imperioso concluir que la grabación resulta per se intrascendente para atribuir al aludido responsabilidad a título de coautoría en el delito de concierto para delinquir agravado, pues en el curso de esa conversación no reconoció tampoco tener alianzas con dicha organización paramilitar.

(v) El actor atribuye a los juzgadores tergiversar el informe de Luz Estella Viera, funcionaria del Ministerio de la Protección Social. Sin embargo, más allá del error así presentado, que en realidad se trataría de un falso juicio de existencia, lo pretendido en la demanda es que la Corte acoja la apreciación del libelista, según la cual como en la visita realizada por dicha funcionaria a las instalaciones de Trasan el procesado Rodríguez Blanco asumió una actitud desobligante para con la servidora pública en mención, entonces el trato de aquel debía ser similar para con los trabajadores de la empresa y esa situación demuestra su vinculación con los paramilitares.

Se trata entonces de una inferencia netamente particular del impugnante que opone a las conclusiones valorativas del a quo, quien no encontró el atribuido nexo, sin que aquel demuestre la existencia de yerro casacional alguno en tal apreciación.

El censor también denuncia la tergiversación del testimonio de Edwin Arias Vivas, por cuanto no se tuvo en cuenta que el motivo de enemistad con Rodríguez Blanco es porque este pretendió que aquel sirviera de testigo falso y al negarse le “montaron” un proceso de despido. Sin embargo, claramente se advierte que el juzgador de primer grado no omitió ese aparte de dicho testimonio, sino que no lo estimó digno de crédito al considerar, conforme quedó visto atrás, que las acusaciones provenientes de trabajadores como Arias Vivas obedecieron a la actuaciones del procesado, quien “como abogado de la empresa, frustró las expectativas económicas que muchos de los declarantes tenían al incoar las demandas laborales en contra de la empresa cuyos intereses defendía”(54).

(vi) De acuerdo con el libelista, el sentenciador distorsionó las declaraciones de Pedro José Nossa Gómez, abogado y compañero de oficina de Luis Francisco Rodríguiez Blanco, así como las de los desmovilizados Yonis Manuel González y Jorge Iván Laverde, pues éstos también refirieron su participación en diversas reuniones, y no solamente los trabajadores de la empresa.

El yerro tampoco tuvo ocurrencia, pues el a quo en forma expresa abordó lo referente a los señalamientos provenientes de los desmovilizados en mención, como quedó visto atrás en el caso de Yonis Manuel González y conforme se evidencia a continuación respecto de alias “El Iguano”:

“Jorge Iván Laverde Zapata, en la declaración rendida el 6 de febrero de 2008, al preguntarse en forma genérica por los empleados manifestó conocerlos a todos, sin embargo, en posterior ampliación rendida el 5 de junio de 2008, al preguntarse en forma concreta por Luis Francisco Rodríguez, manifestó no saber quién era él (...)”(55).

En lo correspondiente a Pedro José Nossa Gómez, resulta imperioso acotar que la apreciación del segmento echado de menos por el actor se produjo de manera tácita cuando el fallador de primer grado dio por probada la asistencia de los procesados en algunas reuniones, sin derivar de ese solo hecho compromiso penal alguno, dada la inexistencia de prueba que indicara su intervención activa durante su desarrollo.

(vii) Según se infiere de la demanda, el sentenciador tergiversa el testimonio de Jorge Iván Laverde, porque sostiene que Magaly Peralta Sanabria, Luz Marina Sierra Espitia, Alberto Cárdenas Moncada y Luis Francisco Rodríguez Blanco intervinieron en una sola reunión, cuando el declarante habla de múltiples reuniones.

Carece de fundamento el reproche, pues el a quo contempló la celebración de varias reuniones, como se deduce de la siguiente reflexión, ya transcrita en otro aparte del presente fallo de casación:

“Como se señaló con anterioridad, se muestra la asistente de los empleados a ciertas reuniones como indicio grave de responsabilidad en el concierto para delinquir, sin embargo, como se indicó, ese indicio de presencia en el lugar de la reunión no puede tener dicha connotación (...)” (resalta la Corte)(56).

De todas maneras, la discusión planteada por el demandante se torna irrelevante, pues trátese de una o varias reuniones, lo cierto es que el juzgado le restó fuerza probatoria a la asistencia de los procesados en las mismas, no por la cantidad realizada, sino por cuanto en su desarrollo éstos no desplegaron actividad dirigida a promover o financiar, a título de coautores, a la organización paramilitar.

(viii) Para el actor, el juzgador de primer grado incurrió en falso juicio de identidad cuando concluyó que Luis Francisco Rodríguez y Alberto Cárdenas Moncada no intervinieron en la elaboración de las listas negras, porque el primero no tenía funciones de cartera y el segundo no era empleado de la empresa.

El libelista omite precisar la prueba o pruebas que el sentenciador distorsionó o cercenó, limitándose a mostrar inconformidad con la conclusión de este, sin demostrar la vulneración de los criterios de la sana crítica en ese ejercicio apreciativo, con lo cual olvida que tal tipo de postulaciones no son válidas en sede de casación, dada la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña al fallo impugnado.

(ix) Cuestiona al fallador tergiversar el testimonio de Jorge Olaguer Guerrero, al atribuir señalar a Alberto Cárdenas Moncada de ser paramilitar, cuando lo manifestado por el testigo es que se trataba de “una persona de mucha relevancia o importancia en los paramilitares de Juan Frío”.

El error así denunciado no tuvo ocurrencia, pues, conforme quedó visto atrás, el a quo sí tuvo en cuenta la afirmación echada de menos por el actor. Obsérvese nuevamente lo expresado por el funcionario judicial al respecto:

“(...) Se pregunta el despacho si Alberto Cárdenas, según el testigo era persona importante de los paramilitares de Juan Frío, por qué el Iguano, jefe del bloque, dice no conocerlo y también alias Hernán, comandantes de los paramilitares de Juan Frío, donde el procesado era persona de relevancia, tampoco lo conoce, así lo afirmó en la audiencia pública y demás desmovilizados que rindieron declaración en esta etapa procesal”(57).

“(...) Jorge Olaguer Guerrero, quien le atribuye relevancia, es desmentido por los comandantes del grupo y en especial por el jefe de Juan Frío, Armando Mejía Guerra, alias Hernán, por lo que le queda la duda al despacho que efectivamente el procesado Cárdenas Moncada tenga vínculos con el grupo armado y que la acusación solo obedezca al parentesco de afinidad con la familia Acevedo Liévano”(58) (resalta la Corte).

(x) Reprocha distorsionar el testimonio de José Reinaldo Ramírez Ortega, al omitir que el declarante señaló a Cárdenas Moncada haber asistido a la reunión realizada en casa de Aminta Liévano, situada en Cúcuta, en la cual se hizo presente alias “Pacho”.

El mencionado yerro tampoco se presentó, pues el a quo se refirió expresamente al aparte del testimonio de Ramírez Ortega, considerando sobre la reunión realizada en la casa de Aminta lo siguiente:

“Frente a esa circunstancia la única referencia que obra en el proceso es la versión de José Reinaldo Ramírez, sin embargo, le queda duda al despacho que la misma haya ocurrido, primero, porque en su inicial versión narra lo mismo pero no incluye a Alberto Cárdenas como intermediario entre ella y Pacho; segundo, porque el testigo señala que la gerencia la ejercía Jorge Liévano, hermano de la señora Aminta, quien desempeñaba desde Bucaramanga porque Carlos lo amenazó con los paramilitares y lo hicieron ir de Cúcuta con la intención de él pasar a desempeñar ese cargo, entonces, si la señora Aminta no ostentaba cargo de dirección de la empresa, ¿por qué tenía que José Reinaldo ir a su casa a que le firmara documentos? (...)”(59).

(xi) Según el demandante, el “defensor” de Magaly Peralta tergiversó el testimonio rendido por alias “El Iguano” el 6 de febrero de 2008 cuando señaló que este no la menciona, lo cual no es cierto.

A este respecto, es claro que el actor erra acerca del destinatario del recurso extraordinario de casación, pues los reproches corresponde dirigirlos contra las sentencias de instancia, mas no en desmedro de las argumentaciones que ofrecen los sujetos procesales. Por tanto, carece de idoneidad una postulación de tal jaez para derruir las conclusiones de los juzgadores.

En este punto, el impugnante cuestiona al sentenciador, ahora sí, por distorsionar el testimonio antes mencionado, al predicar que el declarante no atribuye a Magaly Peralta función alguna en las reuniones, situación inexacta, pues su presencia, según este, tenía como fin recibir el aval del jefe paramilitar para el manejo de la empresa.

Para determinar si se produjo el yerro denunciado, es necesario reproducir el texto de la declaración de alias “El Iguano” que, según el actor, se distorsionó:

“Carlos los llevó(60) porque él iba a tomar la dirección de la empresa Trasan, entonces delante de nosotros explicó cómo iba a quedar la empresa, el fin de llevar los empleados creo que era para que nosotros lo avaláramos, es que El Indio los bajaba en una camioneta”(61).

Frente a esa manifestación del testigo, el a quo razonó en los siguientes términos:

“(...) el comandante Iguano, al referirse a Daniel Velásquez aclara que solo lo observó en una ocasión, cuando Carlos Acevedo los hizo bajar para dejarles claro quién tomaba las riendas de la empresa, para amedrentarlos y que se dieran cuenta que estaba apoyado por el grupo armado” (resalta la Corte)(62).

Como se observa, no hubo distorsión del texto de la declaración de Jorge Iván Laverde. Se trató, contrariamente, del mérito que el juzgado le asignó a la prueba, en cuanto al evidenciar que si los empleados (habla en plural) eran llevados en una camioneta para ser enterados por uno de los dueños de la empresa, con la presencia del jefe paramilitar de la zona, acerca quién iría a regentar sus destinos en adelante, concluyó que no estaban allí voluntariamente y que, en general, como lo refirió en otro aparte del fallo, su situación “era de convidados de piedra”(63).

(xii) En criterio del libelista, el fallador cercenó las declaraciones de Jorge Olaguer Guerrero, Yonis Manuel González y Jorge Iván Laverde, en el aparte donde dijeron que Daniel Velásquez, Magaly Peralta, Luis Francisco Rodríguez, Alberto Cárdenas y Luz Marina Sierra asistieron a reuniones con paramilitares.

Como quedó expresado en precedente, el juez de primer grado admitió que los procesados antes mencionados, salvo en el caso de Alberto Cárdenas, asistieron a reuniones con paramilitares, solo que no derivó de ese solo hecho compromiso penal. Siendo así la situación, carece de fundamento el reproche en cuestión.

Denuncia también el censor el cercenamiento del testimonio de Jorge Olaguer Guerrero cuando indica que los antes mencionados acusados, así como Sonia Rincón, financiaban y colaboraban a los paramilitares.

Si bien no hay en la sentencia una mención expresa al citado segmento de la declaración de Olaguer Guerrero, la Sala encuentra que el juzgado se refirió tácitamente a ese aspecto cuando demeritó su credibilidad en punto a la sindicación que hizo en contra de Cárdenas Moncada. Al respecto, señaló:

“(...) El testigo narra una serie de hechos y es testigo de una serie de circunstancias que darían para creer que pasaba mucho tiempo en la empresa, sin embargo, estos controles no tenían vínculo laboral con la empresa, su contacto era el jefe de controles, lo que permite concluir que todo lo señalado lo conoció por comentarios (...)”(64).

No se presentó, por tanto, el yerro. El a quo sometió a valoración el testimonio de Olaguer Guerrero, incluido el aparte echado de menos por el impugnante, solo que no lo estimó digno de crédito, conclusión que debió este rebatir demostrando la violación de los criterios de la sana crítica, a lo cual no procedió.

c) Sobre los falsos raciocinios:

(i) Para el libelista, la experiencia enseña que tanto los paramilitares como los Acevedo e, incluso, los mismos directivos de Trasan S.A. se jactaban de sus delitos, en cuanto les generaba prestigio y temor entre sus amigos y enemigos, luego la sentencia se equivoca cuando concluye que actuaban escondidos en la ciudad.

En la proposición del anterior enunciado el actor parte de considerar que los empleados procesados de Trasan S.A. están involucrados en las actuaciones delincuenciales realizadas por los paramilitares, de cuya premisa concluye que cometían acciones en contra del gremio de transportadores en forma pública, cuando el fallador en momento alguno admitió ese hecho.

El demandante entonces no hace sino postular su particular valoración probatoria, la cual opone al criterio apreciativo del juzgador, olvidando así que, como se expresó en precedencia, ese tipo de controversias probatorias no es admisible en sede de casación, atendiendo la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña a la sentencia impugnada.

(ii) Considera el actor que los falladores inaplicaron la regla de la experiencia y de la lógica, conforme a la cual el contacto permanente con los grupos al margen de la ley demuestra la aceptación tácita del acuerdo criminal de esas organizaciones.

Lo primero que se advierte es la falta de claridad del impugnante al diseñar el reproche, pues habla indistintamente de reglas de la experiencia y postulados de la lógica, olvidando que se trata de conceptos diversos. Se recuerda que las primeras son todas aquellas “generalizaciones que se hacen a partir del cumplimiento establece (sic) e histórico de ciertas conductas similares” (CSJ SP, 19 de nov. de 2003, rad. 18787).

Los postulados lógicos, en cambio, “son proposiciones que responden al principio de conocimiento y que, por lo tanto, representan adecuadamente la realidad y la verdad a partir de la verificación de las alternativas posibles de inferencia racional” (CSJ SP, 5 de jun. de 2013 rad. 34134). Tales principios de la lógica son los de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente (CSJ SP, 24 de sep. de 2014, rad. 42606).

Ahora bien, para la construcción del citado enunciado, en lo que se refiere a los procesados empleados de Trasan, el actor desconoce las conclusiones del a quo, a cuyo tenor en las reuniones a las cuales asistieron con los paramilitares asumieron una actitud pasiva, sin realizar entonces actuación alguna orientada a promover o financiar esa organización ilegal. La pretensión del libelista es, por tanto, hacer valer su propio criterio apreciativo, situación que, como ya se dijo, resulta inadmisible en sede de casación.

Como lo ha expresado esta corporación, “la sola elaboración de máximas a partir de hechos no admitidos por las instancias carece de idoneidad para desvirtuar el valor de verdad de las conclusiones fácticas de los fallos” (CSJ SP, 12 de sept. de 2012, rad.36824).

(iii) Censura el casacionista a los sentenciadores por desconocer la regla de la experiencia, según la cual ni siquiera los militares pueden aceptar la obediencia ciega de órdenes de carácter ilegal, esto por sostener que los procesados Magaly Peralta Sanabria, Luz Marina Sierra Espitia, Alberto Cárdenas Moncada y Luis Francisco Rodríguez Blanco, por ser empleados de Trasan S.A., se limitaban a obedecer órdenes superiores de sus patrones.

La proposición referida por el actor, en realidad, no constituye una regla de la experiencia sino la norma que se deriva del artículo 91 de la Constitución Política, acorde con el cual en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. En ese orden, si su pretensión era demostrar el desconocimiento de esa disposición a partir de las conclusiones probatorias del juzgador, le correspondía acudir a la violación directa de la ley para denunciar su falta de aplicación.

Pero, bajo el supuesto de que ese fue el querer del impugnante, advierte la Sala que el sustento esencial de la decisión del juez de primer grado no se fundamentó en el cumplimiento por parte de los precitados procesados de órdenes superiores sino, como se ha expresado repetitivamente en el presente fallo, en la asistencia de éstos a las reuniones con los paramilitares a manera de “convidados de piedra”, es decir, sin realizar actuación alguna orientada a promover o financiar esa agrupación ilegal.

Es necesario señalar que, en todo caso, la discusión jurídica esbozada por el actor, en rigor, no tiene aplicación en el presente evento, pues la norma constitucional en cita regula las relaciones entre las autoridades públicas y sus subalternos, mientras la situación aquí debatida se contrae a la presunta intervención de empleados pertenecientes a una empresa privada en actividades delincuenciales.

(iv) Acusa el libelista el desconocimiento de las reglas de la experiencia y de la lógica cuando descartó la versión de Isael Méndez Daza por el hecho de afirmar que Daniel Velásquez Villamizar se desplazó al Catatumbo con el fin de acusarlo de guerrillero con alias “Gato”. En su criterio, dicho viaje no tenía como único propósito tal situación, sino otros objetivos.

Nuevamente, el demandante en forma desacertada refunde en un mismo concepto las reglas de la experiencia y los postulados de la lógica. Y, de todas maneras, no fundamenta y mucho menos demuestra ninguno de ellos, sino que propende porque se rechace el mérito probatorio asignado por el fallador al testimonio de Isael Méndez, argumentando que este tenía otros objetivos al viajar a la región del Catatumbo, y no únicamente acusar a Velásquez Villamizar de guerrillero ante alias “Gato”.

(v) En criterio del impugnante, va en contra de la lógica y de las reglas de la experiencia exigir, como lo hizo el a quo en relación con Luis Francisco Rodríguez y Alberto Cárdenas Moncada, que para cometer el delito de concierto para delinquir se requiere tener un cargo en una empresa, o ser socio, accionista o directivo, pues lo cierto es que corresponde a un tipo penal con sujeto activo indeterminado, de manera que se incurre en ese punible así ni siquiera se encontrara laborando en la compañía con anterioridad al 1º de abril de 2003, como ocurrió con Luz Marina Sierra Espitia, quien antes de vincularse a la misma ya trabajaba con los Acevedo.

Una vez más, el censor incorrectamente habla de los postulados lógicos y de las reglas de la experiencia como si se trataran de uno solo. Y tampoco aquí concreta el enunciado constitutivo de la vulneración de uno u otro criterio de la sana crítica.

En realidad, nuevamente se circunscribe a postular su propio enfoque apreciativo, considerando que el hecho de no ostentar dichos procesados cargo en la empresa, o ser socios, accionistas o directivos, como era el caso de Luis Francisco Rodríguez y Alberto Cárdenas Moncada, o no estar vinculada a la misma, conforme sucedía con Luz Marina Sierra Espitia, no impedía responsabilizarlos del concierto para delinquir imputado, controvirtiendo de esa manera la valoración probatoria del fallador, quien a partir del examen de los elementos de convicción arrimados a la actuación no halló mérito para condenarlos por ese punible.

(vi) Atribuye desconocer reglas de la experiencia la afirmación del juez, según la cual el hecho de que alias “Pacho” se hubiese sentado en la silla de Rodríguez Blanco no indica su relación con el financiamiento del grupo armado ilegal.

El actor, empero, no precisa cuál es el comportamiento repetitivo que constituye la regla universal. Pareciera que el enunciado postulado en la demanda se contrae a señalar que siempre o casi siempre que un jefe paramilitar se siente en la silla de alguien, es porque este último financia el grupo ilegal al cual pertenece aquel. Pero en la elaboración de esa hipótesis el demandante pasó por alto que el fallador no encontró demostrado que Rodríguez Blanco tuviera oficina propia en las instalaciones de la empresa Trasan, es decir, construye la máxima a partir de un hecho no admitido en la sentencia.

(vii) Según se infiere de la demanda, se desconocieron las reglas de la lógica y de la experiencia cuando se consideró que los ejecutivos de Trasan S.A. eran obligados a asistir a las reuniones con la organización delincuencial.

Refundiendo de nuevo en uno solo los aludidos criterios de la sana crítica, tampoco aquí el actor precisa el postulado lógico o la regla de la experiencia desconocidos por el juzgador. De todas formas, el enunciado que plantea no reviste trascendencia para mudar el sentido de la decisión adoptada en el caso de los procesados empleados de Trasan, pues, conforme quedó suficientemente reseñado en precedencia, el juzgador admitió la asistencia de éstos a algunas reuniones, solo que no halló prueba de su participación activa en la financiación del grupo paramilitar, excluida, desde luego, la situación de Daniel Velásquez y Sonia Rincón, respecto de quienes evidenció actos de colaboración en ese quehacer delincuencial.

En consecuencia, la Corte no casará la sentencia impugnada en lo referente a los procesados Luz Marina Sierra Espitia, Alberto Cárdenas Moncada, Luis Francisco Rodríguez y Magaly Peralta Sanabria, a quienes se absolvió por el punible de concierto para delinquir agravado. Igual determinación adoptará en relación con Daniel Velásquez Villamizar y Sonia Rincón Suárez, respecto de quienes, por tanto, se mantendrá la condena proferida en el fallo de primera instancia por esa misma conducta delictiva, a título de cómplices.

III. Lo relativo al secuestro extorsivo agravado:

1. Para el tribunal, analizadas todas las declaraciones recepcionadas en la instrucción y en el juicio, la conclusión que se impone es la no acreditación en forma indubitable de la comisión del delito de secuestro extorsivo. A este respecto, recalca en que ni el denunciante ni la fiscalía trajeron a la actuación testigo presencial y directo de los hechos.

En relación con lo anterior, el apoderado de la parte civil acusa al ad quem de incurrir en falso raciocinio al estimar como testigos de oídas a los desmovilizados Éver de Jesús Sepúlveda Areiza, Óscar Ferney Sánchez Sánchez y Golfan Javier Cruz Rubio, pese a que presenciaron los actos iniciales del secuestro. Por su parte, el delegado de la fiscalía le reprocha pasar por alto las citadas declaraciones, así como la de alias “El Iguano”, quienes dieron cuenta acerca de la existencia del referido delito.

Pues bien, en realidad, en la apreciación de los testimonios de Éver de Jesús Sepúlveda, Óscar Ferney Sánchez y Golfan Javier Cruz la corporación de segundo grado incurrió en falso juicio de identidad, al dejar de apreciar los apartes de esas declaraciones en las cuales los deponentes dijeron haber presenciado el momento en que se ordenó y planeó el secuestro de Hugo Antonio Combariza.

En efecto, Sepúlveda Areiza declaró que estuvo presente en la reunión del 20 de noviembre de 2003 realizada en Agua Clara, en la cual los Acevedo y el comandante “Gato” planearon el secuestro de Hugo Combariza, y es así como observó cuando, ese mismo día, dicho jefe paramilitar le ordenó a alias “Pacho” “que cogieran a ese viejo y lo secuestraran y lo subieran a Juan Frío y que lo hicieran firmar un paz y salvo y que retirara la demanda que tenía en un juzgado y que entregara las tres empresas que tenía, que eran Carga Mixta y Taxi (...)”(65).

Por su parte, Sánchez Sánchez testificó haber estado presente en la mayoría de las reuniones realizadas en Agua Clara entre la familia Acevedo y los jefes paramilitares, y en ese sentido pudo darse cuenta cuando el comandante “Gato”, el 20 de noviembre de 2003, ordenó al comandante “Pacho” secuestrar a Combariza(66). Manifestó también que conoció a la víctima a través de un video que le tomaron por orden de alias “Gato”(67).

Cruz Rubio, a su turno, afirmó haber estado presente en las reuniones que hacían los Acevedo con los comandantes guerrilleros, entre ellas, aquella en la cual se planeó el secuestro de Combariza, y otra en que acordaron el pago de diez millones de pesos por su ejecución. Incluso, aseveró que escuchó por radio cuando se reportó “que ya lo habían capturado”(68).

Es de precisar que en los casos de Sepúlveda y Cruz el falso juicio de identidad en mención se presentó, pues así el tribunal haya transcrito en su fallo algunos de los segmentos antes citados, lo cierto es que los pretermitió cuando, sin más, sentenció que a la actuación no se allegó testigo presencial y directo de los hechos.

El yerro de contemplación objetiva del tribunal no solo se produjo al apreciar los señalados testimonios sino también al valorar las declaraciones de Yonis Manuel González y Edwin Arias Vivas.

Obsérvese cómo el primero de los mencionados testigos, quien también perteneció a la organización paramilitar, expresó que se encontraba en Juan Frío cuando alias “Balín” y alias “Chimú” llevaron secuestrado a Hugo Combariza y se lo entregaron a “Pacho”, quien lo hizo firmar unos pagarés. Precisó el declarante que él estaba cerquita cuando el antes nombrado lo “obligó” a firmar dichos documentos(69).

Arias Vivas, a su turno, manifestó que presenció el momento en el cual Nelly Yamir Acevedo pagó al comandante “Pacho” la suma de diez millones por el secuestro de Hugo Combariza. Textualmente, dijo el testigo: “(...) eso fue en la gerencia de la empresa y yo en ese momento entré y la señora Nelly le estaba entregando el dinero al comandante Pacho, le estaba entregando seis millones de pesos y los otros cuatro era para unos abogados, eso fue a los primeritos días de diciembre”(70).

Como se advierte, si bien resulta cierto que los declarantes antes reseñados no presenciaron el momento en que se produjo el acto de aprehensión o arrebatamiento de la víctima, como incluso de manera expresa lo reconocieron algunos de ellos, lo cierto es que sí observaron circunstancias anteriores y posteriores a ese concreto suceso, como lo fueron la orden del secuestro, la planeación del mismo, la entrega del plagiado al comandante “Pacho”, la violencia ejercida por este para obligarlo a firmar algunos documentos y el pago de los diez millones de pesos por la realización del atentado contra la libertad individual en cuestión.

Resulta indiscutible, por tanto, el grave yerro en que incurrió el ad quem cuando sostuvo que en este caso no obran testigos directos de la existencia del secuestro extorsivo. Al respecto, es necesario tener presente cómo la comisión de un punible de esa naturaleza no se limita al acto de aprehensión de la víctima, sino que comprende las diversas fases del iter críminis, es decir, que va desde su ordenación y planeación, hasta su retención e, incluso, las exigencias que se hagan como condición para su liberación cuando el secuestro reviste carácter extorsivo, conforme ocurre en el presente evento.

El error del tribunal es todavía mayor cuando, a partir de la pretermisión de las circunstancias antes referidas, dejó de realizar el razonamiento lógico que se desprende sin dificultad de ellas. Ni más ni menos, por cuanto si aparece demostrada la ordenación y planeación de un secuestro, y posteriormente surge acreditado que quienes participan en esos actos mantienen privado de la libertad al plagiado para obligarlo a firmar unos documentos, la conclusión no puede ser otra diversa a la de que efectivamente se produjo la aprehensión previa de la víctima. Y ese razonamiento se torna aún más sólido cuando se advierte que quienes instigaron el plagio cancelaron por esa acción una importante suma de dinero a los ejecutores del mismo.

Para el juzgador de segundo grado, en este caso, en relación con el secuestro solamente es digno de credibilidad el declarante Rafael Mejía Guerra, alias “Hernán”, quien aseguró que ese punible nunca ocurrió. Funda ese aserto en dos razones; en primer lugar, porque se trató del único testigo que depuso al respecto en audiencia pública y, en segundo lugar, dado que proviene de quien fungió como jefe o comandante militar de la zona de Villa del Rosario y Juan Frío.

Como bien lo sostiene la fiscalía, en la argumentación del tribunal se advierte la desatención del principio lógico de razón suficiente y, por consiguiente, la incursión en un falso raciocinio.

Lo anterior por cuanto el sentenciador parte de premisas equivocadas para atribuir credibilidad al mencionado testigo. En primer lugar, considera que en este caso solo es factible tener en cuenta las pruebas recaudadas por el juez en audiencia pública, olvidando que en el marco del Ley 600 de 2000, procedimiento con sujeción al cual se tramita este proceso, opera el principio de permanencia de la prueba, a cuyo tenor los elementos de convicción practicados tanto en la investigación como en el juicio son idóneos para demostrar los diversos elementos del delito, así como la responsabilidad de los procesados.

Y, en segundo lugar, por cuanto estima que alias “Hernán” es el único testigo presencial y directo de los hechos cuando, conforme quedó visto atrás, ello no es cierto, si se tiene en consideración que militan en el paginario varios declarantes, quienes, de acuerdo con sus versiones, apreciaron de una u otra manera la forma como se ordenó y planeó el secuestro, se retuvo al plagiado, se lo presionó para la realización de algunas actividades como condición por su liberación y se pagó por la ejecución misma del plagio.

Es necesario señalar que en el expediente obran consistentes elementos de juicio que permiten otorgar credibilidad a los aludidos declarantes. De una parte, Éver de Jesús Sepúlveda Areiza, Óscar Ferney Sánchez Sánchez, Golfan Javier Cruz Rubio y Yonis Manuel González integraban las filas del frente “Fronteras” y operaban en la zona donde ocurrieron los hechos. Además, los dos primeros eran radio operadores y tenían como misión atender a las personas que asistían a reuniones con los jefes paramilitares(71). Entre tanto, mientras Cruz Rubio era el escolta de alias “El Gato”, González fungía como tal respecto de “El Iguano”, aun cuando también permanecía con alias “El Gato” y alias “Pacho”(72), según así lo refirió el propio testigo en mención. Es decir, los cuatro desempeñaban unas privilegiadas labores al interior de la agrupación ilegal que les posibilitaba percibir los hechos por ellos relatados.

A su turno, Edwin Arias Vivas fue conductor de Trasan y luego jefe de rutas de la misma empresa, y como tal visitaba con frecuencia sus instalaciones(73), luego también contaba con capacidad para enterarse de lo sucedido al interior de esa compañía.

Y de la otra, por cuanto aparecen corroborados entre sí y además con otros medios de convicción. Sobre el particular, obsérvese cómo la cantidad de dinero (diez millones de pesos) que, según el testigo Arias Vivas, se pagó por el secuestro coincide con lo dicho por Golfan Javier Cruz Rubio, en el sentido de que ese valor fue, precisamente, el acordado por la ejecución de dicha acción.

Ahora bien, Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, quien, como se recuerda, era el máximo jefe del frente “Fronteras” de la organización paramilitar, manifestó que fue enterado del secuestro de Hugo Combariza cuando ya estaba retenido. Según precisó, el plagio lo ordenó el comandante “Gato” por cuestiones relacionadas con Trasan y tenía como fin obligarlo a desistir de una demanda laboral que instauró en contra de la mencionada empresa(74).

Es verdad que “El Iguano” no presenció el secuestro. Sin embargo, en su condición de máximo jefe de la facción paramilitar que ejecutó el plagio, tenía por qué saber acerca de ese hecho. Es más, nótese cómo señaló que su conocimiento llegó a tal grado, que al enterarse de los motivos del secuestro, en tanto se trataba de problemas relacionados con la empresa de propiedad de la familia Acevedo y que no competían a la organización misma, optó por interceder por el señor Combariza a fin de “que no fueran a proceder contra él”(75).

Al proceso se allegó la copia del desistimiento presentado el 25 de noviembre de 2003 por el doctor Hugo Antonio Combariza Rodríguez respecto de la demanda instaurada en contra de la empresa Trasan S.A.(76).

Es cierto que ese hecho, por sí solo, como lo refiere el tribunal, no constituye prueba del secuestro. Sin embargo, si se concatena con los demás elementos probatorios allegados a la actuación, la situación varía totalmente. En efecto, de acuerdo con los testigos de cargo, uno de los propósitos del plagio era obtener que Combariza Rodríguez desistiera de la demanda laboral instaurada contra la empresa Trasan S.A. El demandante, ciertamente, así procedió y lo hizo el mismo día en que, según lo relató el afectado, ocurrió ese reprochable crimen; es más, después de ser liberado, aunque condicionado para actuar en ese sentido.

Siendo así la situación, es claro que el desistimiento se erige en hecho indicador del cual se deriva el revelador indicio de móvil del delito, que contribuye a demostrar la existencia del secuestro extorsivo agravado objeto de acusación.

Frente a tal panorama probatorio, constituyó un craso error desestimar la credibilidad de las declaraciones del propio Hugo Antonio Combariza y de Benjamín Eugenio, como lo hizo el ad quem a partir de incoherencias que tocan con aspectos meramente accesorios de sus relatos y no con lo esencial de los mismos, como corresponde cuando se trata de valorar las pruebas. Ciertamente, en modo alguno resulta trascendental que el primero de los aludidos no coincida en cuanto a la hora en que regresó a su casa después de ser liberado y aquella en la cual presentó el desistimiento, como tampoco en lo referente al lugar donde se encontró con el abogado Colmenares para dirigirse al juzgado a realizar esa diligencia judicial.

Se trata de aspectos poco significativos frente a la gravedad de los hechos que debió soportar la víctima, al punto de resultar apenas normal que se presenten dificultades en su rememoración con el paso del tiempo.

Lo importante es que los testigos en mención en forma coherente y concatenada relataron las circunstancias en las cuales se produjo el secuestro. Obsérvese cómo Hugo Antonio Combariza fue enfático en declarar que el día 25 de noviembre de 2003, siendo las siete de la mañana, cuando se encontraba en la parte externa de su casa regando el jardín, tres sujetos que arribaron en un taxi lo interceptaron y bajo intimidación de arma de fuego lo hicieron abordar el mismo vehículo, tras lo cual lo condujeron hasta el corregimiento Juan Frío, jurisdicción del municipio de Villa de Rosario, donde lo esperaba un sujeto, quien lo obligó a firmar unos documentos y luego le ordenó retirar la demanda laboral que había promovido en contra de la empresa Trasan, para cuyo acatamiento le fijó como plazo perentorio hasta el mediodía, so pena de perder la vida. Según el denunciante, después de ser liberado, procedió a cumplir la imposición de sus plagiarios, y es así como elaboró el desistimiento y luego lo presentó en el juzgado(77).

Por su parte, Benjamín Eugenio, quien se desempeñaba como vigilante en la urbanización en la cual residía Combariza Rodríguez, testificó que observó cuando arribó a ese lugar un taxi ocupado por aproximadamente tres sujetos, quienes obligaron a aquel a abordar el vehículo, tras lo cual desaparecieron de allí(78).

Se sigue de lo expuesto que también en el proceso obra prueba irrefutable demostrativa de la ocurrencia del punible de secuestro extorsivo agravado, luego erró el ad quem cuando arribó a conclusión diversa.

2. Como la decisión absolutoria del tribunal se fundó en la inexistencia del delito en mención, la infirmación de ese pronunciamiento conduce per se a revivir la sentencia de primer grado, acorde con la cual quienes determinaron a los paramilitares a ejecutar el mencionado punible fueron Nelly Yamir Acevedo Liévano, Aminta Liévano de Acevedo y Luz Marina Acevedo Liévano.

De todas maneras, resulta imperioso acotar que la conclusión del a quo tiene como sustento las declaraciones de los desmovilizados Óscar Ferney Sánchez, Golfan Javier Cruz y Éver de Jesús Sepúlveda, cuyos apartes pertinentes, por ende, pretermitió la corporación de segundo grado. Dichos testigos señalaron a las precitadas damas de haber asistido a la reunión del 20 de noviembre de 2003, en la cual se planeó el secuestro de Hugo Combariza.

A lo anterior añadió el juzgado el indicio derivado del interés que les asistía a Aminta Liévano de Acevedo y Luz Marina Acevedo Liévano de obtener el desistimiento por parte de Hugo Combariza de sus pretensiones económicas, en tanto tenían la condición de accionistas de la empresa Trasan.

Como los citados elementos de prueba revisten la fuerza suficiente para soportar el referido juicio de reproche, la Corte casará la sentencia de segunda instancia para, en su lugar, mantener la de primer grado que condenó a Aminta Liévano de Acevedo y Luz Marina Acevedo Liévano por el punible de secuestro extorsivo agravado.

3. En este acápite la Sala abordará el examen de la demanda instaurada por el apoderado de la parte civil, en los apartes en los cuales propende por la condena de Carlos Alberto Acevedo Liévano, Rafael Acevedo Liévano, Luz Marina Sierra Espitia, Magaly Peralta Sanabria y Daniel Velásquez Villamizar por el atentado contra la libertad individual objeto de imputación.

El precitado sujeto procesal denunció errores de hecho por falsos juicios de existencia, falsos juicios de identidad y falsos raciocinios. Tal como se precisó con ocasión del ilícito de concierto para delinquir, el análisis solamente comprenderá lo relativo a los procesados antes mencionados, pues en relación con Aminta Liévano de Acevedo y Luz Marina Acevedo Liévano la decisión a adoptar satisface la pretensión de dicho casacionista.

a) Los falsos juicios de existencia:

(i) Según el demandante, en las grabaciones realizadas a las conversaciones de alias “Pacho” se alude al secuestro de que se hizo víctima a Hugo Antonio Combariza ejecutada por la organización paramilitar a solicitud precisamente de los dueños y directivos de la empresa Trasan.

Sobre el particular, ya la Sala, en el acápite destinado al estudio del delito de concierto para delinquir, descartó la presencia del yerro, en tanto el juzgado sí apreció dichos elementos de prueba solo que los desestimó al no evidenciar “un cotejo de voces que nos diga con certeza que los interlocutores en esos diálogos son los procesados que señala la Fiscalía y la parte civil”(79).

(ii) Para el libelista, el a quo ignoró las versiones libres de Nelly Acevedo Liévano y Carlos Alberto Acevedo Liévano rendidas el 13 y 14 de octubre de 2004, respectivamente, así como el escrito presentado por Yonis Manuel González y la declaración de Guillermo Santos del 27 de mayo de 2005, pruebas demostrativas de que Carlos Acevedo vivía en Cúcuta para los años 2003-2004.

Aun cuando el yerro en lo relativo a Guillermo Santos no tuvo ocurrencia, pues el juzgado sí sometió a ponderación ese testimonio, se impone señalar que la omisión en la valoración del aspecto referido por el casacionista refulge intrascendente, pues la absolución pronunciada a favor de Carlos Alberto Acevedo Liévano no se fundamentó en el hecho de no residir en la precitada ciudad sino en que no asistió a la reunión en cuyo desarrollo se planeó el secuestro y, además, porque a partir de aquella en la cual se ungió a Nelly Acevedo como gerente de Trasan se le prohibió su ingresó a las instalaciones de esa empresa. Sobre el particular, el sentenciador de primer grado expuso:

“(...) Carlos Acevedo Liévano (...) no participó en esa reunión, y esa omisión de su nombre por parte de los testigos presenciales considera el despacho que no obedece a un olvido, o que no lo conocían, todos los Acevedo eran ampliamente conocidos por ellos (se refiere a los desmovilizados), así lo ratifican cuando sostienen que eran como una sola familia, al despacho le queda la convicción que ello obedece a que para esa época Carlos Acevedo ya no era directivo ni empleado a Trasan, como lo sostienen Rolando Enrique Bayona, en la reunión les prohibieron volver a pisar las puertas de la empresa, sin embargo, Carlos pretendió a la brava hacerse al cargo de jefe de controles, lo que hizo necesario que Nelly a través de Edwin Arias en compañía de otros controles expusieran la problemática ante el Iguano en Agua Clara, quien ordenó correrlo y designar a Edwin en ese cargo (...)”(80).

(iii) Reprocha el casacionista la falta de apreciación del testimonio de Edwin Arias Vivas, quien afirmó que el secuestro de Hugo Combariza lo organizó alias “Pacho” por orden de Nelly Acevedo, Aminta Liévano, Carlos Acevedo, Rafael Acevedo, Daniel Velásquez, Luz Marina Acevedo, Marina Sierra, Magaly Peralta, Francisco Rodríguez y Sonia Rincón.

Este yerro tampoco tuvo ocurrencia, pues el a quo ponderó del testimonio de manera expresa al señalar que si bien el declarante inicialmente testificó que el secuestro lo organizó el comandante “Pacho” junto con los antes mencionados, posteriormente aclaró que los autores intelectuales fueron solamente los Acevedo. Adicionalmente, el sentenciador de primer grado razonó en los siguientes términos:

“Este testimonio de Arias Vivas hay que recibirlo con beneficio de inventario, si bien da cuenta de unos hechos que presenció personalmente, como la reunión de Agua Clara en marzo de 2003 donde se designó a Nelly como gerente, de la entrega de algunos dineros enviados a los paramilitares, del pago por concepto del secuestro de Trasan y de otras reuniones en Agua Clara donde se trataron temas relacionados con rutas de Trasan, hechos que tienen respaldo probatorio en otros medios de prueba, la versión que ofrece sobre los autores intelectuales del secuestro no reviste mayor credibilidad para el despacho. Si bien es cierto limita la autoría intelectual del secuestro a los miembros de la familia Acevedo, incluye a Carlos Acevedo cuando ninguno de los testigos presenciales lo menciona, pero no lo incluye en la supuesta reunión de octubre de 2003, donde según él Pacho tomó la decisión de secuestrar a Combariza (...)”(81).

(iv) Aduce la no valoración de la grabación del 26 de noviembre de 2003, en la cual en mensaje cifrado un paramilitar comunica a “Andrés Bolívar” la ejecución exitosa del secuestro de Hugo Combariza y comentan sobre la necesidad de avisar de ello al procesado Luis Francisco Rodríguez Blanco.

Aparte de lo dicho cuando se abordó el examen del concierto para delinquir acerca de la falta de trascendencia de la referida prueba, pues en la grabación en momento alguno se menciona a Rodríguez Blanco, resulta imperioso destacar la total improcedencia de la pretensión del actor cuando propende por la condena en contra del prenombrado por el delito de secuestro extorsivo agravado cuando este ni siquiera fue objeto de acusación por esa conducta punible.

b) Los falsos juicios de identidad:

(i) En criterio del actor, el sentenciador cercenó el testimonio de Leonidas Orjuela, quien dijo haber escuchado que el secuestro de Hugo Combariza lo ejecutaron los paramilitares por orden de Aminta Liévano de Acevedo, Carlos Acevedo Liévano, Luz Marina Acevedo Liévano, Daniel, Marina Sierra y Magaly Peralta.

Si bien el a quo no se refirió de manera expresa al aspecto referido por el precitado testigo, sí asumió el análisis del señalamiento hecho a Carlos Acevedo Liévano, Daniel Velásquez, Luz Marina Sierra y Magaly Peralta, como también determinadores del secuestro extorsivo. Así, aparte de lo expresado frente al primero, a lo cual se hizo alusión en precedencia, el sentenciador de primer grado expuso también:

“La prueba testimonial de los desmovilizados nos deja claro que la única empleada que participó en esa reunión(82) fue Luz Marina Sierra y también deja claro de los miembros de la familia Acevedo el único que no participó fue Carlos Acevedo, esa convicción nos lleva a afirmar desde ya que Daniel Velásquez Villamizar, Magaly Peralta Sanabria y Carlos Acevedo Liévano no son partícipes del secuestro de Hugo Combariza y por tal motivo se les debe absolver de dicho cargo imputado. Además porque Magaly demostró a través de la historia clínica que para la fecha de la reunión estaba incapacitada médicamente por haber sufrido un accidente en su pie que le imposibilitaba el desplazamiento y que la mantuvo en terapias por largo tiempo.

Quedan entonces como probables partícipes Aminta Liévano de Acevedo, Luz Marina Acevedo Liévano, Rafael Liévano y Luz Marina Sierra Espitia. Sin embargo, se interroga el despacho, ¿es suficiente ese indicio de presencia en la reunión para enrostrarles a todos el secuestro? En el estudio de la responsabilidad por el delito de concierto para delinquir expuso el despacho como criterio que el simple hecho de asistir a una reunión no hacía, en forma automática, responsable a nadie sino que se hacía necesario establecer los móviles, la intención, la intervención, como aspectos objetivos que permitieran deducir ese acuerdo de hacer parte de esa cofradía criminal. Luz Marina Sierra Espitia ingresó a laborar a Trasan en abril de 2003, fecha en la cual Combariza ya no laboraba en las dependencias de esa empresa, como ella lo señala, no se conocieron, qué interés podría tener ella en determinar su secuestro si las consecuencias jurídicas y económicas de las acciones legales incoadas por Combariza en contra de la empresa Trasan en nada la perjudicaban? (...)”(83).

Pero es más, el a quo más adelante hizo alusión a las declaraciones de ex empleados de la empresa Trasan, condición que ostentó el testigo Leonidas Orjuela, pues un bus de su propiedad estaba afiliado a esa compañía, para considerar que en lo relacionado con las circunstancias del secuestro, distintas a las declaradas probadas en el fallo, son producto de conjeturas y especulaciones(84), calificación perfectamente predicable respecto del prenombrado, pues los referidos señalamientos, según así lo precisó el propio declarante, los conoció por voces de terceros, a quienes nunca identificó(85).

(ii) Denuncia también el cercenamiento de la grabación realizada a la conversación sostenida entre Hugo Combariza y Daniel Velásquez Villamizar, en cuanto dicho diálogo confirma la existencia de la reunión celebrada en las oficinas de Trasan con los paramilitares, en donde Nelly Yamir Acevedo Liévano reconoce que ella pagó 10 millones por el secuestro de Combariza. Según el actor, esa prueba demuestra la existencia del atentado contra la libertad individual en mención.

Al igual que se señaló respecto del delito de concierto para delinquir, la mencionada grabación refulge también intrascendente para atribuir responsabilidad a Velásquez Villamizar en el punible de secuestro extorsivo, pues tampoco allí este admitió conformar el grupo de personas que determinaron su ejecución.

c) Los falsos raciocinios:

(i) Según el actor, la sentencia vulneró la máxima de la experiencia conforme a la cual “a explicación no pedida confesión manifiesta”, cuando pasa por alto que el testigo Gonzalo Laguado no acusó a nadie en particular, pese a lo cual los acusados salieron a defenderse de lo dicho por él.

El anterior enunciado carece de relevancia para erigirse en elemento de prueba en materia criminal, pues es claro que quien es acusado de la comisión de un delito goza del derecho constitucional a la defensa, en desarrollo del cual está legitimado para controvertir las pruebas que demuestran tanto la existencia del punible como la responsabilidad que se le atribuye.

(ii) Cuestiona, finalmente, al sentenciador por absolver a Carlos Alberto Acevedo Liévano sobre la base de encontrarse viviendo en Venezuela, pues se trataba de San Antonio de Táchira, constituyendo un hecho notorio que esa población está junto a Juan Frío, separándolos solo el Río Táchira.

Aun cuando el libelista no indica ni concreta el principio de la sana crítica vulnerado de esa forma por el fallador, es lo cierto que parte de un hecho equivocado, y es el de considerar que la absolución del procesado antes mencionado por el delito de secuestro extorsivo se fundó en la circunstancia de estar viviendo en Venezuela, cuando, conforme quedó reseñado atrás, tal decisión tuvo un sustento probatorio muy diverso.

Por tanto, la Corte no casará la sentencia impugnada en lo referente a la absolución pronunciada a favor de Carlos Alberto Acevedo Liévano, Rafael Acevedo Liévano, Luz Marina Sierra Espitia, Magaly Peralta Sanabria y Daniel Velásquez Villamizar, por el delito de secuestro extorsivo agravado.

IV. Sobre las peticiones adicionales formuladas por la parte civil.

Sea del caso precisar, ante todo, que la prosperidad de los cargos formulados en contra de la sentencia del tribunal torna imperioso que la Corte, convertido en esos términos en juez de segundo grado, se pronuncie sobre las peticiones en mención que, en todo caso, fueron formuladas por el apoderado de la parte civil al momento de sustentar el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia, exponiendo idénticos fundamentos a los plasmados en la demanda de casación. A ello entonces se procede:

a) Pide el letrado declarar la extinción de dominio y el comiso de la sociedad Trasan S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal de 2000, dado que dicha empresa sirvió de instrumento para cometer la conducta punible.

En la sentencia, el juzgador de primer grado consideró que el apoderado de la parte civil carece de legitimación para solicitar la extinción de dominio de la mencionada empresa. La Sala comparte este criterio, pues, ciertamente, una pretensión de esa naturaleza no tiene relación alguna con la indemnización de perjuicios perseguida por dicho sujeto procesal.

No escapa a la Sala, desde luego, que hoy en día las facultades de las víctimas, conforme se destacó en aparte precedente de este fallo, no se restringen al tema netamente económico, pues les asiste también los derechos a la verdad y la justicia, en cuyo ejercicio están legitimadas para buscar el esclarecimiento cabal de los hechos y propender por la sanción de sus autores acorde con las circunstancias de la conducta cometida.

No obstante, es claro que la extinción de dominio o el comiso no se relacionan con tales derechos, pues en tanto esas medidas implican que la propiedad de los bienes sobre los cuales recaen pase a poder del Estado, para nada una decisión de dicha naturaleza redundaría en favor de los intereses de la víctima del delito, en cuanto ello ni contribuiría a la reparación de los perjuicios causados ni comportaría la modificación de la atribución penal o la imposición de una sanción mayor.

A este respecto, bien es recordar que esta corporación “ha hecho énfasis en que si la intervención de la parte civil está encaminada a la protección de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, debe acreditar un daño concreto que amerite la defensa de los mismos (...)” (CSJ AP, 11 de nov. de 2009, rad. 32564). Ese daño, como se sigue de lo dicho, no aparece acreditado en lo atinente a la pretensión de obtener el comiso o extinción de dominio de la empresa Trasan S.A.

b) Solicita el profesional del derecho en cita que como restablecimiento del derecho se le restituyan las licencias de explotación de las empresas Carga, Mixtos y Trasan Radio S.A. Adicionalmente, propende porque se devuelva a todos los afiliados de Trasan S.A. el dinero de las cuotas que se les han cobrado ilegalmente.

Encuentra la Sala que sobre tales aspectos no se pronunció el a quo. En lo referente a la restitución de las licencias, tal parece que esa omisión obedeció a que, de una parte, esa pretensión no se incluyó en la demanda de constitución de parte civil y, de la otra, por cuanto en el alegato de conclusión presentado en la audiencia pública el apoderado de la parte civil se limitó a quejarse de la afirmación de los funcionarios judiciales por no proceder en ese sentido, sin formular petición expresa al respecto tampoco en dicha oportunidad.

Sea como fuere, lo cierto es que el juez de primer grado no se pronunció sobre tal aspecto, así aduzca lo contrario en el auto del 14 de febrero de 2011, que emitió con ocasión de la solicitud de adición a la sentencia elevada, entre otros, por el apoderado de la parte civil(86). Esa omisión impide a esta corporación abordar el asunto, pues lo contrario implicaría pretermitir el principio de la doble instancia y conculcar, consecuencialmente, el derecho de contradicción de los demás sujetos procesales, quienes no tuvieron oportunidad de oponerse a las pretensiones del letrado solicitante.

Por lo demás, en cuanto se refiere a la devolución de las cuotas cobradas a los afiliados a la empresa Trasan S.A., resulta palmar la carencia de legitimación del apoderado de la parte civil para formular petición de esa naturaleza, pues la reclamación de tales dineros le corresponde exclusivamente a quienes los cancelaron que son, entonces, los afectados con dichos comportamientos.

c) Según el recurrente, los dineros embargados deben permanecer en ese estado hasta tanto las personas con disponibilidad sobre los mismos, como son Aminta Liévano y Luz Marina Acevedo Liévano se sometan a la justicia y cumplan la orden de captura vigente.

Aun cuando el togado no lo dice expresamente, todo indica que se refiere a los dineros depositados en las cuentas 600-84956-6, 84957-4 y 84958-2 del Banco Occidente, pues en el fallo de primer grado se dispuso el desembargo de las mismas, manteniéndose la medida respecto de los restantes bienes embargados.

Pues bien, observa la Sala que el desembargo se fundó en que los dineros depositados en dichas cuentas corresponden al fondo de reposición de la empresa Trasan S.A. y pertenecen a los propietarios de los vehículos afiliados a la misma, constituyendo un patrimonio autónomo.

Tal sustento no es rebatido por el recurrente, y tiene como soporte probatorio, entre otros, el reglamento del fondo de reposición, así como la resolución 364 de 2000 expedida por el Ministerio de Transporte, en cuyo artículo 1º señala: “Los valores recaudados por las empresas con fundamento en lo previsto en la Resolución 709 de 1994, así como los rendimientos financieros generados por los mismos, constituyen un patrimonio autónomo. Dichos recursos deberán aplicarse exclusivamente para reposición o renovación de los vehículos automotores que hayan aportado al respetivo fondo según las normas legales vigentes”. Precisamente, en la Resolución 709 en cita se estableció el manejo de los recursos destinados a la reposición del parque automotor.

Si, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 600 de 2000, las medidas de embargo y secuestro tienen como fin garantizar el pago de perjuicios, es claro que las mismas solamente pueden recaer sobre los bienes de quienes están penal y civilmente llamados a responder por tales perjuicios, no así respecto de personas ajenas, como en este caso acontece con los afiliados a la empresa Trasan S.A.

El apoderado de la parte civil sostiene que en el manejo del mencionado fondo de reposición se han presentado irregularidades que ameritan investigar por separado las conductas de falsedad en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza. Sin embargo, es evidente que esa sola afirmación no constituye argumento suficiente para mantener embargados unos bienes pertenecientes a personas no vinculadas a la presente actuación. Desde luego, si considera que se han presentado los comportamientos delictivos aludidos, bien puede acudir a la justicia para bajo la gravedad del juramento denunciarlos.

En consecuencia, se confirmará la decisión en tal sentido adoptada por el a quo.

d) Demanda informar al gerente de Trasan S.A. abstenerse de aceptar solicitudes, requerimientos u órdenes de pago a terceros que no se relacionen con la sociedad, menos si provienen de personas con orden de captura.

El impugnante también carece de legitimación para formular esta petición, pues la misma no se relaciona con los derechos a la verdad, justicia y reparación de que es titular. Sobre esta última, es de señalar que, como lo destacó el juez de primer grado, se embargaron varios bienes de los procesados que garantizan con suficiencia los perjuicios causados a la víctima, luego no hay razón para disponer la limitación de la actividad comercial de la empresa, en la forma pretendida por el apoderado de la parte civil.

e) Solicita ordenar la reparación por los perjuicios materiales causados con el delito y modificar el monto de los daños morales reconocidos para en vez de 100 salarios mínimos legales mensuales imponer 1.000 salarios de la misma especie. Además, reclama condenar a los procesados al pago de las costas procesales.

Es de anotar que el juez de primer grado se abstuvo de condenar por concepto de daños materiales y daños morales susceptibles de valoración pecuniaria, al no hallar prueba en el proceso de su causación, acogiendo de esa forma el dictamen del perito avaluador que se designó para el efecto, quien arribó a dicha conclusión. Por su parte, discrecionalmente condenó a 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de los daños morales no susceptibles de valoración pecuniaria.

Como lo establece el inciso final del artículo 97 del Código Penal, los perjuicios materiales deben probarse en el proceso. La jurisprudencia extiende esa carga probatoria a los perjuicios morales objetivables, que corresponden a las repercusiones económicas derivadas de la aflicción síquica causada a la víctima con la conducta delictiva (CSJ SP, 27 de abril de 2011, rad. 34547).

En el presente caso, el recurrente expresa varios argumentos para soportar su solicitud, entendiéndose que, en lo relativo a los perjuicios materiales y a los morales objetivables, sostiene que al ser despojado de las tres empresas por él explotadas quedó sin recursos para solventar a su familia, sin que durante los ocho (8) años siguientes pudiera trabajar.

Sin embargo, es claro que en el curso del proceso no se demostró si las empresas en mención le estaban reportando ganancia alguna, y en el caso de generarla tampoco se acreditó su monto. Menos aún aparece prueba acerca de los dividendos que eventualmente le producirían esas compañías durante el tiempo de vigencia de los contratos. Tampoco se demostró la incapacidad para laborar aducida por el letrado, y menos aún la relación de causalidad entre el secuestro y la alegada imposibilidad de realizar actividades de la mencionada naturaleza. En ese sentido, advierte la Sala que no obra elemento de juicio que permita desvirtuar el dictamen pericial con fundamento en el cual se pronunció el juez de primer grado.

Con el mismo propósito argumenta que con posterioridad al secuestro ha sido objeto de tres atentados, uno de los cuales lo dejó semi-inválido. No obstante, resulta evidente que se trata de hechos respecto de los cuales no se demostró en el paginario relación causal con los delitos objeto de juzgamiento. Por tanto, no revisten capacidad para mudar la decisión del a quo.

En relación con los perjuicios morales, el apoderado de la parte civil señala que el secuestro ocurrió cuando presentaba cáncer, en cuyo estado debió padecer la angustia de ese acto delincuencial. Pero pasa por alto que el sentenciador de primer grado contempló la zozobra e incertidumbre que a la víctima generó su ilegal privación de la libertad para determinar en 100 salarios mínimos legales mensuales el monto de esta clase de daños, sin que el impugnante se haya esforzado por acreditar el ejercicio indebido de la facultad discrecional deferida al juzgador en esa materia.

Sobre las costas procesales ocurre situación similar a la presentada con la pretendida restitución de las empresas Carga, Mixtos y Trasan Radio S.A., es decir, frente a ese tema no hubo pronunciamiento del juez de primer grado, omisión determinada, en esta ocasión, porque el apoderado de la parte civil no las reclamó ni en el alegato presentado en la audiencia pública ni en la demanda de constitución de parte civil. Por tanto, tampoco la Sala puede ocuparse de ese tema, so pena de vulnerar los principios de doble instancia y contradicción.

f) Reclama, finalmente, declarar a la sociedad Trasan S.A. tercero civilmente responsable y condenarla al pago solidario de todos los perjuicios.

El apoderado de la parte civil carece de interés para recurrir respecto de este tema, pues el a quo en forma expresa, en el numeral decimoquinto de la parte resolutiva de su sentencia, dispuso hacer extensiva a la empresa Trasan S.A., como tercero civilmente responsable, la condena por perjuicios allí determinada.

Cuestiones finales:

1. Como consecuencia de la prosperidad parcial de los cargos formulados, se dispondrá librar las respectivas órdenes de captura en contra de Aminta Liévano de Acevedo Luz Marina Acevedo Liévano, Carlos Alberto Acevedo Liévano y Rafael Acevedo Liévano.

No se procederá en igual sentido en relación con Daniel Velásquez Villamizar y Sonia Rincón Suárez, pues al primero el a quo le concedió libertad por pena cumplida, mientras a la segunda le otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

2. La Sala compulsará copias de lo pertinente de lo actuado con destinado a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se adelante la investigación penal del caso y adopte las decisiones que en derecho corresponda.

3. De igual manera, como varios de los testigos que declararon en este proceso dan cuenta acerca del secuestro del señor Benjamín Herrera realizado por los paramilitares por orden de algunos dueños y directivos de la empresa Trasan, se dispondrá compulsar copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue dicha conducta punible, si hasta ahora no se ha hecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CASAR parcialmente la sentencia impugnada.

2. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, de origen y data reseñados en la presente providencia, en cuanto condenó a Aminta Liévano de Acevedo y Luz Marina Acevedo Liévano, como determinadoras del delito de secuestro extorsivo agravado y coautoras del punible de concierto para delinquir, y a Carlos Alberto Acevedo Liévano, Rafael Acevedo Liévano, Daniel Velásquez Villamizar y Sonia Rincón Suárez, a los dos primeros como coautores del delito de concierto para delinquir agravado y a los dos restantes a título de cómplices del mismo punible.

3. NO CASAR el fallo de segundo grado en los demás aspectos impugnados por el apoderado de la parte civil.

4. DECLARAR que los restantes ordenamientos de la sentencia impugnada se mantienen incólumes.

5. Por la secretaría de la Sala, librar las respectivas órdenes de captura en contra de Aminta Liévano de Acevedo, Luz Marina Acevedo Liévano, Carlos Alberto Acevedo Liévano y Rafael Acevedo Liévano.

6. COMPULSAR COPIAS de lo actuado con destino y para los fines referidos en el capítulo denominado cuestiones finales, puntos 2 y 3.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

(Aprobado Acta 427)».

(1) Ver la Sentencia T-1295 del 7 de diciembre de 2005 de la Corte Constitucional.

(2) Artículo 90 de la Carta Política.

(3) Puede consultarse la Sentencia T-744 de 2005 de la Corte Constitucional.

(4) Ver la Sentencia T-538 de 1994 de la Corte Constitucional.

(5) Sentencia C-252 de 2001.

(6) Folio 257, cuaderno 8.

(7) Folios 257 y 259, ídem.

(8) Folio 52, cuaderno 6.

(9) Folio 60, cuaderno ídem.

(10) Folio 52, cuaderno 6.

(11) Folio 60, ídem.

(12) Folio 52, ídem.

(13) Folio 71, cuaderno 6.

(14) Folio ídem.

(15) Folio 72, ídem.

(16) Folio 84, ídem.

(17) Folio 83, ídem.

(18) Folio 199, cuaderno 5 y folio 45, cuaderno 6.

(19) Folios ídem. Además, 46, cuaderno 6.

(20) Folio 46, cuaderno ídem.

(21) Folio 66, cuaderno 3.

(22) Sentencia del 13 de febrero de 2008, Rad. 21844.

(23) Folios 181 y 185, cuaderno 13.

(24) Folio 286, cuaderno 15.

(25) Declaración rendida en la audiencia pública, sesión del 1º de julio de 2010.

(26) Folios 256 a 260, cuaderno 8.

(27) Folio 8, cuaderno 13.

(28) Folio 52, cuaderno 6.

(29) Folio 52, cuaderno 6.

(30) Folio 83, ídem.

(31) Folio 71, cuaderno 6.

(32) Folio 199, cuaderno 5 y folio 45, cuaderno 6.

(33) Folios 52 y 72, ídem.

(34) Página 104 del fallo de primera instancia.

(35) Cfr. sentencias del 3 y 24 de octubre de 2002, radicaciones 15927 y 15298. En el mismo sentido auto del 30 de mayo de 2007, Rad. 27174, sentencia del 1º de noviembre de 2007, Rad. 25236 y sentencia del 21 de julio de 2009, Rad. 32099.

(36) Página 77 del fallo de primera instancia.

(37) Página 81, ídem.

(38) Folios 94 y 95, cuaderno 7.

(39) Folios 180 a 185, cuaderno 13.

(40) Folio 150, ídem.

(41) Página 89 del fallo de primera instancia.

(42) Folios 165 a 168, cuaderno 4.

(43) Folio 182, ídem.

(44) Páginas 81 y 82 del fallo de primera instancia.

(45) Página 87, ídem.

(46) Páginas 86 y 87, ídem.

(47) Folio 130, cuaderno 9.

(48) Páginas 87 y 89, ídem.

(49) Página 80, ídem.

(50) Página 88, ídem.

(51) Página ídem.

(52) Página 86, ídem.

(53) Página ídem.

(54) Página 89, ídem.

(55) Página 87, ibídem.

(56) Página 81, ídem.

(57) Página 86, ídem.

(58) Página ídem.

(59) Páginas 82 y 83, ídem.

(60) Se refiere a los empleados de Trasan.

(61) Folio 9, cuaderno 13.

(62) Página 78, fallo de primera instancia.

(63) Página 79, ídem.

(64) Página 85, ídem.

(65) Folios 83 y 84, cuaderno 6.

(66) Folio ídem.

(67) Folio ídem.

(68) Folios 74 y 77, cuaderno 6.

(69) Folios 45 y 49, cuaderno 13.

(70) Folio 66, cuaderno 3.

(71) Folios 52 y 82, cuaderno 6.

(72) Folios 45, 48 y 51, ídem.

(73) Folio 257, cuaderno 14.

(74) Folios 255, cuaderno 8 y 8, cuaderno 13.

(75) Folios 256 y 257, cuaderno 8.

(76) Folio 222, cuaderno 5.

(77) Folios 3 a 5, cuaderno 1.

(78) Folio 7, ídem.

(79) Página 104 del fallo de primera instancia.

(80) Páginas 101 y 102, ídem.

(81) Página 98, ídem.

(82) Se refiere a la realizada el 20 de noviembre de 2003, en la cual se planeó el secuestro.

(83) Página 99, ídem.

(84) Página 102, ídem.

(85) Página 102, ídem.

(86) Folio 134, cuaderno 42.