Sentencia SP17996-2017/49967 de noviembre 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP17996-2017

Rad.: 49967

Acta 363

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando León Bolaños Palacios

Bogotá, D.C., primero de noviembre de dos mil diecisiete

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Extractos: «1. Demanda de casación.

En una primera parte, la recurrente identifica los sujetos procesales, relata los hechos jurídicamente relevantes y resume la actuación procesal, enfatizando en las consideraciones que expuso el Tribunal para reducir el tiempo de la pena de prisión.

Luego, propone un único cargo consistente en la violación directa de la ley sustancial en la modalidad de falta de aplicación del artículo 5º de la Ley 1761/15. Según esta norma “La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. (…)”, y su necesaria aplicación, estima la demandante, debía conducir a la confirmación de la pena de prisión fijada en la sentencia de primera instancia —468 meses y 22 días—. Ello, por cuanto, el acusado se allanó al cargo luego de ser capturado en flagrancia, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículo 57 de la Ley 1453/11 y al que antes se trascribió, “la rebaja a la que tiene derecho…, es un medio del beneficio” consagrado en el precitado artículo 351.

Con base en lo anterior, la demandante solicita casar parcialmente la sentencia, con el objeto de que se confirme la pena impuesta por el juez de primera instancia.

(…).

Consideraciones

La delegada de la Fiscalía General de la Nación, al amparo de la causal de casación consistente en la violación directa de la ley sustancial (art. 181-1, CPP), formuló un único cargo consistente en la falta de aplicación del artículo 5º de la Ley 1761/15, según el cual “La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. (…)”. Con base en ello, coadyuvada por la representante del Ministerio Público, solicita la casación parcial de la sentencia a fin de que se restablezca el monto de la pena de prisión impuesta por el juez de primera instancia a J.C.C.M.

Ese reparo es fundado porque, efectivamente, en el proceso de redosificación de la pena privativa de la libertad que se había fijado en la sentencia apelada, el Tribunal excluyó la aplicación del precepto de la Ley 1761/15 que redujo la cantidad de descuento de pena que se concede al imputado que se allane a los cargos, cuando éstos se refieran al delito de feminicidio. Dicho error es tan manifiesto que basta leer las mínimas consideraciones que se expusieron para fijar la pena de prisión en 437.5 meses, desatendiendo así el monto inicial de 468 meses y 22 días, las que a continuación se trascriben:

El artículo 104B del C.P. de 2000 —artículo 3º de la Ley 1761 de 2015—, estipula una pena de 500 a 600 meses de prisión para el delito de Feminicidio Agravado bajo alguna de las modalidades descritas en dicha norma, lo anterior indica que los límites punitivos dentro de los cuales debió moverse el juez a-quo, van de 500 a 600 meses,…

El fallador de instancia se situó en el mínimo y como se trata de aceptación de cargos desde la audiencia de formulación de imputación, la rebaja es de la cuarta parte del beneficio respectivo —1/4 de la 1/2— es decir en 62,5 meses.

La Sala, atendiendo el criterio del juez de primera instancia, o sea aplicando la rebaja de 1/4 de la 1/2, fijará la pena en cuatrocientos treinta y siete punto cinco (437,5) meses de prisión, y no 468 meses 22 días como lo sentenció el a-quo.(1) (Negritas fuera del texto original)

Como se puede observar, la sentencia de segunda instancia decidió que el descuento final a aplicar a la pena individualizada —500 meses—, por concepto de la aceptación de culpabilidad en la audiencia de formulación de imputación, era de 62.5 meses, los cuales constituían la 1/4 de la mitad de la proporción máxima contemplada en el artículo 351 del CPP, según lo prescrito en el parágrafo del 301 ibídem(2) que resulta aplicable porque la captura de J.C.C.M. se produjo en situación de flagrancia. Por lo anterior, el Tribunal fijó la pena de prisión en 437.5 meses.

Es evidente, entonces, la violación directa de la ley sustancial debido a la omisión del artículo 5º de la Ley 1761/15 en la premisa jurídica que debe regular el proceso de dosificación de la pena a imponer al acusado. En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia para fijar el término de la prisión, como lo solicita la demandante coadyuvada por la Procuradora Delegada, mediante la aplicación de la precitada norma que impone una reducción a la cantidad premial establecida en el artículo 351: la mitad de —hasta— la mitad o, en otras palabras, un descuento máximo del 25%.

Siendo así, el allanamiento a cargos realizado por J.C.C.M. en la audiencia de formulación de imputación genera una disminución punitiva de 125 meses, en atención a que el juez de primera instancia decidió conceder el beneficio máximo (la mitad) sobre la pena mínima (500 meses). Pero, ese resultado es provisional porque debe reducirse a 1/4 por razón de la situación de captura en flagrancia del acusado, con lo que, en definitiva, el monto de la contraprestación es de 31.25 meses. Estos, se restan a la pena tasada (500 meses) y arrojan un guarismo final de 468.75 meses o, lo que es igual, de 468 meses y 22 días.

En similares términos y con mucha claridad, lo explicó la sentencia de primera instancia, cuya resolución punitiva, por ende, deberá restablecerse. Obsérvese:

Esos 500 meses de cara al artículo 381 de la Ley 906 del 2004 y por virtud de que el procesado acepto (sic) los cargos en la audiencia de formulación de imputación lo dividimos en dos y nos arroja 2 mitades de 250 meses una de esas mitades es pena fija la otra mitad que no es pena fija la dividimos por dos al amparo del artículo 5º de la Ley 1761 del 2015 y nos arroja dos mitades de 125 una de esas mitades se convierte en pena fija que sumado a los 250 meses nos arroja 375 meses de prisión como pena fija, la otra mitad 125 se divide en 4 con ocasión a la captura en flagrancia del procesado y al adaptamiento (sic) del artículo 57 de la Ley 1453 del 2011 y nos arroja cuatro partes de 31.25 meses que equivalen a 31 meses, 7 días y 11 horas. Esa es la rebaja que tiene derecho el procesado ese logaritmo se multiplica por tres y nos arroja 93.75 meses que sumado a la pena fija de 375 meses nos da un total de 468 meses 22 días y 12 horas, las 12 horas las eliminamos por que (sic) en Colombia las penas nos e tasan en horas sino en años, meses y días, ósea (sic) que la pena en definitiva que se aplica al procesado es la de 468 meses y 22 días que equivalen a 39 años y 22 días…(3) (Negritas fuera del texto original)

Se reitera, entonces, se casará parcialmente la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior de Quibdó confirmó la decisión de condenar a J.C.C.M., con el objeto de fijar el término de la pena de prisión que se le impone en 468 meses y 22 días, tal y como lo había determinado la sentencia de primera instancia.

Por último, no sobra advertir al defensor que los anteriores argumentos son suficientes para desvirtuar que el error de la sentencia de segunda instancia haya consistido en una interpretación errónea y no en una falta de aplicación del artículo 5º de la Ley 1761/15, pues la ausencia de esta norma en la premisa jurídica que debía regir la tasación punitiva excluye, por sustracción de materia, la hipótesis de que se le haya asignado un sentido o un alcance diverso al que le corresponde. Y, en cuanto a los demás alegatos que formuló, al referirse a asuntos relativos al escenario ya precluido del examen de admisibilidad de la demanda, como es la equivocación en el número de un artículo citado —por demás intrascendente— o la deficiente justificación teleológica de aquélla; son extemporáneos y ninguna pertinencia tienen con el asunto aquí decidido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

Casar parcialmente la sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión de condenar a J.C.C.M. por el delito de feminicidio agravado, para restablecer la pena de prisión en 468 meses y 22 días.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Páginas 10 y 11.

(2) Esta norma fue modificada por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011.

(3) Página 8.