Sentencia SP16806-2014 de diciembre 10 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43667

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Sobre el recurso de casación en la Ley 600 de2000

Cuando la Corte examina la admisibilidad de la demanda, centra su interés en verificar el cumplimiento de unas exigencias precisas, tanto de legitimación como de crítica lógica y suficiente demostración, en orden a conservar el carácter extraordinario del recurso de casación.

En ese sentido, los requisitos que se reclaman del impugnante persiguen que el libelo satisfaga unos presupuestos mínimos de coherencia intrínseca, lo cual supone contar con interés para demandar, ya por haber impugnado el fallo de primer grado sin el éxito esperado, o porque siendo este favorable, la sentencia de segunda instancia termine afectando los intereses del no recurrente, respecto de lo decidido por el a quo.

También corresponde constatar si la sentencia contra la cual se dirige el recurso extraordinario lo fue por delito cuyo quantum máximo punitivo exceda de ocho años. Así mismo, si el fallo ha sido proferido en segunda instancia por un tribunal, o a pesar de no superar aquel extremo punitivo pero sí ser dictado en alzada por juez colegiado o unipersonal, se persiga el restablecimiento de derechos fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia, caso en el cual se debe argumentar previa y suficientemente sobre el tópico que concite la atención.

A su vez, de conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, es necesario señalar la causal, exponer el o los cargos en sustentación del recurso, expresando los fundamentos y las normas infringidas, así como demostrar su efectiva trascendencia, en aras de cumplir alguno de los fines establecidos por el legislador en el artículo 206 ibídem.

El esfuerzo que precede igualmente debe respetar los principios que gobiernan el recurso de casación, en particular, los de sustentación suficiente, según el cual, la demanda debe bastarse a sí misma para provocar la anulación del fallo; el de crítica vinculante, por cuyo medio se exige una argumentación fundada en las causales previstas taxativamente por la normatividad vigente y el cumplimiento de los requisitos de forma y contenido de acuerdo con la seleccionada por el actor; el de no contradicción, que informa que no es posible, en un mismo cargo, invocar varias causales y; el de objetividad, conforme al cual la alegación debe guardar absoluta fidelidad con la actuación.

Ahora, igualmente es necesario señalar, en razón de la forma como se llegó al proferimiento de la sentencia en el sub judice, esto es, mediando la aceptación de cargos por parte del procesado, en concreto en los términos del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, que si bien procede el recurso de casación, este se encuentra limitado a la posibilidad de impugnar lo relacionado con la dosificación de la pena y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, sin perjuicio de que también sea viable denunciar la vulneración de garantías fundamentales.

Así las cosas, por la manera como se arribó a la sentencia en este caso, se imponía, como en efecto ocurrió, que la defensa renunciara a discutir sobre la responsabilidad del procesado e, igualmente, hacer lo propio frente a las conductas punibles cuya comisión este aceptó, como contraprestación de la sustancial rebaja de pena que el Estado prodiga por la aceptación de los cargos imputados, pues este entiende que con ello se consigue mayor celeridad y un menor desgaste para la administración de justicia.

Efectuadas las anteriores precisiones, agota la Sala el examen formal del libelo presentado por el defensor de Rafael Antonio Pérez Jubiz.

II. Sobre la censura en particular

De acuerdo con lo consignado en el capítulo anterior, se observa que si bien el demandante redujo su ataque contra la sentencia a denunciar que no se le concedió al procesado, adicional a la rebaja de pena por sentencia anticipada, la reducción punitiva señalada en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, a pesar de que confesó su participación en los delitos que se le imputaron en los términos del artículo 280 ibídem, quien incluso, bajo la gravedad del juramento, sindicó a otras personas de la ejecución de los mismos; en todo caso se observa que tal postulación es fruto de ignorar la realidad procesal, así como el verdadero alcance de la ley y la jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, motivo por el cual se anticipa que el cargo será inadmitido.

Conforme se dejó expuesto en el acápite que precede, cuando se ataca la sentencia por vía del recurso de casación, corresponde al actor satisfacer un conjunto de requisitos de lógica y adecuada fundamentación, a efectos de que la censura tenga vocación de éxito.

Por tanto, debido a que en esta oportunidad la defensa básicamente alega que el juzgador de segundo grado incurrió en la violación indirecta de la ley sustancial a raíz de yerros en la modalidad de falso juicio de identidad, es preciso recordar el alcance de ese tipo de error de hecho, así como la manera de postularse, con el propósito de evidenciar las inconsistencia del libelista.

La modalidad de error de hecho anotada parte de suponer que si bien el elemento de persuasión es apreciado por el fallador, este deja de lado su contenido material, lo que puede suceder porque lo adiciona, mutila o tergiversa.

Es necesario puntualizar que cada una de las anteriores situaciones es diferente, pues cuando se hacen agregados al elemento de persuasión, se alude al hecho de predicar expresiones que no contiene y de las cuales se sirve el juzgador para arribar a sus conclusiones.

De otra parte, cuando se cercena un determinado medio de convicción, ello supone que se ha omitido una parte del mismo, a partir de lo cual el juzgador adopta la decisión.

A su vez, la distorsión de la prueba se refiere a que a pesar de tenerse en cuenta su contenido material, de ella no se extrae la conclusión a la que arriba el juzgador, esto es, le cambia su sentido.

Ahora, cualquiera de las situaciones antes mencionadas obviamente demanda del censor identificar el elemento de persuasión respecto del cual alega el falso juicio de identidad, pero además, es de su resorte acreditar la trascendencia de la mutilación, adición o tergiversación de su contenido material.

Es decir, debe expresar de manera argumentada, cómo el cercenamiento, el agregado o la distorsión del medio de conocimiento, influyó de modo esencial en la declaración de justicia consignada en la sentencia impugnada, luego de confrontar la totalidad de los medios demostrativos en los cuales esta se sustentó.

En el caso particular se evidencia que la labor que se viene de reseñar se reputa ausente, por cuanto el demandante se limita a enunciar su queja, sin que en esa tarea en realidad ofrezca una adecuada argumentación, endosando de esta manera a la Sala el ejercicio de completarla, lo cual se opone al principio de limitación conforme al cual, a la Corte no le es posible conocer de cargos que no estén propuestos en la demanda, como tampoco está habilitada para perfeccionar los que formule el impugnante.

Además de lo anterior, son plurales los yerros en que incurre el censor, pues se observa que al alegar que en el sub judice no se le reconoció al procesado el beneficio contemplado en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, ignora el contenido objetivo de la actuación y la normatividad sobre la materia, de lo cual dio cuenta el tribunal al resolver la misma glosa que por vía del recurso de apelación contra el fallo propuso la defensa, toda vez que puso de presente que para la procedencia de la reducción de pena prevista en la citada norma, debían concurrir un conjunto de requisitos, los cuales no se satisfacían a cabalidad en el sub lite.

Ahora, es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por el actor, no es cierto que el juzgador de segunda instancia hubiera exigido, para la procedencia de la reducción punitiva de que trata el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, que el procesado reintegrara total o parcialmente lo apropiado, sino que en ese momento el ad quem sostuvo que como no se presentó esa circunstancia, la rebaja por sentencia anticipada, aplicando por favorabilidad el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, no ha debido ser del 50% sino inferior por la situación descrita y de allí que concluyó afirmando: “como el recurrente es apelante único, no puede en tales circunstancias el superior agravar la pena y a ello se atendrá la judicatura”.

Ahora, por igual se observa que el demandante ignoró el contenido de la normatividad aplicable al caso, pues dejó de lado que el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, señala que para la procedencia de la disminución de la sanción por la confesión, es preciso que esta se haga “durante (...) [la] primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la actuación” y se tiene que en el sub lite la misma solo vino a concretarse casi dos años después de la versión inicial, en concreto en una diligencia de ampliación de indagatoria.

Ahora, si eventualmente concurrieran todos los requisitos para predicar la confesión, no sobra agregar que es postura de esta corporación (CSJ SP, 1 Feb. 2012, Rad. 34853, reiterada en CSJ SP, 14 Nov. 2012, Rad. 34015 y CSJ AP, 25 Jun. 2014, Rad. 41752), que la rebaja por confesión estipulada en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, no es compatible con la prevista en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, pues al respecto ha expresado:

“(...) si bien la sentencia anticipada y la confesión son figuras distintas, cuando se activan simultáneamente por el imputado para aceptar de manera llana y simple su culpabilidad en el ilícito, manifestando a la vez su acogimiento a la sentencia anticipada, la confesión se constituye en fundamento central del fallo condenatorio, motivo por el cual solo es posible otorgar una rebaja punitiva, concretamente la que resulte mayor de las que correspondan a ambas figuras procesales, atendiendo básicamente el mayor o menor aporte a la administración de justicia, según el momento en que se haya producido el sometimiento a sentencia anticipada”.

Así las cosas, como la censura propuesta simplemente fue enunciada, pero además, deja de lado el contenido de la actuación y la normatividad aplicable, amén de que desconoce la jurisprudencia de esta Sala, de esto se sigue que debe ser inadmitida.

IV. Casación oficiosa

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000, observa la Sala la eventual vulneración del principio de legalidad de la pena.

Conforme se dejó expuesto en el recuento de la actuación procesal y lo refleja el cargo formulado por la defensa, el procesado se acogió al instituto de la sentencia anticipada, lo que significó que la primera instancia, al realizar el trabajo de individualización de la sanción, reconociera por ese motivo una rebaja de pena de la mitad, en aplicación, por favorabilidad, del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en lugar de la tercera parte consagrada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, toda vez que la aceptación de cargos se produjo antes de la clausura de la investigación.

Es del caso reseñar igualmente, conforme también se indicó al sintetizar el decurso procesal, que el tribunal, al conocer de la apelación contra el fallo, ajustó la pena de prisión para dejarla en 43 meses y 2 días(2), sobre lo cual la Corte si bien observa un error al establecerla, ahora no es factible corregirlo en aplicación del principio de no reformatio in pejus.

En efecto, en suma, el yerro consistió en que no obstante el ad quem acertó al tomar la pena más grave, que en el sub lite es la prevista para el delito de peculado por apropiación, esto es, 6 años, o lo que es lo mismo 72 meses, después, siguiendo el criterio del a quo, la incrementó en una quinta parte en orden a punir los otros ilícitos que concursaron, de modo que de tal operación obtuvo un resultado de 86,4(3) meses y luego, equivocadamente, contó el “0,4” como si se tratara de 4 días, cuando en verdad eran decimales, los cuales, al ser convertidos a días, correspondían a 12(4), por tanto, si bien el tribunal ha debido fijar la pena de prisión, con la rebaja por aceptación de cargos, en 43 meses y 6 días, lo hizo en 43 meses y 2 días.

Ahora, dejando de lado esa inconsistencia, la cual, como se dijo, no es posible enmendar en razón de la prohibición de reforma peyorativa, se observa que a la Corte en todo caso sí le corresponde intervenir en aras de dotar de legalidad la fijación de las penas de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, las cuales están previstas como principales para los delitos por los cuales fue condenado el procesado y lo propio debe hacer frente a la inhabilitación “para ejercer cargos públicos, para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años” de que trata el numeral 3º del artículo 58 de la Ley 80 de 1993.

En efecto, se tiene que el juzgador de primer grado, al dosificar tanto la pena de multa como la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, no realizó la rebaja punitiva de la mitad por razón de la aceptación de cargos por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por los que se procedió en este caso, respecto de lo cual el tribunal guardó absoluto silencio.

Ahora, es necesario puntualizar que la omisión advertida, en lo que toca con la pena de multa, en realidad solo se presentó frente al delito de peculado por apropiación, pues se evidencia que frente a las otras dos conductas punibles que concursaron (contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción), el a quo olvidó fijarla, situación que ahora no es posible corregir, en aplicación del principio de no reformatio in pejus, pues el acusado funge aquí como único impugnante.

Así las cosas, al aplicar la rebaja de la mitad a la pena de multa del delito de peculado por apropiación por razón de la aceptación de cargos(5), se concluye que la misma debe ajustarse a $64.185.000, pues el total inicialmente decretado en la sentencia fue de $128.370.000.

En lo que hace referencia a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, se tiene que frente a esta pena el juez a quo sí contempló todos los delitos que concursaron, así que inicialmente partió del más grave, es decir, el peculado por apropiación, respecto del cual tomó su pena mínima, esto es, 6 años, y como tuvo en cuenta la agravante del inciso 2º del artículo 397 del Código Penal, que prevé que la sanción se puede aumentar “hasta en la mitad”, indicó que la referida inhabilidad preliminarmente quedaba en “9 años y 1 mes”.

Luego de lo anterior, el fallador unipersonal indicó que incrementaba la pena en cuestión en la misma proporción en que había aumentado la de prisión, valga decir, en una quinta parte, de manera que fijó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en “diez (10) años y ocho (8)”, sin embargo, acto seguido afirmó que “como el artículo 3º de la Ley 365 de 1997 le fijó una duración máxima de diez (10) años, [afirmó que] durante este término se impondría, por ser más favorable que el límite máximo de 20 años prescrito en el artículo 51 del Código Penal de 2000”.

En esa medida, se hace necesario hacer varias aclaraciones.

En primer término, tal como lo concluyó el tribunal, en el sub judice no era posible tener en cuenta la agravante punitiva prevista en el inciso 2º del artículo 397 del Código Penal para el delito de peculado por apropiación, por cuanto la misma no se le dedujo al procesado en el acta de aceptación de cargos.

Así las cosas, hasta aquí se tiene que la pena a tener en cuenta, en punto de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas frente al delito de peculado por apropiación, es la prevista en el inciso 1º del artículo 397 de la Ley 599 de 2000, así que, siguiendo el criterio del juzgador de primer grado, quien partió del mínimo posible a imponer, es de 6 años.

Ahora, como por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción que concursaron, el juzgador a quo incrementó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en una quinta parte, aumento que está dentro del límite previsto en el artículo 31 del estatuto punitivo, la pena en cita —en principio— sería de 7 años, 2 meses y 12 días, o lo que es igual, 84 meses y 12 días, no obstante, como el fallador a quo reconoció una rebaja de la mitad por razón de la sentencia anticipada, la misma en definitiva queda en 3 años, 7 meses y 6 días, o lo que es lo mismo, en 43 meses y 6 días.

No sobra aclarar que no era posible que el fallador de primer grado, al dosificar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, acudiera al artículo 3º de la Ley 365 de 1997, modificatorio del artículo 40 del Código Penal de 1980 que preveía las penas accesorias, entre ellas la arriba citada, para fijar su límite máximo, por cuanto los hechos que aquí son objeto de juzgamiento ocurrieron en el año 2007, de manera que no era factible aplicarla, en tanto había perdido vigencia conforme expresamente lo dispuso el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, toda vez que en esta norma se indicó: “Deróganse el Decreto 100 de 1980 y las normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con prohibiciones y mandatos penales”.

De otro lado, en cuanto hace referencia a la inhabilitación “para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años” que le dedujo el sentenciador a quo al acusado con fundamento en el numeral 3º del artículo 58 de la Ley 80 de 1993, se tiene que como tal inhabilitación también fue derogada por el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, no era posible su imposición.

En ese sentido, basta recordar que la Corte arribó a la misma conclusión frente a un caso seguido por uno de los delitos que integran el capítulo de la celebración indebida de contratos (Cap. 4, Título XV, C.P.), del que también hace parte el ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por el que aquí se procede y que fue el que dio origen a la imposición de la referida inhabilitación; pues al respecto expresó:

“Por otra parte, el artículo 58, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, norma complementaria del Código Penal de 1980, preveía como pena principal la inhabilitación para ejercer cargos públicos y proponer y celebrar contratos con entidades estatales por diez (10) años, pero dicha norma fue tácitamente derogada por el artículo 408 del Nuevo Código Penal, en vista de que este no la previó sino que dispuso otra de distinto alcance, cual es la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 5 y 12 años. Si uno de los propósitos de la nueva regulación penal era el de recoger e integrar la legislación punitiva dispersa en estatutos de distinta naturaleza, en materia de mandatos, prohibiciones y obviamente de consecuencias penales, lo obvio será comprender la mencionada derogación implícita, máxime que la primera norma fijaba la inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos, mientras que la nueva abarca el más amplio espectro del ejercicio de derechos y funciones públicas (L. 153/1887, art. 3º y C.C., arts. 71 y 72)” (CSJ AP, 3 Sep. 2001, Rad. 16837).

De todo lo analizado en precedencia se concluye que, con el fin de restablecer el principio de legalidad de la pena, se debe fijar la multa en $64.185.000, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 43 meses y 6 días y a su vez se debe dejar sin efectos la inhabilitación prevista en el numeral 3º del artículo 58 de la Ley 80 de 1993.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de Rafael Antonio Pérez Jubiz.

3. CASAR oficiosa y parcialmente la sentencia proferida contra Rafael Antonio Pérez Jubiz, en orden a restablecerle la garantía de la legalidad de la pena, en consecuencia, se fija la pena de multa en $64.185.000, la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 43 meses y 6 días y se deja sin efectos la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por 10 años prevista en el numeral 3º del artículo 58 de la Ley 80 de 1993.

3. PRECISAR que las restantes determinaciones que se adoptaron en el fallo impugnado se mantienen incólumes.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

(Aprobado Acta 428)».

(2) La pena fue modificada porque en el acta de aceptación de cargos no se dedujo la circunstancia específica de agravación contenida en el inciso 2º del artículo 397 del Código Penal para el delito de peculado por apropiación y sin embargo el juzgador de primera grado entendió que sí lo había sido, de modo que para restaurar el principio de congruencia, se fijó en el monto anotado.

(3) La quinta parte de 72 meses es 14,4, así que la suma de estas dos cifras es la que se indica.

(4) Si se multiplica 0,4 por 30 días que tiene cada mes, se obtiene como resultado 12 días.

(5) En el mismo sentido, CSJ SP, 14 Oct. 2009, Rad. 29462 y SCJ SP, 14 Oct. 2009, Rad. 25224.