Sentencia SP17246-2016/45.466 de noviembre 23 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 45.466

Acta 376

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: III. Consideraciones de la Corte

3.1. A voces del artículo 83 inciso 4º del CP, en las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en 5 años.

Por su parte, el artículo 86 ídem, modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004, establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación. Interrumpido el término prescriptivo, prosigue la norma, aquél comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10.

No obstante, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 (en adelante CPP), a partir de la interrupción de la prescripción con la formulación de la imputación, el término comenzará a transcurrir nuevamente —desde ese momento— por un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del CP, sin que en ningún evento pueda ser inferior a 3 años(3).

3.2. Como reiteradamente lo ha venido pregonando la Sala, para efectos de la contabilización del término de prescripción de la acción penal, la calificación jurídica que ha de tenerse en cuenta es la consignada en la sentencia (cfr., entre otras, CSJ SP 23.05.2012, rad. 35.256; AP 13.04.2011, rad. 35.964 y SP 13.05.2009, rad. 31.424).

En el asunto bajo examen, si bien la Fiscalía, tanto en la imputación como en la acusación, le atribuyó a JMRS la comisión del delito de uso de documento público falso (C.P., art. 291), el juzgado de primera instancia, finalizado el debate probatorio, determinó que a aquél le asiste responsabilidad penal por la conducta punible de falsedad personal (art. 296, ídem), determinación que fue confirmada por el tribunal.

Bajo tales premisas, fuerza concluir que el ad quem no podía ratificar la condena por el delito de falsedad personal, por cuanto, como se verá, para la fecha en que se dictó la sentencia de segunda instancia, la acción penal ya estaba prescrita.

Efectivamente, teniendo en consideración que la pena para el delito de falsedad personal es de multa (C.P., art. 296), el término prescriptivo de la acción penal, después de la interrupción con la imputación y antes de la emisión de la sentencia de segunda instancia (CPP, arts. 292 y 189), es de 3 años.

Y habiéndose formulado la imputación en contra de JMRS el 18 de junio de 2011(4), ante el Juzgado 6 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, es claro que para el 30 de julio de 2014, fecha en que se profirió el fallo de segundo grado, ya habían transcurrido más de tres años.

Así, entonces, teniendo en cuenta que la prescripción extingue la acción penal (CP, arts. 82 y CPP, 77) y ello entraña la imposibilidad de continuar con el proceso por pérdida de la potestad sancionadora del Estado, la Corte deberá casar oficiosamente la sentencia y decretar la preclusión, conforme a lo previsto en el art. 332-1 del CPP (cfr. CSJ SP 21.08.2013, rad. 40.587).

3.3 Ahora, en vista de la supresión de la condena por el delito de falsedad personal, ha de readecuarse la dosificación de la sanción penal impuesta en contra de JMRS.

El tribunal, respetando los criterios de individualización aplicados por el a quo, impuso las penas mínimas por el delito de rebelión, esto es 96 meses de prisión —e idéntico lapso de inhabilitación de derechos y funciones públicas— y 133 salarios mínimos legales mensuales de multa. A esta última sanción, le aumentó un salario mínimo legal por el concurso con el delito de falsedad personal, para una pena definitiva de 134 salarios mínimos de multa.

En ese orden de ideas, la declaratoria de prescripción de la acción penal por el referido delito contra la fe pública únicamente afecta la sanción pecuniaria, por lo que la pena de multa a imponer debe ser de 133 salarios mínimos legales mensuales.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcial y oficiosamente la sentencia impugnada, para declarar la prescripción de la acción penal, en relación con el delito de falsedad personal, por el que se dictó sentencia condenatoria en contra de JMRS.

2. Decretar la preclusión de la actuación en favor de JMRS, respecto de la mencionada conducta punible.

3. En consecuencia, señalar que la pena principal de multa, impuesta en contra del prenombrado como responsable del delito de rebelión, es de 133 salarios mínimos legales mensuales.

Las demás determinaciones del fallo permanecen inmodificables.

Notifíquese y cúmplase».

3 Sobre el particular, cfr., entre otras, CSJ AP 04.09.2013, rad. 36.078.

4 Cfr. fls. 4-5, carpeta del juicio oral 3.