Sentencia SP1782-2018 de mayo 23 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP1782-2018

Acta 159

Magistrado Ponente:

Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Al no presentarse insistencia, la Corte se centrará en el tema enunciado en el proveído referido.

1. La jurisprudencia de la Sala ha sido reiterativa en sostener que la adecuada motivación de las sentencias constituye una garantía que integra el debido proceso, pues ella permite conocer las razones que condujeron al juzgador a decidir en uno u otro sentido, el valor que dio a las pruebas, las inferencias y los juicios lógicos sobre los cuales se edificó la determinación, todo lo cual posibilita a los sujetos procesales ejercer su derecho de defensa y habilitar el de réplica (Cfr. CSJ SP, jul. 29/2008, rad. 24143).

Con tal propósito, el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración, contempló que «[l]as sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales» y, en desarrollo de ese mandato, el precepto 162 del Código de Procedimiento Penal de 2004, establece que los autos y sentencias deben contener una «fundamentación fáctica, probatoria y jurídico con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral».

2. La sanción, como respuesta punitiva del Estado, que integra la sentencia, debe también estar debidamente fundamentada y responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, de donde emerge su legitimidad (cfr. CSJ SP015-2018, rad. 50023).

El Código Penal establece, en el artículo 59, que «[t]oda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena» y, en el 3º, prevé que su imposición responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El principio de legalidad, consagrado en nuestro ordenamiento interno, en el canon 29 de la Constitución Política y desarrollado en los estatutos sustantivo y procesal penal —L. 599/2000, art. 6º y L. 906/2004, art. 6º—, implica, esencialmente, que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con la plenitud de las formas propias de cada juicio. Dicho postulado conlleva ínsito una serie de garantías, que responden no solo a la necesidad de que el delito y la pena estén claramente definidos en la ley, sino que el juez, al momento de dosificar la sanción correspondiente, atienda los parámetros legales. La jurisprudencia constitucional ha reconocido esos dos ámbitos así:

[…] el principio de la legalidad de la pena incluye necesariamente dos aspectos, a saber: el primero, que la determinación de las penas que correspondan a cada delito en abstracto, necesariamente tienen que ser definidas por la ley, incluyendo las que correspondan a las circunstancias agravantes o atenuantes y aquellas a que puedan hacerse acreedores quienes sean autores o partícipes en cualquier grado, del hecho delictual; el segundo aspecto que incluye el principio de la legalidad de la pena, ya no corresponde al legislador de manera abstracta, general y objetiva, sino al juez que en su aplicación desciende de la norma legal para hacerla actuar en forma concreta, individual y subjetiva, que es lo que se conoce como la dosimetría de la pena (Cfr. CC-T-673/2004).

Por consiguiente, el aludido axioma involucra, para el funcionario judicial, el deber de imponer las penas conforme a los topes señalados para cada una de las conductas punibles, así como atender los límites descritos para las sanciones privativas de otros derechos; y, en su individualización, acatar los criterios que para el efecto ha previsto el legislador —C.P., arts. 54 a 62—.

3. La tarea de dosificación exige la observancia de unas pautas mínimas establecidas en la ley, que propugnan por garantizar objetividad y ausencia de arbitrariedad. Así, luego de que el juzgador defina los mínimos y máximos de la pena aplicables, acorde con los parámetros señalados en el artículo 60 de la Ley 599 de 2000, debe individualizarla y, para el efecto, seguir los lineamientos del canon 61 ibídem. De manera que habrá de dividir ese ámbito punitivo en cuartos, uno mínimo, dos medios y uno máximo; después, atendiendo la presencia o no de circunstancias genéricas de atenuación y/o de agravación, se ubicará en el mínimo —si no existen atenuantes o agravantes o concurren solo los primeros—, en los medios —si concurren unos y otros—, y en el máximo —cuando solo confluyan agravantes—.

Una vez superado lo anterior, su facultad continúa reglada, toda vez que, para fijar el quantum dentro del cuarto que corresponda, debe ponderar aspectos tales como: la gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad y la función de la pena en el caso concreto.

Así las cosas, la imposición de la sanción no obedece a una facultad arbitraria del fallador, a quien le está prohibido fijarla a su antojo. No solo está obligado a examinar los criterios legales expuestos sino a suministrar las razones en las que apoya su determinación. Ese trabajo detallado, propio de una adecuada motivación de las sentencias, permite conocer la razón por la cual se aleja del extremo inferior y posibilita el derecho de contradicción.

En torno a la carga de motivación de la sanción penal, la Sala ha sostenido:

Ahora, a fin de legitimar la punición, el juez está en el deber de motivar el proceso de individualización de la pena. En la decisión respectiva ha de quedar claro al penado, así como a la generalidad, que la imposición de una sanción específica a un individuo no es producto del capricho o la arbitrariedad del juzgador, sino el resultado de un serio ejercicio de ponderación de finalidades punitivas, respetuoso de los lineamientos legales pertinentes. Por ello, al tenor del artículo 59 del Código Penal, la sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción.

Un tal deber de motivación es expresión directa de las garantías fundamentales al debido proceso, a la defensa, al recurso efectivo y al acceso a la administración de justicia. Solo ante una motivación explícita y suficiente es dable ejercer control sobre la corrección de la decisión y, de esa manera, ejercer la prerrogativa de impugnación, al paso que se legitima la decisión y con ello la autoridad del Estado.

(…).

En síntesis, la articulación de las anteriores consideraciones lleva a la Corte a concluir que el debido proceso sancionatorio está integrado por el respeto del principio de proporcionalidad en la imposición de la pena, el seguimiento de los lineamientos legales para la individualización de la sanción y el acatamiento del deber de motivar suficientemente el procedimiento de dosificación. Si se desconoce alguno de estos componentes, la fijación de la consecuencia punitiva se torna arbitraria. (CSJ SP8054-2015, rad. 40382).

4. Con apoyo en lo expuesto, fácil es concluir que en esta ocasión se violentó el debido proceso al momento de imponer la pena de 204 meses de prisión a NELSON GABRIEL OSORIO ARIZA.

En efecto, al hacer el trabajo de dosificación, el juez a quo estableció los extremos punitivos, conforme a los artículos 208 y 211-5 del Código Penal, de 192 a 360 meses; estableció los cuartos y refirió que como solo concurría la circunstancia de atenuación punitiva relativa a la carencia de antecedentes penales, se ubicaría en el mínimo, comprendido entre 192 y 234 meses. Enseguida, afirmó:

…este despacho acogerá la pena de DOSCIENTOS CUATRO (204) meses de prisión, teniendo en cuenta que esta facultad es potestativa del operador judicial, a la hora de moverse en los cuartos que se derivan de la institución de la dosificación punitiva que establece la ley(10) (mayúsculas y resaltado del texto original).

Impuso, entonces, 204 meses de prisión e igual tiempo para la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Lo anterior denota que el juez de conocimiento se alejó del extremo inferior sin consignar las razones para ello, olvidando que esa facultad punitiva no es potestativa ni discrecional sino que responde a criterios establecidos en la ley.

La deficiencia descrita, que pasó desapercibida para el tribunal, conduce a casar oficiosa y parcialmente la sentencia de segunda instancia para, en su lugar, dejar la pena de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 192 meses, que corresponde al extremo inferior del cuarto mínimo.

En lo demás, la providencia se mantiene.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que condenó a NELSON GABRIEL OSORIO ARIZA por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en el sentido de fijar en 192 meses la pena principal de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En lo demás, la decisión queda incólume.

2. Contra esta determinación no cabe recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

10 Cfr. Página 19 de la sentencia, folio 363, cuaderno continuación del número 1.