Sentencia SP18533-2017 de noviembre 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 49924

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Acta 372

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La defensa de Manuel Arroyave, demanda la revisión de la sentencia dictada por la Sala Única del Tribunal Superior de Florencia, que el 11 de noviembre de 2010 confirmó, con modificaciones(4), la decisión proferida el 9 de septiembre del mismo año por el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes (Caquetá).

En sustento de su petición, pide a la sala que inaplique el incremento punitivo al que se refiere el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en la condena que fue impuesta a su prohijado, petición que funda en la postura que esta corporación adoptó a partir de la decisión CSJ S.P., 27 de febrero de 2013, rad. 33254.

En la citada providencia, la Corte Suprema de Justicia precisó, en lo fundamental, que el incremento general de penas previsto por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 no puede aplicarse en el proceso de dosificación de la pena cuando el procesado favorece la terminación anticipada del proceso por la vía de los allanamientos o los acuerdos, si no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos por cuenta de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Así se explicó en esa sentencia de casación:

(…) fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena (…).

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006.

Así las cosas, la postura jurisprudencial enunciada solo tiene cabida frente a aquellos eventos en los cuales, quien es procesado por delitos de “terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos” y se allana a cargos o suscribe preacuerdo con la fiscalía, no recibe en la sentencia condenatoria ningún beneficio punitivo en razón de la expresa prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, pero a pesar de lo anterior, al determinar la sanción penal a imponer, el juez de conocimiento tiene en cuenta el incremento genérico de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Pues bien, los lineamientos plasmados en el cambio jurisprudencial que invoca el demandante se cumplen a cabalidad porque:

i. En la audiencia de formulación de imputación Manuel Arroyave aceptó su responsabilidad por el delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa que le atribuyó la fiscalía.

ii. Al tasar la pena, el tribunal aplicó el incremento genérico del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y le negó rebaja alguna por la aceptación de los cargos, en acatamiento de lo dispuesto en el canon 26 de la Ley 1121 de 2006(5).

Así las cosas, se impone declarar fundada la causal invocada y en consecuencia, aplicar al caso la postura adoptada por la Corte en la decisión CSJ S.P., 27 de febrero de 2013, rad. 33254. Ello comporta una redosificación de la pena que le queda por cumplir a Manuel Arroyave, descartando de ella el incremento genérico regulado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.

Cabe aclarar, que como el condenado Cristian Jesús Motta Herrera —no accionante— se encuentra en las mismas condiciones del demandante, la sala le hará extensivos los efectos favorables del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 906 de 2004(6).

2. Para lo que ocupa la atención de la sala, el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes (Caquetá) condenó a Manuel Arroyave y Cristian Jesús Motta Herrera como coautores del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa, a las penas de 168 meses de prisión y multa equivalente a 925 salarios.

La Sala Única del Tribunal Superior de Florencia modificó la sentencia de primer grado en el sentido de imponerles las penas de 128 meses de prisión y multa de 2.000 salarios.

2.1. El tribunal advirtió que el despacho a quo había cometido un yerro en el ejercicio dosimétrico, pues dedujo en contra de los condenados una circunstancia de mayor punibilidad que no les había sido endilgada en la acusación(7).

Ahora bien, para corregir la equivocación advertida e imponer la sanción definitiva, inició el juez colegiado por señalar que el delito de extorsión, tiene consagrada una sanción básica de 192 a 288 meses de prisión, que incrementó por las circunstancias agravantes del artículo 245 del Código Penal(8), quedando los extremos punitivos entre 256 y 384 meses de internamiento carcelario.

Sobre dicho límite, teniendo en cuenta que a Arroyave y Motta Herrera solo les fue imputada la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 55-1(9), se ubicó en el cuarto mínimo de movilidad, e impuso el guarismo mínimo del primer cuarto (256 meses) que disminuyó en la mitad, en atención a lo previsto en el artículo 27 del Código Penal, para fijar como sanciones definitivas las de 128 meses de prisión y multa de 2.000 SMLMV(10).

2.2. Bajo esos criterios, y teniendo en cuenta el procedimiento fijado en los artículos 27, 60 y 61 del Código Penal, la Corte procederá a redosificar las penas:

El delito de extorsión, sin el incremento ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, y conforme a lo establecido en la Ley 733 de 2002, prevé las penas de prisión de 12 a 16 años (144 a 192 meses); y multa de 3.000 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como dicha conducta se agravó por vía de los numerales 3º y 4º del art. 245 del Código Penal(11), se debe incrementar el extremo máximo de la sanción en una tercera parte, para un margen de 144 a 256 meses de prisión, en atención a las previsiones del numeral 2º del artículo 60 del Código Penal(12)(13).

Frente a este monto, es procedente descontar el quantum previsto en el artículo 27 ibídem, por tratarse de una conducta tentada, es decir, “no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo”, para una pena que oscilará entre 72 y 192 meses de prisión.

Fraccionados en cuartos tales extremos se obtiene lo siguiente: (i) para la pena de prisión: el cuarto mínimo oscila entre 72 a 102 meses; segundo cuarto de 102 meses y 1 día a 132 meses; tercer cuarto de 132 meses y 1 día a 162 meses, y cuarto final de 162 meses y 1 día a 192 meses; (ii) para la pena de multa: primer cuarto de 1.500 a 2.250; segundo cuarto de 2251 a 3.000; tercero de 3.001 a 3.750 y cuarto final de 3.751 a 4.500.

En el fallo de segunda instancia solo se tuvo en cuenta la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 55-1 del Código Penal; además, señaló el mínimo de la pena como sanción a imponer, sin incremento alguno conforme las previsiones del artículo 61 del Código Penal. A tal criterio se atendrá la Corte estableciendo la sanción en 72 meses.

Cabe aclarar, que la primera instancia fijó la pena de multa en 925 salarios mínimos. Por ende, en estricto acatamiento del principio de non reformatio in pejus y su importancia de cara al principio de legalidad(14), en ese monto se fijará la multa, como quiera que la decisión de primera instancia solo fue apelada por la defensa(15).

En consecuencia de lo expuesto en páginas precedentes, se declararán sin valor, parcialmente, las sentencias del 9 de septiembre y 11 de noviembre de 2010, dictadas, en su orden, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes (Caquetá) y la Sala Única del Tribunal Superior de Florencia, exclusivamente para fijar las sanciones principales impuestas a Manuel Arroyave y Cristian Jesús Motta Herrera, en 72 meses de prisión y multa de 925 SMLMV, como coautores el delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa.

La pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas se impondrá por el mismo plazo de la privativa de la libertad.

3. Según informe que rindió el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Manuel Arroyave estuvo privado de la libertad desde el 29 de junio de 2010 y hasta el 16 de junio de 2017(16); durante ese plazo descontó, entre tiempo físico intramuros y redenciones, un total de noventa y seis meses y 8.25 días de prisión(17).

Con relación a Cristian Jesús Motta Herrera, indicó el despacho ejecutor que estuvo privado de la libertad por el mismo lapso(18), durante el cual descontó, entre tiempo físico intramuros y redenciones, un total de noventa y cinco meses y 8.25 días de prisión(19).

La situación anterior, amerita otorgarle a los sentenciados la libertad por pena cumplida, previa verificación de la autoridad correspondiente de que no haya requerimientos pendientes por parte de otras autoridades judiciales.

4. En consecuencia, se ordenará, por secretaría de la sala, i) oficiar al Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes (Caquetá), para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de Manuel Arroyave.

2. DEJAR SIN VALOR, PARCIALMENTE, las sentencias del 9 de septiembre y 11 de noviembre de 2010, dictadas, en su orden, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes (Caquetá) y la Sala Única del Tribunal Superior de Florencia, exclusivamente para fijar las sanciones principales impuestas a Manuel Arroyave y Cristian Jesús Motta Herrera, en 72 meses de prisión y multa de 925 SMLMV, como coautores del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa.

La pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas se impondrá por el mismo plazo de la privativa de la libertad.

3. CONCEDER LA LIBERTAD por pena cumplida a Manuel Arroyave y Cristian Jesús Motta Herrera, en razón de este proceso, previa verificación de la autoridad correspondiente de que no haya requerimientos pendientes de otras autoridades judiciales.

4. En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.

5. Ordénese, por secretaría de la sala, i) oficiar al Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes (Caquetá), para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, para lo de su cargo.

Contra esta decisión no procede ningún recurso».

4 Derivadas de yerros del juzgado de conocimiento en el proceso de dosificación de la pena.

5 ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustantiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

6 ART. 198.—Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 192, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes.

7 La contenida en el artículo 58 - 10 del Código Penal: “Obrar en coparticipación criminal”.

8 Numerales 3º (si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro, o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común) y 4º (cuando se cometa con fines publicitarios o políticos constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa).

9 La carencia de antecedentes penales.

10 En este punto, el fallador de segundo grado estableció los extremos de la multa entre 4.000 y 9.000 salarios y luego de aplicar el mismo procedimiento de la sanción privativa de la libertad, la fijó en 2.000 salarios.

11 ART. 245. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera (1/3) parte y la multa será de tres mil (3.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

(…).

3. Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro, o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.

4. Cuando se cometa con fines publicitarios o políticos constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa.

12 ART. 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables.

Para efectuar el proceso de individualización de la pena el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas:

1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica.

2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica.

13 Cabe aclarar, frente a este punto, que el tribunal se equivocó en la dosificación de la pena, pues aplicó el inciso 1º ejusdem y en ese sentido, incrementó los extremos mínimo y máximo de la infracción, a pesar de que la circunstancia agravante aumentaba la sanción “hasta en una proporción”.

14 Sobre ese aspecto, dijo la Corte en CSJ S.P., 12 dic. 2012, rad. 35487 (reiterada en CSJ AP5285 - 2017) lo siguiente: “la sala ha analizado la colisión que puede presentarse entre los principios de legalidad de la pena y de non reformatio in pejus. En el contexto del recurso extraordinario de casación, ha concluido que a pesar de la trascendencia del principio de legalidad, y así se esté ante su evidente transgresión, no le es posible a la Corte tomar los correctivos pertinentes cuando de ello se deriva una situación más desventajosa para el acusado que tiene la calidad de apelante único (entre otras, CSJ S.C., 16 sep. 2015, rad. 38154). Esta misma lógica es aplicable a los tribunales superiores de distrito judicial cuando al conocer el recurso de apelación interpuesto exclusivamente por la defensa detectan que el principio de legalidad ha sido quebrantado, pero los correctivos generarían una reforma peyorativa para el acusado”.

15 Como consta a folios 52 y 53 del cuaderno original.

16 Día en que el juzgado ejecutor le concedió la libertad condicionada a que se refieren los artículos 35 de la Ley 1820 de 2016 y 10 del Decreto 277 de 2017.

17 Fl. 83, cdno. Corte.

18 Es decir, hasta el 16 de junio de 2017, fecha en que el juzgado ejecutor le concedió la libertad condicionada a que se refieren los artículos 35 de la Ley 1820 de 2016 y 10 del Decreto 277 de 2017.

19 Fl. 83, cdno. Corte.