Sentencia SP17468-2016 de noviembre 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

SP17468-2016

Rad.: 48.193

(Aprobado acta N°. 387)

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Vencido en silencio el término para invocar la insistencia, la Corte se centrará, exclusivamente, en el tema enunciado en Auto AP3631-2016, esto es, en verificar si se vulneró el principio de legalidad de la pena, en relación con la imposición de la pena accesoria de prohibición de comunicarse con la víctima y/o integrantes de su grupo familiar, de que tratan los artículos 42.11 y 51, inciso 8º, del Código Penal, respecto del delito de homicidio en grado de tentativa.

2. Para el efecto, se debe partir por recordar que, aparte de las penas principales, en esencia de naturaleza restrictiva de la libertad y pecuniaria (prisión y multa)(17), el legislador ha previsto otras de carácter accesorio con el propósito de limitar algunos derechos del procesado declarado penalmente responsable.

Entre ellas, la más común es la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas (arts. 43 inc. 1º, 44, 51 inc. 1º y 52 inc. 3º del mismo estatuto punitivo), la cual por disposición legal debe ser impuesta en todos los casos como accesoria de la de prisión —salvo que esté prevista como principal—, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51.

Las demás, en cambio, están sometidas para su imposición a que «tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena» (inc. 1º del art. 52 ejusdem).

En ese sentido, de tiempo atrás, la Corte se ha ocupado de resaltar que aunque el juez tiene la facultad de escoger, de manera discrecional, entre las penas accesorias consagradas en la ley la que se adecua al caso concreto, también ha sido cauteloso al señalar que (CSJ SP, 2 mayo 2001, rad. 13.683):

(...) ello no significa que la decisión respecto de éstas tenga la característica de fundarse en la arbitrariedad o capricho, puesto que se hallan legalmente ceñidas a unos parámetros concretos en cuanto a su aplicación y duración, como son los de gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación y agravación, y la personalidad del agente, según se establece del artículo 61 ejusdem, factores todos ellos que involucran para el juzgador la necesidad de realizar un cuidadoso análisis con miras a evaluar tanto la procedencia de la respectiva imposición como su posible prolongación en el tiempo, siendo su deber, además, considerar las diferentes funciones que dentro del ordenamiento penal justifican su imposición conforme a la regulación normativa, al respecto contenida en el artículo 12 del estatuto punitivo.

En similar sentido, la Sala ha dicho que, «esta clase de sanciones accesorias que el legislador dejó a la discrecionalidad del juzgador no pueden imponerse de manera mecánica, pues deben corresponder a una debida fundamentación que involucre su nexo causal con el delito por el cual se imparte condena al sujeto, de manera tal que se demuestre que debido a la conducta realizada, aquél está incapacitado o inhabilitado para ejercer sus derechos (...)» (CSJ SP, 15 dic. 1999, rad. 11.981).

Tal obligación se desprende del principio de motivación de las decisiones judiciales consagrado en el artículo 59 del Código Penal, el cual impone el deber de fundamentar explícitamente la pena, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo.

3. Ahora bien, particularmente, frente a la sanción accesoria de prohibición de comunicarse con la víctima y/o integrantes de su grupo familiar se tiene que ella —como la de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar— fue incorporada por el legislador al ordenamiento penal colombiano a través del artículo 24 de la Ley 1257 de 2008, «por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres»(18).

Repárese que, dicha ley gravitó sobre cuatro ejes temáticos: «(i) la garantía para las mujeres de una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; (ii) el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional; (iii) el acceso a los procedimientos para su protección y (iv) la adopción de políticas públicas para su realización».(19)

Es así que, además de ampliar el ámbito de cobertura de la ley de violencia intrafamiliar (L. 294/96), se optó por fortalecer tanto los mecanismos de protección a la mujer y demás miembros del grupo familiar —incluyendo las personas que cohabiten o estén integrados a la unidad doméstica—, y también se crearon y modificaron algunas normas llamadas a sancionar dicho fenómeno social.

Entre ellas, se adicionaron dos sanciones accesorias al artículo 43 de la Ley 599 de 2000 —relativo a las penas privativas de otros derechos—, exclusivamente referidas a casos de violencia intrafamiliar, concretamente, las de prohibición de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar (num. 10) y de prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su núcleo familiar (num. 11) y se precisó en el parágrafo respectivo que para la aplicación de dichas penas el grupo familiar debe entenderse integrado por i) los cónyuges o compañeros permanentes, ii) el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, iii) los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y, iv) todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica.

Así mismo, se añadió un inciso al artículo 51 ejusdem en el que se expresó:

La prohibición de acercarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la de comunicarse con ellos, en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, estará vigente durante el tiempo de la pena principal y hasta doce (12) meses más. (Subrayas no originales).

De lo anterior, se sigue que dichas sanciones accesorias no pueden ser impuestas frente a todas y cada una de las conductas punibles consagradas en el estatuto penal sustantivo, sino, exclusivamente, respecto de los comportamientos delictivos relacionados con violencia intrafamiliar.

4. En el caso de la especie, se sabe que, el a quo, a petición de la representante de la Fiscalía —quien en la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 solicitó condenar al acusado a las penas de «privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego y a la prohibición de comunicación con la víctima o con los integrantes del grupo familiar de la víctima»(20)— le impuso a R. M., además de las sanciones de 104 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, la de «prohibición de tener comunicación con la víctima y sus familiares»(21), aunque sin señalar los motivos que la justifican ni mucho menos por qué tiempo.

En segunda instancia, el tribunal se limitó a reconocer a favor del enjuiciado la circunstancia de atenuación punitiva descrita en el canon 57 ibidem (ira) y a redosificar, consecuentemente, la pena de prisión, pero nada expresó frente a la sanción accesoria de prohibición de comunicarse con la víctima y/o su grupo familiar.

Como quedó registrado en los antecedentes de esta providencia, se tiene que D. F. R. M. fue investigado, juzgado y condenado por el delito de homicidio en grado de tentativa porque se lo encontró responsable de haber apuñalado en el cráneo a F. R. C., cuando este último pretendió intervenir en defensa de un menor que estaba siendo agredido por R. M., después de salir de una reunión social.

Es de aclarar que F. R. C. no tiene ninguna relación de consanguinidad o afinidad con el inculpado, es decir, no integra su grupo familiar y tampoco está integrado a su unidad doméstica. Se trata de un transeúnte que observó cuando el acusado arremetía contra un joven.

En ese orden de ideas, es claro que además que los hechos objeto de acusación y la conducta punible por la que fue sentenciado el enjuiciado no tienen ninguna relación con algún acto de violencia intrafamiliar por el que fuera posible deducir, como lo hizo erróneamente el juzgador, la prohibición de comunicarse con la víctima y/o su grupo familiar, tampoco se cumplió con el deber de motivación que hubiera permitido conocer las razones para su imposición.

Por consiguiente, en orden a restablecer las garantías fundamentales conculcadas al procesado, la Sala casará parcialmente de oficio la sentencia impugnada, en el sentido de excluir la pena accesoria de prohibición de comunicarse con la víctima y/o su grupo familiar ilegalmente impuesta por los juzgadores a D. F. R. M.

En todo lo demás, el fallo impugnado permanecerá incólume.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia proferida el 17 de marzo de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de excluir la pena accesoria de prohibición de comunicarse con la víctima y/o su grupo familiar impuesta ilegalmente a D. F. R. M. En lo demás, se mantiene incólume.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández, Presidente—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

17 En veces, la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de carácter principal, sobre todo en tratándose de delitos en el que el sujeto activo es calificado.

18 Diario Oficial Nº 47.193 de 4 de diciembre de 2008.

19 Cfr. Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 101 de 2006 Senado. Proyecto de Ley 171/2006. Gaceta del Congreso Nº 630 del 7 de diciembre de 2007.

20 Cfr. minutos 24:40-24:57 del cd de la audiencia del juicio oral del 30 de mayo de 2014.

21 Cfr. folios 164 y 167 de la carpeta.