Sentencia SP17720-2016/41622 de diciembre 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP17720-2016

Rad. 41622

Aprobado Acta Nº 393

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «El recurso.

i. Demanda de casación

En primer lugar, identifica los sujetos procesales, resume los fundamentos de la sentencia —en primera y en segunda instancia—, los hechos juzgados y la actuación surtida. Luego, se formulan los siguientes cargos:

Cargo Nº 1 (principal): Nulidad

Se acusa la sentencia de haber violado el principio de investigación integral, vicio éste que afectaría la estructura del proceso por la “indebida omisión probatoria” y, al tiempo, la garantía fundamental de la defensa, por lo que debe generar la nulidad de la actuación a partir de la clausura de la etapa de instrucción. Como pruebas y actividades investigativas omitidas señala las siguientes:

— La historia clínica de JJPV, con la cual, asegura, se habría establecido la idoneidad de las lesiones infligidas por su defendido, las que inicialmente solo determinaron una incapacidad de 45 días, para causar la muerte de aquél. Así mismo, permitiría verificar si la negativa de varios centros médicos a prestar atención inmediata al herido y/o las eventuales fallas en el tratamiento que a éste se le brindó después, incidieron en la producción del resultado mortal. En últimas, el documento omitido tendría la capacidad de elucidar la causa real de la muerte y la probable concurrencia de responsabilidades en la misma, más aún si se tiene en cuenta el “dictamen médico legal de lesiones no fatales” practicado el 10 de febrero de 2006, cuyo contenido trascribe.

Recuerda que el defensor de entonces solicitó se oficiara a varios centros médicos para que allegaran la historia clínica de JJPV y que, una vez obtenida ésta, se practicara una pericia que estableciera la causa de la muerte, la naturaleza de las lesiones, el procedimiento médico para atenderlas y las condiciones clínicas del paciente al momento de la intervención quirúrgica, entre otras (cita fl. 127, c. 1).

— Nunca se practicó reconocimiento médico-legal al acusado a pesar que desde los albores de la investigación se conoció que tenía lesionada una de sus manos (cita fl. 45, c. 1), pues lo testificó el policía JGMC, quien participó en la captura, y así se hizo constar en la indagatoria del 5 de febrero de 2006. En consecuencia, “no se establecieron las características y el elemento causante de la herida…, tampoco la incapacidad que la misma ameritaba, …”.

— Teniendo en cuenta que JJPV una vez regresó al país, luego de cumplir una pena por narcotráfico en los Estados Unidos, constituyó un “Centro terapéutico denominado “El Grupo”” para ayudar a personas adictas a las drogas a superar esa condición; el esclarecimiento de los hechos obligaba a averiguar los siguientes datos: los métodos terapéuticos que empleaba, su idoneidad profesional y la del resto del personal teniendo en cuenta que atendía personas que como el acusado no solo era drogadicto sino enfermo mental (esquizofrenia paranoide), “cuántos pacientes tenía, cómo los captaba, quiénes diseñaban los programas, cuáles eran los resultados obtenidos, quiénes y bajo qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se daba el tratamiento, si se suministraban medicamentos, en caso afirmativo de qué clase y quién los recetaba,...”.

De esa manera, se obvió información con base en la cual podía establecerse si la muerte de JJPV se produjo como consecuencia de una acción a propio riesgo que excluía la responsabilidad del acusado, pues “aduciendo una idoneidad profesional que no tenía, asumió libre y conscientemente, sin haber sido objeto de engaño alguno, el cuidado, atención y tratamiento del paciente SACC,…”, quien, reitera, padecía de un trastorno mental agudizado por el consumo de estupefaciente, siendo esta la razón por la que sus familiares le confiaron el tratamiento.

Cargo Nº 2 (subsidiario): Nulidad

Se acusa la sentencia dictada en primera instancia de una deficiente motivación que no fue subsanada ni podía serlo por la del superior. Advierte que si bien esas decisiones conforman una unidad inescindible, la ausencia de justificación de la inicial no puede ser suplida por la segunda instancia porque ello implicaba cercenar el derecho de impugnación. En el presente evento, continúa, el a quo no analizó ni respondió los alegatos formulados por el defensor en la audiencia de juzgamiento, por lo que solicita se decrete la nulidad del proceso desde el fallo que profirió por la insuficiente motivación.

Agrega que ese vicio habría impedido conocer las razones de la tipicidad de la conducta, pues la tesis defensiva principal fue la exclusión de esa categoría por ausencia de imputación objetiva del resultado debido a la autopuesta en peligro de la víctima, quien se erigió en garante del acusado cuando asumió su cuidado y tratamiento médico, a sabiendas de su condición de drogadicto y de enfermo mental. Además, se alegó que ese rol fue traicionado porque aquélla realizó conductas imprudentes que pudieron desatar la “crisis sicótica” del agresor y que dio lugar a su propia muerte, entre otras, “descuidando al enfermo confiado a su cuidado, aplicándole en sitios no destinados ni adecuados para ello, las llamadas “terapias de choque” donde lo insultaba y se burlaba de él…”. Por último, destaca que el juzgador hizo una “mera relación de la prueba, sin abordar un estudio racional y a fondo” de la misma.

Aclara que si, en gracia de discusión, se admitiera que en segunda instancia podía completarse la motivación, esto tampoco ocurrió porque el tribunal se limitó a una escueta mención de los alegatos defensivos para, seguidamente, negarlos sin ningún análisis. Con el fin de demostrar tal aserto, trascribe la parte de la sentencia que se refirió al reclamo del apelante por la falta de examen de su estudio, en la que se habría reconocido esta irregularidad. Agrega que al tribunal intentó subsanarla con la sola afirmación de que “cuando el supuesto garante es la víctima la relación se rompe”, sin aportar las razones de esa afirmación. En igual sentido cuestiona que en “12 páginas” se haya resuelto un caso de homicidio frente al que la defensa formuló múltiples reparos “a la apreciación de los hechos y al encuadramiento típico de la conducta”.

Cargo Nº 3 (subsidiario): Incongruencia entre la acusación y la sentencia

Se denuncia que a SACC se le condenó por un delito de homicidio agravado, sin que en la acusación se le haya imputado, ni en lo fáctico ni en lo jurídico, una circunstancia específica —ni genérica— de agravación. Al respecto, cita una decisión del 23 de septiembre de 2003, rad. 16320, para aducir que “el enunciado en la resolución de acusación del supuesto fáctico que configura la circunstancia aludida, o la sola mención a la naturaleza de “agravado” del delito no es suficiente para que pueda ser legítimamente aducida en la sentencia”.

Manifiesta el defensor que, durante el traslado previsto en el artículo 400 del C.P.P./2000, solicitó la nulidad desde la resolución que dispuso el cierre de la investigación —sin especificar las razones— y esta petición fue ignorada en la sentencia, tanto en primera como en segunda instancia. A pesar de ese vicio en la motivación advierte que en cualquier caso “la acusación ha de tenerse como formulada por homicidio simple”, de allí que no solicite la nulidad de la actuación sino que se dicte un fallo de sustitución en el que se excluyan las circunstancias de agravación.

ii. Concepto del Ministerio Público

El procurador segundo delegado para la casación penal rindió concepto sobre la demanda de casación, el cual inició con un recuento de los hechos juzgados, de la actuación procesal y de los argumentos que desarrollan los cargos formulados. Luego, se refirió a éstos en los términos que a continuación se describen:

— En relación con el primer cargo, manifestó que si se hubiese ordenado las pruebas requeridas, la situación del acusado no sufriría modificación, de una parte, porque las causas de la muerte de JJPV fueron acreditadas con el protocolo de necropsia, por lo que era innecesaria la historia clínica, y, de la otra, porque el conocimiento sobre la idoneidad de la víctima para tratar los padecimientos mentales del acusado en nada desvirtúan la acción criminal que éste ejecutó. De esa manera, considera que de ninguna forma puede afirmarse que la declaratoria de responsabilidad obedeció a la ausencia de determinada prueba, pues aun cuando se hubiese incluido en el debate los temas que pretendía demostrar la defensa el sentido de la decisión sería el mismo, en razón de lo cual el cargo carece de trascendencia. Así, solicita desestimar la censura.

— En relación con el segundo cargo, luego de exponer la naturaleza y la finalidad de la motivación de las decisiones judiciales, los vicios que pueden afectarla y la manera de atacarlos; asegura que una “revisión atenta” de la sentencia —en primera y en segunda instancia— permite evidenciar que el alegato defensivo de la asunción voluntaria del riesgo por parte de la víctima como excluyente de la imputación objetiva, fue abordado por los jueces al punto que SACC fue condenado como inimputable. Otra cosa es que dichas alegaciones no hayan producido el efecto que perseguía el defensor, en virtud de lo cual solicita desestimar el cargo.

— Y, en relación con el tercer cargo, comienza exaltando la importancia del principio de congruencia, sus consecuencias frente al debido proceso y al derecho de defensa, los modos en que puede resultar vulnerado y la carga que le incumbe a quien alega su violación en sede de casación. Ya refiriéndose al caso, concede razón al demandante aduciendo que si bien en la resolución de acusación se mencionó el delito de homicidio agravado, lo cierto es que “no motivó de manera concreta la estructura de la causal de agravación atribuida al procesado, ni jurídica ni probatoriamente, …”. A pesar de ello, se condenó al acusado por una circunstancia específica de agravación que no fue objeto de imputación expresa ni jurídica ni fáctica. En consecuencia, solicita casar la sentencia condenatoria para eliminar la causal que aumentó la sanción.

Consideraciones

La legalidad de la sentencia que condenó a SACC como autor —inimputable— del delito de homicidio agravado, fue cuestionada por vicios de procedimiento consistentes, el principal, en la violación al principio de investigación integral y, los subsidiarios, en la motivación incompleta de la sentencia (primero) y en la incongruencia entre ésta y la acusación (segundo).

En ese mismo orden serán analizados los cargos dado que respeta la prioridad debida dado el alcance del efecto que cada uno de ellos tendría en caso de ser estimados, así: el primero podría generar la nulidad del proceso desde, por lo menos, la audiencia preparatoria para que allí se decreten las pruebas omitidas; el segundo tiene la virtualidad de producir ese mismo resultado, pero a partir de la sentencia de primera instancia para que se dicte una que respete la exigencia de una debida motivación; y, el último error, se corregiría con la sustitución de la de segunda instancia para excluir la circunstancia de agravación del homicidio y, en consecuencia, redosificar la pena impuesta.

Cargo Nº 1 (principal): Nulidad por violación al principio de investigación integral

Antes de abordar el examen del cargo, se hará una breve introducción sobre la regulación del principio de investigación integral y las reglas jurisprudenciales que han definido los presupuestos que permiten entender que aquél ha sido objeto de vulneración y las consecuencias procesales que ello generaría.

i. Sobre el principio de investigación integral

El tenor original del artículo 250 de la Constitución Política, es decir el anterior a la modificación introducida por el Acto Legislativo 003 de 2002, dispone que “La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, …”. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 600 de 2000 erigió ese deber del funcionario judicial en norma rectora del proceso que reglamentó. En desarrollo de ese mandato, el artículo 338 ibídem señala que aquél “ordenará las pruebas necesarias para verificar las citas, comprobar las aseveraciones del imputado y las que requiera para la definición de la situación jurídica del sindicado, además de las pedidas por los sujetos procesales intervinientes”.

La omisión en el decreto o en la práctica de pruebas puede, entonces, configurar una trasgresión al principio de investigación integral que puede ser trascendente en la medida en que impida la realización de la finalidad primordial del proceso: “la determinación de la verdad real” (art. 234 C.P.P./2000) o, por lo menos, puede conllevar la vulneración al derecho de defensa en aquellos eventos en que no se incorporan medios de conocimiento que favorecen los intereses del sindicado. Por esas razones, es probable que un vicio de tal naturaleza desquicie el procedimiento y la garantía en mención, de tal manera que imponga su corrección a través de la declaratoria de una nulidad. Esta medida será procedente siempre que los principios que la orientan así lo aconsejen (protección, convalidación, fin de las formas, trascendencia y residualidad) y que se cumplan las exigencias específicas que la Corte ha decantado frente a esa materia, cuáles son:

1. Que se verifique la omisión en el decreto o práctica de una o varias pruebas.

2. Que las omitidas no sean ilegales, impertinentes, inconducentes o inútiles.

3. Que su aducción sea racional porque aún es físicamente posible y porque tiende a demostrar una hipótesis que en el proceso aparezca como razonable, es decir, no basada en meras conjeturas, opiniones, elucubraciones o en explicaciones descartadas en aquél.

4. Que los medios de convicción no sólo ofrezcan una hipótesis fáctica alternativa sino que ésta tenga la eficacia para lograr una variación del sentido de la decisión o algún aspecto sustancial de la responsabilidad, de modo que favorezca al procesado.

En efecto, en la SP14476-2015, oct. 21, rad. 44127 que citó lo que, originalmente, se había expresado en el AP, mayo. 23 de 2006, rad. 25260, se afirmó que:

“…, si lo pretendido por el demandante era denunciar una presunta violación al principio de investigación integral, no sólo debió enumerar con precisión las pruebas supuestamente omitidas o dejadas de practicar, sino que le era preciso señalar su fuente, conducencia, pertinencia y utilidad, amén de su incidencia favorable a los intereses del procesado frente a las premisas conclusivas del fallo, esto es, su aptitud para refutar la incriminación, descartar la responsabilidad, invocar la aplicación de diminuentes punitivas y, en general, procurar situaciones beneficiosas a la pretensión defensiva.

Ello porque, como también lo ha señalado la Sala, la no práctica de determinada diligencia no puede calificarse de entrada como desconocedora de ese principio, pues el funcionario judicial dentro de la órbita de sus atribuciones y conjugando los criterios de economía, celeridad y racionalidad, está facultado para decretar, bien de oficio, ora a petición de los sujetos procesales, solamente la práctica de las pruebas que sean de interés para la investigación, procurando siempre el mejor conocimiento de la verdad.”(17)

En similar sentido, la SP10993-2014, ago. 20, rad. 44334 había establecido que el principio de la investigación integral:

… no supone agotar hasta sus últimas consecuencias la posibilidad investigativa de instructor y fallador, ni mucho menos, corroborar con otros medios lo que ya dentro de cauces probatorios adecuados fue demostrado.

De igual manera, si lo que se busca es determinar en concreto la violación del precepto, con específicos efectos en contra de la parte inconforme, a quien alega la nulidad le es obligado definir no solo cuál es el medio o medios dejados de practicar, sino delimitar dentro de lo razonable y objetivo cómo las pruebas omitidas favorecerían la particular condición de aquella.

Por último, la SP, nov. 23 de 2013, rad. 41192, ya había aclarado que:

…, lo decisivo a la hora de demostrar la violación al deber de investigación integral no es la omisión probatoria en sí misma considerada, sino su relevancia real, y no apenas hipotética o fundada en juicios inciertos, frente a la estructura argumentativa de la decisión impugnada, supuesto que exige definir cuál es su conducencia y verdadera utilidad, no para apoyar la postura defensiva del sujeto procesal, sino para afectar la lógica argumentativa y conclusiones elaboradas por el sentenciador. Sólo así se podrá evidenciar la trascendencia de la omisión probatoria y su idoneidad para traer al expediente un conocimiento más real sobre los hechos.

ii. Examen del caso

Se analizará, entonces, si en el proceso seguido contra SACC se violó el principio de investigación integral y si esta irregularidad debe corregirse mediante el decreto de la nulidad parcial con el objeto de que se recaben las pruebas que se señalan como omitidas. En ese orden, debe recordarse que son 3 grupos de elementos probatorios cuya aducción extraña el defensor, con cada uno de los cuales intentaría demostrar supuestos fácticos diferentes, así:

a) En primer lugar, denuncia que no se incorporó la historia clínica de JJPV que serviría para determinar la causa real de su muerte, teniendo en cuenta que un dictamen médico legal del 10 de febrero de 2006 calificó las lesiones como “no fatales” y estableció una incapacidad por 45 días. Además, esa prueba aclararía si la negativa de varios centros médicos de la ciudad de Barranquilla a prestarle atención inmediata al herido o si posteriores fallas en el tratamiento que recibió, incidieron en el desenlace mortal. Por último, advierte que en su momento la defensa solicitó no solo la incorporación de tales documentos sino que con base en ellos se practicara un peritazgo que dictaminara la razón del deceso, la naturaleza de las lesiones, el estado del paciente antes de la cirugía a que fue sometido y la idoneidad de los cuidados intrahospitalarios.

Ciertamente, el entonces defensor suplente de SACC, en la sustentación del recurso de reposición que interpuso contra la resolución que decretó la clausura de la investigación(18) y en otro memorial que radicó en el término de ejecutoria de esta última(19), solicitó, entre otras las siguientes pruebas:

3. Se oficie a los siguientes centros de salud, Hospital El Niño Jesús, Hospital Metropolitano de Barranquilla e Instituto de neurociencias de la Clínica El Sol, para que remitan con destino a los autos la historia clínica del paciente JJPV, quien según testimonios de terceros e informes de policía judicial fue conducido a esos centros asistenciales el día dos (2) de Febrero de 2006 entre las 19:20 P.M. y las 02.00 A.M. del tres (3) de febrero de 2006, por presentar heridas causadas por arma corto punzante.

(…).

Obtenida la historia clínica del señor JJPV, solicito se remita al Instituto Nacional de Medicina Legal, junto con el dictamen medico (sic) legal de lesiones no fatales, que le fuera practicado por el médico forense LS el día 10 de febrero de 2006 a fin de que se amplié (sic) y completamente, este último, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a. Causa del deceso

b. Tipo de heridas, tiempo de realización, evolución, gravedad, consecuencias.

c. Si las lesiones presentadas por JJPV se clasifican en el grupo de lesiones no fatales, conforme al dictamen médico legal 2006C-02010101141.

d. Procedimiento médico para tratar y controlar una perforación de arteria radical, cubital o humeral, conforme al caso objeto de estudio. Determinar tiempo de atención y, complicaciones por falta de asistencia oportuna, tomando como referente la fecha y hora de la lesión.

e. Determinar conforme a los exámenes de laboratorio que reseñan la historia clínica del señor JJPV, su nivel de hemoglobina al momento de la intervención quirúrgica de que fue objeto. Especificar fecha y hora de la intervención quirúrgica.

De hecho, uno de los argumentos de la oposición al cierre de la instrucción fue el siguiente:

… no se ha arrimado al sumario la prueba tendiente a establecer la causa del deceso del señor JJPV. Véase, para el efecto, que el dictamen médico legal practicado a éste último antes de su fallecimiento revela que las lesiones que presenta se clasifican como LESIONES NO FATALES y se le incapacita por cuarenta y cinco (45) días hasta nueva valoración. Medio probatorio, que evidencia que las heridas, al parecer, causadas por mi cliente al señor JJPV, carecían de entidad suficiente para causarle la muerte y que su deceso ocurrió por falta de asistencia médica oportuna. Nótese además que el médico forense LS sugiere la valoración del lesionado por cirujano cardio vascular, misma que se desconoce pues en la foliatura se echa de menos la historia clínica del paciente(20).

Obsérvese que las pruebas que se denuncian como omitidas fueron solicitadas por el defensor de manera extemporánea porque ya se había clausurado la instrucción, precisamente cuando refutaba la providencia que así lo dispuso, sin que nunca antes en el proceso ventilara la hipótesis según la cual alguna clase de negligencia en la atención médica de JJPV fuera condición de su posterior fallecimiento. A más de lo anterior, durante el término de traslado previsto en el artículo 400 de C.P.P./2000; el entonces defensor de confianza que, vale indicar, es el mismo que ahora demanda en casación, solicitó varias pruebas para que fueran practicadas en la etapa de juzgamiento, entre las cuales no incluyó las que ahora estima omitidas.

De esa manera, durante el proceso, la defensa nunca solicitó válidamente las pruebas cuya omisión pretende se subsane en sede del recurso extraordinario de casación. Es más, la teoría del caso que con tales medios de conocimiento, al parecer, pretendía acreditar, es decir, que en el curso causal desencadenado por la agresión del acusado concurrió otra condición o el mismo fue interrumpido, ni siquiera la insinuó en aquéllos momentos previos a las decisiones medulares del proceso (acusación y sentencia) con el objeto de que éstas pudieran ser examinadas, es decir, no fue presentada ni en las alegaciones precalificatorias ni en las finales en la audiencia pública de juzgamiento.

Ahora, a pesar de la omisión o del desinterés del defensor, podría argumentarse que el principio de investigación integral obligaba a los funcionarios judiciales a esclarecer esa otra hipótesis de los hechos que fue camuflada en la sustentación del recurso horizontal promovido contra la clausura de la etapa instructiva, pues desde el informe de captura rendido por RML, agente de la Policía Nacional, se estableció que el herido fue conducido a varios establecimientos médicos durante la misma noche en que resultó gravemente lesionado. Sin embargo, esas averiguaciones iniciales también indicaban que la razón de las múltiples remisiones fue la gravedad de las heridas del paciente y, por ende, la búsqueda de una atención médica adecuada, explicación ésta que excluye la contraria consistente en la supuesta negación inicial del servicio de salud. Así lo manifestó el informe:

…, al herido lo trasladaron al hospital Niño Jesús ubicado en la carrera 75 con la 79B y posteriormente remitido al hospital Barranquilla y de (sic) debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a la clínica del Norte con diagnóstico reservado,...(21) (negritas fuera del texto original)

Ahora, también es cierto que en la audiencia pública de juzgamiento se recibió, mediante certificación jurada, el testimonio de MICC, tía paterna del sindicado, quien declaró que:

… El 1º o el 2 de febrero, no recuerdo, no recuerdo con precisión, a las 8 u 8:30 de la noche llamó a mi celular IC para exigirme que le girara de inmediato $ 5.000.000 porque S había apuñaleado a JP a las 5:30 o 6:00 de la tarde y no lo querían recibir en ninguna clínica porque no estaba afiliado a EPS o SISBEM, que en el Hospital Metropolitano le dijeron que no tenían equipos para suturar venas y presentaba algunas de éstas con heridas. (…).(22) (negritas fuera del texto original).

La declaración parcialmente trascrita, a pesar que relata que al herido “no lo querían recibir en ninguna clínica”, no imponía al funcionario judicial el imperativo de establecer la veracidad de esa hipótesis por las siguientes razones: a) esa demora inicial no se revelaba, por sí sola, como un agente causal de la muerte del paciente ocurrida varios días después; b) en el proceso, como se verá, obraba prueba que acreditaba que la condición determinante de ese resultado fue la agresión propinada por el acusado; c) esa parte de la narración no obedecía al conocimiento directa de la declarante sino a lo que le contó, vía telefónica, IGC; d) esta última nunca declaró haber acompañado al herido en la búsqueda de atención médica, por lo que tampoco sería testigo —directa— del supuesto fáctico descrito(23); y, por último, e) ya había precluido la oportunidad para decretar pruebas y la hipótesis en cuestión no mostraba relevancia causal para que el juez la tuviera como sobreviniente.

Como se anticipó, los medios de prueba practicados descartaron la hipótesis que revelarían los omitidos, por cuanto establecieron que la causa de la muerte de JJPV fue, exclusivamente, la agresión propinada por SACC. En efecto, a más de que los testigos presenciales dieron cuenta de la multiplicidad y gravedad de las heridas ocasionadas por aquél, los dictámenes periciales médicos ratificaron esa conclusión, así:

El informe del primer reconocimiento médico legal del 10 de febrero de 2006(24) describió los siguientes hallazgos:

1. Heridas suturadas de 10 CM. 6 CM. Y 2 CM., localizadas en el hemitórax anterior del lado izquierdo.

2. Presenta tubo de tórax en el hemitórax lateral izquierdo, conectado a trampa de agua.

3. Presente intubación orotraqueal conectado a ventilador mecánico.

4. Herida suturada en la región axilar anterior derecha.

5. Presenta férula de yeso con vendaje elástico en el miembro superior derecho.

6. Herida suturadas quirúrgicas de 6 CM, y 2 CM, y 7 CM, localizadas en el tercio distal cara anterior del muslo derecho y en la región inguinal derecha.

7. Se revisa la historia clínica de la clínica del sol a nombre del examinado donde se anota: paciente ingresa en malas condiciones generales, por heridas por arma cortopunzante en miembro superior derecho, con sección de arteria humeral más seis (6) heridas en tórax, causándole neumotórax, y le realizan toracostomía cerrada, con colocación de tubo de tórax. Actualmente con estado neurológico comprometido, con gran edema cerebral, datos de hidrocefalia por tac. Le realizan además en cirugía revascularización de arteria humeral más autoinjerto de vena safena, … Evolución del 8 de febrero del 2006: paciente con evolución de muerte neurológica postencefalopatía hipóxica severa secundaria a paro cardiorrespiratorio, …Pronóstico malo. (…). Conclusión: mecanismo causal: Corto punzante. (…). (Original en mayúsculas)

Finalmente, el informe técnico de necropsia médico legal del 15 de febrero de 2006(25) concluyó lo siguiente:

… se documenta el cadáver de un hombre, quien presenta múltiples heridas en hemitórax izquierdo, miembro superior derecho, miembro inferior derecho, las cuales por sus características son ocasionadas por arma corto punzante con extremo romo y otro agudo, produciendo laceración de vasos humerales lo cual conduce a anemia aguda, encefalopatía hipóxico-isquémica y la muerte.

Entonces, la hipótesis que ahora pretende hacer valer el defensor carece de racionalidad porque se funda, una parte, en conjeturas y, otra, en una explicación descartada por los medios de prueba allegados.

b) También alegó el defensor que no se practicó examen médico-legal al acusado a pesar que tenía herida una de sus manos, como se hizo constar en la indagatoria y lo relató el policía JGMC. De esa manera, no se establecieron las características de la lesión, el elemento causante ni la incapacidad que generó.

La prueba que se denuncia como omitida es impertinente porque no tiene relación con el objeto del proceso, el cual consistió en establecer si SACC fue el autor responsable del homicidio de JJPV. Así pues, si ningún delito en contra del acusado se investigaba en la presente actuación y tampoco en ésta se adujo, se demostró o se insinuó siquiera que aquél fue objeto de una injusta agresión, actual o inminente, que lo llevó a defenderse legítimamente produciendo un resultado típico; entonces, la actividad probatoria no podía dirigirse a establecer la naturaleza y consecuencias de la lesión que sufrió en una de sus manos, menos aun cuando lo establecido en el proceso es que él fue el único que utilizó un objeto cortopunzante en múltiples ocasiones contra la humanidad de PV.

Tampoco el demandante sustentó la pertinencia del examen médico-legal al acusado y menos la eficacia del mismo para generar en la sentencia alguna consecuencia jurídica favorable a aquél. Además, la aducción de esa prueba hoy día representaría ninguna o muy poca utilidad dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de la referida lesión (más de 10 años).

c) Por último, reclama el defensor que en el proceso no se determinó la idoneidad de JJPV, de su equipo de trabajo y de los tratamientos que ofrecía a personas con problema de adicción a las drogas y a algunas que, adicionalmente, sufrían de enfermedades psiquiátricas como el acusado. Por esa vía, alega que se obvió información que permitía establecer si la muerte de aquél obedeció a una acción a propio riesgo de la víctima que consistió en la asunción voluntaria del cuidado y la atención de un drogadicto que padecía de alteraciones mentales.

La falta de fundamento del reproche es tal que el demandante ni siquiera cumplió con la carga de especificar cuáles son los medios de conocimiento que estima omitidos. En su lugar, señaló el tema general de prueba que pretendería ingresar al proceso y que trata de una autopuesta en peligro por parte de la víctima que excluiría la responsabilidad del acusado. A más de lo anterior, basta decir que en la audiencia preparatoria se decretaron todas las pruebas que, durante el traslado previo, solicitó el defensor hoy demandante, la mayoría de las cuales fueron practicadas en la vista pública.

Varias de las pruebas incorporadas en la etapa de juzgamiento, se reitera, a petición de la defensa, dieron cuenta de los siguientes aspectos: a) naturaleza del servicio que JJPV prestó a SACC, b) capacitaciones de aquél en el manejo de la drogadicción, c) remuneración que percibía de los familiares del acusado, d) las características de las terapias que ofrecía, y, por último, e) la vinculación con la fundación “Muros de la fe” en la que aquél pernoctaba. Sobre esos puntos declararon, entre otros, RJTM, representante legal de aquella entidad(26); IGCP, terapeuta del grupo que era dirigido por la víctima(27); y MICC, tía paterna del acusado que financió el tratamiento(28).

Entonces, a más que jamás individualizó las pruebas que se habrían omitido, el demandante no justificó, ni podía hacerlo, la utilidad de repetir la incorporación al proceso del conocimiento de unos hechos, mucho menos la trascendencia de esa reiteración.

iii. Conclusión del cargo

Por todas las razones expuestas, se desestima el cargo de nulidad por violación al principio de investigación integral, tal y como lo solicitó el delegado del Ministerio Público.

Cargo Nº 2 (primero subsudiario): Nulidad por motivación incompleta de la sentencia

Denuncia el defensor que la motivación de la sentencia de primera instancia es incompleta porque no incluyó el análisis y respuesta a los alegatos que presentó al final de la audiencia pública de juzgamiento. En éstos, recuerda que propuso se decretara la absolución del acusado por atipicidad aduciendo que la muerte de JJPV no le era imputable porque éste asumió el cuidado de aquél a sabiendas de que era drogadicto y enfermo psiquiátrico; además, que la víctima violó sus deberes de garante al provocar la “crisis sicótica” en su protegido que desencadenó la agresión mortal. Por último, señala que en segunda instancia no podía suplirse la falencia del inferior porque vulneraba el derecho a la impugnación, aunque advierte que, en todo caso, esa hipótesis no aconteció.

El estudio del cargo se abordará, primero, definiendo el marco normativo —incluido el jurisprudencial— vigente sobre la motivación de las providencias judiciales, los defectos que en su construcción se pueden presentar, especialmente el relativo a la falta de respuesta a los alegatos finales de la defensa, y sus consecuencias en el proceso. Enseguida, se examinará lo ocurrido en el caso juzgado para así determinar si debe o no proferirse una sentencia de casación estimatoria por el cargo de nulidad propuesto, teniendo en cuenta las reglas que la Corte ha fijado sobre la materia.

i. Sobre el deber de motivar las decisiones judiciales

La motivación de las decisiones de la autoridad pública es un imperativo en el Estado Social de Derecho, por cuanto constituye un medio de control de la arbitrariedad y el capricho de los gobernantes, más aún cuando aquéllas se emiten en ejercicio de la función jurisdiccional que apareja injerencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya al interior de los procesos judiciales la razón de la decisión se erige, además, en garantía de (i) publicidad no solo para las partes sino para la comunidad en general y (ii) defensa porque permite se controle su legalidad mediante el ejercicio de los medios de impugnación.

Es por ello que la Constitución Política ordena que las actuaciones de la administración de justicia sean públicas (art. 228) y que la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, exija que “Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales” (art. 55). En desarrollo de tales mandatos, el Código de Procedimiento Penal de 2000 impone al funcionario judicial el deber de motivar todas las medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales (art. 13, inc. 2), de exponer los fundamentos legales en las providencias interlocutorias y que las sentencias tengan, entre otros contenidos mínimos, “El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión” (art. 170-4).

La jurisprudencia ha definido que se incumple el deber de fundamentar las decisiones judiciales, especialmente de las sentencias, en los siguientes eventos(29):

(i) La ausencia total o absoluta de motivación, de manera tal que no permita conocer las razones fácticas, probatorias o jurídicas de la providencia;

(ii) La motivación precaria o incompleta, es decir, aquélla que omite uno de los contenidos obligatorios antes enunciados o los sustenta de manera tan deficitaria que impide conocerlos en su necesaria extensión;

(iii) La motivación ambivalente o equívoca que tiene lugar cuando las razones de la decisión son contradictorias o se excluyen mutuamente; y,

(iv) La motivación aparente o falsa, que es la que desconoce manifiestamente la verdad probada.

Sobre la naturaleza de tales vicios, se ha establecido que la carencia, insuficiencia y ambivalencia de las razones de una decisión configuran un error de procedimiento, mientras que, el último defecto anunciado, es decir, la motivación falsa o aparente de la resolución, constituye un error de juicio en la modalidad de violación indirecta de la ley sustancial, por cuanto tiene su origen en la labor de apreciación de las pruebas fundamentales. En ese orden, las 3 hipótesis iniciales deben proponerse por la vía de la causal de casación prevista en el numeral 3 del artículo 207 del C.P.P./2000 y la última por la contemplada en el numeral 1, cuerpo segundo, ibídem(30).

Como se recordará, el demandante cuestiona la motivación de la sentencia que condenó a SACC como autor —inimputable— del delito de homicidio agravado, por cuanto sus alegaciones defensivas no fueron analizadas ni, menos, respondidas. Sobre este particular supuesto, ya se ha referido la Corte en algunas providencias (SP, ago. 3 de 2006, rad. 22485; SP, mar. 18 de 2009, rad. 26631; y SP136-2016, ene. 20, rad. 35787), en las que se han sentado las siguientes premisas fundamentales:

1. Que las exigencias contempladas en el artículo 170 del C.P.P./2000 son de orden sustancial porque están indisolublemente ligadas al derecho de defensa, el cual “… solo viene a obtener su real significación y garantía, cuando el funcionario luego de analizarlos —los alegatos— hace las consideraciones pertinentes para aceptar o rechazar las pretensiones de las partes y solo con tal actitud podrá decirse que el debido proceso, con sus infaltables principios de contradicción y derecho a la defensa se habrá salvaguardado,…”(31).

2. Que todas las propuestas alegadas por las partes deben obtener respuesta fundada, claro está “…, no frase por frase, sino sobre la integridad de sus postulaciones y valoraciones probatorias y jurídicas”(32). Así, el análisis de la sentencia “… tendrá que estar circunscrito a la cuestión, ya sea fáctica o jurídica, que de manera conglobada haya sido propuesta por éstos, y no necesariamente a estimaciones extensas y pormenorizadas acerca de cada uno de los argumentos usados en los respectivos discursos…”(33).

3. Conforme a lo anterior, se concluyó que el vicio de motivación por falta de respuesta a los alegatos de las partes sólo podrá generar una nulidad en el evento de que sea evidente “una absoluta falta de motivación sobre aspectos sustanciales de la decisión”. En otras palabras, “Sólo aquella deficiencia en las motivaciones que posibilite considerar que se está frente a una absoluta ausencia de respuesta, o cuando la dada es en tal forma incomprensible que conspiren en contra del ejercicio del contradictorio, permite sostener vulnerado el debido proceso y eventualmente el derecho de defensa”(34).

ii. Examen del caso

En los alegatos de conclusión presentados durante la audiencia de juzgamiento del proceso seguido contra SACC, su defensor planteó dos argumentos centrales: en primer lugar, la condición de inimputable de su representado debido a la esquizofrenia paranoide que padecía y a la crisis sicótica en que se encontraba al momento del delito(35), en apoyo de lo cual resaltó el tratamiento diferenciado que contempla la ley penal a partir de la imputabilidad del procesado y, en concreto, las pruebas que demostrarían la falta de ese estado en el aquí acusado (testimonios, historia clínica y el dictamen rendido por la perito AIAM). Y, en segundo lugar, sostuvo, con mayor profundidad, la ausencia de imputación jurídica del resultado típico fundado en que la víctima JJPV asumió voluntariamente el riesgo que el cuidado de aquél implicaba y, además, violó los deberes que su posición de garante le imponía(36).

Pues bien, la sentencia de primera instancia contiene una trascripción íntegra de los alegatos defensivos, pero además, lo que es más importante, sopesó lo atinente a la inimputabilidad del acusado dedicando a ello la mayor parte de su contenido, resultado de lo cual acogió la propuesta de la defensa en cuanto a que tal condición había sido suficientemente probada en el proceso, por lo que procedió a declarar responsable al procesado como autor inimputable. Así lo concluyó: “Desde ya el despacho comparte los argumentos esgrimidos por el señor defensor de la causa y del señor fiscal, por estar acorde a la problemática mental que sufre en la actualidad el señor SACC”(37).

También planteó el defensor que el resultado típico de homicidio no le era imputable al sindicado debido, básicamente, a una autopuesta en peligro de la víctima. Es claro, entonces, que cuestionaba la atribuibilidad de la conducta delictiva desde el punto de vista normativo, aspecto éste que debe examinarse en el insoslayable juicio de tipicidad. En esta parte, la sentencia, ciertamente, se limitó a establecer la muerte de JJPV, las heridas que le ocasionó SACC y el nexo causal entre tales acontecimientos, citando como fundamentos probatorios de esas conclusiones la inspección al cadáver, un informe fotográfico, el protocolo de necropsia y la situación de flagrancia en que fue capturado al agresor. El análisis fue el siguiente:

La tipicidad como elemento primario del delito trata sobre la previa existencia de norma que sancione la correspondiente conducta, so pena de ser susceptible de reproche. En cuanto al caso que nos ocupa, el señor SACC, fue capturado en situación de fragancia (sic) minutos después de haber causado heridas en el cuerpo al señor JJPV y quien fuese atendido en varios centros de salud de la ciudad de Barranquilla y en cual falleciere a consecuencia de las heridas sufridas en su cuerpo, comportamiento que encaja perfectamente en el tipo penal contemplado en el artículo 103 y 104 N. 5 o 6 del Código Penal, que define HOMICIDIO CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVADO, pues el hecho en el cual perdió la vida el señor JJPV.

Existe plena certeza de la muerte violenta de quién en vida respondía al nombre de SACC, se acreditó mediante el acta de Inspección de cadáver N. 138 de 15 de febrero 2006, correspondiente a la diligencia de inspección, identificación y levantamiento del cadáver de quien en vida respondía al nombre de JJPV.

El protocolo de necropsia N. 138 correspondiente al cadáver de la victima (sic) señor SACC, en el cual se concluye “la muerte fue provocada por ENCEFALOPATÍA HIPOXICA ISQUÉMICA, POR HERIDAS OCASIONADAS CON ARMA CORTO PUNZANTE QUE LE PRODUJO LA MUERTE.

Informe fotográfico en relación a la víctima y las heridas sufridas.

Como puede apreciarse, el suceso antes descrito la muerte del señor JJPV, no se dio, sin más, por obra de la naturaleza, sino que fue el resultado de una acción voluntaria y final que encaja perfectamente en el tipo penal consagrado en los artículos 103 y 104 del C.P. Conocida en nuestra legislación penal vigente con el tipo penal de HOMICIDIO CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVADO, que a la letra señalan “El que matare a otro”(38).

Entonces, en lo que hace al segundo de los argumentos centrales de la defensa —imputación del resultado—, debe entenderse que la sentencia lo abordó porque, en el examen de tipicidad, no solo se refirió a la realización de una acción agresiva por parte del acusado y a la ocurrencia del resultado descrito en el artículo 103 del Código Penal —muerte de otro—, sino también a la relación de imputación —causal— entre tales extremos. Un razonamiento de tal naturaleza obviamente excluye la tesis del defensor; sin embargo, no puede desconocerse que fue insuficiente porque debió considerar todos los argumentos que la soportaban y, además, hacerlo de manera explícita.

Así las cosas, a lo sumo puede decirse que la motivación de la sentencia de primera instancia, en lo que hace a la respuesta a los alegatos presentados, fue deficiente, siendo ésta, precisamente, la razón que expuso el defensor como sustento del recurso de apelación que contra aquélla formuló. Por ende, si, de una parte, el vicio que se configuró no fue la carencia sino la precariedad de la motivación y, de otra, el interés del impugnante en segunda instancia fue la contestación íntegra de sus planteamientos; la competencia del superior comprendía, sin duda alguna, la adición o la complementación de la decisión cuestionada en los puntos objeto de impugnación y se extendía, inclusive, a los que resultaran inescindiblemente vinculados a aquél (art. 204 C.P.P./2000).

En efecto, dando cumplimiento a la previsión normativa anotada, al desatar el recurso de apelación contra el fallo del juez unipersonal, el Tribunal Superior de Barranquilla consideró:

… es ilógico el argumento del togado de la defensa al decir que habría una relación de interdependencia entre la víctima y el encausado, y que ello debería generar del primero la total atención frente a los comportamientos de aquél, hasta el punto de tener que estar protegiendo sus bienes frente a un hecho tan cotidiano como lo es un saludo, momento éste del que se aprovechó el enjuiciado para socavar la vida de quien fuere su médico. De ahí, que esta Sala estima que la anterior inferencia es desatinada y lejana de la realidad, máxime cuando sería infundado pensar que la cordialidad es una actividad generadora de lesiones de los bienes jurídicos, sumado a que cuando el supuesto garante es la víctima la relación se rompe.

De otro lado, de la lectura del escrito impugnatorio, se tiene que el profesional del derecho alude a la figura de la posición de garante para justificar la actitud del procesado, sobre lo cual, encuentra esta Colegiatura que, acerca de ello y de la supuesta asunción de riesgo por parte del occiso frente a los comportamientos del enjuiciado, observamos que ello es equivoco (sic) tal y como lo quiso hacer ver el apelante, y lo que en efecto encontramos es que pese a que no hay duda sobre la patología del encausado, pues de ello da fe todos los informe (sic) que ya hemos mencionado, ésta enfermedad de ninguna manera puede ser entendida como una forma de permisión para cercenar los derechos de los demás.(39)

Como se puede observar, el tribunal, aunque de manera breve, complementó las razones por las cuales se desestimó la tesis exculpatoria propuesta en la audiencia de juzgamiento, aduciendo las siguientes: (i) que la relación existente entre víctima y victimario no era de interdependencia; (ii) que la condición de terapeuta, impropiamente denominado “médico”, no conllevaba el deber jurídico de autoprotección frente a acciones inofensivas y cotidianas como un saludo; (iii) que, en todo caso, cuando la víctima de la agresión es el supuesto garante, ésta posición cesa o “se rompe”; y, (iv) que la enfermedad mental del acusado no es una causal de permisión para ocasionar daños a los demás.

Tales argumentos se vislumbran razonables y sus contenidos no fueron objeto de controversia por el defensor en la demanda de casación, por lo que debe entenderse que subsanaron la falencia de motivación detectada en la sentencia de primera instancia. Así, la respuesta a las alegaciones de dicha parte fue suficiente.

iii. Conclusión del cargo

El supuesto de la nulidad denunciada por el recurrente (motivación deficiente de la sentencia) es inexistente y, en consecuencia, el cargo se desestima.

Cargo Nº 3 (subsidiario): Incongruencia entre la acusación y la sentencia

Sostiene el demandante que a SACC se le condenó por un delito de homicidio agravado, sin que en la resolución de acusación se le haya imputado ni fáctica ni jurídicamente una de las circunstancias descritas en el artículo 104 del Código Penal. Por ello, considera, debe entenderse que el cargo formulado es el de homicidio simple y dictar un fallo de sustitución con base en esta calificación. Siendo así, en primer lugar, se precisarán las consecuencias procesales de la falta de imputación de una circunstancia específica de agravación, y, luego, se abordará el examen del caso.

i. Las circunstancias específicas de agravación en la resolución de acusación

Debe recordarse que el artículo 398 del C.P.P./2000 prevé que uno de los contenidos obligatorios de la resolución de acusación es “La calificación jurídica provisional” (numeral 3), exigencia que se cumple con la determinación no solo del tipo básico o especial que se imputa sino de las circunstancias genéricas y/o específicas de agravación. Obviamente, la concreción de los hechos que fundan la adecuación típica es otro presupuesto insoslayable, tal y como lo dispone el numeral 1 de la precitada disposición normativa.

Entonces, la omisión de una imputación jurídica y fáctica completa vulnera el debido proceso de este acto que da inicio y define el objeto del juicio, pero también puede menoscabar el derecho a la defensa porque impide conocer en su exacta dimensión los cargos y los hechos respecto de los cuales habrá de ejercerse. De esa manera, la sentencia no podrá condenar por un delito o por una circunstancia de agravación cuya imputación se haya omitido en su aspecto fáctico o jurídico, so pena de infringir, a más de los anteriores derechos, el principio de congruencia.

En concreto, en relación con la falta de imputación de las circunstancias específicas de agravación y los efectos que la misma produce, la Corte ha sostenido que:

… el procesado solo puede ser juzgado por las conductas definidas fáctica y jurídicamente en la resolución de acusación e incluso, ha reafirmado que para que las circunstancias específicas y genéricas de agravación punitiva puedan ser consideradas en la sentencia es necesario que previamente le hayan sido imputadas al inculpado tanto fáctica como jurídicamente en la acusación(40).

Solo de esta manera podrá cumplirse con la garantía al debido proceso y a un juicio público, expresadas mediante el conocimiento previo e inequívoco que tenga el procesado de los cargos que se formulan en su contra tanto por su contenido fáctico como jurídico. En consecuencia, la certeza sobre su contenido permitirá que correlativamente el acusado ejerza el derecho de defensa y a su vez, que el juez tenga definido el marco fáctico y jurídico dentro del cual podrá emitir el fallo que corresponda.(41)

En decisión más reciente, en el mismo sentido se manifestó:

En tratándose de circunstancias específicas de agravación de una determinada conducta punible, la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterativa en que es imprescindible que en la actuación se encuentren debidamente demostradas, y que su atribución en el pliego de cargos esté precedida de la necesaria motivación y valoración jurídico-probatoria, toda vez que como elementos integrantes del tipo básico en particular, requieren de las mismas exigencias de concreción y claridad, con el fin de que el procesado no albergue duda frente al cargo que enfrentará en el juicio o respecto de consecuencias punitivas en los eventos en que decide voluntariamente aceptar responsabilidad con miras a una sentencia anticipada, pues aquellas delimitan en cada caso concreto los extremos mínimo y máximo de la sanción a imponer.(42)

ii. Examen del caso

De entrada, ha de reconocerse que le asiste razón al demandante en cuanto a que en la resolución de acusación no se imputó una de las circunstancias específicas de agravación previstas en el artículo 104 del estatuto sustantivo, muy a pesar de que su contenido consagre las expresiones “homicidio agravado” o “con circunstancias de agravación”. Al respecto, basta con traer a colación las 3 ocasiones (dos en la parte motiva y una en la resolutiva) en que dicha providencia registró la calificación jurídica provisional:

… de acuerdo al caudal probatorio la presunción de inocencia inicial se ha ido desvirtuando por los hechos contrarios que determinan que el procesado esta (sic) incurso en el delito tipificado como HOMICIDIO AGRAVADO.

Por estas razones consideramos que existe mérito suficiente para proferir RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN contra el señor SACC por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO del que resultara víctima JJPV. Conforme a lo expuesto anteriormente.(43)

(…).

RESUELVE:

1. PROFERIR RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN por el delito de HOMICIDIO con CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN contra el señor SACC donde es victima (sic). (…).(44)

Es evidente que nunca se concretó la circunstancia que agravaba el homicidio por el cual se profería resolución de acusación, ni siquiera ello se hizo con la mención del numeral del artículo 104 que consagraba la situación de modo, tiempo o lugar que intensificaba la pena del tipo básico. Es tal la indeterminación del pliego de cargos en ese aspecto que en la parte dispositiva se imputaron “circunstancias”, lo que indica que se trataría de una pluralidad, sin que se pueda precisar siquiera una de ellas. Es más, ni siquiera en la imputación fáctica puede inferirse la razón por la cual se aludía al tipo subordinado, pues la misma se circunscribió a indicar que el acusado infligió varias heridas con arma blanca al cuerpo de JJPV que, luego de varios días de hospitalización, ocasionaron su muerte.

Por si fuera poco, durante la indagatoria y la ampliación que de la misma hiciera SACC, y en la resolución que definió su situación jurídica con medida de detención preventiva, la imputación jurídica siempre fue la de homicidio, sin que en ninguno de tales actos procesales se hiciera la más mínima mención a una circunstancia de agravación. Además, esa ausencia de determinación en la resolución de acusación se hizo patente en la sentencia condenatoria, pues los juzgadores, tanto en primera como en segunda instancia, de manera indebida por supuesto, intentaron adivinar aquélla que la Fiscalía, quizás, tuvo el propósito de imputar y no lo concretó, incurriendo ambos en motivaciones ambiguas y contradictorias.

La sentencia de primera instancia incluyó disyuntivamente y sin la más mínima explicación, las causales contempladas en los numerales 5 (Valiéndose de la actividad de inimputable) y 6 (Con sevicia) del artículo 104 del C.P. En efecto, aseguró que el comportamiento del acusado: “… encaja perfectamente en el tipo penal contemplado en el artículo 103 y 104 N. 5 o 6 del Código Penal, que define HOMICIDIO CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVADO con pena de…”(45).

Dos veces más en las consideraciones(46) y una en la parte dispositiva(47) reiteró la calificación genérica e injustificada de “HOMICIDIO CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVADO”, así:

(…).

…, el suceso antes descrito la muerte del señor JJPV, no se dio, sin más, por obra de la naturaleza, sino que fue el resultado de una acción voluntaria y final que encaja perfectamente en el tipo penal consagrado en los artículos 103 y 104 del C.P. Conocida en nuestra legislación penal vigente con el tipo penal de HOMICIDIO CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVADO, que a la letra señalan “El que matare a otro”.

Luego, en la sentencia de segunda instancia se confirmó la condena por el delito de homicidio agravado y, ante el reclamo del defensor sobre el mismo aspecto que ahora se analiza, se reprodujo una nueva ambigüedad, esta vez entre las causales previstas en los numerales 4 (motivo fútil) y 6 (sevicia) del pluricitado artículo 104:

Más aún, si bien resulta cierto que la Jurisprudencia reiterada ha sugerido la mayor concreción posible en las circunstancias de agravación, y que las mismas deben ser precisadas en consonancia tanto en la resolución de acusación como en la sentencia, no cabe duda que en el asunto que nos ocupa, el hecho sucedió con algún grado sevicia, es decir, la causal prevista en el numeral 6º del artículo 104 del Código Penal, o igualmente por motivo fútil, no obstante pese a que no fueron sustentadas, expresadas y argumentadas con importante motivación en los documentos procesales mencionados, las mismas vienen a repercutir directa e indiscutiblemente sobre el monto de la pena, por lo tanto, en este caso y excepcionalmente resulta irrelevante su mención o precisión, por cuanto, lo que se ha impuesto son medidas de seguridad, que evidente e indiscutiblemente la requiere el sentenciado, por cuando aparece comprado (sic) a flor de folio la afectación mental que padece.(48)

Conforme a lo anterior, la calificación genérica e inmotivada del homicidio como “agravado” jamás implicó la atribución en la acusación de una circunstancia específica de agravación, razón por la cual a SACC no se le podía condenar, como se hizo, por el tipo previsto en el artículo 104 sino por el básico del artículo 103 sustantivo. Ese proceder de los juzgadores determinó la incongruencia parcial entre la sentencia y la acusación, vulnerando el derecho de defensa del sindicado porque se le impidió conocer la base fáctica y jurídica de la causal agravante que se le imputaba.

En consecuencia, se casará la sentencia de segunda instancia con el exclusivo propósito de declarar que el delito por el cual se condena al acusado es el de homicidio contemplado en el artículo 103 del C.P.

Esta decisión no repercute en el término máximo de la medida de seguridad de internación en establecimiento psiquiátrico impuesto en la sentencia (10 años) por las siguientes razones: (i) las funciones de esa clase de “sanciones penales” son la protección, curación, tutela y rehabilitación (art. 5º C.P.), no la retribución por el delito; (ii) el plazo mínimo de esa medida se mantiene incólume dado que, por mandato legal (art. 70 C.P.), dependerá de las necesidades del tratamiento y rehabilitación del condenado, no de la calificación jurídica de la conducta punible realizada; y, (iii) la fijación del término de 10 años la sentencia se fundó en el “diagnóstico de psiquiatría forense” sobre el trastorno mental permanente que padece el sancionado(49).

A más de lo anterior, en ese cálculo el juzgador aplicó el máximo previsto en el artículo 71 del C.P. en el que se contempla la medida de “internación para el inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica” hasta por un monto de 10 años; siendo que el supuesto indiscutible del proceso y declarado en la sentencia es el de un “trastorno mental permanente”, por lo que la norma relevante era el artículo 70 que dispone un término que no puede superar los 20 años. Esa aplicación indebida de la ley sustancial favoreció al acusado porque la duración de la medida se estableció con base en un límite máximo que equivale a la mitad del que rige el asunto; sin embargo, en virtud del principio de no agravación (art. 215 C.P.P./2000) se respetará la fijada en la sentencia.

iii. Conclusión del cargo

Se estima el cargo por incongruencia de la sentencia y, por ende, ésta se casará con el propósito exclusivo de declarar que la condena es por el delito de homicidio —sin circunstancias específicas de agravación—.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia condenatoria proferida en contra de SACC, con el único objeto de declarar que es por el delito de homicidio (art. 103 C.P.).

2. CONFIRMAR la sentencia en las partes restantes.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Otra decisión coincidente en lo esencial es la SP14143-2015, oct. 15, rad. 42175, que reiteró lo que se había expresado en el AP, mayo 22 de 2008, rad. 29377.

(18) Folios 123-128 del cuaderno original de instrucción.

(19) Folios 131-134 ibídem.

(20) Folios 123-124 ibídem.

(21) Folio 1 ibídem.

(22) Folio 105 del cuaderno original del juicio.

(23) Ello puede verificarse en las 2 declaraciones juradas que rindió, una durante la instrucción (fls. 60-61 del respectivo cuaderno original) y la otra en la audiencia pública de juzgamiento (fls. 62-63 c.o. del juicio).

(24) Folios 31-32 del cuaderno original de instrucción.

(25) Folios 171-175 ibídem.

(26) Folios 60-62 del cuaderno original de juicio.

(27) Folios 62-63 ibídem.

(28) Folios 99-112 ibídem.

(29) Entre otras, SP136-2016, ene. 20, rad. 35787; SP9235-2014, jul. 16, rad. 41800; SP, feb. 9 de 2009, rad. 30942; y SP, abr. 3 de 2008, rad. 27237; AP, 28 feb. 2006, rad. 24783; y SP. 22 mayo 2003. Rad. 29756.

(30) Entre otras, sentencia de casación del 4 de marzo de 2009, rad. 27910, y el auto de casación del 8 de septiembre de 2008, rad. 30069.

(31) SP, ago. 3 de 2006, rad. 22485.

(32) Ibídem.

(33) SP, mar. 18 de 2009, rad. 26631.

(34) SP136-2016, ene. 20, rad. 35787.

(35) En alguna parte de los alegatos sostuvo el defensor: “Demostrado está en el proceso que el sindicado señor SACC, es una persona que ostenta la calidad de inimputable debido a que como está demostrado, en el momento de ejecutar la conducta típica materia de investigación en este proceso, no tenía la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por tener una patología clínica de trastorno mental, esquizofrenia paranoide, quien al momento de la comisión del acto se encontraba en una crisis aguda que alteró su cognición y volición y que en términos forenses se encuentra inmerso en un trastorno mental de carácter permanente, este es el punto de partida de la argumentación debido a que está demostrado dentro del proceso…”.

(36) “…, debe establecerse en la sentencia que absuelva de los cargos formulados al procesado que la conducta no puede ser reprochada al actor por no poderse estructurar en debida forma la tipicidad, ni la antijuridicidad de la misma debido a que por estar el señor SACC, debido a que voluntariamente había asumido el manejo de esta fuente de riesgo, dentro del desarrollo de su actividad licita (sic) como terapeuta que tenia (sic) bastos (sic) conocimientos en el manejo de este tipo de situaciones; es mas (sic) el hecho de la impericia del señor JJPV, fue el detonante para crisis sicótica padecida por el señor SACC, y que desencadenó el resultado lascivo (sic), que los resultados acontecidos eran perfectamente previsibles, dentro del marco de la actividad licita (sic) desplegada por la victima (sic) en su posición de garante y el control de los riesgos y complicaciones de la enfermedad del agresor colocaban al señor JJPV, en posición de garante…”. Folio 372 del cuaderno original de juicio.

(37) Folio 390 del cuaderno original de juicio.

(38) Folios 388 y 389 ibídem.

(39) Folio 20 del cuaderno original del tribunal.

(40) Sentencia del 23 de septiembre de 2003, rad. 16320.

(41) CSJ SP, jul. 28 de 2006, rad. 25648.

(42) CSJ SP, dic. 18 de 2013 rad. 41734. Fue reiterada en la SP17356-2016, nov. 30, rad. 47891.

(43) Folio 192 del cuaderno de instrucción.

(44) Folio 193 ibídem.

(45) Folio 388 del cuaderno de juicio.

(46) Folios 388 y 390 ibídem.

(47) Folio 391 ibídem.

(48) Folio 17 del cuaderno de segunda instancia.

(49) Folio 391 del cuaderno de juicio.