Sentencia SP16951-2017/44005 de octubre 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad: 44005

Acta 352

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Nota: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «4. La demanda de casación admitida.

En el único cargo por el que fue admitida la demanda, el censor plantea que el tribunal incurrió en la “violación indirecta de la ley por error de hecho, a través de un falso raciocinio”, porque al valorar las pruebas desconoció “las reglas de la experiencia”.

Luego de trascribir las declaraciones de G.A.P. y las consideraciones del juzgador de segunda instancia sobre el particular, concluye que “efectivamente el Magistrado Ponente incurre, sin ninguna duda en una violación indirecta de la ley por error de hecho a través de un falso raciocinio, dentro de las que consideró motivaciones para revocar la decisión apelada, dando al traste con la decisión del Juez Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta”.

Añade que en los 71 folios del fallo impugnado, “solo observamos una serie de transcripciones, tanto de la sentencia apelada como de los artículos del Código Penal y de una cantidad de sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero no observamos, en nuestro criterio, las motivaciones fácticas, ni tampoco jurídicas mediante las cuales logra revocar la decisión (…)”.

En la misma línea de pensamiento, agrega que “en las transcripciones traídas al memorial proferido el 18/12/2013 (el fallo del tribunal), no se logra observar el análisis concreto de las pruebas que supuestamente no observó el juez de causa (sic), tampoco aquellos aspectos fácticos tenidos en cuenta por el superior, mediante los cuales sincronizados con los aspectos jurídicos se lograra tomar esa decisión de revocar el fallo absolutorio, condenando con esta decisión a N.C.C. a la pena de 11 años de cárcel más 3.500 SMLMV (sic)”.

Basado en lo anterior, solicita a la Corte casar el fallo impugnado y emitir uno de reemplazo, de carácter absolutorio a favor de su representado.

5. Concepto del Ministerio Público.

La representante de la procuraduría considera que la condena por el delito de concierto para delinquir agravado está debidamente sustentada. Al efecto, resalta que G.A.P., en razón de su militancia en la agrupación ilegal, tuvo la posibilidad de conocer a los integrantes de la misma, por lo que es creíble lo que manifestó en reiteradas ocasiones en el sentido de que N.C.C. y Y.E.M.H. hacían parte de esa organización.

En su opinión, la realidad procesal es sustancialmente diferente en lo que atañe al delito de tentativa de homicidio, bien porque A.P. no pudo presenciar el atentado, por lo que solo puede dar fe de lo que le comentó M.H., ora porque su relato no concuerda con lo que manifestó la víctima en torno al color de la motocicleta utilizada por los sicarios, puesto que esta dijo que era verde o aguamarina y el testigo de cargo manifestó que era roja. Además, S.C. describió al conductor de ese vehículo como de contextura gruesa, y durante la indagatoria se hizo constar que C.C. es delgado.

Incluso si se aceptara lo que dijo A. en el sentido de que cuando le entregó el arma a alias “El Duende” este se encontraba acompañado de N., ello no demuestra que éste haya participado en el homicidio ocurrido más tarde, máxime si se tiene en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior.

Por tanto, el fallo impugnado debe ser casado parcialmente, en el sentido de que la condena impuesta a N.C.C. se mantenga solo por el delito previsto en el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal —concluyó—.

6. Consideraciones de la Sala.

Encuentra la Sala que los fundamentos del fallo impugnado son sustancialmente diferentes frente a cada uno de los delitos por los que se emitió la condena en contra de N.C.C. Ante esa realidad procesal, seguirá el siguiente derrotero: (i) explicará por qué se debe desestimar la demanda en lo que concierne al delito de concierto para delinquir agravado, y (ii) estudiará los errores en que incurrió el tribunal al valorar las pruebas atinentes al delito de tentativa de homicidio.

6.1. El delito de concierto para delinquir agravado.

Como bien lo advierte la delegada del Ministerio Público, la condena emitida en contra de C.C. por el delito de concierto para delinquir está fundamentada en la declaración de G.A.P., quien, gracias a su militancia en la organización delincuencial, tuvo conocimiento “directo y personal” de su funcionamiento y de la identidad de varios de sus integrantes.

En ese contexto, señaló a M.H. y a C.C. como miembros del grupo dedicado a diversas actividades ilícitas. En lo que concierne al primero, su versión fue íntegramente corroborada en la medida en que dicho procesado confesó su pertenencia al grupo ilegal y la participación que tuvo en el ataque de que fue víctima S.C.

Aunque es cierto que G.A. cambió su versión en el juicio oral, también lo es que el tribunal explicó por qué son creíbles las versiones incriminatorias. Al efecto, resaltó la pluralidad y concordancia de los relatos atinentes a la vinculación de C.C. a la agrupación ilegal y la inverosimilitud de la explicación consistente en que fue objeto de amenazas y torturas por parte de los investigadores, a las que no hizo alusión cuando declaró ante el fiscal encargado del caso y de las que no existe ninguna evidencia. A ello debe agregarse que para sostener la versión favorable a este procesado, dejó entrever que uno de los fiscales que tuvo a cargo la investigación también lo presionó para que perpetuara la versión falaz, lo que tampoco es de recibo, entre otras cosas porque no se avizora ninguna razón para que el delegado del ente acusador hubiera actuado al margen de la ley.

Tampoco puede pasar desapercibido que el testigo de cargo expresó su preocupación por haber sido recluido en la misma cárcel donde estaban algunas de las personas que resultaron afectadas con sus declaraciones, lo que puede explicar su intención de restarle mérito a las versiones incriminatorias, máxime si se tiene en cuenta el poder atribuido a la referida organización criminal y la gravedad de los delitos que al parecer cometieron sus integrantes.

Finalmente, advierte la sala que la versión de G.A.P. sobre la participación de N.C.C. en la tentativa de homicidio no parece ser producto del plan urdido por miembros de la SIJIN para perjudicarlo, como lo planteó dicho testigo para justificar su cambio de versión.

De haber sido cierto que los investigadores diseñaron un cuidadoso plan para perjudicar a C.C., y que para tales fines aleccionaron a A.P., era de esperarse que este hubiera entregado información más contundente sobre la participación de aquel en el ataque sufrido por J.E.S. Sin embargo, según se precisará en el siguiente acápite, se limitó a decir que lo vio en el taxi en el que se marchó “El Duende” luego de recibir la pistola, y relató lo que este supuestamente le contó sobre esos hechos.

En síntesis, la sala encuentra que: (i) la condena por el delito de concierto para delinquir tiene como fundamento probatorio principal el testimonio de G.A.P.; (ii) este explicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales se enteró —“directa y personalmente”— de la pertenencia de C.C. y de M.H. a esa organización; (iii) este procesado (Y.E.) corroboró en varios aspectos la versión del testigo de cargo sobre la existencia, conformación y modo de operación de la agrupación ilegal; (iv) el tribunal explicó ampliamente por qué es creíble la primera —y reiterada— versión de A.P.; (v) frente a este delito en particular, el impugnante no explicó la existencia de errores en la valoración de la prueba, y mucho menos de aquellos susceptibles de ser corregidos en el ámbito del recurso extraordinario de casación; y (vi) la sala no avizora yerros de esa naturaleza, que ameriten su intervención de oficio frente a este punible en particular, por lo que se acogerá la solicitud presentada por la delegada del Ministerio Público de no casar el fallo impugnado en lo que concierte al delito previsto en el artículo 340 del Código Penal.

6.2. El delito de tentativa de homicidio.

Para explicar los yerros en que incurrió el tribunal al valorar las pruebas frente a esta conducta punible, así como la trascendencia de los mismos, la sala relacionará las reglas probatorias aplicables al caso y, luego, estudiará los argumentos expuestos para revocar el fallo absolutorio (en lo que concierne a N.C.C.).

6.2.1. Reglas probatorias aplicables al caso.

6.2.1.1. La necesidad de diferenciar las declaraciones o versiones rendidas por fuera de la actuación penal, de los medios de prueba utilizados para demostrar su existencia y contenido.

En el ámbito de la Ley 600 de 2000, de tiempo atrás la sala precisó que los denominados “testigos de oídas” no pueden dar fe de los hechos que integran el tema de prueba, sino de las versiones que otras personas hayan entregado frente a los mismos. En tal sentido, en la decisión CSJ-SP, 21 mayo 2009, rad. 22825, reiteró:

El testigo de oídas, lo único que puede acreditar es la existencia de un relato que otra persona le hace sobre unos hechos, pero no, como sucedería con un testigo presencial, la verificación de los acontecimientos objeto de investigación; por eso del declarante de viso se espera una exposición más o menos fiel de las circunstancias que rodearon el hecho y los motivos por los cuales resultó conocedor directo del asunto objeto de investigación, en tanto de aquel no basta con acreditar las circunstancias que permitan dar credibilidad al dato por él conocido sino que hay que indagar hasta donde es verídico lo por él escuchado.

Generalmente, este concreto elemento de convicción no responde al ideal de que en el proceso se pueda contar con pruebas caracterizadas por su originalidad, que son las inmediatas, y ello conduce a que cuando se cuenta con una o varias de ellas [pruebas directas], se haga improbable derrumbarlas con simples datos de oídas, esto es, con pruebas de segundo grado o mediatas.

No implica lo anterior que dicho mecanismo de verificación [el testigo de referencia] deba ser rechazado; lo que ocurre es que frente a las especiales características en precedencia señaladas, es necesario estudiar cada caso en particular, analizando de manera razonable su credibilidad de acuerdo con las circunstancias personales y sociales del deponente, así como las de la fuente de su conocimiento, si ha de tenerse en cuenta que el testigo de oídas no fue el que presenció el desarrollo de los sucesos y que por ende no existe un real acercamiento al hecho que se pretende verificar.(1)

En un sistema regido por el principio de permanencia de la prueba, como es el caso de la Ley 600, es posible que la fiscalía (o la defensa) pretendan utilizar versiones o declaraciones rendidas por fuera de la actuación penal, con el propósito de sustentar sus respectivas hipótesis factuales. En esos eventos, es imprescindible demostrar la existencia y el contenido de esa declaración, lo que bien puede hacerse a través de testimonios, documentos, etcétera (principio de libertad probatoria).

Lo anterior sin perjuicio de que un testigo pueda dar fe de la existencia y contenido de la declaración rendida por otra persona frente a unos hechos en particular y, además, tenga conocimiento “personal y directo” de uno o varios hechos integrantes del tema de prueba. Por ejemplo, quien le escucha a una persona moribunda decir que las lesiones se las produjo X, puede dar fe de la existencia y contenido de esa declaración o manifestación y, además, puede declarar sobre las condiciones en las que encontró al lesionado.

La Sala ha estudiado a profundidad esta situación en el contexto de la Ley 906 de 2004 (CSJ-AP, 30 sep. 2015, rad. 46153, entre muchas otras). A pesar de las obvias diferencias de estos dos sistemas procesales, especialmente las asociadas al principio de permanencia de la prueba, existen similitudes en cuanto a las cargas que deben asumirse cuando se pretende utilizar una declaración rendida por fuera de la actuación penal (Ley 600) o anterior al juicio oral (Ley 906), pues en ambos casos debe demostrarse que la declaración realmente existió y que su contenido es el que propone la parte que la pretende utilizar como soporte de su hipótesis factual.

En esos eventos, necesariamente deben afrontarse dos problemas probatorios perfectamente diferenciables: (i) la demostración de la existencia y contenido de la declaración rendida por fuera de la actuación penal, y (ii) la demostración de los hechos que pretenden ser acreditados con esa declaración. Ambos aspectos pueden ser objeto de debate, porque es posible que se cuestione la credibilidad de quien asegura haber escuchado la versión dada por quien presenció los hechos, como cuando se alega que no pudo percibir bien el relato, lo descontextualizó, tiene interés en mentir, etcétera, o se cuestione la versión del supuesto “testigo presencial”, bien por la imposibilidad o dificultad para percibir, ora por su mendacidad o cualquier otra razón que mengue su verosimilitud.

Así, puede suceder que el “testigo de oídas” sea confiable, bien por su capacidad para percibir y rememorar (la versión de otro), porque no existan razones para cuestionarlo moralmente (en el ámbito de la mendacidad), entre los demás aspectos que deben considerarse para hacer un juicio de esta naturaleza, pero la versión rendida por la otra persona (el “testigo directo”) no sea confiable, por alguna de las razones expuestas en los párrafos precedentes, sin perjuicio de los demás aspectos que deben tenerse en cuenta para la valoración de la prueba testimonial.

Por tanto, en estos casos el juzgador debe establecer, entre otras cosas: (i) la identidad del testigo que, por fuera de la actuación penal, suministra la información atinente a los hechos que integran el tema de prueba; (ii) los medios utilizados para demostrar la existencia y contenido de esa declaración; (iii) la credibilidad del testigo y del relato sobre los hechos que integran el tema de prueba; y (iv) la credibilidad de la persona que asegura haber escuchado dicho relato —testigo de oídas—.

6.2.1.2. La retractación o cambio de versión de los testigos.

Tanto los juzgadores como los sujetos procesales se refirieron ampliamente a la jurisprudencia de esta corporación sobre la retractación o cambio de versión de los testigos. De todo ello cabe resaltar: (i) ese fenómeno, de frecuente ocurrencia, puede suceder por múltiples razones, que abarcan desde las presiones, amenazas o sobornos para lograr que el testigo se retracte o cambie un relato verdadero, hasta la decisión del declarante de no perpetuar una mentira; y (ii) el juzgador debe abordar con sumo cuidado estas situaciones, bien para evitar que quienes amenacen, presionen o sobornen a los testigos logren su propósito, ora para impedir que la sentencia se fundamente en un testimonio falso, con los costos que ello puede acarrear para la recta y eficaz administración de justicia, así como para los derechos del procesado y de las víctimas.

Recientemente esta corporación compendió algunos parámetros para analizar la retractación o cambio de versión de los testigos. Dijo:

El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto, obliga a analizar el asunto con especial cuidado, bajo el entendido de que: (i) no puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal; (ii) el juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión; es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad; (iii) ante la concurrencia de versiones antagónicas, el juez tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder suasorio a todas; (iv) ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión, pues sólo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos; (v) la parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que éste pueda decidir si alguna de las versiones entregadas por el testigo merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo; (vi) la prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones; entre otros aspectos (CSJ-SP, 25 ene. 2017, rad. 44950).

En armonía con lo expuesto en el numeral 6.2.1.1, es necesario establecer si el testigo que se retracta o cambia su versión: (i) fue quien presenció los hechos que tienen relevancia penal, o (ii) escuchó a otra persona declarar sobre los mismos. En todo caso, debe considerarse que la demostración de la existencia y contenido de la declaración sobre un determinado aspecto fáctico no implica necesariamente que el mismo deba darse por probado, porque, a manera de ejemplo, es posible que el “testigo de oídas” merezca plena credibilidad, pero se establezca que quien le hizo el relato tenía problemas de percepción, no podía rememorar adecuadamente, actuó con la intención de tergiversar la verdad, etcétera.

6.2.2. Los errores en que incurrió el Tribunal.

La responsabilidad penal de C.C. en el delito de tentativa de homicidio se analizó a la luz de los siguientes medios de prueba:

G.A.P. aseguró que N.C. perteneció a la agrupación ilegal constituida con los fines relacionados en los párrafos precedentes. Agregó que el 16 de julio de 2007, cuando se aprestaba a entregarle la pistola a alias “El Duende”, vio a N. en el taxi utilizado por este para ir a recoger dicho artefacto. Señaló además que posteriormente M.H. (“El Duende”) le contó que fue él quien le disparó en varias ocasiones a S.C., que la motocicleta utilizada para el ataque era conducida por C.C. y que la víctima no murió a causa de los disparos e incluso alcanzó a defenderse con un arma de fuego.

Sin mayor esfuerzo se advierte que A.P., de un lado, hizo alusión a hechos que pudo percibir directamente (la militancia de C.C. en el grupo y su presencia en el taxi utilizado para recoger el arma), y de otro, a los que no presenció pero le fueron relatos o “contados” por Y.E.M.H. (que N. conducía la motocicleta utilizada para el ataque, la reacción de la víctima, etcétera).

Por su parte, Y.E.M.H. en el juicio oral confesó su participación en el atentado de que fue víctima S.C. Aseguró que para tales efectos utilizaron una motocicleta verde (o aguamarina), que era conducida por un sujeto conocido con el alias de “Barbas”, de quien no suministró más datos. Hizo hincapié en que C.C. no participó en ese delito.

De otro lado, J.E.S.C. relató detalladamente el ataque que sufrió. Describió al sujeto que le disparó (“El Duende”) y dijo que no pudo ver el rostro del conductor de la motocicleta, aunque se percató de que era de contextura gruesa.

También se le ha otorgado relevancia a la descripción física realizada durante la indagatoria de C.C., principalmente en lo que atañe a su contextura delegada.

Finalmente, N.C.C. negó su pertenencia al grupo delincuencial, así como su participación en la tentativa de homicidio. Aseguró que todo es producto de un montaje realizado por miembros de la SIJIN, en los términos referidos en el numeral 6.1.

Ante este panorama, es evidente que el tribunal incurrió en los siguientes errores:

Al analizar la problemática de la retractación de los testigos, solo le prestó atención al cambio de versión de A.P. Según se indicó en precedencia, esa modificación se presentó frente a lo que percibió directamente (la pertenencia al grupo y la presencia en el taxi) y lo que conoció por cuenta del relato de M.H. (que C. tuvo a cargo la conducción de la motocicleta durante el atentado).

Si se aceptara, como lo hace el tribunal, que debe dársele plena credibilidad a lo expuesto por A.P. en sus primeras versiones, solo se podría dar por probado lo siguiente: (i) C. pertenecía a la agrupación, (ii) estaba en el taxi utilizado por alias “El Duende” para recoger la pistola, y (iii) este (M.H.) manifestó que N. fue el encargado de conducir la motocicleta (roja), empleada para perpetrar el ataque ya mencionado.

Bajo esas condiciones, el tribunal tenía la obligación de evaluar las dos versiones suministradas por Y.E.M.H. La primera, suministrada a A.P., según la cual C.C. participó en el intento de homicidio. La segunda, rendida en el juicio oral, donde aseguró que este procesado no tiene relación con ese atentado, pues la conducción de la motocicleta estuvo a cargo de alias “Barbas”. Todo esto orientado a establecer si alguna de ellas merece credibilidad o si ambas deben ser descartadas, según los parámetros referidos en el numeral 6.2.1.2.

Además, el tribunal no tuvo en cuenta que M.H. aseguró en el juicio oral que la motocicleta utilizada para el ataque era de color verde (o aguamarina), lo que fue corroborado expresamente por la víctima. Tampoco consideró que G.A.P. dijo haber escuchado que dicho vehículo era de color rojo.

En el mismo sentido, no valoró lo que dijo S.C. sobre la contextura del conductor de la moto (“gruesa”), ni la constancia que se dejó durante la indagatoria de C.C. frente al mismo aspecto (“contextura delgada”).

Al margen de sus imprecisiones en la concreción del cargo, el impugnante tiene razón en cuanto afirma que el fallador de segundo grado omitió valorar los aspectos atrás relacionados, que, valga anotarlo, fueron expresamente considerados por el Juzgado para sustentar el fallo absolutorio proferido a favor de N.C.C.

De esta forma, el fallador de segundo grado incurrió en varios errores de hecho, en la modalidad de falso juicio de identidad, porque: (i) cercenó la declaración de la víctima en lo concerniente al color de la motocicleta y la complexión física del conductor de la misma; (ii) no tuvo en cuenta lo expuesto por M.H. sobre el primero de esos aspectos, ni lo anotado en la indagatoria de C.C. sobre sus características físicas; (iii) no valoró que A.P. dijo haber escuchado que para el atentado se utilizó un vehículo rojo; (iv) omitió considerar que durante el juicio oral alias “El Duende” entregó una versión sustancialmente diferente a la que dice haber escuchado el testigo de cargo.

La trascendencia de estos errores no admite discusión, por lo siguiente:

Los datos suministrados por G.A.P., a partir de su percepción directa, bajo ninguna circunstancia son suficientes para demostrar con “certeza racional” que N.C.C. participó en la tentativa de homicidio de que fue víctima S.C. Tiene razón la delegada del Ministerio Público cuando plantea que de su presencia en el taxi utilizado por alias “El Duende” no se infiere, en el nivel de conocimiento indicado, que era él quien conducía la motocicleta empleada para el ataque, máxime si se tiene en cuenta que la descripción física plasmada en la indagatoria no coincide con los datos suministrados por la víctima.

Si a lo anterior se le suma su militancia en la agrupación delincuencial, el panorama no cambia sustancialmente, porque pudo establecerse que a la misma pertenecían muchas personas, entre ellas un sujeto conocido con el alias de “Barbas”, a quien el autor material del homicidio le atribuye la conducción del referido vehículo.

En principio podría afirmarse que esta información puede complementarse con la versión que M.H. supuestamente le entregó a A.P. mientras consumían marihuana, según la cual C.C. era quien conducía la motocicleta. Sin embargo, existen serias dudas sobre la existencia y el contenido de esa versión, por razones como las siguientes:

No se demostró fehacientemente la existencia de la versión atribuida a M.H., porque: (i) durante el juicio oral este procesado negó rotundamente esa versión, (ii) A.P. se retractó sobre este aspecto, y (iii) ese relato no coincide en algunos apartes con lo expuesto por la víctima, especialmente en lo que concierne a las características de la motocicleta y la complexión física de quien la conducía.

Si se diera por cierto que la versión existió, subsistirían dudas sobre su contenido, toda vez que: (i) la persona que supuestamente hizo el relato (“El Duende”) compareció al juicio oral y aseguró que la motocicleta era conducida por alias “Barba” y no por C.C., (ii) los interlocutores estaban drogados, lo que hipotéticamente pudo incidir en la percepción, y (iii) algunos aspectos de esa narración no coinciden con lo que realmente ocurrió, según se acaba de indicar.

Incluso si se aceptara, en gracia a discusión, que la declaración anterior existió y que su contenido es el referido por A.P., no se tendrían suficientes elementos de juicio para establecer si la misma merece mayor credibilidad que lo expresado por M.H. en el juicio oral, entre otras cosas por las falencias investigativas referidas por la delegada del Ministerio Público, entre las que se destaca la ausencia de esfuerzos para identificar a alias “Barbas” y establecer o descartar su posible participación en el atentado de que fue objeto S.C. Lo anterior sin perjuicio de las inconsistencias del relato realizado por fuera de la actuación penal, principalmente las concernientes al color de la motocicleta y las características físicas de quien la conducía para cuando ocurrieron los hechos.

Por lo expuesto, la sala casará parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de absolver a N.C.C., solo en lo concerniente a la tentativa de homicidio. Se realizará el respectivo ajuste en la tasación de la pena, para lo que se seguirá, en cuanto sea posible, el criterio del fallador de segunda instancia.

El Tribunal, luego de establecer los límites punitivos previstos en el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal, concluyó:

Toda vez que no obran circunstancias ni de agravación, ni de atenuación punitiva para el delito de concierto para delinquir agravado, se debe ubicar la sala en el primer cuarto mínimo que oscila entre noventa y seis (96) meses a ciento veinte seis (126) meses y multa de dos mil setecientos (2.700) salarios mínimos legales mensuales vigentes a nueve mil quinientos veinticinco (9.525) salarios mínimos mensuales vigentes. En consecuencia, se impondrán cien (100) meses de prisión y multa de tres mil quinientos (3.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).

(…).

En el caso sub examine los procesados como se manifestó, son personas plenamente capaces que llevaron a cabo actuaciones contrarias a la expectativa de la norma puesto que produjo pánico, temor e inseguridad en la ya sociedad ya que se asociaron como una organización armada al margen de la ley con el fin de seguir delinquiendo inclusive con posterioridad a una desmovilización y un proceso de justicia, paz y reparación para con la sociedad colombiana, por lo que concluye la colegiatura que hubo alevosía para con el Estado y la sociedad colombiana porque nunca hubo ánimo de abandonar las actividades delincuenciales de manera que se conocía y se quería cometer varios delitos, por lo que su comportamiento y voluntad configuran el tipo de injusto con altísimo grado de reproche debido a que la realización de su conducta se hizo en parte traicionando el proceso de paz, justicia y reparación llevado a cabo por el gobierno, en el cual muchos de los procesados se comprometieron a no seguir delinquiendo y sin embargo, siguieron dedicados a actividades ilegales.

Como los anteriores planteamientos son razonables, la sala sostendrá el criterio del tribunal y, por tanto, declarará que la condena impuesta a N.C.C. procede solo por el delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal, por el que se impondrán las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de cien (100) meses y multa equivalente a tres mil quinientos (3.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, se mantiene lo resuelto por el tribunal, en la medida en que las mismas no son procedentes porque la pena impuesta es superior a ocho años de prisión, por lo que no se cumple el requisito objetivo previsto en el artículo 38 del Código Penal.

En los demás aspectos, el fallo impugnado se mantendrá incólume.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Casar parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de absolver a N.C.C. por el delito de homicidio, por lo que la condena, en lo que a él respecta, procede únicamente por el punible de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal. En consecuencia, se le imponen las penas de prisión por el término de cien (100) meses, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y multa equivalente a tres mil quinientos salarios mínimos legales mensuales (3.500), según lo establecido por el tribunal para este delito en particular. En los demás aspectos, el fallo impugnado se mantiene incólume.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

1 Cfr. Auto de 21 de abril de 1998, rad. 10923; sentencias de 29 de abril y 29 de julio de 1999, rads. 12966 y 10615, respectivamente; 2 de octubre de 2001, rad. 15286; 11 de abril y 7 de noviembre de 2002, rads. 11356 y 16330, respectivamente.