Sentencia SP16935-2017/51245 de octubre 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP16935-2017

Radicación 51245

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobado mediante Acta Nº 352

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «El recurso de apelación

De manera oportuna, la representante judicial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - entidad encargada de los reconocimientos prestacionales a cargo de la extinta Cajanal - interpuso y sustentó recurso de apelación contra el fallo de primer grado(14). Pidió que la providencia sea revocada únicamente en lo que atañe a la reparación de los perjuicios ocasionados con el delito y que, en su lugar, se condene a J... L... R... a pagar mil seis millones setecientos setenta mil doscientos cincuenta pesos ($1.006.770.250) por concepto de “daños y perjuicios”(15).

En sustento de ello, alegó que en la demanda de constitución de parte civil, que fue presentada el 23 de junio de 2010, se precisó que “a la fecha la entidad afectada no había podido definir con exactitud y en concreto el valor económico total del perjuicio”. No obstante, los alegatos precalificatorios presentados por la representante de Cajanal fueron acompañados por un “Análisis Económicos (sic) de Perjuicios” elaborado por una analista de la entidad, donde los daños irrogados se estimaron en $1.006.770.250.

Agregó que el cálculo del detrimento económico sufrido por la entidad como consecuencia del fallo ilegal incluye los costos de reliquidación de las pensiones y los pagos efectuados a la profesional del derecho que litigó el proceso. En ese entendido, no es cierto, como lo aseveró el a quo, que no exista en el expediente una tasación de los daños producidos y, por ende, que sea inviable la condena en perjuicios.

Consideraciones de la Corte

Competencia

La Sala, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, está facultada para decidir sobre el recurso impetrado, porque la sentencia atacada fue proferida en primera instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Al tenor del artículo 204 ibídem, esa competencia está limitada al objeto del disenso y a aquéllos asuntos que le estén relacionados inescindiblemente. En ese orden, como en el presente asunto la inconformidad de la recurrente está circunscrita a lo decidido por el a quo en relación con la condena en perjuicios, las consideraciones de la Sala estarán restringidas a ese aspecto de la sentencia apelada.

Lo que se debate

1. El artículo 94 de la Ley 599 de 2000 prevé que el delito es fuente de responsabilidad civil y, por ende, obliga a quien lo comete a reparar los daños que con esa conducta causa. En similar sentido, el artículo 46 de la Ley 600 de 2000 establece que “están solidariamente obligados a reparar el daño y a resarcir los perjuicios causados por la conducta punible las personas que resulten responsables penalmente y quienes, de acuerdo con la ley sustancial, deban reparar el daño”.

Tales menoscabos, conforme se tiene discernido en la jurisprudencia de la Sala(16), pueden ser de naturaleza material (daño emergente y lucro cesante) o moral (tradicionalmente clasificados en objetivados, es decir susceptibles de cuantificación económica, y subjetivados)(17). Como respecto de estos últimos la parte civil no elevó ninguna pretensión, nada se hace necesario considerar al respecto.

Los daños materiales, según el artículo 97 del Código Penal, “deben probarse en el proceso”. Con fundamento en esa previsión, la Corte ha sostenido que

… para condenar en perjuicios derivados del delito, se requiere demostrar tanto la existencia del daño como su monto, regla que aplica para toda clase de perjuicios, exceptuándose de ella el denominado pretium doloris o perjuicio moral subjetivo, pues cuando corresponde tasarlo, dada su naturaleza intrínseca y personalísima, que pertenece al fuero interno de las víctimas o perjudicados, su cuantificación corresponde al prudente juicio del juzgador, según los parámetros establecidos en el inciso 2º del artículo 97 de la Ley 600 de 200, pero sin que en manera alguna esa facultad legal “abar[que] la declaración de su existencia”(18).

En ese entendido, es claro que, especialmente en lo que respecta a los perjuicios materiales, “la demostración del daño y el consecuente perjuicio causado constituyen presupuesto esencial para la reparación y la indemnización”(19), comprensión que se fundamenta además en el principio general del derecho adjetivo conforme al cual corresponde a cada parte demostrar los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones elevadas ante la jurisdicción(20).

Los daños materiales, esto es, la afectación económica infligida de manera mediata o inmediata al perjudicado por el hecho dañoso, no pueden confundirse con las erogaciones efectuadas por aquél para lograr el reconocimiento judicial de su derecho, es decir, las costas, que no tienen por causa el delito sino la actuación judicial. Con todo, estas últimas también deben ser solicitadas y acreditadas en el proceso para que el sentenciado pueda ser condenado a su cancelación en los términos del artículo 56 de la Ley 600 de 2000(21).

2. De la revisión del cuaderno correspondiente a la demanda de constitución de parte civil se advierte que la apoderada judicial de la entidad afectada pidió a la Fiscalía “aceptar la constitución de Cajanal EICE EN LIQUIDACIÓN como parte civil… para así lograr la verdad de lo ocurrido y obtener el pago de los perjuicios ocasionados”, tras lo cual afirmó que “la entidad no ha podido definir con exactitud y en concreto el valor económico total del perjuicio”(22).

Se observa, de igual manera, que como prueba para sustentar esa pretensión se limitó a pedir la obtención de “copia auténtica y completa de la acción de tutela 2006.00034.00”(23), esto es, el proceso en el cual L… R… profirió el fallo prevaricador, y más adelante aportó copia de dos sentencias proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, con las cuales quiso acreditar la tipicidad de la conducta atribuida al acusado(24).

Esos elementos de conocimiento, en realidad, nada aportan en el cometido de acreditar la existencia del daño cuya reparación se persigue ni su extensión.

Con todo, y según lo alegó la recurrente, en los cuadernos correspondientes a la actuación penal obra el documento denominado “análisis económico de posibles perjuicios”, elaborado por una analista de perjuicios del grupo penal de la subdirección jurídica pensional de la U.G.P.P., contentivo del “estudio de perjuicios ocasionados con el fallo de tutela Nº 2006-00034 de fecha diecisiete (17) de agosto de 2006, proferido por el Juzgado penal del Circuito de Santa Cruz de Lorica”(25).

En ese documento se señala que en relación con dieciséis de los accionantes del trámite de tutela no se profirió ninguna resolución para dar cumplimiento a lo allí ordenado. Otros cuatro fallecieron y seis trámites adicionales “se encuentran suspendidos” por lo cual “no se generó retroactivo”(26).

Respecto de los restantes demandantes se expuso la tasación de los daños económicos causados como consecuencia de la ilegítima orden impartida por L… R…, total que se obtuvo mediante la adición de i) la indexación de los montos que esa entidad se vio obligada a cancelar a cuarenta y seis accionantes por concepto de retroactivo, para un total de $1.005.205.043, y ii) los valores pagados a la profesional del derecho que asumió la representación judicial de la persona jurídica en el proceso penal, esto es, $1.402.687.50(27).

3. De lo consignado en dicho análisis se advierte que lo reclamado por la apelante corresponde, de una parte, al daño emergente, esto es, la cantidad de dinero que efectivamente habría tenido que entregar para el cumplimiento del fallo prevaricador; y, de otra, a las costas procesales, es decir, los honorarios profesionales supuestamente pagados a la abogada que representó a la entidad en este asunto, los cuales fueron equivocadamente clasificadas por aquélla como un perjuicio económico derivado del delito.

3.1. En relación con lo primero, la Sala advierte que el denominado “análisis económico de posibles perjuicios” contiene una estimación del daño emergente irrogado a la entidad, pero carece de cualquier sustento probatorio que permita tener por demostrada la existencia de ese daño (por ejemplo, copia de las resoluciones por medio de las cuales se reajustaron las pensiones de los accionantes, acreditación de su inclusión en nómina, comprobantes de pago, etc.).

Téngase presente que si bien en la actuación se probó en el grado de certeza que L… R… cometió el delito por el cual fue acusado, circunstancia sobre la cual no existe controversia y que fue aceptada de manera libre y voluntaria por aquél, ello resulta insuficiente para tener por acreditada también la existencia del daño económico alegado por la apelante, que se habría configurado ante el efectivo cumplimiento de esa ilegal providencia. La carga probatoria respecto de ese hecho, según se dijo anteriormente, estaba en cabeza de la parte civil, que no realizó ningún esfuerzo para satisfacerla.

El informe presentado en sustento de la pretensión no puede tenerse como prueba suficiente del daño y su cuantía, no sólo porque carece de todo soporte, sino también, y principalmente, porque se trata de un documento elaborado por la misma víctima, esto es, la persona jurídica que reclama la indemnización y, en ese entendido, corresponde más a un alegato de parte que a un medio suasorio y, como tal, no puede ser prueba de sí mismo.

Dicho en otros términos, la carga de la apelante consistía, precisamente, en demostrar con pruebas tanto la existencia del daño como la cuantía estimada por la entidad en dicho informe. Al afirmar que ese documento acredita esos elementos, la recurrente incurrió en una evidente petición de principio, en tanto dio por probado aquello que le competía probar.

La misma opugnadora afirma en la sustentación de la alzada que lo allegado al expediente fue “una tasación de daños y perjuicios”(28), o bien, “una cuantificación de los mismos”(29) elaborada por la UGPP, con lo cual admite, al menos tácticamente, que esa pieza documental no es una prueba, sino una simple pretensión que fue confundida con la demostración de la misma.

Ni aún en el contexto de violaciones masivas de derechos humanos, en el que la Sala ha promovido la flexibilización de las reglas probatorias en relación con la acreditación del daño sufrido por las víctimas en atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran(30), ha sido admitida como prueba de la existencia del daño su escueto cálculo desprovisto de soporte alguno(31), y menos puede entonces admitirse en este escenario, donde la interesada tuvo representación en la totalidad del trámite y contó con medios y oportunidades suficientes para demostrar de manera adecuada su pretensión indemnizatoria.

Y es que el derecho a ser reparado por los agravios sufridos como consecuencia de la comisión de un delito, no obstante tener rango fundamental, no es absoluto ni puede ejercerse arbitrariamente en perjuicio de otros principios y garantías de idéntica jerarquía(32), lo cual a no dudarlo sucedería de condenarse al procesado al pago de un daño respecto del cual no existe suficiente demostración.

En ese orden de cosas, ante la absoluta orfandad probatoria de la pretensión indemnizatoria de la apelante, es claro que le asistió la razón al a quo al considerar que “no existe evidencia de daños y perjuicios… causados a la parte civil” y por ende, al concluir que “mal podría procederse a su tasación, pues la acreditación de los mismos constituye una exigencia para tales efectos”.

3.2. En lo que atañe a las costas procesales, mal catalogadas en la impugnación como un daño material, la Sala advierte que en el fallo de primera instancia no hay ningún pronunciamiento al respecto; y no lo hay por la sencilla razón de que su tasación y pago nunca fueron solicitados por la apoderada de la parte civil, quien se limitó a reclamar la reparación de “los daños y perjuicios causados por el acusado con el proferimiento de la sentencia”(33).

En esas condiciones, mal podría la Sala pronunciarse en segunda instancia respecto de una circunstancia que no se discutió en la primera, máxime en tanto dicha omisión fue producto del silencio de la parte interesada.

Pero aun de admitirse, en gracia de discusión, que el pago de las costas sí fue reclamado por la apelante al incluirlas en la categoría de daños y perjuicios, no podría de todos modos la Sala acceder a dicha pretensión, por cuanto, según se viene diciendo, no se aportó al expediente ninguna prueba sobre su causación o su cuantía, sino únicamente un estimativo elaborado por la misma parte interesada que no puede considerarse como un medio suasorio, sino como la expresión procesal de la pretensión cuya demostración era carga de la recurrente.

4. Así las cosas, como no se advierte ningún yerro en la sentencia de primera instancia, no queda solución distinta a su confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de fecha y origen indicados en precedencia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase al tribunal de origen».

14 Folios 75 y ss., c. del Tribunal.

15 Folios 77 y ss., c. del tribunal.

16 CSJ SP, 12 dic. 2005, Rad. 24011; CSJ AP, 29 mayo 2013, Rad. 40160. Reiterada en CSJ SP, 15 oct. 2015, Rad. 42.175.

17 No obstante, la Sala ha admitido la posibilidad de reclamar la reparación de otras modalidades de perjuicios no materiales en el proceso penal, como los fisiológicos o el daño a la vida en relación. Ver CSJ SP, 29 jun. 2016, Rad. 46181.

18 Ibídem.

19 CSJ SP, 27 abr. 2011, Rad. 34547.

20 CSJ AP, 16 mar. 2016, Rad. 45987.

21 CSJ SP, 13 mar. 2013, Rad. 37858.

22 Folio 3, c. de la parte civil.

23 Folio 4, c. de la parte civil.

24 Folios 30 y ss., c. de la parte civil.

25 Folio 123, c. o. 2.

26 Folio 124, c. o. 2.

27 Folio 125, c. o. 2.

28 Folio 78, c. del tribunal.

29 Ibídem.

30 Entre muchas otras, CSJ SP, 16 nov. 2016, Rad. 47616.

31 E.g., CSJ SP, 7 oct. 2015, Rad. 46084.

32 SentenciaT-589 de 2005.

33 Folio 46, c. del tribunal.