Sentencia SP16931-2017/48105 de octubre 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP16931-2017

Rad.: 48105

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Aprobado Acta Nº 352)

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., dieciocho de octubre dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda:

Está compuesta por tres censuras, cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera:

Primer cargo:

El censor reclama la nulidad del fallo de segundo grado, pues asegura que el Tribunal violó la Carta Política, la Convención América de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Además, desconoció lo señalado en la Sentencia C-792 de 2014 de la Corte Constitucional, por cuanto no permitió la impugnación de su decisión a través del recurso de apelación.

Expresa que el Juzgador de segundo grado, bajo el argumento de que no había transcurrido un año después del edicto que notificó la Sentencia C-792 de 2014 para el momento de proferirse el fallo que aquí es objeto de reproche, decidió no dar trámite al recurso de apelación en los términos de la referida decisión.

Afirma que el año de que trata la Sentencia C-792 de 2014 se estableció para reglamentar el recurso de apelación, mas no para tener derecho a impugnar el fallo por dicha vía.

Por tanto, sostiene que basta una condena por primera vez en segunda instancia, para que se active el derecho a impugnar la sentencia por vía del recurso de apelación sin las limitaciones de otras acciones como la tutela, la revisión o el recurso de casación.

Luego de asegurar que la Sentencia C-792 de 2014 tiene efectos de cosa juzgada, sostiene que el fallo del tribunal es inconstitucional, por cuanto negó el derecho al recurso de apelación dentro de los estándares propios de éste, los cuales, reitera, son distintos a los del recurso de casación y a los de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

De otra parte, aduce que en este caso no es posible dar aplicación al principio de convalidación, por cuanto se está ante una nulidad insubsanable, pues el derecho a impugnar es fundamental. Además, señala que tampoco es viable acudir al principio de protección, por cuanto la defensa material y técnica no dieron lugar a la irregularidad alegada.

En cuanto hace referencia a la trascendencia de la irregularidad pregonada, manifiesta que es evidente, puesto que se negó la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria proferida por primera vez en segunda instancia.

Por tanto, solicita que se decrete la nulidad de lo actuado desde el “sentido del fallo”, en razón del efecto nocivo que trajo la sentencia frente a la libertad del acusado desde aquel momento, al disponerse su orden de captura.

Segundo cargo:

El defensor acusa la sentencia de violar indirectamente la ley sustancial, a consecuencia de haber incurrido en errores de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad por cercenamiento, lo que dice, condujo a la aplicación indebida de los artículos 27, 103 y 365 del Código Penal y a la correlativa falta de aplicación de los artículos 7º y 381 de la Ley 906 de 2004.

Los siguientes son los yerros de hecho alegados:

Falso juicio de identidad por cercenamiento respecto del dicho de E... A... H... M... (víctima):

Luego de recordar el recurrente que, el tribunal refirió que el ofendido expresó que, en el momento de los hechos, cuando estaba sentado frente a la tarima donde cantaba el procesado, observó que a éste se le acercó una persona y le habló señalándolo a él, tras lo cual el acusado se bajó del escenario, sacó una arma de fuego y le disparó en dos oportunidades, valga decir, inicialmente en el abdomen y después en el brazo derecho cuando intentaba guarecerse del ataque.

Pero además, que el juzgador ad quem le concedió total credibilidad al dicho del ofendido, pues expresó que, salvo algunas inconsistencias respecto de lo que declaró en el juicio oral, en lo esencial coincidió con el relato ofrecido en las entrevistas que rindió; el demandante asegura que la prueba valorada en esos términos se cercenó.

Al respecto el censor inicialmente afirma que las entrevistas rendidas por la víctima se integraron a su testimonio, pues se utilizaron para impugnar su credibilidad, tras lo cual sostiene que el cercenamiento consistió en que el tribunal no tuvo en cuenta las imprecisiones y contradicciones en las que incurrió el ofendido.

En ese sentido, recuerda que al interrogarse al lesionado en las entrevistas en relación con la hora de los hechos, manifestó que no la tenía clara, pero que ocurrieron después de las tres de la mañana.

Igualmente, afirma el recurrente que la víctima, en las entrevistas, sostuvo que no observó detalladamente al procesado cuando cantaba, no obstante, aseguró que había sido éste quien le disparó.

De otro lado, aduce el demandante que el lesionado refirió en las entrevistas, que en la tarima, donde estaba el inculpado cantando, lo acompañaban tres o cuatro personas, una de ellas con camiseta blanca.

Así mismo, el recurrente recuerda que la víctima, en sus entrevistas, afirmó que su agresor lucía una camiseta blanca, no obstante, en la declaración rendida en el juicio oral, para ajustar su dicho al descubrimiento probatorio de la defensa, en el que se allegaron fotografías mostrando al acusado con camiseta negra, indicó el lesionado que aquel inicialmente tenía una de ese color y que cuando le disparó vestía una blanca.

Adicionalmente, el censor expresa que el ofendido en las entrevistas no hizo mención a la presencia de tatuajes en el incriminado, no obstante, en el juicio oral sostuvo que le vio algunos.

A su vez, el impugnante recuerda que el ofendido, frente al interrogante de la defensa en el juicio oral sobre si la persona que vestía camisa negra le disparó, respondió: “no me disparó”.

En esa medida, el censor sostiene que lo de los tatuajes y la camisa blanca que refirió el ofendido en el juicio oral fue un “reinvento”.

De otra parte, el defensor pone de presente que cuando el acusado se estaba presentando, la tarima era ocupada por tres o cuatro personas, una de las cuales tenía camiseta blanca, respecto de la que dijo el ofendido, fue quien le disparó. Además, el censor reitera que la víctima descartó que quien llevaba camiseta negra lo hubiera agredido.

En esa medida, el recurrente afirma que la sindicación realizada por el lesionado surge de lo que observó en la tarima, mas no se fundó en lo que percibió al momento de recibir los disparos.

Así las cosas, el libelista sostiene que las inconsistencias y contradicciones señaladas, llevan a minar la credibilidad del dicho de la víctima y, a su vez, a dejar sin sustento el fallo de condena del tribunal, pues el dicho del ofendido es la única prueba de cargo.

Falso juicio de identidad por cercenamiento frente a las fotografías aportadas al juicio:

El demandante sostiene que si bien en principio podría afirmarse que el tribunal no tuvo en cuenta tal prueba, expresa que sí lo hizo, pues a partir de las fotografías afirmó que la tarima donde se presentaba el procesado era de rodachinas, pero además, el ad quem se sirvió de aquellas imágenes para respaldar el dicho de E... A... H... M... (la víctima) en relación con que debajo de la camiseta negra el procesado tenía una de color blanco.

En esa medida, el impugnante aduce que basta remitirse a las fotografías para percatarse que el acusado solo tenía una camiseta negra y gorra, mientras que el agresor que refirió la víctima vestía de manera diferente, es decir, una camiseta blanca y no tenía gorra.

Además, el recurrente señala que si bien el inculpado tiene unos tatuajes en sus brazos, lo cierto es que el ofendido no hizo alusión a estos en las entrevistas, pues solo se refirió a ellos al declarar en el juicio oral.

Así las cosas, el libelista indica que el “cercenamiento” de las fotografías es evidente, pues, de un lado, allí no se muestra si la tarima tenía rodachinas y, de otra parte, no se tuvo en cuenta la contradicción que ellas evidencian respecto de la camisa que lucía el acusado y la que dice la víctima vestía éste, lo cual, a juicio del censor, lleva a restarle credibilidad al dicho del ofendido acerca del señalamiento que hizo contra el procesado como autor de la agresión.

Falso juicio de identidad por cercenamiento respecto de la declaración de G... J... B... G...:

El demandante sostiene que si bien el tribunal indicó, en relación con este deponente, que no vio lo sucedido porque estaba en el baño en el momento de la agresión, también debe tenerse en cuenta que desde ese lugar escuchó los disparos mientras simultáneamente el procesado cantaba, de donde se sigue que este último es inocente.

Adicionalmente, el censor pone de presente que G... J... B... G... fue el encargado de trasladar del lugar de los hechos al acusado en su vehículo, así que durante el viaje éste le refirió que estaba muy asustado por lo sucedido. Además, indicó que el inculpado estaba vestido con una camiseta negra y gorra.

En esa medida, el recurrente expresa que es indudable el cercenamiento del testimonio de G... J... B... G..., pues el tribunal solo tuvo en cuenta que éste se hallaba en el baño, ignorando que simultáneamente escuchó los disparos y cantar al procesado.

Así las cosas, el impugnante señala que si el ad quem hubiera tenido en cuenta el contenido del testimonio del citado, con él habría desvirtuado el dicho del único testigo de cargo, es decir, el de la víctima.

Falso juicio de identidad por cercenamiento en relación con los testimonios de D... M... C... M... y J... F... O... H...:

Expone el defensor que a pesar de que estos dos declarantes manifestaron la manera como se desarrollaba la fiesta y sostuvieron que estaban a pocos metros del escenario e, igualmente, que el acusado vestía camiseta negra y gorra, amén de que informaron que al momento de los disparos aquel estaba cantando, tras lo cual los referidos deponentes dicen que huyeron; de modo que a juicio del censor el relato de éstos fue detallado, pues señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos; aduce que el tribunal los desechó.

Así las cosas, el censor asevera que el tribunal al “cercenarlos” “perdió la oportunidad” de proferir un fallo absolutorio.

Agrega el demandante que tal cercenamiento por igual se predica de los testimonios de: L... C... S... H..., quien dijo que la víctima se “auto invitó” a la fiesta y que él se fue a dormir cuando llegó el procesado; de J... E... M... L..., la cual sostuvo que estaba durmiendo con el citado, su esposo, y que se levantó por los disparos. Además, negó que hubiera dialogado con el ofendido después de la agresión que recibió; de C... A... M... O..., a cuyo honor se organizó la fiesta y quien indicó que el acusado llegó sobre las cuatro de la mañana a la reunión; de K... D... D... E..., la que dio cuenta de que el implicado lucía un camiseta negra y; de M... L... D... E..., esposa del homenajeado, la cual dijo que el inculpado arribó a la hora antes anotada, del cual adujo que vestía camiseta negra y gorra.

Dice entonces el libelista que a raíz de que el ad quem cercenó los anteriores testimonios, “no corroboró la ajenidad” del procesado en los hechos.

Por tanto, el defensor afirma que de no haberse cercenado la prueba anotada se habría concluido que el procesado no fue quien le disparó a la víctima.

El demandante aduce que el cercenamiento de la prueba en cita es trascendente, pues en el caso del testimonio de la víctima, el tribunal dejó de lado gran cantidad de hechos, como aquel relativo a que el lesionado sostuvo que el acusado vestía camiseta negra y gorra, y que una persona vestida así no fue quien lo agredió, pues lo hizo una con camiseta blanca.

Adicionalmente, el censor afirma que de haberse tomado en consideración todo lo manifestado por el ofendido –tanto en las entrevistas como en el juicio oral–, se habrían observado las inconsistencias y contradicciones en que incurrió, a partir de lo cual se habría menguado su credibilidad.

En ese sentido, el impugnante indica que solo en el juicio oral la víctima habló de que el procesado tenía tatuajes en sus brazos y que además vestía una camiseta blanca junto con la negra que se le veía, de lo cual no había dado cuenta en las entrevistas.

No obstante, aduce el demandante, basta mirar las fotografías para percatarse que el procesado solo lucía una camiseta negra.

Además, el recurrente recuerda que en la tarima donde cantaba el acusado había tres o cuatro personas más, una de las cuales tenía camiseta blanca, con lo cual se descarta que quien le disparó a la víctima haya sido el procesado, pues vestía camiseta negra.

El demandante expresa que sobre el hecho de que el acusado lucía una camiseta negra dieron cuenta G... J... B... G..., D... M... C... M..., K... D... D... E..., M... L... D... E... y J... F... O... H...

En esa medida, el recurrente concluye que la víctima se equivocó al señalar al procesado como su agresor, toda vez que identificó a la persona de camiseta blanca con el nombre de A... S..., quien por ello resultó acusado.

En orden a demostrar que el ofendido incurrió en inconsistencias como la anterior, a partir de las cuales se le debe restar credibilidad, el defensor recuerda que a pesar de que aquél dijo que asistió a la fiesta porque lo invitó L... C... S... H..., este último sostuvo que en realidad el ofendido lo llamó para que lo recogiera en la autopista, así que por esta causa es que terminó haciendo presencia en la reunión.

Otra inconsistencia que el demandante predica del ofendido, la hace consistir en que éste afirmó que al llegar a la reunión el procesado estaba cantando, cuando en verdad lo hacían los mariachis.

Así mismo, observa el censor que si bien el ofendido dijo que llegó pasadas las dos de la mañana, L... C... S... H... sostuvo que lo hizo entre las doce y la una de la madrugada.

A su vez, el libelista pone de presente que mientras que J... E... M... L..., esposa de L... C... S... H..., indicó que cuando se escucharon los disparos prácticamente había amanecido, la víctima indicó que la agresión ocurrió a eso de las tres de la mañana.

Además, el defensor pone de manifiesto que al paso que J... E... M... L... sostuvo que no dialogó con el ofendido después de la agresión, este último afirmó que sí lo hizo.

Adicionalmente, el censor recuerda que J... E... M... L... y L... C... S... H... afirmaron que el ofendido venía de otra fiesta donde había consumido licor, así que no se encontraba sobrio como lo indicó.

El demandante también recuerda que pese a que la víctima consideró que la persona de camiseta blanca era A... S..., en verdad no fue así.

Así mismo, el recurrente aduce que no obstante que el lesionado hizo referencia a que la tarima donde se presentaba el procesado tenía rodachinas, la prueba muestra que esto no era así, pues de ello dio cuenta M... L... D... E..., esposa del homenajeado y anfitriona.

Bajo esa perspectiva, el libelista afirma que todas las anteriores inconsistencias son las que impedían darle credibilidad al dicho del ofendido.

Igualmente, el impugnante dice que lo anterior encuentra respaldo adicional en el hecho de que como la víctima venía de otra fiesta en donde había consumido licor y siguió bebiendo posteriormente, pues de ello dieron cuenta J... E... M... L... y L... C... S... H..., los cuales afirmaron que debido a su embriaguez se fueron a dormir; para el censor de esto se sigue que el lesionado estaba en las mismas condiciones y por eso no atinó a precisar la hora de la agresión.

Así mismo, el defensor reitera que como la víctima no observó al procesado al llegar, pues no le gustaba el reguetón, lo sindicó equivocadamente, tras lo cual el censor enfatiza en que el ofendido cambió su versión tras el descubrimiento probatorio de la defensa con el fin de ajustar su relato a la nueva realidad sobre el color de la camiseta que vestía el acusado.

Dice el demandante que a lo anterior se suma el hecho de que D... M... C... M... y J... F... O... H... afirmaron que cuando escucharon los disparos estaban viendo de frente al acusado cuando cantaba, amén de que el recurrente recuerda que el propio ofendido dijo que quien lo agredió no fue la persona que llevaba camiseta negra, valga decir, el inculpado.

El demandante también aduce que por la forma que vestía el procesado (ropa ajustada) no era posible que portara un arma sin que se le notara, amén de que por los movimientos que hacía bailando se le habría caído.

Así las cosas, el impugnante señala que las inconsistencias y contradicciones de la víctima —único testigo de cargo—, las cuales no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal debido a los errores de hecho que cometió, llevan a que se deba casar la sentencia y, en consecuencia, a dejar en firme el fallo absolutorio de primer grado.

Tercer cargo:

El demandante denuncia que el tribunal incurrió en la violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de errores de hecho por falso raciocinio, lo que sostiene, condujo a la aplicación indebida de los artículos 27, 103 y 365 del Código Penal y a la correlativa falta de aplicación de los artículos 7º y 381 de la Ley 906 de 2004.

Al respecto afirma que el tribunal desconoció las reglas de la sana crítica al apreciar el dicho de la víctima, pues solo tuvo en cuenta la simple afirmación de ésta al identificar a su agresor como C... A... P... M... (el acusado), sin que tal aseveración tenga respaldo, pues aquella se encargó de excluir de responsabilidad al citado, al sostener que la persona que vestía camiseta negra y gorra no fue la que la agredió, atuendo que precisamente era el de P... M..., conforme quedó demostrado con la prueba testimonial y las fotografías.

El censor aduce entonces que, el tribunal, contra toda lógica y sano y juicioso razonamiento, convirtió el testimonio de la víctima en elemento de convicción “impoluto”, frente al cual todos los restantes medios de conocimiento debían rendirse, bajo el argumento de que el relato ofrecido por el ofendido era claro y coherente al referir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

Ahora, para evidenciar que el tribunal desconoció las reglas de la sana crítica, el censor aduce que éste solo utilizó “frases de cajón y muletillas” con el propósito de indicar que los testimonios de cargo que finalmente resultaron favorables para el procesado no merecían ninguna credibilidad y que las inconsistencias en las que había incurrido la víctima eran irrelevantes, sin precisar de cuáles reglas de la “sana crítica” se servía para arribar a esas conclusiones, por lo cual, incluso, la sentencia carece de motivación.

Una vez el demandante expresa que la sana crítica envuelve el deber de señalar el mérito que se le asigna a cada prueba, por lo que es necesario que en la sentencia se plasmen los razonamientos acerca de lo “inducido, deducido y concluido”, así que no basta con señalar frases generales como ocurrió aquí; procede a indicar los falsos raciocinios en que incurrió el juzgador de segundo grado.

Al respecto expone que el tribunal dio por probado que el causante de las lesiones de la víctima había sido el procesado, para lo cual se apoyó en lo sostenido por ésta en las entrevistas y en el juicio oral, por cuanto su relato había sido “categórico y firme”.

Así las cosas, el censor señala que tal expresión es una “frase hueca” que incluso atenta contra una debida argumentación. Además, indica que lo propio ocurre frente a la afirmación acerca de que se le debía dar crédito a la víctima a pesar de evidenciar “algunas inconsistencias”.

Adicionalmente, el impugnante sostiene que no era posible afirmar que el procesado era responsable por el simple hecho de que la víctima suministró su nombre, pues no explicó cómo lo supo.

Por tanto, el censor asegura que mencionar un nombre no puede servir para deducirle responsabilidad a una persona más allá de toda duda.

De otra parte, el defensor aduce que el juzgador de segundo grado incurrió en otros errores de valoración al concederle credibilidad al dicho del ofendido.

En ese sentido, expone que en la fiesta la víctima expresó que no le agradaba el reguetón y de ahí que no conocía al acusado, amén de que tampoco le prestó atención.

A su vez, añade el censor, si bien el ofendido aseveró que a su llegada el procesado estaba cantando, L... C... S... H... lo desmintió, pues indicó que en ese momento se estaban presentando los mariachis.

Así mismo, el defensor recuerda que al momento de los hechos el lesionado estaba consumiendo licor lo que afectó su percepción. Además, recordó que la tarima con rodachinas a la que hizo alusión el ofendido no existió.

Luego el actor recuerda que la víctima señaló que en el escenario estaba el acusado y tres o cuatro personas más, y que respecto de dos de ellas indicó que una vestía camiseta blanca y la otra lucía una negra y gorra, precisando que el que tenía la blanca y no llevaba gorra fue el que le disparó en dos ocasiones, así que excluyó al de camiseta negra.

A lo anterior suma el impugnante que el lesionado jamás hizo una descripción morfológica de su agresor.

De otra parte, el censor aduce que en razón del contrainterrogatorio de la defensa, la víctima aportó dos datos adicionales a los que había suministrado en las entrevistas, es decir, aludió a unos tatuajes en los brazos del procesado, sin precisar su forma, e indicó que éste tenía una camiseta blanca.

Señala entonces el recurrente, que frente a lo anterior se tiene, inicialmente, haciendo un análisis en conjunto de la prueba, que a partir de las fotografías se evidencia sin duda que el procesado vestía camiseta negra y gorra, que no existía la tarima y menos que tuviese rodachinas.

Así mismo, expone que a partir de los testimonios de D... M... C... M..., K... D... D... E..., M... L... D... E... y J... F... O... H... se corrobora que el inculpado lucía camiseta negra y gorra, pero además, que la primera y el último afirmaron que cuando escucharon los disparos el implicado estaba cantando frente a ellos y que el sonido de las detonaciones provino de atrás.

Por tanto, a juicio del censor lo anterior pone de manifiesto los yerros al apreciar el testimonio del ofendido para predicar la responsabilidad del acusado.

De otra parte, una vez el libelista pone de manifiesto que la única prueba de cargo fue la declaración de la víctima, pues recordó que a juicio del tribunal, los testigos de la Fiscalía parecían más de la defensa que de ésta, toda vez que no observaron quién disparó, pues expusieron que estaban durmiendo o ebrios, motivo por el cual el ad quem les negó crédito frente al resto de lo que revelaron; el impugnante expresa que tal valoración es contraria a las reglas de la sana crítica, pues no cabe duda que excluyeron de responsabilidad al acusado.

El recurrente también cuestiona que el juzgador de segundo grado, por el hecho de que los testigos de la defensa G... J... B... G..., D... M... C... M... y J... F... O... H... hayan afirmado que el procesado no fue el autor de los disparos los haya desestimado.

Señala entonces el actor, que no puede admitirse que por el hecho de que la prueba de la Fiscalía favorezca al procesado deba desecharse y que, como en el juicio oral la misma Fiscalía no logró un resultado positivo al contrainterrogar a los testigos de la defensa como D... M... C... M... y J... F... O... H..., el tribunal al valorarlos los deseche por el simple hecho de no haber señalado al acusado como el autor de los disparos.

De otra parte, el defensor cuestiona que a pesar de que el tribunal admitió que la tarea investigativa de la Fiscalía fue deficiente y que la prueba recolectada fue “exigua”, le haya bastado el testimonio de la víctima para condenar al procesado, cuando un razonamiento fundado en la sana crítica habría llevado a un fallo absolutorio.

Aduce por igual el recurrente, que no obstante que la Fiscalía no logró que la víctima indicara cuál de las personas que estaban en el escenario era A... S..., el ofendido señaló ese nombre como el autor de los disparos, ignorando el Tribunal que el ofendido no lo conocía.

El demandante también critica que pese a que la prueba testimonial, tanto de la defensa como de la Fiscalía, puso de manifiesto que el acusado tenía una camiseta negra; el tribunal, para restarle crédito a ese dicho, simplemente afirmó que la prueba que así lo sostenía era “inverosímil”, pues la versión del ofendido tenía más peso.

A ese respecto, el libelista anota que tal conclusión sería válida si contara con respaldo, no obstante, ocurre lo contrario, pues no se demostró que los deponentes hubiesen faltado a la verdad o que su dicho fuera contrario a la evidencia, de manera a juicio del actor, al tribunal le bastó el simple argumento de que le daba credibilidad a la víctima para restarle todo poder demostrativo a las demás declaraciones.

Dice el recurrente que tampoco podía negársele valor demostrativo a los dichos de algunos testigos por el hecho de que manifestaron que estaban durmiendo o ebrios.

De otro lado, el demandante objeta que se hayan desechado las versiones de D... M... C... M... y J... F... O... H..., bajo el argumento de que eran “sospechosamente idénticas”, pues no se indicó el porqué de esa afirmación, amén de que en su relato no se halló contradicción o carencia de sustento en sus dichos.

El libelista también rechaza que el tribunal haya afirmado que los testigos guardaron un silencio cómplice, lo que les generó una compulsa de copias, pues las fotografías respaldaban su dicho y no hay evidencia de que hubiesen faltado a la verdad cuando algunos afirmaron que estaban durmiendo o ebrios.

Además, expone el defensor, si la fiesta era de familiares y amigos, no había razón para faltar a la verdad con el fin de librar de responsabilidad al acusado, a quien apenas conocían, pues solo había sido contratado para que cantara ante ellos.

En relación con los reconocimientos fotográficos practicados, el censor señala que si bien el Tribunal no les concedió mayor relevancia, recuerda que el primero no cumplió los “estándares legales” y respecto del segundo, indica que como ya se le había mostrado irregularmente la fotografía del acusado a la víctima en el primero, era de esperarse que en el último el ofendido señalara al inculpado. Además, el actor recuerda que este reconocimiento no fue incorporado en forma debida.

De otra parte, el libelista afirmar que los errores de raciocinio puestos de manifiesto son trascendentes, pues, en suma, dieron lugar a darle crédito a la versión de la víctima y restárselo a los demás medios de conocimiento practicados, en ambos casos sin fundamento serio alguno.

Al respecto sostiene que si bien se le concedió credibilidad al dicho de la víctima por cuanto su relato fue coherente y expresó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, lo cierto es que no logró precisar la hora de su llegada al sitio de los sucesos, como tampoco especificó la hora en que recibió los disparos, pues dijo que ello fue a las tres de la mañana, cuando en realidad esto ocurrió cuando amanecía, es decir, después de las cinco.

Además, recuerda que si la víctima expresó que no le agradaba el reguetón y de ahí que no conocía al acusado, pero además reconoció que estaba consumiendo licor, de esto se sigue que si bien no se supo su estado anímico en ese momento, lo atrás señalado pone en duda que estuviera en plenas condiciones de percepción y de ahí que no pudo precisar la hora de la agresión, lo que a su vez justifica que erró al señalar la existencia de la tarima y que esta tenía rodachinas, pues las fotografías muestran lo contrario.

De otra parte, el censor aduce que si bien el ofendido, en el contrainterrogatorio de la defensa, afirmó que había señalado todo en las entrevistas, lo cierto es que en el juicio oral aportó dos datos adicionales, esto es, los tatuajes en los brazos del procesado, sin precisar su forma, e indicó que éste tenía una camiseta blanca debajo de la visible.

Al respecto afirma el defensor que es claro que el lesionado faltó a la verdad, pues se fundó en las fotografías que descubrió la defensa para indicar aquéllos nuevos detalles, así que no es tan coherente y preciso el relato del ofendido como lo señaló el tribunal, amén de que es claro que por la ingesta de alcohol su percepción no era óptima, a lo que contribuyó lo avanzado de la hora.

El recurrente agrega que una razón adicional que lleva a la falta de credibilidad de la víctima, es el hecho de que afirmó que había sido invitado a la fiesta por L... C... S... H..., no obstante, este último lo desmintió al sostener que se “auto invitó”.

Otra inconsistencia de la víctima, sostiene el impugnante, derivó del hecho de que afirmó que tras la agresión fue auxiliado por J... E... M... L..., no obstante, ésta afirmó que en el momento de los disparos estaba dormida con su esposo L... C... S... H...

Ahora, a lo anterior se suma que el lesionado no dio cuenta de un móvil para que fuera agredido por el acusado.

Dice el recurrente que también es necesario tener presente que nadie distinto al lesionado sindicó al procesado del ataque, agregando que por la forma como estaba vestido, según lo muestran las fotografías y la manera como debía bailar el ritmo que cantaba, era evidente que se le hubiera notado que portaba un arma.

Además, el defensor recuerda que como la fiesta era de familiares y amigos, no es admisible que se omitiera culpar a un extraño como lo era el procesado.

Expresa el libelista que a la lista de inconsistencias de la víctima se suma una de mayor importancia, consistente en que si bien afirmó que el acusado lo agredió, no puede perderse de vista que a su vez indicó que el escenario donde se presentaba era ocupado por tres o cuatro personas, una de ellas vestida de camiseta blanca, que fue la que le disparó, y otra con camiseta negra y gorra, a la cual declaró inocente.

En esa medida, sostiene el censor, es claro que el ofendido nunca supo realmente quién, entre esas personas, era el acusado, pues dos estaban cantando, por lo que creyó infundadamente que el de la camiseta blanca era A... S... y en realidad no lo era, aseveración que encuentra respaldo en la prueba testimonial (D... M... C... M..., K... D... D... E..., M... L... D... E... y J... F... O... H...) y en las fotografías.

Al efecto, el censor recuerda que la víctima señaló, tanto en las entrevistas como en el juicio oral, que el individuo vestido de camiseta negra y gorra no era el que le había disparado y resulta que esa persona no es otra que el acusado.

Afirma entonces el demandante, que lo que se presentó aquí fue una confusión del ofendido y prueba de ello es que jamás dio una descripción morfológica clara de su agresor, pues solo refirió que era una persona morena y alta.

Finalmente, afirma que en razón de los errores mencionados, se debe casar la sentencia y absolver al procesado.

(…)

Consideraciones:

Conforme al orden en que son presentadas las tres censuras propuestas por el recurrente, se procede a realizar su análisis, toda vez que la primera de ellas tiene como propósito que se case la sentencia impugnada y, en consecuencia, que se anule lo actuado desde el “sentido del fallo”; mientras que las dos restantes persiguen el mismo fin pero para que se absuelva al procesado.

Primer cargo:

Como en esencia el censor pide anular lo actuado desde el “sentido del fallo” por cuanto no se tramitó el recurso de apelación contra la sentencia que en segunda instancia profirió el Tribunal Superior de Medellín condenando por primera vez al procesado C... A... P... M..., a pesar de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014 indicó que a partir de esa fecha se debía garantizar la doble conformidad frente a decisiones como la anotada, pero además, que con tal postura se desconoció la Carta Política y el bloque de constitucionalidad; procede la Sala a examinar si le asiste la razón al demandante.

Inicialmente se debe señalar que la Corte Constitucional, en la decisión aludida (C-792/14), al examinar la exequibilidad, entre otros, de los artículos 20(1), 32(2) y 176(3) del Código de Procedimiento Penal de 2004, por el que recuérdese, se rige el presente asunto, concluyó:

6.1. … se configura una omisión legislativa en el régimen procesal penal previsto en la Ley 906 de 2004, por la inexistencia de un recurso idóneo que materialice el derecho a la impugnación en todos aquellos casos en que, en el marco de un proceso penal, el juez de primera instancia absuelve el condenado, y el juez de segunda instancia revoca el fallo anterior e impone por primera vez una condena.

A su vez, el mismo Tribunal Constitucional indicó en la referida decisión que

Para determinar la solución que la Corte debe dar a este caso, se deben tener en cuenta dos elementos relevantes.

En primer lugar, en principio el juez constitucional se encuentra habilitado para subsanar las omisiones inconstitucionales que derivan de la falta de previsión de un elemento que debía estar presente en uno o más preceptos legales. Para enmendar esta deficiencia, la Corte declara la constitucionalidad condicionada de los correspondientes preceptos, aclarando que el elemento omitido se entiende incorporado a los correspondientes enunciados legales.

Esta habilitación opera incluso en materia penal, aunque con algunas restricciones. En la definición de los delitos y las penas, por ejemplo…(4).

[Ahora,] cuando el déficit se predica del régimen procesal, esta corporación se encuentra habilitada para dictar una sentencia de constitucionalidad que disponga la introducción del elemento normativo omitido en los preceptos que adolecen del déficit legislativo, pero en tanto dicha intervención judicial no implique una alteración de los elementos estructurales del proceso penal.

Así por ejemplo… se encuentra en las sentencias C-839 de 2013(5), C-782 de 2012(6) y C-454 de 2006(7).

En esta oportunidad, sin embargo, el elemento normativo omitido, relativo a la previsión de un recurso judicial que materialice el derecho a la impugnación del primer fallo condenatorio en el marco de un juicio penal, constituye un elemento estructural del proceso y, por tanto, se proyecta en toda la normativa procesal penal y, además, implica el rediseño de una amplia gama de instituciones. Es así como este elemento tiene una repercusión directa en el esquema del proceso penal, en las competencias de los órganos jurisdiccionales y en el alcance de otros recursos.

Por esta circunstancia, el mecanismo idóneo para subsanar el déficit normativo no es un fallo de exequibilidad condicionada, porque se requiere de la intervención directa del órgano legislativo para este efecto. En este orden de ideas, la Corte adoptará las siguientes decisiones: (i) Declarará la inconstitucionalidad de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias; (ii) declarará la exequibilidad de los preceptos anteriores, en su contenido positivo, por los cargos analizados; (iii) la declaratoria de inconstitucionalidad será diferida a un año, contado a partir de la notificación por edicto de la sentencia; (iv) se exhortará al Congreso de la República para que en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un proceso penal, imponen una condena por primera vez, tanto en el marco de juicios penales de única instancia, como en juicios de dos instancias; (v) se dispondrá que en caso de que el legislador incumpla el deber anterior, se entenderá que procede la impugnación de los referidos fallos ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena(8). (Subraya fuera de texto)

En esa medida, la Corte Constitucional, en la parte resolutiva de la Sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014, señaló:

PRIMERO.- Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los términos señaladas en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y EXEQUIBLE el contenido positivo de estas disposiciones.

SEGUNDO. EXHORTAR al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.

Ahora bien, el tribunal encargado de la guarda de la Carta Política, así como de determinar el alcance de los derechos fundamentales consagrados en la misma, en la Sentencia SU-295 del 28 de abril de 2016 sostuvo, en relación con lo decidido en su fallo C-792 del 29 de octubre de 2014, lo siguiente:

18. Hay… una discusión en torno a la delimitación de los efectos de la Sentencia C-792 de 2014, en al menos tres aspectos: (i) los efectos de esa providencia de constitucionalidad en el tiempo; (ii) las sentencias contra las cuales procedería la impugnación, una vez vencido el plazo del exhorto; y (iii) el marco legal de los procesos penales que se vería impactado por la decisión.

La Corte Constitucional, debe pronunciarse sobre estos puntos, en lo que resulte pertinente y necesario…

18.1. … en la Sentencia C-792 de 2014 se declaró la “inconstitucionalidad con efectos diferidos” de las normas legales entonces enjuiciadas. Igualmente, se dispuso que el Congreso tendría un año, “contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia”, para regular integralmente el derecho a impugnar las condenas. Si bien la omisión legislativa se detectó en el momento mismo de la decisión, en virtud del diferimiento la inconstitucionalidad de dicha omisión solo puede predicarse a partir del advenimiento del plazo del exhorto allí definido, y con efectos hacia el futuro (LEAJ, art. 45)(9). Por lo mismo, solo después de vencerse el término del exhorto, si el Congreso no ha regulado la materia, es que la omisión resulta inconstitucional y “procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

Pues bien, el edicto mediante el cual se notificó la Sentencia C-792 de 2014 se fijó el 22 de abril y se desfijó el 24 de abril, ambos del año 2015(10). Por ende, el plazo del exhorto al Congreso de la República para legislar sobre la materia empezó a correr el 25 de abril de 2015 y se habría vencido el 24 de abril de 2016. Es entonces solo a partir de esa fecha que procede, por ministerio de la Constitución y sin necesidad de ley, la impugnación de los fallos condenatorios dictados por primera vez en segunda instancia en un proceso penal, ante el superior jerárquico o funcional de quien los expidió. Pero además, la impugnación instaurada en virtud de la decisión de la Corte no procedería respecto de la totalidad de sentencias condenatorias expedidas en el pasado. De acuerdo con los principios generales referidos al efecto de las normas procesales en el tiempo, y de conformidad con el principio de favorabilidad aplicable en esta materia, la parte resolutiva de la Sentencia C-792 de 2014 no comprende la posibilidad de impugnar las sentencias dictadas en procesos ya terminados para ese momento(11). Únicamente opera respecto de las sentencias que para entonces aún estuvieran en el término de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha(12). (Subrayas fuera de texto)

Así las cosas, en principio se concluye que frente al caso de la especie no era —ni es— viable dar aplicación a lo resuelto en la Sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014 de la Corte Constitucional, pues el fallo del Tribunal Superior de Medellín de segunda instancia condenando por primera vez al procesado C... A... P... M... se profirió el 17 de febrero de 2016 y el término para interponer el recurso de casación venció el 8 de marzo de siguiente, así que de esto se sigue que para esta última fecha no había pasado el año que fijó la Corte Constitucional para que procediera la impugnación contra aquella decisión, puesto que el mismo solo se cumplió hasta el 24 de abril de dicha anualidad (2016).

Se dice que en principio no era viable dar aplicación a lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014, pues no había pasado el año allí fijado conforme se viene de precisar; toda vez que adicionalmente se tiene que esta Sala ha señalado –entre otras decisiones, en CSJ AP4428-2016 del 12 de julio de 2016, Radicado 48012– razones de mayor peso para arribar a la conclusión de que no es posible agotar la apelación contra las sentencias de segunda instancia que por primera vez condenan al procesado, pues sobre el particular ha expresado:

La Sala rechazará, por improcedente, el “recurso de apelación interpuesto por la defensora… contra la sentencia dictada en segunda instancia por el tribunal Superior de Pereira… por no hallarse prevista esta forma de impugnación en el procedimiento penal, y no estar dentro del ámbito de sus competencias definir las reglas que permitan su implementación.

Consecuente con esta postura, anulará el trámite que el tribunal introdujo con el fin de dar cabida al referido recurso, y dispondrá que se habiliten los términos legales para la interposición y fundamentación de la casación, por ser la impugnación que legalmente procede contra los fallos dictados en segunda instancia por los tribunales(13). Las razones son las siguientes:

1. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, que el tribunal cita, declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004 por déficit normativo, en cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y difirió sus efectos a un (1) año, contado a partir de su notificación, que se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015.

2. En la misma decisión, exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación del edicto del fallo, regulara el derecho a impugnar las sentencias penales condenatorias dictadas por primera vez en cualquier estadio procesal, y aclaró que de incumplir este deber, se entendería que la impugnación procedía ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.

3. En la sentencia de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, al delimitar los efectos y alcances de la Sentencia C-792 de 2014, precisó (i) que surtía efectos desde el 25 de abril de 2016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, (iii) que aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal, y (iv) que la Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancia de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal.

4. La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de fecha 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016, en el que precisó que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la Sentencia C-792 de 2014, de implementar, a partir del vencimiento del término de un año, la impugnación en todos los casos en que se dictara sentencia condenatoria por primera vez, resultaba irrealizable, porque ni la Corte, ni autoridad judicial alguna contaba con facultades para introducir reformas o definir reglas que permitieran poner en práctica este derecho.

5. En la misma dirección se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el entendido que una orden de la naturaleza de la que contienen las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso, por cuanto implica suplir un déficit legal normativo que incluiría la redefinición de funciones, la creación de nuevos órganos judiciales y la redistribución de competencias, entre otros aspectos(14). (Subrayas fuera de texto)

De todo lo anterior se concluye entonces, que en el caso que ocupa la atención de la Sala, no solo no era –ni es– procedente el trámite del recurso de apelación contra la sentencia condenatoria proferida por primera vez en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín por razón de que no se había cumplido el término de un año señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014 al momento de agotarse la notificación de esa decisión, sino que al no haber regulación expresa que gobierne el trámite de ese recurso y no tener la Corte Suprema de Justicia competencia para redefinir funciones, crear nuevos órganos judiciales, redistribuir competencias, entre otros aspectos, se hacía –y se hace–irrealizable ese cometido.

De otra parte, los argumentos que esgrime el demandante conforme a los cuales, el hecho de que en el asunto de la especie no se hubiera surtido el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria proferida por primera vez en segunda instancia lleva al desconocimiento del bloque de constitucionalidad, pero además, que el recurso de casación tampoco es suficiente garantía para materializar el derecho de impugnación, como incluso lo sostuvo la Corte Constitucional en su decisión C-792 de 2014; no son de recibo, pues la Sala ha señalado sobre tales aspectos lo siguiente:

… como ya lo manifestó esta Sala respecto de otra decisión de la Corte Constitucional, se advierte que tiene “poca familiaridad con el instituto de la casación”(15), como a continuación se explica.

Básicamente, la Corte Constitucional considera que “el recurso de casación no satisface los estándares del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) no todas las sentencias condenatorias que se dictan por primera vez en la segunda instancia son susceptibles de ser impugnadas, porque el recurso no procede contra los fallos que juzgan contravenciones, porque el recurso puede ser inadmitido a discreción cuando se considere que la revisión judicial no es necesaria para los fines de la casación, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparación integral, son aplicables todas los condicionamientos de la legislación común; (ii) el tipo de examen que efectúa el juez de casación es distinto del que se efectúa en el marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para… revisar integralmente el fallo sino solo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla general, en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista”.

Al respecto se tiene que en el ámbito de la comisión de delitos –como ocurre en este asunto– y conforme al artículo 181 de la Ley 906 de 2004, todas las sentencias de segunda instancia son susceptibles del recurso de casación, de modo que con la referida legislación ya no se distingue entre casación común y excepcional. Ahora, si los fallos de segundo grado por contravenciones penales no son susceptibles de tal impugnación, ello en nada desdibuja el problema abordado, en cuanto corresponde a otra hipótesis.

Es cierto que la demanda de casación puede ser inadmitida cuando se considere que la revisión judicial no es necesaria para los fines de tal impugnación, pero no se trata de una potestad arbitraria o caprichosa, en cuanto exige que del contexto del escrito “se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso”, en consecuencia, corresponde a una facultad reglada y fundamentada que sustancialmente no recorta en modo alguno las garantías y derechos del impugnante.

Al respecto señaló esta Sala(16): “Como puede verse el recurso extraordinario de casación en la Ley 906 de 2004 es eminentemente reglado, y el hecho de que la Corte deba superar los defectos de la demanda para decidir de fondo atendiendo los fines de la impugnación, no significa que el recurso sea discrecional o excepcional sino que se le dota de la libertad de selección del libelo, en todo caso sujeta a parámetros claramente establecidos por la ley”.

Por el contrario, el inciso 3º del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal señala que “atendiendo los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, (la Corte) deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo”. Se trata de un mecanismo dispuesto para dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, que sin duda rebasa los alcances del recurso ordinario de apelación, en cuyo marco no es posible que el superior supere las falencias de una impugnación, en cuanto está sometido, de una parte, a la exigencia de adecuada sustentación so pena de imponerle declararlo desierto y, de otra, al principio de limitación, según el cual, el funcionario de segundo grado está sujeto a los temas propuestos por el recurrente y a aquellos inescindiblemente atados a éstos.

Debe recordarse que en la teoría general del proceso los recursos, entre ellos el de apelación y casación, cuentan con dos supuestos ineludibles. En primer lugar, deben ser propuestos, es decir, tienen carácter rogado, pues no hay lugar a tramitarlos de manera oficiosa, sino a pedido del interesado.

Y en segundo término, quien los propone debe tener legitimación en el proceso, esto es, contar con la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, además de legitimación en la causa o interés, que surge cuando la decisión es de alguna manera desfavorable a quien la impugna, y se pierde, cuando el interesado demuestra conformidad con lo que en ella se decide.

Como afirma la Corte Constitucional, en orden a demostrar que el recurso de casación es insuficiente al compararlo con el apelación, que “cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparación integral, son aplicables todas los condicionamientos de la legislación común”, se advierte que el tema civil no corresponde al derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias, según se colige del artículo 29 de la Constitución al señalar que “toda persona (…) tiene derecho (…) a impugnar la sentencia condenatoria”, el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto dispone que “toda persona inculpada de delito tiene el (…) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” y el artículo 14-5 del Pacto de Nueva York al establecer que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, máxime si así es expresamente aceptado en la misma Sentencia C-792 de 2014.

En efecto, el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias se limita al ámbito punitivo. En la Observación General Nº 32, el Comité Derechos Humanos señaló que “la garantía (…) no se aplica a los procedimientos para determinar los derechos y obligaciones de carácter civil ni a ningún otro procedimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal”.

No es acertado afirmar que “el tipo de examen que efectúa el juez de casación es distinto del que se efectúa en el marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida”, pues si el recurso de casación se encuentra dispuesto para censurar la falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas, la vulneración del debido proceso y las garantías debidas a las partes, además de los yerros en la apreciación de las pruebas que sirvieron de pábulo a la sentencia de segunda instancia, no se advierte qué aspecto del fallo podría quedar por fuera del amplio espectro de tales causales. 

Ahora, como también la Corte Constitucional señala que en la casación “el juez no tiene plenas potestades para revisar integralmente el fallo sino solo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo”, encuentra la Sala que contrario a tal aserto, el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 establece que “En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo”, de modo que esta corporación cuenta con la facultad oficiosa de ocuparse de temas ajenos a los propuestos por el recurrente, mientras que en virtud del principio de limitación, cuando el superior resuelve el recurso de apelación, debe someterse, como ya se advirtió, a los temas objeto de impugnación y a aquellos inescindiblemente vinculados. 

Tampoco es cierto lo manifestado por la Corte Constitucional al indicar que “en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista”. Se reitera, el inciso 2º del artículo 184 del estatuto procesal penal dispone lo contrario, a diferencia del recurso de apelación. 

Entonces, si el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias comporta que todo fallo penal condenatorio pueda ser impugnado por el sancionado; que la controversia pueda ocuparse del contenido de la decisión judicial, así como de sus fundamentos normativos, fácticos y probatorios, en procura de conseguir una revisión integral del asunto y del fallo condenatorio; y que los planteamientos del impugnante sean estudiados por una instancia judicial diferente de la que lo condenó, para que sean por lo menos dos funcionarios los que determinen la responsabilidad penal y la sanción, considera la Corte [Suprema] que tales exigencias son satisfechas sobradamente por el recurso de casación…

(…)

No en vano el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha aceptado que el recurso de casación, en cuanto comporte el análisis detallado y minucioso del caso, de los hechos, las pruebas y las normas, así como de las irregularidades planteadas por el condenado, es apto y eficaz para concluir que no se violó el artículo 14-5 del Pacto de Nueva York(17).

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado sobre el tema que “independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una sentencia errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho”(18). (Subrayas fuera de texto, CSJ AP4428-2016 del 12 de julio de 2016, Radicado 48012).

En resumen, en el caso particular no había –ni hay– lugar a tramitar el recurso de alzada contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Medellín mediante la cual se condenó por primera vez al procesado C... A... P... M... y tampoco es viable predicar el desconocimiento del bloque de constitucionalidad por el hecho de que la apelación contra esa decisión no se agotó, puesto que el recurso de casación, por la forma como está regulado en la legislación nacional –al cual acude el procesado–, es idóneo para garantizar el derecho de impugnación.

Así las cosas, el cargo no prospera.

Segundo cargo:

A través de la causal tercera de casación el libelista denuncia la violación indirecta de la ley sustancial por cuanto considera que el ad quem incurrió en errores de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad por cercenamiento de la prueba, lo que dice, dio lugar a la aplicación indebida de los artículos 27, 103 y 365 del Código Penal, así como a la correlativa falta de aplicación de los artículos 7 y 381 de la Ley 906 de 2004, motivo por el cual pide casar la sentencia y dejar en firme el fallo absolutorio de primer grado dictado en favor del procesado C... A... P... M...

Así las cosas, la Sala procede a determinar si la queja planteada en dichos términos en efecto se materializó.

En esa medida, inicialmente conviene mencionar que el error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad estriba en que a pesar de que el juzgador efectivamente aprecia la prueba, (i) puede ocurrir que en esa labor deje de lado un segmento de ella, esto es, la cercene, que es a lo que se refiere el demandante en este caso; (ii) mas también es factible el evento conforme al cual se le hagan agregados al medio de convicción, es decir, se le adicionan expresiones que no muestra; (iii) pero además es posible que se tergiverse su contenido material para hacerle decir al medio de persuasión aquello que no se desprende objetivamente de él.

Es preciso recordar así mismo, que las expresiones que se le cercenen, adicionen o tergiversen a la prueba sobre la cual se predica el falso juicio de identidad deben tener la incidencia o trascendencia suficiente para modificar positivamente la situación del recurrente frente a la declaración de justicia plasmada en la sentencia impugnada por vía del recurso de casación.

En esa perspectiva, los yerros en punto de la valoración de la prueba que se pregonen con sustento en falsos juicios de identidad no pueden surgir de la simple disparidad de criterios frente a aspectos tangenciales, o del mero enfrentamiento de la apreciación realizada por los juzgadores y la ofrecida por el impugnante, sino de la evidente contradicción entre aquella valoración y el contenido material de un determinado medio de convicción respecto de un dato de su contenido con verdadera incidencia en los extremos del fallo recurrido por vía extraordinaria.

Así las cosas, cabe resaltar que en sede de casación no es posible efectuar la escueta confrontación entre la valoración realizada por los juzgadores bajo el rigor de su contenido material y las reglas de la sana crítica con la ensayada por el impugnante, por cuanto en ese escenario prevalecerá la de aquellos y no la de éste, en razón de la doble presunción de legalidad y acierto que ampara a la sentencia de segunda instancia cuando se acude al recurso de casación.

Así mismo, no basta con evidenciar que en efecto se ha materializado el falso juicio de identidad frente a una prueba determinada, sino que se debe comprobar que el mismo, enfrentado al restante cúmulo de medios de conocimiento legalmente practicados que sirven de sustento a la sentencia o a un aspecto sustancial de ella, definitivamente da lugar a variar favorablemente la situación del impugnante.

En ese sentido, es claro que hay una tarea intrínseca del recurrente en punto de la prueba, la cual estriba en poner de presente la consolidación del falso juicio de identidad que ha llevado a darle a la prueba un alcance que no consulta su contenido material y, otra labor extrínseca, que consiste en confrontar el citado error de hecho que en efecto se ha materializado sobre un medio de conocimiento, con el restante acervo probatorio que ha servido de sustento a la sentencia atacada o a una parte sustancial de ella.

En suma, de lo que se trata cuando se pregona falso juicio de identidad frente a una prueba en concreto, es de evidenciar que lo cercenado, adicionado o tergiversado de ella hace cambiar de manera favorable la situación jurídica de quien lo alega, una vez confrontado esto con el restante caudal probatorio que le sirve de sustento a la sentencia impugnada o a una parte sustancial de ella.

Señalado el alcance de los falsos juicios de identidad a los que alude el recurrente, se analiza el caso de la especie en orden a determinar la consolidación o no de los mismos.

Falso juicio de identidad en relación con el dicho de la víctima E... A... H... M...:

Antes de analizar tal error de hecho, resulta oportuno efectuar algunas precisiones, en tanto dicho yerro se predica de la valoración del relato del directamente afectado con las conductas punibles que se le imputan al procesado C... A... P... M...

Así las cosas, en primer término, debido a que es incontrastable que en el caso de la especie la víctima funge como testigo único de cargo, esa circunstancia impone recordar lo que la Sala viene señalando sobre el particular:

… en el caso del testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal [hoy art. 404], que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba.

Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba (art. 254, inciso 2º C. P. P. [hoy art. 380], también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario. Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única.

En razón de lo dicho, desde antes la Corte ha enseñado:

“El testimonio único purgado de sus posibles vicios, defectos o deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta purificación. El legislador y también la doctrina, han abandonado aquello de testis unus, testis nullus. La declaración del ofendido tampoco tiene un definitivo y apriorístico demérito. Si así fuera, la sana crítica del testimonio, que por la variada ciencia que incorpora a la misma y mediante la cual es dable deducir cuándo se miente y cuándo se dice la verdad, tendría validez pero siempre y cuando no se tratase de persona interesada o en solitario. Estos son circunstanciales obstáculos, pero superables; son motivos de recelo que obligan a profundizar más en la investigación o en el estudio de declaraciones tales, pero nunca pueden llevar al principio de tenerse en menor estima y de no alcanzar nunca el beneficio de ser apoyo de un fallo de condena” (Casación de 12 de julio de 1989, M. P. Gustavo Gómez Velásquez. (CSJ SP, 15 dic. 2000, Rad. 13119. En el mismo sentido, CSJ AP, 17 jun. 2010, Rad. 33734).

En la misma dirección (valoración del testimonio), resulta oportuno recordar que por igual la Sala de manera constante ha señalado:

… las contradicciones en que incurra un mismo testigo, o unos con otros, en modo alguno pueden constituir razón suficiente para desechar su credibilidad, pues precisamente es labor del funcionario judicial entrar a establecer, visto el contenido de las distintas declaraciones, con apoyo en las reglas de la sana crítica, a qué sectores de una determinada versión o versiones les concede mérito y a cuál o a cuáles no.

Baste traer al respecto, que sobre el particular ha expresado:

“Pero al margen de lo anterior, no sobra recordar al censor que la doctrina de la Corte ha insistido en afirmar que las simples contradicciones en las versiones vertidas por determinado testigo no son suficientes para restarle todo mérito, gozando el sentenciador de la facultad de determinar, siguiendo las reglas de la sana critica, que son verosímiles en parte, o que todas son increíbles o que alguna o algunas de ellas tienen aptitud para mostrar la verdad(19)(20).

(…)

Respecto del mismo tema ha dicho igualmente la Sala(21), que por aspectos esenciales debe entenderse, en estos casos, aquellos que son sustanciales, principales o notables(22) a lo que constituye el objeto de la declaración y que, en términos jurídico-penales, se traducen en todos los supuestos de hecho que conforman el núcleo de la imputación formulada en contra del procesado e, igualmente, todas las circunstancias fácticas de las que pueda derivarse algún argumento trascendente acerca de la verdad o falsedad de dichos enunciados. (CSJ AP, 31 jul. 2013, Rad. 40634)

Adicionalmente, debe señalarse que en el caso de la especie el dicho de la víctima está integrado por lo manifestado en sus declaraciones anteriores y lo informado en el juicio oral, toda vez que apartes del relato ofrecido en aquellas se incorporó en los términos sentados por la Sala, la cual ha expresado sobre el particular:

La posibilidad de ingresar como prueba las declaraciones anteriores al juicio oral está supeditada a que el testigo se haya retractado o cambiado la versión…

(…)

La declaración anterior debe ser incorporada a través de lectura, para que pueda ser valorada por el juez. De esta manera, éste tendrá ante sí las dos versiones: (i) la rendida por el testigo por fuera del juicio oral, y (ii) la entregada en este escenario.

(…)

El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto, obliga a analizar el asunto con especial cuidado, bajo el entendido de que: (i) no puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal; (ii) el juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión; es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad; (iii) ante la concurrencia de versiones antagónicas, el juez tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder suasorio a todas; (iv) ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión, pues solo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos; (v) la parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que éste pueda decidir si alguna de las versiones entregadas por el testigo merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo; (vi) la prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones; entre otros aspectos. (CSJ SP606-2017, 25 ene. 2017, Rad. 44950)

Entonces, a partir de las anteriores precisiones se procede a estudiar el yerro por falso juicio de identidad que predica el demandante en relación con la versión ofrecida por el directamente ofendido.

Al respecto de entrada se debe afirmar que tal yerro no se consolida, toda vez que el libelista lo sustenta en apreciaciones personales, como también lo sostuvo el fiscal delegado ante esta corporación.

En efecto, el demandante realiza un conjunto de críticas en torno al relato de la víctima sin que en realidad evidencie la materialización del yerro que alega (falso juicio de identidad), sobre todo si se parte del hecho de que el tribunal concluyó que el ofendido describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tanto antecedentes como concomitantes de los hechos, análisis que en esos términos descarta de plano que se pueda predicar el cercenamiento de tal versión como lo hace el recurrente.

Ahora, como el censor inicialmente cuestiona que el ofendido manifestó, al ser entrevistado, que no tenía clara la hora de los hechos pero que en todo caso sostuvo que habían ocurrido después de las tres de la mañana; de esto se extrae que el actor, como se viene de decir, en realidad no edifica ningún reparo en torno de la versión de la víctima, pues lo que se observa es que simplemente se limita a recordar una afirmación que ésta realizó, sin que ponga de presente el error de hecho en que asegura incurrió el ad quem al valorar esa declaración.

Con todo, no sobra señalar que la hora referida preliminarmente por el ofendido como de ocurrencia de los hechos fue aproximada mas no precisa, pues dijo que habían sucedido “después de las tres de la mañana”.

En efecto, en el juicio oral adujo que lo sucedido se desarrolló como a las 4:00 a.m., hora que guarda coincidencia con el resto de su versión, pues relató que una vez salió, a eso de la 1:00 a.m. de la primera comunión de una sobrina que se llevaba a cabo en el municipio de Caldas (Antioquia), arribó al sitio de los acontecimientos entre las 2:00 y las 2:30 a.m., tras lo cual se ubicó en un lugar cercano al que se presentaban los músicos.

Adicionalmente, se tiene que M... L... Á... E..., esposa del homenajeado C... A... M... O..., sostuvo que el procesado arribó a la fiesta entre las 4:00 y las 4:30 a.m., mientras que M... O... adujo que el inculpado llegó entre las 3:30 y 4:00 a.m., al paso que G... J... B... G..., cantante que compartió el escenario con el acusado, indicó que llegaron a eso de las 2:00 o 2:30 a.m. Así mismo, J... F... O... H..., amigo del homenajeado, expresó que los reguetoneros hicieron presencia a eso de las 2:30 a.m.

Como se puede apreciar, los anteriores testigos coinciden en señalar una hora cercana a la que refirió el ofendido, de donde se sigue que la versión de éste, no solo guarda coherencia intrínseca, visto el relato que ofreció acerca de la hora de su arribó a la fiesta y la ocurrencia de los hechos, sino que también hay coincidencia extrínseca, respecto de las versiones que en este aspecto ofrecieron varios declarantes, conforme se acaba de patentizar.

Pero más allá de ello, como la hora de ocurrencia de los hechos no fue materia de discusión en el juicio oral, de esto se sigue que además de que no es posible alegar un falso juicio de identidad por cercenamiento en relación con tal aspecto conforme quedó expuesto, el mismo se reputaría totalmente intrascendente, en tanto que la controversia no se centró en la hora de la presencia del acusado o de ocurrencia de los hechos, sino en la sindicación directa que le hiciera la víctima de haberla herido con arma de fuego en medio del festejo.

De otra parte, como el defensor cuestiona el hecho de que a pesar de que la víctima sostuvo en la entrevista que no observó detalladamente al procesado cuando cantaba y, sin embargo, finalmente aseguró que le había disparado; cabe resaltar que tal postura del censor nuevamente pone al descubierto que no demuestra la presencia de un falso juicio de identidad por cercenamiento, sino el ánimo de anteponer su percepción particular, pues descontextualiza el dicho del ofendido.

Al respecto conviene recordar que la víctima, al ser interrogada en la entrevista acerca de si había observado al procesado cuando estaba cantando, afirmó que en ese instante “no lo detallé, simplemente lo vi en ese momento”. Empero, al ser indagado acerca de si a pesar de no haberlo mirado con detenimiento lo podía identificar como el autor de la agresión, sin ambages afirmó que el inculpado fue la persona que descendió de la tarima donde se presentaba y le disparó.

Como se puede apreciar, la afirmación de la víctima relativa a que “no detalló” al incriminado, se hizo en el contexto de que no lo miró con especial interés mientras cantaba, pero que al ser su agresor, orientó su atención hacia él y por ello lo señaló sin vacilar.

Así que una cosa es que el ofendido haya mirado desprevenidamente al procesado mientras cantaba y otra muy distinta es que por razón del ataque que le propinó siguiera observándolo de la misma forma, conforme lo quiere mostrar el libelista con el propósito de generar hesitación respecto de la identidad del individuo que le disparó con arma de fuego.

Con el mismo propósito (crear duda acerca de la identidad del agresor), el libelista, al igual que en las glosas que se han estudiado, en donde no precisa en qué habría consistido el falso juicio de identidad frente a la versión ofrecida por la víctima, aduce que ésta sostuvo que el procesado, al momento de los hechos, compartió la tarima donde se presentaba, con tres o cuatro personas más, lugar en donde una de ellas lucía una camiseta blanca; por tanto, para la Sala es claro que con tal presentación el censor no tiene en cuenta todo lo manifestado por el ofendido y concluido por el tribunal, pues si bien aquel en relación con la persona que llevaba la prenda blanca adujo que era el que le había disparado, valga decir, el acusado C... A... P... M..., el ad quem precisó al respecto:

Es cierto que los demás testigos de la Fiscalía e incluso los de la defensa hablan de que P... M... durante el concierto estuvo con una especie de suéter negro y jamás con una camiseta o camisilla blanca como lo dice la víctima y que ello fue uno de los aspectos esenciales que tuvo en cuenta el a quo para disvalorar la versión de aquella; [en todo caso] teniendo en cuenta lo inverosímil que resultan las versiones de los testigos de la Fiscalía y de la Defensa, más peso tiene lo dicho por el ofendido que por aquellos.

Esa conclusión desde luego que no fue fruto del arbitrio del juzgador de segundo grado, sino de haber tenido en cuenta que

Era altamente sospechoso que todos los participantes de la celebración que fueron llamados a declarar por la Fiscalía, extrañamente al momento de los hechos y a pesar de que la fiesta estaba todavía en pleno apogeo debido al show del procesado, hayan estado dormidos, salvo G... J... B..., quien supuestamente estaba en el baño, y más curioso aún es que ninguno de ellos, incluidos los anfitriones, no se hayan enterado posteriormente de qué fue lo que pasó y quién era el responsable del delito aquí juzgado, y más preocupante, por decir lo menos, resulta que la escena del delito haya sido borrada, porque todo fue limpiado en la mañana de ese día por miembros de la familia de C... A... M..., cuando la misma se debió preservar hasta tanto hacía presencia la Policía Judicial para realizar los actos urgentes de investigación.

Bajo esta misma línea de pensamiento es que tampoco resultan creíbles para la Sala las versiones sospechosamente idénticas de los esposos J... F... O... H... y D… M… C… M…, quienes supuestamente estuvieron en el momento en que se produjo la agresión y que dan fe que cuando se hicieron los disparos P... M... estaba cantando, con lo cual debería quedar a salvo de toda responsabilidad.

Mas no resultan creíbles no porque haya contradicciones entre ellos, sino que, por el contrario, son demasiado coincidentes, al punto que sus versiones parecen salidas de un libreto preparado con antelación… [de manera] que no suenan verosímiles al igual que las de los otros testigos, en el sentido de que escucharon los disparos en el preciso momento en que el procesado estaba cantando, pero extrañamente no se dieron cuenta de nada más, cuando es lo cierto que en este tipo de situaciones y en razón de la cantidad de personas que estaban presenciado el espectáculo era imposible que nadie hubiera mirado los hechos y con ello señalado al responsable.

(…) Por tanto, se ordenará la compulsa de copias para la respectiva indagación por los delitos de falso testimonio, favorecimiento por encubrimiento y fraude procesal o las conductas ilícitas que se lleguen a comprobar.

Así las cosas, de lo anterior resulta palmar que a pesar de la inconsistencia en el dicho de la víctima en torno al color de la camiseta que lucía el procesado C... A... P... M... el día de los hechos, el tribunal le concedió plena credibilidad a la sindicación que hizo en contra de éste, pues amén de que en su testimonio pululan expresiones en ese sentido, las circunstancias en las que rindió sus declaraciones previas e incluso en el juicio oral, por igual dieron lugar a despertar esa credibilidad.

Al respecto cabe recordar que luego de que la víctima fue herida, pasó mes y medio en coma inducido, de manera que solo cuando estuvo en condiciones para recibírsele su versión, se procedió a ello en un par de ocasiones, todas estas en precario estado de salud física mas no mental, de lo cual siempre se dejó expresa constancia, como también de que el día del suceso estaba en condiciones de percibir lo que ocurría a su alrededor, así que en su totalidad, en lo esencial, refirió lo mismo, valga decir, la razón por la cual arribó al lugar de los hechos, cómo lo hizo, a qué hora ocurrió ello, con quién departió, a qué hora fue el ataque, quién se lo realizó, así como los detalles de cómo se produjo el mismo.

Valga anotar que para declarar en el juicio, el ofendido lo hizo postrado en una camilla con la asistencia permanente de personal de sanidad debido a sus precarias condiciones físicas mas no mentales, de lo cual se dejó expresa constancia, se reitera.

Ahora, de la sindicación inequívoca y directa efectuada por la víctima contra el procesado dan cuenta expresiones como las siguientes:

Me encuentro en estas condiciones porque el señor A... S... me disparó en dos ocasiones y me dejó en esta situación. Fiscalía: Usted porqué hace referencia al señor A... S... Respondió: Porque fue la persona que me disparó… yo me escondí detrás de un pilar que había salvando mi vida, me da por asomar la cabeza para ver si ya no estaba por ahí el señor A... S... y lo que estaba haciendo era apuntándome a la cabeza, cuando me apuntó a la cabeza me disparó de una y si yo no meto este brazo [derecho] que me dejó lesionado, me mata el tiro que iba para la cabeza… A mi me mostraron unas fotografías para señalar al señor A... S..., en dos ocasiones en las cuales yo lo señale… Quiero que cojan al culpable, a A... S... por haber dañado mi vida.

Fiscalía: Se ratifica que fue el cantante con el nombre de A... S... el que disparó el día de los hechos. Responde: él estaba parado junto al lugar donde estaban cantando, yo vi cuando alguien se le acercó, un hombre, y le dijo algo al oído, en ese momento, ahí mismo camina de donde estaba hacia donde yo me ubicaba con el arma en la mano, en ese momento todo el mundo se dispersó, venía caminando hacia mi, en ese momento yo le dije; amigo no me dispare, yo no he hecho nada, yo tengo un hijo y me disparó… Tiene algo más que aclarar, corregir o enmendar: Sí que es el cantante A... S..., ese h.p. fue el me disparó, de eso no tengo duda…

Así las cosas, cabe mencionar que el hecho de que el ofendido haya manifestado en el juicio oral que el sujeto que vestía camiseta negra no fue quien le disparó, prenda que recuérdese, los testigos coinciden en afirmar que era la que lucía el procesado, no logra desvirtuar la sindicación que repetidamente le lanzó la víctima, pues conforme viene de exponerse, ésta dio cuenta del rol que cumplía su agresor en el momento previo al ataque (cantar), su ubicación (en la tarima), así como del nombre con el que lo conoció (A... S...), de modo que tales particularidades única y exclusivamente concurrían en una persona, es decir, en el acusado C... A... P... M...

Como se puede apreciar, fue la abundante referencia de la víctima sobre los detalles que rodearon los hechos, la coherencia en su sindicación y su condición médica que no daba lugar a sugerir que quisiera perjudicar a un inocente sino que por el contrario pretendía conjurar la impunidad, lo que llevó a darle crédito a su sindicación contra el acusado.

Es más, repárese que si bien testigos tales como J... F... O... H... y D... M... C... M... dieron cuenta que en el instante del ataque C... A... P... M... era quien estaba cantando, no obstante, nótese que extrañamente, por decir lo menos, como lo concluyó el tribunal, no se percataron de quién había sido el agresor, a pesar de que el sitio contaba con iluminación suficiente conforme los citados lo reconocieron, amén de que estaban centrando su atención en el escenario que ocupaba el acusado, quienes convenientemente se cuidaron de no sindicar a nadie.

De otro lado, precisado el señalamiento directo e inequívoco que realizó la víctima contra el procesado, así como las circunstancias en que lo hizo, se ofrece oportuno indicar que si bien es cierto que el ofendido, como lo aduce el censor, en sus declaraciones previas no hizo mención a los tatuajes que el acusado tenía en sus brazos, es necesario anotar que ello se debió a la forma como fue interrogado en esas oportunidades.

Obsérvese al respecto que la defensa nuevamente, con el ánimo de sembrar la duda acerca de la responsabilidad del acusado en el atentado contra la vida que aquí se juzga y sin que una vez más proponga error de hecho alguno, cuestiona el dicho del ofendido porque en las entrevistas no dio cuenta de los tatuajes que tenía el procesado en los brazos y, sin embargo, sí lo hizo en el juicio, por lo que se impone señalar que si se revisan las declaraciones previas, fácilmente se advierte que en la primera no se le hizo pregunta alguna acerca de dicha peculiaridad y, en la segunda, se dejó que el ofendido hiciera un relato espontáneo, es decir, no se le formuló interrogante alguno, así que su narración corrió por iniciativa propia, por lo que es claro que la víctima simplemente expuso lo que en ese momento consideró que era lo más relevante acerca de lo sucedido.

En esa medida, el demandante mal puede predicar error de hecho de cualquier índole (falso juicio de existencia, de identidad o falso raciocinio) frente al aspecto que se analiza, pues no debe perderse de vista que ese tipo de yerros se pregonan de la valoración probatoria plasmada por los juzgadores en la sentencia, mas no frente a la forma como declaran los testigos.

Dicho en otros términos, en casación no es posible alegar error de ninguna índole por la sola circunstancia de que el declarante haga mención en un momento dado de un dato y en otro no lo haga, pues ello lo que debe ser es objeto de análisis por parte de los juzgadores para establecer el poder suasorio bajo las reglas de la sana crítica.

Falso juicio de identidad por cercenamiento de las fotografías aportadas al juicio:

Como está fundado en que el tribunal, a pesar de que en tales fotografías se muestra al acusado luciendo una camiseta negra y gorra, mas no una de color blanco y a su vez que careciera de cachucha como la víctima describió a quien lo agredió, por lo que en concepto del censor se ha debido restar credibilidad a la sindicación elevada por el ofendido contra el implicado, pero además, el actor aduce que ha debido tenerse en cuenta que no era posible que observadas tales fotografías, el ad quem asegurara que el acusado tenía una camiseta blanca debajo de la negra y, finalmente, que la tarima sobre la cual cantaba el acusado no tuviera rodachinas; de esto se sigue que el recurrente no tuvo en cuenta la realidad procesal.

En efecto, en primer término, no es cierto, como se dejó ampliamente expuesto al estudiar el falso juicio de identidad que el censor predicó mas no demostró respecto de la valoración del testimonio de la víctima E... A... H... M..., que el tribunal no haya tenido en cuenta el hecho conforme al cual, mientras que de un lado la víctima dijo que su agresor vestía camiseta blanca, la prueba restante –testimonial e incluso las fotografías de marras– enseñen que el procesado lucía una camiseta negra, toda vez que tal circunstancia fue ampliamente tratada y se concluyó que se le daba mayor poder suasorio a la acusación lanzada por el ofendido, entre otras razones, por cuanto éste dio cuenta del rol que cumplía su agresor en el momento previo al ataque (cantar), su ubicación (en la tarima), así como del nombre con el que lo conoció (A... S...), particularidades que únicamente concurrían en el acusado C... A... P... M..., así que sobra volver sobre ese aspecto.

Ahora, debe señalarse que no se ajusta a la realidad procesal la afirmación del recurrente en el sentido de que el tribunal, a partir de las fotografías en cuestión, argumentó que el procesado tenía una camiseta blanca debajo de la negra, pues eso en modo alguno fue sostenido por el juzgador de segundo grado, quien como se recordará, una vez analizó los testimonios de quienes señalaron que el acusado lucía una camiseta negra, mientras que el agresor, según la víctima, tenía una de color blanco, optó por restarle crédito a tales dichos ante la contundencia de la sindicación clara, circunstanciada y uniforme en todo momento del ofendido, amén de que tales deponentes, a pesar de estar a escasa distancia de lo sucedido, no dieron cuenta de la identidad del atacante.

A su vez, lo relativo a que las fotografías muestran que la tarima donde cantaba el acusado no tenía rodachinas, nótese que ello simplemente es un comentario insular del recurrente a partir del cual no edifica yerro de apreciación alguno y de allí que no sea necesario ahondar sobre tal aspecto.

Falso juicio de identidad por cercenamiento respecto de la declaración de G... J... B... G…:

Comoquiera que el recurrente lo hace consistir en que a pesar de que el citado deponente sostuvo que estando en el baño en el momento de la agresión simultáneamente escuchó los disparos y cantar al acusado C... A... P... M..., de donde se sigue que éste es inocente, amén de que dijo que al trasladarlo del sitio de los hechos a su residencia le manifestó lo impactado que estaba por lo sucedido, ello lleva a afirmar que contrario a lo manifestado por el recurrente, no se incurrió en el yerro de hecho que se alega.

En efecto, de entrada conviene recordar que el tribunal puso de presente que G... J... B... G… declaró que al momento de los hechos estaba en el baño, tras lo cual el ad quem le cuestionó, al igual que a otros deponentes, como por ejemplo a los esposos D... M... C... M... y J... F... O... H..., que no se hubiesen enterado de los detalles de lo que sucedido, así como de la identidad del responsable, pese a estar presentes en el momento del ataque.

Ahora, cabe agregar que más adelante el juzgador de segundo grado puntualizó que versiones como las citadas resultaban inverosímiles en el sentido de que “escucharon los disparos en el preciso momento en que el procesado estaba cantando, pero extrañamente no se dieron cuenta de nada más, cuando es lo cierto que en este tipo de situaciones y en razón de la cantidad de personas que estaban presenciando el espectáculo era imposible que nadie hubiera mirado los hechos y con ello señalado al responsable”.

Así las cosas, es claro que carece de fundamento el alegado falso juicio de identidad por cercenamiento de lo declarado por G... J... B... G..., en el sentido que desde el baño escuchó simultáneamente los disparos y cantar al procesado C... A... P... M..., pues tal circunstancia sí fue valorada por el tribunal solo que le restó credibilidad, reitérese, gracias a la directa e inequívoca sindicación de la víctima.

No sobra añadir que la referencia que realiza el testigo G... J... B... G... acerca de las manifestaciones de nerviosismo del procesado tras lo sucedido, es una situación posterior a los hechos que no afecta el señalamiento concreto que le hiciera el ofendido como la persona que le disparó.

Falso juicio de identidad por cercenamiento en relación con los testimonios de D... M... C... M... y J... F... O... H...:

Como el censor expresa que el dicho de los citados fue cercenado, quienes refirieron que: se encontraban a pocos metros del escenario; que señalaron que el procesado vestía camiseta negra y gorra y; que al momento de los disparos estaba cantando; cabe precisar, de un lado, que pese a que el recurrente no precisa cuál de tales afirmaciones se mutiló, lo cierto es que la información que éstos ofrecieron en su relato fue apreciada por el juzgador de segundo grado en su totalidad y de allí que carezca de asidero el falso juicio de identidad que el libelista predica en relación con sus dichos.

Ello se evidencia sin dificultad si se rememora lo señalado al estudiar los falsos juicios de identidad alegados por el recurrente en relación con el testimonio de la víctima, E... A... H... M..., y G... J... B... G…, oportunidades en las cuales se puso de manifiesto que el tribunal había descartado la versión de los referidos deponentes por cuanto a pesar de que describieron el atuendo que lucía el acusado y “escucharon los disparos en el preciso momento en que el procesado estaba cantando, extrañamente no se dieron cuenta de nada más”.

Así las cosas, si en efecto el tribunal tuvo en cuenta lo afirmado por los esposos D... M... C... M... y J... F... O... H... y a su vez ofreció los argumentos para descartar lo afirmado por ambos, es incontrastable que no era posible predicar que al valorarlos se incurrió en un falso juicio de identidad por cercenamiento.

De otra parte, el falso juicio de identidad por cercenamiento que denuncia el defensor en relación con el testimonio de L... C... S... H... basado en que, de un lado, el juzgador de segundo grado no tuvo en cuenta que tal deponente informó que la víctima se había “auto invitado” a la fiesta y, de otro, que el mismo se fue a dormir cuando arribó el procesado; obliga a señalar que lo primero carece de trascendencia y que lo último es infundado.

En efecto, si bien el tribunal no contempló el hecho de que la víctima arribó a la fiesta por su propia cuenta, pues así lo refirió S… H…, quien sostuvo fue llamado por aquella para que le indicara su ubicación y una vez se la informó llegó hasta allí; no debe perderse de vista que tal circunstancia es totalmente intrascendente frente a las particularidades del caso, en tanto que, como se ha venido señalando, la discusión giró en torno a la responsabilidad del procesado en la agresión de que fue objeto el ofendido, mas no respecto de la razón por la cual éste terminó en el lugar de los hechos.

De otra parte, es evidente que carece de asidero el falso juicio de identidad por cercenamiento basado en que el tribunal no tuvo en cuenta que L... C... S... H... se fue adormir cuando el acusado arribó al sitio de los hechos, pues en efecto tal situación fue tenida en cuenta por el juzgador de segundo grado, en particular al expresar que resultaba “altamente sospechoso que todos los participantes de la celebración que fueron llamados a declarar por la Fiscalía, extrañamente al momento de los hechos y a pesar de que la fiesta estaba todavía en pleno apogeo debido al show del procesado, hayan estado dormidos… salvo en lo que tiene que ver con L… C… S…, pues la misma víctima dio fe de que esta persona se fue a acostar momentos antes del incidente de sangre”.

Es más, en gracia de discusión cabe agregar que el hecho de que eventualmente el tribunal no hubiera tenido en cuenta la circunstancia de que S… H… estuviera durmiendo al momento en que hizo presencia el acusado en el sitio de los hechos carece de incidencia respecto del caso que ocupa la atención, si se repara que, conforme se ha indicado, el centro de la discusión radica en si el implicado le disparó a la víctima, así que el hecho de estar dormido el testigo en cita no aporta ningún elemento de juicio para infirmar o confirmar tal sindicación.

Comoquiera que el defensor también predica que el juez plural incurrió en falso juicio de identidad por cercenamiento en relación con el dicho de J… E… M… L…, esposa de L... C... S... H..., pues el censor dice que en este caso el ad quem no tuvo en cuenta que se encontraba durmiendo con el citado para el momento de lo sucedido, lo señalado en precedencia no solo sirve para desvirtuar el fundamento del error de hecho que sobre tal deponente se edifica, sino que además se constata que por igual carece de trascendencia.

De otro lado, se ofrece oportuno mencionar que si bien el recurrente pone de manifiesto que J... E... M... L... negó que hubiera dialogado con el ofendido tras ser atacado, mientras que éste aseguró que habló con ella tras recibir los disparos, ello obliga a hacer varias precisiones.

En primer lugar, que el censor no denunció error de hecho alguno en relación con tal circunstancia. Así mismo, que no es cierto que J... E... M... L... hubiera negado que dialogó con la víctima luego de que ésta fue agredida, sino que refirió que tras ser despertada por los disparos, se asomó por la ventana de la habitación en donde dormía y observó que el ofendido sangraba y era introducido a un vehículo. Finalmente, que si bien el lesionado dio cuenta de un diálogo con la citada luego de ser abaleado y la citada no, ello, en gracia de discusión, resulta intrascendente pues no se vincula con la sindicación que el afectado hizo contra del acusado.

Ahora, si bien hipotéticamente podría afirmarse que surge una contradicción entre el dicho de J... E... M... L... y el del ofendido en relación con el diálogo que éste indica sostuvieron tras ser herido, de manera que a partir de allí, como ha sido postura inveterada del censor, podría restársele credibilidad al dicho del agredido, resulta necesario recordar que como también se ha dejado en claro por la Sala, en particular al analizar el falso juicio de identidad que se predicó en relación con la valoración del dicho de la víctima; que en razón del relato coherente de ésta vertido en varias oportunidades en punto de las circunstancias en que se le produjeron las lesiones, la identidad de quien se las causó y la corroboración de la mayor parte de la información que suministró al respecto, se desvirtúa la posibilidad de que se le reste poder suasorio a su dicho.

De otra parte, frente al falso juicio de identidad por cercenamiento que predica el demandante en relación con el testimonio de C... A... M... O... (homenajeado con el festejo), quien dijo que el acusado arribó sobre las 4:00 a.m. al lugar de los hechos; es preciso señalar que si bien ese dato no fue contemplado por el tribunal, por igual cabe mencionar que tal omisión carece de trascendencia, pues como se dejó expuesto al analizar la misma modalidad de yerro alegada respecto del dicho de la víctima, debido a que la controversia no se centró en la hora en que el procesado hizo presencia en el sitio de los acontecimientos que ocupan la atención, sino en la credibilidad acerca de la sindicación que el ofendido lanzó contra el acusado, aquella circunstancia (hora de llegada del inculpado) es insustancial.

El falso juicio de identidad, también por cercenamiento, que denuncia el recurrente en relación con el relato de K... D... D... E..., quien afirmó que el procesado lucía una camiseta negra, es evidente que no tiene fundamento, pues conforme se dejó sentado al estudiar la misma clase de error de hecho frente a lo manifestado por el ofendido, es claro que esa circunstancia fue valorada por el juzgador de segundo grado, quien como también quedó ampliamente explicado, le restó importancia a esa situación al quedar al descubierto que si bien el ofendido señaló que su agresor vestía aquel tipo de prenda pero de color blanco, tal contradicción se zanjó por la vía de tomar partido por el conjunto de su relato, en cuanto que, salvo por ese detalle, en lo esencial guardó coherencia, tanto intrínseca como extrínseca, con el restante acervo probatorio.

Ahora, como el censor predica que frente al testimonio de M... L... D... E... se incurrió en falso juicio de identidad por cuanto, de un lado, no se tuvo en cuenta que afirmó que el acusado llegó a la fiesta a eso de las 4:00 a.m. y, de otro, que lo hizo vestido con una camiseta negra y gorra; resulta oportuno mencionar que lo señalado al analizar los errores de hecho de la misma modalidad que predicó el libelista respecto de C... A... M... O... y K... D... D... E..., respectivamente, resulta totalmente pertinente en relación con el reparo que ahora ocupa la atención, de tal manera que se hace innecesario volver sobre ello.

El comentario que hace el recurrente relativo a que por las prendas de vestir ajustadas que lucía el procesado el día de los hechos no era posible que no se le notara que portaba un arma de fuego, es claro que solo queda en eso (comentario), pues el censor no atina a precisar en qué tipo de error de apreciación probatoria incurrió el tribunal frente a esa circunstancia.

Con todo, no sobra agregar al respecto que con tal afirmación el censor parte de un hecho no demostrado, valga decir, que el procesado portaba el arma de fuego con la que agredió a la víctima, ignorando que bien pudo proveerse de ella al momento de estar en la tarima.

En suma, demostrado que los falsos juicios de identidad por cercenamiento de la prueba que el demandante predica, o bien resultaron ser simples objeciones a lo declarado por el ofendido, o no se consolidaron, o carecen por completo de trascendencia, de esto se sigue que el cargo materia de estudio no prospera.

Tercer cargo:

El impugnante denuncia que el tribunal incurrió en la violación indirecta de la ley sustancial derivada de errores de hecho en la modalidad de falso raciocinio, lo que dice, dio lugar a la aplicación indebida de los artículos 27, 103 y 365 del Código Penal, así como a la consecuente falta de aplicación de los artículos 7º y 181 de la Ley 906 de 2004.

Por tanto, con el propósito de constatar si se materializaron los yerros que denuncia el defensor y si los mismos ostentan la trascendencia que éste les predica a efectos de desvirtuar las bases probatorias del fallo impugnado, inicialmente se hará referencia al alcance de los errores de hecho por falso raciocinio y a la manera como se debe abordar su enunciación y demostración en sede del recurso extraordinario y, posteriormente, se establecerá si en este caso hay lugar a casar la sentencia condenatoria y por ende dejar en firme el fallo de primer grado de carácter absolutorio conforme lo pretende el libelista.

En ese sentido, se tiene que la Sala ha concluido que ese tipo de yerros se producen porque habiendo sido adecuadamente traído el elemento de convicción al proceso, si bien en la sentencia es apreciado en su exacta dimensión fáctica, en el ejercicio de asignarle su mérito demostrativo el juzgador se aparta de las reglas de la lógica, las leyes de la ciencia o las máximas de la experiencia, es decir, de los postulados de la sana crítica como método de valoración probatoria aceptado por la ley procesal penal.

Ahora, cuando la censura se encamina a denunciar un falso raciocinio en razón del desconocimiento de los postulados de la sana crítica al apreciar un determinado elemento de persuasión, inicialmente se debe proceder a identificar el mismo, indicando qué dice de manera objetiva, qué infirió de él el juzgador y cuál el mérito demostrativo que le fue otorgado en el fallo.

Así mismo, corresponde al actor señalar cuál regla de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue ignorada y, correlativamente, ha de precisar cuál es la regla de la lógica apropiada, el aporte científico correcto o la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración.

Finalmente, el libelista debe demostrar la trascendencia del error alegado, indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba cuestionada, poniendo de manifiesto que al ser corregido tal yerro y confrontarse el mismo con el restante acervo probatorio que sustenta el fallo, ello habría dado lugar a proferir uno sustancialmente distinto y favorable a los intereses por él representados.

Cabe señalar que en general los errores en punto de la valoración de la prueba derivados de un falso raciocinio no pueden surgir de la simple disparidad de criterios entre la apreciación fijada por los juzgadores en las instancias y la ofrecida por el impugnante en la demanda, sino de la innegable contradicción entre aquella y las reglas de la sana crítica que gobiernan la apreciación de los medios de convicción.

Bajo esa perspectiva, no sobra reiterar, que en sede de casación no es posible efectuar la mera confrontación entre la valoración realizada por los juzgadores bajo el rigor de los postulados de la sana crítica y la ensayada por el recurrente, por cuanto en ese escenario prevalecerá la de aquellos y no la de éste, en razón de la doble presunción de legalidad y acierto que ampara a la sentencia de segunda instancia.

Por tanto, resulta desacertado que el demandante trate de imponer, a través del recurso de casación, sus apreciaciones personales sobre las de los juzgadores de instancia.

En el cargo que ocupa la atención de la Sala, el recurrente plantea una serie de objeciones en relación con el dicho de la víctima, mas no patentiza los falsos raciocinios que dice se cometieron.

En ese sentido, se observa que inicialmente cuestiona la sindicación que el ofendido hiciera contra el procesado por el hecho de que no contó con respaldo probatorio. Así mismo, le critica que haya incurrió en contradicciones, como aquella según la cual, a pesar de que en principio descartó que la persona de camiseta negra y gorra era su agresora, que era como vestía el acusado, finalmente le atribuyó a éste el ataque del que fue objeto.

Adicionalmente, objeta que el tribunal haya dado por probada la responsabilidad del procesado por el solo hecho de que la víctima, de forma “categórica y firme”, sindicó al procesado de las lesiones, por lo cual para el censor esa es una “frase hueca”.

Ciertamente a partir de lo anterior no se evidencia que el censor denuncie que el tribunal cometió un falso raciocinio al valorar la prueba, en particular la versión del ofendido, pues a lo sumo lo que se observa es que el recurrente cuestiona al ad quem porque no ofreció las razones por las cuales le otorgó poder suasorio al lesionado, con lo cual, en gracia de discusión, se estaría en los terrenos de una falta de motivación.

Al margen de ello, basta remitirse a lo señalado en la censura que antecede para concluir que la glosa del libelista en relación con la forma como se apreció el dicho del ofendido por el tribunal no se compadece con la realidad procesal.

En efecto, cabe recordar que el juzgador de segundo grado dio cuenta de que el ofendido describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, tanto antecedentes como concomitantes, a lo que se sumó que su dicho fue coherente tanto intrínseca como extrínsecamente, pues si bien incurrió en algunas contradicciones, las mismas fueron intrascendentes.

Nótese adicionalmente al respecto, como el tribunal a su vez hizo referencia a los testimonios, tanto de cargo como de descargo (G... J... B... G..., D... M... C... M..., K... D... D... E..., M... L... D... E..., E... A... H... M..., J… M… H…, J... E... M... L..., C... A... M... O..., J... F... O... H..., L... C... S... H..., O… T… R… y A… A… V…), señalando en cada caso las razones por las cuales les otorgaba o negaba credibilidad, como a espacio se dejó expuesto en relación con la mayoría de ellos al estudiar el cargo que antecede, motivo por el cual no se hace necesario volver a reeditar lo que en ese momento se indicó.

En esa medida, lo anterior se opone a lo afirmado por el demandante, quien escuetamente afirma que el tribunal no ofreció las razones por las cuales le otorgó credibilidad a la sindicación que realizó la víctima.

Ahora, como el demandante hace varias críticas en relación con el dicho de la víctima, que no respecto de la forma como se apreció la versión de ésta por el ad quem, de manera que en realidad no pone al descubierto la existencia de algún error de hecho, en todo caso resulta oportuno referirse a dichas objeciones con el fin de indicar que las mismas carecen de fundamento.

En ese sentido, se tiene que no es cierto que el ofendido no haya dado razón de cómo conoció al procesado y su nombre, conforme lo afirma la defensa, pues en el juicio oral claramente se le preguntó por la Fiscalía si antes de la fiesta sabía del procesado y respondió que con anterioridad no lo había conocido, así que es claro que con motivo de su presencia en el festejo es que se enteró de la existencia del acusado y de su nombre, pues baste recordar que en su declaración previa aseveró que L... C... S... H... fue el encargado de decirle cómo se llamaba el acusado.

Tampoco es cierto que por la simple referencia del nombre artístico del procesado por parte de la víctima en el juicio oral el tribunal le hubiese deducido responsabilidad a éste en las lesiones, pues tal como se tuvo oportunidad de analizar con detenimiento al abordar el cargo anterior, fue gracias a que en el momento del ataque el único que estaba cantando era el procesado, quien a su vez lo hacía en la tarima dispuesta para el efecto, la cual era el centro de atención en ese momento, que se concluyó que como tales particularidades única y exclusivamente concurrían en el acusado C... A... P... M..., entonces había lugar a predicarle la autoría del crimen.

Además, no debe perderse de vista que a ninguna otra persona se le sindicó de ser la causante de la agresión, pues como se recordará, los testigos presenciales salvo la víctima, no señalaron a otro individuo como el autor de los disparos que impactaron en la humanidad de E... A... H... M...

De otra parte, la glosa planteada por el censor con el ánimo de sembrar la duda sobre la identidad del agresor fundada en que como al ofendido no le agradaba el reguetón entonces no conocía al procesado, pero además, no le prestó atención cuando cantaba; carece de asidero.

En efecto, como se dejó expuesto al examinar la censura que antecede, basta contextualizar lo dicho por el lesionado para percatarse que si bien lo anterior es cierto, también lo es que fue informado por L... C... S... H... del nombre del acusado, además, también se ajusta a la realidad que al ser el blanco del ataque por parte del implicado, fue natural que fijara su atención en su aspecto físico, pues recuérdese que aquel se dirigió hacia él provisto de un arma de fuego, por lo que le manifestó que no lo fuera a matar porque tenía un hijo, pero pese a esa súplica el acusado le disparó, así que la víctima buscó guarecerse del ataque detrás de una columna, pero hasta allí llegó el procesado y arremetió de nuevo disparándole causándole una herida en el brazo derecho, así que solo fue por las voces que manifestaron que ya le había dado muerte, que el inculpado cesó su agresión.

En esa medida, es claro que la víctima pudo fijar la atención en su atacante, lo que se refuerza con el hecho de que los asistentes al festejo, por ejemplo, J… F… O… H… y D... M... C... M..., señalaron que el lugar donde se desarrollaron los hechos contaba con iluminación suficiente, circunstancia para nada extraña, si de lo que se trataba era de que los asistentes pudieran departir y observar cuando el procesado cantaba.

Frente a la crítica sobre el dicho de la víctima relativa a que si bien afirmó que cuando arribó a la fiesta, a eso de la 1:00 a.m., estaba cantando el procesado, cuando lo cierto es que lo hacían los mariachis según lo sostuvo L... C... S... H...; cabe decir que es el resultado de descontextualizar lo declarado por aquella en el juicio oral.

En efecto, repárese que al comienzo de su relato en esa oportunidad, el lesionado indicó que fue recibido en la fiesta por S… H…, quien departía con otros familiares, y que en ese momento estaba cantando el procesado, no obstante, enseguida el ofendido precisó que como eso de las 4:00 a.m., el citado le manifestó que estaba mareado y que tenía sueño, por lo que lo acompañó a la habitación donde la esposa de éste ya se encontraba descansando y lo propio hizo con su primo, a quien dejó en el vehículo de su propiedad, así que luego regresó al festejo y se ubicó frente a la tarima, tras lo cual agregó que observó cuando una persona se acercó al acusado mientras cantaba y lo señaló a él, así que el enjuiciado descendió, sacó un arma de fuego y le disparó.

Así las cosas, se aprecia que la glosa que se viene de anotar ciertamente carece de asidero, pues lo cierto es que la víctima, a través de su relato acerca de cómo se desarrollaron los hechos, aclaró en qué momento en verdad cantó el procesado.

La ausencia de fundamento respecto de las objeciones que edifica el demandante en torno a lo depuesto por el ofendido vuelve a reeditarse, pues asegura que como la víctima había consumido licor, entonces tenía afectada su capacidad de percepción. Empero, desconoce el censor que contrario sensu aquella puso de presente que había libado poco, lo cual se constata por dos vías.

La primera, a través de su dicho, el cual está lleno de detalles acerca de lo sucedido antes, durante y después de la agresión que sufrió, conforme lo expuso el Tribunal y aquí se recordó al analizar de fondo el cargo anterior.

Y la segunda, porque una vez el ofendido dejó descansando a la L... C... S... H... y a su primo, volvió a la fiesta en donde se quedó sentado observando la presentación del acusado, sin que indique en ese momento estuviese ingiriendo licor, de lo que se sigue que en ese momento tenía la capacidad suficiente para dar cuenta de lo que sucedía a su alrededor.

Más allá de lo anterior, conviene recordar que la Sala, al abordar la censura anterior, trajo a colación, no solo el relato del ofendido, sino las múltiples frases que expresó en torno a dos puntuales aspectos. Uno, el referido a su capacidad para percibir lo sucedido y, dos, la claridad que tenía acerca de la persona que lo había agredido, que no es otra que el aquí procesado.

Una crítica suelta adicional, como todas las que se han venido analizando, es la relativa a que pese a que la víctima dio cuenta de la existencia de una tarima con rodachinas en la cual se presentaba el implicado, lo cierto es que la misma no existió; no obstante, basta remitirse al testimonio de J... F... O... H... para desvirtuar esa apreciación, pues en efecto éste dio cuenta de la misma y si bien no precisó si tenía rodachinas, ese es un dato totalmente insustancial.

Ahora, la circunstancia de que en el escenario donde se presentaba el incriminado estuvieran tres o cuatro personas más, una de ellas con camiseta blanca, que fue a la que el ofendido sindicó de haberlo lesionado, mas no a quien vestía esa clase de prenda pero de color negro y gorra, que era el atuendo que lucía el acusado; fue una inconsistencia que se estudió ampliamente al abordar el cargo anterior, llegándose a la conclusión de que la misma no lograba desvirtuar el señalamiento que el ofendido efectuó contra del procesado.

Recuérdese entonces que de manera detallada se recordó, siguiendo lo analizado por el tribunal, que si bien los testigos de la Fiscalía y de la defensa coincidieron en afirmar que el procesado vestía una camiseta negra y gorra, mientras que la víctima sostuvo que su agresor lucía ese tipo de prenda pero de color blanco, en todo caso se adujo que debido a la manera como declararon aquellos deponentes, se les restó credibilidad, en particular porque a pesar de estar presentes al momento de los hechos, no solo no se percataron de lo sucedido, sino que tampoco dieron cuenta de quién había sido el autor de las lesiones que recibió el ofendido.

En esa medida, de lo anotado resulta incontrastable que a pesar de la inconsistencia en el dicho de la víctima respecto del color de la camiseta que lucía el procesado el día de los hechos, el tribunal le concedió plena credibilidad a ésta, pues cabe agregar que en su testimonio no solo abundaron expresiones incriminándolo, sino que en todas las oportunidades en que depuso mantuvo coherencia en su relato, amén de que su sindicación solo estuvo movida por el interés en evitar que reinara la impunidad, mas no que se condenara a un inocente.

Sobre el particular cabe recordar que la víctima, tras haber sido herida permaneció mes y medio en coma inducido, así que solo cuando estuvo en condiciones de declarar se escuchó su versión de lo sucedido, oportunidad en la cual se dejó constancia de su estado de sanidad mental tanto al momento de declarar como el día de los hechos, para efectos de evidenciar que estaba en condiciones de evocar lo sucedido.

Se observa entonces, que en lo esencial el ofendido reeditó su dicho tanto en las declaraciones previas como en el juicio oral, así que dio razón del motivo de su arribó al lugar de los hechos, cómo lo hizo, a qué hora ocurrió ello, con quién departió, a qué hora fue lesionado, quién lo hizo, así como los detalles de cómo se produjo la agresión por parte del acusado.

En suma, debido a que, de un lado, las versiones opuestas al relato del ofendido carecieron de poder suasorio conforme viene de recordarse y, de otra parte, que su relato no solo fue coherente sino consistente en todo momento, no solo frente a la manera como se desarrollaron los hechos sino en relación con la identidad de quien lo lesionó, es claro que no hay lugar a derivar la eventual consolidación de un error de hecho cualquiera en la apreciación de su dicho.

De otra parte, una crítica adicional al dicho del lesionado, que no en relación con la apreciación que del mismo hizo el tribunal, radica en que la defensa se duele de que solo en el juicio oral el ofendido hizo referencia a los tatuajes que el acusado tiene en sus brazos, mas no en sus declaraciones previas, lo cual simplemente obedeció a la manera como se orientó el interrogatorio hacia la víctima en esas ocasiones, conforme se explicó en detalle al analizar el cargo que antecede y de allí que ni remotamente pueda predicarse un falso raciocinio.

Ahora, como el censor repite los cuestionamientos en punto del hecho de que el Tribunal desestimó los testimonios de G... J... B... G..., D... M... C... M... y J... F... O... H..., no se hace necesario volver sobre tal aspecto pues ya fue tratado con antelación.

De otro lado, la afirmación del recurrente conforme a la cual, como la fiesta era de familiares y amigos, entonces no había razón para que éstos encubrieran al procesado; impone afirmar que si bien tal circunstancia es cierta, también lo es que nunca se supo el origen ni el paradero final del arma de fuego utilizada por el acusado. Además, conforme lo recordó el tribunal, por igual se tiene que los anfitriones del festejo se encargaron de limpiar la escena del crimen sin que frente a ello hubiesen ofrecido justificación alguna, de manera que con lo anterior queda en entredicho la distancia entre aquellos y el implicado y de allí la conclusión del juzgador de segundo grado acerca de que los testigos guardaron un silencio cómplice, de modo que por ello ordenó compulsarles copias para que fueran investigados por falso testimonio.

En otro sentido, si bien el demandante cuestiona la legalidad de los dos reconocimientos fotográficos realizados por el ofendido, lo cierto es que no precisa en qué consistió el desconocimiento del debido proceso probatorio en estos casos y la Sala tampoco lo advierte.

Pese a lo anterior, el mismo demandante se encarga de desvirtuar la eventual trascendencia que pudiera tener una irregularidad como la que denuncia escuetamente frente a los reconocimientos fotográficos en cuestión, pues asegura que –y en efecto así lo es– fue escasa la relevancia que el tribunal le dio a los referidos reconocimientos, de donde se sigue que la glosa planteada en los términos que anteceden carece por completo de incidencia.

Ahora, como quiera que el libelista insiste en temas que ya fueron abordados, tales como: la hora en que el ofendido arribó al lugar de los hechos y aquella en que se produjo la agresión; el hecho de que como el ofendido no estuvo atento a la presentación del procesado entonces no estaba en capacidad de identificarlo; que por consumir licor no estaba en condiciones de percatarse de lo que sucedió; lo relativo a que en el juicio oral el lesionado se refirió a los tatuajes que tenía el procesado en los brazos y en las declaraciones previas no; que en la tarima había una persona de camiseta blanca a la cual el ofendido le achacó el ataque, así que exoneró al individuo de camiseta negra, que era como vestía el procesado; de esto se sigue que no se hace necesario volver sobre tales tópicos.

De otra parte, las contradicciones que revela el demandante en relación con lo declarado por el ofendido, relativas a que si bien éste afirma que fue invitado a la fiesta por L... C... S... H... lo cierto es que se “autoinvitó”, o que tras recibir los disparos fue auxiliado por J... E... M... L..., cuando en verdad no fue así; llevan a afirmar que amén de que el defensor no atinó a edificar un falso raciocinio al respecto, pues solo enuncia lo anterior, lo cierto es que tales inconsistencia no logran minar el señalamiento directo que contra el procesado hizo el lesionado, en tanto se trata de hechos anteriores y posteriores al ataque que para nada desdibujan el origen del mismo, valga decir, a manos del procesado.

Finalmente, el cuestionamiento que hace el defensor acerca de que en razón del ritmo que interpretaba el procesado, es decir reguetón, no era posible que al bailar no se le notara que estaba armado, se trata de una especulación del libelista, pues bien ha podido ocurrir que no portara el arma de fuego todo el tiempo.

Evidenciado que los errores que predica el censor, en realidad se refieren a críticas a la forma como declaró la víctima, mas no a yerros en la apreciación de las pruebas por parte del juzgador de segundo grado, pues lo que en ese empeño se muestra es que son el resultado de desconocer el principio de objetividad material o de simples elucubraciones personales del demandante, de esto se sigue que el cargo no está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo impugnado con fundamento en la demanda de casación presentada por el defensor del procesado C... A... P... M...

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

1 Doble instancia: Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación.
(…). (El aparte subrayado fue el demandado).

2 De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
(…)
3. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores.
(…) (El aparte subrayado fue el demandado)

3 Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación.
Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria. (El aparte subrayado fue el demandado).

4 “Sobre las facultades del juez constitucional frente a las omisiones legislativas relativas en materia penal cfr. la Sentencia C-671 de 2014, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez”.

5 “M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub”.

6 “M. P. Luis Ernesto Vargas Silva”.

7 “M. P. Jaime Córdoba Triviño”.

8 “Como algunas instancias judiciales carecen de un superior jerárquico, resulta necesario diseñar mecanismos para asegurar la revisión de las sentencias expedidas por tales organismos, cuando en el marco de un juicio penal, imponen por primera vez una condena. En escenarios distintos, esta corporación ha señalado la necesidad de que al interior de organismos judiciales colegiados como la Corte Suprema de Justicia, se diferencie orgánicamente la función de investigación y la función de juzgamiento, cuando ambas han sido atribuidas a esta corporación. De manera análoga, en estas hipótesis se debe garantizar la revisión de los primeros fallos condenatorios que se dictan en el marco de un juicio penal por instancias que carecen de superior jerárquico.

9 “La Ley Estatutaria de Administración de Justicia prevé en su artículo 45: “[l]as sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Al respecto ver la Sentencia C-037 de 1996 que controló el proyecto de ley estatutaria que acabó convirtiéndose en ley”.

10 “Registros procesales del Expediente D-10045, que dio lugar a la Sentencia C-792 de 2014”.

11 “Sentencia C-207 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil. SPV Clara Inés Vargas Hernández). En esa ocasión, la Corte señaló que el principio de favorabilidad no implica el derecho a interponer recursos ordinarios nuevos contra sentencias dictadas en procesos sancionatorios ya terminados, pues en tales casos prevalece la seguridad. En contraste, dicho principio sí podría invocarse para interponer un nuevo recurso extraordinario contra sentencias de un proceso ya finiquitado. Dijo: “Insiste la Corte en que la aplicación del principio de favorabilidad […] sería posible, porque no se trata de aplicarle a un proceso ya concluido, una norma posterior que establece un nuevo recurso ordinario, sino una que establece un recurso extraordinario, que opera respecto de sentencias ejecutoriadas. […] Si bien no puede esgrimirse, en materia procesal, el principio de favorabilidad, con la pretensión de que se reabra un debate procesal ya concluido para aplicarle al mismo normas de procedimiento establecidas en leyes posteriores, tal principio si resultaría aplicable cuando, pese a que un determinado proceso ya ha concluido con sentencia sancionatoria, la nueva ley establece un recurso que obra sobre las sentencias ejecutoriadas””.

12 “Cinco días es el término para sustentar el recurso de apelación contra sentencias, y para presentar el de casación (Ley 906 de 2004, art. 179 y 183)”.

13 “Artículo 181 de la Ley 906 de 2004”.

14 “CSJ AP, 18 de mayo de 2016, Radicación 39156; CSJ AP3280-2016, 25 de mayo de 2016, Radicación 37858, entre otras”.

15 CSJ SP, 22 jun. 2016. Rad. 42930.

16 “Auto del 24 de noviembre de 2005. Rad. 24323”.

17 “Caso Pérez Escolar c. España. Comunicación 1156/2003”.

18 “Caso Mohamed vs Argentina. Sentencia del 23 de noviembre de 2012”.

19 “Sentencia de casación del 25 de mayo de 1999…”.

20 “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 6 de abril de 2005, Radicación 23154”.

21 “Cfr. Sentencia de 18 de junio de 2008, Radicación 23283”.

22 “Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa, Madrid, 2001, pág. 967”.