Sentencia SP18510-2017/49038 de noviembre 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP18510-2017

Radicación 49038

Aprobado en acta 372

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. La Corte es competente para conocer de la presente actuación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 numeral 2º de la Ley 906 de 2004.

2. Siguiendo la doctrina decantada de antaño por esta corporación, la acción de revisión es un instrumento extraordinario de control estatuido por el legislador con el fin de superar o remover las consecuencias que implica la cosa juzgada en un determinado evento, en tanto la declaración de justicia deviene injusta por estar basada en supuestos fácticos o de prueba que contradicen abiertamente la realidad de lo ocurrido, siempre y cuando se demuestre la ocurrencia de algunas de las causales prescritas en la ley procesal penal que ha regido la actuación.

Se predica, entonces, que en el marco del deber ser, justicia y verdad deben acompasarse, por lo cual la materialización del valor justicia y la prevalencia de la verdad material, fin último o razón de ser de la acción de revisión, cumple los propósitos esenciales del Estado social de derecho que proclama la Constitución Política, como ha señalado la Corte Constitucional:

En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ´res iudicata pro veritate habertur´ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado (C-871 de 2003, negrilla fuera del texto original).

3. Acerca de esta causal la Sala ha explicado en CSJ SP, 17 dic. 2012, rad. 37308, lo siguiente:

Relativo a la causal sexta de la Ley 906 de 2004 equivalente a la prevista en el numeral 5º de la Ley 600 de 2000, si bien el legislador de 2004 no consignó que para demostrar la falsedad de la prueba es necesaria una decisión judicial que así lo declare, es evidente que solo de esta forma puede acreditarse su falta de autenticidad, en cuanto de lo que se trata en la acción de revisión es de remover la cosa juzgada que pesa sobre una sentencia.

(...) El motivo de revisión aludido por el demandante, comporta la ineludible obligación de demostrar mediante sentencia en firme, que el fallo, decisión preclusoria, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria objeto de revisión, se fundamentó en prueba falsa.

(...) Quiere decir lo anterior que además de presentar los argumentos fácticos y jurídicos del caso, es necesario que aporte copia de la decisión mediante la cual se declara la falsedad de los elementos de juicio que sirvieron de soporte a la decisión cuya remoción se persigue. De esa manera se le comprueba a la Sala, fundadamente, que la prueba en cuestión no es auténtica porque así se declaró judicialmente mediante decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada (Cfr. Auto del 16 de marzo de 2005, radicado 23085).

(...) La remoción de una decisión con base en esta causal comporta acreditar, con fundamentos fácticos y jurídicos reales, que la prueba o pruebas en que se estructuró la decisión condenatoria de su representado es falsa, porque así se determinó mediante sentencia judicial en firme y, por tanto, la verdad histórica consignada por el fallador, es totalmente distinta”.

Y en CSJ SP, 12 dic. 2012, rad. 39890, se indicó, en reiteración y ratificación del aludido criterio, que:

Debe señalarse que en punto de la causal 6 se ha determinado, que si bien la normativa de la Ley 906 no exige de manera expresa que se allegue copia de la decisión judicial mediante la cual se declara la falsedad de la prueba, la misma sí constituye un presupuesto ineludible de la demanda, en la medida que un pronunciamiento de esa naturaleza debe darse mediante declaratoria judicial.

Si no fuese así, se estaría abriendo una compuerta para que la especulación o la argumentación sofística y la subjetividad que ponen en entredicho una prueba, resultasen suficientes para dar inicio a la revisión. No puede pasarse por alto que lo que en el fondo se pretende descalificar no es la prueba en sí, sino la presunción de acierto y legalidad que se predica de una sentencia judicial.

Por consiguiente, no se trata de exponer subjetivas o particulares motivaciones y razonamientos acerca de la falsedad de la(s) prueba(s) en que se sustenta el fallo sino que lo requerido es allegar el pronunciamiento jurisdiccional en firme que así lo determine.

En ese sentido, es criterio uniforme y reiterado de esta Sala que por prueba falsa debe entenderse que es la que no corresponde a la realidad del hecho que por su conducto se pretende demostrar, de manera que con ella se muta, limita, supone, calla, oculta o suprime la verdad (ver CSJ SP, auto 6 feb. 1980; CSJ SP, 20 ago. 2002, rad. 19222; CSJ SP, 17 sep. 2003, rad. 20908).

A lo anterior se agrega que no resulta suficiente acreditar la prueba falsa, sino que es necesario comprobar la incidencia determinante que el medio de prueba declarado judicialmente falso, haya tenido en la estructuración de las conclusiones o declaración de justicia contenida en el fallo atacado por vía de revisión.

4. En consonancia con lo expuesto, la satisfacción de las exigencias para la prosperidad de la acción de revisión no admite discusión en el presente evento por cuanto el examen del proceso penal adelantado contra H.J.G.R. revela que el juicio de responsabilidad emitido por las autoridades judiciales tanto en primera como en segunda instancia, esto es, las sentencias de condena proferidas por el juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de XXX y el tribunal superior de XXX, que hicieron tránsito a cosa juzgada, se sustentó en los testimonios vertidos por G.P.C.V., F.S.A. y M.F.C., únicos testigos directos de lo acontecido.

En el fallo de primer grado, tras la acreditación de la materialidad del delito contra la vida de J.G.M. a través de estipulaciones probatorias, se dio paso a la presentación sintetizada de lo atestiguado por cada uno de los mencionados deponentes, que señaló el a quo los tendría en cuenta porque llevaban al convencimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad de H.G., precisando a ese efecto que habían sido concordantes en afirmar cómo conocían al procesado de tiempo atrás y por ese motivo pudieron señalarlo en fila personas e incluso en la propia vista pública, de ser la persona que vieron suministró el arma de fuego a A.A., misma que acto seguido este accionó en contra de la víctima.

En especial indicó el fallador que el análisis detallado del testimonio de G.P.C.V., llevaba a tenerla por la “testigo estrella” en el sentido que:

... coincide su declaración con lo dicho por el señor A.A. de que ella estuvo en el lugar de los hechos... Y así mismo la señora G.P.C. expresó que ella se encontraba cerca y que escuchó los pormenores de lo que iba a suceder esa noche con el señor J.G.M., esto es, el que le diera muerte al mismo por parte del señor A.(sic). Por esta razón este despacho llega al convencimiento que lo dicho por esta testigo no se puede desechar, por el contrario fulmina más al señor H.G. en la comisión de la conducta por la cual fue llamado a juicio...(1).

Y más adelante, en clara referencia al dicho de F.S.A. y M.F.C., para restar crédito a los testigos de descargo, expuso:

... el señor A., la señora E., la señora N., vemos que tratan de no involucrar al señor H.G. la conducta endilgada (sic) aduciendo que le suministraron unas gotas de S. y este se quedó dormido toda la noche. Pero vemos que son discordantes no solo en cuanto a la hora de llegada del procesado a la casa de residencia sino en el número de gotas suministradas, la hora en que se despertó, la forma cómo lo hizo. Además vemos que los testigos no obstante haber expresado que el señor H. no se encontraba en el lugar de los hechos, otros testigos desvirtúan lo dicho. Estos testigos de descargo son contradictorios entre sí y llevan a esta judicatura a la convicción de que el señor H.G. estuvo en el lugar de los hechos y fue la persona que suministró el arma de fuego al señor A., quienes en la forma de coautores cegaron la vida del señor J.G.M.(2).

Por su parte, el tribunal al asumir el escrutinio propio del recurso de apelación contra la decisión de condena de primera instancia, refirió que las pruebas en que se sustentó la sentencia eran básicamente testimoniales, razón por la cual procedía su análisis conjunto acorde con los criterios de apreciación previstos en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal.

Desde esa perspectiva explicó que no cabía duda alguna acerca de la riña que se presentó en horas de la tarde del 11 de mayo de 2008 en la que se vieron involucrados, entre otros, el procesado G.R., A.A. y J.G.M., la cual dio motivo a lo que horas más tarde sucedió, esto es, al disparo que recibió el último de los mencionados de parte de A. cuando estaba acompañado de G.P.C., situación que la convierte a ella en testigo de excepción al percibir directamente ese acontecer.

Su testimonio, dijo el tribunal, se considera fundamental porque estuvo en el lugar y vio lo que sucedió, esto es, que G. le entregó a A. el arma de fuego con que en efecto este atentó contra su compañero marital, como también porque conocía de tiempo atrás al primero de ellos con el apodo de “XXX” y carecía de razón para mentir acerca de su conducta, menos aún si se toma en cuenta la presencia de otras personas en el lugar de los hechos, a cualquiera de las cuales podría haber señalado para no dejar en la impunidad el crimen si de ello se tratara.

Descartó el ad quem credibilidad al testimonio de A.A., excepto en cuanto aceptó haber disparado contra la víctima, al afirmar que H.G. no estaba con él y no le suministró el arma, porque resultó desmentido por la referida G.P.C.; y, además, porque vistas las circunstancias que narró de haberse ocultado en zona boscosa después del suceso para evadir su responsabilidad, a pesar de ello se enteró de la clase de medicamento que los familiares de G.R. le suministraron para hacerlo dormir, resultando poco creíble que se preocupara más por la situación de su amigo que por el hecho de haber matado a otra persona y lograr huir de las autoridades.

Así mismo, consideró que los testimonios de descargo presentados por la defensa no tenían consistencia porque ninguno de tales declarantes presenció la muerte de J.G.M. y en cambio se coligió que trataron de elaborar una coartada para favorecer a G.R., advirtiendo serias inconsistencias en sus relatos acerca de la clase de medicina que le dieron, la posología y la forma en que le fue administrada.

Y concluyó el colegiado explicando el mérito que tenían los testimonios de F.S. y M.F. en tanto conocían de antaño a H.G. y por eso lo pudieron reconocer en fila de personas; igualmente, narraron las circunstancias de lo ocurrido que pudieron percibir y otros detalles como las agresiones y amenazas que sufrieron a raíz del suceso, destacando que coincidieron en decir que estaban cerca del lugar donde A. disparó contra J.G. mientras lo acompañaba su mujer —G.P.C.—, así como dijeron de la presencia allí de H.J., que fue quien entregó el arma homicida al autor material del atentado.

En suma, se destacó su concordancia al narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y las explicaciones que dieron sobre las causas que originaron la muerte de J.G.M.

Para controvertir la cosa juzgada, en desarrollo del proceso de revisión, allegó el accionante copias de las sentencias de condena proferidas todas por el juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de XXX en disfavor de G.P.C.V., F.S.A. y M.F.C., por cuyo medio fueron declarados penalmente responsables de los delitos de falso testimonio y fraude procesal, como consecuencia de haber aceptado que mintieron acerca del señalamiento que hicieron contra G.R.

Ciertamente se cuenta con copias fidedignas de las actuaciones judiciales adelantadas por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación(3) en contra de G.P.C.V.(4), F.S.A.(5) y M.F.C.(6). Los respectivos fallos, en firme, proferidos en esas causas criminales, en orden cronológico, son:

a. Respecto de F.S.A., sentencia del 31 de agosto de 2015 a raíz del allanamiento a los cargos que ella manifestó en audiencia preliminar; por tanto, se la condenó por los delitos de falso testimonio y fraude procesal a la pena principal de cuarenta y cinco (45) meses de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por idéntico lapso.

b. En cuanto a M.F.C., el 15 de octubre de 2015 se dio aprobación al preacuerdo que él suscribió con la fiscalía y por ello se le condenó por los delitos de falso testimonio y fraude procesal a las penas de cuarenta y cinco (45) meses de prisión y multa de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena de prisión.

c. Y en lo que concierne a G.P.C.V., se profirió sentencia el 15 de febrero de 2016 con ocasión del allanamiento a cargos en audiencia preliminar de imputación; fue condenada por los delitos de falso testimonio y fraude procesal a las penas de cuarenta y cinco (45) meses de prisión y multa de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de cinco (5) años.

5. Sentadas las premisas previas, se tiene que en la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida cursó el litigio criminal adelantado a H.J.G.R., el carácter de medio de prueba que tiene el testimonio resulta indiscutible acorde con el rigor de los artículos 383 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

De igual forma está establecida la falsedad testimonial en que incurrieron G.P.C.V., F.S.A. y M.F.C., conforme fue declarado judicialmente y, más aún, que sus relatos sobre las circunstancias en que sucedió el homicidio de J.G.M. fueron trascendentales para concluir el juicio de responsabilidad de G.R. en el actuar ilícito que produjo ese resultado.

Revelan las sentencias proferidas contra el accionante que los testimonios rendidos por estas personas se erigieron en elementos determinantes acorde con la ponderación y análisis probatorio expuestos por las instancias judiciales, coligiéndose que se trata de elementos de convicción sin los cuales la declaración de verdad procesal pierde soporte.

En consecuencia, atendida la naturaleza y contenido de la prueba incorporada en el juicio rescindente, a partir del contraste entre las motivaciones probatorias de los fallos de condena y la prueba de la falsedad testimonial en que incurrieron G.P.C.V., F.S.A. y M.F.C., es dable afirmar que la verdad histórica o realidad de lo sucedido no coincide con la verdad declarada judicialmente; y que de haber sido conocida oportunamente la prueba que ahora sirve de sustento a la acción, la decisión de mérito habría sido de carácter absolutorio a favor del procesado bien sobre la base de la declaración de inocencia o, al menos, de existencia de duda razonable sobre su responsabilidad.

Corolario de todo lo expuesto es que se cumplen a cabalidad los presupuestos exigidos para declarar fundada la causal de revisión alegada en este evento.

6. Acorde con el artículo 196 de la Ley 906 de 2004, se dejará sin valor la actuación adelantada en el proceso penal seguido a H.J.G.R., a partir de la presentación del escrito de acusación, inclusive. Se dispondrá, por tanto, remitir las diligencias a la Fiscalía General de la Nación para los fines de su competencia.

No sobra precisar que en consonancia con el inciso segundo del numeral 1º del artículo 196 en cita, el momento procesal a partir del cual habrá de adelantarse el juicio rescisorio se determina con relación a la demostración de la causal de revisión invocada, que en el presente evento conduce a concluir la necesidad de retraer la actuación a la fase idónea para restablecerla en debida forma con salvaguarda de los derechos del ciudadano investigado, vistos los elementos probatorios que la fiscalía presentó para acusar a H.J.G.R., de los cuales deberán excluirse los testimonios de G.P.C.V., F.S.A. y M.F.C., dado que está demostrado fueron condenados por falso testimonio y fraude procesal.

De igual manera, se ordenará la libertad provisional de H.J.G.R., quien deberá prestar caución juratoria para ese efecto.

Comoquiera que el accionante se encuentra actualmente privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de XXX, se comisionará a la presidencia de la Sala Penal del tribunal con sede en esa ciudad para que expida la respectiva boleta de liberación, la cual se hará efectiva siempre y cuando el ciudadano no sea requerido por diferente autoridad judicial en distinto proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR fundada la demanda de revisión invocada, a través de apoderado, por H.J.G.R.

2. DECLARAR sin valor la actuación adelantada en el proceso seguido contra H.J.G.R. por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, a partir de la presentación del escrito de acusación, inclusive. En consecuencia, REMITIR las diligencias a la Fiscalía General de la Nación, por competencia.

3. ORDENAR la libertad provisional de H.J.G.R., bajo caución juratoria, y COMISIONAR a la presidencia de la sala penal del tribunal superior de XXX para que expida la correspondiente boleta de liberación, la cual se hará efectiva siempre y cuando el ciudadano no sea requerido por diferente autoridad judicial en distinta actuación.

4. Contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Registro 28:55 y siguientes, disco compacto contentivo del archivo de audio de la audiencia de lectura de sentencia realizada el 24 de noviembre de 2008.

(2) Ibídem.

(3) Inicialmente bajo la radicación común XXX.

(4) Juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de XXX, radicación XXX.

(5) Juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de XXX, radicación XXX.

(6) Juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento de XXX, radicación XXX.