Sentencia SP18954-2017/47770 de noviembre 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47770

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Aprobada acta 377

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Demanda de casacion

El demandante formula tres cargos, dos con fundamento en la causal primera y un cargo subsidiario con apoyo en la causal tercera de casación penal (artículo 207 de la Ley 600 de 2000).

(...)

Consideraciones de la Corte

La Corte no casará la sentencia y desestimará los cargos propuestos. Con ese propósito, analizará las censuras de nulidad simultáneamente, pues tienen elementos comunes, y luego la tercera por infracción indirecta de la ley.

1. Cargos por nulidad.

Pueden demandarse en casación por esta vía los vicios de rito y de garantía.

En cuanto a los primeros, relacionados con infracciones al debido proceso, su denuncia implica ponderar la magnitud de la irregularidad con base en los principios de taxatividad, trascendencia, instrumentalidad, protección, convalidación y residualidad, mientras que la violación del derecho de defensa, una vez constatada, no requiere “de consideraciones referidas al impacto o trascendencia” del vicio (CSJ AP del 16 de agosto de 2017, rad. 50774).

De esta manera la Sala tiene establecido, y las partes lo conocen, que la ausencia total de defensa, ora porque nunca se dotó de la misma al procesado, ya en atención a la absoluta desidia o desinterés del profesional designado, impone la declaratoria de nulidad, ipso facto, sin necesidad de consideraciones referidas al impacto o trascendencia de ello, evidente como se hace que la garantía fue completamente desconocida, lo cual por supuesto no es del caso.

El demandante optó por denunciar las irregularidades como un vicio de rito. En ese sentido, estima que la definición de la situación jurídica es conceptualmente un acto condición de la actuación subsiguiente, que para el caso sería el cierre de la investigación y la posterior calificación de su mérito, de manera que, en su opinión, no hacerlo quebranta el debido proceso.

Sin embargo, no logra explicar la trascendencia del vicio y los réditos que supondría admitir el cargo para ordenar que se defina la situación jurídica de la sindicada restringiéndole su libertad mediante una medida de aseguramiento, como no sea que el beneficio consista en buscar la declaratoria de nulidad con el velado interés de que se decrete la prescripción de la acción penal.

Esa argumentación no puede aceptarse.

El proceso penal de la Ley 600 de 2000 se divide en dos etapas: la de investigación, que se inicia con el auto de apertura formal (L. 600/2000, art. 331) y que concluye con el cierre de la instrucción y la calificación de la misma (L. 600/2000, arts. 393 y 395 y ss.), y el juicio, que comienza con la ejecutoria de la resolución de acusación (artículo 400, ib.) y concluye con la ejecutoria de la sentencia de única o de primera o segunda instancia.

En ese marco conceptual, la definición de la situación jurídica no es un acto de investigación, sino una decisión de carácter jurisdiccional que limita derechos fundamentales y que tiende a procurar la eficacia de las finalidades del proceso penal, en cuanto sea estrictamente necesario para garantizar, en los términos del artículo 355 de la citada ley, “la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual, evitar el entorpecimiento de la instrucción o la actividad probatoria”, únicamente frente a conductas especialmente intolerables por su especial gravedad, que para el caso son los delitos cuya pena mínima sea igual o superior a cuatro años de prisión (L. 600/2000, arts. 354 a 357).

De manera que al ser la definición de la situación jurídica una medida cautelar que incide en el ejercicio de los derechos fundamentales y no un acto de investigación, no constituye un presupuesto necesario de las actuaciones subsiguientes, y eso explica por qué, en el reconocido ámbito de configuración del legislador, se haya estimado innecesario decidir la situación jurídica en relación con delitos con penas inferiores a cuatro años, situación imposible de aceptar si tal determinación fuese un acto conceptualmente indispensable para estructurar el proceso como es debido.

Precisamente en ese giro, en la Sentencia C-620 de 2001, al comparar el sistema de medidas cautelares del Decreto 2700 de 1991 y las de la Ley 600 de 2000, la Corte Constitucional expresó lo siguiente:

“Ciertamente, nada obliga al legislador a mantener incólumes las medidas de aseguramiento imponibles dentro del proceso penal, pues ellas no hacen parte del derecho fundamental al debido proceso. Son simples formas que se utilizan para asegurar el cumplimiento y el desarrollo de la investigación y la etapa de juzgamiento, de tal forma que en vez de favorecer al sindicado, implican una carga que lo obliga a comparecer al proceso” (subrayado fuera de texto).

Ahora, es cierto que la Sala de Casación Penal, como lo refiere el demandante(1), asumió, al interpretar la coexistencia de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, que la definición de la situación jurídica es una forma propia del proceso y que su omisión podría afectar no el debido proceso, sino el derecho de defensa.

Esta conclusión, sin embargo, se debe modular. En efecto, la estructura conceptual del proceso penal de la Ley 600 de 2000 establece que en la diligencia de indagatoria es donde se determinan el presupuesto fáctico y la calificación jurídica de la conducta, y en la resolución de acusación en donde se puntualiza el supuesto fáctico que da origen a una imputación jurídica por esencia modificable (C. P. P., arts. 402 y 404).

De manera que no es acertado afirmar que la definición de la situación jurídica sea un acto condición de las actuaciones subsiguientes, indispensable para garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, en la medida que es en la resolución de acusación en donde se concretan los cargos, se materializa la pretensión de la fiscalía y se abre espacio a la controversia acerca de la conducta por la cual se procede y la responsabilidad de quien es acusado como probable autor de la misma.

Por eso, como lo admitió la Corte Constitucional en la providencia mencionada, incluso en casos donde es necesario definir la situación jurídica, “no hay ninguna disposición procesal que impida que al momento de calificar el sumario se dé a los hechos una denominación jurídica distinta a la del auto de detención, ni que la valoración probatoria sea diferente”, lo cual explica la contingencia formal y material de dicha decisión y la intrascendencia de su eventual omisión, pues la única conexión conceptualmente indispensable es la que debe existir entre los supuestos fácticos dados a conocer al procesado en la indagatoria, la acusación y la sentencia.

Por lo demás, la defensa guardó un discreto silencio frente al cierre de la investigación, momento en el cual ha debido plantear el tema si tan esencial resultaba para el ejercicio de los derechos y garantías de la procesada, lo cual demuestra que convalidó la actuación y la aceptó (Cfr. CSJ. AP del 28 de junio de 2017. Rad. 50531).

Por lo tanto, el cargo no prospera.

Bajo la misma línea de argumentación y con algunas variables circunstanciales, el defensor sostiene que al no haberse realizado la audiencia preparatoria se desconoció el debido proceso. En últimas, el tema es de presentación, pues la esencia del cargo no radica tanto en esa omisión, que es un medio, sino en no haber decretado las pruebas pedidas, que es el tema de fondo. De manera que no es en la forma, sino en el contenido en donde podría radicar la irregularidad, no frente al debido proceso en sí mismo, sino en relación con el derecho de defensa.

Como se trata, en últimas, de la incidencia que podrían tener las pruebas no decretadas en el derecho de defensa, el demandante ha debido acercarse a las bondades que dichos medios podían reportarle para cuestionar la tesis de la fiscalía y a la incidencia en la definición de la responsabilidad por la conducta imputada, y no simplemente en la formalidad del rito procesal.

Aun cuando la audiencia preparatoria fue un escenario de decisiones estériles, como lo demuestra el hecho de que la diligencia se celebró sin resolver la petición de pruebas y ordenando otras de oficio —determinaciones que la defensa no impugnó—, para posteriormente anular dicho trámite debido a que previamente existía una orden de convocatoria a juicio, dichas irregularidades no afectan el núcleo de las garantías procesales, pues como lo ha señalado la Sala en CSJ AP del 16 de agosto de 2017, Rad. 50774, la “trascendencia o no de del vicio no depende del número de irregularidades advertidas, ni del desapego con la específica ritualidad consagrada en el Código de Procedimiento, sino de la evaluación concreta de eficacia”.

La defensa no lo planteó así y el proceso indica que la trascendencia del vicio debe analizarse no desde el margen del rito, sino de la trascendencia de los medios de prueba y de sus implicaciones frente al derecho de defensa.

En efecto, en la sustentación de la petición de pruebas, la defensa argumentó que con las declaraciones de los fiscales A. L. M. y A. P., anteriores jefes de la sindicada, pretendía demostrar el comportamiento laboral de la procesada, y con la ampliación del testimonio del fiscal H. P. R., los pormenores de la investigación contra C. R. G. y cómo se elaboró el concepto pericial (fl. 198, cdno. 1).

Las pruebas, así sustentadas, resultan superfluas, pues la conducta anterior de la acusada no resulta relevante para enfrentar la imputación, y la ampliación de la declaración del jefe inmediato tampoco, en la medida que en la diligencia de indagatoria ella advirtió que quizá por descuido incorporó una acta que no correspondía (fl. 61), explicación que se consideró inadmisible, dado que la hoja número 1º del acta comienza con el título “Diligencia de inspección judicial practicada a la sustancia decomisada a C. R. G. M.. Ref. 134595”, folio en el cual se conceptúa, “Prueba para cocaína y derivados (Scott): positiva” (fl. 52). En tanto la que se aportó al proceso, para ser apreciada por el Juez, tiene el mismo encabezado, pero con conclusión diferente: “Prueba para cocaína y derivados (Scott): negativa” (fl. 14).

En ese contexto, el doctor H. P. R. si bien aceptó que encontró dos actas con diferentes conclusiones, también aseguró que al imputarle cargos al procesado tuvo como prueba “la primera muestra de 50.5 gramos que era la positiva” (fl. 29, cdno. 1), situación que corroboró la perito del cuerpo técnico de investigación, S. B. M., quien al ser informada de tal situación, entregó la copia que reposaba en la oficina de la institución, firmada por ella, la técnico judicial acusada y el fiscal P. R., en la cual se acreditaba el resultado positivo de la sustancia estupefaciente (fl. 22, cdno. 1).

Desde ese punto de vista, las pruebas solicitadas son intrascendentes y la infracción al derecho de defensa desde ese punto de vista es inocua, pues la controversia de los elementos centrales que sirvieron de base para imputarle la comisión de la conducta a la sindicada no dependían de los medios de prueba echados de menos.

Por lo mismo, los cargos no prosperan.

2. Cargo por infracción indirecta de la ley.

Apegado al trazo de la ley y al margen de la realidad procesal, el demandante pretende encontrar en la solemnidad de formalidades no demostradas errores de legalidad en la producción de la prueba.

Su enunciado es simple: para probar el objeto material de la conducta del delito de falsedad material en documento público se requiere incorporar al proceso el documento alterado que el autor introduce al tráfico jurídico. Como el artículo 259 de la Ley 600 de 2000 señala que los documentos se aportarán en original o copia auténtica, o se reconocerán en inspección, dentro de la cual se obtendrá copia, al no cumplir esas solemnidades, el acta en donde se materializaría el comportamiento no podía apreciarse.

Precisamente a la última opción a la cual se refiere la norma citada acudió la fiscalía (fl. 54, exp.), y esa sola comprobación da al traste con el argumento de la defensa. Pero si eso no fuese suficiente, el artículo 262 del mismo estatuto, dispone que “se presumen auténticos los documentos cuando el sujeto procesal contra el cual se aducen no manifieste su inconformidad con los hechos o las cosas que expresan, antes de la finalización de la audiencia pública”, y es un hecho incontrastable que en la diligencia de indagatoria la procesada reconoció el documento alterado (fl. 67-72), solo que manifestó que lo agregó por una confusión, de manera que el documento fue aportado legal y regularmente al proceso.

En consecuencia la Corte no entrará a contrastar la aptitud probatoria del medio y si su exclusión llevaría a la absolución de la procesada, porque la premisa indicada torna innecesario ese debate.

El cargo, por lo tanto, no prospera.

Port lo expuesto, la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

No casar el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 15 de octubre de 2015.

Contra esta providencia, no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

1 Cfr. AP del 4 de marzo de 2009, Rad. 27539.