Sentencia SP16839-2016/44298 de noviembre 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44298

(Aprobado Acta 360)

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de los nombres y apellidos y/o por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá D.C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «La Demanda de Casación

El defensor de M. L. propuso dos cargos en su demanda.

Primer cargo: Violación indirecta de la ley sustancial, por error de derecho en la modalidad de falso juicio de convicción.

Sostiene que la sentencia se fundamentó exclusivamente en prueba de referencia, en contravía de lo dispuesto en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004.

Al efecto, resalta que el policial R. M. no presenció la agresión, pues la misma ya había cesado para cuando arribó a la residencia que compartían la víctima y el procesado, como tampoco le consta que estos tuvieran una relación marital. De ello se enteró por lo que le comentó la señora Y. R. T., quien no compareció como testigo al juicio oral.

Lo mismo puede decirse del testimonio del médico legista, toda vez que este, a partir de la observación directa de las lesiones, emitió el concepto sobre las características de las mismas y sus posibles causas, y, por demás, replicó los comentarios que le hizo la víctima sobre las circunstancias que rodearon el ataque —concluyó—.

Basado en lo anterior, solicita a la Corte casar el fallo impugnado, y emitir uno de reemplazo, de carácter absolutorio.

Segundo cargo: violación directa de la ley sustancial.

Considera que el Tribunal aplicó erróneamente la Ley 1709 de 2014, que no estaba vigente para cuando ocurrieron los hechos, y por ello le negó a su representado el derecho a que la pena se hiciera efectiva en su domicilio.

Aunque no lo menciona expresamente, da a entender que a la luz de la normatividad anterior a la ley en mención el procesado tendría derecho al cambio del sitio de reclusión.

Agrega que con esa decisión el Tribunal también afectó los derechos del hijo del condenado, porque el encarcelamiento de su padre lo priva de su compañía y de la manutención que este le prodigaba.

A partir de estos argumentos, solicita a la Sala casar parcialmente el fallo impugnado, en orden a que la pena impuesta a su defendido se haga efectiva en su domicilio.

Sustentación

En términos generales, el impugnante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

El delegado de la Fiscalía General de la Nación y la representante del Ministerio Público solicitan a la Sala no casar el fallo impugnado.

El primero, sostiene que la sentencia no está basada exclusivamente en prueba de referencia, como lo alega el censor, pues el policial R. M. presenció varios hechos que fueron determinante para emitir la condena: (i) las lesiones sufridas por la víctima, (ii) los insultos y amenazas que el procesado le hizo a su compañera, (iii) M. L. portaba un cuchillo, entre otros.

Esta “prueba directa” se aúna a lo expuesto por el médico legista sobre el número y características de las heridas sufridas por la víctima —concluyó—.

De otro lado, expuso que si bien es cierto el Tribunal se equivocó al resolver lo atinente a la prisión domiciliaria a la luz de la Ley 1709 de 2014, que no estaba vigente para cuando ocurrieron los hechos, el yerro es irrelevante porque el cambio del sitio de reclusión tampoco era procedente según la legislación aplicable a este caso.

Por su parte, la representante del Ministerio Público reiteró lo expuesto por el delegado de la Fiscalía en el sentido de que no es cierto que la condena esté basada exclusivamente en prueba de referencia. A ello agregó que: (i) el sistema procesal penal regulado en la Ley 906 de 2004 está regido por el principio de libertad probatoria; (ii) la violencia intrafamiliar tiene diversas formas, que van desde el maltrato verbal hasta las heridas mortales; y (iii) el Estado tiene la obligación de proteger a las mujeres víctimas de “violencia de género”.

Coincidió con el representante de la Fiscalía en que no es procedente la prisión domiciliaria, y agrega el argumento de que el cambio del sitio de reclusión por el que aboga el impugnante implicaría condenar a la víctima y a su hijo a convivir bajo el mismo techo con el agresor.

Consideraciones de la Sala

La Corte analizará los cargos de la demanda, en el orden propuesto por el impugnante.

Primer cargo: Violación indirecta de la ley sustancial, por error de derecho en la modalidad de falso juicio de convicción.

Al sustentar este cargo el impugnante trasgredió el principio de corrección material, porque dio por sentado que el Tribunal fundamentó su decisión exclusivamente en lo que la señora R. T. les contó al policial R. M. y al médico legista que la atendió, cuando la simple lectura del fallo permite constatar el énfasis que hizo el fallador en lo que estos testigos presenciaron:

Así, se observa en el caso concreto, que el patrullero A. R. M. llegó a un lugar donde se presentaba una pelea y encontró a una mujer con heridas visibles, en estado de conmoción y que manifestaba que su compañero permanente le había propinado puñetazos, puntapiés y la había atacado con un cuchillo; mientras tanto, que el señor C. U. M. L. gritaba improperios contra ella, y aun en presencia del uniformado intentaba lastimarla con el arma blanca, tanto así, que el funcionario R. M. tuvo que usar la fuerza en compañía de compañeros (sic) de otra patrulla para someterlo y evitar que lesionara a la señora R. T.

Así las cosas, no es posible referirse a que se trata de una prueba de referencia en cuanto a la violencia intrafamiliar cometida contra la señora I. Y. R. T., pues como se indicó en precedencia, el patrullero de la policía fue testigo presencial —prueba directa— no solo de los agravios verbales y psicológicos, sino además de las amenazas e intento de nuevo ataque con un cuchillo(1) de cocina, arma esta que corresponde por sus características con las heridas que le encontraron a la señora R. T. al llegar al lugar de los hechos y que luego fueron valorados (sic) por el médico legista (…).

A continuación, el Tribunal explicó por qué de los datos suministrados por el policial y el médico legista puede inferirse que los hechos ocurrieron conforme fueron declarados en el fallo:

En este caso se puede inferir racionalmente que si una mujer expresa maltrato del compañero permanente, entre otros mecanismos, a través de un arma corto-punzante (cuchillo de cocina) y coetáneamente se encuentra al presunto agresor con un arma blanca de esas características, gritando improperios y amenazando a la mujer, es un hecho indicador de que fue este quien momentos antes maltrató física y psicológicamente a la quejosa, en especial, porque no se encuentra siquiera referencia sumaria respecto a que otra persona haya podido agredir a la señora R. T., que otra u otras personas hubiesen participado en la trifulca o que dichas lesiones no hayan existido.

No se avizora que el Tribunal haya trasgredido la sana crítica con las valoraciones expuestas en precedencia. Además, los datos a que hace alusión están suficientemente demostrados.

En efecto, el policial A. R. M. explicó ampliamente las circunstancias bajo las cuales pudo percibir los hechos a que hizo alusión durante el interrogatorio.

Luego de referirse a la notificación que recibió de la Sala de Radio de la Policía Nacional sobre las lesiones sufridas por un ciudadano, expresa que se trasladó hasta el domicilio de la víctima y el agresor, donde

Una muchacha joven quien al llegar al lugar por voces de auxilio nos informa que había sido agredida por su compañero, a su vez lesionada por arma blanca, con golpes en su cuerpo, lo cual pudimos evidenciar que presentaba en uno de sus brazos dos heridas con el arma al parecer corto-punzante(2).

Después de que esta señora nos informara que residía en dicha lugar, nos permite el acceso, donde nos señala al interior de esa residencia a su compañero, el causante de las lesiones, que se encontraba en un avanzado grado de exaltación y quien portaba en su mano un arma blanca, un cuchillo(3).

Cuando se le indagó por el comportamiento de M. L. durante el procedimiento policivo, dijo:

Estaba diciendo palabras soeces, agrediendo verbalmente a su compañera, la trataba mal(4), estaba, por así decirlo coloquialmente, como loco, incluso no accedió a entregarnos su arma, su cuchillo, no permitió su registro, motivo por el cual, al lugar habíamos llegado dos patrullas, donde fue necesario por uno de mis compañeros la utilización de la fuerza (…) siendo necesario reducirlo para quitarle dicho elemento, ya que voluntariamente no accedió, debido a su ira.

También dijo que lo que él percibió hacía evidente que se trataba de un evento de violencia intrafamiliar. Cuando se le preguntó si estaba presente cuando el procesado intentó atacar de nuevo a su compañera, manifestó:

Sí, sí doctora, incluso no dejaba de amenazarla. Es más, recuerdo tanto que en ese lugar había una hija, una niña pequeñita, un niño, no recuerdo si era niño o niña, que era la hija o el hijo de ellos.

Y sobre lo que percibió sobre la afectación física y psíquica de la víctima, y sobre la actitud de esta frente a su agresor, manifestó:

Pues físicamente, aparte de su angustia, estaba llorando, se quejaba, y reiteradamente manifestó que iba a instaurar el respectivo denuncio respecto a su compañero.

(…)

Inicialmente, aparte de las dos heridas que observé en sus brazos, al parecer con arma corto-punzante, evidenciaba golpes, uno de ellos que era evidente era en su rostro.

Así, es claro que R. M. “directa y personalmente”(5) tuvo la oportunidad de percibir lo siguiente: (i) la víctima y el procesado conformaban un núcleo familiar, integrado además por un hijo pequeño; (ii) la víctima recién había sido agredida con un arma corto-punzante, sin perjuicio de otro tipo de lesiones que presentaba en su rostro; (iii) el procesado, que se encontraba en alto grado de exaltación, tenía en su poder un cuchillo; (iv) la actitud de la víctima hacia su compañero era indicativa de que fue él quien la agredió (no solo lo señaló, sino que además aseguró que lo iba a denunciar); (v) el procesado intentó agredirla físicamente de nuevo, lo que fue impedido por los policiales; (vi) M. L. maltrató verbalmente a su compañera, a través de insultos y amenazas; (vi) el procesado se resistió al procedimiento policial; y (vii) el hijo de esta pareja presenció lo ocurrido.

Esta versión, como bien lo resalta el Tribunal, fue corroborada por el médico legista N. A. T. G., quien declaró en el juicio oral sobre el número, características y consecuencias de las lesiones sufridas por la víctima, y el impacto psicológico que a esta le produjo la conducta agresiva de su compañero.

Ante esta realidad procesal, resulta temerario asegurar que la sentencia está basada exclusivamente en prueba de referencia, esto es, en (i) declaraciones, (ii) rendidas por fuera del juicio oral, (iii) presentadas en este escenario como medio de prueba, (iv) de uno o varios aspectos del tema de prueba, (iv) cuando no es posible su práctica en el juicio (CSJ AP, 30 Sep. 2015, Rad. 46153; CSJ SP, 6 Mar. 2008, Rad. 27477; CSJ SP, 16 Marz. 2016, Rad. 43866, entre otras).

Ello por cuanto el policial no solo presenció los datos a partir de los cuales el Tribunal infirió que fue C. U. M. L. quien agredió físicamente a su compañera, I. Y. R. T., en presencia de su descendiente, sino que además pudo ver y escuchar parte de esa agresión, según el relato que se acaba de trascribir.

En cuanto a la inferencia que realizó el Tribunal, no se cuestiona la demostración de los datos o “hechos indicadores” a partir de los cuales concluyó lo que se acaba de exponer, ni el razonamiento lógico que empleó.

La Sala no avizora ningún error en ese razonamiento, y mucho menos uno que deba ser corregido en el ámbito del recurso extraordinario de casación, pues, valga resaltarlo, la concordancia y convergencia de la información suministrada por el policial R. y el médico T. es ostensible.

En consecuencia, no se casará la demanda, por este cargo en particular, tal y como lo solicitan el delegado de la Fiscalía General de la Nación y la representante del Ministerio Público.

Segundo cargo: violación directa de la ley sustancial.

Este cargo tampoco fue sustentado en debida forma, porque el impugnante se limitó a decir que el Tribunal resolvió sobre la improcedencia de la prisión domiciliaria a la luz de la Ley 1709 de 2014, que adicionó el artículo 38B del Código Penal, donde se dispone que el aludido cambio de sitio de reclusión no procede frente a los delitos incluidos en el inciso 2º del artículo 68A ídem, entre los que se cuenta el de violencia intrafamiliar. Ello bajo el entendido de que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la ley en mención.

Sin embargo, no dedicó una sola línea a explicar la trascendencia del yerro que le atribuye al fallador, esto es, no expuso las razones por las cuales el cambio de sitio de reclusión es viable a la luz de la normatividad que, en su sentir, debió aplicarse en este caso.

Por tanto, no tuvo en cuenta que el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, antes de la reforma introducida por la Ley 1709 de 2014, consagra como requisito objetivo para la procedencia de la prisión domiciliaria el “que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años o menos”.

En la misma línea, dejó de considerar que su representado fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar, cometido bajo la circunstancia de agravación consagrada en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal (porque la conducta recayó sobre una mujer), que tiene asignada la pena de 6 a 14 años.

Por tanto, como bien lo anota el delegado de la Fiscalía General de la Nación, si bien es cierto el Tribunal se equivocó al analizar la improcedencia de la prisión domiciliaria a la luz de la Ley 1709 de 2014 (que entró en vigencia luego de ocurridos los hechos , e incluso luego de proferido el fallo de primera instancia), ese yerro carece de trascendencia, porque la modificación en el cambio de sitio de reclusión tampoco es viable al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Penal antes de la reforma introducida por la citada ley, tal y como se indicó en párrafos precedentes.

Finalmente, y aunque el censor no lo plantea, valga aclarar que no sería posible tomar de cada uno de estas normas lo que resulte más conveniente para el procesado, para crear una tercera ley (“lex tertia”), por las razones ampliamente explicadas por esta corporación en otras oportunidades (CSJ AP, 24 Feb. 2014, Rad. 34099; CSJ SP, 12 Marz. 2014, Rad. 42623; entre otras).

Finalmente, el censor insinúa que el cambio del sitio de reclusión podría justificarse por la relación que el procesado tiene con su hijo, en orden a proteger los derechos de este.

La ostensible falta de sustentación fáctica y jurídica de este aserto impide que el cargo pueda prosperar, pues el impugnante, sin ningún referente probatorio y con una escueta alusión al artículo 44 de la Constitución Política y a tratados internacionales que no identifica, se limita a expresar que el encarcelamiento de M. L. podría causarle un grave perjuicio a su hijo, principalmente porque aquel es quien lo solventa económicamente.

Sobre el particular debe tenerse en cuenta que lo único que se conoce del funcionamiento del grupo familiar conformado por el procesado, la víctima y su hijo es que el primero agredió física y verbalmente a la segunda en presencia de su descendiente.

Así, le asiste razón al delegado de la Fiscalía General de la Nación en cuanto resalta que esta solicitud del impugnante es improcedente por ser manifiestamente infundada.

Por lo expuesto, no se casará el fallo impugnado, por este cargo en particular.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

No casar el fallo impugnado.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».

1 Negrillas fuera del texto original.

2 Minuto 14:37, registro juicio oral

3 Minuto 14:49 ídem

4 Negrillas fuera del texto original.

5 Artículo 402 de la Ley 906 de 2004.