Sentencia SP18096-2017/42019 de noviembre 1 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP18096-2017

Radicación 42019

Aprobado acta 363

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Legis considera conveniente que los datos de partes, terceros o intervinientes, etc. sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., primero de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda

Después de resumir los hechos e identificar las partes intervinientes en el trámite y la sentencia materia de impugnación, con apoyo en la causal primera de casación un cargo postula el recurrente contra el fallo del tribunal, acusándolo de incurrir en violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 288 del Código Penal que define el delito de obtención de documento público falso.

Señala que sus asistidos fueron condenados en las instancias por haber manifestado falsamente el ser poseedores del predio en venta, mas no por haber obtenido, mediante inducción en error al notario, un documento público en el cual el notario consignara una falsedad en torno a lo ocurrido en su presencia o que este hubiese callado total o parcialmente la verdad, situación que conlleva a que la conducta no corresponda a la referida descripción típica.

Seguidamente trae a colación apartes del fallo de segunda instancia, así como algunos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la naturaleza jurídica de la escritura pública, y considera que las manifestaciones de los comparecientes, así sean falaces, no constituyen motivo suficiente para dar por sentado que se indujo en error al funcionario público, pues este da fe que lo anotado en la escritura pública corresponde simple y llanamente al dicho del compareciente.

Por esto, en su criterio, no puede afirmarse que se indujo en error al notario único del círculo de XXX XXX, XXX, cuando la compareciente afirma ser poseedora del predio que dice vender, y menos puede decirse que el notario fue inducido en error porque la compareciente dice ser la dueña y poseedora del predio, pues la función del notario no es establecer ni dar fe sobre el dicho de la compareciente, sea cierto o no sea cierto lo que ella dijo.

Concluye entonces que el yerro del juzgador de alzada resulta manifiesto, pues el artículo 288 del Código Penal fue indebidamente aplicado en razón a que no recoge en su descripción típica el comportamiento realizado por los acusados, por lo cual no pueden ser condenados por el delito de obtención de documento público falso.

Solicita, en consecuencia casar parcialmente la sentencia de segunda instancia, absolver a sus representados por el delito de obtención de documento público falso y levantar la medida cautelar dispuesta sobre el bien inmueble.

(...).

Se considera:

1. Comoquiera que en el auto admisorio de la demanda de casación la Corte dio por superados los defectos de postulación que el libelo ostenta en orden a definir de fondo la controversia sometida a su consideración, en esta ocasión no se referirá a la manera como en sede extraordinaria se deben formular los reparos por violación directa de la ley.

Además, dado que no se presentan censuras a la validez del trámite llevado a cabo, ni a la apreciación de los medios que sirvieron de sustento al fallo materia del recurso, dichos aspectos tampoco serán objeto de evaluación por la Sala, máxime si es de la esencia de la violación directa de la ley acoger los hechos y las pruebas tal cual fueron declarados los unos y ponderadas las otras por los juzgadores en la sentencia materia del recurso extraordinario, y respecto de ellos no se evidencia transgresión de garantías fundamentales que amerite un pronunciamiento oficioso en esta sede por parte de la Corte.

2. Como se recuerda en el resumen que se hizo de la demanda, el casacionista sostiene que los juzgadores violaron directamente la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 288 de la Ley 599 de 2000 que define el delito de obtención de documento público falso.

La norma en mención, con el incremento punitivo de que trata la Ley 890 de 2004, es del siguiente tenor:

ART. 288.—Obtención de documento público falso. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

3. En el fallo de primera instancia, en relación con la objetividad del comportamiento materia de acusación, el juzgador declaró lo siguiente:

Esta conducta predicada de ambos acusados, fundamentada indudablemente por la fiscalía con base en el otorgamiento o extensión del poder que otorga el señor H.R.A. a su hija M.I.R.C., autenticado el 30 de julio de 2007 ante la notaría XXX de XXX, documento donde se consigna que el predio XXX XXX es de propiedad del señor H.R.C., circunstancia que en la realidad no era cierta, pero que sirvió de fundamento para que el notario XXX de XXX XXX otorgara y autorizara la escritura XXX de 2007 mediante la cual M.I.R.C. vende a L.M.R.F. el predio XXX XXX.

4. El tribunal, por su parte, después de descartar la configuración de los motivos de nulidad invocados por la defensa así como la realización del tipo de fraude procesal imputado en la acusación, sostuvo que:

4.4.2. Ahora bien, no puede ignorarse como ya se ha dicho, que M.I.R.C. con base en el poder otorgado por su padre H.R.A. para la venta de un inmueble, acudió ante la notaría del círculo de XXX XXX con el fin de protocolizar la venta del predio “XXX XXX”, haciendo manifestaciones falaces en cuanto al ejercicio de la posesión del mismo, lo que sin dudas tiene trascendencia en el ámbito penal, pues logró obtener un documento público falso como lo es la escritura pública de compraventa.

4.4.2.1. Para la Sala contrario a lo sostenido por el a quo, la prueba testimonial y documental arrimada al juicio, no permite más allá de toda duda, determinar jurídicamente que el dominio del predio “XXX XXX”, ubicado en la vereda XXX del municipio de XXX XXX, XXX, estuviera en cabeza de B.J.J.A. o de su hijo J.A.M.

4.4.2.1.1. En efecto, se allegó a juicio copia de la resolución XXX del 24 de agosto de 1967, mediante la cual el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora (hoy Incoder), adjudicó el predio “XXX XXX” a H.R.A., asignándosele la matrícula inmobiliaria XXX de la oficina de registro de instrumentos públicos de XXX XXX. Asimismo, obra copia de la escritura pública XXX del 4 de junio de 1968, mediante la cual la señora I.C.R., según poder especial otorgado por su entonces esposo y aquí acusado R.A., transfirió derechos de dominio y la posesión de ese predio “XXX XXX” a B.A., venta de la cual este último en juicio dio cuenta que así ocurrió, pero que por equivocación y olvido, no se registró en la oficina de instrumentos públicos.

De otro lado, se cuenta con la resolución de adjudicación XXX del 29 de julio de 1977 del predio denominado XXX a B.A., al cual se le asignó la matrícula inmobiliaria XXX y número catastral XXX de la oficina de registro de instrumentos públicos de XXX XXX, predio dentro del cual no solo el mentado testigo señaló que en el mismo quedó incorporado el inmueble “XXX XXX”, sino que acorde con el informe de investigador de campo introducido al juicio por medio del funcionario de policía judicial J.J.B.C., da cuenta de la diligencia mediante la cual tomaron las coordenadas a los linderos del citado predio, siendo enviadas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad que constató a través de su director territorial XXX, que las mismas hacían parte del predio “XXX” con número catastral XXX.

4.4.2.1.2. Se probó que mediante escritura pública XXX del 5 de agosto de 2007, la acusada M.I.R.C., mediando poder especial otorgado por su padre y también acusado H.R.A., se protocolizó la venta del predio “XXX XXX”, que la primera le hizo a la señora L.M.R.F., consignando para ello que transfería el pleno derecho de dominio, posesión y la propiedad que tenía sobre el mismo y cuya matrícula inmobiliaria corresponde al número XXX. Esta venta efectivamente la refrendó R.F., quien adujo que para dicha adquisición verificó el certificado de tradición y libertad del mismo, no encontrando impedimento alguno para efectuar la compra, la que se hizo por valor de $ 31.250.000 pesos.

4.4.2.1.3. Hasta aquí es claro entonces, que para la fecha de los hechos acusados, sobre el mismo bien “XXX XXX”, existían dos matriculas inmobiliarias diferentes en la oficina de registro de instrumentos públicos de XXX XXX, estas son, la de Nº XXX asignada con ocasión de la adjudicación efectuada por el Incora a H.R. Y la Nº XXX asignada con ocasión de la asignación efectuada por el Incora a B.A. del predio “XXX”, dentro del cual se englobó “XXX XXX”.

Del mismo modo, existen dos títulos de venta sobre el mismo lote, estos son las escrituras públicas XXX del 4 de junio de 1968, mediante la cual la señora I.C.R. apoderada de R.A., transfiere el mismo a B.A. y que no fue inscrita en la matrícula inmobiliaria XXX, y la XXX del 5 de 3 agosto de 2007, por la cual la acusada M.I.R.C., transfirió el dominio y posesión a L.M.R.F., que al parecer fue inscrita en la citada matrícula.

4.4.2.1.4. Ante la existencia de dos matrículas sobre el mismo predio “XXX XXX”, una en la que figura como predio individual y otra como parte de uno de mayor extensión denominado “XXX”, las cuales a su vez se encuentra a nombre de diferente persona, la primera del acusado H.R.A. y otra en la actualidad a nombre del reconocido como víctima J.A.M., a quien en el año 2003 le fue transferido en compañía de sus hermanas el predio “XXX” por parte de su padre B.A., no se puede afirmar por la Sala, no se tiene convicción, que jurídicamente para el momento de la segunda venta efectuada por parte de los acusados (2007), el dominio o propiedad del bien en comento, estuviera en cabeza de una u otra parte contendientes en el presente asunto, como para señalar que las manifestaciones consignadas en la escritura pública de venta por M.I.R.C. en virtud del poder conferido por su padre H., de que tenía la propiedad y dominio sobre el predio “XXX XXX” fuera falaz, y con ello darle un significado penal a dicho comportamiento.

4.4.2.2. No obstante, como no sucede lo mismo con la manifestación efectuada por R.C. en esa escritura pública de compraventa (XXX del 5 de agosto de 2007), de ejercer la posesión del predio “XXX XXX”, pues la prueba testimonial da cuenta que en efecto, en dicho inmueble ejercían de tiempo atrás actos de señor y dueño la familia A. a través de B.A. y sus hijos.

4.4.2.2.1. Ciertamente son contestes y contundentes los testimonios de L.R.G.A., J.O.H.P., J.B.A., R.S., puntualizados en la sentencia de primera instancia, y que por demás no han sido impugnados de credibilidad por el defensor, dando cuenta los dos primeros de la venta que hiciera H.R. a B.A. del predio “XXX XXX”, posterior a la cual el acusado se fue de XXX XXX, y en conjunto con los otros dos, expusieron acerca de los actos de señor y dueño que ejercían tanto B.A. como sus hijos con actividades tales como pago de impuestos, actividad piscícola y otras labores, sobre el inmueble conocido en la actualidad como “XXX”.

Por su parte B.J.A., expuso la manera como adquirió el predio “XXX XXX”, posterior a lo cual H.R. y su familia se desplazaron a la ciudad de XXX, volviendo a saber de ellos en el año 2007. Dio cuenta además del englobamiento de ese inmueble al predio “XXX”, el cual transfirió en el año 2003 a sus hijos J., S. y S. A.M., mediante escritura pública XXX del 3 de junio de ese año, documento que fue incorporado por su intermedio.

El denunciante J.A.M., actual propietario del predio “XXX”, refrendó el dicho de su padre frente a la situación jurídica del citado predio, el cual adujo ha sido objeto de invasiones por lo cual e ha visto en la necesidad de adelantar acciones policivas. De una de esas acciones policivas dio cuenta M.P.B.T., quien actuó como procuradora 14 judicial agraria dentro del proceso policivo de amparo a la posesión adelantado por B.A. vs. O.D.V., a quien L.M.R.F. arrendó “XXX XXX”, habiendo realizado diligencia de inspección al predio “XXX”, por cuyo medio se introdujo el acta que se levantó en razón de esa diligencia, en donde se consignaron del buen estado de conservación del inmueble en comento, en el cual ejercía actos de señor y dueño B.A.

4.2.2.2.2.(sic) Y corroboran el dicho de los A. de ejercer actos posesorios sobre el predio “XXX”, los documentos incorporados a través de J.A.M., entre ellos copias de cancelación de servicios domiciliarios del año 1995, 2002, 2005, 2007, 2008, impuesto predial de los años 1992, 1996, 1997, 1999, 2003, 2006, 2007, así como los incorporados por intermedio de B.A., estas son, la escritura pública XXX del 7 de octubre de 1981 y la XXX del 31 de octubre de 1991, mediante las cuales el citado constituyó y amplió, respectivamente, la garantía real de hipoteca del predio “XXX” a favor del banco XXX sucursal XXX XXX, las que fueron efectivamente registradas en la oficina de registro de instrumentos públicos de ese municipio.

4.2.2.2.3. Inequívocamente las anteriores probanzas, de manera fehaciente dejan sin fundamento la manifestación efectuada por M.I.R.C., en la escritura pública XXX del 6 de agosto de 2007 de venta del predio “XXX XXX”, en cuando a que ejercía la posesión, pues para la fecha de constitución de la misma, los actos de señor y dueño eran ejercidos desde cerca de 30 años antes por parte de los A. a través del señor B. y sus hijos, actuales propietarios del predio.

Incluso esa manifestación de R.C. es discordante con el acta privada de entrega material que con ocasión de la venta que da origen a esta actuación, del predio “XXX XXX” le hizo a la compradora L.M.R.F. el 7 de marzo de 2008, siendo introducida por su intermedio, pues en dicho documento se consignó un mal estado del predio, que en sana lógica no da cuenta de posesión por parte de terceros, ya que por tanto no estaba cuidado, cultivado o explotado, con lo cual podría colegirse que tampoco la acusada, ni su padre, ejercían actos posesorios sobre el mismo.

(…).

4.4.3. De esa manera, R.C. hizo que el notario del círculo de XXX XXX, XXX, consignara en la escritura pública de venta XXX del 5 de agosto de 2007, documento público según lo conceptúa el inciso 3º artículo 251 del CPC, una manifestación falsa, esto es, la de que ejercía posesión sobre el predio “XXX XXX”, pues se itera, la prueba documental es contundente en cuanto a que la misma venía siendo ejercida por B.A. y sus hijos, quedando así en evidencia la materialidad de la ilicitud adosada (se destaca ahora por la Sala).

5. El delito de obtención de documento público falso, por el cual los procesados fueron condenados en las instancias, prevé la posibilidad de sancionar con pena privativa de la libertad a cualquier persona que mediante artificios o engaños induzca en error a un servidor público, para que este, en ejercicio de sus funciones, le extienda o expida un documento público con potencialidad de acreditar la existencia de un hecho o de una relación jurídica que no corresponden a la verdad.

De la redacción normativa surge nítido que el autor del comportamiento es cualquier persona sin cualificación ninguna, esto es, el particular que engaña al servidor público para que este extienda un documento materialmente auténtico pero ideológicamente falso en todo o en algunos de sus contenidos con repercusiones en el tráfico jurídico. Lo censurable social y jurídicamente es el actuar del particular que se sirve del servidor público para que, en ejercicio de sus funciones normativamente asignadas, documente con potencialidad probatoria, acontecimientos o manifestaciones carentes de verdad, con el fin de crear, modificar o extinguir un hecho, un derecho o una situación jurídica, capaces de afectar las relaciones sociales o jurídicas con terceros.

En este sentido, la Corte(6) de antiguo tiene establecido que

“La falsedad, en términos generales, es la alteración consciente de la verdad. Falsedad tanto quiere decir como faltar maliciosamente a la verdad. Pero para que esa mutación a la verdad en escritos pueda ser delictuosa, es necesario que recaiga, no en cualquier clase de documentos, sino en aquellos escritos que se han otorgado para establecer, modificar o dejar sin efecto un derecho o una relación jurídica; o más claro, que se trate de un documento destinado a dejar testimonio de un hecho de importancia en las relaciones sociales.

Y esa exigencia es fundamental, porque el objeto jurídico que la falsedad ataca y que la ley penal protege, es la fe pública que los hombres depositan en los escritos o documentos que tienen alguna firmeza y seriedad en la vida civil y en el comercio humano.

La fe pública es, por lo tanto, un verdadero bien jurídico tutelado para asegurar la confianza colectiva recíproca que hace posible el desenvolvimiento de la vida común. Esta es la objetividad jurídica violada directamente por el delito de falsedad. Consumada esta, queda traicionada la confianza colectiva y el delito es perfecto, sin que, por lo mismo, sea de la esencia de la falsedad el perjuicio de tercero, especialmente cuando ella se realiza en documentos públicos, ya que estos valen por sí mismos.

Naturalmente, la falsedad, aparte de vulnerar la fe pública, crea al mismo tiempo una situación de peligro contra los derechos ajenos, individualmente considerados, de tal suerte que si se hace uso del documento falso, a sabiendas de que lo es, se incurre en un concurso de delitos, o al menos se agrava la sanción. Por tanto, la falsedad y el uso del documento falsificado son hechos distintos, tan distintos que pueden ejecutarse por personas diversas que no han tomado parte en el delito principal, o sea la falsedad.

Para la realización de la conducta falsaria de que trata el art. 288 del C.P., se requiere que el sujeto agente conozca la condición de servidor público y que este actúe en ejercicio de sus funciones al expedir o extender el documento público que el particular engañosamente obtiene con la censurable pretensión de acreditar un hecho falso o una relación jurídica particular y concreta que no guarda correspondencia con la verdad.

6. Ahora bien, conforme ha sido puesto de resalto por la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta corporación, para efectos de la aplicación de la ley penal colombiana resulta indiscutible la condición de servidor público que el notario ostenta.

Sobre el particular pertinente se ofrece recordar que la Corte Constitucional(7) ha indicado lo siguiente:

2. Notas que caracterizan la función notarial en nuestro régimen jurídico.

2.1. En diferentes oportunidades la Corte ha sometido a su análisis la institución del notariado, y como resultado de ello ha podido elaborar un diseño doctrinario sobre dicho asunto donde se examinan temas relacionados con su naturaleza jurídica, la condición misma del notario como colaborador del Estado, el sentido y finalidad de la función fedante y el ámbito de competencias del legislador para configurar la regulación sobre la materia.

A partir de estos pronunciamientos, la corporación ha deducido las notas distintivas de la actividad notarial, que en resumen la caracterizan como (i) un servicio público, (ii) de carácter testimonial, iii) que apareja el ejercicio de una función pública, (iv) a cargo normalmente de los particulares, en desarrollo del principio de descentralización por colaboración y (v) a los cuales les otorga, la condición de autoridades.

Es por estas connotaciones que la actividad notarial está sujeta a un sistema normativo especial, y por las que el notario, como gestor de dicha función, se le somete a reglas más exigentes en materia de inhabilidades que a otros particulares que también ejercen funciones públicas, pero que no tienen la importancia y trascendencia que conlleva la función fedante. Es claro que la finalidad de estas previsiones con que se rodea por la ley la actuación notarial obedece al propósito de garantizar la seriedad, eficacia e imparcialidad de dicha actividad.

5.1.(sic) Siendo ello así, como en realidad es, y si el artículo 20 de la Ley 599 de 2000 establece que para todos los efectos de la ley penal también se consideran servidores públicos “los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria”, no cabe duda que los notarios pueden ser pasibles de engaño para efectos de la realización del delito de obtención de documento público falso, de que trata el artículo 288 de la Ley 599 de 2000, conforme asimismo ha sido declarado por la jurisprudencia de esta Corte(8).

En el referido pronunciamiento la Corte precisó que si bien es cierto el notario en ejercicio de sus funciones al suscribir una escritura pública no puede dar fe sino del acto que se surte ante ente él, no así de las manifestaciones de los declarantes, toda vez que ello escapa a su conocimiento, para efectos de la realización típica del delito de obtención de documento público falso no es la actuación del notario la que importa verificar sino la de los particulares que ante él concurren para documentar sus manifestaciones de voluntad.

Al efecto la Corte trajo a colación la postura de la jurisprudencia sobre dicho particular(9), pues, como allí se indicó “Una es, por tanto, la declaración que los interesados hacen al interior del documento, sobre cuya veracidad el notario no certifica, y otra la declaración que hace el notario sobre la realización en su presencia del acto respectivo. Mientras el interesado suscribe el documento en señal de asentimiento de sus propias declaraciones y de las declaraciones del notario, quien lo autoriza, el notario solo da fe de la celebración del acto. A esto se reduce su función certificadora. De suerte que, aun cuando el documento es uno solo, estructuralmente se halla integrado de dos actos, de naturaleza y contenido distintos, claramente identificables”(10).

7. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley 599 de 2000 si se entiende como documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier otro medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos con capacidad probatoria, y si a tenor de las previsiones del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, documento público es el otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención, de suerte que si es otorgado por un notario y ha sido incorporado en el respectivo protocolo se denomina escritura pública, no cabe duda que la escritura pública cuando ha sido incorporada en el respetivo protocolo, es un documento público cuyo alcance probatorio aparece determinado por el artículo 264 ejusdem, en tanto hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que la autoriza, mientras que “Las declaraciones que hagan los interesados en escritura pública, tendrán entre estos y sus causahabientes el alcance probatorio señalado en el artículo 258; respecto de terceros se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica”.

En este caso, en la escritura pública XXX otorgada el 6 de agosto de 2007 ante la notaría única del círculo de XXX XXX, XXX, consta que compareció M.I.R.C. en representación de H.R.A. conforme al poder que se protocolizó con dicho instrumento, para manifestar su voluntad de transferir a título de venta real y efectiva a favor de L.M.R. el pleno derecho de dominio y posesión y la propiedad que tiene y ejerce sobre el predio denominado “XXX XXX” ubicado en la vereda XXX del municipio de XXX XXX por un precio de $ 31.250.000 suma que declaró recibida a satisfacción.

Declaró además la vendedora que el referido inmueble se encuentra libre de censo, hipoteca, embargo, pleito pendiente, demanda civil registrada, arrendamiento, anticresis, patrimonio de familia, condiciones resolutorias de dominio, limitaciones del mismo y en general libre de todo gravamen.

Asimismo, las comparecientes manifestaron, entre otras cosas, que “Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y en consecuencia, asumen la responsabilidad de lo manifestado en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales”. Dijeron igualmente conocer la ley y que el notario no responde de las declaraciones de los otorgantes ni de la autenticidad de los documentos que hacen parte del instrumento.

“La parte compradora, verificó que la parte vendedora, es realmente la titular del derecho de dominio y posesión real y material del inmueble que se transfiere, pues tuvo la precaución de establecer la situación jurídica con base en los documentos de identidad de la parte vendedora, copias de escrituras y certificado de tradición y libertad”.

“Se protocolizan los siguientes documentos: Paz y salvo único municipal, número XXX de fecha agosto 6 de 2007 con vigencia hasta noviembre 6 de 2007, del predio rural con cédula catastral XXX, paz y salvo de valorización departamental XXX de fecha agosto 6 de 2007 y paz y salvo de valorización municipal de fecha agosto 6 de 2007 con vigencia hasta diciembre 31 de 2007, comprobantes fiscales que acreditan que el interesado pagó los derechos fiscales respectivos con el fin de que hagan parte del presente acto”.

6. Entonces si al notario no le compete determinar la veracidad o no de las manifestaciones de los otorgantes de una escritura pública, pues ninguna responsabilidad cabría atribuirle por la suscripción de un documento que contenga expresiones de voluntad contrarias a la verdad, lo que corresponde establecer ahora es si los particulares se hallan en la obligación de ceñirse a la verdad en las actuaciones que demanden la facultad fedataria del notario público, o si por el contrario el ordenamiento les permite apartarse de ella sin consecuencia punitiva alguna.

Sobre el particular, ya la Corte(11) tuvo ocasión de pronunciarse, indicando que:

Tratándose del delito de falsedad documental, es sabido que puede ser ideológica cuando en un escrito genuino se incluyen manifestaciones contrarias a la verdad, esto es, el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falaces; o material si crea totalmente el documento falso, imita uno ya existente, o altera el contenido de uno auténtico.

Para la estructuración de la acción falsaria se ha insistido en que debe mediar el deber jurídico de decir la verdad.

Así, lo problemático se presenta cuando a los particulares se les exige legalmente no mentir, pues sin tomar tal deber como regla moral absoluta (Kant), se asume que toda actuación de las personas ha de estar conforme con la verdad, esto es, afirmar hechos verídicos sin trastocar fácticamente la realidad.

El alcance de las consecuencias de su infracción determinará si este es de índole jurídica, es decir, si faltar a la verdad en determinados contextos trasciende la esfera del ordenamiento legal.

Entonces, el deber de veracidad de los particulares en sus actuaciones ante las autoridades, cuenta con indiscutible soporte normativo, a tal punto que el artículo 83 de la Carta Política establece expresamente que deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, máxime si lo que constitucionalmente se pretende en el marco de un Estado social y democrático de derecho es el compromiso de asegurar a los integrantes de la nación, la convivencia, la justicia, la libertad, y la paz, entre otros ideales, dentro del marco jurídico que la propia Carta Política prevé, conforme se pregona desde el preámbulo mismo, nada de lo cual podría lograrse si la propia normatividad autorizara la mentira, el engaño y la trampa, como medios lícitos para lograr los pretendidos fines individuales y egoístas.

7. Si a más de lo anterior, se toma en consideración que si el artículo 32 del Decreto 960 de 1970 (estatuto de notariado) establece como disposición especial en materia de inmuebles que “Será necesario indicar precisamente el título de adquisición del declarante que dispone del inmueble o que lo grava o afecta, con los datos de su registro. Si el disponente careciere de título inscrito, así lo expresará indicando la fuente de donde pretende derivar su derecho”, es claro que la legislación interna atribuye expresamente al particular la obligación de ser veraz en cuanto a tales aspectos al momento de enajenar, gravar o limitar el derecho de dominio de inmuebles, pues de no hacerlo habrá de soportar las consecuencias jurídicas que el mismo ordenamiento establece.

Es precisamente en razón de lo anterior, que el artículo 33 ejusdem, prevé expresamente que “El disponente está en el deber de manifestar la existencia de gravámenes, derechos de usufructo, uso y habitación, servidumbres, limitaciones o condiciones y embargos o litigios pendientes, y en general, toda situación que pueda afectar al inmueble objeto de su declaración o los derechos constituidos sobre él, y si lo posee materialmente”.

Esto indica, sin lugar a dudas que si en este caso los acusados H.R.A. y M.I.R.C., al extender y otorgar la escritura pública de venta XXX del 6 de agosto de 2007 manifestaron falsamente que el vendedor ejercía la posesión sobre el predio XXX XXX materia de negociación, indudablemente realizaron la conducta que el artículo 288 de la Ley 599 de 2000 define como obtención de documento público falso, pues la escritura pública en tales condiciones, cuenta con una inobjetable vocación probatoria, no solo de la fecha, lugar e identidad de los otorgantes y el servidor público que la autoriza, sino de las manifestaciones inveraces que estos ante el notario hicieron con el inocultable propósito de documentarlas y hacerlas valer como prueba ante terceros.

La Corte no podría culminar sin dejar de advertir que con el pronunciamiento que ahora emite, se produce una variación jurisprudencial con respecto al criterio mayoritariamente sentado por la Sala en la providencia CSJ SP17352-2016, 30 nov. 2016, Rad. 45589, en cuanto considera que para efectos de aplicar la ley penal colombiana, acorde con lo normado por el artículo 20 de la Ley 599 de 2000 y lo precisado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1508 de 2000, cuando el notario actúa en ejercicio de la función fedante otorgada por el ordenamiento, es una autoridad que ejerce funciones públicas, por lo cual debe ser considerado servidor público, con todas las consecuencias que ello implica.

En las anotadas condiciones, en total acuerdo con el criterio expuesto por los delegados de la fiscalía y el Ministerio Público en la audiencia de sustentación del recurso extraordinario sobre la carencia de razón en la postulación del disenso por parte del casacionista, para la Corte es claro que el cargo no puede prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo impugnado.

Contra esta decisión no proceden recursos. Devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(6) CSJ AP mayo 25 de 1948. M.P. Jorge E. Gutiérrez Anzola. Gaceta Judicial LXV páginas 100 y ss.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-1508 de 2000.

(8) CSJ SP Nov. 27 de 2013. Rad. 36380.

(9) Casación 16678 de 14 de febrero de 2000.

(10) Sentencia de julio 27 de 2006, rad. 23872.

(11) CSJ SP marzo 16 de 2011. Rad. 34718.