Sentencia SP18534-2017/49209 de noviembre 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 49209

Acta 372

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Se procede conforme al inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, que constituye excepción al principio de limitación, pues dispone:

En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo.

Es decir, en lugar de inadmitir la demanda, que normalmente, dadas las falencias de aquella, sería la consecuencia jurídica aplicable, la Corte, por razón de los motivos enunciados, supera los defectos del libelo que le impedían decidir de fondo y queda habilitada para resolver, pudiendo tener en cuenta causales diferentes a las alegadas. Esto es así porque:

(…) la casación, como un instrumento extraordinario de impugnación de los fallos, forzosamente influida en su desarrollo procesal y material por la Carta Política —dado el carácter normativo de ésta—, no escapa a la necesidad de precaver una tutela judicial efectiva en el orden penal en el entendido de que la misma sólo tiene razón de ser dentro de un Estado que se proclama como Constitucional de Derecho, en tanto se procure la preservación de aquellos valores esenciales reconocidos por el ordenamiento jurídico (legal, supralegal o internacional), a través de la efectividad de los medios o instrumentos jurídicos establecidos para el libre ejercicio de los derechos, cuyo contenido procesal y procesal constitucional proviene del ámbito de protección que la propia Carta Política les confiere.

6. De ahí que la protección de las garantías fundamentales, como elemento teleológico inherente al recurso de casación, decididamente termina por imponer —de acuerdo con la previsión actual, que infunde todos sus benéficos efectos a cualquier caso sometido a estudio por la Corte—, superar aquellos escollos formales en procura de ejercer un correctivo de legalidad frente al fallo, cuando emerge ostensible su quebranto (CSJ SP, jun. 22/2005, rad. 22734).

2. Control material de la acusación.

En pronunciamientos recientemente reiterados (CSJ SP9343-2017, jun. 28/2017, rad. 48875), la Sala ha sido enfática en señalar que:

(…) el juez no tiene competencia para cuestionar la imputaciónefectuada por el fiscal, como que ese acto es propio del titular dela acción penal. Por tanto, allegado el escrito de acusación oel acta de allanamiento que, aceptada, equivale al mismo,el juez de conocimiento tiene limitada su participación, como que,tratándose de un acto voluntario y libre de aceptación de laimputación, debe aceptarlo y convocar a la audiencia paraindividualizar la pena, según se lo impone el inciso final delartículo 293 procesal (CSJ AP, mayo 6/2009, rad. 31538).

(…) la acusación (que incluye los allanamientos ypreacuerdos que se asimilan a ella) estructura un acto de parte que compete, de manera exclusiva y excluyente, a la Fiscalía, desde donde deriva que la misma no puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las partes ni los intervinientes, con la salvedad de que los dos últimos pueden formular observaciones en los términos del artículo 339 procesal.

En esas condiciones, la adecuación típica que la Fiscalíahaga de los hechos investigados es de su fuero y, por reglageneral, no puede ser censurada ni por el juez ni por laspartes.

2. Lo anterior igual se aplica en temas como la admisión de cargosy los preacuerdos logrados entre la Fiscalía y el acusado, que,como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partesy el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentenciaconforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta la lesión a garantías fundamentales (CSJ SP, feb. 6/2013, rad. 39892).

En contra de lo anotado, en esta actuación el a quo decidió corregir la adecuación típica efectuada por la Fiscalía en las audiencias de formulación de imputación y de acusación, pues en su criterio los hechos se amoldaban de manera más perfecta en la circunstancia del literal a) del artículo 2º de la Ley 1761 de 2015, no así en la prevista por el literal e) de la misma disposición, que fue la seleccionada por el órgano de persecución penal. Con ello, evidentemente extralimitó sus poderes de decisión, proceder que debe ser corregido por la Corte, ya que la segunda instancia lo respaldó.

Lo cierto es que la acusación, en sus aspectos fáctico y jurídico, así como la aceptación de culpabilidad por el procesado estuvieron referidos al artículo 2-e de la Ley 1761 de 2015. Y únicamente por ese específico cargo era viable la emisión de sentencia condenatoria porque frente a él fue que se produjo el allanamiento.

En consecuencia, se casará el fallo impugnado para restablecer la congruencia entre la condena y la acusación (en este caso su equivalente), sin que ello implique modificación del quantum punitivo.

3. La imposición de la pena accesoria de prohibición de aproximarse a los integrantes del grupo familiar de la víctima.

El Código Penal clasifica las penas que se pueden imponer con arreglo al mismo en: principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos, cuando no obren como principales (art. 34).

Enumera como penas accesorias privativas de otros derechos la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y otras más, entre las que se incluye la indicada en el título del presente acápite (art. 43, num. 10, adicionado por L. 1257/2008).

El estatuto punitivo también establece que en todo caso la pena de prisión conlleva la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, pero que las demás penas accesorias privativas de otros derechos serán impuestas por el juez “(…) cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena” (art. 52).

En ese mismo precepto dispone la Ley 599 de 2000 que la valoración en concreto de los criterios antes enunciados demanda del juez observar “(…) estrictamente lo dispuesto en el artículo 59”, a saber: “Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.

Por tanto, como en la actuación que se examina la motivación de la imposición de la pena accesoria de prohibición de acercarse a los integrantes del grupo familiar de la víctima es inexistente, la misma no puede subsistir por contrariar los dictados de los artículos 52 y 59 del Código Penal. Cabe recordar que la imposición de este tipo de penas no es automática y no puede

(…) fundarse en la arbitrariedad o capricho, puesto que se hallan legalmente ceñidas a unos parámetros concretos en cuanto a su aplicación y duración, como son los de gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación y agravación, y la personalidad del agente, según se establece del artículo 61 ejusdem, factores todos ellos que involucran para el juzgador la necesidad de realizar un cuidadoso análisis con miras a evaluar tanto la procedencia de la respectiva imposición como su posible prolongación en el tiempo, siendo su deber, además, considerar las diferentes funciones que dentro del ordenamiento penal justifican su imposición conforme a la regulación normativa, al respecto contenida en el artículo 12 del estatuto punitivo (CSJ SP, mayo 2/2001, rad. 13683).

4. El allanamiento a cargos y la consecuente rebaja punitiva en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley 1761 de 2015.

La Ley 906 de 2004 únicamente prevé tres actuaciones en las cuales el procesado debe ser interrogado sobre la posibilidad de allanarse a los cargos, es decir, declararse culpable: (1) la audiencia de formulación de imputación (art. 288-5); (2) la audiencia preparatoria (art. 356-5); y, (3) el juicio oral, en la fase de la alegación inicial (art. 367).

La aceptación de los cargos vía allanamiento en cada uno de esos momentos procesales genera, como contraprestación, una rebaja de la pena imponible que, en su orden es: (1) hasta de la mitad (por remisión del art. 288-5 al art. 351 ibídem, que hace parte del título sobre preacuerdos y negociaciones); (2) hasta de una tercera parte (art. 356-5); y, (3) de una sexta parte (art. 367, inc. 2º).

En este proceso el señor M. Á. G. G. exteriorizó su deseo de allanarse a los cargos en la audiencia de formulación de acusación, y así lo hizo, produciéndose en el mismo acto la verificación de su manifestación de culpabilidad.

Esta situación comporta una irregularidad que, como lo había señalado la Corte en pretérita ocasión, “(…) no logra resquebrajar la estructura del proceso (…)” y, por tanto, no impone “(…) la declaratoria de invalidez de lo actuado (…)” (CSJ SP, jul. 8/2009, rad. 31063).

Como en ese estadio procesal ya estaba fenecida la oportunidad prevista por el artículo 288-3, la rebaja punitiva no puede ser la contemplada en el artículo 351, sino la prevista para la siguiente oportunidad habilitada por la ley, esto es de hasta una tercera parte (1/3), como reza el artículo 356-5. Así lo precisó la Corte en el pronunciamiento citado en precedencia y también en el que se transcribe a continuación:

Y, si como pareciera serlo, el reproche más bien está dirigido a cuestionar la ausencia de descuento punitivo en cuantía de hasta la mitad, consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, suficiente es precisar que tal reducción punitiva únicamente está prevista para los que admiten su responsabilidad en la audiencia de formulación de la imputación, y no para los que avanzan a estadios posteriores y niegan su participación en los hechos, permitiendo que se les eleven formalmente los cargos en el acto complejo de acusación (CSJ AP5853-2014, sep. 24/2014, rad. 42450).

Empero, el a quo reconoció únicamente una sexta parte (1/6) de reducción de la pena por razón de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 1761 de 2015, que es del siguiente tenor:

“ART. 5º—Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias.

El defensor apeló y replicó que el precepto aplica únicamente para preacuerdos y que, por tanto, se estaba confundiendo aquél instituto con el allanamiento a cargos.

El tribunal confirmó, por considerar que una interpretación sistemática, centrada en la política criminal, permite concluir que “(…) la proscripción de beneficios que se contiene en tal texto legal, se extiende no sólo en lo que concierne a preacuerdos, sino al allanamiento a cargos, al margen del nomen iuris de la (…) norma (…)”, ya que la misma “(…) hace referencia genéricamente a la aplicación de un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, mismo, que contempla sólo la rebaja de penas frente a la imputación a cargos”.

En la audiencia de sustentación ante la Corte el Fiscal Delegado expuso que en su sentir la disposición citada lo que hizo fue proscribir la rebaja de pena por allanamiento a cargos para quienes acepten su culpabilidad en un momento procesal diferente a la audiencia de formulación de imputación.

Para la Sala no le asiste razón al casacionista en su reclamo y el monto reconocido como rebaja de pena a cambio del allanamiento a la imputación se ajusta a lo previsto en la ley.

Si bien el título del artículo 5º de la Ley 1761 de 2015 corresponde a “Preacuerdos”, lo cierto es que con esa disposición se afecta la rebaja de pena prevista por el inciso 1º del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que no es exclusiva de estos, sino que también se aplica en caso de allanamiento a cargos, según lo indica el numeral 3º del artículo 288 ibídem, que prevé la: “Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351” (se resalta).

Es decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación se supedita al artículo 351 y tal descuento se encuentra limitado para los casos de feminicidio, esa previsión también es extensiva a la eventualidad contemplada por el artículo 288-3, por la inescindible conexión que existe entre los dos preceptos.

Si bien la intención de eliminar beneficios y subrogados para los perpetradores de feminicidio fue morigerada en forma significativa durante el trámite del proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso Nº 322 del 22 de mayo de 2015, página 11), en todo caso se mantuvo el propósito declarado en la exposición de motivos, esto es, obtener la imposición de una sanción ejemplarizante para los responsables de feminicidio, debido a la gravedad del hecho y al grado de repudio que el mismo merece (Gaceta del Congreso Nº 773 del 26 de septiembre de 2013, página 8).

Pues bien, a ese designio se ajusta la interpretación prohijada por la Sala, así como también a la conceptualización que ha retomado a partir de la providencia CSJ SP14496-2017, sep. 27/2017, radicado 39831, en el sentido que el allanamiento a cargos es una modalidad de preacuerdo.

Por el contrario, en el texto de la disposición examinada ni en sus antecedentes se encuentran elementos que sirvan de fundamento al entendimiento pregonado por el Fiscal Delegado.

En resumen, el aspecto aquí considerado se mantendrá incólume.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente la sentencia demandada, en el sentido de condenar a M. Á. G. G. como autor de feminicidio, según el artículo 104A-e del Código Penal (adicionado por L. 1761/2015, art. 2º), excluyendo la pena accesoria de prohibición de aproximarse a los integrantes del grupo familiar de la víctima. Las demás disposiciones de las instancias, diferentes a las anteriores, se mantienen.

2. Devolver la actuación al tribunal de origen.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».