Sentencia SP1970-2018 de mayo 31 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

—Sala de Juzgamiento—

SP1970-2018

Rad.: 49315

Acta 178

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

5.1. La competencia.

La Sala es competente para investigar y juzgar a los Congresistas por cualquier clase de delito mientras ostenten el cargo y, solo por aquellos que tengan relación con la función, cuando hagan dejación definitiva del mismo.

El 24 de agosto de 2016, según lo informó la Presidencia del Congreso de la República, M. D. fue suspendido del cargo de Senador por la Plenaria de la corporación, conforme a la Resolución Nº 31 de la fecha(28).

Esta situación administrativa no separa definitivamente del servicio al funcionario, por lo que la misma no afecta el fuero constitucional que ostenta para ser investigado por esta corporación, sin necesidad de entrar a analizar si las conductas punibles objeto de acusación tienen o no relación con las funciones, análisis que se ha de realizar en los eventos de pérdida definitiva de esa calidad, la cual no ha acontecido pues de acuerdo con lo manifestado por la Directora General Administrativa del Senado de la República esta medida se extenderá hasta el momento en que lo determine la autoridad competente(29).

No obstante lo previsto por el Acto Legislativo Nº 1 del 18 de enero de 2018, mediante el cual se modificaron los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política, y se implementó el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, se acata lo resuelto por la Sala de Juzgamiento en auto del 4 de abril del año en curso, donde se dispuso:

1. Reafirmar la competencia de la Sala de Casación Penal para juzgar y proferir sentencia en la actuación seguida contra el exsenador M. E. M. D., dentro del proceso radicado con el Nº 49.315. 

2. Requerir al magistrado sustanciador para que presente un proyecto de decisión, en el menor término posible. 

Las consideraciones de ese proveído fueron las siguientes:

La Sala mayoritaria reitera su postura en torno a afirmar la competencia para continuar instruyendo y juzgando los procesos adelantados contra aforados constitucionales, tal como se ha expuesto en los radicados CSJ SP364-2018, 21 feb. Rad. 51142; CSJ AP495-2018, 7 feb. Rad. 37395; CSJ AP400-2018, 1 feb. Rad. 50969, y CSJ AP422-2018, 31 ene. Rad. 39768. 

Sobre el particular, mediante auto de la fecha, dictado en el marco del proceso radicado con el Nº 35.691 (AP1297-2018), que se adelanta contra el exsenador L. A. R. B., la Sala expuso in extenso:  

“Ciertamente, el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018 modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y creó, al interior de la Corte Suprema de Justicia y con funciones limitadas, salas especiales de instrucción y juzgamiento para aforados, encargándole a la Sala de Casación Penal la resolución de los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones de la Sala Especial de Juzgamiento de primera instancia. 

No obstante, dicha reforma constitucional no previó ninguna norma transitoria que permitiera la implementación inmediata de los órganos a los cuales se traslada la competencia para instruir en única instancia y juzgar en primera instancia a los aforados constitucionales, ausencia ante la cual se torna inviable su aplicación en tanto las Salas Especiales nacieron a la vida jurídica en el mismo Acto Legislativo, debiéndose surtir el proceso de selección y nombramiento de los funcionarios judiciales que las compondrán. 

Mientras ello sucede, por unanimidad ha dicho la Sala que su competencia para tramitar los procesos en curso se mantiene, toda vez que la función de administrar justicia no se puede paralizar a la espera de la entrada en actividad de las nuevas Salas Especiales -de Instrucción y Juzgamiento-, «mientras los respectivos poderes públicos implementan esos nuevos organismos, con los trámites constitucionales y legales que ello conlleva.»(30). 

Esto porque, aunque es cierto que el artículo 4º del Acto Legislativo dispone que a partir de la fecha de su promulgación entra a regir y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, también es verdad que dicho mandato es irrealizable en forma inmediata, por imposibilidades fácticas y jurídicas.  

En la práctica, la entrada en funcionamiento de los órganos creados para asumir la instrucción y el juzgamiento en primera instancia de los procesos en contra de los aforados constitucionales requiere del agotamiento de un trámite interadministrativo de implementación, que a la fecha no se ha cumplido. Es una realidad irrefutable que, pese a su creación en la constelación normativa, en este momento las Salas Especiales no existen, por lo que mal podría disponerse la remisión de la actuación a un organismo del todo carente de potestad jurisdiccional, por cuanto ésta no está encarnada en ningún funcionario judicial.  

A una tal intención —enviar la actuación a un organismo carente de entidad-, bajo el pretexto de su existencia en el mundo de las normas, en verdad subyace un fenómeno -ese sí de palpable existencia— que la Sala no puede avalar de ninguna manera por carecer de facultad para ello, a saber, la suspensión de facto del proceso. Un juez que se niega a administrar justicia no sólo atenta contra deberes funcionales, sino quebranta garantías fundamentales como el acceso a la administración de justicia y el derecho a que se decida la situación judicial de un sindicado penalmente dentro de un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas.  

En un evento similar, ya la Sala había censurado este tipo de suspensiones procesales de hecho, solicitadas por sujetos procesales con ocasión de la creación de organismos judiciales que si bien cuentan con competencias definidas en la Constitución, carecían del debido desarrollo legal de las formas propias del juicio y no habían entrado en efectivo funcionamiento.  

Al referirse a la imposibilidad de suspender procesos para ser enviados a la —entonces inexistente JEP—, la Sala unánimemente (CSJ AP5147-2017, Rad. 48.912) argumentó que no hay ninguna norma procedimental que obligue a la Corte a abstenerse de resolver los asuntos bajo su competencia, mediante la figura de la “suspensión de la actuación”. Antes bien, ha de someterse al deber de resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional (art. 142-1 de la Ley 600 de 2000), sin que le sea permitido abstenerse de cumplir sus funciones, menos cuando, fácticamente, no existe la posibilidad de remitir el expediente a ningún organismo judicial operante.  

En el artículo 29 inciso 1º de la Constitución se reconoce la dimensión jurídico-objetiva del debido proceso. El concreto y efectivo ejercicio de este derecho presupone la configuración normativa de las formalidades esenciales que han de regir los procedimientos. Por ello, el artículo 29 inciso 2º ídem preceptúa que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y con observancia de las formas propias de cada juicio. En consecuencia, la delimitación del ámbito de protección del debido proceso ha de consultar el desarrollo legal pertinente.  

El ámbito de protección del derecho al debido proceso está demarcado, entonces, tanto por prescripciones constitucionales genéricas como por la específica configuración legal de las formas propias de cada juicio, pues se trata de una garantía de marcada composición normativa. 

De conformidad con lo anterior, para que proceda la suspensión del proceso o la interrupción de la actuación ha de existir una norma procedimental que así lo permita. Pues, tal circunstancia es una situación excepcional a la regla general, consistente en que el juez ha de “resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional” (art. 142-1, CPP); entre ellos, el de celeridad, conforme al cual la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos de su competencia. 

Sin embargo, no hay ninguna norma que habilite al magistrado ponente a suspender el procedimiento con fines de remisión del expediente a la aun inexistente Sala Especial de Juzgamiento. Además, las causales de suspensión del proceso civil (art. 161, CGP) son inaplicables por remisión normativa (art. 23, CPP), por cuanto resultan extrañas a la naturaleza del proceso penal.

Bajo esa misma lógica es que la Sala, en pleno, ha optado por aplicar la medida que considera más acorde a los derechos y principios que rigen el proceso penal, cual es continuar tramitando las actuaciones hasta tanto entren a funcionar las Salas Especiales, pues ninguna norma de rango supranacional, constitucional o legal autoriza la interrupción de la función pública de administrar justicia, situación que ni siquiera es previsible para los estados de excepción.  

Mas apartándose del consenso logrado en punto de la imperiosa necesidad de proseguir con el trámite de las actuaciones de única instancia, adelantadas contra aforados constitucionales, el magistrado sustanciador del presente asunto pretende aplicar la suspensión de facto del procedimiento, absteniéndose de elaborar el proyecto de sentencia para someterlo a discusión en la Sala, al amparo de una razón carente de solidez y coherencia, así como insostenible a la luz de los postulados básicos de la teoría general del proceso, a saber, que la Sala es competente para investigar y adelantar el juicio, pero no para dictar sentencia.  

Semejante entendimiento comporta una inconcebible escisión de la función de juzgar. La más básica comprensión del proceso penal contemporáneo implica, desde luego, la separación de las funciones de investigar y acusar, por una parte, y la de juzgar, por otra. El juzgamiento entraña la tramitación del juicio, momento procesal destinado para que el juez construya, precedido del debate probatorio, la premisa fáctica de la decisión judicial. Es decir, el juzgamiento no se auto-justifica ni se tramita como un fin en sí mismo, sino que es apenas un instrumento que sirve al fin último de todo procedimiento judicial, esto es, la emisión de la sentencia, donde se resuelve de fondo la controversia. Es en este acto donde cobra sentido la existencia de un poder juris-dicente. En otras palabras, es impensable el ejercicio de la función judicial por un juez que no dice el derecho, que se abstiene de decidir.  

Como lo enseñan los postulados esenciales del derecho procesal, el poder de decisión comprende el ejercicio de la potestad jurisdiccional para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual para desatar los conflictos y darle certeza jurídica a las situaciones jurídicas, concretas, mediante la sentencia(31). En términos de Carnelutti, recogidas las pruebas, puesto que la ley le es conocida, al juez no le queda más que juzgar; ayudado por la discusión entre las partes. Aquél debe resolver las dudas y decidir. Hubo un tiempo en que se admitía que el juez pudiera decir: non liquet (no lo tengo claro), pero el Estado moderno no puede permitir que él no administre justicia, la necesidad de justicia debe ser satisfecha en todo caso(32).  

Tales básicos y elementales preceptos son desatendidos por la incomprensible propuesta de suspender la actuación para ser remitida —con indefinición en el tiempo, además— a la Sala Especial de Juzgamiento, que como entidad con competencia constitucional, pero sin jurisdicción —por cuanto carece de magistrados que encarnen la función judicial— de ninguna manera puede juzgar al acusado(33).  

Desde esa perspectiva, la propuesta rechazada por la Sala mal podría encontrar fundamento normativo, pues ningún ordenamiento procesal desarrollaría preceptos jurídicos que desquicien los pilares básicos del diseño y trámite de un proceso, que de la manera más gráfica posible consiste en una auténtica labor de ingeniería jurídica. No existe ninguna norma, de rango constitucional ni del orden legal, que se refiera al fenómeno de una competencia parcial que fracciona la función del juez de conocimiento; por el contrario, basta revisar la normatividad colombiana para verificar que esa competencia (la de juzgar) conlleva invariablemente la de dictar sentencia.  

En nuestro sistema no milita ningún tipo de limbo jurídico que imponga al juzgador adelantar los trámites del juicio, pero le impida resolver la cuestión litigiosa a él planteada. Precisamente, por consecuencia de esto es que la Sala ha venido exponiendo que la falta de implementación de la reforma constitucional para los asuntos como el presente caso “constituye la razón que descarta una pérdida de competencia de esta corporación para adelantar este proceso en la específica etapa en la que se encontraba a la entrada en vigencia del acto legislativo. Es una garantía fundamental inquebrantable la imperiosa necesidad de administrar justicia sin interrupciones, y, por ello, se afirma que la Corte no puede cesar en sus funciones de investigar y juzgar a los aforados constitucionales, tal y como lo establece el numeral 4º del artículo 235 de la Constitución Política” (CSJ AP422-2018, 31 ene. Rad. 39768).  

Conforme con lo anterior, la Sala reafirma su posición en torno a la conservación de la competencia para continuar conociendo de los procesos que se adelantan en contra de aforados constitucionales, la cual, desde luego, circunscribe el proferimiento de la sentencia, no sólo por ser el acto con el cual termina el juzgamiento, sino debido a que, por antonomasia, implica el perfeccionamiento mismo del proceso. Sin un fallo, el proceso mismo carece de sentido.  

Ahora bien, sin entrar en la discusión sobre la materialización del ejercicio del derecho de impugnación y la garantía de doble conformidad, que en la actual etapa del presente proceso resulta inatinente —pues no se está dictando aún ningún fallo—, es claro que el magistrado sustanciador tampoco puede escudarse en tales tópicos para relevarse del deber de presentar a la Sala la ponencia respectiva, como quiera que el ámbito de aplicación de las aludidas garantías presupone la existencia de una sentencia condenatoria. Empero, lo que la Sala exige en este momento es, apenas, el cumplimiento del ineludible deber de presentar el proyecto de rigor para que sea discutido por la corporación”. 

En tal sentido, en la presente actuación igualmente se requerirá al magistrado ponente para que, a la mayor brevedad posible, presente proyecto de fallo. 

En virtud de lo anterior, se emite la correspondiente sentencia.

5.2. Requisitos para condenar.

Para proferir sentencia condenatoria es necesario acreditar plenamente: (i) la existencia de la conducta punible, y, (ii) la responsabilidad penal del acusado.

A fin de facilitar la comprensión de este fallo, es necesario señalar que, en primer término, se hará mención a las conductas imputadas, en específico, y a la manera en que se tipifican y demuestra su materialidad; en segunda medida, se analizarán y apreciarán los medios de prueba en concreto con el propósito de determinar si le asiste responsabilidad penal a M. E. M. D. en los delitos imputados en la acusación, siguiendo el orden impuesto en esta última; se expondrán los argumentos que permiten conceder o no credibilidad a los medios de convicción y, en su análisis, se ofrecerá la respuesta a los alegatos de los sujetos procesales. Para finalizar se responderá a específicas situaciones planteadas por los mismos.

5.3. Sobre las conductas punibles.

A M. E. M. D. en la acusación, se le convocó a juicio como presunto autor «[...]del punible de concierto para delinquir agravado previsto en el artículo 340 incisos 2 y 3 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006 de Código Penal (sic), en concurso homogéneo sucesivo; y en concurso heterogéneo con los punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes previsto en el artículo 376 original del Código Penal cometido en concurso homogéneo sucesivo, en calidad de coautor (arts. 29 y 31 ibídem); tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo, al tenor de lo normado por los artículos 103 y 104 numerales 4º y 7º, 27 y 31 del Código Penal en condición coautor (art. 29 ibídem); porte de armas y munición de uso privativo de las fuerzas armadas al tenor de lo dispuesto por el artículo 366 ibídem, como coautor; y homicidio agravado como determinador al tenor de lo dispuesto por los artículos 103 y 104 numerales 2º y 4º, y 29 del mismo estatuto represor [...]»(34).

Respecto de esos delitos y la materialidad de los mismos, es necesario considerar lo siguiente:

5.3.1. Del concierto para delinquir con fines de cometer el punible de tráfico de estupefacientes y el tráfico de estupefacientes.

5.3.1.1. La tipicidad.

El delito de concierto para delinquir objeto de la acusación está descrito en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 y por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2011, conforme al marco temporal de su ocurrencia, así:

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de los mis setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. —Modificado. Ley 1121/2006, art. 19—. 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o a la asociación para delinquir. 

La descripción de la norma señalada determina que incurre en tal ilícito una pluralidad de sujetos activos que acuerdan ejecutar delitos y permanecer en el tiempo.

Así las cosas, es un delito de mera conducta y de peligro, ya que basta un acuerdo de voluntades que por sí solo pone en peligro el bien jurídico tutelado de la seguridad pública, sin que se requiera la producción de un resultado (CSJ SP, 24 may. 2017, Rad. 30891).

El delito es de ejecución permanente y, por tal razón, en el caso de que durante su desarrollo ocurra un tránsito de leyes, conforme a criterio de esta corporación, es aplicable la norma vigente en el último acto, lo cual descarta el conflicto de leyes en el tiempo y, por tanto, la aplicación del principio de favorabilidad (CSJ SP, 22 may. 2013, Rad. 35691). En este evento, los incisos 2º y 3º ya citados, en atención a que la conducta se prolongó hasta el 15 de mayo de 2012.

Por su parte, el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes está tipificado en el artículo 376 ibídem como sigue:

El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Si la cantidad de droga no excede de mil (1000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10000) gramos de marihuana, tres mil (3000) gramos de hachís, dos mil (2000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Respecto del tipo objetivo, se tiene que el comportamiento descrito es alternativo, esto es que con cualquiera de estas manifestaciones se da por realizado el mismo.

Al ser una conducta alternativa, es decir compuesta por varios verbos rectores, cada uno de manera independiente, se realiza la consumación del delito, sin demandar un dolo específico, por cuanto basta la sola voluntad de incurrir en aquella para que se entienda como contraria a la ley.

En razón de lo anterior, los actos de introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar droga que produzca dependencia, comportan la realización de un delito autónomo, así se trate de actuaciones concatenadas y progresivas hacia un fin determinado, se constituyan pasos previos para ejecutar el siguiente, o se ejecuten de manera individual o como parte de la distribución de tareas en una empresa criminal.

El bien jurídico tutelado es la salud pública y al ser la conducta punible de peligro no se exige la concreción de un daño al mismo sino que basta la eventualidad de que el interés resulte lesionado en razón a que el legislador anticipa la protección y conmina el ejercicio de la actividad que se considera riesgosa para el bien jurídico y la sociedad. (CSJ SP, 26 feb., Rad. 43184).

5.3.1.2. La materialidad y responsabilidad penal.

Según la acusación M. E. M. D. concertó e integró una organización delictiva con W. P. P., D. C., D. C., J. M., L. M., C. R. M., J. A. A. S., I. R. —«alias J.»—, M. P. —«alias m.»—, J. S. y Y. S. G., entre otros, para sacar del país grandes cantidades de cocaína, desde el municipio de San Antero (Córdoba) hacia Centroamérica.

M. D. hizo parte de esa organización delictiva durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 15 de mayo de 2012, fecha última en la que Y. E. S. G. amplió la denuncia, ocasión en la que señaló que aún con la calidad de congresista continuó con la actividad delictiva(35).

Como integrante activo del grupo criminal, el acusado participó en sacar del país, por lo menos, tres cargamentos de cocaína con destino a Centroamérica por vía marítima en el año 2006: (i) uno de 1200 kilogramos; (ii) el segundo de 1500 kilogramos; y, (iii) el tercero, del cual se ignora la cantidad exacta, pero en atención a la repartición de las ganancias «es superior a 2000 gramos»(36).

Conforme la época de los hechos, las conductas encuentran la adecuación típica en los tipos penales descritos en los artículos 340 inciso segundo de la Ley 599 de 2000, modificado por el 8º de la Ley 733 de 2002, y por el 19 de la Ley 1121 de 2006; y el original artículo 376 del Código Penal.

El artículo 237 del Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000— establece que en esta materia existe libertad probatoria con el objetivo de establecer los elementos constitutivos de la conducta punible y la responsabilidad penal del procesado.

Por su parte, el artículo 277 ibídem indica los criterios para la apreciación del testimonio. Estos son: «[...] los principios de la sana crítica y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo, modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y la singularidad que puedan observarse en el testimonio»(37).

En esa línea, el análisis de la prueba testimonial implica una valoración global frente al universo probatorio «en atención a que la constatación de la veracidad de las manifestaciones de los declarantes involucra una corroboración de estas con los otros medios de convicción en orden a lograr un encajamiento razonable, lógico y coherente». (CSJ SP18022, 1 nov. 2017, Rad. 48679).

Por lo que, de acuerdo con lo normado en el artículo 238 ibídem «las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba»(38).

Con los parámetros teóricos señalados, frente al caudal probatorio legal, regular y oportunamente allegado a la actuación y conforme a los cargos de este acápite se encuentra plena certeza de las conductas punibles y de la responsabilidad penal del procesado, lo que permite condenarlo como autor de los ilícitos ya mencionados. Las razones son las siguientes:

El análisis global de las pruebas demuestra la asociación criminal de un conjunto de personas, entre quienes se encontraban M. E. M. D. y Y. S. G., cuyo objetivo fue sacar del país grandes cantidades de cocaína hacia Centroamérica, organización que operó desde el año 2006 hasta, por lo menos, el 15 de mayo de 2012. Aquella logró en 2006 el envío, desde las costas de San Antero (Córdoba), de tres cargamentos de esa sustancia.

Y. S. G. el 23 de septiembre de 2011, denunció a M. D. como miembro de la agrupación criminal dedicada al narcotráfico de la que hacían parte M. P., D. C., D. C. F. y C. R., la cual operaba en la comprensión municipal mencionada, que se integró al grupo denominado «Á. N.» comandado por A. A., «alias A.», de la cual hacía parte el testigo, lo que le permitió percibir específicos acontecimientos de manera directa(39).

Indicó que M. P., «alias M.», fue la persona que presentó a A. A. a la asociación criminal en atención a que necesitaba seguridad en el territorio donde desarrollaban operaciones ilícitas, relacionadas con narcotráfico, dado que San Antero es una zona de la costa Atlántica —Golfo de Morrosquillo—, «un puerto de salida» de drogas ilegales y canje de mercancías ilícitas por lo que «la gente se metía y no pagaba el impuesto», aspecto que consideró relevante el grupo de convocados, razón por la que fue enviado al lugar, junto a «alias J., R. y A.», con un rol específico —seguridad— dentro del cual tuvo oportunidad de apreciar los hechos de su denuncia de manera personal(40).

Nótese que el 22 de julio de 2011(41), inicial momento procesal en el que pretendía formular la querella, S. G. advirtió circunstancias relevantes que deben tenerse en cuenta para la valoración de su testimonio, las cuales se mantienen constantes a lo largo de sus intervenciones procesales del 23 de septiembre de 2011(42), 28 de noviembre de 2011(43), 15 de mayo de 2012(44), 15 de abril de 2015(45) y 4 de mayo de 2017(46). Las dos primeras en la etapa de investigación previa —dentro de los radicados 37.565 y 37.568, unificados en esta actuación— y, la cuarta, dentro de la radicación 48.397, trasladada a estas diligencias. Y la última en la etapa de juicio.

Estas son: (i) una militancia dentro de las autodefensas; (ii) intermitencia «sin hacer nada»; (iii) el contacto «en la zona de distensión con el señor A. A., con J. que es I. R.»(47); y, (iv) la conformación de una agrupación delictiva bajo el mando del primero que empezó a trabajar en el Departamento de Córdoba, en concreto en Montería, a la que el testigo llamó «nuevas autodefensas»(48).

La formación de estas últimas ocurrió, según su versión, «en el 2006 pues eso comenzó a finales del 2005 y casi todo el 2006»(49), expresión que formula un marco histórico que permitirá identificar el contexto de su testimonio, dentro del cual se han de analizar las diversas salidas procesales de S. G., siendo trascendental, en sus manifestaciones, que luego de escoger el personal que integraría esa nueva organización, hubo reuniones con «comerciantes, políticos activos en ese momento y gente común, particulares», aspecto medular en el que gravitan sus incriminaciones. Por ello, advirtió que tenía que referirse a un «tema delicado» de alguien que había estado involucrado en «cosas» con él(50), calificadas como «personas que tienen poder(51)».

En la intervención del 23 de septiembre de 2011 cuando formuló las imputaciones en contra de M. E. M. D., ambientó, previamente, que el mismo A. A. le solicitó que no se desmovilizara con la finalidad de seguir trabajando en Montería a mitad del año 2005, al lado de «alias R., A., JC y J.», ocasión en la que conoció a L. C. y empezaron a presentar a «los señores que manejaron la droga», entre estos el acusado; L. L., «el de la bomba de Momil», cerca a Lorica; «alias M.», que es el de los barcos, el cual «conoció en San Antero, pero primero en Montería»(52).

En la reseña cobró protagonismo «alias M.» dado que es el eslabón que conectó a Y. E. S. G. y la organización delictiva de la que hizo parte con sananteranos plenamente identificados como W. P. P.(53) y M. M., ex alcalde y mandatario local de esa municipalidad, junto a otros individuos de la zona identificados como D. C. —concejal(54); D. C. —dueño de la estación de gasolina(55); L. M. —alcalde para el año 2011(56); «el capi N.», que andaba en las lanchas; «alias C.» y C. R. M. —alcalde de Chinú (Córdoba)(57).

Dentro de ese interregno percibió que A. A. fue citado por los integrantes de la estructura de narcotráfico con asiento en San Antero, con la finalidad de repartir las ganancias obtenidas producto del envío de la droga, como contraprestación al servicio de seguridad que le había solicitado la organización dedicada al narcotráfico:

[...]porque él hizo presencia en la zona —refiriéndose a A. A.— porque nos presentó M., como porque esa zona es costanera y hay viaje de mercancía [...] por la salida de la droga, entonces, necesitaban seguridad porque había gente que se estaban metiendo por ahí, no estaban pagando el impuesto que tenía que corresponderle pagar a los que llegaban a la zona, entonces, A. decidió mandar la gente para allá, mandó a J., a mi persona, mandó a R., mandó a A., fuimos los cuatro, y ahí cuando el envío de la droga citaron a A., fue la reunión para partir la plata y le dijeron que todo había sido un éxito(58).  

En ese contexto, relató las reuniones que directamente percibió. La primera, llevada a cabo en el año 2005, en el restaurante «M. C.» en San Antero, al parecer de propiedad de «alias M.», a la que asistieron, además del acusado y el denunciante, L. M., D. C., D. C., «alias M.», «alias C.», «alias J.», A. A., el conductor de M. M., «alias C.», el Notario J. M., quienes trataron temas relacionados con el envío de una droga con destino a Honduras, de propiedad de J. S., «dueño del almacén É. V.», D. C. y «alias M.»; y otro que pertenecía, en su mayoría, a «alias M.».

Percibió que tenían que pagar un porcentaje de $ 1.700.000,oo por kilo, $ 1.000.000,oo para «alias M.» por ser el propietario de los barcos; además, de los «700» restantes, el 50% era para A. A. y su grupo ilegal, el 30% le correspondía a M. M. D., quien estaba encargado de «cuadrar» la Policía y le daba participación a D. C.; W. P. también se beneficiaba de las ganancias por ser la persona de los contactos y quien tenía la ruta con «alias M.», con un 20%(59).

En esa ocasión el cargamento fue de 1200 kilogramos. La rendición de cuentas las realizó W. P. P. A A. A. le correspondieron 420 millones de pesos ($ 420.000.000,oo) y a M. D. doscientos cincuenta y dos millones de pesos ($ 252.000.000,oo).

La droga sacada del país era de propiedad de J. S., D., M. y M., quienes cumplieron el compromiso de entregar el porcentaje a cambio de la seguridad, actividad que fue encomendada también a F., el p. y «alias El B.», quienes estuvieron con él en el atentado contra W. P. P., provenientes de Medellín.

Luego de relatar los pormenores de la reunión introdujo una expresión para ambientar el lugar donde se desarrollaron otras tertulias, pues menciona dos sitios:

[...] R. M. o M. C., esos dos restaurantes quedan así: uno queda entrando y el siguiente queda ahí donde están las cabañas [...] eso es en San Antero, después de Cispatá, la entrada de Cispatá, uno llega a Cispatá, donde están las Cabañas y sigue palante (sic) [...]el primer restaurante que se encuentra el R. M., y ahí están las cabañas entonces ahí están abajito M. C. [...] ahí en esos restaurantes nos reuníamos siempre con m., con el señor M. M., W. P., D. C.[...] nos reuníamos(60). 

Nótese que el declarante menciona dos sitios alternativos donde se encontraban los miembros de la organización delictiva, dando detalles de su ubicación, que coincide con la inspección realizada a tales sitios del 12 de abril de 2013(61).

La segunda reunión de «negocios», según da cuenta el testigo Y. E. S. G., se realizó en el Restaurante «L. P.» de propiedad de W. P. P., 15 días después de la anterior, cuyo tema central fue la exportación ilícita de 1500 kilogramos de cocaína de propiedad de M. M. D., «alias M.», W. P. P., D. C. y L. M. En esa ocasión asistieron M. M.; D. C.; D. C.; A. A.; J.; C. R. M.; el chofer de M., «alias C.»; L. M.; «alias C.»; una mujer; y el denunciante, Y. S. G. La referencia en concreto es la siguiente:

[...] Ya iba una droga al exterior de M. M., m., de W., iba a salir una droga apenas de ellos, el viaje que iba a salir era de ellos, de M., de W., D. y L. M. también tenía parte en esa droga, era 1500 kilos. [...] de ese barco de allá pacá (sic) traía coco[...], medio barco [...] a J. S. cuando le traían mercancías, le traían telas, porque él tiene un almacén de telas de Panamá, creo que le traían telas, no estoy seguro pero le traían una tela [...] parte en tela y parte en plata y mercancía le traían de Panamá[...](62). 

Afirmó S. G. que ese mismo día, en horas de la noche, M. M. D. decidió asesinar a W. P. P. por cuanto este último le cobró tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000,oo) que le debía(63).

En este episodio, relata, que si bien es cierto A. A. advirtió que la razón de la presencia del grupo ilegal a su mando no era la de solucionar problemas personales entre los mencionados, también lo es que medió para que junto a «alias M.» le descontaran a M. M. del primer cargamento que remitieran para saldar la deuda a W. P. P., pacto que nace en esa oportunidad.

De igual manera, S. G. hizo alusión a un encuentro en la finca del acusado, «antes del atentado», en el que «repartieron una plata de una droga que habían mandado» —que era con lo que le iban a pagar a W.(64). Asistieron: «M., C. R., J. M. —hermano de M.—, D. C., D. C., C., C., A., J.».

Por considerarse pertinente se transcribe el aparte en el que el testigo S. G. relató el procedimiento de integración de la banda emergente «Á. N.» a la organización dedicada al tráfico ilícito de cocaína, y la manera en que esta funcionaba, tomando como referencia la cita de la acusación:

¿Quiénes conformaban esa urbana? Cuando yo llegué me llamaron a mí, a R., J.P., J., ahí empezamos a conocer los señores que nos mandaban la droga, L. C., L. L., M., que era el de los barcos que sacaban la droga desde San Antero, J. S., que es el dueño de almacenes V. É. en Montería, también mandaba droga. M. nos presentó a M. M., que era en ese entonces Alcalde de San Antero, D. C., que era concejal, D. C., que era dueño de una estación de gasolina donde guardaban los carros y la gasolina que le ponían a los botes para sacar la mercancía, L. M., que es actualmente Alcalde de San Antero, conocí un señor que le decían el Capi N., conocí a un tal C., que era el que andaba con M... conocí a C. R. M., en ese entonces Alcalde de Chimá. 

La primera reunión que sostuvimos fue en un restaurante que se llamaba M. C., que no sé si era de M., pero era ahí que siempre nos decía M. que fuéramos, en San Antero. 

¿Cuándo fue esa reunión? Estuvimos L. M., D. C., D. C., M., ese C., J., que era el comandante, A. A., M. M., el chófer de M. M., que era C., C. R... no, C. estuvo fue en L. P., estuvo J. M., que era el Notario de San Antero, estuve yo, claro. Fue como para finales de 2005, casi diciembre si no estoy mal, ahí se habló de una droga que se iba a mandar, como M. era el de los barcos, de esa droga le entregaban $ 1.000.000 por kilo, en esa droga tenía parte J. S., el de É. V., tenía parte este señor D. C., el de la bomba, M. creo que tenía una droga de él y la mayoría de la droga era de M., en ese entonces a el alcalde M. M., tocaba darle un 30% porque él manejaba la Policía...esa vez mandaron 1.200 kilos...a M. M. le dieron $ 252.000.000... 

¿Cómo A. A. llega a esa estructura? Como él hizo presencia en la zona porque lo presentó M., necesitaba seguridad, entonces A. mandó a alguna gente, a mi persona, A., y ahí ya cuando nos reunimos fue para la plata...después como a los 15 días nos reunimos en un restaurante L. P., después de la primera droga, ya después iba una droga del señor M. M., de W., D. y L. M. también tenía parte, ahí se mandaron 1.500 kilos...ese restaurante es de propiedad de W., en esa reunión también estuvo M. M., ahí él tomó la decisión de mandar a matar a W., esta reunión se trató de una droga que iban a enviar y como M. M. le debía 3.000 millones a W. por la patrocinada de la campaña a alcalde, W. en esa reunión le cobró, le dijo que apenas le llegara la plata de esa droga se la daba, llegaron a un acuerdo que sí, en esa reunión estuvo C. R., D. C., D. C., M. M., don A., J., C. R. M., mi persona, el chófer de M. que era C., L. M., estuvo una señora pero nunca supe quién era, estuvo M., ese tal C., eso fue en L. P., de ahí hicieron el acuerdo, M. M. dijo “yo voy a pagarle, yo no quiero problemas estoy agradecido, cójala suave, yo le voy a pagar pero en el momento no tengo la plata”, de ahí nos fuimos para un restaurante que le decían L. L., a orillas de playa blanca, nos fuimos J., A. A., M. y mi persona, al rato llegó M. M. como a eso de las 8.30 de la noche, llegó con D. C., D. C., C. R. y el chófer de M., el primero que habló fue C. R., le dijo a A. “necesitamos hablar con usted algo muy serio, necesitamos que nos colabore, lo que le vamos a decir es algo que no sabemos si lo va a tomar a mal” M. le dijo “nosotros necesitamos de usted, ustedes necesitan de nosotros, la piedra en el zapato aquí en el pueblo es W.”, D. dijo que lo estaban extorsionando y que supuestamente era W., entonces dijo “necesitamos salir del negro porque es un problema para nosotros”, dijo D., A. le dijo a J. “usted qué dice”, dijo “no, pues si eso es lo que hay, hagámosle, estamos aquí es para trabajar y para colaborar”, me mandaron a mi encargarme de eso, dijo el señor C. R. “pues para eso sirven $ 100.000.000”, A. dijo “eso me gasto en viáticos moviendo gente para matar a ese negro que tiene tanto poder”, entonces dijo M. “bueno, y entonces ¿cuánto sirve?”, se reunió el señor A., J. y mi persona, nos paramos, nos hicimos a un lado y A. dijo “¿usted está seguro?”, yo le dije “si usted ordena yo hago lo que usted diga”, A. dijo “bueno, ¿cuánto sirve para eso?”, yo dije “no sé, arreglen ustedes”, dijeron “bueno, vamos a pedirle $ 250.000.000”, llegamos, preguntó M. “bueno, ¿qué cuadraron?”, dijo A. “este pelado hace el trabajo pero son $ 250.000.000”[...]. 

Quedamos así, dijo M. que en el momento no tenía la plata, pero A. le pidió el 50%, dijeron “mañana o pasado mañana le entregamos $ 75.000.000 que tenemos a la mano”, ese día siguió la rumba, se fueron todos [...](65). 

De este relato, se identifican los siguientes aspectos: (i) la simbiosis de dos grupos delincuenciales con mutuos beneficios: unos daban seguridad y, otros, ganancias por el servicio prestado; (ii) identificación de los miembros de una y otra banda; (iii) la cantidad de droga enviada a Centroamérica; (iv) el procedimiento de distribución de las ganancias de la exportación ilícita; (v) la determinación de dos momentos específicos respecto del envío de la droga, con la indicación del lugar de las reuniones; (vi) los acuerdos para cometer delitos; y, (vii) la ideación de futuros atentados contra bienes jurídicos que protegen la vida e integridad personal, que más adelante se analizarán.

Del mismo modo, S. G. amplió la denuncia el 15 de mayo de 2012(66), dando detalles de las reuniones que percibió, el rol de cada grupo delictivo integrado, los sitios de embarque y destino finales, el porcentaje de droga enviada y ganancias producidas(67).

En su exposición, sin apartarse del marco histórico expuesto el 22 de julio de 2011(68), precisa datos que contrastados con las declaraciones mencionadas —del 22 de julio(69), 23 de septiembre(70) y 28 de noviembre de 2011(71) guardan coherencia interna y concordancia con los ejes temáticos señalados en el párrafo anterior.

En esta ocasión afirmó, en concreto, que la primera vez en la que se reunió con M. M. D. fue en el Restaurante R. M., a mediados del año 2006, en la que se abordaron temas relacionados con la proporción de las ganancias del alcaloide enviado, lo cual estaba directamente relacionado con la seguridad que brindaba el grupo «Á. N.», quienes movilizaban el alcaloide en la zona(72).

Aseguró que este último prestó el servicio de vigilancia a los dueños de las rutas del narcotráfico y, por ello, percibió que el alcaloide era sacado de Colombia en un barco y en lanchas rápidas de propiedad de «alias M.», quien era el que tenía los contactos con personas en Honduras, Nicaragua y San Andrés Islas(73).

Así mismo, indicó que para realizar actividades de narcotráfico, la asociación, además de «alias M.», estaba integrada por W. P. P., M. M., D. C. y D. C., líderes de la organización delictual para traficar cocaína, así como por «alias El C.» y J. M., Notario de San Antero y hermano del entonces alcalde del pueblo M. M.(74), organización integrada desde antes de llegar las «Á. N.» a la región(75).

Al relatar los pormenores de la reunión, adujo que se trataron temas relacionados con el tráfico de estupefacientes y quiénes tenían la obligación de entregar el porcentaje respectivo. Ratificó el papel protagónico de «alias M.», que por ser el dueño de los barcos debía cancelar setecientos mil pesos ($ 700.000,oo) por kilo al grupo criminal, precio establecido para todo el que quisiera sacar droga o utilizar la ruta(76).

Manifestó que al alcalde M. M. le entregaban un 30% en atención a que manejaba la Policía para que no molestara; el 20 % para W. P. P. por ser ex alcalde y el que más influencia tenía en la zona; y el 50% restante quedaba para las «A. n.»; el 30% que le correspondía a M. M., este último lo repartía a sus colaboradores, esto es, a D. C., un sargento de la Policía Nacional que no recuerda el nombre y con D. C.(77).

Advirtió la siguiente variable: cuando la droga era de M. M. en sociedad con «alias M.», D. C.; «alias E. C.» y «D. C.» pagaban a la banda criminal «Á. N.» el 50%, esto es, $ 350.000,oo por kilo. Los restantes $ 350.000,oo no se distribuían por ser de propiedad de aquellos el alcaloide(78).

Especificó que en esa reunión se concretó el rol que cumpliría la banda emergente, es decir: prestar seguridad, no dejar estropear la población civil, impedir que llegara gente de otro lado a cobrar vacunas o impuestos, en especial, de Medellín, que no se «robaran la droga» y «controlar todo lo que se manejaba en la región»(79).

Señaló una segunda reunión, realizada para esos mismos días del año 2006 en el Restaurante «L. P.», ubicado en San Antero, de propiedad de W. P. P., con participación de este último, M. M. D., D. C., «alias c.», D. C. y L. M.. En representación de las «Á. N.» asistieron A. y «alias J.». Allí se habló de la seguridad del pueblo y de la zona aledaña, ocasión en la que W. P. P. cobró al acusado la suma de tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000,oo), lo cual dio origen a la decisión de atentar contra la vida de P. P.(80).

Y. S. G. hizo alusión a una tercera reunión, entre julio y agosto de 2006, en el restaurante «R. M.» en la que participaron M. M. D., «alias M.», D. C., W. P., D., A., «alias J.» y «alias el C.» con la finalidad de acordar los porcentajes del envío de 1200 kilos de cocaína cuyo destino ignora. Allí se distribuyeron ochocientos cuarenta millones de pesos ($ 840.000.000,oo) de esta manera: al acusado le entregaron 30%, esto es $ 252.000.000,oo; a W. P. y D. C. el 20%, o sea $ 168.000.000,oo; y a A. A. el 50%, es decir, $ 420.000.000,oo.

Hay que observar que la referencia a esta tertulia delictiva, el declarante la expone luego de relatar los hechos acaecidos en el restaurante L. L., donde se ideó el atentado contra la vida de W. P. P. y de la entrega de un dinero para este fin en el «edificio D.». No se trata de una tercera reunión, sino la referencia a la primera que mencionó el declarante en el testimonio del 23 de septiembre de 2011(81).

En esta ocasión, trastocó los nombres del restaurante pues indicó el R. M., cuando en la primera declaración manifestó M. C., que, en todo caso, corresponde a las dos opciones que estipuló el declarante como las alternativas de los lugares donde habitualmente se reunía la banda criminal(82). No obstante, al inicio de la diligencia del 15 de mayo de 2012 adujo que la primera vez que se reunió con el acusado fue en R. M., aspecto coincidente con lo que dijo más adelante en la misma declaración(83).

En el orden de exposición del testigo, narró una cuarta reunión, señalada en la acusación, ocurrida en noviembre de 2006 «en la finca del acusado o del papá de M. M.», cerca a San Antero, con presencia del procesado, J. M., L. M., D. C., D. C., J. S., W. P., C. R., A. A., «alias m.», «alias C.», «el capi N.», «alias C.», «alias J.» y «un nicaragüense apodado K.», socio de «alias M.», quien llevó el dinero a repartir(84).

Aunque no da cuenta cómo se distribuyó este último, pues estuvo alejado del centro de la reunión en ese momento, advirtió que ese día le entregaron a A. 500.000,oo dólares de ganancia de un envío de droga. Dedujo que este alcaloide era de alguno de los que estaban en la reunión porque participó en ella J. S., que nunca había asistido, «el capi N.» y «el nicaragüense K.».

Afirmó que el viernes 8 de diciembre de 2006, después del atentado de W. P. P., se reunieron «en el restaurante de «alias M.»», el R. M., M. M., L. M., D. C., D. C., C. R., «alias M.», «alias El C.», A. A., J. y que «alias c. no estuvo». Ese día se distribuyeron las ganancias de una droga enviada, cree que a Panamá, y a «alias J.» le entregaron $ 350.000.000,oo por el 50% de 700 mil pesos por kilo convenidos. No sabe cuánto le dieron a M. y a L. M.

La secuencia del relato de Y. indica que esta última no es otra que la reunión señalada en la declaración del 23 de septiembre de 2011 «en M. C. a finales de diciembre de 2005», identificando el sitio como «el restaurante de M.», y refiriendo el envío de droga del que tenía parte J. S., propietario del almacén É. V.(85) que corresponde a los 1200 kilogramos enviados a Centroamérica(86).

Al conciliar las declaraciones del 23 de septiembre de 2011 y 15 de mayo de 2012, se tiene que el aforado participó en sacar del país tres envíos de cocaína, todos en el año 2006: (i) uno por 1200 kilogramos; (ii) otro de 1500 kilogramos; y, (iii) el último con peso específico desconocido, pero superior a los 2000 gramos, en atención a que Y. S. G. observó que a las «Á. N.» le entregaron 500.000,oo dólares, pues es indudable que por cantidad inferior no se habría hecho tal entrega. En el siguiente cuadro se condensa la incriminación:

Primer envíoSegundo envíoTercer envío
Cantidad: 1200 kilogramos. Cantidad: 1500 Kilogramos. Cantidad desconocida superior a 2000 gramos por la repartición de las ganancias.
Ganancias:
M. M.: $ 252.000.000,oo.
Ganancias:
M. M.: dueño de la droga. (Regla: $ 350.000,oo por kilo).
Ganancias:
M. M. recibe ganancia.
Lugar: M. C./R. M.
Diciembre de 2005
Asistentes: L., M. M., D. C.s, D. C., C., C., J. M., W. P., Y. E. S. G., A. y J.
Lugar: L. P.
Asistentes: M. M., D. C.s, D. C., A. A., J., C. R. M., alias c., L. M., C., una señora y Y. E. S. G.
Lugar:
Finca del padre de M. M.
Asistentes: M. M., J. M., L. M., D. C., D. C., J. S., W. P., C., A. A., J., C., C. R., Capi N., el n. K., J.
Fuente: declaración el 23 de septiembre de 2011; 15 de mayo de 2012.Fuente: declaración del 23 de septiembre de 2011.Fuente: declaración del 23 de septiembre de 2011; 15 de mayo de 2012.

Aseguró que la sociedad criminal dedicada al narcotráfico estaba conformada por «alias M.»; M. M. D.; D. C. y D. C., el hermano de M. M. llamado J. M., Notario de San Antero y el alcalde L. M., burgomaestre para el año 2012, a quienes indicó como las cabecillas visibles en la zona. Señaló que la mano derecha de «alias M.» era «alias C.», encargado de llevarle las cuentas del negocio ilícito.

Adujo que la integración y la pertenencia del acusado a la organización criminal data de la época en que fue alcalde de la comprensión territorial mencionada, la cual prosiguió una vez asumió la función de senador de la República que, incluso se extendía hasta ese día —15 de mayo de 2012(87), dado que para entonces conservaba el contacto con la organización criminal encargada de la seguridad, las cuales se financian de las actividades relacionadas con el narcotráfico(88). Con ello, señala a M. D. como la persona con poder a la que se refirió en declaración del 22 de julio de 2011, cuando postergó su denuncia en concreto(89).

Además de percibir directamente los hechos que narró, aseguró que comandantes de esa zona recluidos en la cárcel le comentaron haberse reunido con las personas que manejaban el narcotráfico en la región, entre estas, M. E. M. D.(90).

El 15 de abril de 2015 dentro de la radicación 43.897, acumulada a las presentes diligencias, Y. rindió testimonio dentro del cual ratificó sus señalamientos en contra de M. D., a quien relacionó en tres frentes: (i) «vínculos con nosotros», aludiendo al grupo al que pertenecía para el año 2005, formado en el momento de las desmovilizaciones de las autodefensas; (ii) tuvo antecedentes con narcotráfico, según su conocimiento; y, (iii) «pagó el atentado [...] la muerte del alcalde de San Antero W. J. P. P.»(91).

Por ello, aportó un dato importante para la localización de los sitios de reuniones de la asociación criminal, de las que participó M. M. D., que sirve como punto de referencia para identificar los restaurantes en los que se congregaban:

[...] reuniones que se hicieron en San Antero con los señores M., W. P., en el restaurante de W., L. P., y otro acá en la orilla de la playa que no me recuerdo ahorita el nombre porque eso fue hace mucho tiempo. En ocasiones lo he nombrado(92). 

De esta manera, aparece como acotación del testigo esa localización geográfica en un municipio con costa, quien ha estado privado de la libertad desde diciembre de 2006, lo que indica que desde esa data no ha tenido contacto directo con la región.

En declaración del 4 de mayo de 2017, en sesión de audiencia pública, Y. E., ratificó su militancia dentro de un grupo ilegal armado con predominio en Montería y San Antero (Córdoba) que estaba bajo órdenes de A. A.(93).

Igualmente confirmó el beneficio mutuo de los grupos delictivos relacionados, manifestando que unos recibían beneficios económicos por los envíos de alcaloide y los otros prestaban seguridad a cambio de una contraprestación:

[...] tema de seguridad y el manejo de la zona y el impuesto sobre los movimientos que hacían en el departamento, ahí en la zona, por los manglares» —refiriéndose a la región de San Antero—(94). 

[...] los impuestos de la sacada de la mercancía puesto que eso es una zona donde es una zona de [...] ¿cómo llama eso? Un puerto por donde salen lanchas hacia fuera del país(95). 

Esas salidas de droga lo cuadraba directamente J. en ese entonces y pues por cada kilo salido de la zona porque le ocuparan, le prestaba la seguridad en los momentos de los embarques, los embarques, la salida eso en ese momento está entre los 150 y 200 mil pesos por coso o sea por kilo(96). 

Frente a la razón por la cual le consta la concurrencia de M. M. a las reuniones de las que da cuenta su incriminación, aseguró que:

Yo era el comandante de la zona, el comandante general de nosotros era A. A. y el que manejaba la droga era M. alias m. y los barcos que se utilizaban eran de M. y en ese momento el señor era pues el alcalde del pueblo y hacía parte de las negociaciones que ellos sostenían ahí(97).  

[...]

Yo era comandante de la zona, el superior mio era A., el segundo era J., yo era el comandante de la zona porque yo hacía parte de las reuniones que ellos sostenían y en las reuniones, por ser miembro de la organización, y tenía un mando, pues uno hace parte de las reuniones donde están todos los que son, o sea donde se reúnen las cabezas mayores, donde se reunía A., donde se reunía M., donde se reunían todos, o sea, yo hacía parte de eso porque hacia parte del organigrama de la organización o sea una cabeza visible de la organización(98).

[...]

Las reuniones empezaron cuando nosotros entramos a la zona y hacemos la primera reunión que sostuvimos fue en L. L. a orillas de Playa Blanca. De ahí se empezaron todos y de ahí se empezaron los nexos del señor con nosotros, con la organización(99). 

[...]

Cómo le digo, en reuniones en el Departamento de Córdoba en San Antero por reuniones que se hicieron porque en una reunión se sostuvo una discusión en el restaurante L. P. donde se discutió el tema cuando W. le patrocinio la campaña al señor M. M., sobre una plata que el señor le estaba prestando y hubo una discusión en el restaurante ese día pues desde ahí se empezaron a tener conocimiento y trato con el señor(100).  

S. G. describe el restaurante «M. C.» y la ubicación de los establecimientos comerciales L. L. y L. P., señalando que tenían similares características.

En la diligencia fue expresa la identificación que hizo del acusado: «[...]el señor es una cabeza visible pues era el alcalde en el momento y estanos revisando el tema de sus envíos de mercancía porque A. era lo que hacía[...]había que cuadrar con ello [...] J. y don A. le cuentan a uno todas las cosas que se están haciendo [...] uno está en el momento en que están organizando en el tema de los envíos [...] estábamos recién llegados, la persona que hablaba directamente era A.(101). Además, ratificó que hizo parte de la organización encargada de seguridad y control de la zona(102).

Ante pregunta de la Presidencia de la audiencia respecto del restaurante «R. M.» adujo:

Doctor ahí es lo que no tengo claro es que si R. M. o M. C., o sea, no recuerdo bien si es que eso es de m. y esa parte ahí si siempre la he tenido ahí en duda porque ahí se hizo una reunión [...] una primera reunión en un restaurante ahí, pero es que los nombres son los que no me dan a mi porque no se los nombres exactamente porque uno no se fija en nombres de restaurantes, no nada de eso, sino que no sé exactamente pues ahí se hicieron [...] ahí como que haya una salida para abajo para una finca y el otro que está en Cispatá, entonces nombre de los restaurantes en el momento no se bien claro [...] pero la que sí está abajo es L. L., si o sea pero ahí entre esos dos restaurantes no tengo clara esa parte(103). 

No obstante, describió el lugar al que se refirió y señaló que los restaurantes donde se reunían «eran de paja, rimax, hay sillas en madera», uno que está a la entrada de Cispatá y el otro está más adelantico, «saliendo para la finca»(104).

En todo caso, ratificó las incriminaciones en contra de M. E. M. D., a quien señaló como miembro de la organización dedicada a exportar sustancias prohibidas al exterior, como, en efecto, lo hizo en tres oportunidades.

Al cruzar las diferentes declaraciones juradas de Y. se tiene que, como lo afirma la acusación, existió una organización criminal dedicada a sacar sustancias prohibidas del país, con la finalidad de, tal como se condensa en el siguiente cuadro:

Convenir integrar una organización delictiva con vocación de permanencia con la finalidad de sacar del país estupefaciente desde el municipio de San Antero a Centro América. Miembros: M. E. M. D., W. P. P., D. C., J. M., L. M., C. R. M., J. A. A. S., I. R., Y. S. G. y M. P., entre otros. Periodo de operancia: finales de 2005 al 15 de mayo de 2012.
Sacar del país tres cargamentos de cocaína por vía marítima en el año 2006: (i) 1200 kilogramos; 1500 kilogramos; y, (iii) una cantidad con peso específico desconocido superior a 2000 gramos.

Para esta Sala de Juzgamiento la declaración jurada de Y. S. G. es veraz y creíble respecto de la materialidad de las conductas ilícitas y la responsabilidad penal del acusado en los ilícitos de concierto para delinquir con fines de cometer el punible de narcotráfico, y el delito de tráfico de estupefacientes, porque existe coherencia interna y externa en sus manifestaciones, ya que las razones de su incriminación y de los hechos que narra están respaldados con otras pruebas e indicios que los hace verosímiles.

Esos elementos se encuentran presentes en el relato introductorio a su denuncia del 22 de julio de 2011(105), en la que esbozó el marco histórico de la percepción directa de los hechos en los que involucra al Senador M. E. M. D.

Su valor probatorio no es solo individual, por la riqueza de detalles que aportó, como lo señala el Ministerio Público, sino en relación con los demás medios de convicción, de acuerdo con los criterios antes esbozados.

Sobre el primer aspecto se tiene que S. G. es un testigo directo, ya que fue actor de los hechos que denunció en atención a que era integrante de la organización criminal dedicada a la seguridad del grupo encargado a sacar del país sustancias estupefaciente por la costa de San Antero (Córdoba); razón por la que reconstruyó episodios de relevancia jurídico penal que fueron percibidos por sus sentidos, producto de su propia experiencia sensorial de sucesos acaecidos desde el año 2005 y que se prolongaron hasta mayo de 2012.

En esa posición de partícipe directo del episodio fáctico pudo relatar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos y la forma en que llegaron a su conocimiento.

Adujo situaciones puntuales de contexto de los acontecimientos relevantes —el concierto para delinquir y la actividad de sacar del país sustancia estupefaciente—, por lo que indicó lugar de reuniones, fechas aproximadas, la identidad de los integrantes del grupo dedicado a la exportación ilegal de narcotráfico como de la banda emergente encargada de la seguridad de tales actividades ilegales, con la indicación precisa del rol asumido por cada uno. E, incluso, ahondó en aspectos específicos como la distribución de ganancias.

En ese sentido, estuvo en capacidad de apreciar la forma en que el grupo denominado «Á. N.» colaboró armónicamente con la organización criminal que integraba el acusado, al punto que relató todas las fases del recorrido criminal desde la ideación, la elaboración de actos preparatorios, así como la ejecución de la idea criminal. De esa manera, dio a conocer el cargo público ejercido por el acusado para la época en que entraron en contacto, como primera autoridad civil del municipio de San Antero (Córdoba), desde la cual estaba en condiciones de liderar la organización criminal en el papel protagónico que le asignó S. G.

En sus diversas salidas procesales fue coherente en su postura sobre sus partes esenciales, emergiendo la solidez de sus atestaciones, pues los episodios que relata encajan en la reconstrucción fáctica que realizó en cada una de sus intervenciones procesales, sin necesidad de inventar datos más allá de su percepción dado que en determinados aspectos admitió que tenía dudas por el paso del tiempo, como es apenas razonable.

Respecto de la primera reunión, S. G. percibió los hechos en los que involucra a M. D. al punto que advirtió su papel protagónico en la organización delictual identificándolo como uno de sus líderes y relató aspectos cuantitativos —distribución de ganancias de acuerdo con la cantidad de droga ilícita que se sacaba del país—, en las tres ocasiones que observó la repartición de roles y ganancias de lo exportado. En relación con la segunda, recordó aspectos que si bien se diluyen en el tiempo, pudo traer a su memoria aquello que observó sin agregar nada más al relato.

En cuanto a la tercera, Y. dijo en las oportunidades procesales en que vertió su testimonio de vivencias pasadas, conforme a su nivel sociocultural, manifestada en la jerga propia de su entorno delictual en el que percibió los hechos y como ex integrante de la banda emergente «Á. N.».

En consecuencia tuvo oportunidad de señalar nombres completos, profesión y actividad de los integrantes de la organización delictiva, oficio, alias, roles de cada uno, lugares de reunión, época en que se desarrollaron, cantidad de droga ilícita sacada del territorio nacional y el destino de la misma, reparto de las ganancias y las desavenencias entre los integrantes del grupo delictivo; inclusive dio valores exactos que son coherentes con la cantidad del cargamento de droga exportada(106).

Ahora, que S. G. sea el único testigo directo de cargo en el proceso, tanto en la instrucción como en el juicio, en manera alguna constituye mengua de su valor persuasivo en atención a la apreciación racional que rige el sistema procesal colombiano.

Hay que advertir que Y. E., según constancias procesales, está privado de la libertad desde el mes de diciembre de 2006(107), sin que tenga acceso a información que solo organismos de Policía Judicial conocen, ni a información reservada sobre el estado de las investigaciones de algunas de las personas que el referido menciona.

Los hechos que denunció fueron corroborados por otros medios de convicción en aquellos aspectos de trascendencia frente a los episodios que protagonizaron él y M. D. Pasa esta Sala a valorarlos.

• La existencia de una organización delictiva dedicada a sacar del país estupefacientes por la costa de San Antero (Córdoba):

Mediante informe del C.T.I. Nº 9-52243 del 20 de agosto de 2015(108), se allegó la documentación aportada por diferentes organismos de policía judicial que acredita la presencia en el Departamento de Córdoba de diferentes Bandas Criminales, entre estas las de la «zona de Urabá y L. P.», última a la cual perteneció «alias M. o M.», persona dedicada a actividades relacionadas con el narcotráfico. Este no es otro que M. P., el señalado enlace entre el grupo criminal del que hizo parte el denunciante desde el año 2005, y la organización de narcotráfico a la que pertenecía M. M. D., instancia desde la cual S. G. pudo percibir el posicionamiento que aquel tenía en la misma, dada su condición de burgomaestre del municipio de San Antero en esa época.

Con ello se confirma la existencia de «alias M.», a quien identificó S. G. como uno de los líderes de la organización dedicada al narcotráfico, dueño de las embarcaciones utilizadas para sacar la droga hacia Centroamérica, el mismo que vinculó y sirvió de enlace para la integración de la banda emergente a la que pertenecía el denunciante.

Estas singularidades fueron corroboradas probatoriamente a través de los soportes documentales que acompañan el informe Nº 70839 del 18 de mayo de 2016(109), el cual dio cuenta que M. P. B., «alias M.» se dedicaba al narcotráfico para la época señalada por el denunciante, los medios de transporte utilizados por la organización delincuencial, la base de operaciones y el destino de la droga hacia Centroamérica; aspectos que permiten inferir que el citado ejercía la actividad delictiva en San Antero (Córdoba), por la zona de la Costa(110).

Fue así como se documentó en estas diligencias que la Fiscalía 26 Seccional de Lorica (Córdoba) adelantó una investigación en contra de M. P. B., diligencias dentro de las cuales existe el informe suscrito por investigadores de la SIJIN de fecha 20 de agosto de 2008, en el que se señaló que en el municipio de San Antero se hallaba un sujeto —M. P. B.— que respondía al «alias El M.», persona gestora del negocio de narcotráfico y envío de droga hacia esa parte del Caribe(111).

En el mismo se informó de la existencia de motores y lanchas al servicio de la organización criminal en la zona de la bahía de Cispatá, región geográfica del Caribe al norte de Lorica, en el Golfo de Morrosquillo, que comprende al municipio de San Antero, Departamento de Córdoba. Dice, en concreto:

Mediante informe ejecutivo realizado por la SIJIN de Lorica, manifiesta que por información suministrada por una fuente no formal confiable, en el Municipio de San Antero, se encuentra un sujeto de nombre M. P. B., alias “E. M.”, persona que quedó encargada del negocio de narcotráfico y envío de drogas a países de Centro América y que además guarda los motores y lanchas en la Bahía de Cispatá, los cuales no tienen documentación que acredite la entrada al país. 

Datos de los indiciados:  

M. P. B. C.C. XXX XXX alias «El M.». 

Como quedó consignado en el Acta de inspección el estado actual del proceso es INACTIVO. 

En diligencia de Inspección practicada en la Fiscalía 26 Seccional de Lorica-Córdoba radicado 234176100586200880068, se obtuvo copia de policía judicial donde se menciona que por fuentes no formales se obtuvo una información del señor M. P. B., quien se encargó del negocio del narcotráfico en la zona de San Antero(112). 

En el informe existe soporte documental a través del cual se acredita que el referido tendría guardados varios motores de borda y lanchas rápidas en un sitio denominado «T.», el cual tenía poco control de las autoridades por cuanto estaba bajo la administración de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en atención al trámite de extinción de dominio seguido en contra de R. L. B., «alias C.», individuo cercano a P. B.(113).

Este último, según el informe, quedó a cargo del negocio de narcotráfico en esa zona costera luego de la muerte de J. E. N. B., «alias E. C. N.», asesinado el 31 de marzo de 2008 en Medellín, líder de la organización, la cual tenía como puerto de salida Panamá con destino a diferentes países de Centroamérica. Referencia que resulta congruente con lo afirmado por S. G. pues, en su intervención del 12 de mayo de 2015, dio cuenta de la existencia de «alias El c.» y la conexión con ese país(114).

El informe en mención destaca que la Fiscalía 26 Instructora, el 17 de octubre de 2007, realizó un allanamiento al inmueble principal de M. P. B. en el municipio de San Antero en el que halló documentos que lo involucran con la compra de «motores fuera de borda de capacidad de 200 caballos de fuerza para lanchas rápidas procedentes de Panamá». Motores que se instalan en embarcaciones de pequeño tamaño, tal como las descritas por S. G.(115).

Del mismo modo, se estableció que el hermano de «alias M.», E. P. B., estuvo detenido en Nicaragua por la incautación de dos toneladas de cocaína de propiedad del primero; purgó un año de prisión por enviar y financiar cargamento que fue decomisado cuando era transportado en una lancha rápida(116).

Se evidenció que la Fiscalía Primera Especializada de Montería adelantó la investigación contra «alias M.» por financiar el grupo emergente de las AUC denominado «L. P.» que operan en la zona costera, aspecto que coincide con lo afirmado por S. G. en el sentido de que en la región las bandas emergentes hicieron presencia y que M. P. era el enlace para la simbiosis delictivas entre estas y la organización dedicada al narcotráfico de la que hizo parte el procesado.

De lo anterior se deduce que Y. no se inventó la identidad de «alias M.», como tampoco su actividad delincuencial para el periodo 2005-2006.

Además, la existencia de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, la fuente de financiación de grupos al margen de la Ley y la mutación de antiguos grupos de autodefensas a bandas emergentes en la zona costera de San Antero, es referida en los testimonios de S. M. G.(117); C. M. J. N.(118), «alias M.»; C. A. V. P.(119); R. M. D. P. «alias El R.»(120); C. J. S. B.(121); C. A. C. M.(122); E. C. T.(123), «alias D. V.»; y U. B. M.(124), «alias J. D.».

• La fuente de financiación de grupos al margen de la ley, la mutación de antiguos grupos de autodefensas a bandas emergentes de la zona costera de San Antero.

Como se dijo, S. M. G.(125), en declaración rendida en la etapa de instrucción el 31 de mayo de 2016(126), afirmó que A. A. S. hizo parte de la estructura del Bloque Córdoba, quien ascendió dentro del mismo hasta llegar a ser «comandante» del grupo ilegal, razón por la que le entregó «el mando» —2004—, nivel que ostentó hasta la desmovilización de ese grupo, ocurrida el 18 de enero de 2005(127).

Al interior de este se conoció como «comandante A.», persona que siguió en libertad dado que no tenía para esa data orden de captura vigente(128). Hecho que coincide con las manifestaciones de Y. E. S. G.

M. G. adujo que su desmovilización ocurrió el 10 de diciembre de 2004 dentro del Bloque Catatumbo y un día después denunció que una tropa —denominada «Á. N.»— había entrado a esa región a ocupar los territorios que las AUC le habían entregado al Gobierno Nacional.

Del mismo modo, al día siguiente de la desmovilización del Bloque Córdoba se creó un grupo armado ilegal denominado «los T.», aspecto que también puso en conocimiento de las autoridades respectivas en atención a que ocuparon los territorios que habían sido entregados por las antiguas AUC(129).

Estos grupos ilegales los denominó «bandas emergentes» creadas a finales del año 2005 y comienzos del 2006, que no fueron otra cosa que «el rearme de grupos armados compuestos por narcotraficantes, desmovilizados, delincuentes comunes en zonas que estuvieron bajo el dominio y control de las AUC» que él comandó(130).

Recordó que aunque no tuvo conocimiento de la presencia de «Á. N.» en San Antero, en esa zona costanera hubo una disputa territorial por la llegada de varios de esos grupos emergentes(131).

También reconoció a I. R. como uno de los comandantes de las estructuras urbanas de las AUC en Montería, persona que se desmovilizó y no supo más de su vida. Adujo que fue el segundo al mando, pero al momento de la desmovilización cree que era comandante de esa zona. Aquél corresponde al «alias J.» que menciona Y. S. como el segundo al mando después de A. A., dentro del grupo delincuencial en el que actuó(132).

Sobre las fuentes de financiación de las AUC reconoció M. G. que en las regiones donde operaron desde 1997 —que incluyó la costa del mar Atlántico en zona de Córdoba—, se financiaban de fuentes legales e ilegales, entre las que se encontraba el cobro de impuesto al narcotráfico. Región a la que confluían los envíos de coca de muchas zonas del país y de otros países(133). Y advirtió que aunque las ganancias de esta actividad no las compartían con los políticos, sí hubo situaciones en que lo hacían cuando estos se dedicaban a ello(134).

Aclaró que antes de la desmovilización de las AUC, en el año de 1999 pidió a sus comandantes superiores (C. C.) que «alias D. V., C. y J. D.», encargados del Frente M. de M., tuvieran responsabilidad y autonomía en esa zona pues él se desplazó hacia el Catatumbo, propuesta que fue aceptada y el mismo se convirtió en Bloque. La razón de ello fue que, en su sentir, no tenía el «don de la ubicuidad» y dado que la agrupación crecía vertiginosamente, pues llegó a tener cerca de 7.500 hombres, le era difícil comandarlos a todos(135).

En la etapa de juzgamiento, en sesión de audiencia del 2 de noviembre de 2017, se escuchó la ampliación de declaración de S. M. G., quien suministró datos de su propia vivencia práctica que enseñan que Y. E. S. G. dice la verdad en cuanto a la forma en que se crearon las nuevas bandas emergentes y el protagonismo de A. A. en ello:

A. A. era un miembro de la fuerza en el Ejército, de la fuerza aérea, perdón, colombiana, fue piloto, capitán creo y luego se vinculó a las autodefensas primero como piloto y después como miembro activo de las autodefensas y llega a ser el comandante del bloque Córdoba de la parte militar, yo lo fui ascendiendo, al punto que llegó a ser el comandante militar. El eh [...] se encargaba de todas las operaciones militares en el área de Córdoba y en algunos momentos también del aspecto de la parte política. 

Luego cuando se desmovilizó el señor A. A., incluso le hice algunas recomendaciones, le dije que por favor no se fuera a vincular al tema político, porque tuvo alguna aspiración al Congreso de la República, luego me enteré que A. estaba, esa era la situación que nos llegaba, que A. estaba intentando montar unos grupos ilegales, que yo denuncié ante la mesa de negociaciones, estaba monseñor G., monseñor V., estaba el representante de la OEA, el señor S. C., lo denuncié ante el Ministro del Interior y de Justicia, que era en aquél momento, era S. P. de la V. y el comisionado de paz, L. C. R., desde el mismo momento en que me desmovilicé empecé a denunciar que estaban rearmando grupos en del Departamento de Córdoba en las zonas que yo había entregado al gobierno totalmente saneadas sin guerrillas, sin delincuencia común en las regiones y estaban retomando las zonas de Córdoba, tanto la zona costanera, como la zona del alto Sinú. Le dije con nombres propios al, delante del obispo, de los obispos G. y V., delante (sic) S. C., delante del Ministro del Interior S. P. de la V. y L. C. R., hice la denuncia, incluso delante del resto de los comandantes, me cansé de denunciar esto hasta que me tocó hacerlo público, hice una denuncia pública a principio del año 2006, creo que en marzo salió en el periódico El Tiempo donde denuncié que estaban, que habían Comandantes que se estaban armando de las autodefensas, ocupando los territorios y producto de esto asesinaron a dos personas que participaron, tres personas que participaron conmigo en la erradicación de cultivos ilícitos(136).  

Sobre las actividades ilícitas de A. A. S., manifestó lo siguiente:

Bueno eso era lo que decían y de alguna manera se lo hice saber a la mesa de negociación que había comandantes y que estaban asumiendo roles de rearmar grupos ilegales que llamaron en aquél momento «Á. N.» en algunas regiones de Córdoba en estos momentos la región costanera, allá en la región costanera las «Á. N.», llegaron ehh no me acuerdo otros nombres, se me escapan en el momento, pero, incluso, en mis declaraciones de justicia y paz aparecen [...](137). 

De las relaciones entre AUC y políticos en el negocio de narcotráfico manifestó que nunca hubo acuerdo explícito(138). Para M. G. «lo que se requería de los alcaldes de la zona de influencia entonces que si el alcalde se enteraba de esto pues no denunciara y no enviar fuerza pública a la zona(139).

M. G. adujo un aspecto importante que corrobora las manifestaciones de Y. en cuanto a la existencia de «L. C.» como persona con nexos en actividades de narcotráfico en la zona: uno de los primeros individuos que conoció en la misma:

Hubo un caso sí señor de un exalcalde que es L. C. que fue alcalde de San Bernardo, creo que San Bernardo del Viento, de San Bernardo del Viento, fue alcalde L. C.. Fue alcalde y fue un narcotraficante de la zona, operó con las autodefensas y ese señor envió alijos de narcotráfico al exterior, pagándole impuesto a las autodefensas e incluso en alguno de esos cargamentos a él se le vendió droga que se recogía con los campesinos de la región [...] incluso hubo algún tipo de envíos conjunto de drogas con ese señor L. C., por parte de las autodefensas, fue alcalde de San Bernardo, si hubo un caso que recuerde en este momento, eso debió ocurrir año 2001, 2002, aproximadamente, no recuerdo con exactitud[...](140). 

También mencionó que los envíos de droga al extranjero por parte de la organización se asemejan a lo indicado por S. G., pues habló de 1200 kilogramos de droga(141).

En relación con las alianzas de bandas dedicadas al narcotráfico con ex alcaldes de la región, no descartó tal situación al manifestar que denunció públicamente el rearme de ex miembros de las AUC, entre ellos A. A.:

No sé si con participación de alcaldes o no, pero yo denuncié en la Mesa de Negociaciones y luego lo hice público esos temas, en marzo o abril de 2006 cuando me cansé de denunciar en la mesa de negociaciones el rearme de grupos, incluso de esta zona específica de San Antero, de San Bernardo, Puerto Escondido, que son municipios de la zona costanera del Departamento de Córdoba que estaban siendo tomados por algunos ex miembros de las autodefensas, entre ellos el señor A. A., y así se lo puse en conocimiento de la mesa de negociaciones, a S. C. a que era jefe de la OEA, a los demás mandos anteriormente y luego lo denuncié públicamente y a través de esa denuncia pública, bueno después vinieron amenazas, atentados[...](142). 

Las actividades de narcotráfico como fuente de financiación de grupos de autodefensas fueron corroboradas por C. M. J. N.(143), «alias J. M. o M.», ex comandante del desaparecido Bloque Central Bolívar de las AUC, como realizadas hasta el día de su desmovilización el 13 de diciembre de 2005; conducta ilícita por la que fue extraditado en el año 2008 a los Estados Unidos de América y condenado.

Advirtió que para el momento de su declaración estaba a la espera de la «expulsión de justicia y paz» por la aceptación de los cargos en ese país, conspiración que arrancó desde el año 1997(144). Admite que a la fecha de su declaración personas que él comandó seguían delinquiendo y que el grupo armado ilegal que dirigió no era ajeno al quehacer propio de la región, lícito e ilícito(145).

También refirió que le «montaron un proceso» en Colombia por la conformación de «Á. N.», del cual salió absuelto(146). No sabe cómo se originó el mismo y si tuvieron o no influencia en San Antero, territorio que pertenecía al Bloque M. de M., cuyo comandante era E. C. T., «alias D. V.», el cual pertenecía al Bloque Norte(147).

Desconoce cómo operaba en el Departamento de Córdoba la banda emergente en mención. En su criterio, las «Á. N.» es lo que queda de una mala negociación, que no es otra cosa que el reconocimiento de la conformación de grupos emergentes que se integraron con «muchachos ex miembros de las autodefensas que se habían desmovilizado»(148), sin que conociera cómo funcionó esa organización.

Dijo conocer a J. A. A. S. como «comandante A., comandante de M., comandante político», de quien supo en la zona de Ralito, pero luego de que «el Presidente de la Republica ordenara la detención no lo volvió a ver»(149).

Para la Sala es natural que J. N. niegue cualquier vínculo con la banda emergente mencionada dadas las consecuencias adversas para él dentro de la justicia colombiana.

Por su parte, el entonces Comandante del Distrito de Policía del Municipio de Lorica, ex mayor C. A. V. P., afirmó constarle que en la zona comprendida entre San Bernardo del Viento y San Antero (Córdoba) operaba una organización dedicada al narcotráfico, en concreto al envío de sustancias psicoactivas en las costas del Golfo, en la zona de manglares, que era la vía para sacar lanchas rápidas hacia alta mar(150), lo que coincide con lo relatado por Y. E. S. G. sobre tal aspecto(151).

R. M. D. P.(152), «alias El R.», condenado por participar en la tentativa de homicidio de la que fue víctima W. P. P.(153), reconoció en la etapa de instrucción que fue amigo de M. P. B., «alias M.», dueño de una ruta de narcotráfico, en especial de cocaína, con operación en la región de San Antero, sin dar a conocer a esta corporación el nombre de los integrantes de la agrupación y la procedencia del alcaloide que sacaban del país, pues de hacerlo «se cortaría la cabeza(154)».

Evocó la existencia del «Capi N.», pero tampoco suministró información adicional sobre este personaje como de sus vínculos con «alias M.», en relación con la ruta del narcotráfico, motivado en el temor y los riesgos que enfrentaría en caso de contar algo al respecto(155).

Por su parte, C. J. S. B.(156), quien fungió como jefe operativo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la región, relató que el municipio de San Antero históricamente ha sido una zona utilizada como «ruta de salida del narcotráfico hacia el exterior»(157).

Mencionó una finca de propiedad de «C. L.», la cual era «zona de manglares y puertos» —ensenadas—, allanada por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En razón de ello, conoció a M. P., quien estuvo privado de la libertad por narcotráfico y «como no se demostró salió libre y lo mataron(158)».

Por su parte, C. A. C. M.(159), funcionario del C.T.I. en la zona, en declaración jurada manifestó la presencia de «Capi N.», a quien conoció desde el año de 1994 en calidad de «Jefe de la Policía de Tierralta» en momentos en que el declarante se desempeñó como inspector de policía; cuenta de su existencia, y dijo tener conocimiento de su actividad en el narcotráfico(160).

E. C. T., «alias D. V.», ex comandante del extinto Bloque M. de M. de las AUC, con jurisdicción en los departamentos de Sucre y Bolívar, además de cinco o seis municipios del norte de Córdoba, en declaración del 4 de agosto de 2016, dio cuenta de la presencia de grupos armados ilegales en la zona dada las bondades de esta(161). Asegura que fungió como jefe de la dirección política de las AUC y miembro del equipo negociador dentro del proceso de negociación cuyo marco jurídico fue la Ley 975 de 2005(162), razón por la que tiene conocimiento de las singularidades de la presencia del grupo armado al que perteneció y su forma de financiamiento(163).

Adujo que las bandas emergentes se hicieron presentes en la zona de San Antero por cuanto este era un municipio costero por donde salían «alijos de narcóticos», zona que se extiende desde Córdoba al canal del Dique, por lo que es un corredor estratégico para el narcotráfico, «territorio disputado por las Bacrim»(164).

En concreto C. T. afirmó que las AUC tenían cuotas extorsivas frente a todas las economías y fue encargado del cobro del impuesto, en especial, a partir del 2001, con motivo de la salida de «los alijos de narcotráfico» por las costas del Golfo de Morrosquillo, lo que incluye San Antero; recursos que eran destinados así: el 50% para los hermanos C. y el otro restante para las finanzas del Bloque M. de M., tarea que se extendió hasta el 14 de julio de 2005, fecha de su desmovilización. En esa misión conoció a los despachadores y personas que manejaron el negocio ilícito(165).

Recordó que en la región de San Antero el dueño del negocio era el narco «alias C. L.», por «la Marina de Cispatá», en la que se aprovechó la coyuntura de la zona turística y que «por los manglares se sacaba la droga, en lanchas rápidas(166)». El impuesto era cobrado a los narcotraficantes que exportaban su droga por las costas de esa zona, del periodo 2001 a 2005. No le constan los acontecimientos del año 2006 dada su condición procesal ante justicia y paz en esa época.

Afirmó la existencia de A. A. S., a quien conoció como «comandante A.», segundo de S. M., quien fungió como jefe militar en el Departamento de Córdoba cuya zona de influencia eran cinco municipios del norte del mismo, entre estos, San Antero, los cuales había devuelto a M. a finales de 2002 o principios de 2003 y este, a su vez, entregó a A. hasta la fecha de su desmovilización(167).

También recordó a I. R., «alias J.», a quien identificó como «uno de los hombres de M. en la parte urbana de Montería en el plano militar», aspecto que coincide con la declaración jurada del testigo de cargo Y. E. S. G.(168).

U. B. M., «alias J. D.», comandante del «Frente Canal del Dique», Bloque M. de M., en declaración del 4 de agosto de 2016 manifestó que en las audiencias públicas de incidente de reparación en la jurisdicción de justicia y paz, según lo referido por «la fuerza pública», existía una organización dedicada al narcotráfico con presencia en el golfo de Morrosquillo(169).

Es natural que, no obstante la condición del testigo en la agrupación armada ilegal, haya adoptado la actitud de reconocer su conocimiento de la operación de narcotráfico en la zona a través de prueba referencial, ateniéndose a lo que consignaban los archivos oficiales, en virtud de las consecuencias que podría acarrearle a su situación jurídica como ex combatiente de las AUC.

Recordó que M. para los años 2001 a 2002 le suprimió unos territorios a R. P., «alias C.», para entregárselos a A. A. S. —quien estaba a órdenes de M. y no de E. C. T.—, el cual operaba como «alias A.» en Montería; y aseguró que la zona suprimida incluía los municipios de Chinú, Lorica y San Antero, entre otros(170).

La conjunción de estos testimonios, así como la documentación que respalda los informes de Policía Judicial analizados, da cuenta con objetividad de la existencia de una red de narcotráfico dedicada a sacar del país cocaína con destino a Centroamérica, desde la bahía de Cispatá, comprensión municipal de San Antero, aspecto que refirió Y. S. G. en sus intervenciones procesales del 23 de septiembre de 2011 y 15 de mayo de 2012(171).

S. G. como integrante de la organización delictiva señaló que M. E. M. D. hizo parte de la misma integrada por W. P. P., D. C., D. C., J. M., L. M., C. R. M., J. A. A. S., I. R. y M. P., que operó del año 2005 hasta el 15 de mayo de 2012, por lo menos; conocimiento que adquirió dada su militancia en el grupo ilegal(172).

Las declaraciones juradas analizadas permiten establecer una sincronización armónica en los tiempos en que refiere S. G. se enteró de la actividad delictiva del acusado, conforme a su primer testimonio del 23 de septiembre de 2011(173), a partir del cual percibió reuniones para tal fin desde finales del año 2005 y comienzos de 2006.

Por ello, que a S. M. G., C. M. J. M., E. T. C. y U. B. M. no les conste en concreto el papel protagónico de M. D. en la organización delictiva dedicada al narcotráfico, no significa que infirmen la manifestación de Y. S. G. dado que M. G., C. T. y B. M. se desmovilizaron entre diciembre de 2004 y julio de 2005, respectivamente, fechas anteriores a la época indicada por el testigo de cargo; además, en cuanto a J. N., «alias M.», si bien se desmovilizó en diciembre 13 de 2005, es menester señalar que tuvo un área de influencia diferente a la zona de San Antero.

Así mismo, C. T. y B. M. afirmaron que entre finales de 2001 y 2002, les fue despojado el control de cinco municipios del norte de Córdoba en el que se encuentra San Antero, razón de más para advertir que para el marco histórico referenciado por S. G. ya no tenían percepción directa de los acontecimientos acaecidos en la zona.

A Y. le consta la integración del acusado a la agrupación delictiva a partir de diciembre de 2005, sin que importe desde qué momento el acusado integró la misma para efectos de la demostración de la conducta punible, pues el testigo de cargo simplemente se limitó a señalar lo que directamente percibió.

Fue ante su participación en las reuniones que pudo percatarse cómo el procesado hizo parte de la red de narcotráfico. Y dentro de esta dio cuenta de su actividad en los siguientes roles: repartición de ganancias, control de la policía del sector, asistencia a reuniones donde se planearon los envíos y la estrategia de acción.

Del mismo modo, que las personas señaladas por Y. E. S. G. como integrantes de la banda criminal hayan negado su participación en la misma es apenas lógico, pues aceptar su asistencia a las reuniones y los envíos de droga significaba reconocer su responsabilidad penal en tal ilícito, lo que permite entender la actitud procesal de J. S. en su testimonio rendido en audiencia pública(174).

De otra parte, que no existan investigaciones penales —dado el archivo de las mismas— contra los integrantes de la banda, no revierte los hechos atendidas ciertas variables, una de las cuales depende de la forma en que la noticia criminal haya llegado a las autoridades respectivas y el trámite procesal desarrollado.

No hay que olvidar que la prueba documental que soporta los informes de policía judicial —criterio de investigación— enseña que contra M. P., «alias M.», se siguió proceso penal por narcotráfico y también se hallaron investigaciones y referencias relacionadas con «alias Capi N.», otro miembro de la organización delictiva a la que se refirió Y. S. G.(175).

5.3.1.3. Conclusión del capítulo.

De lo anterior surge que los episodios que relató S. G. no puedan catalogarse como un invento sino que están circunstanciados dentro de un contexto que sustentan diversos medios de prueba como testimonios, documentos e inferencias que se derivan de aquellos.

Es evidente que la demostración de las conductas punibles —concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes— y la responsabilidad penal del procesado devienen de la comprobación fáctica de los hechos que conoció Y. S. G. directamente en reuniones que presenció, las que unidas a otros aspectos de su versión incriminatoria respecto de otros ilícitos que se analizarán en el acápite respectivo, constituyen las circunstancias que conforman el plexo de credibilidad de su testimonio.

Para los efectos de la militancia de Y. E. S. G. en la banda al mando de A. A. S. no es necesario, como condición inexcusable, la integración previa y la certificación de los ex comandantes de las AUC sobre su militancia en estas últimas, como considera el defensor.

Así las cosas, los hechos comprobados estructuran el punible de concierto para delinquir agravado por las circunstancias previstas en los incisos 2º y 3º del artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley de 733 de 2002 y el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, por cuanto tuvo como finalidad la comisión del delito de tráfico de estupefacientes y al ser M. E. M. D., una de las personas que dirigió la organización delincuencial, prevalido de su condición de alcalde de San Antero (2004-2007) y Senador de la República (2010-2014), posiciones burocráticas que le daban preponderancia frente a los demás miembros de la organización delictiva.

Recuérdese que conforme a la manifestación directa de S. G. el procesado recibió un porcentaje de las ganancias de los envíos de cocaína que variaba si era el dueño de la droga ilícita exportada y, en otras, en su condición de ser la primera autoridad del municipio, y prevaliéndose de ello, facilitaba la sacada de la sustancia hacia el exterior, pues manejaba a la Policía local en su calidad ya referida, comportamiento realizado con dolo.

De esa manera, se condenará a M. E. M. D. como autor del delito de concierto para delinquir, en los términos indicados, de acuerdo al artículo 29 del Código Penal.

Las pruebas analizadas comprueban la existencia de una estructura criminal organizada a la que pertenecía el acusado como uno de sus líderes, cuya finalidad era sacar del país cocaína; además, las mismas acreditan que, efectivamente, se sacó del territorio nacional con destino a Centroamérica, en el año 2006, tres cargamentos de cocaína ya analizados, uno de 1200 kilogramos, otro de 1500 kilogramos, y un tercero superior a 2000 gramos, según el dinero entregado al grupo ilegal «Á. N.» por el porcentaje convenido.

La responsabilidad penal de M. D. es a título de coautor dado que para la ejecución de los tres envíos, medió en su ejecución el acuerdo de voluntades entre los integrantes de la organización, en la que hubo división de funciones —unos transportaron, otros prestaban seguridad— y aportó un elemento esencial para la ejecución del plan criminal tendiente a la obtención del resultado típico.

En el caso específico de M. E. M. D. el denunciante lo señaló como dueño de uno de los envíos y que colaboraba para garantizar la llegada de los mismos a su destino, según las circunstancias relatadas por S. G., dado que como alcalde del pueblo «cuadraba la policía».(176) Así contribuyó de manera efectiva en la realización del ilícito.

Por lo anterior, se condenará a M. E. M. D. como coautor del delito de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 376, original del Código Penal -atendida la época de ocurrencia de los hechos (2006)-, por sacar del país sin permiso de autoridad competente sustancias estupefacientes en tres oportunidades diferentes, es decir, en concurso homogéneo y sucesivo de conformidad a lo preceptuado en los artículos 29 y 31 de la misma normatividad.

Se advierte que, conforme a la acusación, se descarta en este caso la configuración del delito continuado, por cuanto la modalidad delictiva de sacar del país estupefacientes es de ejecución instantánea, es decir, la vulneración al bien jurídico realizada al momento de su consumación se extingue con esta. Por lo tanto, su comisión se presenta mediante un solo acto de ocurrencia inmediata por lo que se configura un solo delito, cada vez que se consuma el verbo rector.

Sin embargo, en ocasiones es posible su comisión en este tipo de delitos mediante varios actos sucesivos que mirados separadamente se subsumen en el tipo penal, pero desde el punto de vista jurídico representa una unidad materializando un delito continuado(177).

Los elementos de este último son: (i) pluralidad de comportamientos que realizan un mismo tipo penal; (ii) unidad de designio o lo que es igual, dolo unitario y global; y, (iii) vulnerabilidad gradual del bien jurídico, por lo que se excluyen aquellos de carácter personalísimo, como por ejemplo, la vida, la integridad o formación sexual, entre otros. (CSJ SP AP1938-2017, 23 mar. 2017, Rad. 34282 A; CSJ SP9235-2014, 16 jul. 2014, Rad. 41800; CSJ SP7135-2014, 5 jun. 2014, Rad. 35113).

Conforme a la prueba, en el presente evento concurren el primer y el tercer elemento del delito continuado, más no el segundo. En efecto, los tres envíos de droga hacia el exterior -Centroamérica- tipifican la conducta penal y vulnera el bien jurídico de la seguridad pública que puede verse afectado de manera gradual.

No obstante, el dolo global o unitario se desecha por cuanto cada cargamento obedeció a un objetivo específico e independiente, es decir, no hay unidad de finalidad. Y. S. G. refirió tres momentos diferentes, detallando la singularidad de cada uno de ellos(178).

Probatoriamente se estableció que cada cargamento tenía como finalidad el envío de una cantidad determinada de cocaína, la cual fue remitida con un destino específico hacia el exterior por vía marítima, en diferente fecha, a través de la modalidad de lanchas rápidas, obedeciendo cada envío a un designio individual. Por lo tanto, se configuran tres ilícitos individualmente considerados, razón de ser del concurso de delitos.

En lo que tiene que ver con la conducta punible de concierto para delinquir, los términos de la condena por el mismo se precisarán en el acápite siguiente, de acuerdo con la metodología de la acusación, al analizarse el concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados al margen de la ley —Á. N.—, modalidad delictiva que también concurre en el presente evento, frente al cual pasa esta Sala de Juzgamiento a realizar la valoración respectiva.

Como recapitulación de este acápite se tiene el siguiente cuadro para condensar los delitos analizados:

Comportamiento delictivoObservaciones
Concierto para delinquir con la finalidad de cometer delitos de narcotráfico. Autor
Art. 340, inciso 2º y 3º del Código Penal (modificado por la Ley 1121 de 2006).
Tráfico de estupefacientes —sacar del país—.Coautor
Art. 376, Ley 599 de 2000.
En tres oportunidades saca: (i) 1200 kilogramos; (ii) 1300 kilogramos; y, (iii) una cantidad superior a 2000 gramos.

5.3.2. Del concierto para delinquir con el fin de administrar recursos relacionados con actividades terroristas y para promover grupos armados al margen de la ley —AUC—.

5.3.2.1. La tipicidad.

Por considerar de interés se condensa el análisis efectuado en la acusación al respecto:

De otro lado, en hipótesis como la que hoy nos convoca ha dicho la corporación que el concierto entre grupos armados ilegales y representantes de la institucionalidad está determinado por el aporte del político a la causa paramilitar, cuando coloca la función pública a su servicio y, por esa vía, incrementa el riesgo al bien jurídico de la seguridad pública al potenciar la acción del grupo armado, lo cual en ocasiones conlleva disfunciones institucionales... 

En esencia el contenido del delito debe estar gobernado por la evidencia de conductas que dejen al descubierto la existencia de pactos, acuerdos o adhesiones —expresas o tácitas—, por cuya vía el servidor público aceptó la existencia del aparato organizado de poder, lo promovió y, de contera, comprometió su independencia en desmedro de la investidura... 

Tal y como en oportunidad anterior se dijo, se trata de una conducta que en sí misma reúne las condiciones y características para sostener de manera autónoma el reproche penal a título de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos armados ilegales. Con todo, cuando esta conducta se mira no como un hecho aislado sino en el contexto de la imputación jurídica, ha de concluirse que como se trata de una nueva conducta ilícita orientada a la misma finalidad, no amerita un reproche penal independiente sino una valoración al momento de ponderar la intensidad de la lesión al bien jurídico.  

En decisión de 25 de abril 2012, complementó: 

Imperioso se ofrece recordar que a través del artículo 16 de la Ley 1121 de 2006 se modificó el artículo 345 del estatuto punitivo que sancionaba la conducta de administrar “bienes relacionados con actividades terroristas”, para integrar en dicha norma diversos verbos rectores de carácter alternativo que incluyen, además, la promoción, apoyo, mantenimiento y financiación de grupos armados al margen de la ley. 

Así, el tipo penal titulado “financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas” compendia una buena cantidad de comportamientos, entre los que se encuentran los que se acaban de referir.  

Lo que antes de la vigencia de la Ley 1121 de 2006 figuraba en el inciso segundo del 340 —organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley— ahora se ubica en el artículo 345 modificado y, a su vez, esta novedosa y reforzada disposición, por medio de su ampliada y comprensiva designación, se mantiene como uno de los comportamientos que puede generar una respuesta punitiva más intensa frente al concierto para delinquir, sustituyendo la anterior nominación.  

Planteado de otra forma, a través del artículo 345 del Código Penal, modificado por el 16 de la Ley 1121 de 2006, el legislador tipificó autónomamente los comportamientos consistentes en organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley. 

Adicionalmente, para que la concertación de dichas conductas quedara comprendida en el artículo 340 del Código Penal, reformó su inciso 2º reemplazando las expresiones “o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley”, por la modalidad relativa al “financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”. 

Como se puede advertir, el legislador, en el ámbito de su libertad de configuración, se vio obligado a adecuar el artículo 340 del Código Penal a la nueva denominación delictiva, la que está dada por el título del artículo 345 modificado.  

En últimas, las designaciones y el aumento de pena fueron las variaciones que introdujo la Ley 1121 de 2006. 

De manera que no sería viable precisar que el concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley fue abolido del escenario punitivo —ningún interviniente ha asumido tal posición en este trámite—. Lo que ocurrió fue que a dichos comportamientos se les otorgó autonomía en el artículo 345 y su concierto, calificado como circunstancia de agravación del concierto para delinquir, se le asignó una sanción mucho mayor que la prevista en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 del 2000, modificado por la Ley 733 del 2002. 

Con estos argumentos, la Sala de Casación Penal de la Corte de Justicia, desde hace algún tiempo y de manera clara y componente corporativo que debe efectuar las interpretaciones, última instancia, de las normas penales, en su condición de órgano límite e instancia máxima de la jurisdicción en dicha especialidad, ha precisado que no se ha verificado la descriminalización del comportamiento analizado.  

Resáltese que como la nueva tipificación agrava punitivamente la situación, la normativa antecedente es la aplicable consultando la favorabilidad»... 

De cara a la debida comprensión dogmática del tipo penal de concierto para delinquir agravado, que, en abstracto (ámbito teórico), la asociación entre funcionarios públicos (o quienes aspiran a serlo) y paramilitares, dirigida, en el último de tales eventos, a la promoción de grupos armados al margen de la ley, estructura una alianza de carácter ilícito que, per se, consolida en la realidad la prohibición contenida en la tipología delictiva de peligro del inciso 2º del artículo 340 del estatuto punitivo. Ello, independientemente de que se materialicen actos que evidencien la ejecución efectiva del pacto, como pueden ser hechos de corrupción que afecten o comprometan el presupuesto destinado a la atención pública en salud o las administraciones locales o departamentales... 

La Corte ha contado con la opción real de precisar que cuando una organización de autodefensa opta por impulsar la candidatura de una persona a cualquier cargo de elección popular —incluyendo las asambleas departamentales y el Congreso de la República— o en aquellos eventos en que decide determinar un nombramiento en la administración pública, quien de esa reprochable manera accede al cometido oficial (o se mantiene) en realidad no sólo se supedita a los intereses paramilitares sino también se involucra en el andamiaje de la organización delictiva, la cual, por dicha vía, amplifica su poder, extiende su influencia e incrementa su accionar. 

Planteado de otra forma, quien logra una designación pública por razón o con ocasión del poder deletéreo y conminatorio de una organización paramilitar —o quien lo intenta—, se transforma en miembro de la estructura y participa, desde su propia posición, en el desarrollo del proyecto marginal, asumiendo el rol que le corresponde dentro de la división de trabajo concebida al interior de dicha asociación delincuencial. 

Así, la incorporación de una persona en un sector del aparato estatal gracias al impulso de una organización paramilitar, es concebida como promoción de la agrupación delictiva. 

En decisión de 14 de diciembre de 2009, ya había dicho, sobre su contenido y alcance:(179) 

El artículo 340 del Código Penal define diversas formas de ataque al bien jurídico que denotan la manera progresiva como se atenta contra la seguridad pública. Así, en el inciso segundo, es el acuerdo de voluntades para promover, organizar, financiar o armar grupos armados al margen de la ley, lo que le da sentido al injusto, en el contexto de una modalidad muy propia de los tipos de peligro; y en el tercero, desde la óptica de la efectiva lesión, se sanciona la conducta de armar, financiar o promocionar a tales grupos. Eso implica que se describen comportamientos secuenciales en escala de menor a mayor gravedad, cuya lesividad se refleja precisamente en el tratamiento punitivo, como corresponde al principio de proporcionalidad. 

Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta la teleología del tipo penal —que excluye cualquier visión concursal— es claro que quien arma, financia, organiza o promociona grupos armados al margen de la ley, previamente acuerda la ejecución de ese tipo de finalidades, lo cual significa que la modalidad progresiva de ataque al bien jurídico permite afirmar que su efectiva ejecución asume el desvalor de los pasos secuenciales que le dan origen y sentido a la conducta; y de otra parte, que allí en donde no se logra consolidar de manera efectiva la promoción, organización o financiación, de todas maneras el injusto persiste, porque mediante la anticipación de la barrera de protección de bienes jurídicos basta el acuerdo para tener por satisfecho el injusto. 

Con ese propósito se analizará la conducta en el estadio histórico en que se manifiesta y se verificará si en esas condiciones, la certeza que exige el artículo 232 de la ley 600 de 2000, sobre la demostración de la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado, se satisfacen.  

Por su parte el artículo 345 del Código Penal que tipifica el delito de administración de recursos relacionados con actividades terroristas, modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, prescribe: 

“El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trecientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Dicho precepto fue modificado por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011, así: 

El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trecientos (1300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

5.3.2.2. La materialidad y responsabilidad penal.

Según la acusación(180), dentro del proceso se investigaron dos hechos que tienen que ver con el concierto para delinquir con fines de financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, y para promover grupos armados al margen de la Ley:

(i) El primero surgió del acuerdo entre el acusado con miembros del Bloque M. de M. de las extintas AUC, el cual consistió en recibir apoyo ilegal en la campaña electoral local realizada en octubre de 2003, que condujo al acusado a la alcaldía Municipal en el periodo 2004-2007, a cambio de promover ese grupo armado ilegal.

El convenio se extendió desde esa fecha hasta la desmovilización de este acaecida el 14 de julio de 2005, conforme lo manifestó quien fue su comandante, E. C. T., «alias D. V.»(181).

(ii) El segundo se configuró dado el acuerdo a que llegaron el procesado, en su condición de alcalde de San Antero y otros miembros de la organización criminal dedicada al narcotráfico de la que hizo parte, con la banda emergente denominada las «Á. N.» comandada por J. A. A. S., para promover en la región esa agrupación ilegal durante el periodo comprendido entre el 2006 y, por lo menos, hasta el 15 de mayo de 2012(182).

El convenio se materializó por cuanto el acusado se allanó al ingreso, consolidación y funcionamiento ilegal del grupo emergente mencionado en la zona de San Antero (Córdoba), con el aporte de recursos económicos de su propiedad para la adquisición de armas y otros gastos requeridos para sus operaciones al margen de la ley.

La valoración conjunta de los medios de convicción que se analizarán permite arribar a la plena certeza de los hechos y de la responsabilidad penal del procesado en los ilícitos. En el orden anunciado de los convenios ilegales se hará el análisis respectivo.

5.3.2.2.1. Del acuerdo celebrado entre el acusado y miembros de las AUC.

Debe destacarse que este cargo no derivó de las manifestaciones de S. G. sino de pruebas allegadas en desarrollo de la investigación y del juicio, tal como pasa a valorarse. Existe dentro de la actuación el señalamiento directo de ex líderes de las AUC sobre este aspecto. Así mismo, prueba documental e indiciaria que corroboran el cargo.

En la investigación previa, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, a través del informe Nº 9-52243 de 20 de agosto de 2015, aportaron documentos que dieron una pauta de investigación(183) como fue la hipótesis delictiva relacionada con «la toma» por parte del paramilitarismo, de «casi todas las alcaldías de Córdoba entre 1998 y 2004», hecho admitido por S. M. G. ante la jurisdicción de justicia y paz en momentos en que rindió las primeras versiones libres ante fiscales delegados de la misma(184). San Antero no escapó a ese influjo.

Entre los alcaldes estaban W. P. P. y M. E. M. D., quienes habían ejercido la Alcaldía Municipal de San Antero en los años 2001-2003 y 2004-2007, respectivamente.

Uno de estos documentos fue la investigación periodística publicada el 30 de junio de 2014 en el portal VERDADABIERTA.COM, en la que se informó cómo S. M. G. contribuyó al nombramiento de 25 de los 28 alcaldes del Departamento de Córdoba, cuya fuente principal fue la versión libre del referido fechada 17 de mayo de 2007, así como la reconstrucción histórica que realizó la Fiscalía 13 de justicia y paz(185). En concreto se consignó:

El paramilitarismo se tomó casi todas las alcaldías de Córdoba entre 1998 y 2004. Inicialmente lo confesó el exjefe paramilitar S. M. en 2007 y luego la Fiscalía 13 de justicia y paz reconstruyó los hechos y los expuso durante una audiencia ante el Tribunal de justicia y paz de Medellín(186). 

Para efectos de la crítica probatoria que realizó la defensa técnica de este elemento de prueba, es claro que la página web o electrónica indicada es un documento que contiene información, en este caso, de carácter escrito, que incluye sonidos, videos, programas, enlaces, imágenes y da al lector un contenido identificable.

Si bien es cierto que la razón social del portal da cuenta de un equipo de periodistas congregados con el objetivo de «develar la verdad» y «reconstruir la memoria sobre el conflicto armado» en el territorio nacional, también lo es que ello no indica que sus publicaciones no tengan autor o fuente determinada.

Recuérdese que esta última significa cualquier entidad, persona, hecho o documento que suministre la información publicada de tal manera que aporte los elementos suficientes para elaborar la noticia o texto, según la naturaleza del género informativo.

En el caso concreto la página de internet analizada tiene claramente establecida la fuente de la que se nutrió que no es otra que las versiones de S. M. G. en la jurisdicción de justicia y paz, a la cual se sometió en calidad de excombatiente —desmovilizado— de las AUC(187).

De ahí que la fuente principal de documentación está identificada y carece de trascendencia la afirmación de la defensa en el sentido de que el texto no tenga autor, pues con independencia de ello en el contenido de la información se evidencia su origen.

De tal manera que la «nota periodística» dio cuenta de un suceso de trascendencia nacional, como los actores y los casos en concreto de la acción paramilitar:

El 17 de mayo de 2007, mientras rendía sus primeras diligencias de versión libre ante fiscales de justicia y paz, el exjefe paramilitar S. M. narró los pormenores de un episodio que terminó sacudiendo los cimentos de la política nacional y que comenzó a nombrarse como “la parapolítica”. De su boca se escuchó cómo personajes, hasta esos entonces muy reputados, como J. M. L. C., E. P., M. U. y S. A., entre otros, se aliaron con los paramilitares para obtener beneficios políticos y electorales. 

Igual de escandaloso, aunque sin mayor impacto mediático, fue escuchar cómo M., siendo parte de la comandancia de las llamadas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego del estado mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, direccionó, contribuyó y coaccionó el nombramiento de 25 de los 28 alcaldes de los municipios de Córdoba, entre los años 1998 y 2004(188). 

Esta Sala de juzgamiento hace hincapié en que el anterior texto reconstruyó una verdad que se evidenció en el transcurso de este proceso, y de muchos otros que han sido objeto de investigación y juzgamiento(189), que no es otra que el pacto entre este grupo armado ilegal y la clase política nacional, regional y local.

Para ello se acopiaron documentos y testimonios, entre los cuales están los de S. M. G.(190), E. C. T.(191) y U. E. B. M.(192), ex comandantes de diferentes bloques, que estuvieron en el territorio del Departamento de Córdoba.

Entre la prueba documental aportada se encuentra la sentencia del 23 de abril de 2015 emitida por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín, contra miembros del Bloque Córdoba de las AUC(193), la cual aparece en el expediente, contrario a lo que predica el apoderado del acusado.

Este documento tiene valor probatorio en atención a que es un acto procesal emitido en un proceso cuya naturaleza es de justicia transicional. De ahí que esa decisión judicial contiene una realidad fáctica, jurídica y material que no puede soslayar la defensa, quien confundió en su alegato los datos que se extraen de allí con la valoración propia del funcionario judicial que la emitió y la de la Sala de Instrucción, la cual respalda esta Sala de Juzgamiento.

De ahí que el hecho demostrado de la real influencia de ese grupo armado ilegal en relación con las alcaldías del Departamento de Córdoba, en una especie de «cooptación», es una verdad que reflejan los procesos de justicia transicional, entre estos, los relacionados con el Bloque Córdoba de las AUC.

La conclusión anterior se dio luego de valorar diferentes versiones rendidas por S. M., entre estas, las de 15 y 16 de mayo de 2007(194), en las cuales hizo mención al nombre de W. P. P., a quien identifica como una de las personas que firmó «el pacto de Ralito» y fue condenado por ese hecho. Aquellas fueron traídas a estas diligencias, cuyo contenido nuclear en relación con la colaboración de la clase política del Municipio de San Antero ratificaron S. M. G.(195) y E. C. T., «alias D. V.»(196), en declaraciones rendidas en estas diligencias.

Que la Sala de Instrucción haya tomado como fuente el fallo en mención, aunado a los de convicción recaudados, no infringe ninguna regla de apreciación probatoria, como lo predica el defensor porque es una prueba documental allegada legalmente al expediente.

Por ello, dentro del margen de discrecionalidad en esa labor de valoración del documento en referencia, podía dar por cierto que:

[...] en la reunión de los G. o P. del G. con participación de trescientos líderes regionales, se fijaron las reglas ilícitas de la contratación pública y el control de la corrupción pero en beneficio de ese grupo armado. A los contratistas les correspondería el 30% y el 70% restante a la alcaldía, a fin de ejecutar proyectos que permitieran legalizar el dinero por concepto de regalías. De ahí debían entregar al grupo paramilitar el 10 o el 15%.(197) 

Acuerdos referidos en esa prueba documental fueron referidos de viva voz por dos excomandantes de las AUC que recrean la alianza y el compromiso adquirido por el beneficiado con el apoyo ilegal, con independencia de dos variables: (i) la efectiva elección del apoyado; y, (ii) el cumplimiento material de la contraprestación comprometida por este último.

Es decir, tratándose de acuerdos ilegales entre las AUC y candidatos a elección popular, entre estos, los alcaldes, el pacto se configura con independencia de la concreción de aquellas, es decir, de que la elección se dé y de la contraprestación del servicio o pago por el beneficio electoral recibido.

Por lo tanto, la sentencia analizada junto con las declaraciones de S. M. G.(198) y E. C. T., «alias D. V.»(199), constituyen prueba de un hecho indicador como más adelante se analizará.

Todo ello fue producto de una estrategia político-militar, constituida por una serie de acciones inmediatas encaminadas a un fin determinado.

Así, la metodología de la táctica política, en términos de M. G., conforme a la prueba documental en referencia(200), consistió en un «acercamiento con las comunidades» concientizando el voto por los candidatos apoyados por el grupo armado ilegal, bajo la consigna de que quien quisiera hacer política tenía como obligación hablar con el grupo armado ilegal, lo cual involucró a candidatos locales, regionales y nacionales en las elecciones de concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y congresistas de la República, pues conformaron un «Estado de facto». El Departamento de Córdoba no fue la excepción. Los siguientes apartes de la versión libre dan cuenta de ese proceso, en el que se infiere que el proselitismo político en territorios de dominio de las AUC debía contar con el apoyo de tales.

Bueno, el tema político, muy sencillo. Nosotros, en las regiones quienes quisieran hacer política tenían que hablar con nosotros que éramos el estado en esas zonas olvidadas por el Estado, un Estado dentro del Estado. Allá quien quisiera participar en política tenía que venir donde nosotros y hacer compromiso con las comunidades, iniciamos adoctrinando las comunidades, les dijimos ustedes tienen que elegir personas que tengan intereses en la región, que les duela la región, que les solucionen los problemas a ustedes, que carguen sobre los hombros la responsabilidad de resolver los problemas que los aquejan permanentemente. Pa’ qué van a elegir un tipo de Chinú cuando tienen ustedes intereses aquí en Tierralta y él tiene sus intereses en Chinú, este tipo viene por unos votos y luego se va, escojan a los pobladores que tengan intereses en las áreas de ustedes.(201) 

[...]

Entonces sí incidimos nosotros, en la escogencia de concejales, en la escogencia de diputados, de alcaldes, de gobernadores, de congresistas y de Presidente. Nosotros direccionamos les dijimos, nosotros aquí en estas áreas todos los que vengan y hagan compromisos con ustedes, las comunidades y nosotros los citamos y si no vienen mandamos por ellos y había gente que no quería venir, le decíamos: viene o mando por usted, y venían porque venían porque si no venían mandaba por ellos y los traían. Entonces la gente se presentaba en la zona y hacía los compromisos con las comunidades [...](202). 

Sobre la estrategia en territorio cordobés, adujo que fue diferente, e incluyó el municipio de San Antero, hecho que prueba la incidencia de las AUC en esa región:

En Córdoba a la gente no se le cobraba impuestos, yo nunca cobré impuestos, diferente a lo que se hacía en las diferentes regiones del país, entonces, Córdoba tuvo un manejo sui generis, yo nunca quise apretar ni maltratar a la población, yo siempre asumí la responsabilidad de todo el manejo, junto con los C. 

También M. G. relató la situación especial del Departamento de Córdoba:

Lógicamente que Córdoba, ahora que le explique las estructuras, allá operaban diferentes bloques, el E. C., operó H. de T. de Don A. P., las estructuras de C., el frente M. de C., [...] J. P. [...] que operó en la zona limítrofe entre Córdoba y Sucre, Lorica, San A. de Sotavento, Tuchín, los Palmitos, Sucre [...] Sincelejo, Tolú, Tolú viejo, San Antero, esos son [...] ahora se los explico detalladamente [...].(203) 

El señalamiento directo de M. G. contra el acusado se advierte en la diligencia del 16 de mayo de 2007(204), ocasión en la que dijo, específicamente, el nombre de un burgomaestre departamental y alcaldes municipales, de Córdoba, entre estos últimos, M. M., que no es otro que el acusado. Previo a esa concreción advirtió que había unos congresistas elegidos por ellos directamente y que con otros se hicieron alianzas, lo cual se repitió a nivel local, como el caso de San Antero. En esa dirección señaló:

[...] Bueno, le había dicho que habíamos hecho unos pactos con congresistas, para la elección de alcaldes, gobernadores, especialmente para el Alcalde de Montería, Gobernación de Córdoba en el año 2003, en las cuales se hizo una alianza con J. L., no fue elegidos por nosotros pero hicimos alianzas con ellos y cuando me refiero a nuestros congresistas, hay unos elegidos por nosotros directamente, con nosotros directamente quienes fueron?, en caso de Córdoba [...] Con quiénes se hicieron alianzas en Córdoba?, se hicieron alianzas con [...] y alcaldes?[...] ya le cuento alcaldes [...] o lo tocamos cuando toquemos el tema parapolítico(205)[...]en Sucre, también tengo, ya le digo[....](206). 

[...] le explico, le explico con el Departamento de Córdoba, en el Departamento de Córdoba, existían congresistas, senadores y representantes elegidos con nuestra ayuda y fueron[...], con los otros se hicieron algunas alianzas, específicamente alianzas[...].(207) 

Alcaldes y gobernadores. 

Voy a hablar ahora de[...]alcaldes, le hablé de S. S., S. N...estoy iniciando por Tierralta, en Valencia colocamos un candidato único que fue M. P., ese lo colocó D. B. [...] y hubo acuerdos para elección, bueno estos fueron acuerdos para elección, óigame el compromiso que adquirieron ellos fue el saneamiento del municipio de Tierralta, que en ese momento debía más de 14 mil millones de pesos[...] Cuando yo me desmovilizo en el año 2004 en diciembre, el municipio de Tierralta ya tenía saneada casi la totalidad de la deuda porque ese fue el compromiso que hicieron con nosotros, sanear el municipio para que el próximo alcalde que lo recibiera, ya pudiera hacer las inversiones que corresponden para el desarrollo de Tierralta[...]”.(208)

Mire [...] en Tierralta hubo unos convenios en las mismas situaciones, con el Alcalde de Planetarica [...], E. hizo esos acuerdos con él, [...] que se aplicaran unas políticas correctas, que se invirtiera en las zonas más descuidadas que tenían y especialmente donde son fronteras que tuvo mucha influencia en épocas anteriores de grupos guerrilleros. Pueblo Nuevo[...], Buena Vista a E. le pueden preguntar, F. B., la de la Apartada,[...] allá hubo una contienda donde apoyaban ganaderos de la zona afectos a nosotros a un candidato diferente a quien ganó[...] Monte Líbano M., un alcalde M. y otro M. N. En puerto Libertador J. S. Ayapel P. J. Cereté con M. B. se pactó algo diferente, con M. el pactó primero transparencia, y de Cereté veníamos teniendo unas quejas permanentes con relación a un tema de salud de un CAMU que había allá en Cereté, que manejaba una corrupción espantosa, entonces A. recomendó, pidió al alcalde que nombrara en el CAMU a una persona que él le dijo, esa persona era de las toldas de Z. J. si mal no estoy y lo colocaron allá para que manejara el CAMU de Cereté. En Lorica, hubo unos ciertos acuerdos con R. M., San C. W. A. A., Cotorra M. N., San Pelayo A. R., San Antero un señor M. Á. creo que M., también en San ANTERO, en San Anterito estuvo W. P., W. P. si fue elegido con apoyo de autodefensas directamente, ese convenio lo hizo D. V. 

Hay que entender una serie de situaciones, vea en Córdoba confluyeron muchísimos [...] frentes de autodefensa que no pertenecían al Bloque Norte, por ejemplo, la parte izquierda del Río Sinú, la margen izquierda la manejó durante algún tiempo el comandante A. Luego una parte de esa margen izquierda se la entregó a D. V., que además cobijó unos municipios de Lorica, Tuchín, Chimá, San A. de Sotavento, etc. [...]. 

En la parte sur en la margen derecha del rio San Jorge el comandante C., como lo había dicho anteriormente, entonces hay injerencia de unos comandantes en estas cosas que también debieron haber hecho acuerdos con alcaldes de esas zonas que ellos le explicarán en su momento. Venía por San Antero. San Bernardo del Viento W. N. F., Moñitos, a E. le pueden preguntar I. A., Chinú el actual J. Á. T. con ese se hizo acuerdos. Chimá C. R. [...](209). 

De este relato se evidencia no solo el nombre de los beneficiados de los apoyos directos y de las alianzas, según el caso, sino el esquema de los acuerdos ilegales entre los integrantes del grupo paramilitar y los elegidos en términos de políticas públicas, de participación burocrática y contractual en las administraciones locales.

Del mismo modo, en Córdoba y en los territorios dominados por las AUC, los candidatos a cargos de elección popular sea que fueran elegidos directamente por esa organización ilegal o que hayan realizado alianzas estratégicas para recibir su apoyo en época de campaña electoral, a cambio de la promoción del mismo durante la administración, tal como ocurrió en San Antero en las administraciones locales 2001-2003 y 2004-2007 de los ex alcaldes W. P. P. y M. E. M. D., constituyen una continuación de los acuerdos ilegales.

La simbiosis entre la agrupación ilegal y estos últimos hizo parte de una estrategia que implicó su elección, al igual que aconteció con concejales, diputados, gobernadores y congresistas en las regiones donde operó la primera, en la que, previamente, hubo compromiso de apoyos electorales por lo cual se recibió como contraprestación el impulso y promoción del grupo armado ilegal en las comprensiones territoriales donde ejercieron jurisdicción civil, con lo cual hubo un favorecimiento para esa agrupación ilícita, a través de un ejercicio ilegal de funciones públicas que se materializó a través de diferentes formas de manera sistematizada y organizada, como, por ejemplo, en el manejo irregular de la contratación estatal.

Los resultados de esa asociación con beneficios mutuos se evidencian en que uno de los máximos líderes de la agrupación ilegal —S. M. G.— admitió sin ambages que de las 28 alcaldías del Departamento de Córdoba, 25 fueron obtenidas con el apoyo de las AUC, entre estas la de San Antero: primero eligieron a W. P. P. y, luego, a M. E. M. D.

Ese núcleo incriminatorio fue ratificado por M. G. en declaración jurada del 31 de mayo de 2017(210), ocasión en la que adujo que el contexto transcrito y analizado corresponde a su compromiso de «reconstrucción de la verdad en Justicia y paz», actividad que realizó con la colaboración de E. C. T., «alias D. V.»(211), quien fungió como comandante del Bloque M. de M.

M. G. dio cuenta de los pormenores de esa tarea conjunta en atención a que en el año 1999 había entregado jurisdicción y autonomía sobre la zona costanera del departamento, es decir, «San Bernardo, San Antero, Coveñas, Lorica, Chima, Momil, Chinú», que era territorio limítrofe con Sucre, al Bloque Héroes de María(212). En esa labor también participó U. B. M., «alias J. D.»(213).

M. G. aseguró que él mismo le pidió a «alias D. V.» que en esos municipios hablara con alcaldes de la zona y los líderes políticos para que la votación obligatoriamente acompañara primero a los Representantes a la Cámara, quienes no podían ir de un departamento a otro, por lo que arrasaban al Senador, como en el caso de E. P. respecto de M. de la E. Y recuerda haber apoyado a W. P. P., aunque adujo no haber tenido relación directa con el mencionado(214).

Así lo ratificó E. T. C., «alias D. V.», en su calidad de excomandante del extinto Bloque Héroes M. de M., en declaración del 4 de agosto de 2016(215). La jurisdicción que ejerció fue en los departamentos de Bolívar, Sucre y «cinco o seis municipios del norte de Córdoba»: San Antero, Momil, Chimá, San A. de Sotavento y Lorica(216).

Además, T. C. fungió como Jefe Político Nacional de las AUC y representante de tal grupo armado ilegal en la Mesa de Negociación, condenado por la masacre de Mampujan(217).

Adujo que como líder era lógico tener claro quiénes eran los dirigentes políticos de la región, entre estos, W. P. P., ex alcalde de San Antero, persona con quien tuvo un contacto directo y permanente hasta la fecha de su desmovilización acaecida el 14 de julio de 2005, en el Corregimiento de San Pablo, «María La Baja». Este último, incluso, tuvo una relación directa con R. P., «alias C.», comandante militar del Bloque, pues era el padrino de una de las hijas de este(218).

A través de W. P. P., a quien identifica como el «cacique» de ese municipio, se dio la influencia directa de esa agrupación armada en San Antero(219).

Hay que tener en cuenta que las manifestaciones de T. C. tienen concordancia con las declaraciones de S. M. G.(220), pues tal como lo afirma este último, en el año 1999 se le dio la orden para que entregara al grupo de Sucre, «Frente Héroes de los M. de M.» el cual pasó a ser en el 2002 Bloque, los territorios que incluían los seis municipios del norte de Córdoba(221). En las zonas de operancia combinaban tres estructuras, en atención a la autoridad de facto que ejercían: «militar, financiera y política»(222).

W. P. P. hizo parte de esta última, relación que se dio a través del comandante R. M. P., «alias C.»(223), en los años 1999-2000, a quien identifica como uno de los líderes más importantes que los apoyó, al cual conoció cuando lanzó su nombre a la alcaldía de San Antero en el año 2000, para el periodo 2001-2003, quien fue presentado como su candidato, pues el objetivo era conseguir el respaldo de las autodefensas en tal proyecto político con el que tuvo un contacto permanente e identificación de ideales(224).

Y aclaró que como no podían dar avales legales a los candidatos, se aconsejaba que lo buscaran en los partidos tradicionales y luego el grupo armado ilegal entraba a apoyar las aspiraciones políticas(225).

A manera de ejemplo adujo que apoyaba con logística, «se hablaba con el del bus», y se hizo uso del mecanismo de cruce de cuentas a través de la cuota extorsiva —que operaba para todas las economías— a través de la cual se realizaban «tareas de carpintería» como fue los pagos en especie que se cruzaban con aquella. El trabajo de contraprestación era evidente pues se habían ganado un espacio en la comunidad.

Fue así como se diseñó un proyecto político y social con I. R. D., C. C. y él mismo, en el que fueron fundamentales «las bases, las comunidades llamados acumulados solidarios o comunitarios, con los cuales ganaron confianza»(226), a pesar de la estela de sangre y de luto, al punto que fundaron un «Estado de facto».

Las comunidades estaban ausentes de Estado y esa fue la coyuntura para empezar el proceso de transformación de las costumbres políticas.

El caso de W. P. P. fue especial, pues derrotaron a L. M., del Partido Liberal, quien había realizado en su administración obras de infraestructura —terminal de transportes, acueducto, hospital—.

Sin embargo, W. P. P. era un «hombre del pueblo», circunstancia que lo fortaleció como candidato en la comunidad dado que se había ganado la confianza del grupo armado ilegal que direccionaba al electorado, el cual sufragaba por el candidato apoyado por ellos.

El proselitismo consistía en el acompañamiento que los comisarios políticos, a través de visitas a las veredas y en ocasiones, simplemente, los promovían durante el periodo en que ocuparon esos territorios. La contraprestación al apoyo dado por parte del grupo ilegal era la realización de gestiones donde más hacían presencia como grupo armado ilegal.

En el caso particular de W. P. P. hubo consentimiento en que su administración se identificara con el proyecto paramilitar, por lo que las obras y gestiones las encomendó a las comunidades asentadas en las regiones de su dominio militar.

El compromiso fue cumplido bilateralmente pues, una vez electo P. P. con el apoyo del grupo armado ilegal, hubo favorecimiento al proyecto político social de las AUC por lo que estas últimas recibieron aportes económicos del erario municipal, registros contables que se aportaron dentro de las actuaciones de justicia y paz, jurisdicción a la que se sometió el declarante.

Respecto de M. E. M. D., quien venía de ser diputado, refirió que W. lo apoyó en sus aspiraciones políticas dándole el aval en las elecciones del año 2003 para el periodo 2004-2007(227). Esta manifestación denota el conocimiento del contexto político alrededor del candidato por parte del testigo, que indica el conocimiento cierto de su trayectoria política.

C. T. aclaró que para octubre del año 2003 nuevamente se le entregaron los municipios del norte de Córdoba a S. M. G., por lo que le queda difícil concretar al detalle en qué consistió la colaboración del grupo armado ilegal en relación con el respaldo a la candidatura de M. E. M. D..

No obstante, W. P. P. apoyó a M. M. D. y las autodefensas sabían de esa situación por la cercanía y los vínculos que había entre los dos. Por ello, como grupo armado ilegal no se opusieron, más bien lo respaldaron(228). ¿Qué significa esto?: un aval directo a esa candidatura que no contempló resistencia de quien tenía dominio militar en la región, que no es otra cosa que la garantía de que el acusado realizara su campaña, dado el hecho notorio del dominio e injerencia de las AUC en la zona.

Ahora, es claro para la Sala que las dos campañas a la alcaldía de los años 2001 y 2003, siendo candidatos W. P. P. y M. E. M. D., respectivamente, conllevaron un plan de acción diferente para cada uno.

Por ello, aclaró que el apoyo fue distinto respecto de W. P. P., pues para el año 2003 estaban saliendo de la zona, a diferencia de 2001, pero, en todo caso, M. E. M. D. fue avalado por mediación de este último, pues «como grupo armado ilegal no se iban a oponer al candidato de W., persona que tenía alta incidencia en la administración local»(229), máxime cuando W. P. P. fue «un político comprometido con la causa paramilitar y se identificaba con las tesis políticas del mismo» al punto que se le señala como su representante en la alcaldía de San Antero, compadre del ex comandante militar del grupo armado ilegal R. M. P., «alias C.», aspecto que le daba cierta ascendencia en este último.

De manera que cuando W. P. P. conversaba con miembros de las AUC «estaba por sentado» que estas como grupo armado ilegal tendrían incidencia en el municipio y la administración siguiente, que no era otra que la de M. E. M. D., de cuya candidatura P. P. les comentó.

De acuerdo, con el objetivo común entre este último y las AUC se tiene que esta manifestación no era otra que informar y consentir en el nombre del candidato apoyado por W. P. P., y este era el acusado.

Nótese cómo E. T. C. respalda a M. G. en su manifestación de no concretar los pormenores del apoyo por la razón de que para la época electoral del año 2003 ya San Antero se había entregado a A. A. S., «alias A.». Esta transición en nada descarta el apoyo dado por las AUC a M. D., quien tenía el aval de W. P. P., que, a su vez, era integrante del estamento paramilitar. Este hecho es comprobado por L. F. D. S., escolta y conductor de P. P., por más de 15 años, quien manifestó en declaración jurada del 16 de febrero de 2017 que su patrón había integrado las filas de las AUC, prueba trasladada a esta investigación a petición de la defensa (Rad. 11001609904620130034)(230).

Según D. S.: «[...] y eso no fue un secreto para la justicia ni para la ley, porque W. cuando lo meten a la cárcel por segunda vez, es por tener vínculo con paramilitares y que él había firmado el pacto de SANTAFE DE RALITO [...]»(231).

T. C., refirió que, a pesar de la afinidad política de W. y M., hubo una ruptura posterior a su elección(232), a lo que denomina «diferencias entre dirigentes políticos» por «manejos de administración traducidos en puestos, burocracia», como consecuencia del «principio de autoridad(233)», según dijo, que, en modo alguno, destruye el pacto previo a la elección de M. D. como alcalde de San Antero en el año 2003 para el periodo 2004-2007.

Ruptura de relaciones políticas entre P. P. y M. D. que significó una disputa referida por Y. E. S. G., señalada en sus diversas intervenciones procesales; aspecto que, como más adelante se analizará, robustece la credibilidad de este testigo frente a otros cargos de la acusación, más no la debilita(234).

El razonamiento de la defensa técnica es equivocado porque la disputa entre W. P. P. y M. E. M. D., luego de la elección de este último, no diluye el pacto celebrado con antelación, el cual para su cumplimiento no pendía de la elección misma del aforado ni de la efectiva entrega de contratos ni cuotas burocráticas, por lo que se observa que el sujeto procesal olvida que el concierto para delinquir es un delito de mera conducta sin que se exija la producción de un resultado.

Por su parte, S. M. G., en su declaración en sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017, ratificó ese apoyo de las AUC al acusado(235).

Adujo que junto a «alias D. V. y J. D.» reconstruyó la verdad respecto al apoyo que dieron a los alcaldes del Departamento de Córdoba, manifestación que contextualizó la pregunta directa que se le formuló por parte de la Sala de Juzgamiento, en concreto, en relación con la mención que hizo respecto del acusado en la versión libre del 16 de mayo de 2007(236), evocada en la declaración jurada del 31 de mayo de 2016(237)la pregunta que se le formuló hizo relación a la expresión: «M. Á. creo que M., alcalde de San Antero[...]», expuesta en la versión libre ante justicia y paz del 16 de mayo de 2007—.

Me estaba refiriendo en ese momento a los alcaldes que habían ejercido esas funciones políticas en el Departamento de Córdoba y en los diferentes municipios, para ese momento me estaba refiriendo en (sic) al municipio de San Antero y eh (sic) cuando expresé el nombre de el señor alcalde creo que cometí algún error en el nombre por eso creo que M. porque creía en ese momento que su apellido era M.(238) 

Así mismo, cuando se le insistió a quién se refería cuando expresó «alcalde de San Antero», persona que como organización armada apoyaron, contestó: «M. M., honorable magistrado»(239). Respecto del interrogante sobre las circunstancias del apoyo adujo:

Cuando estábamos haciendo la reconstrucción, yo no recuerdo con exactitud todo ese momento pero me reuní con D. V., me reuní con J. D., me reunió con varios [...] otros excomandantes, recurrí a mi memoria en aquél momento estábamos reconstruyendo quiénes de los alcaldes habían recibido apoyo de las autodefensas para llegar a estos cargos y cuando estábamos dentro de las reconstrucciones, si recuerdo bien, D. V., J. D., estábamos comentando que en el señor R. C. había sido compadre de un alcalde anterior, «el negro» le decían. Yo no recuerdo el nombre en este momento creo que[...]haber un momentico es que no recuerdo muy bien [...]«el negro»[...] yo no me acuerdo el nombre del alcalde anterior, el periodo que estuvo hasta el año 2003 porque D. V. me entregó esa zona, esa región del país, que estaba bajo las órdenes de él, D. V. y de C. y yo asumí nuevamente la responsabilidad dentro de ella y se la entregué a al comandante que tenía en Córdoba, el comandante militar que era el señor, el comandante A. A. y cuando le entregué esta región a A. estaba un alcalde, para esa época después vinieron las elecciones que fueron como en octubre o septiembre de 2003 o algo así yo no recuerdo con exactitud H. Magistrado y en me (sic) en esa reconstrucción con D. V. me decía que el alcalde anterior a quien yo conocí en Ralito era un señor o es un señor alto, de barriga prominente, moreno oscuro eh, estaban, él fue elegido con apoyo de autodefensa y estaba apoyando a un nuevo alcalde que era el señor M. M. para la alcaldía y, por lo tanto, había también un vínculo de compradazgo, él era ese alcalde compadre de R. C. y dimos por supuesto que la continuidad, la continuidad (sic) del apoyo a las autodefensas en esa región continuaría, eh yo nunca me reuní con el señor M. M., yo no lo conozco. No sé si el comandante D. V. o los otros lo conocerán en aquél momento no me dijeron nada al respecto, sencillamente, estábamos reconstruyendo quiénes habían recibido apoyo de las autodefensas, a quienes se les permitió porque en la medida que en que (sic) no hubiese una interacción de las autodefensas en la zona, pues las autodefensas entrarían a apoyar a una persona diferente, si no había un apoyo si no explícito al menos tácito de la situación y aquí se da la continuidad de un alcalde a otro pues el otro alcalde era absolutamente de las filas o tropas de autodefensas[...](240). 

Con lo anterior no queda duda del señalamiento directo que hace M. G. sobre el apoyo de la organización armada ilegal a la causa política de la aspiración de M. M., determinando el marco temporal que no es otro que el periodo de alcaldía siguiente a la culminación de quien señala como «el negro» -W. P. P., apodo al cual refiere Y. S. G.-, y lo califica como un alcalde absolutamente «de las filas o tropas de las autodefensas», que no es otra cosa que militante de la causa paramilitar en la zona de San Antero. Por ello, la doble transición —de una administración local a otra; y la entrega de la zona a A. A., luego de haberla poseído «alias D. V.»— no es excusa para negar un vínculo con una organización armada en la cual sistemáticamente confluyen una cadena de decisiones que tiene en cuenta una línea de mando en contexto de un ambiente electoral acaecido en el año 2003.

Por lo tanto, es pertinente mencionar el momento en el que el testigo S. M. G. con sinceridad y en apego a la verdad, frente a las condiciones del apoyo de las AUC, se remite a su conocimiento del caso, con la mención a los elementos de la reconstrucción histórica que hizo en justicia y paz en la que tuvo como herramienta lo relatado en ese momento por dos comandantes más, complementada con su propia vivencia, en la que se denota la espontaneidad de su dicho, frente a la pregunta del apoyo de la organización al nombre de M. M. a la alcaldía de San Antero, en la sesión de audiencia del 2 de noviembre de 2017:

Bueno honorable magistrado, yo en este momento no recuerdo con exactitud cómo fueron las situaciones pero intentaré recordar la situación que se dio cuando reconstruimos los hechos al señor (sic) es que yo no recuerdo cuál era el nombre del alcalde anterior ¿ustedes se acuerdan? Era un negro que le decían ahh ¿cómo era el nombre del alcalde anterior? Ustedes tienen la lista de quiénes [...] los alcaldes antes del señor M. por favor. 

Presidente de la audiencia: hay una persona que resultó muerto, se llama W. P. 

S. M. G.: W. P. fue el alcalde anterior de San Antero. ¿Lo mataron? [...]

El señor W. P. fue el alcalde anterior de San Antero [...] este alcalde. 

A esa persona que me referí como «el negro», es el señor W. P. Exactamente al que me estoy refiriendo. No recordaba el nombre, gracias, por usted haberme informado quiénes eran los alcaldes anteriores. Automáticamente mi memoria se refresca y alcanzo a entender y a extraer de mi memoria que al señor W. P. era el alcalde anterior al que me refería como «el negro». El, W. P., «el negro» había recibido apoyo de las autodefensas[...] fue elegido en pacto que se hicieron D. V. y C. lo apoyaron [...] e, incluso, él bautizó uno de los hijos o hijas de R. C., eran compadres, a través de él recibimos apoyo las autodefensas, el grupo o el bloque, de los M. de M. porque esa jurisdicción se le había entregado al Monte de María hacía algún tiempo y para esa época los M. de M. cobraba impuesto a las alcaldías y él le pagaba a través de contrataciones eh de un señor J. G., creo que se llama el señor de Sincelejo (Sucre) y entrega unos dineros a ese bloque de los Héroes de los M. de M.. Así que se apoyó a la alcaldía cuando iban a elegirse nuevos alcaldes ehhh yo le entrego la zona a A., V. me la entregó a mi y yo le hago entrega al comandante A. que era el comandante militar que yo tenía en el Departamento de Córdoba. Y en A. él tuvo una reunión con C., justamente para recibirle la región, recibirle la zona a el señor R. C., comandante anterior, allí para que relevar el mando y lo releva A. cuando relevan el mando, es cuando A. me cuenta que efectivamente estaban en la contienda electoral próximas, quienes eran las personas, eran afectas a las autodefensas, eh le hizo el empalme, incluso, con el alcalde W. P. El alcalde W. P. estuvo en Ralito con el comandante A. Yo conocí al señor W. P. directamente en Ralito, en compañía del comandante A., allá me lo presentaron, lo conocí ehhh me dijo que estaba a las órdenes, que lo que quisiera, que siempre ha sido un simpatizante nuestro y apoyaba nuestra causa, nuestra lucha contra la subversión [...] y que él le daría continuidad al proceso que se daría en la región de San Antero en adelante, eso fue lo que conversé con él, fue un saludo formal, me lo presentó A., cuando yo llegué allá, los encontré, lo conocí y me lo presentó. Pero en la reconstrucción de los hechos el señor D. V. me dice que W. P. había sido el alcalde anterior y que, efectivamente, había dado continuidad con el candidato a quien él apoyaba de las autodefensas, apoyo recibido por las autodefensas en esa región del municipio de San Antero(241). 

Sobre la pregunta concreta del apoyo y el compromiso del acusado, manifestó M. G.:

No lo recuerdo su señoría en este momento. Pero si lo comentaba con D. V., pero yo si en este momento no lo recuerdo(242).

[...] 

No recuerdo en este momento todo lo que reconstruimos en aquél momento, H. Magistrado, las situaciones que se dieron no lo recuerdo.(243) 

[...] 

No exactamente cuáles eran los nexos que tendría directamente pues R. C. era compadre del alcalde anterior W. P. y la zona ya pasó a manos del comandante A. que era el Comandante Militar que tenía el Bloque Córdoba [...](244). 

En Córdoba sucedió una situación sui generis que operaban varios bloques; operó el bloque Héroes de los M. de M. en esta zona de los municipios costaneros de la margen izquierda del río Sinú, incluso, algunos de la margen derecha como Momil, Tuchín, y esto Chima y estos municipios que hacen parte del sur de Córdoba y norte de Sucre. Y también operó el bloque Mineros en la parte derecha del rio San Jorge pero el bloque Héroes de Tolobá en la parte de los municipios de valencia y Tierralta, operó el bloque E. C. en la margen izquierda «Marizco» (sic), entonces por esto se llama margen izquierdo del rio Sinú. «Marizco» operó el (sic) la casa C. y el bloque Córdoba, entonces había una situación sui generis en el departamento con esa cantidad de bloques y comandantes que estábamos en la zona en diferentes municipios, H. magistrado(245). 

Este aparte de la declaración hace alusión a un momento reflexivo, considerado el asunto con detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien, por parte del testigo, a fin de dar su conocimiento sobre ese acontecimiento, aparte del que no se puede cercenar los datos suministrados en sus manifestaciones anteriores y aislar de lo indicado ante justicia y paz el 16 de mayo de 2007, y en estas diligencias, en la declaración del 31 de mayo de 2016, en la que directamente señaló al acusado como uno de los alcaldes que apoyaron en el Departamento de Córdoba.

De otra parte, no hay que olvidar el contexto en el que por primera vez se mencionó el nombre del acusado, por lo que M. G. considera inequívoco ese trabajo intelectual, ante la jurisdicción de justicia y paz:

Cuando estábamos reconstruyendo los hechos es una información fidedigna de ellos —refiriéndose a los comandantes «alias D. V. y J. D.»— porque en ese momento estábamos haciendo la reconstrucción de los hechos que tuvieron algún tipo de apoyo de la autodefensas y había una simpatía de todos para que ellos y todos pudiésemos seguir cumpliendo los roles en esta región del país [...](246). 

La reunión entre los comandantes M. G., «alias D. V.» y «alias J. D.», con la finalidad de reconstruir la verdad, se realizó a finales del año 2006 y principios de 2007(247), judicializada en mayo 16 de esta última anualidad por parte del primero ante la jurisdicción de justicia y paz, instrumento de justicia transicional del cual se abstrae el defensor para restarle credibilidad al señalamiento de M. G. y «alias D. V.» en contra del acusado, al indicar que se trata de meras referencias de lo que les comentó W. P. P..

Es así como este sujeto procesal desconoce la calidad de excombatientes de los citados, dentro de un grupo armado ilegal que se sometió a un mecanismo alternativo acorde con las iniciativas de paz y de búsqueda de la verdad como de la preservación de la memoria, en contextos de conflicto armado, que son de gran utilidad para documentar y contribuir a la comprensión pública de las violaciones a derechos humanos en un periodo de violencia determinado.

En el caso colombiano la ley de justicia y paz —Ley 975 de 2005— estableció la figura de versión libre para esos efectos. Por ello, la Sala concede credibilidad a esas manifestaciones por el grado de certidumbre frente al contexto de violencia que reconstruyen, pues en cada uno de los ex miembros de grupos armados ilegales existe la obligación de plasmar la realidad en aquella. Si se miente, existen sanciones que estos últimos quieren evitar so pena de perder beneficios. Así lo ha plasmado la Corte Constitucional, cuando se refiere a la colaboración con la justicia de excombatientes:

Esta configuración de la denominada pena alternativa, como medida encaminada al logro de la paz resulta acorde con la Constitución en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3º y 24, no entraña una desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los límites establecidos en el Código Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena. Sin embargo, considera la Corte que algunas expresiones de los artículos 3º, 20 y 29, merecen especial consideración en cuanto pueden contener medidas que, no obstante estar orientadas al logro de la paz, podrían entrañar una desproporcionada afectación del valor justicia y particularmente del derecho de las víctimas. Así acontece con la expresión del artículo 3º que condiciona la suspensión de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, a la “colaboración con la justicia”. Esta exigencia formulada en términos tan genéricos, despojada de contenido específico, no satisface el derecho de las víctimas al goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. La alternatividad penal parecería una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la “colaboración con la justicia” no comprendiera la integralidad de los derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos. En consecuencia la Corte declarará la constitucionalidad del artículo 3º, en el entendido que la “colaboración con la justicia” debe estar encaminada al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. (CC C-370/06).

Por ello hay sanciones para los que mienten, aspecto bien conocido por parte de M. G. y «alias D. V.», lo cual les obligaba decir la verdad, tal como lo establece la corporación mencionada:

Las normas demandadas establecen que las personas que han cometido delitos en su condición de integrantes de grupos armados específicos tienen derecho a una disminución sustantiva de la pena efectiva a cumplir. Para obtener este beneficio parecería, según una interpretación, que no tienen que confesar todos los delitos en los cuales hubieren participado como miembros de un bloque o frente. Podrían limitarse exclusivamente a reconocer los delitos cuya responsabilidad les es adjudicada por el Estado sin aportar ninguna información adicional. Si en el futuro el Estado encuentra que no confesaron todos los delitos, la persona no pierde los beneficios que ya le han sido impuestos respecto de los delitos cuya autoría aceptó. Adicionalmente, puede acceder a nuevos beneficios respecto de los delitos no confesados, si el Estado no puede demostrarle que la omisión fue intencional. La Corte estima que esta regulación desconoce el derecho de las víctimas a la verdad, cuya dimensión constitucional e internacional fue anteriormente reiterada. 

[...] 

El contenido mínimo del derecho de las víctimas a la verdad protege, en primer lugar, el derecho a que los delitos más graves sean investigados. Esto implica que tales delitos deben ser investigados y que el Estado es responsable por acción o por omisión si no hay una investigación seria acorde con la normatividad nacional e internacional. Una de las formas de violación de este derecho es la inexistencia de medidas que sancionen el fraude a la justicia o sistemas de incentivos que no tomen seriamente en cuenta estos factores ni promuevan seria y decididamente la consecución de la verdad.  

De tal manera, contrario a lo que predica el defensor, la inclusión del nombre de M. M. D. dentro de una lista de alcaldes de la región apoyados por el grupo armado ilegal sí tiene efectos frente a la demostración de vínculos, sean directos e indirectos, de carácter ilegal entre el acusado y la agrupación armada.

El testimonio de E. C. T., «alias D. V.»(248) ratifica estos últimos, no solo por haber tenido parte en la reconstrucción que menciona M. G. sino por constarle directamente cómo fue ese proceso de apoyo, línea argumentativa que coincide con la de este último.

Se transcriben los apartes pertinentes para denotar la interpretación errónea del defensor en cuanto quiere extraer a la fuerza la tesis acorde con la hipótesis de inocencia que pretende demostrar, tomando como referencia la misma cita que transcribe y los ejes planteados por este sujeto procesal sobre: (i) el conocimiento de M. M.; (ii) los vínculos de amistad, políticos y casi familiares que existían con W. P.; (iii) la referencia que hizo S. M. G. al nombre del procesado; y, (iv) la continuidad del proceso de apoyo de las AUC en San Antero:

Claro que tengo muy claro, y excúseme la redundancia, quién es el honorable senador M. M. D., puesto que él fue diputado a la asamblea departamental de Córdoba para el periodo 2001- 2003, si mal no recuerdo, y, posteriormente, fue alcalde del municipio de San Antero en los periodos 2004-2007; la verdad ehh [...] para esa época el dirigente político con el que las autodefensas y el proyecto político que yo presidí y dirigí, desde la dirección política, estaba adelantando no solamente en la subregión de los M. de M., sino en los municipios de San Antero, Momil, Purísima, Chimá y San A. de Sotavento en el Departamento de Córdoba y Lorica, parte del norte de Lorica, que le correspondía por jurisdicción, llamémoslo, de alguna manera, M. de M., ehh [...]; pues era obvio y lógico que como jefe político de esa estructura tuviera claro quién era los dirigentes políticos de esa región. En el caso del municipio de San Antero, la relación permanente fue con el doctor W. P., W. P. P. [...]. Concretando la pregunta si sé quién es el doctor M. M., no recuerdo que haya estado en una reunión conmigo, la verdad no recuerdo, todo el manejo se dio a través del señor W. P., quien era de alguna manera, me excusa la expresión, el cacique político de ese municipio(249).

[...] 

Yo conozco a W. P. a través del comandante R. C. 

[...] Por allá en el año 99, tal vez, para el año 2000, eh conozco al señor, al doctor W. P. por allá finales del 99, mediados del 99, entre mediados del 99 y principios del 2000. Me lo presenta R. C. como uno de los líderes más importantes y, de por si lo fue, del municipio de San Antero, un municipio donde operábamos, ya en ese momento él había iniciado su campaña para la alcaldía, las elecciones de octubre del 2000, para el periodo 2001-2003, precisamente, me lo presenta, además, de su amigo y compadre, porque eran compadres; me lo presenta como una persona que está en campaña para aspirar y digamos que el objetivo era conseguir el respaldo político de la [...] del proyecto político nuestro de la organización autodefensas, [...] era, de alguna manera, también darle un respaldo a R. C., como comandante militar que se interesara en estos asuntos así fuera su amigo y trabajamos, trabajamos de la mano de la dirección política; yo tenía un comisario político para el departamento de Sucre y los municipios del norte de Córdoba, que era el doctor W. C., [...] él era el jefe político regional para el frente Héroes de los M. de M., para ese departamento de Sucre y sus municipios; y empezamos inmediatamente un trabajo para que las comunidades a las cuales nosotros hacíamos presencia y con las cuales teníamos esa comunicación permanente respaldaran la campaña del doctor W. P., y, efectivamente, en octubre del 2000 se dio el triunfo del doctor W. P. Asumió la alcaldía el primero de enero de 2001, como lo manda la constitución y durante su periodo del 2001 a 2003 siempre hubo una comunicación y un contacto permanente, además de una identificación con el trabajo político tanto de él en la alcaldía como la que direccionábamos nosotros desde las autodefensas(250).

[...] 

Lo que pasa es que yo le contextualizaba ahorita honorable Magistrado, nosotros a partir de octubre de 2002 cuando se hace el empalme y la reestructuración, eh [...] se le entrega los municipios a la zona de S. M., al Bloque Córdoba y las elecciones del 2003 en las que sale electo el doctor M. M. son en octubre del 2003, yo no puedo negarle de que conocí, en su momento, la realidad política del departamento y de los municipios en los que yo presidia las autodefensas, tenía claro que el doctor M. M. era el candidato del doctor W., pero lo cierto es que nosotros ya para esa época, por lo menos, para las elecciones de octubre de 2003 ya estábamos muy retirados de los municipios del Departamento de Córdoba y no intervinimos de manera directa en la campaña; [...] nosotros ya, para esa época, no intervenimos directamente porque habíamos adquirido el compromiso y ya estaba asumiendo el comandante S. M. la responsabilidad de los municipios de Córdoba. Digamos que tengo muy claro el respaldo a la campaña del doctor W. P., la relación con su administración, tengo claro, si mi memoria no me engaña, que el doctor M. M. fue respaldado por el doctor W. P., que nosotros conocíamos esa situación, que no íbamos a oponernos a una administración de W. por toda la [...] ehh [...] digamos por toda la cercanía y por todos los vínculos que había, no solamente era una persona eh [...] comprometida con nuestro proyecto político e identificado con nuestras tesis políticas, sino que para completar era compadre del comandante militar, entonces si W. P. respaldó al doctor M. M., como lo tengo yo hoy claro o hubiera respaldado a cualquier otro a x o y nosotros no hubiéramos hecho oposición y ya eso era mucho, igual no, no ya para octubre del 2003 ya estaba la zona en cabeza del Bloque Córdoba(251).

[...] 

Sí señor, yo lo primero es expresarle que confirmo o reafirmo lo dicho por S., si me devuelvo a lo textual creo que S. repite algo que yo ya he dicho aquí con amplitud y con bastante detalle en el caso de W. P. hubo apoyo directo de las autodefensas eso está claro y eso, tal vez, hoy mi memoria no está tan clara como la que tenía en el 2007, y vea que hoy no recuerdo a C. R. pero si lo dije en el 2007 o lo dijo M. porque lo hablamos privados de la libertad, entonces, si fue C. R. el candidato que se acompañó, se respaldó en Chimá y él lo dice en San Antero el doctor M. M., y yo hoy tengo que ratificarlo en el sentido de que era [...] fue el candidato apoyado por W. P. y para nosotros era claro que W. P. era una persona comprometida con el proyecto político de las autodefensas y que sí él tenía como candidato y gana las elecciones el doctor M. M., en M. M. íbamos a encontrar el mismo respaldo o sea en eso yo no ratifico lo dicho porque creo que es textualmente muy claro, apoyan la campaña en el caso de W. P. se apoya con la campaña directa me lo dice Diego y así se lo dije [...](252). [...] Como también recuerdo cuando hablamos; ¿cómo se hace esa reconstrucción? Nos sentábamos en la celda de M., en la celda mía porque era la más grande, llamábamos a M., a J. 40 y a J. D. 

Y hoy lo ratifico veía uno que si el candidato de W., el que había respaldado y que estaba en la administración era el doctor M. M. pues era una persona que uno podría de manera clara concluir con que era un candidato también eh [...] si estaba comprometido con el proyecto político de W. P., comprometido con el proyecto político de las autodefensas, esa era una lectura que uno podía hacer con mucha claridad, pero, es decir, la campaña que se respalda y en la que estamos de lleno es en la de W. [...](253). [...] Después vino lo relatado por mí ampliamente(254). 

[...] Yo puedo retrotraerme al tiempo y puedo casi que recordar las palabras textuales, es decir, cuando hablamos del tema en el 2001, 2003, W. que usted lo conoce porque S. también cuando el pacto Ralito, W. lo invité y fue y es el firmante y es lo que termina iniciando también su judicialización, y ¿después de W. quién sigue? y le he dicho yo textualmente un muchacho M. M., que es de W. y si es de W. es como si fuera de nosotros, eso es es y hoy lo ratifico, no no entro en ninguna contradicción, creo que ese es un muchacho, pero ellos primero leí que entraron en una confrontación política, uno, igual eso es un tema que yo no tengo yo porque explicarlo, eso es un [...] y dos, no necesariamente el que el doctor M. M. fuera candidato de W. P. iba a generar que tuviera compromiso con la organización de autodefensas, si él ya estaba peleado con W. a mí me queda claro que si él fuera una persona o hubiera sido una persona ceñida a la línea de W. P. y no hubiera habido ahí esa división política, yo hoy hago esa lectura, hoy todavía la hago, no me queda duda de que si yo le hubiere dicho a W. venga necesito de la alcaldía de San Antero esto, lo hubiera hecho[...](255). Pero ya la circunstancia la podrá explicar mejor el señor M. y es el que está aquí presente.  

[...] Viene después de W., vino un muchacho M. que fue elegido con el apoyo de W. y a través de W. ese muchacho es de la casa(256).  

Con fundamento en lo anterior no se puede consentir lo manifestado por la defensa en el sentido de que el grupo armado no apoyó la candidatura del acusado, dado que esta afirmación es producto de una distorsión del contenido del testimonio del 4 de agosto de 2012 de «alias D. V.»(257), cuyo propósito es probar la tesis que esgrime sobre una aparente especulación en las versiones de S. M., «alias J. D.» y «alias D. V.», respecto de cómo se dio esa alianza y los detalles del apoyo de la organización criminal a su representado. Para su concepto los referidos «suponen» y dan por cierto el apoyo porque así se los hizo creer W. P., aspecto que desconoce no solo las pruebas analizadas sino que este último era miembro activo de las filas de las AUC, por lo que un respaldo suyo, en los términos analizados, es suficiente para la configuración del ilícito, denotando la certeza de la existencia de los nexos que extraña tal sujeto procesal.

Desconoce el defensor que el tipo penal aludido se consuma cuando dos o más personas se conciertan o celebran un convenio que tiene como fin la promoción de un grupo armado al margen de la Ley, sin que sea necesario para su configuración la consecución de un resultado.

Está probado en los apartes transcritos de la declaración de E. C. «alias D. V.»(258), unida a la de S. M. G.(259), la anuencia de las AUC al nombre de M. M. D. en la campaña a la alcaldía de San Antero (Córdoba) que no es otra cosa que el consentimiento para que este desarrollara su campaña como candidato en el año 2003 sin contratiempos, de tal manera que si adquiría la investidura impulsaría el proyecto paramilitar.

Es equivocada la apreciación de la defensa en el sentido de asegurar que «alias D. V.» aclaró que: «no necesariamente el que el doctor M. M. fuera candidato de W. P. iba a generar que tuviera compromiso con la organización de Autodefensas», dado que ese aparte es descontextualizado de la proposición antecedente en la que se ratifica en lo afirmado respecto del proceso de reconstrucción de la verdad en la cárcel de Itagüí junto a S. M. y «alias J. D.».

Según C. T., W., como integrante de las AUC patrocinó la campaña del acusado y, a pesar de que el grupo de AUC que comandó salió de la zona, esa «continuidad» de la injerencia en las elecciones de la alcaldía se extendió favorecida por la organización que ingresó a la región, esto es el Bloque Córdoba comandado por «alias A.», lo que significa que los vínculos persistían pues, al fin y al cabo, el sucesor de W. P. tenía garantizada la elección, mediando la influencia del grupo armado, y este no fue otro que el acusado.

De ahí que cuando en la declaración del 4 de agosto de 2017(260), el mismo acusado le preguntó a C. T. sobre las cuotas burocráticas que les habría entregado, contestó «alias D. V.» que, incluso, a W. no se le pidió cuota burocrática y «en el caso suyo no por la lógica razón que he venido expresando hoy: Nº 1, cuando asume usted su alcaldía ya en el 2004, ya no teníamos incidencia en ese municipio. Esa es la razón más lógica; y Nº 2, porque ya para esa época estábamos no solamente en el departamento de Sucre sino muy comprometidos con el proceso de paz con la negociación»(261); respuesta racional dado que había entregado la zona a M., quien se la dio, a su vez, a A. A.

Sin embargo, aclaró que luego de elegido, el más beneficiado de esa transición fue M. E. M. D., indicándole que por sus diferencias con W., y dada la conexión de este con alias C., seguramente habría sido objetivo militar, aspecto que no descarta el apoyo previo dado por las autodefensas a M. D.(262).

Los testimonios de S. M. G.(263) y E. C. T.(264) tienen pleno valor probatorio. Obsérvese que provienen de dos ex comandantes de las autodefensas que tuvieron dominio sobre los territorios del norte de Córdoba, testigos directos de compromisos de candidatos locales con el grupo armado ilegal, de pactos y acuerdos ilegales que se deducen de la presencia de las AUC en la zona.

De igual manera, se tiene que M. G. y C. T. ofrecen testimonios coherentes y verosímiles en cuanto sus manifestaciones son espontáneas, circunstanciadas y concatenadas, siendo fácil encontrar antecedentes de contexto comunes sobre la forma en que operaban tales grupos armados ilegales en el Departamento de Córdoba y en San Antero, de tal manera que se complementan armónicamente.

Refirieron esa alianza fraguada en las regiones de operancia del grupo paramilitar con su poder de facto, el cual derivó el apoyo directo que dieron a W. P. P., uno de los primeros alcaldes electos con su aval para el periodo 2001 a 2003 con la combinación de ayuda logística, invitando a la comunidad a votar por él y, a la vez, impulsando su nombre por medio de su comisario político que incidía en los acumulados solidarios, núcleo esencial del andamiaje del grupo armado ilegal, lo que hizo posicionar al referido en la región al punto que era identificado como uno de sus alfiles. Por esa razón, el apoyo que se dio al acusado se entendió como dado por las AUC para la época de su elección como Alcalde de San Antero en el año 2003, en el instante en que M. G. admitió haber retomado la zona, para entregarla a A. A.(265).

Y si bien M. G.(266) adujo intervenir en la elección de 25 alcaldes de un total de 28 en el Departamento de Córdoba, presentando las razones de sus manifestaciones, también es cierto que E. C. T. vertió circunstancias concretas sobre la manera en que ocurrieron los pactos directos e indirectos entre W. P. P. y M. M. D. con las AUC, respectivamente(267).

Dado el contexto de violencia y la situación de la región, la relación de W. P. con las AUC necesariamente era conocida por M. M. D.

R. M. D. P., «alias El R.», manifestó que para el 2004 W. era un reconocido militante de las AUC, al punto que fue quien lo vinculó a esas filas(268), razón por la cual la excusa de la bancada de la defensa sobre el desconocimiento de ello refleja su postura interesada respecto del acervo probatorio.

El reconocimiento de la verdad que hizo S. M. G. dentro de su sometimiento a justicia y paz, a través de la versión libre allí vertida(269), en la que aceptó la existencia del acuerdo ilegal entre las AUC y el acusado, con la finalidad de ser elegido alcalde de San Antero —y, de esta manera, promocionar al grupo armado ilegal—, constituye el elemento de conocimiento que robustece el cargo endilgado pues dentro del análisis de contexto de su dicho dejó claro los siguientes presupuestos:

(i) los candidatos a elección popular en la región de Córdoba y para comienzos del siglo XXI debían contar con su apoyo, consentimiento necesario para hacer política, como en efecto, ocurrió en el año 2003 con M. M.; (ii) estos debían realizar compromisos con la comunidad, base popular a quienes ellos inculcaron la necesidad de avalar con el voto a los candidatos que los mismos les indicaran; y, (iii) M. E. M. está dentro del conjunto de alcaldes con los que hicieron acuerdos ilegales en época electoral.

De estas premisas se infiere que el compromiso de este último fue para promocionar la estructura paramilitar de notoria trascendencia en la zona como queda evidenciado, dentro del trípode político, social y militar.

Este pacto fue avalado y reconocido por E. C. T.(270), quien detalló los pormenores del proceso electoral en la época en que operó el grupo armado ilegal en territorio de San Antero, con lo que se ratifica que en la materialización del mismo obró la segunda modalidad de apoyo del grupo paramilitar revelada por M.(271), a tal punto que a través de W. P. brindaron el aval que éste les solicitó; persona que afectivamente, y por convicción, pertenecía a las AUC en la región, al punto que es identificado como uno de sus miembros.

De esa manera se aseguró la continuidad de una política trazada a través de pactos ilegales admitidos por E. C. T., quien reconoce que el acusado fue apoyado por el grupo armado ilegal que dominaba plenamente el territorio, esto es, que públicamente se conocía de su incidencia en la política local, al punto que de no consentir el candidato que promovía su alfil W. P. P., no habría podido ni siquiera hacer campaña(272).

Porque así se vivieron en esas localidades situaciones como las señaladas, según lo destacan los jefes ya citados y la misma jurisprudencia(273), el acusado se allanó a esa alianza con la organización armada ilegal en procura de su elección, lo que conlleva contraprestación de su parte como lo entendieron las AUC.

Por lo anterior no se trata de un argumento «ping pong», como lo expresa el acusado respecto de las versiones de S. M. G. y E. C. T. sino de una complementariedad de la percepción fáctica acaecida en esa transición de operaciones de entrega territoriales, razón por la que cada uno dio testimonio de lo que le constaba.

El hecho de que S. M. G. y E. C. T. admitan que no se reunieron con el acusado, cuestión advertida en la acusación, no significa la ausencia de connivencia y de alianzas taxativas entre el acusado y W. P. P., quien, como se dijo, era integrante de las AUC y asumió la causa política de aquel como propia.

De otra parte es acertado el silogismo —conclusión— planteado por el Ministerio Público en el sentido de deducir que el apoyo de W. P. P. significaba el aval del grupo armado ilegal a la causa política del acusado; propuesta argumentativa que no desconoce el «principio de acto» al que se refiere el defensor, en cuanto M. D. se plegó a las AUC a través de W. P. P. con el objetivo de lograr la alcaldía en el año 2003, comportamiento humano echado de menos.

Como consecuencia de lo analizado se tiene que está plenamente probada la existencia del acuerdo entre M. E. M. D. y las AUC, motivo por el cual se le condenará como autor del delito de concierto para delinquir agravado por promover ese grupo armado ilegal conforme a lo preceptuado por el artículo 340 inciso segundo de la Ley 599 de 2000, en concordancia, con el artículo 29 ibídem, comportamiento delictivo realizado con dolo.

Lo anterior, por cuanto el concierto de que aquí se trata se consolidó hasta mediados del 2005, fecha de la desmovilización del Bloque Córdoba, data en la cual el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 ya citado no había sido modificado, como lo advirtió la defensa.

5.3.2.2.2. Concierto para delinquir agravado con la finalidad de promover la banda criminal «Á. N.» y financiar las mismas.

En la acusación se atribuye a M. M. D., en su condición de alcalde de San Antero, junto con otro mandatario local y otras personas, concertar en el año 2006 con el comandante de la banda criminal «Á. N.», A. A. S., el ingreso, expansión y consolidación de la misma en la región, lo cual, además, se extendió, por lo menos, hasta el 15 de mayo de 2012; y el afianzamiento del grupo criminal, aportando, recursos económicos para la compra de armas y elementos necesarios para sus actividades ilegales(274).

Conforme las pruebas recopiladas en la actuación, existe plena demostración de la conducta punible como de la responsabilidad penal del procesado.

Son presupuesto básico para este cargo las pruebas atrás analizadas respecto del concierto para delinquir con fines de cometer el punible de narcotráfico, cuyo análisis permitió demostrar que la banda criminal «Á. N.» prestaba seguridad a los cargamentos de cocaína que salían del municipio de San Antero con destino a Centroamérica, de común acuerdo con la organización dedicada a esa actividad, cuyo escenario era la comprensión territorial mencionada, lo cual contaba con la anuencia de M. E. M. D., quien para la época era alcalde e integrante de la organización dedicada al narcotráfico.

Emerge fundamental el relato de Y. S. G., como miembro de la organización «Á. N.», quien, en tal condición, detalló las circunstancias que rodearon la conformación del grupo armado ilegal que operó como banda criminal en la región de San Antero, agrupación emergente que surgió con ex integrantes de las AUC desmovilizados y delincuencia común, la cual se conectó con la organización dedicada al narcotráfico compuesta, entre otras personas, por M. E. M. D., alcalde de San Antero, y C. R., primer mandatario del municipio de Chimá.

Como se dijo, S. G. relató las reuniones que presenció entre integrantes de las «Á. N.» y miembros de la agrupación dedicada al narcotráfico para convenir el ingreso, funcionamiento del grupo ilegal en la zona, la participación en la actividad de narcotráfico, el reparto de ganancias que se derivaba de este comercio ilícito, así como la entrega de dinero por parte del acusado para la adquisición de armas y demás elementos necesarios para la logística de su operar ilegal.

En el relato de Y. refiere un antecedente respecto de su militancia en las autodefensas del año 1999 hasta el 2005, para pasar en esta última anualidad a fundar e integrar una banda criminal que identifica como las «Á. N.» en Montería, cuyo radio de acción abarcó la zona de San Antero, en la que participaron también A. A. S., «alias A.», e I. R., «alias J.»(275).

De la época como militante de las AUC relató los siguientes ejes: (i) en el año 1999 perteneció al Bloque Norte que operó en el Departamento de Córdoba y parte de Antioquia, comandado por S. M. G.; (ii) también se desplazó al Bloque Centauros en los llanos orientales cuyo líder era M. A., en el que permaneció hasta el año 2004, justo en la época en que los desmovilizados estaban concentrados en Santafé de Ralito, como miembro de la seguridad del Bloque Centauros; y, (iii) cuando este último fue asesinado, más o menos, en el periodo 2004-2005, se contactó con A. A., segundo de S. M., y con I. R., «alias J.», quienes le propusieron que no se desmovilizara para rearmar la gente en la zona.

Para los efectos de esta sentencia cobra relevancia lo anterior, pues coherentemente relató los episodios del rearme de los desmovilizados que pasaron a ser bandas criminales emergentes.

Refiere que los tres —alias A., J. y él— se reunieron con la finalidad de reclutar adeptos, con ganaderos, comerciantes y empresarios de la región, a finales del año 2005 y comienzos del año 2006, para consolidar «el grupo nuevo de autodefensas de propiedad de A. A.», que luego empezaron a llamarse las «Á. N.»(276).

Para efectos de la credibilidad del testimonio de Y. S. G. se transcriben sus manifestaciones, de donde se deduce la permanencia de su incriminación contra M. M. D., frente al cual surge el cargo de concierto para delinquir en relación con la promoción de la banda criminal «Á. N.», en el período comprendido entre el año 2006 y el 15 de mayo de 2012, es decir, desde que éste último se desempeñó como alcalde de San Antero hasta ejercer su calidad de Congresista; aspectos que Y. identifica como determinantes al referirse a las personas de poder que él denunció.

• 22 de julio de 2011: marco histórico y temporal

Adujo Y. que:

Con A. estuve cuando en la zona de distensión, de ahí me propuse quedarme acá en la ciudad de Montería, ya hablando con las personas, aquí para reintegrar los nuevos grupos, no me desmovilicé por petición del señor A. A. [...] ordenan todo esto acá en el Departamento de Córdoba [...] y que me dijo para empezar otra vez de nuevo[...] o sea las nuevas autodefensas(277)[...], asistiendo a reuniones, ya con el Señor A. y personal también [...]otra persona[...] J.. Los que se reunían éramos los tres o sea en ese momento éramos los tres. Ya después los demás pelados [...] ahí se empezó a escoger el personal [...] con comerciantes, políticos activos en ese momento, y gente común particulares [...] 2005-2006, eso fue en el 2006 pues comenzó finales de 2005 y casi todo el 2006 [...] 14 o 15 personas trabajábamos en los diferentes municipios [...].(278)

Como se analizó en precedencia, el testigo en este conato de denuncia expresó un marco histórico constituido por el denominado rearme del que habla S. M. G.(279), liderado, conforme ambos confluyen, por A. A.. De igual manera, un contexto temporal que mantiene en una línea que le sirve de límite objetivo de sus manifestaciones.

M. G. dijo al respecto:

Bueno era lo que decían y de alguna manera se lo hice saber a la Mesa de negociación, que había comandantes que estaban asumiendo roles de rearmar grupos ilegales que llamaron en aquél momento Á. N. en algunas regiones de Córdoba, en estos momentos la región costanera, allá en la región costanera las Á. N., llegaron L. P., llegaron en no me acuerdo otros nombres, se me escapan en el momento, pero incluso en mis declaraciones de justicia y paz aparecen(280).

Algunos excomandantes de las AUC empiezan a rearmarse ehhh y en esta región costanera llega el señor A. A. y llegaron otros grupos que eran L. P., ehh la oficina de Medellín decía la gente que era; y ehhh otros grupos como Los R., en Tierralta, otro grupo que le decían Los traquetos [...] y todo esto lo denuncié en la mesa de negociaciones [...](281). 

Obsérvese que Y. lejos estaba de saber que M. G. corroboraría su manifestación siete años después en la sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

Como elementos comunes en la declaración se observa la mención de las personas con las que se rearmó el grupo ilegal en la zona de Montería; además, adujo que se le identificaba por su segundo nombre, «Enrique»; las labores desarrolladas con A. A.; la forma en que realizó esa actividad; las personas con las que se reunieron en esa incipiente agrupación ilegal y cuántos fueron los que se integraron en un comienzo.

Y. hace alusión a un hecho en el que la defensa funda la crítica de su testimonio el cual resulta irrelevante frente al cargo, como lo es su militancia en las AUC para el año 2000-2001 en Córdoba y los Llanos Orientales y su permanencia en Montería en el año 2003, porque aún de ser cierto —que no lo es— que Y. no perteneciera a las AUC, ello no era requisito para integrar las «Á. N.», como ya se dijo.

• 23 de septiembre de 2011: contexto de formación de la banda emergente «Á. N.» y reuniones

Dijo Y.:

No me desmovilicé porque el Señor A. A. continuó en Ralito, me pidió que no me desmovilizara para que yo siguiera trabajando en Montería [...] el segundo de M. 

Yo hice parte de las autodefensas después de la desmovilización cuando ya empecé a trabajar en Montería, empezaron a surgir otra vez las autodefensas que A. me pidió que no me desmovilicé. 

Yo me conocí con él en Ralito eso fue en el año 2005 y cuando la desmovilización, ellos se desmovilizaron el bloque [...] no tengo la fecha exacta de la desmovilización porque a mi echaron para Montería y él me dijo que no me desmovilizara(282). 

Me fui para Ralito, me encontré con A., fue cuando A. me propuso que no me desmovilizara, que tanto tiempo trabajando, que eso un gallo (sic) que me quedara quieto [...] me dejaron en Montería en el 2005 a mitad de 2005[...]fue cuando conocí al señor L. C., que mataron ahí frente al aeropuerto López [...](283). 

Trabajaba con el comandante J., de la urbana, el mismo I. R. dueño del parqueadero Servicentro B., tenía una camioneta verde, Chevrolet [...] servicentro B., 29 con…(284). 

Nos empezaron a presentar a los señores que manejaron la droga como L. C. que es difunto(285). [...] L. L. que es el de la bomba de Momil [...] M. que es el de los barcos, que fue el que conocí en San Antero después o sea ya lo conocí en Montería(286). 

Esto M. nos presentó a W. P., presentó a M. M. que era en ese entonces alcalde del departamento (sic) de San Antero, D. C. que era Concejal, D. C. que era dueño de la estación de gasolina donde guardaban los carros y la gasolina que les daban a los botes para salir la mercancía al otro lado [...](287). 

Este L. M. que es actualmente alcalde del municipio de San Antero, del municipio, departamento no sé. Conocí un señor que le decían el Capi N., no es el nombre [...] creo que era Capitán, era el que andaba en las lanchas. Conocí a un tal chacho, que era el que andaba con M., la mano derecha de M., porque M. como que era iletrado, como no entendía muy bien y el otro también pero entendía de cuentas y era el que le sacaba las cuentas a M.(288).  

[...] 

La primera reunión que sostuvimos, la tuvimos en un restaurante de nombre M. C., que no se si era de M., pero ahí siempre M. nos decía que fuéramos(289). 

[...] 

Porque él hizo presencia —refiriéndose a A. A.—, porque nos presentó M., porque esa zona es costanera y hay viaje de mercancía [...] por la salida de droga entonces necesitaban seguridad porque había gente que se estaba metiendo por ahí, no estaban pagando el impuesto que tenía que pagar a los que llevaban a la zona, entonces A. decidió mandar la gente para allá, mandó a J., a mi persona, mandó a R., mandó a A., fuimos los cuatro, y ahí cuando el envío de la droga citaron a A.(290)[...]. 

El testigo expresa las razones para no aparecer dentro de los procesos de justicia y paz debido a que «no se desmovilizó». En todo caso, se insiste, para hacer parte de una banda emergente no se necesita como requisito previo ser desmovilizado o ex integrante de grupo armado ilegal, como lo sugiere la defensa.

Se observa en el relato de Y. el entusiasmo de contar todo lo que sabe al tiempo sin regirse por un libreto determinado, al punto que el interrogador tuvo que poner límites a su espontaneidad para que se refiriera a los hechos de manera organizada antes de pasar a otro tema.

Como hilo conductor del testimonio se identifican los siguientes: la actividad antes del año 2005 como integrante de las AUC; los instructores que conoció en la base de Las Flores; sus labores como patrullero; la permanencia por los Llanos Orientales en el año 2002; el regreso a Montería en el año 2003; cómo se incursionó en la zona de San Antero; el enlace para conocer los miembros de la agrupación dedicada al narcotráfico —alias M.— y la forma en que conoció a M. M. D.

Con el seguimiento que se hace del relato desordenado de Y. S. G. se puede evidenciar la relación o vínculo de la banda emergente «Á. N.» con la organización de narcotráfico que integró el acusado.

Además, si bien hace alusión a una reunión en M. C. en el año 2005, en la que percibió el envío de una droga al exterior, también aclaró que el restaurante podía ser el R. M., aspecto que aclaró en la sesión de audiencia pública del 4 de mayo de 2017 cuando adujo que las reuniones se hacían en cualquiera de los dos sitios, confusión que genera el paso del tiempo.

Sin embargo, mencionó un aspecto que ubica un marco temporal para indicar que las reuniones a las que se refirió fueron en el año 2006, anualidad en la que, conforme se analizó, la banda criminal hizo el envío de droga a Centroamérica, circunstancia que, por si sola, descarta que la primera reunión con la banda delincuencial haya sido en el año 2005.

En efecto, adujo que para la época de la primera reunión bajó una gente de Medellín, como a los 8 días —«F., el P., un pelado que le decían «B.», tres pelados más de Medellín-, que fueron los que «estuvieron conmigo en el atentado de W. P.», cuya fecha, conforme se demostró fue el 26 de noviembre de 2006. Dijo que los antioqueños vinieron porque los mandó a llamar A. A.(291).

Esta contradicción esgrimida por la defensa es aparente, porque el mismo testigo aclaró que la primera reunión que ubicó en el 2005, fue a pocos días del atentado, con lo cual se supera la duda esgrimida por aquel sujeto procesal, descartándose la imprecisión aludida al descifrarse que las reuniones se efectuaron en época cercana al atentado contra W. P. P., ocurrido el 26 de noviembre de 2006, y no en una distancia aproximada de un año como lo expone el defensor, si tenemos en cuenta la valoración conjunta del testimonio de Y. con el resto de material probatorio.

De igual manera, existe en lo anterior un detalle para acallar la crítica de credibilidad de la bancada de la defensa, en cuanto al valor probatorio del testimonio de Y. G. S. respecto de su coherencia interna: adujo que las personas mencionadas fueron mandadas a traer por A. A. desde Medellín, lugar donde este último fue asesinado en diciembre de 2006, lo que evidencia la relación del mismo con la señalada la zona del país, lo cual está acreditado documentalmente en estas diligencias con la prueba solicitada por la defensa(292). Según Y. esa «gente» hizo parte de los sicarios que participaron en el atentado contra W. P. P. el 26 noviembre de 2006 y que también prestaban seguridad en la zona de San Antero.

De igual manera, Y. E. S. G., en su exposición del 23 de septiembre de 2011, construye una secuencia de lugares, así:

Mangle c.:

L. P.L. L.Asados M.Edificio D.:

Las I.Finca
P. a.
Planeación de envío de droga y distribución de gananciasDistribución de droga; discusión entre M. y W. por una deuda. M. toma la decisión de matar a W. Se acordó $ 250.000.000,oo.
Entrega de $ 75.000.000,oo.
Entrega de $ 75.000.000,ooEntrega de $ 75.000.000,oo.Reunión previa al atentado.Distribución de dinero de envío de droga.

• 15 de mayo de 2012: simbiosis de organizaciones delictivas.

Al respecto señaló el testigo:

La primera vez que me reuní con M. E. M. D., en el restaurante El R. M., ubicado en San Antero, más o menos a mitad del 2006, ahí se reunió el señor M., no le sé el nombre, quien era un narcotraficante de la zona, el señor M. M. en su calidad de Alcalde de San Antero, estuvo el difunto W. P., quien para ese entonces era ex Alcalde de San Antero que manejaba cuestiones de narcotráfico, estuvo I. R., alias J. como miembro de la organización, estuvo C., pero en ese entonces era el chofer de M. M., o sea no estuvo de lleno en la reunión, estuvo D. C., quien era Concejal de San Antero para ese momento, estuvo D. C., quien es un empresario, dueño de la estación de gasolina de la salida de San Antero, estuve yo, que era el segundo en ese entonces de I. R., alias J., estuvo uno que le manejaba las cosas a M., pero no me sé el nombre, era el que le manejaba las cuentas de la droga que se sacaba por San Antero, porque M. tenía un barco en ese entonces, y tenía como 10 lanchas rápidas que era donde movilizaban la droga para sacarla de Colombia. En esa reunión se tocó el tema del porcentaje de la droga, por la seguridad que nosotros brindábamos a los que en ese entonces movilizaban o manejaban la droga en esa zona, la seguridad la proporcionaba el grupo de auto defensas de nosotros, ahí fue donde empezaron las reuniones para colocarnos de acuerdo en los porcentajes, que nosotros les dábamos una seguridad, mientras que ellos que eran los dueños de las rutas de narcotráfico para sacar la droga en ese momento, los dueño (sic) era M., que era el dueño de los barcos y las lanchas, y él era el que tenía los contactos directos con la gente del otro lado, conocí por apodos pero no se me (sic) los nombres, me refiero a los contactos en Honduras, Panamá, San A. Islas, Nicaragua; M. tenía sociedades de narcotráfico con W. P., y M. M., D. C., D. C., esas eran las cabezas visibles en esa zona del narcotráfico, había otra persona el C., habían varios, pero es que no se me (sic) los nombres, en el momento no tengo los nombres, porque ellos no se reunían frecuentemente con nosotros; había un hermano de M. M. que se llama J. M., que era en ese entonces sino estoy mal el Notario del pueblo de San Antero, y el actual alcalde de San Antero L. M., pero el no estuvo en la primera reunión. En esa reunión se trató todo lo que era la droga, o sea quienes tenían que pagar, cuanto porcentaje, o sea a M. porque era el dueño de los barcos en ese entonces, tenía que dar $ 700.000 por kilo, ese era el precio que todo el que iba a sacar droga, o utilizar esa ruta debía pagar $ 700.000 por kilo. Los 700.000 por kilo los pagaba M. al grupo de autodefensas y ya nosotros repartíamos entre el Alcalde que era M. M., a él se le daba el 30% por que el (sic) era el que manejaba la policía, para que no molestara, eso estaba cuadrado; el 20% para W. P., por que él era ex Alcalde y era el que mas (sic) influencia tenía en la zona, era muy respetado en esa zona; y para nosotros aportaban el 50% de los $ 700.000 por kilo. Ya M. M. se encargaba de partir ese 30% que le correspondía a él, con los que le colaboraban a él, esto era D., un sargento de la policía, que no recuerdo el nombre, D. que era el de la estación de gasolina, pero que quede claro que lo partían por que ese era un porcentaje que era para la gente que colaboraba, ya eso era para lo que les colaboraban a ellos. Ya lo que ellos invertían para mandar droga, eso era independiente, la inversión que hacían en la sociedad entre M., M., D., El c., D. Cuando droga era de ellos nos aportaban a nosotros el 50% apenas, nos daban $ 350.00 por kilo, ya los restantes $ 350.000 por kilo ya no se repartían entre ellos por que la droga era de ellos. Esa primera reunión fue entonces para cuadrar y ponerse de acuerdo en los porcentajes. Se tocó el tema de seguridad , que contara con el apoyo nuestro, ya lo que era por los ladrones, se tocaron temas sobre lo que manejaba las autodefensas, que era no dejar estropeara a la población civil, que no fuera a venir gente de otro lado a cobrarles vacunas e impuestos, de Medellín que eran los que más que todo se querían entrar a esa zona, gente de M., nosotros teníamos que cuidar eso, que no fueran a robarle la droga y controlar todo lo que se manejaba en ese entonces por esa zona[...]. 

La segunda reunión fue también en el 2006, fue ahí mismito, para los mismos días, esa fue en el Restaurante L. P., de W. P., en la salida de San Antero, en esa reunión estuvieron W. P., M. M., D. C., de parte de nosotros estuvo A., estuvo C., estuvo J. que era el segundo de A., estuvo C. R. que era el Alcalde en ese entonces de un pueblo llamado Chima o Chinú (sic), estuve yo, D., L. M. estuvo pero asistió como una persona que escuchaba, él en ese momento creo que él no estaba metido en el cuento mucho, el apenas llegaba aportaba, porque las cuestiones de el (sic) de droga, el (sic) era como un patrocinador, no sé si de M. o de quién de ellos, porque él manejaba plata, el en esas primeras reuniones el (sic) no hablaba casi. En esa segunda reunión se trato (sic) el tema de seguridad del pueblo, de la zona, que gente iba a quedar, con cuantas personas iban a contar , quienes iban a colaborar, del grupo nuestro para prestar la seguridad a la zona; ese fue el mismo día, en esa misma reunión, fue que W. P. le cobró (sic) a M. M. una cuenta que tenían pendiente por 3.000 millones de pesos, de la patrocinada de la campaña a la Alcaldía en ese Municipio, W. le patrocinó la campaña M. a la Alcaldía de San Antero. Él le cobró de una vez, porque ya estaban hablando temas de plata, donde A. A. como comandante superior de nosotros y M. como el narco más grande la zona (sic) en ese momento, fueron los que zanjaron la discusión, se tomaron la responsabilidad y le dijeron a W. que ellos se encargaban de cuadrar esa plata, porque M. ese día dijo que en el momento no tenía la plata, que su intención era pagar, y ya W. acepto (sic) porque ellos ya estaban de por medio, M. y A., se responsabilizaron por la deuda. Ese día M. le regaló 70 millones de pesos a A. A., fue la primera plata que dio M. para patrocinar nuestro grupo, porque como ellos sacaron la cara por él, él enseguida dio esa plata para que compramos pistolas, material de guerra o intendencia, munición, fusiles, lo que necesitaran para la organización en ese entonces; C. R. aportó no recuero (sic) cuanto, M. aporto (sic) plata, W. aportó, no recuerdo las sumas de dinero, porque yo recogí o fue la de M. M., entonces la plata que aporto (sic) C. R. era para que hicieran presencia en la zona en donde él llevaba en ese momento la Alcaldía, que A. ese día le respondió a él que allá no había nada que hacer, eso era puro ganaderos, y los ganaderos no colaboran de a mucho, y C. R. se comprometió ese día a hablar con ganaderos de la zona, con quienes nos reunimos después en Chinú. Ese mismo día, ya no en la reunión, sino en horas de la noche, se contactan M. con A. y nos citan a una reunión aparte de ellos, a un restaurante llamado L. L. que quedaba en San Antero, la dueña creo que era L. M., ahí fue donde M. le propuso a A. para mandar a matar a W., le pidió que le colaborara para matar a W., porque ya W. era una piedra en el zapata (sic) para el (sic), el (sic) directamente no se lo dijo primero empezó a decirle que le necesitaba que colaborar en algo, que cualquier cosa que el (sic) necesitaba que él era la única persona con quien podía tocar ese tema, A. le preguntó que de que se trataba, que era lo que él quería, enseguida dijo C. R., quien fue el primero que hablo (sic) ese día que era para que le colaboraran con la muerte de W., ahí fue cuando ya empezó la conversación de M. con A., J. y mi persona, estuvo C. R., D. C. y D. C., la conversación de cuadrar cuanto valía la muerte de W., si se podía hacer o no podía hacer, ahí fue cuando A. le pregunta a M. y a C. que cuanto están dispuestos ellos a dar por eso, y porque lo querría mandar a matar, M. le respondió que ya W. para él era un problema en la zona, porque ya W. quería cobrarle a las malas, y que el (sic) era el que estaba manejando el pueblo en ese entonces por que (sic) el (sic) el Alcalde, y W. quería que las cosas fueran como él dijera y no podía ser así, vino A. y le respondió que si estaba seguro de hacer eso, dijo que si, que ya había tomado la decisión porque ya había muchos problemas pendientes con W., entonces A. le pregunta a él que cuanto va a dar, M., C., D. y D. se quedan hablando un rato ellos solos y le contestan a A. después que si le sirven 100 millones de pesos para esa vuelta, A. le respondió a él, que eso se gastaba él en viáticos y llamadas para empezar a ubicar a gente para hacer ese trabajo, ellos dijeron que entonces, cuanto, A. consultó con J. y mi persona, y nos dijo a nosotros que si que pensábamos de eso, nosotros les respondimos que él era el patrón y era quien sabia, que lo que él mandaba a hacer se hacía, A. dijo que le iba a pedir 250 millones de pesos, y nosotros le dijimos que sí, llegamos otra vez a la mesa, y nos reunimos con ellos, fue cuando A. le dijo M. que él hacia el trabajo por 250 millones de pesos, M. y ellos respondieron que la plata no podían darla junta toda, que como hacían, ya empezamos a cuadrar para la entrega de la plata, quienes la iban a entregar, ellos quedaron de entregarla al día siguiente en Montería, y así fue, la plata la entregaron en el Edificio D., que queda en la calle 30 con carrera 3 en Montería, la entregó C. R., quien ese día entregó 75 millones de pesos en efectivo, esa entrega de las plata fue en la oficina del doctor L., asesor de C. R. en la Alcaldía, la plata la entregaron en un maletín de cuero negro, la recibí yo, no hablamos mucho ese día porque C. R. estaba en una reunión en otra parte y había venido a entregar únicamente esa plata, que se escapo (sic) un momento apenas para cumplirnos y entregarnos la plata, ya ese tema de la muerte de W. , apenas lo sabía D., D., M. y C. R.. Al momento de la entrega del dinero estuvo el doctor L., C. R., J. y mi persona. Luego de habernos entregado la plata, nosotros nos reunimos con A., y le comentamos lo que había dicho, por que A. fue la persona quie nos llamo (sic) para que fuéramos a recoger la plata, ellos se contactaron con A. para que recogiéramos la plata, porque A. ese (sic) momento andaba ocupado en las reuniones de desmovilizaciones. Nos reunimos con A. es (sic) mismo día en el Servicentro B., es un parqueadero que queda en la 29 con … o … de Montería, nos reunimos A. A., J. y mi persona, en la oficina de J., porque el (sic) porque el (sic) tenía una ofician (sic) en ese Servicentro, que creo era de él, ahí la entregamos la plata que el señor había mandado, y A. nos dijo que debíamos cumplirle al Alcalde, a esos señores con ese trabajo, porque ellos habían dado la plata, que eso era seriedad no quedar mal, y tocamos fue el tema de lo que se iba a hacer, quienes iban a ir, planificamos que como yo era el encargado de la urbana en Montería, o sea el que daba la cara, el que conocía la gente era yo, entonces due cuando yo le dije que tenía que ver que gente iba ir para allá, porque era un asunto delicado, porque era un ex alcalde y era muy reconocido en la zona, lo querían mucho y tenía mucha influencia en el ejército, ese fue el tema que tocó ahí, quedamos esperando para ver qué era lo que se iba a hacer. Luego nos reunimos con esa gente en San Antero, para esos mismos días, segundo semestre de 2006, como para julio y agosto, porque para esos días fue el atentado; nos reunimos en San Antero, para esos mismos días, segundo semestre de 2006, como para julio y agosto, porque para esos días fue el atentado; nos reunimos en San Antero donde M., en el restaurante El R. M. estuvo en esa reunión M., M., D., W., D., A., J., y el que le dicen El C. el contabilista de M., estuvo yo, cuadrando porque habían mandado 1.200 kilos de cocaína, pero no se para dónde, para entregar los porcentajes que correspondían, para distribuir la plata de los porcentajes, ese día se repartieron la cuestión de los $ 700.000, ese día eran 840 millones por 1.200 kilos de cocaína, que se repartieron así: le dieron a M. el 30% equivalente a 252 millones, a W. y D. le dieron el 20%, que equivale a 168 millones de pesos, y a A. le dieron el 505, para nuestro grupo, equivalente a 420 millones de pesos; M. se encargaba de darle a los que le colaboraban, W. partía con D.. Se deja constancia que el declarante consulta unos documentos que porta. Ese día termino en la noche en una fiesta en una cabaña a la orilla de la playa, M. mandó a traer unas prepago, en la madrugada nos vinimos para Montería con A., esta fue la primera plata que partieron con la droga estando nosotros en la zona, no sabemos que hubiesen manejado antes, no supimos quién era el dueño de esa droga, ni el destino que llevaba, en ese mismo viaje de regreso trajeron Whisky, coco, telas, pero no sé cuál fue el destino. Después nos reunimos en Montería en la 41, a los días, porque ya estaba cuadrando la muerte de W. nos reunimos en la 41 en un restaurante que se llamaba en ese entonces Asados Montería, no sé si existiría todavía; nos reunimos con el señor M. M., D. C., C. R. y D. C., esa reunión era para la muerte de W., y por parte de nosotros estuvo J. y mi persona, A. no estuvo, entonces como ellos ya habían recibido la plata, vinieron a decir que ya tenían el resto de la plata para el trabajo, que como íbamos a hacer, ahí ya se empezó a cuadrar la muerte de W., en esa reunión nos dieron la otra plata, pero eso lo recibió J., creo eran ciento y algo millones de pesos, sé que eran más de 100 millones , eso lo entrego M. con C. R. estaba D., D., J. y mi persona. Ahí almorzamos, se tomaron unas cervezas, ellos se fueron. Ahí fue cuando nosotros empezamos a cuadrar la cuestión, de comprar el armamento que se utiliza paras eso, la gente que se iba a utilizar, en esos días nos habían presentado a J. S., que era el Presidente del Consejo de Montería, los llamo (sic) porque el (sic) se nos había ofrecido frente a cualquier clase de arma que necesitáramos, que lo llamáramos y el (sic) nos la conseguía, nos la vendía, ese día le dijimos que estábamos necesitando lo que el (sic) nos había propuesto, I. R. llamo (sic) a J. S., quien nos citó en la calle 30 con 7 o 9 en Montería, ahí en la puerta en la casa de él había un escolta de él, de apellido C., nos abrió la puerta, porque él nos estaba esperando, preguntó que si nosotros veníamos del patrón de él, entramos y él nos ofreció que si lo que necesitábamos era lo que él tenía ahí, entremos a una casa esquinera, tenía toda clase de armas cortas, porque él decía que tenía coleccione de armas , ese día nos vendió 3 armas 38, y 2 pistolas , nos regaló 12 granados (sic), cajas de tiro 9 milímetros, y nos regalo (sic) una pistola Smith and Wason calibre 9 milímetros, nos regaló 30 tiros de nueve en dum, o sea munición explosiva, por los 2 revólveres 38 nos cobró millón y medio, por las 2 pistolas CZ nuevas nos cobró 4 millones de pesos, ya regalándonos lo otro, le dimos 5 millones y medio en efectivo, allá fuimos J. y mi persona, después de que hicimos eso, ese mismo día nos fuimos para el Servicentro del centro porque el viejo A. nos estaba esperando allá [...].

[...] 

Y allí nos reunimos nuevamente en el restaurante L. L., estuvieron M., D., J. y mi persona, que yo era el encargado ya del trabajo, para que nos dieran los movimientos de W., de la casa donde él pasaba, de sus paraderos, de su esposa, que fue cuando nos entregaron a C. el chofer de M., quien nos dio un número de teléfono, no lo recuerdo ahora, lo tengo en una agenda en Montería, pero como no he podido ir, nos empezó a mostrar todas las salidas de San Antero, las fincas que tenía W., el restaurante L. P., que ya conocíamos, porque decían que W. todos los días iban al restaurante. 

[...] 

Nosotros estábamos esperando la llamada, el p., b., el p., F. y mi persona, y estaba J. B. que era la persona que nos iba a trasbordar de carro después del atentado; estábamos en un estadero en Lorica, que si no estoy mal se llama o llamaba L. I., queda a la salida de Lorica en la vía que coge para San Antero; Apenas (sic) nos llamó C. nos transportamos hacia San Antero en un carro automóvil, Chevrolet, no recuerdo la marca, la plata para este carro la dio C. R. y lo trajo de Medellín F., era un Monza creo y le mandaron a poner un motor poderoso[...]. 

[...] 

Si pero esa ya fue con A., porque ya era una cantidad bastante exagerada, yo estuve allí, pero la reunión fue en una finca de M. M. o del papá de M. M. cerca de San Antero, eso fue como para noviembre de 2006, en esa reunión estuvo J. M., hermano de M. M., estuvo L. M., estuvo D. C.s, D. C., estuvo este man de Montería J. S., estuvo W. P., C. R., A. A., M., C., el Capi N. no se el nombre, J., C. como conductor, estuvo un conductor de W. P. que no recuerdo como era que le decían, estuve yo, estuvo un nicaragüense que le decían el K., que fue quien trajo la plata, que era socio de m. en Nicaragua, no supo como se hizo la distribución de dinero, porque estaba apartado porque se estaban hablando todos los nombrados con el n., menos los conductores, porque estaban hablando cosas de narcotráfico, de rutas, esos son cosas que no se pueden decir, uno no puede saber, pero sí sé que le entregaron a A. ese día 500 mil dólares, pero A. dijo que había una plata, yo le pregunté cuánto era, él me dijo que eran 500 mil dólares, sé que era de droga, pero no sé qué negocio grande estaban haciendo ellos por fuera, ese día mataron una novilla [...]. 

Si a principios de diciembre, el viernes 8 de diciembre de 2006, después del atentado de W., se reunieron en el restaurante de m., el R. M. , se reunieron M. M., L. M., D. C., D. C., C. R., M., el c., A. A., J., no estuvo C., W. no estuvo en esa reunión, ya no querría salirle a nadie, ese día repartieron una plata ahí , de una droga que había salido por ahí, creo que iba para Panamá, ahí le dieron ese día a J. le dieron 350 millones de pesos, por concepto del 505 de los 700 mil pesos por kilo, a M. no sé cuánto le entregaron a ese día, ya no le entregaron a W. se lo entregaron a L., pero no sé cuánto fue, esas fueron las reuniones en la que yo estuve, y se hizo entrega de dinero producto del narcotráfico(293). 

En el siguiente cuadro se observa la secuencia de lugares planteadas por el testigo, que concuerda con lo señalado en la inicial denuncia del 23 de septiembre de 2011:

R. M.L. P.L. L.Edificio D.

Asados M.Las I.

Finca
Reunión sobre temas de narcotráfico, rutas de narcotráfico, temas de seguridad.Reunión: temas: seguridad del pueblo; W. cobra una plata a M. (3.000 millones de pesos). M. entrega $ 70.000.000, para patrocinar el grupo. M. propuso mandar a matar a W.
Pidieron $ 250.000.000,oo.
Variable: reunión:
Luego de comprar las armas, y de haber estado en Servicentro B.
Designación de alias C. para labores de seguimiento.
C. R. entrega $ 75.000.000,oo. De ahí pasaron a Servicentro B.

Dieron la otra plata.
Ciento y algo millones,
Variable:
Servicentro B.; para cuadrar la gente del atentado.
Luego del atentado se reunió M. Se cuadro para nuevamente asesinar a W.

Esperaron la llamada de C.
Repartición de ganancias de narcotráfico. Asistió M.
Variable:
Restaurante R. M.

Frente a la crítica de la defensa en relación con las supuestas contradicciones del testigo de cargo, se tiene que advertir que las mismas las confunde con la complementariedad de su relato, pues al hacer el análisis transversal de información suministrada se encuentra la debilidad de la crítica probatoria, por lo siguiente:

(i) Desconoce que en la declaración del 23 de septiembre de 2011, Y. habló de lo siguiente: $ 1.000.000,oo por kilo para «alias M.», dueño de los barcos, y a los otros $ 700.000,oo. Por ello, cuando en la versión del 15 de mayo de 2012 afirma que se debía dar $ 700.000,oo a «alias M.», ello corresponde al valor antes manifestado, siendo coherente el plus que le da por ser propietario de las embarcaciones.

(ii) Si bien dijo que, dentro del primer envío de droga, una parte era de «alias m.», también señaló en la ampliación del 15 de mayo de 2012, que cuando se habló de temas de seguridad fue por la problemática general respecto a las rutas, pues «gente de Medellín» se quería meter, entre estas, «gente de M.».

(iii) Cuando en la audiencia pública, sesión del 4 de mayo de 2017, Y. aseguró que hacía parte de la seguridad, en modo alguno contradice sus manifestaciones anteriores en las cuales señaló que «las cosas de narcotráfico era temas que correspondía a A.», puesto que bien pudo éste último contarle los pormenores de las reuniones a su grupo de trabajo ilícito, entre estos, el testigo.

(iv) Es cierto que Y. se distrae en las fechas exactas, pero esto es producto de la evocación de recuerdos de hace más de 10 años, al punto que cuando refirió una reunión entre julio y agosto de 2006, la señaló como en los días del atentado, suceso en el cual participó acaecido en noviembre de 2006, aspecto indicativo del carácter de su memoria que precisa hechos y no fechas. O sea, Y. sabe qué pasó allí, pero no recuerda la fecha exactamente.

(v) Es intrascendente que cuando el testigo menciona los asistentes a la reunión en el restaurante L. P., en la declaración del 23 de septiembre de 2011, se olvidó de M., lo cual no significa que el episodio no haya ocurrido allí.

(vi) Frente a las circunstancias en las que conoció y vio por primera vez al acusado, ninguna contrariedad, hay pues adujo, en sesión del 4 de mayo de 2017, que lo observó en reuniones en «el Departamento de Córdoba, San Antero», expresión en plural, a partir de la cual en el año mencionado aludió a una de tantas para identificar la del restaurante L. P. donde hubo un hecho inusual, pues W. y M. discutieron, reunión cercana a aquella en la que se planeó el primer envío de droga («por esos diítas»). Por ello, se equivoca el Ministerio Público al manifestar que el testigo vaciló pues lo cierto es que contestó sobre el contexto de su relación con el aforado

(vii) En las declaraciones del 23 de septiembre de 2011 y 15 de mayo de 2012, Y. sostiene que la cifra pagada para el atentado de W. P. fue de $ 250.000.000,oo.

(viii) No hay inconsistencia, como lo aduce la defensa, en que el 4 de mayo de 2017 S. G. afirme que se reunieron para recibir de C. R., en A. M., la suma de $ 75.000.000,oo, quien, en todo caso, hizo parte de la organización junto al acusado, puesto que es en el Edificio D. donde recibieron la primera parte del dinero, mientras que la segunda entrega del pago se dio en A. M.

Ahora en cuanto a la declaración del 28 de noviembre de 2011(294) se tiene que decir que en la misma guarda coherencia con las circunstancias analizadas.

Nótese que en los preludios de sus intervenciones procesales es cuando Y. S. G. advirtió la interacción de M. E. M. D. con el grupo «Á. N.», señalamiento constante y permanente, junto al resto de miembros de la organización delictiva dedicada a la exportación de cocaína, con quienes se iniciaron las reuniones que se materializaron en el 2006 —sin olvidar el marco histórico referido por el testigo S. G. 2005-2006, en el que hicieron su irrupción en la zona—, las cuales no tenían otro propósito que el de obtener el aval para su actuar ilícito en la región, ocasión en la que comenzó a gestarse esa relación ilegal «de mutuos beneficios» gracias al consentimiento y patrocinio para la prestación de seguridad en la región, específicamente, en aquellos lugares en los cuales la presencia del Estado en esa materia estaba ausente.

La percepción directa de Y. S. G. —así se autodenomine «cabeza de la organización», vanidad de la que no se le puede privar, según su escala de valores— provino de su militancia con A. A. e I. R., «alias J.», primero y segundo al mando de la incipiente banda emergente creada a finales del año 2005, en la que militó hasta diciembre de 2006, cuando fue capturado aquél con motivo de su participación en el atentado en contra de W. P. G. el 26 de noviembre de 2006(295).

En la secuencia de las manifestaciones de Y. S. G. se encuentran las reuniones en las que observó la presencia del acusado, relatos en los que es fácil identificar la línea de tiempo perenne, la cual tiene un dato objetivo probado: el atentado de W. P. P. el 26 de noviembre de 2006, que acepta en el alegato el defensor, pues a este hecho alude para ponerlo de referencia. De esas manifestaciones emergen las siguientes circunstancias:

• Reunión en el Restaurante R. M. —recuérdese que el testigo por iniciativa propia, desde el 23 de septiembre de 2011, adujo que eran dos los restaurantes donde se reunían, utilizando la o conjuntiva no excluyente— a mitad del año 2006, ubicado en San Antero, de propiedad de «alias M.» —narcotraficante de la zona, debidamente identificado en las diligencias por obra de prueba documental—, a la que asistieron las siguientes personas: Y. S. G., integrante fundador; M. E. M. D., alcalde de San Antero; W. P. P., ex alcalde de ese municipio, vinculado a actividades de narcotráfico, conforme se acreditó en el expediente(296); I. R., «alias J.», jefe de la organización las «Á. N.», con radio de acción en el sector de Montería, ex militante de las AUC, al que se refirió S. M. G. en sus testimonios del 31 de mayo de 2016 y 2 de noviembre de 2017; «alias C.», chofer de M. M. D., calidad que el acusado reconoció en su indagatoria(297) y acreditada testimonial y documentalmente en la etapa de juicio(298); D. C.(299), Concejal de San Antero y D. C.(300), empresario dueño de una estación de gasolina del municipio. El testigo iba como «segundo» de I. R., «alias J.».

Todos los atributos anteriores de las personas con las que se reunía para concertar actos ilícitos, acreditados en la actuación, los aportó S. G. en la denuncia del 23 de septiembre de 2011(301), sin que pueda advertirse que las haya inventado ni que alguien se las mencionara, pues esta circunstancia no está acreditada en el expediente, con lo cual se rechaza el argumento de la defensa al advertir que en el recorrido por diversas cárceles el citado adquirió ese conocimiento, dado que S. G. ostenta la condición irrefutable de haber integrado el grupo de sicarios que atentaron en contra de la vida e integridad personal de W. P. P., razón por la que purga condena de 17 años(302).

De otra parte, que diga que la reunión fue a mitad del año 2006, aspecto que ataca el defensor, no significa que en la línea de tiempo se borre el punto de referencia histórica realizado por el testigo: 26 de noviembre de 2006(303). Cobran relevancia aquí expresiones coloquiales del testigo cuando afirma «por esos días o diítas» ocurrió una reunión que no es otra que la que se analiza a continuación.

• Encuentro en el restaurante L. P., también en el año 2006, después de la primera reunión, a la que concurrieron W. P., M. M. D., D. C., «alias C.», C. R. —alcalde de Chimá—, D. C. y L. M., integrantes del grupo de San Antero, a los que conoció a través de «alias M.», persona plenamente individualizada.

Y. S. G., en condición de integrante de la banda emergente, asistente en la reunión, afirmó que en representación de las «Á. N.» estuvieron: A. A. y «alias J.».

La temática a tratar fue «la seguridad» de San Antero, siendo importante destacar lo que entendía el referido por ello, que no era otra cosa que el beneficio pagado por el grupo de San Antero —encabezado por el acusado en calidad de alcalde—, a la banda emergente de la que hacía parte el testigo, producto del rearme de ex integrantes de las AUC, narcotraficantes y delincuencia común que se tomaron los territorios entregados por los desmovilizados al Gobierno Nacional, conforme lo acreditó uno de sus máximos comandantes sometido a un proceso de justicia transicional.

En esa ocasión el acusado le entregó a «alias A.» setenta millones de pesos $ 70.000.000,oo como primer aporte para el grupo armado ilegal, rubro que se invirtió en la compra de armamento (pistolas, material de intendencia y de guerra, municiones, fusiles, entre otros), así como ofreció toda logística que se necesitara en la región para cumplir la misión de dar seguridad, en especial, a la organización de la que hacía parte, pues estaban en riesgo «las rutas del narcotráfico». Y. mismo fue quien recibió el dinero de manos de M. M., sin constarle cuánto entregaron «C. R., «alias M.» y W.», quienes como miembros del grupo de San Antero que se unió a la banda emergente, tenían la obligación de contribuir con la concertación(304).

Mírese cómo cuando el testigo mencionó este compromiso señaló a C. R. como «alcalde de Chimá o Chinú», aduciendo que ese dinero también era para que el grupo armado ilegal hiciera presencia en esa comprensión territorial, razón por la que hizo «el compromiso con «alias A.» de hablar con ganaderos de la zona con quienes también se reunieron en ese pueblo.

Desde esta perspectiva es creíble, pues S. G. afirmó con coherencia, que M. M. D.y los demás miembros del grupo de narcotraficantes— calificado por el mismo como «poderoso», desde la época de su desempeño como alcalde, concertó con la banda emergente «Á. N.» favores mutuos, siendo cierto que esta se nutrió del aporte de las redes de narcotráfico de la región, a la manera de vaso comunicante para asegurar la actividad de aquellas; acción dentro de la cual realizaban misiones como «cuidar que no se roben la droga hacer ejecuciones a quienes se tuercen o se convierten en sapos»(305).

De igual manera, el marco histórico y temporal advertido por Y. ha sido ratificado por otros medios de prueba:

En primer lugar, S. M. G., a través de testimonio del 31 de mayo de 2016(306), ampliado en la sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017, señaló la existencia real de J. A. A. S., «alias A.» e I. R., «alias J.», los cuales pertenecieron a las estructuras paramilitares de Córdoba, en tiempos en que el referido era uno de los máximos comandantes.

Recuérdese que M. G. los identificó en su respectivo rol; el primero, como en hombre de confianza en la zona de los municipios del norte de Córdoba; y, el segundo, como jefe del grupo en la zona urbana de Montería. Ambos, a pesar de la desmovilización, quedaron en la zona en libertad dado que no tenían órdenes de captura vigentes. Esa presencia de los referidos «alias A. y J.» coincide con la época señalada por el testigo Y. S. G. cuando regresó a Montería, luego de su periplo por la zona de los Llanos Orientales, con militancia en otro bloque de la misma especie.

Por ello, cuando M. G. relató que A. A. S. estuvo en Ralito robustece la credibilidad de Y. S. G. al señalar que fue allí donde el segundo le propuso que no se desmovilizara pues se reagruparían en lo que el testigo denominó «nuevas autodefensas»(307).

A. S., según la prueba recaudada, no es un personaje inventado sino un ex miembro de las AUC, del que tuvo noticia M. G. que siguió delinquiendo luego de haber entregado los territorios de Córdoba al Gobierno Nacional; siendo pertinente recordar que la zona de San Antero había sido cedida a «alias A.», luego de que E. C. T. «alias D. V.», devolviera ese territorio a M. G. a finales de 2003, justo cuando se adelantaba la campaña electoral en la alcaldía de San Antero, ganada por M. M. D., para el periodo 2004-2007, analizado en el acápite anterior.

En segundo término, esta pertenencia se ratifica con el informe del CTI del 4 de abril de 2012(308), mediante soporte documental en el que se da cuenta que dentro del extinto Bloque Córdoba se conoció a J. A. A. S., «alias comandante A.», con una jerarquía específica, pues lo señalan como el tercero en el mando en la zona, luego de C. C. Gil y S. M. G., aspecto que coincide con lo afirmado por el testigo de cargo Y. S. G.(309).

No se puede afirmar que Y. se inventó una fábula, como lo afirma la defensa, puesto que el referido hace una narrativa con riqueza descriptiva de la que está ausente la nemotecnia de un libreto, en la que hay una completa descripción de sucesos ocurridos en un tiempo y espacio determinados vivenciados por él mismo, pues los detalles que dio guardan coherencia interna y externa dado que frente a la primera, S. G. ostenta un protagonismo sui generis de actor principal, así no lo comparta la defensa, en cuanto que en razón a la pertenencia a esa incipiente agrupación siguió delinquiendo al punto de ser sicario de la misma, ambiente delictivo en el que aprendió el arte de andar en la clandestinidad bajo el mando de líderes con doble faz, como fue el caso de A. S.

Además de lo afirmado por S. M. G.(310), E. C. T., «alias D. V.»(311) y C. M. J., «alias M.»(312), manifestaron la existencia de J. A. A. S., «alias A.», como comandante del Bloque Córdoba, en especial, en los municipios del norte de este, quien, una vez desmovilizado, quedó en libertad por la ausencia de requerimientos judiciales en su contra.

De igual manera, C. T. da cuenta de la existencia de I. R., «alias J.», como miembro de las estructuras urbanas en la capital del departamento antes de someterse al proceso de paz del año 2005, lo que no era óbice para seguir delinquiendo en esa doble vida que los sometidos a una ley transicional escogen(313).

Incluso «alias J. D.» identificó a A. A. S. en declaración del 4 de agosto de 2016(314), pero no aportó dato exacto de sus actividades luego de la desmovilización, actitud lógica para quien ya cumplió una pena alternativa en la jurisdicción de justicia y paz, la cual es entendible, en el mismo sentido, respecto de «alias D. V. y M.». El primero porque está en las mismas condiciones de «alias J. D.», dado que ya goza de libertad, luego de desmovilizarse. Y, el segundo, por cuanto si bien fue extraditado a los Estados Unidos no acepta ningún vínculo con delitos relacionados con el narcotráfico(315). Por ello no resulta extraña la posición que asumieron en sus testimonios vertidos en la etapa de instrucción al no suministrar datos de las actividades en concreto de A. A., luego de la desmovilización.

Ahora, la condición de desmovilizado de J. A. A. S. no se la inventó Y. S. G., dado que documentalmente se acreditó a través de labores de Policía Judicial, de acuerdo al informe de 18 de mayo de 2016(316), el cual destaca que el referido figura en el programa de reinsertados, circunstancia aludida por S. G., manifestando que en la vida civil su ex jefe posaba de ser «vocero de los desmovilizados», como así lo indica la documentación que se encuentra en la prueba trasladada de la radicación Nº 110016099046201300034, y en la clandestinidad como cabeza de personas concertadas para cometer delitos a cambio de dinero, conforme lo afirman Y. S. G.(317) y el mismo S. M. G.(318).

Además, la cédula de ciudadanía de A. G. fue cancelada por muerte conforme el certificado de la Registraduría Nacional del Estado Civil(319), ya que fue asesinado en la ciudad de Medellín, ciudad a la que se desplazó luego de pernoctar en Montería a finales de 2006, época en la que Y. S. G. evocó haber tenido contacto con él con motivo de los sucesos cercanos y con posterioridad a la madrugada el 26 de noviembre de 2006, oportunidad en la que se atentó contra la vida de W. P. P., ex alcalde San Antero (Córdoba), a menos de una hora y media de Montería, desde donde es fácil acceder a Medellín.

Así mismo, de la prueba trasladada de la Fiscalía Tercera Delegada de la Unidad contra Falsos Testigos, radicación Nº 110016099046201300034, se corrobora que el referido fue asesinado el 27 de diciembre de 2006 en la ciudad de Medellín (Antioquia) y dentro de sus pertenencias se encontró el carné de desmovilizado, hecho objetivo referido por Y. S. G.(320).

Ahora bien, en las declaraciones del 22 de julio y 23 de septiembre de 2011, y 15 de mayo de 2012, Y. hizo alusión a un episodio histórico en la transición de los grupos de autodefensas a la desmovilización, a través de la Ley de justicia y paz —Ley 975 de 2005—, que ha sido documentado con prueba aportada por labores de Policía Judicial, no obstante la condición de hecho notorio, que no «requiere de una prueba específica que lo corrobore» (CSJ AP 2656-2014 y CSJ AP. 1 ago. 2007, Rad. 27.840). Este aporte del testigo reafirma, aún más, que el surgimiento de estas no fue inventado por lo siguiente:

— La irrupción de las «Á. n.» como banda emergente se documentó en el expediente a través del informe Nº 70389 del 18 de mayo de 2016(321), mediante labores de investigación realizadas, según actividad de la Policía Nacional, acorde con el oficio similar de fecha 6 de marzo de 2013, que destaca núcleos conceptuales de encuentro con el testimonio de Y. S. G. Es cierto que existe un sinnúmero de agrupaciones que responden al género mencionado, en las que se encuentran las «Á. N.» que operaron en la región de San Antero, grupo que «al comienzo no tuvo nombre», pero luego se llamaron de esa manera, como lo señaló el testigo de cargo(322), siendo común, en las dos fuentes —documentos oficiales y testimonio de Y.—, el origen de los integrantes, la fuente de financiación, los corredores de operaciones y la microred de poder local(323). Por ello, se consignó que:

Surgen posterior de la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona y Bloque Norte de las Autodefensas, inicialmente se conoció de la conformación de la organización delictiva en jurisdicción de los corregimientos de San Pedro de la Sierra y Siberia, al mando de dos ex cabecillas militares de los bloques descritos, identificados con los alias de “57” y “55”. 

Los anteriores tenían como zonas de presencia los corregimientos de Minca, Siberia, San Pedro de la Sierra, Palmor y grupos urbanos en Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación y cultivaban coca en las regiones de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, para su posterior procesamiento y distribución, además se financian a través del cobro de exacciones a los diferentes sectores comerciales de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Fundación. 

Posteriormente se conoció sobre la extensión de la organización hacia diferentes localidades del Departamento del Magdalena, bajo la dirección de alias “El N. R.”. 

En la acusación se hizo referencia a diferentes pronunciamientos de esta Sala Penal(324) en los que se evidencia el modus operandi de tales bandas, similar al que relató el testigo de cargo, de los cuales se derivan caracteres, que en su jerga Y. S. G. mencionó. Estos son:

• Operación de las denominadas bandas criminales en diversas zonas del país.

• Recurren a la vía de coacción en la vida civil de poblaciones alejadas del nivel central.

• Son bandas criminales compuestas usualmente por ex miembros de las AUC, luego del proceso de desmovilización, las cuales heredaron sus estructuras, métodos delictivos y se disputan en la actualidad el control de ciertas partes del país.

• Además de las AUC y de la guerrilla, existe interacción de sectores del mismo Estado, en especial, de las Fuerzas Armadas(325).

De ahí que el hecho notorio aludido implicó: (i) ocupación violenta de algunas zonas; (ii) coerción a la población civil con actos de violencia; (iii) la base de composición son ex paramilitares con la herencia de sus ortodoxos métodos delincuenciales; (iv) las asociaciones emergentes son «la degradación del conflicto armado interno»; entre las que se encuentran las «Á. N.» y «Los r.», entre otras, dentro de los cuales se advierten alianzas con autoridades del Estado; y (v) la fuerza delincuencial de estos grupos armados ilegales se nutrió de disidentes, rearmados o personas emergentes de los antiguos grupos paramilitares, que hicieron presencia en la costa caribe(326).

Ahora bien, esa notoriedad del actuar de ese tipo de delincuencia no implica ipso facto que Y. haya apreciado esa membresía como para recitar un libreto preconcebido, en atención a que la espontaneidad de su testimonio y su corroboración externa descarta tal tesis.

Del mismo modo, la hipótesis de que esas historias las aprehendió en la cárcel -como lo asegura la defensa-, es una mera elucubración sin corroboración que desconoce el acervo probatorio analizado, dentro del cual el testimonio de S. G.(327) es pieza fundamental para evidenciar con un saber práctico —como fuente principal— lo que en los estrados judiciales emerge como un hecho cierto: el actuar de ex paramilitares luego de la desmovilización del año 2005, contextualizado por M. G., aspecto reconocido jurisprudencialmente por esta Sala Penal:

Impera precisar en primer término, como ya lo ha hecho la Sala en pretéritas oportunidades (Cfr. CSJ AP, 24 Mar 2010, Rad. 33788), que constituye un hecho notorio la conformación de grupos armados al margen de la ley, comúnmente conocidos como paramilitares, que ejercieron una ocupación violenta y control de muchas esferas de la vida social en diversas regiones del territorio nacional.  

La misma notoriedad puede predicarse de la existencia de las denominadas bandas criminales, compuestas usualmente por ex paramilitares, tras el proceso de desmovilización, las cuales heredaron sus estructuras delictivas y se disputan en la actualidad el control de ciertas zonas del país. 

Resulta indudable también que la actividad de esas organizaciones criminales ha conducido a afectar las reglas de convivencia social y en especial a la población civil en la cual ha recaído la mayoría de las acciones de estos grupos, motivadas generalmente por no compartir sus intereses, estrategias y procedimientos, y es así como en el afán de anteponer sus propósitos han dejado entre sus numerosas víctimas a servidores públicos de la administración de justicia, de la policía judicial, alcaldes y defensores de derechos humanos (Cfr. CSJ AP, 22 mayo 2008, Rad. 29702; CSJ AP, 23 abr. 2009, Rad. 31599). 

La denominación de hecho notorio implica, como así lo ha entendido la Sala en su amplia jurisprudencia sobre el tema, que un determinado acontecimiento, situación o circunstancia no requiere de prueba específica que lo corrobore (CSJ AP, 01 ago. 2007, Rad. 27840). 

Es lo que ocurre en La Guajira, territorio que fue azotado por la violencia paramilitar, concretamente del Bloque Norte de las AUC, hasta la desmovilización de sus comandantes, tras lo cual las bandas criminales empezaron a disputar el control de extensas zonas del departamento, incluyendo a Riohacha, su capital. (CSJ AP. 21 mayo 2014, Rad. 43777).

De ahí que el dominio territorial sea una de las características de tal tipo de organizaciones delictuales que afectan la seguridad pública:

Ciertamente, la colegiatura ha reconocido que constituye un hecho notorio el dominio ejercido por los grupos paramilitares en determinadas regiones del país, posteriormente heredado por las bandas criminales que surgieron tras el proceso de desmovilización; e igualmente, que el control de estas estructuras en diversos aspectos de la vida pública, y el temor generalizado que generan en la población, los eventuales testigos y los funcionarios judiciales, se erigen como razones determinantes al resolver la conveniencia de avalar los cambios de radicación peticionados por los sujetos procesales (Cfr. CSJ AP, 21 May 2014, Rad. 43777). (CSJ AP 1078 2005, Rad. 45445).

Por ello, las «Á. N.» hacen parte de una realidad dentro de la singularidad del conflicto armado interno, probado en la línea jurisprudencial de esta corporación, a través de documentos oficiales:

«El conflicto interno colombiano para la época y lugar de los hechos (años 2004 a 2008, en la región de Norte de Santander) tuvo como protagonistas no solamente a las autodefensas y la insurgencia, sino a los grupos que se derivaron de la degradación del conflicto (como los denominados Á. N., Rastrojos, etc.) y sectores de las fuerzas armadas del Estado. La interacción de estos actores afectó a toda la población de su zona de influencia sin consideración de sexo, edad o condición social.

[...] 

En particular, sobre el conflicto en Norte de Santander y región del Catatumbo, y la presencia del grupo denominado Á. N., la Sala ha señalado lo siguiente: 

“Según informe de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, después de finalizadas las desmovilizaciones de las AUC en agosto de 2006, se han concentrado grupos armados ilegales en cuatro regiones del país que corresponden a disidentes, rearmados o emergentes de los antiguos grupos paramilitares, los que hacen presencia en unos 200 municipios de Colombia, en zonas como la costa Caribe y en la frontera con Venezuela que agrupan unos 1.290 hombres; estas son las zonas donde operaban anteriormente el Bloque Norte al mando de J. 40 y el Bloque Catatumbo al mando de SM. Las otras dos zonas están ubicadas en el sur y occidente del país con 1.100 hombres que es el área de influencia del cartel del Norte del Valle. Algunas de estas nuevas organizaciones se hacen llamar Las Á. N. del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander y en el Magdalena y Los R. o la organización Nueva Generación en el Putumayo, Nariño y Cauca” (CSJ, SP. 24 feb. 2009, rad 30999)». 

La militancia de A. A. S. en las AUC es un hecho probado dentro de la sentencia del 23 de abril de 2015(328) emitida por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín, en contra de miembros del Bloque Córdoba de las AUC, en la que existe una obiter dicta sobre diferentes estructuras de tal agrupación ilegal con dominio en tal zona del país, dentro de las cuales ubican a J. A. A. S., «alias El comandante A.», como jefe militar en el denominado Bloque Córdoba(329).

Así mismo, se allegó con el referido informe de Policía Judicial la documentación de las bandas criminales que operaron en ese lugar del país, entre estas «Los p.», en cuyo cuadro de mando se ubica a M. P., «alias M.», mencionado por Y. S. G. como uno de los líderes del grupo asociado para delinquir con fines de narcotráfico. Que se diga allí el nombre mencionado no infirma lo manifestado por S. G., dado que, conforme lo enseñan las citas jurisprudenciales, las referencias documentales dan cuenta de que el citado testigo no se inventó tal modus operandi ni los hechos de los que afirma haber sido testigo dentro del universo delictual que conoció.

Además, obra prueba testimonial que ratifica el hallazgo efectuado en los informes del CTI analizados, con lo que se congloba un universo probatorio que explora diferentes visiones del fenómeno emergente analizado, frente al desarrollo de la transición de la desmovilización de las AUC y la conversión de cierto sector de estas en bandas emergentes, en especial, en la zona de acción del grupo al que perteneció el testigo de cargo.

Esta corresponde a las declaraciones de C. J. S. B., ex funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la época de los hechos, por la región de San Antero(330), y de E. C. T., «alias D. V.»(331), excomandante político de las AUC, desmovilizado el 14 de julio de 2005, a quien S. M. le entregó la jurisdicción de los municipios de la zona norte del departamento de Córdoba, los cuales le fueron devueltos en el año 2003.

En efecto, el primero adujo que la banda que inicialmente llegó a la zona de San Antero fue la denominada «L. P.» —a la que dicen los reportes oficiales perteneció M. P., alias M.(332)— y luego llegaron las «Á. N.»(333). Queda en evidencia la proliferación de agrupaciones nacientes que en masa llegaron a la zona para adquirir el nuevo botín de campaña, aprovechando la salida de las fuerzas paramilitares.

El segundo, ratificó que a la zona costanera entraron los grupos armados ilegales llamados «Á. N.», «Los p.» y «Los U.», quienes se enfrentaron por esa región en atención a que era «corredor del narcotráfico»(334). Recuérdese que el mismo excomandante S. M. G. en la ampliación de la declaración del 2 de noviembre de 2017, en audiencia pública, aseguró que él en la mesa de diálogo denunció el hecho, en presencia de otros mandos de la ex organización armada ilegal(335). Conforme los referentes probatorios E. C. T. «alias D. V.», hizo parte de ese género, por su trasegar delictivo en el grupo, y su decisión de reincorporarse a la vida civil, ocasión en la que presenció esa mutación en una zona que fue su territorio administrado.

Ahora bien, en la etapa del juicio se incorporó, a pedido de la defensa, como prueba sobreviniente, la declaración de D. R. H. «alias Don M.», quien hizo referencia al origen de las llamadas bandas emergentes, ocasión en la que hace alusión a un fenómeno cierto acaecido luego de las desmovilizaciones.

Esta declaración no desvirtúa el núcleo central de la declaración de Y. E. S. G., pues si el primero no conoció al segundo, ello no significa que S. G. mienta, máxime cuando luego de la desmovilización quedaron variados reductos, entre estos, los liderados por «alias A. A.», quien los acuarteló, además de la delincuencia común incorporada.

Por ello, si el punto nodal de la crítica probatoria de la defensa reside en que S. G. es un simple «sicario», este calificativo encaja perfectamente entre las características propias del universo de integrantes aptos para hacer parte de esas filas.

De otra parte, la defensa pretende desvirtuar y debilitar el testimonio de S. G. con el aporte de una prueba trasladada —declaración de D. R. H.— de la radicación 44375, donde fungía para esa época como defensor(336).

Sin embargo, el contexto narrado por R. H. hace referencia a uno de los grupos emergentes surgidos luego de su desmovilización realizada en el año 2006, en Nuquía (Chocó), con el Bloque E. C., diametralmente lejos de San Antero, al mando de Vicente C., quien dio la orden a los pocos días de tal hecho que se debía «seguir ejerciendo control en la zona» dada «la traición» del gobierno que ordenó la captura de los comandantes que no tenían salvoconducto(337).

De ahí que se empezó a gestar un grupo denominado «autodefensas Héroes de C.», el cual se convirtió en «autodefensas Gaitanistas de Colombia», aseveración que indica que no estaba desfasado Y. E. S. G. cuando afirmó que integró un grupo al que denominó «nuevas autodefensas», que luego pasaron a ser «Las Á. N.». Sin embargo, D. R. H., «alias Don M.», no dio cuenta ni siquiera que las segundas ejercieran en el Chocó, en el bajo Baudó, muy a pesar de ser su fundador(338).

No obstante la impertinencia de la pregunta en relación con los hechos allí investigados, inquirió acerca de A. A. S. y Y. S. G., a quienes D. R. dijo no conocer, respuesta lógica si se tiene en cuenta que dijo constarle solo lo que acaeció en la zona de su influencia y, por tanto, no podía dar cuenta de lo acontecido en la región de San Antero, pues como lo afirmó, su radio de acción fue el departamento del Chocó y no esa comprensión territorial, máxime cuando se desmovilizó en el 2006(339).

Por ello, que no conozca aquellos y afirme que A. A. y Y. no hayan participado en la fundación de «las autodefensas Gaitanistas» por él narrada, no excluye ni infirma las manifestaciones de S. G., respaldada por el testimonio de S. M. G.

La inferencia del defensor desconoce un presupuesto: a finales de 2005 y principios de 2006 hubo una explosión de grupos criminales en diversas zonas del país con diferente formación y cuerpo de fundadores. R. H. habla de uno de ellos sin abarcar la totalidad de los que proliferan en Colombia(340).

Lo interesante de R. H. es que hace referencia al momento en que se conformó la banda emergente «Los R.», que no era nada diferente a lo que da cuenta la prueba documental analizada, coincidente con lo que Y. narró(341), frente al tránsito de los desmovilizados a «nuevas autodefensas», para luego denominarse «Á. N.»: «fuerzas de matones a sueldo que bajo el mando de los hermanos C. y el loco B. que quisieron ocupar las zonas o territorios donde las autodefensas se habían desmovilizado, para ejercer control»(342).

Al mismo tiempo, reconoció que existió una tendencia de llamar de diferente nombre a las «autodefensas Gaitanistas», como «clan Úsuga, del Golfo o Á. N.»(343), afirmación que, en modo alguno desvirtúa el señalamiento que se hace de ciertos grupos armados ilegales con el último nombre mencionado, al punto que constituyen hecho notorio del cual el Ministerio Público hace abstracción sin reparar en los datos aportados por el testigo de cargo.

E, incluso, S. M. G. refirió al respecto, cuando la Presidencia de la audiencia, en sesión del 2 de noviembre de 2017(344), preguntó en concreto sobre si era posible que una banda de narcotraficantes, exactamente en San Antero, pudiera operar sin que las autodefensas tuvieran conocimiento de este tema, dijo:

No sé si con participación del alcalde o no pero yo denuncié en la mesa de negociaciones y luego lo hice público esos temas [...] en marzo o abril de 2006,cuando me cansé de denunciar en la mesa de negociaciones el rearme de grupos, incluso de esta zona específica de San Antero, de San Bernardo, Puerto Escondido que son municipios de la zona costanera del Departamento de Córdoba, que estaban siendo tomados por algunos ex miembros de las autodefensas, entre ellos A. A. y así se lo puse en conocimiento de la Mesa de Negociaciones y a S. C., Jefe de la OEA, a los demás mandos anteriormente y luego lo denuncié públicamente. Y a través de esa denuncia pública, bueno vinieron amenazas, atentados [...](345). 

Es evidente que M. G. no miente, pues de la prueba trasladada(346) hay vestigios documentales que en los medios de comunicación se ventiló su queja relacionada con el rearme de sus antiguos socios de delincuencia, lo que denota, para ese momento, su intención de someterse a la ley de justicia y paz y dejar el pasado de violencia en la búsqueda de la vida civil, línea que casi 13 años después de su desmovilización mantiene, conforme lo expresó en el inicio de su ampliación de declaración del 2 de noviembre de 2017(347), lo que indica su grado de confianza en la administración de justicia frente a su deseo de seguir colaborando.

Es evidente que el conjunto probatorio analizado pone de manifiesto la existencia de la banda emergente denominada las «Á. N.» creada por A. A. S. que operó en la zona de San Antero, en momentos en que el procesado se desempeñaba como alcalde municipal, y en tal condición, según testigo directo ex miembro de esa organización delictiva —Y. S. G.—, acordó su promoción ilegal en esa región permitiendo el ingreso a la misma y la ejecución de actividades por fuera de la ley, además de entregar dinero para la obtención de armamento y logística propia para su actuar ilícito.

La Sala condenará, entonces, a M. E. M. D. como autor del delito de concierto para delinquir agravado previsto en el artículo 340 inciso tercero de la Ley 599 de 2000, por haber promovido y financiado la banda criminal «Á. N.» en cumplimiento de los pactos y convenios previamente diseñados.

Por cuanto la conducta permaneció ejecutándose hasta mayo de 2012, resulta aplicable la modificación de la Ley 1121 de 2006 —artículo 19—, conforme la posición jurisprudencial de esta corporación, por ser la disposición del último acto.

5.3.2.2.3. Sobre el concurso de conductas punibles.

Dentro de la acusación se dejó sentado como presupuesto teórico que la conducta de concierto para delinquir es un delito compuesto de diferentes manifestaciones de comportamientos que deben ser examinados en conjunto, todos ellos relacionados con fines comunes; no es procedente, por tanto, separar las conductas y valorarlas de forma independiente para conferirle una tipicidad autónoma(348).

Retoma esta sentencia la precisión de la condena en relación con el concierto para delinquir con la finalidad de cometer delitos de narcotráfico.

Conforme los hechos probados son dos las finalidades perseguidas por el grupo que se concertó, del que hizo parte el acusado:

(i) La de cometer los delitos de narcotráfico y, (ii) financiamiento del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas; por lo tanto, configuran un solo delito de concierto para delinquir agravado descrito en los incisos 2º y 3º del artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 y el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, en relación a los hechos referidos con la banda criminal «Á. N.», por el que se condenará a M. E. M. D., en calidad de autor, según lo prevé el artículo 29 ibídem.

En relación con el concierto para delinquir derivado de los acuerdos entre el aforado y miembros de las AUC, configura un diferente delito en cuanto el convenio para promover esa organización paramilitar, se hizo con un grupo armado ilegal distinto, en una época anterior que terminó con la desmovilización y desaparición de esa estructura militar, el 14 de julio de 2005 —Bloques Héroes de los M. de M.— y 18 de diciembre de 2005 —Bloque Córdoba—, y con una finalidad disímil al concierto que se derivó del acuerdo con la banda criminal las «Á. N.». Por lo anterior, se condenará a título de autor, según el artículo 340 inciso segundo del Código Penal, modificado por la Ley 733 de 2002.

En conclusión, se le condenará por estos dos delitos como autor en concurso homogéneo y sucesivo de acuerdo con el artículo 31 del Código Penal. En el siguiente cuadro se condensa ello:

DelitoObservaciones
Concierto para delinquir (en relación con Las Á. N.; 2006-2012)• Con la finalidad de cometer los delitos de narcotráfico. Marco temporal: año 2006.
• Con la finalidad de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
Ambos constituyen un solo delito en relación con Las Á. N.; Art. 340, inciso 2 y 3, modificado por la Ley 733 de 2002 y 1121 de 2006.
Autor
Concierto para delinquir (en relación con las AUC, 2003-2005).• Con la finalidad de promover las AUC.
Artículo 340 inciso segundo Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002.
Autor

5.3.3. Los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

5.3.3.1. Tipicidad.

El artículo 103 del Código Penal describe el delito de homicidio de la siguiente manera:

El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años. 

El artículo 104 ibídem contempla una pena de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, cuando la conducta se comete, entre otras circunstancias de agravación punitiva:

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. 

[...]

7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. 

Por su parte, el artículo 27 del Código Penal describe la tentativa así:

El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor a las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. 

La modalidad tentada se verifica ante la realización de actos ejecutivos idóneos e inequívocamente dirigidos a la producción del resultado típico, el cual no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del agente. Entiéndase por idóneo como lo adecuado para la consecución de un propósito, de modo que los actos ejecutivos desplegados para producir la muerte de la víctima deben tener la capacidad de lograr ese resultado. Si carecen de tal connotación, la tentativa será inidónea y, por ende, no será punible, salvo que aquéllos constituyan infracciones penales autónomas. (CSJ AP5278-2015, 14 sep. 2015, Rad. 35780).

Por su parte, el artículo 366 original del Código Penal define el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, de la siguiente forma, norma aplicable por haber ocurrido los hechos en su vigencia:

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años. 

La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurran las circunstancias determinadas en el inciso 2º del artículo anterior. 

5.3.3.2. La materialidad y responsabilidad penal.

Conforme a la acusación(349) el procesado tomó parte en la planeación y ejecución del atentado contra la vida de W. J. P. P., ejecutado el 26 de noviembre de 2006, en horas de la madrugada, en su residencia ubicada en el municipio de San Antero, el cual fue realizado por individuos que lanzaron a su interior granadas de fragmentación y accionaron armas de fuego, ocasión en la que no se obtuvo la muerte de la víctima, quien resultó ilesa, por causas ajenas a la voluntad de los autores del hecho. En la residencia pernoctaban siete personas más.

Estas conductas deben ser analizadas al tenor de los tipos penales de homicidio agravado en grado de tentativa por cuanto medió el pago de dinero a los autores materiales y se aprovechó el estado de indefensión en que se encontraba la víctima, dormido en su casa habitación a altas horas de la noche; y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

El análisis conjunto de las pruebas conduce a la certeza de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de M. E. M. D.

5.3.3.2.1. Sobre la tentativa de homicidio en la humanidad de W. P. P.

El conjunto probatorio demuestra la ocurrencia del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, que contó con la participación de M. E. M. D. en la planeación y realización del ataque cometido contra la vida de W. P. P. y las personas que en ese momento lo acompañaban; hecho acaecido el 26 de noviembre de 2006 en su vivienda, el cual fue ejecutado materialmente por Y. E. S. G., «alias el C.», E. M. E. A., «alias el Z.»; y R. M. D. P., «alias el R.», entre otros(350).

M. E. M. D., junto a D. C., D. C. y C. R. M., contrataron a integrantes de la banda criminal «Á. N.», comandada por J. A. A. S., «alias comandante A.», e I. R., «alias J.», con la finalidad de que materializaran el atentado a cambio del pago de una fuerte cantidad de dinero.

Tal proceder se originó por las desavenencias personales suscitadas ante el incumplimiento de compromisos económicos adquiridos por el acusado con W. P. P. como contraprestación al apoyo que este último le brindó en su aspiración electoral a la alcaldía de San Antero de 2003.

M. D. es señalado directamente de haber participado en los hechos al determinar a los autores materiales mediante el pago de una alta suma de dinero y haber intervenido en su ejecución con la realización de actos idóneos e inequívocos dirigidos a la consecución del homicidio de W. P. P. que se ven reflejados en las siguientes actividades: (i) convenir con miembros de la Policía Nacional con sede en San Antero y Lorica la omisión de reaccionar y realizar las labores para frustrar el atentado así como capturar a los agresores(351); (ii) suministrar información relacionada con los movimientos de P. P., a través de labores de seguimiento e información suministrada por D. B. F., «alias C.», quien fuera su conductor en la alcaldía municipal(352); (iii) aportar el automotor utilizado el día del atentado(353); y, (iv) seleccionar el centro de operaciones del atentado, el cual fue la casa de los padres de R. M. D. P., «alias el R.»(354).

Existe prueba directa que señala a M. E. M. D. como participante en varias reuniones en las que se concretaron los detalles del ilícito, en especial, en el momento en que se tomó la decisión de asesinar a W. P. P., la cual compartieron C. R., D. C. y D. C.(355).

Por ello, se canceló el valor pactado conjuntamente; designó a D. B. F., «alias C.» —conductor de M. M. D.—, para que luego de los seguimientos a la víctima aportara la información pertinente sobre sus movimientos; contribuyó con la información necesaria para definir el momento de dar el golpe a P. P. a la hora precisa que garantizara el éxito del atentado; contribuyó en la huida de los autores materiales; aportó uno de los vehículos utilizados en el atentado y también convino con miembros de la Policía Nacional que no se frustrara el atentado y se permitiera la huida de los autores materiales del hecho.

Conforme a las pruebas hubo un detallado iter criminal dentro del cual se ejecutaron actos idóneos e inequívocamente dirigidos a segar la vida de W. P. P., sin que el resultado final se alcanzara por causas ajenas a la voluntad de los partícipes.

Lo anterior por cuanto de las pruebas se deriva que luego de un seguimiento de las rutinas de este último y tras valorar el momento exacto para perpetrar el hecho y asegurar el éxito del crimen, llevaron a cabo el acto criminal a altas horas de la noche del 26 de noviembre de 2006, en el instante en que la víctima dormía -estado de indefensión- en su casa de habitación acompañado de otras personas, entre estas, su esposa, hijos, algunos familiares y personal de servicio; lugar al que se lanzaron armas letales como granadas de fragmentación y se dispararon pistolas y revólveres, indiscriminadamente(356).

El plexo probatorio que demuestra estos hechos reside en el relato coherente y veraz de Y. S. G., conforme se ha analizado(357).

Con detalle, por haber sido una de las personas que participó en el atentado —como quiera que por ello fue condenado—, señaló fehacientemente en la denuncia inicial y su ampliación, que en el restaurante «L. P.» ubicado en el municipio de San Antero, a mediados del año 2006, M. M. D. junto a C. R., D. C. y D. C., entre otros, decidió asesinar a W. P. P. luego de sostener una discusión con el mismo por el cobro que le hizo de $ 3.000.0000.000,oo que fueron invertidos en la campaña que lo llevó a la Alcaldía de San Antero en las elecciones de 2003(358).

En líneas anteriores ha quedado aclarado que el punto de referencia del testigo de cargo respecto del marco en el que se llevaron a cabo las reuniones donde se trató el tema, fue el 26 de noviembre de 2006, lo cual le ayuda a refrescar su memoria.

Lo cierto es que en las versiones del 23 de septiembre(359) y 28 de noviembre de 2011(360), 15 de mayo de 2012(361) y 15 de abril de 2016 hay identidad y concordancia sobre la reconstrucción del momento en que Y. percibió la desavenencia entre M. E. M. D. y W. P. P.; manifestación que concuerda con lo afirmado por E. C. T., «alias D. V.» en el sentido de haber advertido que entre los mencionados había una división política para cuando el primero ejercía como alcalde, luego de haber sido apoyado por el segundo(362), a quien identifican los testigos S. M. G.(363) y C. T., «alias D. V.»(364), como militante activo de sus filas paramilitares.

De ahí que el análisis del testimonio de Y. S. G. debe partir del cruce de las mismas.

Por ello, en la primera denuncia -23 de septiembre de 2011- se tiene que al lugar mencionado comparecieron, además de los nombrados, «alias A.», el testigo, «alias C.», «alias J.», L. M., alcalde de San Antero, para la época de la denuncia, y «alias C.», a quien identifica como el conductor de M. M.(365). Este momento es evocado en la ampliación del 28 de noviembre de 2011, segunda vez que compareció a declarar.

Luego de departir en ese sitio, parte del grupo se trasladó al restaurante L. L.A. A., J., M. M., D. C., D. C., C. R., «alias c.» y «alias M.»—.

Adujo que fue C. R. quien inicialmente pidió ayuda a A. A. para asesinar a W. P. P., con el argumento de que el referido se había convertido en «un obstáculo» para la armonía del grupo delictivo dedicado al narcotráfico; idea apoyada por el acusado, dado que el primero quería cobrarle «a las malas» un compromiso económico que tenía —adquirido en época de campaña electoral en el 2003—.

Ello porque siendo el acusado quien manejaba el pueblo, según adujo, no era posible que W. le impusiera leyes, aunado a otros problemas que tenían con él. De igual manera, D. C. secundó la idea en atención a que atribuyó a W. la autoría de la extorsión de la que era víctima(366).

El pacto con los miembros de las «Á. N.» fue el siguiente: hubo compromiso con «alias A.» y «alias J.» para la ejecución del atentado a cambio de 250 millones de pesos, observándose que, en ningún momento, excluyó a alguno de los dos, conforme lo valora la defensa, solo que para apreciar sus manifestaciones hay que tener presente que Y. pertenecía a una organización en la que había dos cabezas visibles, las cuales constituyen, en su entender, el mando de la misma, razón por la cual el ejercicio de la potestad ilícita recae en cualquiera de ellos(367).

Siguiendo la secuencia planteada por el declarante, al día siguiente se realizó una reunión en el restaurante Asados Montería en la que participaron C. R., M. M., D. C. y D. C., quienes entregaron 75 millones de pesos para iniciar la ejecución del acuerdo. Estas personas fueron individualizadas e identificadas en la actuación(368).

Con este rubro compraron al Presidente del Concejo de Montería, J. S., dos pistolas, dos revólveres y doce granadas, quien les regaló una pistola, un revólver y 30 tiros «dum dum».

Luego acaeció una reunión a la que asistieron M. M., C. R. y «el doctor L.» en el edificio D., en Montería, ocasión en la que les entregaron 75 millones de pesos más, como parte del dinero acordado por la «vuelta» criminal —que no se deben confundir con la cifra de $ 70.000.000,oo que el acusado aportó para financiar al grupo armado «Á. N.», analizado en el acápite anterior, como lo hace la defensa—.

Para la ejecución del plan criminal da cuenta que hicieron un primer intento que no tuvo éxito, en el que participó E. E. V. L. —de quien el Ministerio Público no hizo mención alguna en su alegato—, F. M. B. C., «alias JC», «alias El P.» —no recuerda el nombre—, H. E. C. N., «alias M.», «J. B.», conductor del taxi utilizado en la ejecución, el cual fue identificado en la instrucción, y «alias el R.»(369).

Ante la acción fallida, Y. S. G. se hizo cargo de la operación para ejecutar el atentado el 26 de noviembre de 2006, junto a «alias El P.» y «alias El B.» -a quienes contrataron en Medellín-, sicarios a los que se refiere en la declaración jurada del 23 de septiembre de 2011(370).

Se calculó, de acuerdo con la labor de seguimientos de la víctima, que la hora propicia para la acción era la una de la madrugada, pues en ese instante había cambio de turno en el Comando de la Policía de San Antero, el cual estaba ubicado cerca de la casa de W. P. P. El encargado de dar la información del relevo fue «alias C.», por orden de M. M.(371).

El día anterior hubo una reunión en la que participaron C. R., D., D., M. M., L. M., L. L. —al que M. se refiere como ex alcalde dedicado al tráfico de estupefacientes— y J. S., con la finalidad de ajustar el plan trazado para tener éxito y el rol de cada uno, personas identificadas en estas diligencias(372).

Adujo que fue «alias C.» el encargado de informar que los escoltas de W. P. P. se encontraban departiendo en el restaurante «L. P.» y que la víctima estaba sola en su casa. Al llegar a esta, como no pudieron entrar, lanzaron tres granadas y realizaron disparos. El ataque fue realizado en el terreno por el mismo testigo, «alias F.», «alias El p.», «alias El P.», «alias El B.» y el conductor del taxi J. B.(373).

Afirmó que la Policía no reaccionó en razón a que M. M. había «cuadrado» todo con ese estamento y a través de «alias C.», que si acaso los paraban en el retén de la Policía de la entrada de Lorica, simplemente tenían que expresar el santo y seña: «nosotros somos los que venimos de La I.»(374).

Fue esta clave la que evitó que fueran capturados en el referido retén, pues antes de llegar a esa población luego del atentado, se cambiaron de vehículo y pasaron a un taxi, y al ser abordados por la Policía, expresó el santo y seña, ante lo cual el comandante preguntó ¿qué trajeron? y el testigo le entregó una suma de dinero que estaba destinado a ese menester, razón por la que los dejaron seguir adelante(375).

Más tarde, en Montería se encontró con «alias J.» quien le dio 70 millones de pesos, suma que repartió entre los ejecutores del atentado.

Al día siguiente se enteró que W. P. P. no había fallecido, razón por la que M. M. se «emberracó». Pese a ello persistieron los contactos con C. R. y M. para seguir adelante hasta conseguir el homicidio de P. P., pero tenían que esperar unos días dado que W. tenía seguridad —aspecto acreditado en el proceso— y la situación «estaba caliente». M. insistía que debía ultimarse a este último, objetivo que no cumplió dado que fue capturado por esos hechos el 12 de diciembre de 2006(376). La denuncia del 23 de septiembre de 2011 fue ampliada el 28 de noviembre siguiente, ocasión en la que se ratificó en el señalamiento, exponiendo que la discusión de la deuda entre el acusado y W. fue en el restaurante L. P. y en L. L., ese mismo día el primero decidió matar al segundo(377).

En una tercera intervención —15 de mayo de 2012(378), Y. detalló nuevamente la misma línea trazada:

Concretó los roles de «alias A. y J.», quienes se encargaron de ejecutar el homicidio y trabajaban en esa época en la región de San Antero. A. pidió que se asignara una persona que proporcionara los movimientos de W. P. P., que fuera de confianza(379).

Esta última actividad se la asignaron a M. D., D. y «alias J.»; «alias C.», quien suministró el número del teléfono y enseñó las salidas del pueblo, las fincas de W. y los lugares que este frecuentaba(380).

Detalló que para la ejecución del atentado M. M. les entregó un automotor marca Chevrolet, en el que llegaron a la casa de W. quedando dentro de él «alias B.»(381).

Se apearon él, «alias El P.», «alias El P.» y llegaron al inmueble, pero no pudieron entrar, razón por la que lanzaron tres granadas de mano IM-26 por el techo de la vivienda. Detalló que alias «El P.» y «El P.» lanzaron las granadas, que no hubo reacción de la Policía, pues M. M. les informó que «todo estaba cuadrado en la Estación»; relato coincidente con la primera versión de los hechos(382).

«Alias El B.» fue el conductor del vehículo Chevrolet hasta que hicieron un trasbordo a un taxi conducido por J. B. antes de entrar a Lorica. En esta población hubo un retén y suministraron la clave acordada —«venimos del estadero La I.»— por lo que los dejaron pasar sin problema. Solo al día siguiente se enteraron que W. no había fallecido en el atentado(383).

Dentro del radicado 43897 —acumulado a esta actuación—, el 15 de abril de 2016 adujo(384), con la misma coherencia, que:

M. M. pidió a «alias A.» y a «alias J.» que el grupo armado ilegal les colaborara en el atentado porque W. P. se les salió de las manos.

Identificó a C. R. como a M. M. como alcaldes de Chimá y San Antero, respectivamente, hecho acreditado en el proceso.

Aduce que W. P. le cobró a M. una cuenta de tres mil millones de pesos ($ 3.000.000,oo) y para no pagarle lo mandó a matar; por ello canceló doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000,oo)(385).

La orden de matar a W. P. P. provino directamente de A. A. e I. R., en concordancia con C. R., M. M., D. C. y D. C. Sobre este aspecto hay coherencia respecto a la línea de mando a la que era fiel, pues los segundos eran sus jefes.

En la ejecución del crimen no pudieron entrar a la vivienda de W. sino que lanzaron tres granadas; ataque que se mantiene en las dos versiones anteriores(386).

La primera reunión para planificar el atentado fue en un restaurante a la orilla del mar cuyo nombre no recuerda, a la cual asistieron el acusado, «alias M.», C. R., D., D., «J.», A. y el testigo. M. M. dijo que W. P. P. era «la piedra en el zapato». Que no recuerde el nombre del restaurante no significa que el suceso no haya tenido ocurrencia o que se haya borrado en el tiempo el mismo, pues el relato evocado refleja una planeación detallada del evento.

En el atentado del 26 de noviembre de 2006 participaron: «alias El P.», «alias El P.», el testigo y «alias F.», quien iba en un Monza plateado que se estacionó en la parte de atrás de la vivienda(387).

«Un primo de M.», que era su chofer, fue quien informó que W. estaba en la casa y que los escoltas no lo acompañaban. Antes del atentado estaban en «La I.» a la espera de la llamada para ejecutarlo(388), provisión normal que un sicario de profesión ejercita.

Detalló cómo se perpetró el hecho: situaron un «pelado» con un fusil esperando la reacción de la Policía que no se produjo —según acuerdo concertado con el acusado—. Quisieron entrar a la casa y no pudieron, por eso lanzaron las granadas.

Como «no hubo muerto», M., «alias J.» y «alias A.» «nos putearon» y se reunieron en el parqueadero Servicentro. M. D. dijo que eso había que seguirlo aunque tocaba esperar. Sin embargo, el testigo «cayó preso» y en la cárcel tuvo contacto con un abogado de M. M.(389).

A partir de aquí refirió que el acusado desplegó una acción tendiente a silenciar su conocimiento frente a la participación de este en el atentado del 26 de noviembre de 2006 y los demás hechos delictivos analizados en precedencia, aspectos sobre los cuales versó la radicación acumulada a estas diligencias y frente a la que hubo decisión inhibitoria, adoptada a la par que la apertura de esta investigación(390).

Inicialmente adujo: «me colocaron abogado, a J. G., a F. S. y este man de Cereté»(391). Según Y., estos le dijeron «que cuando se iba a lanzar al Senado digamos que es que W. me está dando una plata para esto y para lo otro»(392).

El inhibitorio tuvo como fundamento que probatoriamente no se pudo dilucidar si la entrega de dinero hecha en diversas ocasiones a Y. S. G., por emisarios de M. D., durante el tiempo que aquél ha estado privado de la libertad, para no declarar en su contra, se produjo por iniciativa del procesado o por exigencia del aquí denunciante. Sin embargo, en la decisión nunca se afirmó que M. D. no participó en los hechos objeto de análisis en esta sentencia ni que éstos no hayan tenido ocurrencia, aspecto que más adelante se analizará.

En esas cuatro oportunidades, conforme lo relatado por Y., ha sido coherente en la línea temporo-espacial ya mencionada.

Resulta inobjetable que quien presenció el hecho puede dar razón de las circunstancias advertidas, como en efecto lo fue el testigo, quien resulta creíble y, por tanto, su declaración tiene fuerza vinculante por provenir de uno de los autores materiales del atentado; circunstancia no analizada por el Ministerio Público, quien ni siquiera esgrimió argumento alguno sobre ello.

En los cuatro relatos analizados se observa una coherencia lógica al punto que en diferentes partes de su declaración se observa congruencia interna y externa, dado que, de una parte, en su manifestación está presente el rastro común acaecido desde el momento mismo de la ideación del ilícito, su recorrido criminal hasta su perpetración y, de otra, los demás medios de prueba allegados al proceso convergen para reafirmar su incriminación.

En el siguiente cuadro se observa el trazo secuencial que da coherencia interna, tomando como modelo de referencia las dos declaraciones medulares; en primer término, la del 23 de septiembre de 2011:

L. P.L. L.Edificio D.Servicentro B.Asados M.La I.
Versión 23 de septiembre de 2011:
Marco temporal: 2006:
15 días después de la reunión en M. C.
Participantes: C. R., D. C., D. C., M. M., A., D., C., L. M., M., A., Y.,
Temas: W. le cobró a M. una plata.
Versión 23 de septiembre de 2011:
Marco temporal:
Terminó reunión de L. P. y salieron en la noche a la L.
Localización: a orillas de Playa Blanca.
Participantes:
A. A.; J., Y., M. M., D. C., D. C., C. R., C., M. (tuvo que salir).
M. M. tomó la decisión de mandarla a matar a W. porque es la piedra en el zapato. Le encargaron esa misión a Y.
Se acordó $ 250.000,0000.
Ase acordó la primera entrega del dinero para ello en A. M.
Versión 23 de septiembre de 2011:
Marco temporal: después nos reunimos.
Localización. 30 con tercera, Montería.

Participantes: M., C. R., J., r. L.
Versión 23 de septiembre de 2011
Al otro día del atentado, en el parqueadero de J. M. se emberracó.
Versión 23 de septiembre de 2011
Marco temporal: día siguiente de reunión en L. L.
Localización: Calle 41, Montería.
Asunto: Se entregaron $ 75.000.000,oo.
Participantes: M., D., D., C. R. Ese día Llaman a J. S. para comprar armas.
Versión 23 de septiembre de 2011;
Marco temporal: para los «diitas» en que se hizo el atentado a W. Sábado 25 de noviembre de 2006, antes del atentado.
Participantes: C., D., D. C., L. M., L. LL., J. S., J., capi n., Llegó M.

En segunda medida, respecto a la declaración del 15 de mayo de 2012(393):

L. P.L. L.Edificio D.Servicentro B.Asados M.La I.
Versión del 15 -05-2012:
Marco temporal: 2006: «ahí mismito».
Localización: Salida de San Antero.
Participantes:
W. P., M. M., D. C., c., A. J., C. R. —alcalde de Chima o Chinú—, D., L. M., M., Y.
Temas: seguridad y altercado entre W. y M. (cobro de «3.000 millones»).
Entrega de $ 70.000.000,oo de M. para patrocinar el grupo.
Versión del 15 -05-2012: «ese mismo día» «Ya no en la reunión sino en la noche».
Localización: «...queda en la Playa».
Participantes: M., A., C. R., J., D. C., D. C., Y.
Temas: M. propuso matar a W. (piedra en el zapato).
Se acordó $ 250.000.000,oo.
Versión del 15 -05-2012:
Marco temporal: al otro día.
Localización: calle 30 con cra 3, Montería.
Participantes: C. R., doctor L., J., Y.
Versión del 15 -05-2012:
Marco temporal. «ese mismo día».
Localización: 29 con 15, Montería. Oficina de J.
Participantes: A. A., J., Y.
Temas: entregan la plata a A.; A. pide que hay que cumplirle al alcalde.
Luego de la compra de armas se fueron a Servicentro Belo para cuadrar la gente. De allí salieron para L. L. Estuvieron: M., D., J. Le encargaron el trabajo a Y. Entregaron a C. para seguimientos a W.
Servicentro B.: luego del atentado se reunieron M., J., C. R., Se empezó a cuadrar para asesinarlo nosotros mismos (W. quedó herido).
Versión del 15 -05-2012:
Marco temporal: a los días.
Localización: En la 41, Montería.
Participantes: M. M., D. C., C. R., D. C., J., Y.
Temas: Nos dieron la otra plata. Ciento y algo de millones (los entregó M. con C. R.).
Empezaron a cuadrar la cuestión de comprar el armamento para el atentado.
Versión del 15 -05-2012:
Su mención hace referencia al santo y seña para pasar controles de Policía Nacional.

De acuerdo con lo anterior, se puede identificar que las manifestaciones del 28 de noviembre de 2011(394) y 15 de abril de 2016(395) encajan con lo precedente; así mismo, con su versión del 4 de mayo de 2017 en audiencia pública(396).

Los reparos del Ministerio Público y de la defensa respecto a las aparentes vacilaciones del testigo, no consultan estas dos versiones de los hechos, ratificadas en las siguientes intervenciones procesales. Por ello, para la Sala el testigo no ha menguado sus incriminaciones sino que las ratifica permanentemente resultando creíble. La crítica respecto de cuándo conoció a M. M. no tiene razón de ser por cuanto el testigo respondió en concreto la forma en que interactuó con él, esto es, cuando se empezó a fraguar el atentado en contra W. P. P., dado que fue el encargado de organizar el mismo(397).

De igual modo, existe corroboración frente a la narración que hizo sobre la manera en que ocurrieron los hechos. Ello se observa al analizar el informe suscrito por la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Lorica Nº 0376 de fecha 29 de noviembre de 2006(398), dirigido al Coordinador de Fiscalía Seccional de esa municipalidad, que da cuenta de la ocurrencia del atentado el 26 de noviembre anterior a eso de la 1:50 a.m en la residencia de W. P. P., ubicada en la localidad de San Antero, describiendo las labores previas de verificación, en las que se observan circunstancias fácticas del suceso con rasgos comunes a los narrados por Y.(399).

Además, el álbum fotográfico aportado en fotocopia da cuenta de la manera en que fueron arrojadas las granadas y los destrozos ocasionados en la vivienda de W. P. P.(400).

También coinciden con el relato de Y. S. G. los datos consignados por los investigadores del C.T.I. vertidos dentro del informe Nº 1049 del 1º de diciembre de 2006(401), mediante los cuales dieron a conocer las primeras pesquisas adelantadas inmediatamente después de ocurridos los hechos, el cual sirvió como criterio de investigación de acuerdo con el artículo 314 de la Ley 600 de 2000.

Allí se señaló que los posibles partícipes eran E. L. G., «alias T.», «alias El p.», R. M. D. P., «alias El R.», quien aceptó que fue contactado por personas «desconocidas» para ayudar a asesinar a «W. P. P.», los cuales le hicieron saber que la policía estaba «cuadrada»(402).

En el informe se consignó que D. B. F., «alias C.», les entregó munición 9 milímetros para perpetrar el plan criminal(403).

Estos informes son herramientas construidas en los momentos concomitantes a los hechos y en posteriores labores previas de verificación en cumplimiento de actividades de Policía Judicial, y dan cuenta del acontecer fáctico corroborado dentro de la investigación seguida por la Fiscalía General de la Nación —Fiscalía Seccional de Lorica— con motivo del suceso, tomados como referentes de comprobación por parte de la Sala de Instrucción, la cual valoró los anexos aportados que permiten robustecer el testimonio de Y. S. G.(404).

Una de estas probanzas es la indagatoria de E. V. L., quien fue vinculado a los hechos con motivo del atentado en contra de W. P. P., no obstante ser informante del extinguido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; en tal diligencia del 13 de diciembre de 2006(405), y en su posterior ampliación —8 de marzo de 2007(406), manifestó que en la calidad mencionada informó a C. M. S. B. sobre el atentado del que sería objeto W. P. P. -8 días antes del atentado-, y ambos se lo hicieron saber a este último(407).

Existe un detalle vertido en esa injurada que se destaca: desmintió la versión del 2 de diciembre de 2006 rendida ante el CTI en el lugar de los hechos —casa de habitación de W. P. P.—, manifestando que ello era falso y que lo dijo porque le pidieron que colaborara con la formulación de la denuncia que presentaría W. P., y que como «no llevaba gafas firmó sin leer»(408).

No mencionó a R. M. D. P., alias «El R.», pero sí a un «L. V.», que es agente de la Policía vecino de su casa, quien colaboró en los hechos(409).

Nótese que cuando E. fue vinculado a la investigación con motivo del atentado de W. P., mediante indagatoria, asumió una posición defensiva apenas lógica dada su situación jurídica para ese momento, a pesar de su condición de informante del DAS, y en esa condición supo los pormenores del atentado con anterioridad al 26 de noviembre de 2006, pues en la organización criminal era un «agente infiltrado»(410).

Sin embargo, E. V. L. en su testimonio del 5 de marzo de 2009(411), dentro de la audiencia pública de juzgamiento en el proceso penal seguido en contra de Y. S. G., por los hechos mencionados, ratificó la versión que dio ante Policía Judicial y, en tal sentido, relató cómo conoció a Y., su vinculación al grupo que ejecutó el atentado y que dio a conocer los hechos a las autoridades por ser informante del desaparecido organismo de seguridad, DAS.

E. manifestó que, previo al atentado, en el negocio de su propiedad —whiskería— ubicado en el barrio La Pradera en Montería, llegaron a departir «alias JC», «V.», «alias C.» —conductor de M. M.—, y «alias el Z.» -jefe de autodefensas-, quienes le comentaron que iban a ejecutar un atentado en «contra de un funcionario»(412).

Adujo que al otro día fue a una finca llamada «Las N.», ubicada en zona rural entre San Antero y Lorica, en la que vivía la mamá de R. —R. M. D. P.— «alias El R.», y allí estaban escondidos «alias El C.» —Y.—, «alias el Z.», «alias J.C.» y el conductor del vehículo, quienes «tenían seis granadas, una pistola y munición».

Decidió, en consecuencia, informar el plan criminal a la víctima W. P. P., junto con el investigador de ese organismo de seguridad C. J. S. B.; pero P. P. no creyó el relato pues, en su sentir, no tenía problemas con ninguna persona. «Quince días» después hicieron el atentado —le lanzaron unas granadas a la casa donde vivía—. Con ello se corrobora que lo que escuchó en su establecimiento comercial se materializó el 26 de noviembre de 2006. Recordemos que el mismo Y. da cuenta de la presencia de E. en sus andanzas de seguimiento a la víctima(413).

E. V. L., aseguró que el día domingo —siguiente al atentado— en la mañana, un grupo de personas pasaron por su establecimiento comercial —entre estos, alias El C. y alias El p.— y manifestaron que habían ejecutado el acto criminal en compañía de «alias el Z.», «el jefe de la Banda E.», «JC» que era de apellido V., «alias El P.» y «alias el M.».

De esa manera, conoció cómo se planeó el atentado. Que primero hicieron un seguimiento a través de «alias El R.» quien tenía entrada directa a la casa de W. P. P., por lo que obtenía información privilegiada y la suministraba a «alias El Z.».

También narró que iban a ejecutar el atentado con antelación en la carretera, pero al observar que en el lugar había un retén, desistieron. Recordó que «alias El Z.» adujo que había un sargento de la Policía proporcionándoles la información requerida.

Refirió que el día del atentado «la camioneta de la Policía no tenía gasolina» para poder reaccionar contra los autores del mismo, y recuerda que en la planeación del mismo estaba involucrado «un alcalde», quien había pagado $ 100.000.000,oo.

Sobre este último aspecto adujo que «alias El Z.» nunca dijo quiénes eran los determinadores del atentado. Pero un día en estado de embriaguez «se le salió» que quien ordenó la acción había sido «un alcalde de San Antero» y en ese momento el que estaba en ese cargo era M. M. D. Adujo que W. sabía «quien puso precio y se lo dijo al DAS», pero no quiso poner la denuncia.

Informó que «los motivos» para la comisión del acto criminal radicaron en que W. P. le había financiado la campaña a M. M. D. en su aspiración a la alcaldía de San Antero y en razón a que el municipio tiene recursos por concepto de regalías; además que, una vez electo M., este «se le creció a su patrocinador» al punto que no le quiso devolver el dinero invertido en la campaña; por ello, quiso sacar del paso a W., quien aspiraba a la contraprestación respectiva a través de cuotas o recursos, por lo que se declararon la guerra y «en razón a que allí se maneja el narcotráfico»(414).

Nótese cómo E. V. L. en el año 2009, esto es, dos años antes de la denuncia de Y. del 23 de septiembre de 2011, coincide con un hecho que para el ideario de S. G. fue importante: las desavenencias entre W. P. P. y M. E. M. D., distanciamiento del que dio cuenta E. C. T., «alias D. V.» en su declaración del 4 de agosto de 2016(415), lo que fue génesis del altercado en el Restaurante L. P., cuando el primero le cobró un dinero al acusado.

E. dio cuenta de la existencia de I. R. «alias J.», «asesinado»; recordó que éste tuvo un parqueadero en la circunvalar en Montería —aspecto que también describió Y. S. G. en su declaración del 23 de septiembre de 2011(416) y que allí se reunían; y tuvo relación con «alias C.» y «alias El P.», personajes evocados por S. G.(417).

E. relató cómo fue vinculado a la investigación penal, a pesar de su condición de informante, y ello se dio porque W. P. G., luego del atentado del 26 de noviembre de 2006, lo llamó a su casa donde estaba un funcionario del C.T.I. y el mismo W. le dijo que le colaborara para formular la denuncia.

El error, según lo afirmó, consistió en que fue a la residencia de W. y no a las instalaciones del desaparecido DAS, por lo que la declaración que suscribió ya estaba impresa y la signó sin mirar el contenido por no llevar gafas, en la cual lo pusieron como autor y, por eso, quedó vinculado a la investigación.

Por su parte, el entonces coordinador del grupo operativo del DAS en Montería, C. J. S. B. ratificó las manifestaciones de E. V. L., señalándolo como informante de esa institución.

En un informe de fecha 11 de diciembre de 2006(418), dirigido al director seccional del DAS en Córdoba, S. B. consignó que el 20 de noviembre de 2006 tuvo conocimiento, a través de una «fuente humana» inscrita en la seccional —E. E. V.— de la planeación de un atentado en contra de la vida del ex alcalde de San Antero W. P. P., a través de su propia percepción, al escuchar a los que planearon el mismo como «JC», «alias El P.», «alias El Z.» —jefe de la banda— y A. I., «alias Y. B.», conductor de un taxi de placas QEC 666, el cual fue identificado en la etapa de instrucción, el mismo que Y. S. G. menciona en sus incriminaciones(419).

Esta información la transmitió a P. P., quien luego de entrevistarse con el informante E. V. L., no le dio credibilidad a pesar de que se constató que el taxi con las placas señaladas fue ubicado a las afueras del pueblo por parte de la Policía con personas —4— abordo que estaban armadas, quienes portaban salvoconductos.

También consignó que el 26 de noviembre de 2006, a las 2:15 horas, recibió una llamada de W. P. P. en la que le pidió ayuda y adujo que el atentado estaba ocurriendo y le habían lanzado varias granadas. Por eso acudió al lugar y le prestó auxilio(420).

Dio cuenta que en los archivos del extinto DAS aparecía que «alias El Z.» respondía al nombre de E. M. E. A., «jefe de una banda de sicarios», que tiene como característica estar integrada por desmovilizados de las autodefensas(421), y se «jactan de pertenecer a las nuevas bandas criminales de delincuencia», aspecto que coincide con el testimonio de Y. S. G.(422).

Por su parte, en la indagatoria de R. M. D. P., «alias El R.»(423)condenado por el atentado a W. P. P.—, prueba trasladada a esta actuación(424), hizo un relato pormenorizado de los hechos en los que participó, recordando en la acción la utilización de un taxi amarillo de placas «666».

Manifestó que, previo al suceso, se reunió con unos individuos para acordar los términos en que iban a «tumbar» a W. P., hecho planeado en la finca de sus padres(425). Una de estas personas manifestó que había llamado a «alias El S. —C.—», por ello salieron en moto y luego regresaron. Si bien W. se dirigía a Lorica, ese día no pudieron hacer el atentado y que ese no fue el único intento, pues vinieron más antes del 26 de noviembre de 2006(426).

Recordó que el 17 de noviembre de 2006 salieron a recoger «unas cápsulas»(427), se dirigieron por la carretera y en ese instante pasó «alias C. o el S.», refiriéndose a D. B. F. —conductor de M. M. D.—, a quien siguieron y les dejó en un árbol frondoso un paquete que contenía munición(428).

Sobre las cinco de la tarde de ese día regresó «alias el S.» y le comunicó que W. P. iba hacia Coveñas; por ello, lo esperaron a la entrada de San Antero para «tirarle», pero no pudieron perpetrar el atentado y regresaron a la finca contrariados por no haber materializado el crimen(429).

Esperaron un nuevo aviso de «alias El S. o C.», pero este no se dio. Por ello, abandonaron la finca y se fueron a la casa de «alias T.» en San Antero(430).

Dijo que nunca vio granadas sino solo «pistolas, proveedores y munición que entregó «alias C.», y no saber por orden de quién actuaban, pues el único que lo sabía era «alias El p.»; también escuchó que «otros cuatro del grupo pertenecían al Bloque Central Bolívar»(431).

El 30 de noviembre de 2006 se entrevistó con W. y sus escoltas, quienes lo amenazaron de muerte si no colaboraba. Llamaron por teléfono a «alias C.» y allí se enteró que este era N. B. F., y luego lo condujeron al Comando de la Policía de Lorica y a la Fiscalía(432).

Así mismo, adujo que no escuchó el nombre de M. M. ni le consta por cuenta de quien trabajaba y cuál era el motivo del atentado, por lo que rechazó los cargos. Pero sí reconoció que fue «alias C.», quien vigiló los pasos de P. P. y el encargado de entregar los tiros «dum dum», lo cual adujo bajo la fórmula de juramento(433).

El relato anterior coincide con las circunstancias de modo y espaciales remembradas por Y. S. G.(434)condenado por el atentado a W. P. P.(435)—, en especial en lo referido al seguimiento y posible ejecución del hecho criminal antes del 26 de noviembre de 2006; siendo relevante la aparición de D. B. F., «alias C. o El S.», en la escena del recorrido criminal previo a la fecha de la materialización de la tentativa.

En la instrucción, en esta corporación, directamente se tomó el testimonio de R. M. D. P., «alias el R.», quien reconoció, nuevamente, que en la casa de sus padres —finca— se reunieron con motivo de los preparativos del atentado en contra de W. P. P.(436).

Estuvieron Y. S., a quien identifica como perteneciente a las AUC —calidad de la que reniega la defensa—, E. E. A., «alias El Z.», que pertenecía a las bandas de Córdoba, I. R. —«alias J.», cabeza del grupo, y «alias El P.», así como el declarante. Con ello confirma las manifestaciones de E. V. L. y S. G. Adujo que en los hechos le asignaron el rol de hacer inteligencia a W. P. P. dada la confianza que tenía, que le daba acceso a la casa de la víctima(437).

Nótese cómo del relato de R. M. D. P. se identifican personajes comunes en los acontecimientos narrados por Y. Además, expone de la viva realidad la composición de las bandas emergentes: delincuencia común, ex desmovilizados como I. R., «alias J.», con radio de acción en San Antero, descripción dentro de la cual ubica a Y. «como de las AUC». (438)

Esta tarea delictiva encomendada coincide con lo dicho por E. V. L., quien adujo que «alias R.» —R. M. D. P.— hizo labores de seguimiento e informaba los movimientos de W. P. P.(439).

Recuérdese que «alias El R.» había trabajado con W., tenía acceso a la residencia, convivía con una sobrina de la pareja de W. y dijo que había laborado cerca de dos años con él en el Bloque Montes de María, liderado por «R. P.», «alias C.», incorporado a las filas por el propio W. P. P.(440). Este aspecto incidental, frente al núcleo de análisis del cargo de tentativa de homicidio, aporta una riqueza periférica al hecho cierto de que P. P. era militante activo de las AUC, analizado en el acápite precedente.

En esa condición ratificó que realizaron varios intentos para asesinar a este último. El plan era «volarlo», razón por la cual llevaban granadas y pistolas, elementos que están presentes en las versiones de Y. S. G.(441).

En la declaración jurada ante la Sala de Instrucción, R. M. D. P., «alias El R.»(442), adujo un hecho desconocido y contradictorio frente a sus manifestaciones en la injurada analizada en precedencia: no obstante haber manifestado que no tenía idea quiénes eran los determinadores del crimen, dijo que cuando estaba privado de la libertad M. P. «alias M.», le confesó que él había dado la orden de matar a W., quien quería quitarle la ruta de narcotráfico, por lo que pagó 80 millones de pesos ($ 80.000,oo) para que perpetraran el hecho, manifestación que vincula a W. con actividades de las que dio cuenta Y. Pero, al mismo tiempo, lanzó una afirmación imposible de probar, pues «alias M.» está muerto(443).

Además, dice que el mismo W. P. le ofreció sesenta millones de pesos ($ 60.000.000,oo) para involucrar en los hechos a M. M., con el objetivo de que «lo echara por delante», inculpándolo del atentado, propuesta a la que no accedió, pues no supo nada de los «autores materiales» y, desde allí, se empezó a mencionar a M. Queda develada así una coartada que es explotada por la defensa.

No obstante su intento de favorecer al procesado, para la Sala de Juzgamiento sus manifestaciones en este aspecto no son creíbles por cuanto:

(i) Luego de 10 años de ocurrir los hechos del 26 de noviembre de 2006 —atentado de W. P. P.—, informó sobre «la autoría intelectual», que atribuye a una persona que ya falleció: M. P., «alias M.», quien, según el denunciante, estuvo en el sitio donde se planeó la muerte de W., pero se retiró del lugar(444), ocasión aprovechada para programar la acción delictual dado que había cercanía entre W. y «alias M.» —L. L.—. Nunca D. P. notició este hecho en el proceso penal seguido en su contra y en el que resultó condenado junto al denunciante Y. S. G. y E. M. E. A.

(ii) El supuesto comentario que le hizo «alias M.» fue escueto pues no aportó dato alguno para corroborar esa manifestación.

(iii) No existe elemento probatorio que respalde su atestación sobre «la autoría intelectual» contrario a lo que si sucede con Y. S. G., a quien la prueba corrobora sobre sus incriminaciones en los términos analizados.

R. M. D. P. «alias El R.» es testigo directo del atentado contra W. P. P., condición que también tiene Y. S. G. Sin embargo, la manifestación del primero en cuanto que el «autor intelectual» del atentado es M. P. es desmentido por el segundo, a quien le consta que fue M. M., versión respaldada por E. E. V. L., quien escuchó en su establecimiento comercial tal aseveración.

S. G. y V. L., a diferencia de R. M. D. P. «alias El R.», dan cuenta de la forma en que participó el aforado como determinador del atentado en contra de la vida de W. P. P., así como los diversos actos de preparación que hicieron del mismo.

Nótese que V. L. desde antes del atentado del 26 de noviembre de 2006, informó a las autoridades sobre ello; y luego de este ratificó esa información, razón por la que colaboró con los autores materiales del ilícito, en condición de informante de un organismo de seguridad.

Así mismo, en el proceso seguido a Y. S. G., E. E. A. y al testigo R. M. D. P., señaló no solo a los autores materiales, con los que tuvo contacto, sino a M. M. como determinador del mismo.

Por su parte, Y., autor material del atentado, decidió en el año 2011 denunciar al acusado(445), razón por la que con detalle relató los pormenores de la conducta ilícita; circunstancias que fueron corroboradas en la actuación, a diferencia de las incriminaciones tardías de «alias El R.».

En uno y otro proceso, el de no aforados y el actual, las declaraciones de los referidos han sido comprobadas por lo que se descarta el señalamiento de R. M. D. P. —«alias El R.»—, quien le atribuye la responsabilidad a una persona fallecida.

Así mismo, el testigo sabe que su manifestación relacionada con el ofrecimiento que W. P. P. le hizo para involucrar al procesado es una situación fáctica de difícil comprobación, pues P. P. fue asesinado, al igual que «alias M.». Por ello, no aportó más datos.

Y de haber tenido ocurrencia, tal como pasó con el denunciante, pudo haber sido como criterio para lograr convencerlo de decir la verdad en cuanto el procesado fue uno de los determinadores del hecho, interés lógico de la víctima del mismo.

Por su parte, C. J. S. B. el 13 de diciembre de 2006(446), ratificó ante la Fiscalía Seccional de Lorica lo consignado en su informe —del 11 de diciembre de 2006(447)— y, de paso, las manifestaciones de E. V. L.

Es decir, que este último le comunicó que en un establecimiento de su propiedad escuchó a varios individuos planear un atentado en contra de la vida de W. P. P. y mostraron preocupación por no haber finiquitado la vuelta —cinco días antes del atentado—.

A quienes les escuchó fue a «alias El z.», «alias el P.», «alias JC» y «alias J. B.». Como las cosas no se daban «alias El Z.» decidió traer a «dos manes bravos» para finiquitarla, pues los otros no habían podido(448).

También adujo que los autores materiales tenían «granadas y unas motos en San Antero», en la finca de «alias El R.», sitio en el que esperaban a que W. diera «papaya». Así mismo, aduce que, junto a E. se reunieron con W. P. P. para explicarle los detalles de la operación criminal y este no le dio credibilidad a la información.

La fuente humana —E.— pidió la ubicación del taxi XXX -XXX en el que hacían seguimiento a W., a través de un mototaxista, por ello dio cuenta que el automotor se encontraba a las afueras de San Antero en un estadero en Playablanca.

Con esa información W. se comunicó por teléfono con el Comandante de la Policía para informar lo sucedido, quien le dijo que, efectivamente, los ocupantes del taxi estaban armados, pero con salvoconducto pues eran «los escoltas de un ganadero». Esta circunstancia tranquilizó a P. P. y, por eso, no dio credibilidad a la información y adujo no tener enemigos. El testigo hizo su informe y le pidió a E. estar pendiente(449).

Aseveró que «el viernes» tuvo conocimiento que por imprudencia de E., este terminó hablando con un investigador del CTI —C. A. C.—, quien, al parecer, de manera engañosa, logró que se autoincriminara, no obstante que era informante del DAS.

E. le comunicó que «alias El P.» informó que por la ejecución del atentado M. había pagado cien millones de pesos ($ 100.000.000,oo), al preguntarle a quién se refería, le manifestó que uno que había sido diputado a quien no conocía ya que la negociación la había hecho «alias El Z.», aspecto que coincide con las calidades ostentadas por el acusado, manifestadas en diligencia de indagatoria(450).

E. escuchó esa conversación en su establecimiento de comercio cuando los individuos estaban pasados de tragos. Estos eran: «alias P., M., C. —Y. S. G.—, y el Z.». Sin embargo, E. nunca le dijo que él mismo había participado en el atentado.

Aseveró que cuando W. llamó a la Policía recordó que E. le dijo que había escuchado a los mencionados decir que «a la Policía de San Antero y de Lorica le habían dado dinero», razón por la que no se preocupaban; aspecto que coincide con lo manifestado por Y. S. G.(451).

C. J. S. B. fue llamado a declarar por la Sala de instrucción el 17 de junio de 2016(452) y se ratificó en su relato inicial en relación con la información que le suministró V. L.; las referencias de las conversaciones que sostuvieron con W. P. respecto del plan que se estaba fraguando en su contra; la llamada que recibió de W. P., quien imploró su auxilio el día del atentado; su desplazamiento y actividades de policía judicial; y, la colaboración para el esclarecimiento de los hechos de parte de E. V. L., en su condición de informante(453).

Sin embargo, para mostrarse alejado de la incriminación hacia el procesado, adujo que el señalamiento contra el mismo se debió a comentarios hechos por la víctima W. P. y que este le aseguró que desde el inicio el informante E. le señaló que M. D. había ordenado el atentado, pero que él no creía que fuera capaz de hacer eso.

Luego de ello, en una actitud que contraría la prueba trasladada, adujo que dudaba de las manifestaciones de E. V. L. en cuanto a la participación del acusado en el ilícito por no haberle hecho los comentarios antes ni inmediatamente después del atentado sino luego de ser capturado y de haber tenido contacto con los autores materiales, pareciéndole sospechoso que conociera de todo esto sin haber si quiera participado en el acto criminal(454).

No obstante este aspecto dubitativo de S. B., el mismo se despeja al cotejar las intervenciones procesales de E. E. V. L., y, para ello, habrá que analizar la prueba trasladada.

Es así como el 2 de diciembre de 2006(455), seis días después del atentado, la Unidad Local del CTI, comisionada por la Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Lorica, escuchó en declaración a E. E. V. L.(456).

En esa ocasión hizo un recuento de lo percibido directamente, antes de haber sido vinculado a la actuación, en el sentido que a su negocio llegaron «alias El Z.» y «JC» y le hicieron saber que tenían la intención de matar a W. P., trabajo por el que habían pedido cien millones de pesos ($ 100.000.000,oo).

Al día siguiente, según la declaración trasladada, llegaron «alias M.», «alias P.» y «alias C.» para conocer a los compañeros de travesía criminal y se coordinó que la acción la harían con granadas. Dijo que el 14 de noviembre aparecieron «alias Z., JC, C., P. y M.» con seis granadas y dos pistolas, le pidieron llevarlas a San Antero, y, para ello, se contrató un taxi de placas XXX-XXX conducido por A. I., «alias J. B.», y se trasladó a la finca Los Ángeles cuidada por los padres de R. M. D. P., «alias El R.».

Relató que, luego de ese día decidieron «alias P. y JC» hacer el atentado con las granadas, pero no se pudo llevar a efecto. Así mismo, refirió que en horas de la tarde, del día frustrado le pidieron las armas para realizar el atentado en la casa de W., pero él les dijo que no iba a participar en ese hecho pues no se metía «con niños y, por eso, les devolvió el dinero que recibió como anticipo»(457).

Afirmó que «alias El p.» comentó que había contratado dos paisas para hacer la vuelta con él y «alias C.», y no supo más del asunto hasta el día domingo cuando le contó que en la comisión del hecho —ocurrido esa madrugada— él había lanzado dos granadas a la casa de W., «alias el C.» una y «alias el p.» otra.

En ese instante le preguntó a «alias El P.» que quién había pagado la vuelta y este le dijo que «M., el alcalde de San Antero» y «don J.» —que no es otro que I. R., jefe de Y.—, persona que contrató a «alias El Z.». Indicó que éste se llama E., y que participaron también JC, F. V.; de «alias C. y M.» no sabe los nombres —en estas diligencias «C.» es el apodo de Y. S. G.—.

Dijo que miembros de la Policía Nacional también participaron del hecho, pues a un agente de apellido T. le habían dado cinco millones de pesos ($ 5.000.000,oo) y a un Sargento de la SIJIN en Lorica.

El investigador del CTI que recibió la declaración de E. V. L. fue C. A. C. M., quien ratificó, el 14 de diciembre de 2006, que aquel señaló a M. M. como la persona que pagó el atentado y contrató con esa finalidad a «don J.»(458).

En este aparte analítico, recuérdese que C. S. B. suscribió un informe el 11 de diciembre de 2006, en el que consignó los pormenores, antes y después de los hechos del 26 de noviembre de 2006, que le comentó el informante «V. L.» y allí destacó que, según «alias el Z.» por el atentado se pagaron cien millones de pesos ($ 100.000.000,oo) y que el mismo lo había mandado a realizar un alcalde sin especificar su nombre(459).

Posteriormente, S. B. rindió declaración jurada —13 de diciembre de 2006(460)— en la que reiteró lo consignado en su informe y aseveró que cuando E. le preguntó a «alias El P.» quién había pagado por la vuelta, este le respondió que «M.», sin decir nada más; y al preguntarle ¿cuál M.? le dijo que era un diputado, que él no sabía, y que la persona que había hecho la contratación era «alias el Z.» y habían dado cien millones de pesos ($ 100.000.000,oo).

Según S. B., E. V. L. desde un comienzo señaló al aforado como la persona que, conjuntamente con otros individuos, ordenó y pagó el atentado del que fue víctima W. P. P.

Ha de tenerse en cuenta que si bien es cierto E. V. L. así lo afirmó el 2 de diciembre de 2006 ante un funcionario del CTI, testimonio que no puede tenerse como prueba, en atención a las circunstancias en las que fue practicado, también lo es que ha sido criterio de la investigación en contra de los no aforados en la Fiscalía Seccional, que culminó con la condena de Y. S. G., R. M. D. P., «alias El R.», E. E. A. —alias El z.—; al igual que lo es en la causa, pues su contenido se ratificó a través de la declaración jurada de S. B. el día 13 de diciembre de 2006(461), y en parte sustancial, directamente ante la Sala de Instrucción de esta corporación(462), ocasión en la que pretendió sembrar una duda en torno a la versión de E. V. L., despejada en los términos analizados.

Así, no es cierto que este haya adquirido el conocimiento de los hechos por estar en contacto con otros involucrados en los mismos, como lo aduce S. B. Quedando abortada otra coartada de defensa lanzada por éste.

Es decir, las incriminaciones de E. V. L. fueron comprobadas en el proceso penal que culminó con la condena de Y. S. G.; E. E. A., «alias El Z.», y R. M. D. P., «alias El R.» y en esta actuación, luego de la denuncia que S. G. formuló en contra del acusado(463).

Y esto es así pues de la prueba trasladada es evidente que fue E. V. L. quien informó a S. B. sobre los pormenores del atentado que se ideaba en contra de W. P., del cual hicieron saber a la víctima sin que esta creyera; así mismo, señaló el lugar donde ese estaban quedando los autores materiales.

También E. V. L. suministró los alias de los autores materiales del delito, entre estos, «alias C.», identificado como Y. S. G., y con la ayuda de labores de inteligencia lograron individualizarlos y, posteriormente, fueron capturados. Tal colaboración fue ratificada por S. B. en declaración directa en estas diligencias(464).

De manera de que no hay cómo infirmar que E. V. L. no haya señalado desde un comienzo al procesado como el autor del atentado.

Es extraño a su rol de declarante que en la diligencia, contrariando la verdad, sugiera situaciones para sembrar dudas sobre lo declarado por E. V. L., testigo de cargo en contra de Y. S. G. en el juicio que se le adelantó con motivo del atentado del 26 de noviembre de 2006, del que fue víctima W. P. P., en el sentido de que tal vez «ese señalamiento de este último respecto del acusado se debe a que su conocimiento fue adquirido en momentos en que estuvo detenido junto a los otros autores materiales». Así, se demuestra que E. V. L. siempre señaló, de manera constante, a M. E. M. D. como determinador del atentado.

Sin embargo, pese a ese aspecto, se tiene claro que S. B. aseguró que E. V. L. nunca le comentó que haya sido constreñido por parte de W. P. para involucrar a M. D., y el dinero que se le entregó ($ 30.000.000,oo) fue por la información suministrada y la colaboración para capturar a la banda criminal.

También S. B. adujo que W. nunca le manifestó que M. M. no hubiese participado en los hechos cuando desistió de la demanda de parte civil presentada con motivo de estos hechos sino que no lo veía capaz de actuar así y, además, de comprometerse a pagarle el dinero que le adeudaba. En este aparte, se tiene, una vez más, la corroboración periférica de un dato suministrado por Y. S. G. en el sentido de que entre W. y M. existía una ruptura de relaciones motivado por «una deuda», núcleo central de lo percibido en el establecimiento L. P., a finales de 2006, que identifica el testigo como «el altercado» por el cobro de una plata del primero al segundo(465).

También adujo que W. le comentó que el motivo por el que M. lo mandó a matar era el hecho de no haberle entregado un dinero producto de unos contratos que se había comprometido. Y todo el mundo sabía que el problema entre los dos era ese. En esa línea escuchó que M. le prometió dar unos contratos a W. pero no le cumplió. Reitérese que sobre este hecho —desavenencia— Y. S. G. y E. C. T., dan cuenta, siendo absurdo que se hayan puesto de acuerdo sobre este punto, máxime cuando el primero denunció el hecho el 23 de septiembre de 2011(466) y, el segundo, declaró en esta actuación el 4 de agosto de 2016(467).

C. A. C. M., Investigador del CTI que tomó la declaración del 2 de diciembre de 2006 a E. E. V. L., concurrió a la Fiscalía Seccional a rendir su declaración jurada el 14 de diciembre de esa anualidad(468)prueba trasladada—, ocasión en la que relató lo que percibió como investigador del caso relacionado con el atentado del 26 de noviembre de 2006 del que fue víctima W. P. P., con lo que se aportó otro elemento que corroboró la forma en que ocurrieron los hechos, es decir, la correría de E. V. L. de Montería hacia la hacienda Los Ángeles del corregimiento Las N., en la comprensión municipal de San Antero, finca en la que viven los padres de R. M. D. P., «alias El R.»(469)episodio al que el testigo de cargo Y. S. G. se refirió(470).

Adujo que fue en la casa de W. P. P. el sitio donde E. V. L. le relató lo ocurrido y que fueron «alias P., R., y J.C.» quienes planearon el atentado contra W. P. P., el cual no se pudo cumplir al día siguiente de llegada al predio mencionado —iniciativa frustrada de la que da cuenta Y. S. G.—.

Así mismo, le comentó que una semana después se enteró que los referidos hicieron el trabajo conforme manifestación que le hizo «alias El P.» en la propia residencia de W. P. P., y que fueron «alias El c. —apodo de Y. S. G.— y El p.» quienes habían lanzado granadas, respectivamente. También le dijo que M. M. había pagado esa vuelta, quien contrató a «don J.», que no es otro que I. R., jefe de Y. S. G.

C. M. fue llamado a declarar por la Sala de Instrucción el día 17 de junio de 2016(471), oportunidad procesal en la que advirtió que nunca hizo presión alguna a E. E. V. L. para lograr la versión que el referido consignó en la declaración del 2 de diciembre de 2006. También ratificó su contenido, pues así sucedieron los hechos.

A esta actuación se trasladó el informe Nº FGN-DS-CTI-SAC-30417 del 13 de diciembre de 2006 mediante el cual el CTI de Montería, luego de la respectiva apertura de investigación, identificó a «alias El z.» que respondía al nombre de E. M. E. A., «alias El C.» como Y. S. G.; y «alias El m.» como H. E. C. N., tres de las personas que identificó E. V. L.(472).

También se aportó la declaración de W. J. P. P. rendida el 1º de agosto de 2007(473), quien relató el episodio en el cual resultó herido como consecuencia del atentado del 26 de noviembre de 2006, prueba que complementa con la versión que escuchó de uno de los partícipes en el mismo.

Fue así como relató que a los dos días de ocurrido el insuceso se entrevistó con R. M. D. P., «alias El R.», a quien conocía por cuanto este convivió con una sobrina de su compañera —razón por la cual, según E. le encomendaron la misión de informante de los pasos de la víctima—, el cual le dijo que en la casa de sus padres, en la vereda Las N., por varios días —una semana— permanecieron escondidos los autores del atentado, quienes salían a «velarlo» por la carretera llevando consigo «granadas y pistolas», pero no hubo ocasión para materializar el atentado, razón por la que se decidió ultimarlo en la casa habitación, lanzando las primeras con la intención de matarlo a él y a su familia(474).

R. M. D. P., «alias El R.» le dijo que «la munición calibre 9 mm, explosiva o dum dum» la entregó D. B. F., «alias C.», en ese entonces conductor del alcalde de San Antero, M. M., y que participaron miembros de la Policía Nacional, Estación de San Antero, uno de apellido «V.» —rasgo de la declaración que coincide con el relato de Y. S. G.—. Esto lo dijo delante de «L. D. y E. D. m.».

«Dos o tres días» después se entrevistó con E. V. L. en su propia casa, lugar de los hechos, por iniciativa de este último en presencia de C. O., L. D. y E. D., quien relató lo que conoció, adverando episodios similares a los relatados por «alias El R.» —R. M. D. P.(475).

Fue así que se enteró que le hicieron seguimiento en la carretera con la finalidad de atacarlo con granadas, labor que realizaron los integrantes de una banda dirigida por «alias el Z.», integrada por «alias R., El p., El M., C. y JC»(476).

E. le contó que «alias El Z.» le comentó que quien había pagado el dinero para perpetrar el homicidio en su contra fue M. M., quien ostentaba la calidad de alcalde de San Antero. Y como uno de los planes era tirar granadas a su casa habitación, E. decidió no participar en el atentado por cuanto dentro de la casa estaban «niños y mujeres y la vida de estos peligraba pues podían matarlos».

No sabe el móvil del atentado pues, en su sentir, no tenía enemigos en San Antero. Respecto de D. B. F. —alias C.— solo sabe lo que «alias El R.» le comentó en el sentido que fue éste quien suministró la munición —balas 9 mm explosivas—, la cual fue depositada en debajo de una bonga en la vereda Las N., jurisdicción de San Antero, y de allí fueron recogidas por los autores materiales del atentado. A B. F. lo identifica como el conductor de M. M., y a veces del padre de este, a quien conoce desde niño.

Según la prueba documental, Y. E. S. G., «alias C.»; E. M. E. A., «alias El Z.» y R. M. D. P., «alias El R.», fueron condenados por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas(477).

Con informe Nº 9-70839 del 18 de mayo de 2016(478) se da cuenta de la ubicación del taxi empleado en los desplazamientos y seguimientos efectuados por parte del conjunto de personas a quienes se les encargó el atentado en contra de W. P. P., el cual era conducido por Y. B. La Secretaría de Tránsito de Bogotá ubicó el automotor e informó que corresponde a la placa XXX XXX —Hyunday Atos, 2006—, modelo 2006, de servicio público, automotor de propiedad de M. S. G.(479), quien residía en el barrio La Pradera en Montería, mismo donde E. E. V. tenía su establecimiento comercial —whiskería—.

Y. S. G. y E. V. L. han manifestado la existencia de un vehículo automotor de servicio público al cual identifican como el carro utilizado por los autores materiales y también de otro vehículo alterno que se usó en la madrugada del 26 de noviembre de 2006, transbordado antes de llegar al CAI de Lorica.

Del mismo modo existe un punto de encuentro entre varias declaraciones juradas respecto a la colaboración de los miembros de la Policía Nacional en el atentado del 26 de noviembre de 2006:

Y. S. G., E. E. V. L., R. M. D. P. «alias El R.» y W. P. P., desde diferente orilla, manifestaron que en el atentado del 26 de noviembre de 2006 en contra de este último hubo colaboración de miembros de la Policía Nacional, aspecto que cobra relevancia frente al hallazgo encontrado por personal del CTI cuyas conclusiones se plasmaron en el informe Nº 9-70839 del 18 de mayo de 2016(480).

V. L. y «alias El R.» advirtieron que la policía no reaccionó oportunamente para impedir la comisión del ilícito y la huida de los autores materiales; S. G. y D. P. adujeron que los policías no los aprehendieron cuando pasaron por el puesto de Policía instalado en el CAI a la entrada de Lorica.

Las pesquisas de lo plasmado se encuentran en el siguiente cuadro, con motivo de lo signado en el libro de minutas de la Policía Nacional:

• Estación de Policía de San Antero(481):

FechaHoraNovedad
26 noviembre de 200602:10 a.m.Reporte a la patrulla móvil cinco, de detonación ocurrida por los lados del Banco Agrario y la Registraduría.
26 de noviembre de 200602:15 a.m.La patrulla móvil que llegó a la Estación de Policía sale en el vehículo Chevrolet Luv conducido por el PT Herrera. Se informó que persiguieron un vehículo taxi sospechoso, que iban en dirección del Banco Agrario hacia Lorica, quienes al aparecer realizaron el atentado lanzando granadas de fragmentación contra la residencia de W. P., ex Alcalde de San Antero.
5:00 a.m. Regresó la patrulla móvil cinco que perseguía el vehículo sospechoso porque se quedaron varados frente al corregimiento Las n.

El anterior cuadro denota la verificación del testimonio de E. V. L. en el sentido de haber escuchado a quienes planearon el atentado en contra de W. P. P., que los policías que participarían en el mismo dejarían sin combustible el vehículo.

Además, existe coincidencia en el sentido de que el vehículo de la policía que quedó varado precisamente en el corregimiento Las N., sitio donde está ubicada la finca en la que vivían los padres de R. M. D. P. «alias El r.», la cual fue el lugar escogido para hacer las labores de seguimiento y planeación del ilícito respectivo.

Resulta importante señalar que no es posible explicar cómo ante la magnitud del atentado, la detonación de las granadas y la equidistancia de la residencia de W. P. P. con la sede del Comando de la Policía Nacional, no hubo una reacción más eficaz, razón por la cual con tal hallazgo se robustece la versión del denunciante y el testimonio de E. V. L., en el sentido de que en el atentado hubo colaboración de personal de la Policía Nacional, con lo que se materializó otro de los aportes en el reato por parte del acusado.

• Estación de Policía de Lorica

El hallazgo en los libros de control de la Policía de San Antero coincide con las anotaciones de la minuta «libro de guardia» de la Estación de Lorica(482). En el cuadro siguiente se advierten los mismos:

FechaHoraNovedad
26 de noviembre de 20062:12 a.m.Se instaló frente al CAI un puesto de control. En este estuvieron: SI Primo, Ag. U. O., Ag. A. M. con la finalidad de interceptar un vehículo en el cual se movilizaban los sujetos que cometieron el atentado en la casa de W. P. P. en San Antero. Color «blan» con sus ocupantes, posiblemente armados.
26 de noviembre de 200602:30 a.m.Suspensión del puesto de control y sale la motocicleta de SI Primo Ag. U. O., para recorrer la vía que conduce al municipio de San Antero por cuanto informaron que los policiales que perseguían el vehículo se vararon.

No se explica, del anterior itinerario, que se haya dejado sin control la salida hacia Lorica si por esa vía se sabía que era paso obligado de los autores materiales del atentado perpetrado en San Antero, cuyo casco urbano no es extenso.

Al mismo tiempo, respalda la tesis de E. V. L. en el sentido de manifestar que el vehículo de la Policía de San Antero fue dejado sin gasolina para justificar la huida de los delincuentes, estrategia convenida con ciertos integrantes de la misma institución. Recuérdese que S. G. también adujo que aprovecharían el cambio de turno y, por eso, se escogió la hora de los hechos para tal fin. De otra parte, E. V. L. aseveró que escuchó mencionar que un agente T. había participado en el ilícito.

Nótese también que el cruce de información enseña que son dos los vehículos utilizados en el atentado del 26 de noviembre de 2006 contra W. P. P., evidencia que constata un hecho cierto respecto a la huida del lugar de los hechos por parte de los autores que corrobora la manifestación del testigo de cargo Y. S. G.: (i) los libros de registro de la Policía en San Antero dan cuenta de un taxi sospechoso; la minuta del puesto de control de Lorica anota un vehículo «color blan» (sic), tal como lo señaló Y. S. G.; (ii) la fácil maniobra de los automotores sin ser detenidos los ocupantes es una situación que se explica por la manifestación del santo y seña aconsejado por M. D. a través de «alias C.», su conductor; colaboración que se explica a cambio de un dinero entregado, entre otros, por parte del acusado.

La inmovilización del vehículo —varado— fue el pretexto para levantar el puesto de control de la Policía de Lorica, el cual se instaló a sabiendas que por esas rutas pasarían los autores materiales del ilícito, que tuvo como consecuencia la fuga de los integrantes de la banda criminal.

Estos hechos comprometen la responsabilidad del procesado, M. E. M. D., quien, en su calidad de alcalde municipal influenció, tal como lo afirmó Y. S. G., a los miembros de la Policía Nacional para que le colaboraran en su propósito delictivo. De ahí que Y. S. G. es portador de una verdad contrastable que quiso validar con un excomandante de las AUC, conforme su declaración(483).

Sobre ello dio testimonio el ex comandante del Bloque M. de M., E. C. T.(484), «alias D. V.» quien dio cuenta de que en la Penitenciaría Las Mercedes en Montería fue abordado por Y. S. G. para que le diera su opinión sobre la denuncia que formularía en contra de M. D., al señalarlo como determinador del atentado del que fue víctima W. P. P., «el de la granada», por lo que le respondió que esa era «su verdad»; anécdota que enseña la firme convicción de S. G. de decir lo que corresponde con la realidad.

También refirió que Y. le comentó que tenía una carta escrita en papel amarillo que entregaría a la Corte, en la que había consignado varios hechos delictivos en los que había tenido responsabilidad el acusado M. M. D. Del mismo modo, le comentó haber participado en varias reuniones con su comandante en la que se enteró de las ilicitudes de M. D. Igualmente, le hizo saber que trabajó en la estructura ilegal de A. A., comportamiento lógico de quien pretende respaldar sus incriminaciones ante la justicia.

Hay que advertir que E. C. T. dijo que se enteró por la información de los medios de comunicación sobre el atentado de W. P. P. y que según esa fuente todo se debió a la disputa de bandas emergentes pues «W. no había tomado partido por alguna de ellas», conjetura no probada en el proceso.

No obstante lo anterior, esta hipótesis perdió fuerza ante la evidencia probatoria de que el hecho ocurrido en la forma en que Y. S. G. lo relató realmente así aconteció, el cual fue probado tanto en la sentencia proferida en su contra(485), como en aquella dictada contra E. M. E. «alias El Z.» y «alias El R.»(486); situación fáctica que se ratificó por el allegamiento de las pruebas analizadas en esta sentencia.

Recuérdese que fue E. V. L., un informante del extinto DAS, quien primero dio cuenta de los pormenores del atentado, planteando una hipótesis delictiva que se nutrió de su propia vivencia en su interactuar con los miembros de la banda delictiva, la cual fue robustecida por las manifestaciones juradas de R. M. D. P.(487), C. J. S. B.(488), el investigador del CTI C. A. C. M.(489) y W. P. P.(490), víctima del suceso, en aspectos que coinciden con la versión de Y. S. G. desde la inicial denuncia(491) en la que adujo situaciones fácticas corroboradas por los medios de prueba analizados.

Además, uno de los escoltas de W. P. P., A. R. T.(492), quien lo acompañaba el día de su homicidio ocurrido el 1º de julio de 2009, sin ambages adujo que dentro de la relación laboral entablada con el referido, por cerca de seis meses, este último le hizo comentarios, al igual que su esposa A. S. F. e hijos, en el sentido de que el autor del atentado de noviembre de 2006 había sido el acusado, a quien identificó como el primo de la querida de W., para indicar que se trata de M. M. D., actual Senador de la República(493).

Adujo que W., su esposa —A. S. F.— y los hijos de la pareja señalaron que el referido lo mandó a matar por problemas derivados de una suma de dinero, y que siempre se refirió a M. M. como «un hijo de puta» que lo había mandado a matar(494).

Este señalamiento directo contrasta con la posición que asumieron en la instrucción A. S. F. y A. A. A. P. S.(495), esposa e hijo de W. P. P., quienes adujeron que nunca escucharon atribuir responsabilidad de los hechos de parte de su esposo y padre al acusado; posición apoyada por L. F. D. S.(496), hombre de confianza del occiso W. P. P., en calidad de conductor y escolta por una lapso cercano a los 15 años, versiones que contrastan con lo afirmado por A. R. T. que refiere la manifestación que le hiciera no solo W. sino su núcleo familiar.

Téngase presente que, desde antes del atentado del 26 de noviembre de 2006, W. sabía que le harían el mismo, solo que le restó credibilidad, según la información que le comunicó E. V. L. y el detective del extinto DAS C. S. B., hechos que siguieron una misma línea pues, ya ejecutado, V. L. le señaló como uno de los determinadores a M. D., información que también comunicó a S. B. y C. M., investigador del DAS y CTI, respectivamente.

Contraría las reglas de la experiencia que W. P. P. no haya comunicado tan graves hechos a su entorno más cercano como lo es su esposa e hijos y tampoco a quien fuera su hombre de confianza por casi 15 años, integrante de su esquema de seguridad particular, para así disponer las acciones preventivas en procura de evitar atentados mayores que tuvieran como víctima no sólo a P. P. sino a los miembros de su núcleo familiar.

Basta analizar las declaraciones de A. S. F., y A. A. P. S. para encontrar que no quisieron colaborar con la justicia pues no hicieron referencia a los posibles autores del atentado y, mucho menos, del homicidio, posición que se entiende pues la estela de luto y hechos de los que fueron víctimas los hacen pasibles de un temor fundado evidenciado en las amenazas que recibieron el mismo día del sepelio de W., pues les anunciaron que debían abandonar el pueblo, según el relato del escolta A. R. T.(497).

Además, hay que entender que primero sufrieron un atentado en el que casi pierden la vida junto a su esposo y padre, respectivamente; tres años después este último fue ultimado, cerca de su propia residencia en San Antero.

En cuanto al testimonio de L. F. D. S. es evidente que quiere favorecer al acusado(498). No se entiende cómo detalla circunstancias sobre los hechos acaecidos en el año 2006, pero no recordó a quien le señaló W. en las primeras hipótesis delictivas que como jefe de su esquema de seguridad privada le debió trasmitir.

Sin embargo, en su libre albedrío, optó por guardar silencio no obstante que el mismo W. P. P. lo señaló en su declaración realizada ante la Fiscalía General de la Nación como uno de los testigos que escuchó de viva voz de R. M. D. P., «alias El R.» el relato de la forma en que ocurrieron los hechos y la participación en los mismos, lo que a la postre significó una condena en contra de «alias El R.»(499). Recuérdese que el mimo E. V. L. le comentó a W. P. P. sobre la autoría y participación en los hechos de parte de M. D. pues tenía información de que fue la persona que pagó por el atentado, aspecto que el testigo D. S. negó conocer para favorecer al procesado.

Los motivos que haya tenido D. S. para ocultar la verdad pueden originarse en el temor fundado de la violencia evidente contra testigos y hechos de sangre ventilados, de lo cual hay constancias procesales.

Mucho menos se encuentra explicación a que ignore lo que W. P. P. adujo que había presenciado, pero sí manifieste que este último le contó que el autor del atentado era «alias J.» por no haberle cancelado un dinero cuando la prueba recaudada da cuenta que efectivamente este participó en el atentado, pero contratado ilegalmente por el acusado en atención a su condición de ser integrante de la banda criminal las «Á. N.», la cual perpetró el hecho materialmente con intervención del mismo en actos preparatorios y de ejecución, pero como determinador, como es señalado M. D..

De igual modo, es inverosímil que «alias J.» haya concurrido a la casa habitación de W. P. P. a autoincriminarse respecto de los hechos como autor intelectual asumiendo el riesgo de enfrentarse no solo a la víctima sino a su esquema de seguridad con las consabidas consecuencias de los ajustes de cuentas entre miembros de organizaciones al margen de la Ley. También resulta insólito que, precisamente, W. P. P. involucrara a una persona fallecida —alias J.— siendo imposible la verificación de tal situación fáctica.

Ahora si esa visita se hubiera dado, en su oportunidad procesal W. P. P. lo habría informado a la Fiscalía General de la Nación en la declaración que rindió en el proceso contra no aforados, oportunidad en la cual relató los hechos de los que fue informado por parte de R. M. D. P. «alias El R.» y E. V. L., dos y seis días después de acaecidos los mismos; versiones que han sido corroboradas de acuerdo con las pruebas analizadas, de las que emerge el señalamiento en contra del acusado.

En ese sentido el 7 de octubre de 2008, según prueba trasladada, W. P. P., dentro del radicado 2300160010152008011665 —interrogatorio— adujo, directamente, ante pregunta de por qué el señor M. M. quería atentar contra su vida respondió: «porque había adquirido un compromiso político conmigo y para no cumplirlo quiso acabar con mi vida y como no ha podido materializar su cometido ahora quiere perjudicarme de cualquier manera y enredarme judicialmente para evitar mi excarcelación la cual está próxima a darse»(500).

El contexto probatorio indica que los integrantes de la organización dedicada al narcotráfico, integrada y liderada por el entonces Alcalde de San Antero M. E. M. D., junto a C. R. —alcalde Chima—, D. C. y D. C., entre otros, en noviembre de 2006 decidieron asesinar a W. P. P., integrante de la misma agrupación criminal, por haberse convertido en un obstáculo para ellos y, en especial, para el acusado quien se negó a cancelarle una deuda contraída con él por haberlo apoyado en la campaña que lo condujo a la Alcaldía de San Antero en 2003 y haber participado en la extorsión de la que era víctima D. C.

Para cumplir tal determinación contrataron a la banda criminal «Á. N.», comandada por A. A. S., «alias A.» e I. R., «alias J.», e integrada por el denunciante Y. S. G., con nexos con la organización dedicada al narcotráfico, la cual pagó una suma de dinero que ascendió a doscientos cincuenta millones de peros —$ 250.0000.000,oo.— por la realización del plan criminal.

Este último rubro sirvió como base monetaria para conseguir personal que se encargaría de ejecutar la acción, adquirir el material bélico utilizado, distribuir funciones y roles a desarrollar con división de trabajo específico, que incluyó el acusado, para luego materializar los actos ejecutivos idóneos e inequívocamente dirigidos a la obtención del resultado ilícito.

Cumpliendo el plan acordado los integrantes de la banda criminal obtuvieron el material bélico para perpetrar el homicidio de W. P. P., entre este granadas, pistolas, revólveres, munición 9 mm, y en atención a que la víctima tenía escoltas armados, se acordó con integrantes de la Policía Nacional de tal manera que no reaccionaran frente al actuar criminal y facilitaran que los autores materiales pudieran escapar de la escena del crimen. Además, obtuvieron la información relacionada con los movimientos y desplazamientos de la víctima para seleccionar la ocasión propicia con la finalidad de realizar con éxito el atentado y lograr la impunidad del delito cometido.

En atención a que no pudieron hacer el atentado en la carretera en momentos en que W. P. P. se desplazaba por zonas aledañas a San Antero, decidieron realizar el ilícito en su propia casa habitación, la que quedaba cerca de la Estación de Policía, por lo que se convino con miembros de la Policía Nacional que era indispensable dejar con poca gasolina el carro de la institución y así evitar que la reacción tuviera éxito.

Así mismo, uniformados asentados en el CAI de la Policía Nacional en la entrada de Lorica, permitieron el paso de la banda criminal una vez sus integrantes dijeron la clave acordada –venimos del Estadero La I.» con el procesado, a cambio de la entrega de cierta suma de dinero, la cual estaba destinada para suplir cualquier inconveniente.

Hay que precisar que si bien es cierto que los medios de convicción recopilados traducen como exagerado que W. P. P. haya prestado la suma de tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000oo) para adelantar la campaña a la Alcaldía de San Antero del año 2003, es incuestionable que W. apoyó a M. M., y ello lo hizo adquirir con este último compromisos económicos —manifestado en contratación y cuotas burocráticas— con la víctima, aspecto que ocasionó la decisión de ordenar asesinarlo para no cumplirlos en atención a que se había convertido en «una piedra en el zapato» para el acusado y el resto de la banda de narcotraficantes.

La conducta descrita se adecua a la tentativa de homicidio agravado previsto en los artículos 103 y 104 numerales 4º y 7º del Código Penal, por realizarse por precio y aprovechando el estado de indefensión en que se encontraba la víctima, pues a esa hora de la madrugada del 26 de noviembre de 2006 se hallaba durmiendo en su residencia; en armonía con el artículo 27 de la misma normatividad.

De acuerdo con los hechos probados en la ejecución del reato hubo acuerdo de voluntades entre quienes pactaron su comisión, dada la distribución de roles y aporte objetivo del acusado con trascendencia en el hecho criminal con la finalidad de obtener el resultado, motivo por el cual se condenará al procesado en calidad de coautor, de acuerdo con el artículo 29 del Código Penal.

Conforme a la acusación están presentes los elementos de la imputación recíproca y, en tal sentido, como existe una coautoría impropia, con previo acuerdo o concomitante y división de trabajo, los resultados típicos que producen cada uno de los partícipes también le son atribuibles a los demás (CSJ SP, 23 de mayo de 2012, Rad. 35493). Así lo ha referido esta corporación:

En estos casos de coautoría impropia, la producción del resultado típico es producto de la voluntad común, en forma tal que si bien en principio podría afirmarse que cada conducta aisladamente valorada no posibilita su directa adecuación, el común designio que ata a la totalidad de cuantos intervienen con actos orientados a su ejecución, rechaza un análisis sectorizado de cada facción e impone por la realización mancomunada que desarrolla el plan urdido, que sólo pueda explicarse bajo la tesis de la coautoría impropia, en tanto compromete a todos los copartícipes como si cada uno hubiere realizado la totalidad del hecho típico y no, desde luego, por la porción que le fue asignada o finalmente ejecutó. 

Por ello el referido argumento del casacionista deviene inadmisible, porque desconoce el principio de imputación recíproca propio de esta clase de coautoría, según el cual los resultados lesivos que cada uno de los partícipes realice les serán atribuibles a los demás. (CSJ SP 2792-2016, 7 sep. 2016, Rad. 42477).

Se probó que en la vivienda también pernoctaban A. S. P., esposa de W. P. P., sus hijos A. A. y A. A., los sobrinos J. C. R. S. y W. R. P., la empleada de servicios domésticos M. A. S. B. y los señores J. E. M. L. y D. P. D., algunos de los cuales resultaron levemente lesionados; por lo que se tiene que la conducta atribuida también tipifica el delito de tentativa de homicidio con dolo en relación con los mencionados(501).

Los atacantes sabían que dentro de la vivienda se encontraban personas diferentes a W. P. P. –siete personas- y al lanzar las granadas sabían y conocían que también morirían como consecuencia del ataque, por lo que procedieron voluntariamente a ejecutar el atentado sin que el resultado se obtuviera por motivos ajenos a su voluntad. Los destrozos de la casa son de gran magnitud y afectaron las habitaciones principales de la vivienda(502), conforme álbum fotográfico(503) así como las declaraciones juradas de A. S. F. y A. A. P. S., esposa e hijo de W.(504).

Y sabían de ello dado que el mismo W. P. P. y E. V. L. manifestaron que, previo a la fecha del 26 de noviembre de 2006, se hicieron seguimientos para determinar hábitos del primero con el fin de identificar quiénes conformaban su núcleo familiar.

Estas tentativas también se agravan en las mismas circunstancias previstas para el atentado cometido contra W. P. P. —artículos 27, 103 y 104 numerales 4º y 7º del Código Penal—, igualmente atribuibles al procesado en calidad de coautor por virtud del principio de imputación recíproca, cometido a título de dolo. (CSJ SP4348-2016, 6 jul. 2016, Rad. 48223)(505).

5.3.3.2.2. Sobre el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

En la acusación se atribuyó al procesado como coautor del atentado analizado, el hecho de portar armas y munición de uso privativo de las fuerzas armadas, entre ellas, granadas de fragmentación y «municiones 9 mm dum dum».

Conforme las pruebas allegadas, se tiene que existe plena prueba de la existencia del hecho y de la responsabilidad del procesado.

En la denuncia del 23 de septiembre de 2011, Y. S. G. señaló que para realizar el atentado del que fue víctima W. P. P. el 26 de noviembre de 2006, se convino el precio de este trabajo ilícito con el aforado M. E. M. D., C. R., D. C. y D. C.. Tras acordar ese pago compraron, al entonces presidente del Concejo Municipal de Montería J. S. dos pistolas, dos revólveres y doce granadas. Incluso, este último regaló «una pistola, un revólver y 30 tiros dum dum»(506).

Esta versión fue sostenida en posterior ampliación de declaración del 15 de mayo de 2012, ocasión en la que detalló que J. S. les vendió 3 revólveres 38 y 2 pistolas, recibieron como obsequio 12 granadas, 2 cajas de tiro 9 milímetros y una pistola Smith y Watson calibre 9 milímetros y 30 tiros de 9 mm «dum dum».

E. E. V. L. dio cuenta, como se observó en el acápite anterior, que en el atentado se utilizarían granadas que fueron lanzadas en la residencia de W. P. P., como, en efecto, se hizo por los autores materiales del mismo, versión plenamente respaldada por Y. S. G., condenado por el hecho(507).

En esa línea de hechos manifestados, R. M. D. P., «alias El R.», en diligencia de indagatoria refirió que en la finca de sus padres con los ejecutores del asalto recogieron un paquete de municiones el cual fue entregado por «alias C.»(508).

La utilización de las granadas por parte del grupo agresor se encuentra reflejada en las fotografías recopiladas en el álbum elaborado por la Policía Nacional, Seccional de Policía Judicial de Córdoba, actividad de Policía Judicial que se adelantó en la investigación contra no aforados(509). De esa manera, se graficaron los daños ocasionados por las explosiones al techo a la casa de P. P. Los orificios que se observan en el techo y las paredes fueron ocasionados por las esquirlas. También se hallaron dos «espoletas» en el techo que corresponden a granadas de fragmentación IM-M26(510).

Los testigos C. S. B. y C. A. C. dan cuenta de la utilización de granadas en el atentado(511). El primero refirió el relato de E. E. V. en cuanto quienes iban a atentar contra la vida de P. P. ya tenían en su poder granadas, pistolas y motos en la finca de «alias El R.», esperando que W. diera «papaya». El segundo, aseguró que en la entrevista E. E. V. le informó que ocho días antes se había trasladado de Montería a San Antero en el taxi de placas UQC-666, trayendo 6 granadas y dos pistolas a la Hacienda Los Ángeles en esta municipalidad, residencia de los padres de «alias El R.», las cuales serían utilizadas en el atentado(512).

La presencia del material bélico fue manifestada por la propia víctima, W. J. P. P., en declaración del primero de agosto de 2007(513), evocando lo que «alias El r.» le habría comentado en cuanto a que las municiones calibre 9 mm explosiva «dum dum» se las había suministrado D. B. F., «alias C.», conductor del entonces Alcalde de San Antero, M. M. D., hecho acreditado dentro del expediente.

Queda así demostrado el ilícito de porte ilegal de granadas de fragmentación y proyectiles dum dum, elementos considerados como armas de uso privativo de las fuerzas militares por parte de los autores materiales del atentado acaecido el 26 de noviembre del año 2006.

Por lo tanto, ese comportamiento encuentra adecuación típica en el original artículo 366 del Código Penal, el cual se atribuye al procesado M. E. M. D. como coautor, al haber participado en la misma condición en el atentado contra la vida de W. P. P., conforme al principio de imputación reciproca analizado.

El Decreto 2535 de 1993 es la norma que consagra el listado de armas consideradas de uso privativo de la fuerza pública cuya característica es la de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el régimen constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Entre estas, se encuentran las bombas de fragmentación las cuales no puede llevarse consigo en territorio nacional por la expresa prohibición legal, tal como lo hicieron los autores materiales(514).

Los proyectiles dum dum son munición de guerra de uso privativo de las fuerzas armadas conforme lo regulado en el artículo 47 del Decreto en mención cuya venta y uso está prohibido en el artículo 49 de la misma norma.

En esta normatividad se «entiende por munición, la carga de las armas de fuego necesaria para su funcionamiento y regularmente está compuesta por: «vainilla, fulminante, pólvora y proyectil»(515), elementos que portaban los agresores de W. P. P. Es del caso hacer alusión a que para el Decreto citado son armas: «todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte de una persona»; y las de fuego: «...las que emplean como agente impulsor el proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química» —arts. 5º y 6º ibid.—.

Tratándose de armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública, conforme el artículo 8º ibídem, se encuentran las siguientes:

a. Pistolas y revólveres de calibre 9.652 mm (.38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreta; 

b. Pistolas y revólveres de calibre superior 9.652 mm (.38 pulgadas); 

c. Fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 L.R; 

d. Armas automáticas sin importar calibre; 

e. Los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres.  

f. Lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre;  

g. Cargas explosivas tales como bombas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, petardos, proyectiles y minas.  

h. H. Granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción de la Fuerza Pública; 

i. Armas que lleven dispositivo de tipo militar como miras infrarrojas, laséricas o accesorios como lanzagranadas y silenciadores. 

j. Las municiones correspondientes al tipo de arma enunciada en los literales anteriores.  

Al cotejar el anterior precepto con los elementos que dan cuenta de los hechos y la acusación se concluye que estos aparecen expresamente señalados en los literales h y j, de donde surge que los artefactos utilizados en el atentado del 26 de noviembre de 2006 pueden ser calificados como arma y munición de uso privativo de la fuerza pública.

Sobre el particular, esta corporación ha dicho:

La Sala en oportunidades anteriores se ha referido a las granadas de fragmentación para calificarlas como armas de guerra de uso privativo de las fuerzas armadas, descartando de plano que las mismas puedan ser consideradas como simple explosivo(516), si bien el efecto destructivo de la granada se lo da el explosivo que carga dentro, generalmente unos pocos cientos de gramos. (CSJ SP, 6 sep. 2007, Rad. 24786)».

En relación con el ilícito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares se tiene que se condenará a M. E. M. D. como autor del delito contenido en el artículo 366 del Código Penal, de acuerdo al artículo 29 Ibídem.

5.3.3.2.3. Conclusión del capítulo

Recapitulando, se condenará al acusado por los delitos de homicidio en grado de tentativa en calidad de coautor, cometidos dentro del contexto del plan criminal para dar muerte a W. P. P., en concurso homogéneo sucesivo —tentativas de homicidio, de conformidad con los artículos 29 y 31 del Código Penal, comportamientos realizados con dolo—, en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

En el siguiente cuadro se condensan los hechos del capítulo:

HechoObservación
Homicidio en grado de tentativa —agravado—Atentado contra la vida de W. P. P. —hechos acaecidos el 26 de noviembre de 2006—.
Son 8 eventos de relevancia jurídico penal.
Coautor
Porte ilegal de armasGranadas y munición de guerra utilizados en el atentado del 26 de noviembre de 2006.
Coautor

5.3.4. Homicidio de W. J. P. P.

5.3.4.1. La tipicidad de la conducta.

El homicidio está consagrado en el artículo 103 del Código Penal, así:

ART. 103.Homicidio. El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años.

La pena anterior se agrava entre otras circunstancias por:

ART. 104.Circunstancias de agravación. La pena será de veinticinco (25) a cuarenta y nueve (49) años de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 

[...] 

2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o los partícipes. 

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. 

De acuerdo con el artículo 30 ibídem son partícipes: «...el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena para la infracción».

El delito de homicidio es de sujeto activo indeterminado, de lesión y de resultado, por lo tanto, puede ser realizado por cualquier persona y se perfecciona con la muerte de la víctima. El determinador es una acepción que «[...] ha tenido una precisión en la descripción de la acción, por la de instigación o inducción, queriendo significar aquella situación en que una persona incita, impulsa, motiva, o induce a otra a la realización de una conducta delictiva en relación con la cual carece de dominio del hecho que, por lo mismo, pertenece al autor». (CSJ SP5107-201, 5 abr. 2017, Rad. 47794).

5.3.4.2. Análisis de materialidad y responsabilidad penal.

Se acusó al senador de la República M. E. M. D. como uno de los determinadores del homicidio cometido en contra de W. J. P. P. el 1º de julio de 2009, en el municipio de San Antero, perpetrado por un individuo que le propinó un disparo en su humanidad, quien huyó del sitio(517).

La ejecución del homicidio tuvo como propósito, entre otros, ocultar la participación del aforado en el delito de tentativa de homicidio y evitar pagar la deuda económica que tenía el occiso con motivo del apoyo que le brindó la víctima para su elección a alcalde de San Antero en 2003.

La anterior conducta tipifica el delito de homicidio agravado en atención a que se habría cometido para ocultar otra conducta punible y asegurar la impunidad para sí y para otros copartícipes mediante el pago de una suma de dinero, al tenor de lo normado por los artículos 103 y 104 numerales 2 y 4 del Código Penal.

El contexto de las pruebas demuestra la materialidad del hecho, pero no la responsabilidad penal del acusado en el delito. Es importante analizar las circunstancias en que ocurrió el ilícito en contexto con las pruebas recopiladas.

La muerte violenta de W. J. P. P. se acreditó con el informe ejecutivo de fecha 2 de julio de 2009 rendido por PONAL, SIJIN, con sede en Lorica(518), acaecida el día 1º de julio en la carrera 14 Nº 13ª -50 de San Antero.

La necropsia arrojó como resultado que aquella se produjo por «shock hemorrágico» secundario a laceración parcial de la arteria pulmonar derecha por proyectil de arma de fuego de cara única. Así mismo, existe registro civil de defunción que acredita el hecho violento(519).

Estos documentos obran como prueba trasladada del proceso que cursó en la Fiscalía 26 Seccional de Lorica por el homicidio de W. P. P.(520).

También se allegaron las entrevistas que rindieron los escoltas del occiso R. P. M., F. J. M. y A. R. T., quienes dieron cuenta de los pormenores en que el autor material del homicidio ejecutó la acción, las cuales fueron tomadas por integrantes de Policía Judicial el mismo día del suceso criminal, coincidentes en que el hecho ocurrió sobre las siete y treinta de la mañana, cuando la víctima se encontraba en casa de su hermana E. P. P.(521).

La reconstrucción del hecho criminal la realizó R. A. P. M. quien indicó que, en el momento del suceso W. P. P. se encontraba con su hermana E. P. P. y en ese instante «un individuo de contextura delgada» a quien describe —piel trigueña, cabellos cortos, con camiseta color marrón claro, pantaloneta negra—, sacó un revólver para propinarle un disparo y luego salió a correr por la calle del Banco Agrario, al cual persiguió y disparó, pero al recargar el revólver se le perdió en la distancia(522).

F. J. M. C. adujo que sobre las 7:30 a.m., L. F. D. S. les ordenó que entraran a desayunar mientras este se quedaba con W. P. P. y fue en ese instante cuando escuchó los disparos y vio cuando P. M. persiguió el asesino(523).

A. R. T. aseguró que en momentos del desayuno escuchó una detonación y vio a su compañero R. A. P. M. disparar al agresor, que ambos lo persiguieron por la calle al punto que lo vieron coger por la esquina del Banco Agrario. Entre tanto, R. cargó el revólver y él continuó la persecución hasta cuando «la Policía» los retuvo(524).

De igual manera, estas circunstancias fueron relatadas en testimonio por A. R. T.(525), L. F. D. S.(526) y F. J. M. C.(527).

A. R. T.(528), en declaración del 4 de agosto de 2016(529), ratificó sus manifestaciones en el sentido que W. P. P. se encontraba en el momento del atentado con un escolta mientras los demás desayunaban en el interior de la casa(530) y que al escuchar el disparo salió y observó al agresor doblando la esquina mientras L. F. D. P. cargaba el revólver(531). Añadió que vio al sicario con sangre entrar a una casa, pero un señor de una tienda le sugirió retirarse porque ese inmueble era de «Los r.», y que allí se encontraban integrantes de esa banda criminal. Que fue la Policía quien lo detuvo junto a P. M.(532).

L. F. D. S., en testimonio del 5 de agosto de 2016(533), relató que al regresar a la casa de W. P. P. este último les ordenó entrar a desayunar; pasados unos minutos los escoltas salieron al escuchar el tiro y reaccionaron, pero el sicario logró huir. Junto a la esposa de la víctima —A.— y su hijo —A.—, lo llevaron al centro médico y de ahí lo remitieron a un hospital de Lorica donde falleció al llegar.

Es Y. S. G., integrante de la banda emergente las «Á. N.», quien dio cuenta de que el acusado persistió en la idea criminal de segarle la vida a W. P. P., luego de que el atentado original —del 26 de noviembre de 2006— fallara, situación fáctica analizada en anterior acápite. Así lo señaló en declaración del 15 de mayo de 2012:

W. P. resultó herido en el atentado —refiriéndose al suceso del 26 de noviembre de 2006— creo que una sirvienta de él quedó herida también, o sea todo quedó así, comenzaron las investigaciones hasta que E. negoció con el DAS y él fue el que nos entregó a nosotros. Nosotros seguimos en contacto con C. R., M. M., ellos se reunieron en el parqueadero Servicentro B. a principios de diciembre, se reunieron J., M., C. R. y hablaron que ellos no les gustó porque W. había quedado herido, que iba a empezar a tomar represalias contra ellos y contra todos, él se iba a imaginar que era él, M. M., porque debía 3.000 millones de pesos, lo de la campaña. Se empezó a cuadrar nuevamente para asesinarlo nosotros mismos, pero había que esperar unos días porque estaba caliente, ya W. tenía seguridad, pero M. M. necesitaba que lo matara(534). 

También adujo S. G. que el procesado le hizo propuestas a través «de sus abogados» y transmitió que pretendía matar a W. P. P. una vez este saliera de la cárcel. Y cuando ello ocurrió, efectivamente le mandó a decir con sus emisarios que había cumplido, con lo que afirmó que era el autor intelectual, ratificado con «un mensaje de texto que le envió»(535).

En concreto, manifestó que al fracasar el primer atentado se acordó con el procesado que debía culminarse el trabajo, lo que no pudo llevar a efecto dado que fue capturado el 12 de diciembre de 2006(536).

En el centro de reclusión Las Mercedes, en el mes de enero de 2007, lo visitaron los abogados J. G. y F. S., emisarios de M. M. y C. R., con la finalidad de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Inicialmente le entregaron ocho millones de pesos ($ 8.000.000,oo), los cuales utilizó «para comprar una celda, televisor, teléfono, todo lo que estaba necesitando»(537).

Que le dieron un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000,oo) mensuales, por un periodo de casi tres años, mientras estuvo recluido por cuenta del proceso en el que fue condenado por la tentativa de homicidio en contra de la humanidad de W. P. P.(538).

De igual modo, indicó que uno de estos abogados le entregó un papel con el nombre de las personas que no debía involucrar «con letra del acusado o de uno de los abogados», para que instaurara una denuncia en contra de W. P. P. con la imputación de que este le había ofrecido dinero para comprometer al acusado en el atentado(539).

La finalidad de esta denuncia, según su versión, era evitar que M. fuera investigado y para ello la coartada consistía en asegurar que «W. me estaba ofreciendo 100 millones de pesos para que vinculara en ese proceso del atentado a él (sic), a M. M., D. C., D. C. y C. R. como los autores intelectuales del hecho»(540). Eso fue en el año 2008.

También manifestó que habló varias veces con M. M., quien le dijo que no le fuera a dañar su carrera política con la promesa de proveerle lo que necesitara, situación acaecida desde cuando formuló la primera denuncia en contra de W. en el año 2008, la cual se encuentra acreditada en la actuación —del 20 de mayo de 2008(541).

En el año 2010, cuando M. M. hacía campaña para las elecciones al Senado, le propuso hacer una segunda denuncia en contra de la familia de W. P. y una Fiscal de Bogotá, con el objetivo de que lo excluyera de cualquier responsabilidad en el atentado(542).

A su vez, dijo que W. P. P. le pidió el favor de colaborarle diciendo la verdad respecto de los hechos del 26 de noviembre de 2006, una vez se enteró que «alias Z.» y R. M. P. «alias El R.» aceptaron cargos(543).

Pero M. M. D. le dijo que no le hiciera caso a W. y a cambio de su silencio le envió 18 millones de pesos ($ 18.000.000,oo) para que formulara la denuncia en contra de P. P., advirtiendo que éste le ofrecía dinero para involucrarlo en el atentado. Le dio «primero 10 y luego de la denuncia 8 millones de pesos»(544).

Reconoció que W. le ofreció 200 millones de pesos, pero «para decir la verdad y no contrariarla»(545), y al comentar ello con los abogados de M., le pidieron que siguiera de su lado para no perjudicar al acusado pues iba a continuar avanzando en la política.

Recordó que le comunicó a M. D. que no se iba a meter con W. pues era «jodido» y que mejor se quedaba quieto. Pero M. D. insistió en que se hiciera una denuncia en contra de W. y que no se preocupara, pues apenas saliera de la cárcel lo mandaban a matar, lo cual le fue expresado a través del abogado J. O.

Admitió que instauró la denuncia en contra de W. y en ella manifestó que le había ofrecido dinero y amenazado a la familia, ocasión en la que M. M. D., C. R., D. C. y D. C. se comprometieron con él a asesinar a W. P., una vez saliera de la cárcel.

Sobre este aspecto, en concreto adujo:

La primera denuncia que presente (sic), la razona (sic) que les mandé a ellos, a M., C. R., D. y D. C. era que yo no me atrevía a hacer eso, a denunciar a W., porque él estaba en Montería preso en la misma cárcel en la que yo me encontraba, y la respuesta que ellos me dieron era que no me preocupara porque apenas W. saliera ellos iban a terminar con lo que comenzaron, es decir, que lo iban a matar porque yo les dije a ellos que W. salía de ahí y mi familia era la que estaba corriendo peligro; sale W. de la cárcel más o menos en el 2010, antes de que formulara la segunda denuncia, que es cuando lo matan a él, directamente no se quien lo mató (sic) pero me mandaron un abogado a mí a la cárcel de Montería, el doctor J. O., asesor de la campaña de M., quien llegó allá y me propuso lo de la segunda denuncia»(546). 

Y efectivamente, después de salir en libertad W. P. P. fue asesinado. Luego de ese suceso le enviaron a J. O. quien le expresó «ve que le estamos cumpliendo, no se vaya a echar para atrás [...] tiene que seguir derecho»(547).

También adujo que le señalaron que debía instaurar una segunda denuncia contra la familia de W., un abogado de este y una fiscal de nombre C. A., y que para finiquitar ese favor le mandaron treinta millones de pesos ($ 30.000.000,oo) con J. O., advirtiéndole que si se iba en contra de ellos, así como «habían matado un caballo, qué difícil sería matarme a mí», según M. M.(548).

Por ello, instauró una denuncia en diciembre de 2010 contra la familia de W. P. y las dos personas mencionadas y «como querían que involucrara a una fiscal» y él no quiso ni amplió la denuncia, empezaron a amenazarlo y fue cuando decidió denunciar ante la Corte(549).

Aseguró que antes de formular la queja del año 2010 sostuvo una conversación mediante mensajes de texto con el acusado en la que éste le reconoció haber mandado a matar a W. P.(550).

Para tal hacer adujo que F. S. le consiguió una «sim card» pidiéndole que la destruyera una vez terminada la conversación, como así lo realizó. Y, a través del mismo, supo que ellos habían perpetrado el asesinato de W. con gente de las autodefensas, pero ignora qué banda criminal operaba en la zona(551).

Con informe de Policía Judicial Nº 1071 de «diciembre de 2012»(552), se aportó copia de la denuncia del 20 de mayo de 2008 formulada por Y. S. G. en contra de W. P. P., en la que aseguró que en la cárcel Nacional Las Mercedes había sostenido un encuentro con el denunciado en el cual éste le pidió colaborar para involucrar en el atentado a unas personas, entre estos a: «[...] D. C. (sic) el dueño de una estación (sic) de gasolina, D. C. que fue Concejal, el doctor M. M. (sic) fue alcalde San Antero y el doctor C. R. M. (sic) quien fue alcalde de Chinú [...] me propuso que dijera que ellos fueron los del atentado, que ellos habían mandado a ser (sic) eso [...]»(553).

Así mismo, el 21 diciembre de 2010, el abogado C. A. A. N., formuló a nombre de Y. E. S. G. —recluido en el centro carcelario mencionado—, una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y otro individuo cuyo nombre desconoce «quienes le ofrecieron dádivas como dinero en efectivo, la inclusión de él y su familia al programa de protección de testigos, cambio de cédula, de residencia si él daba una versión de unos hechos de los cuales desconocía, que vinculan a personas importantes del nivel nacional»(554).

Según lo afirma, los señalados le llevaron a Y. un documento para que este lo firmara como declaración en contra de «esas personas» entre las cuales se citó a M. M., en donde estaban todos los hechos que incriminaban a estos «personajes a la vida pública y política del país», pero S. G.(555) no lo suscribió. Para el efecto, presentó poder otorgado a este último(556).

No obstante la acreditación de estos documentos, no existe prueba contundente dentro de la actuación que corrobore el relato de Y. frente a la determinación del homicidio de W. P. P., y tampoco que demuestre que efectivamente J. O. lo visitó en el centro de reclusión Las Mercedes en calidad de emisario de M. M. D., razón por la cual las afirmaciones de Y. se quedaron en mera enunciación. De igual manera, no obra prueba en el expediente que acredite entrega de dinero por parte del acusado a S. G. para la interposición de las denuncias referidas.

Lo único demostrado es la existencia de las denuncias formuladas en 2008 y 2010, como lo admite Y. en sus testimonios, sin que ello estructure prueba de la efectiva determinación de M. M. en el homicidio, máxime cuando no se probaron los contactos del acusado con Y., a través de los cuales habría reconocido su participación en el suceso.

La sola existencia de los abogados J. O., F. S. y J. G.(557) no prueba que M. D. haya fraguado el asesinato de W. P. P., máxime cuando los referidos negaron lo manifestado por Y.(558).

Ni siquiera la entrega de dinero(559) a Y. puede convertirse en prueba de la responsabilidad penal de M. E. M. D. en atención a que los envíos documentados en la actuación fueron el producto de una extorsión, delito por el que fue condenado Y. S. G., al igual que su suegra D. T. N. H., por el Juzgado 5 Especializado de esta ciudad(560).

El episodio de la sim card que relató Y. es una afirmación de imposible demostración en cuanto el abogado F. S., a quien señaló como interviniente en ese episodio, según constancias procesales, fue asesinado.

El conjunto de antecedentes procesales y probatorios mencionados no brindan la certeza que se requiere para la condena por el cargo de homicidio agravado en contra de M. E. M. D. Si bien para la acusación había un grado de probabilidad, en este estadio procesal no existe plena prueba de la responsabilidad penal del acusado pues la presunción de inocencia no se desvirtuó con los elementos materiales probatorios recaudados en el juicio, la cual no se supera ni siquiera con la declaración de A. R. T. ante la Sala de Instrucción dado que no existe prueba directa que lo corrobore, a diferencia del cargo de la tentativa de homicidio y porte ilegal de armas donde si hubo abundantemente analizada en ese acápite.

Por lo tanto, pese al esfuerzo investigativo no se demostró la plena responsabilidad de M. D. en el sentido se haber sido quien fraguó el plan delictivo ejecutado el 1º de julio de 2009, bajo la modalidad de contratar sicarios ejecutores a cambio de una contraprestación económica.

5.3.5.3. Conclusión del capítulo.

Se observa de esa manera que no se allegó la prueba que con certeza evidencie la responsabilidad de M. E. M. D. como determinador del delito de homicidio, duda racional e insuperable que debe resolverse a su favor dado que no se desvirtuó la presunción de inocencia.

A la motivación señalada se añade que dentro de la actuación se allegó documentación y prueba de las diversas actividades ilícitas de W. P. P. que admite la posibilidad de que su homicidio fuera producto del ajuste de cuentas por sus negocios contrarios a la legalidad, tal como lo refiere A. R. T. que da cuenta de las visitas y discusiones en su residencia por parte de miembros de bandas criminales(561).

Por lo tanto, siendo consecuente con lo anterior, la Sala absolverá a M. D. del cargo formulado en la acusación como probable determinador del delito de homicidio agravado de acuerdo a los artículos 30, 103 y 104 numerales 2º y 4º del Código Penal, en aplicación del principio del in dubio pro reo.

VI. Sobre la antijuridicidad.

A lo largo de la sentencia se han evidenciado los rasgos de desvalor de bienes jurídicos afincados en el texto constitucional y en el ordenamiento penal, como son la seguridad pública -concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas- y la vida -tentativa de homicidio-; valores y principios para respetar por el conglomerado social que se preservan desde el mismo preámbulo de la Carta Política.

Así, según los artículos 2 y 11, la vida es un derecho fundamental inviolable, mientras la seguridad pública es un presupuesto de la paz y el orden de la República, conforme los artículos 22, 189 y 315 ibídem.

El procesado para el momento de la comisión de una de las modalidades del concierto para delinquir promocionó a las AUC desde cuando aspiraba a la alcaldía de San Antero comprometiendo los fines del servicio público; y en la condición de primer mandatario de esa comprensión territorial concertó el actuar ilícito de bandas emergentes con la finalidad de seguir mancillando la seguridad pública que como primera autoridad territorial se le encomendó garantizar, prevalido de tal condición para sacar del país alcaloides.

Del mismo modo, el procesado tampoco tuvo respeto por el derecho fundamental a la vida, dado que de una parte, por ajuste de cuentas —deuda— atentó contra el mismo en cabeza de uno de sus socios de andanzas criminales y no le importó que para finiquitar la tarea se lesionara y pusiera en riesgo la vida de otras personas inocentes, entre estos mujeres y niños, tal como aconteció en los hechos que configuran la tentativa de homicidio, pues no le importó que el atentado del 26 de noviembre de 2006 ocurriera en la casa habitación de W. P. P., en horas de la madrugada cuando la familia de este se encontraba pernoctando.

VII. Culpabilidad.

Conforme las pruebas analizadas, esta Sala concluyó que M. E. M. D. actuó con dolo, es decir, conociendo que con su actuar cometió comportamientos que lesionan bienes jurídicos tutelados y que constituyen oprobio a su condición de servidor público que ostenta dado que desde la época en que aspiró a la alcaldía de San Antero (Córdoba), se probó su comportamiento inequívoco tendiente a hacer alianzas con grupos armados al margen de la Ley con la finalidad de infringir el ordenamiento penal colombiano:

Concertó con las AUC su promoción, desde cuando aspiraba a la alcaldía de San Antero y, cuando se desempeñó como burgomaestre del mismo, con un grupo de personas, la integración de una organización delictiva, con vocación de permanencia, con la finalidad de sacar del país sustancia estupefaciente desde esa comprensión territorial a partir de entonces hasta, por lo menos, mayo de 2012, año en el que se desempeñaba como Senador de la República.

Desde ese contexto, como miembro de la organización, sacó del país tres cargamentos de cocaína hacia el exterior, comportamiento que le significó sendas ganancias.

En calidad de primer mandatario local, junto al alcalde de Chimá —C. R. M.— y otras personas, acordó con el grupo armado ilegal «Á. n.», comandado por J. A. A. S., su expansión y consolidación en esa zona territorial, connivencia que perduró desde esa época hasta la última fecha señalada, aportando dinero, armas y demás elementos para sus maniobras ilegales, materiales que sirvieron para que dicho grupo les proveyera seguridad en sus actividades.

Hizo parte en la planeación y ejecución del atentado en contra de la vida de uno de los miembros de la organización delictiva, W. J. P. P., realizado el 26 de noviembre de 2006.

El conocimiento de su actuar ilícito se deriva de su formación profesional y el ejercicio del servicio público en diferentes cargos de elección popular, además de su condición de líder regional, contexto dentro del cual comprendía la problemática política, social y de orden público de la región.

Todo ello permite inferir que el acusado realizó las conductas punibles por las que se le condenará con plena comprensión de la estructura de cada tipo penal dada su madurez síquica y capacidad para desplegar el comportamiento delictivo descrito. De ahí que conoció la antijuridicidad de los hechos delictivos cometidos, por lo que le era exigible un comportamiento distinto. Sin embargo, escogió con conciencia y voluntad la alternativa de vulnerar bienes jurídicos de alta valía social con lo que demostró su desprecio.

VIII. Posición de la Sala de Juzgamiento respecto de concretos cuestionamientos planteados por el Ministerio Público, acusado y defensor.

8.1. Sobre la duda planteada por el Ministerio Público.

La Procuraduría propuso duda sobre la responsabilidad del acusado en los delitos de concierto para delinquir —Á. N.—, tráfico de estupefacientes, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y homicidio agravado, al considerar que no existía la prueba para condenar.

Al respecto, se dirá que no se configura la dubitación, salvo en el cargo de homicidio ya analizado, como quiera que el material probatorio demuestra con certeza la existencia de las conductas punibles por las que se llamó a juicio al acusado, así como la responsabilidad penal del mismo.

De antaño, esta corporación ha considerado que:

No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.  

Lo anterior significa, como lo ha sostenido la Sala que,“...esto equivale tanto como a decir que, dentro de la escala probatoria determinada por nuestro estatuto procesal, de la probabilidad de la responsabilidad del justiciable que es el estado de espíritu en que se halla el juzgador al convocarlo a juicio, se debe pasar en este momento del proceso al más alto grado del conocimiento, el cual supone la eliminación de toda duda racional, deviniendo la seguridad de que los hechos han ocurrido de determinada manera que es lo que, en esencia, constituye la certeza. (CSJ SP, 13 jun. 2012, Rad. 35331).

Además, sobre la duda se ha determinado que:

Para proferir sentencia condenatoria es necesario acreditar plenamente la existencia de la conducta punible y la responsabilidad penal del acusado. 

Así las cosas, se exige que los elementos probatorios que acreditan las circunstancias relativas a la materialidad y existencia de la infracción penal, así como la responsabilidad de quien se encuentra sub judice, sean impermeables a la duda. 

Ahora, para admitir la existencia de la duda que conduzca a absolver al acusado en aplicación del in dubio pro reo, es necesario que del análisis del material probatorio surja una razón sustancial que demerite los cargos de la acusación y por ende se mantenga viva la presunción de inocencia. 

Contrario sensu, cuando es posible reconstruir históricamente lo acontecido, dando lugar a la presencia de hechos penalmente trascendentes, así como a la identificación de los elementos exigidos por el legislador para deducir la responsabilidad, se habrá llegado a la certeza, ingrediente fundamental para soportar una condena. 

Así mismo, conviene precisar que si se presentan dudas al interior del acervo probatorio, se debe verificar si recaen sobre aspectos situacionales, temporales, históricos, geográficos, comportamentales, etc., trascendentes, importantes o esenciales para la determinación de la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad del procesado, por manera que si la respuesta es negativa, permanecerá la certeza exigida para condenar. (CSJ SP, AP 16905-2016, 23 nov. 2016, Rad. 44312).

En el presente caso no hay debilitamiento de la prueba de cargo sobre estos elementos, razón por la que existe certeza para la condena que se impone.

El análisis del Ministerio Público descontextualiza el conjunto probatorio que corrobora interna y externamente la riqueza descriptiva que tal sujeto procesal reconoce al testigo de cargo Y. S. G., dado que solo se concentró en aspectos incidentales.

A modo de ejemplo, no reparó en la prueba trasladada de la Fiscalía 26 Seccional de la Unidad de Vida con sede en Montería, pues ningún análisis realizó al respecto, lo que no le permitió advertir la presencia de la prueba directa en contra del procesado en relación con el testimonio de E. V. L. en el juicio seguido en contra de Y. S. G. en el Juzgado Especializado de esa ciudad, que confirma el testimonio del último.

En relación con el atentado de W. P. P. del 26 de noviembre de 2006, aquella declaración constituye un hecho indicador probado, que junto a otros medios de prueba, convergen en la plena responsabilidad penal del acusado en tal ilícito.

De igual forma, dejó por fuera en su concepto el análisis de contexto sobre la aparición del grupo ilegal «Á. N.», probado por documentos y testimonios legalmente allegados a la causa, aspecto que le hubiera permitido valorar las pruebas con el grado de certeza que considera ausente frente al concierto para delinquir en relación con las «Á. N.».

En cuanto a la crítica del testimonio de Y. S. G. en virtud de la imputación de cargos por el delito de falso testimonio, así como de la radicación del escrito de acusación(562), no advirtió la estrategia defensiva tendiente a su desacreditación a través de la denuncia formulada por el acusado en la Unidad Especializada de falsos testigos, como más adelante se analizará.

8.2. Respuesta a la defensa técnica y material sobre el valor probatorio de testimonio de Y. S. G.

El artículo 277 de la Ley 600 de 2000 prescribe los criterios para la apreciación del testimonio. Entre estos están los principios de la sana crítica y, especialmente, aspectos relacionados con la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad o sentidos por los cuales se obtuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo, y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y las singularidades que pueden observarse en el testimonio.

En reiterada jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha determinado que sana crítica:

No es nada distinto en la explicación de su nominación y en busca de sus contenidos y fines, que el sometimiento de las pruebas a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y la conductas frente a la sociedad, de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable su existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma “sana”, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y “crítica”, es decir, que con base en ellos los hechos objeto de valoración, entendidos como “criterios de verdad”, sean confrontados para establecer si un hecho y acción determinada pudo suceder, o si ello fue posible de una u otra manera, explicable dentro de las reglas de la lógica, de la ciencia y la experiencia, no ante la personalísima forma de ver cada uno la realidad, sino frente a estos postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos. (CSJ SP, sentencia 4 sept. 2002, Rad. 15884).

En materia penal existe libertad probatoria, tal como lo establece el artículo 237 ibídem, en virtud del cual los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales.

También, la apreciación de las pruebas se deberá hacer en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, razón por la que el funcionario judicial expondrá razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba —artículo 238 ibíd.—.

Desde esa perspectiva se tiene que la valoración del testimonio de Y. S. G. se rigió bajo el criterio de su correspondencia con la verdad y la corroboración del contenido con otros elementos de prueba, a efectos de la ponderación con la lógica y coherencia dentro de la reconstrucción de los hechos que revelan los medios de convicción allegados al proceso.

En cada uno de los acápites se consignaron las razones por las que se le dio credibilidad, respondiendo a la defensa técnica y material, como al Ministerio Público, los puntos de disenso, quienes construyeron un argumento alrededor del referido restándole credibilidad.

Por ello, defensa y acusado lo descalificaron, aduciendo que el referido mintió a lo largo de sus relatos.

Así, afirman que S. M. G. lo reconoce como un impostor; sin embargo, si se repara en el testimonio de este se tiene que el 31 de mayo de 2016(563), adujo que no era política de las AUC reclutar menores de 14 años, razón por la cual argumentaron que no pudo estar en las escuelas de formación, como tampoco en los listados de desmovilizados del Bloque Córdoba. Sin embargo, dada la condición de M. G. en justicia y paz, no se puede esperar que admita tal hecho porque sería expulsado, conforme con la Ley 975 de 2005; además, desconocen que Y. manifestó que nunca se desmovilizó porque no tenía cuentas pendientes con la justica, resultando lógico que no aparezca en los listados oficiales al respecto, tal como lo reseñan la documentación recopilada en la etapa de juicio(564).

De otra parte, S. G. en declaración del 23 de septiembre de 2011(565) admitió haber estado en la escuela de Las Flores de las AUC, razón por la que recuerda un instructor con el «alias JL», el cual aparece referido e identificado en el informe Nº 9-52243 del 20 de agosto de 2015 del CTI, debidamente documentado como uno de los instructores en la Finca la 35, escuela de capacitación La Acuarela (ECA) y Las Flores, dentro de los cuales está: «M. A. S. R., alias “JL”»(566), lo que concuerda con lo manifestado por Y.

Del mismo modo, que Y. no aparezca en los listados de menores de edad entregados por las AUC(567), tampoco es relevante dado que para el año 2005, época de la desmovilización del Bloque Córdoba, ya contaba con mayoría de edad.

Que los ex comandantes de los bloques no lo identifiquen, tampoco se considera relevante pues estos podrían tener hasta siete mil hombres en sus filas y Y. apenas era un patrullero, a quien identificaban por el segundo nombre.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el cargo de concierto para delinquir imputado al acusado, en relación con la promoción de este grupo armado ilegal, es irrelevante que el testigo no perteneciera a esa organización, ya que aquél está fundamentado en las declaraciones de S. M. y E. C. T. y en las inferencias realizadas a partir del apoyo que le dio W. P. P. a su candidatura en el año 2003, al punto que los mencionados lo señalan como un militante activo del grupo armado ilegal, hecho que para esa época se conocía. Recordemos que L. F. D. S., en declaración jurada del 16 de febrero de 2016 reconoce ello como un hecho cierto y de público conocimiento pues, que no fue «un secreto ni para la justicia ni para la Ley»(568).

De igual manera, R. M. D. P. «alias El R.»(569), manifestó que por intermedio de W. P. P. ingresó a las AUC, aproximadamente en el año 2004, y duró en esa agrupación ilegal año y medio, y lo identifica como miembro activo de las AUC, señalándolo como «el capo, capo», «uno de los grandes» de la organización, pues «manejaba el pueblo como alcalde y como paramilitar»(570).

Ahora bien, que W. P. P. aparezca en fotos con personalidades nacionales y haya sido condecorado como el mejor alcalde del departamento, no infirma su militancia en las AUC pues de ello no solo da cuenta la prueba testimonial y documental analizada sino el hecho cierto que fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado el 22 de octubre de 2008 por el Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, junto a E. P. A. —sentencia anticipada(571), por hechos que fueron de público conocimiento para la época de la campaña a la alcaldía del año 2003.

Las declaraciones en audiencia pública de los ciudadanos D. del C. V.(572) y J. B. M.(573)veedor ciudadano—, testigos que tienen una relación cercana con el acusado en atención a que la primera fungió como secretaria de obras en la administración del mismo y el segundo ocupó un cargo público en el periodo de su gobierno municipal —regulador de tránsito(574), tampoco desvirtúa la prueba en contra respecto de los cargos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, puesto que las cruzadas que aseguran emprendió M. D. en el periodo 2004-2007 para sanear las finanzas del municipio son apenas lógicas misiones que el cargo le imponía que no desdibujan su acuerdo con las AUC en época de campaña electoral.

Los mencionados sujetos procesales, ponen en duda la pertenencia de Y. E. S. G. al grupo armado las «Á. N.» apoyándose en la declaración de D. R. H., «alias Don M.», valorada en el acápite correspondiente. Sin embargo, seccionan no solo la versión de Y. sino la del citado testigo, dado que jamás el primero dijo que con A. A. hayan asistido a una conferencia con los comandantes de Frente de las AUC sino que entre 2005 y 2006 conformaron un grupo armado ilegal, al mando de este último.

Los cargos por narcotráfico no se desvirtúan con la declaración de F. P. F.(575), Coronel ® de la Policía Nacional, en razón que su manifestación es hipotética frente al valor del kilo de cocaína, y la cifra que aduce ($ 500.000,oo) no está lejana a los $ 700.000,oo que indicó Y., máxime cuando el testigo no tuvo una relación directa con la zona.

En el mismo sentido, J. F. B. S. «testigo que fue capturado y condenado en los Estados Unidos por pertenecer a la banda de narcotráfico de M. P., «alias M. o M.», lejos de exonerar a M. D. de los cargos, aportó un dato más para la consolidación de la coherencia externa que el defensor extraña, pues en la región de San Antero existió una organización criminal de la que hicieron parte él y su jefe «alias M.».

No obstante lo reticente del testigo en esta corporación, en la Unidad de Fiscalía Especializada contra falsos testigos, adujo que del 2005 al 2007 hizo parte de una organización dedicada al narcotráfico que sacaba del país droga «subiendo de Panamá a Honduras», cuyos cabecillas eran «alias M.» y «L. C.», aspecto que contextualiza aún más las incriminaciones de Y.(576).

Que el defensor no comparta la valoración de los medios de prueba de la acusación en relación con el concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas no significa que Y. haya mentido en las circunstancias acaecidas en tiempos cercanos al 26 de noviembre de 2006, máxime cuando abundante prueba trasladada refleja la concordancia externa de su testimonio respecto de tales ilícitos.

Sobre la aquiescencia de los miembros de la Policía Nacional en el atentado se tiene que la versión de los testigos de cargo Y. S. G. y E. V. L. concuerdan con la inspección a los libros de registros de la Policía Nacional en San Antero y Lorica, los cuales dieron cuenta de que el carro de la institución se quedó sin gasolina.

Es natural que los miembros de la Policía Nacional que declararon en la instrucción y el juicio nieguen su intervención en los hechos por el legítimo derecho a la no incriminación, tal como ocurrió con los testigos A. C. H., H. H. M.(577), entre otros.

Mismo derecho que le asiste a los testigos D. B. F., «alias C.», quien reconoció cercanía con M. M. D. no solo por haber sido conductor del mismo sino por su parentesco con la esposa de un hermano del acusado —al punto que los miembros de la banda lo identifican con el alias del El s.— pues con P. G. C. y J. E. S.(578), comerciante de telas, ex dueño del almacén É. V., quienes fueron señalados por el testigo Y. S. G. como miembros de la organización delictiva.

De igual modo, que la Cámara de Comercio de Montería indique que el restaurante R. M. fue registrado el 8 de mayo de 2007(579) en modo alguno descarta que estuviera abierto para finales del año 2006.

De otro lado, según prueba documental allegada al expediente en la etapa de juicio se tiene que W. J. P. P. para diciembre de 2006 tenía casa por cárcel, fecha en la que se le hizo estudio de seguridad por parte de la Policía Nacional para evaluar el riesgo. Allí se señaló que el mismo tenía permiso para movilizarse en el casco urbano de San Antero, desplazarse hasta Coveñas (Sucre) todos los días, y a Montería los sábados, circunstancias que corroboran aún más las afirmaciones de Y. en el sentido que para el mes de noviembre de esa anualidad se le hicieron seguimientos(580).

Por ello, es contrario a la realidad la afirmación de la defensa técnica y material en cuanto que para esa época W. estaba privado de la libertad intramuralmente.

Repárese que en la documentación aportada por la defensa como prueba relacionada con las decisiones de la Fiscalía Especializada de delitos contra la administración pública de esta ciudad, en modo alguno aparece que el referido estuviera en centro de reclusión bajo órdenes del INPEC(581).

Lo anterior por cuanto la resolución del 8 de agosto de 2006, si bien es cierto impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad como autor del delito de peculado, también lo es que libró la respectiva orden de captura, la cual fue ratificada con la decisión del 30 de agosto de la misma anualidad por el funcionario suscriptor de la primera determinación.

De igual forma, el artículo de la revista Arcanos aportado por la defensa(582) no desvirtúa la prueba de cargo en contra del acusado dado que la reseña socio-política de la región tiene como fuente información periodística que aparece en el expediente la cual en forma alguna descarta la prueba de cargo analizada.

Del mismo modo, los actos administrativos aportados en fotocopia en la etapa de juzgamiento(583) sobre comisiones otorgadas al procesado tampoco desvirtúan el análisis de responsabilidad penal del acusado en cuanto aquellos hacen referencia a situaciones laborales que no excluyen la presencia de M. D. en las andanzas criminales analizadas. De otra parte, el poder que otorgó el 7 de diciembre de 2006 en esta ciudad tampoco desvirtúa su presencia antes y después de esa fecha en San Antero, lugar de los acontecimientos delictuales aquí investigados.

Por el contrario, tal documento enseña que desde esa época el procesado sabía del señalamiento en su contra pues el mandato da cuenta de ese específico hecho relacionado con el atentado del que fue víctima W. P. P. en el año 2006.

La defensa hace mención a tres situaciones específicas: (i) la condena por extorsión de la que fue objeto Y. E. S. G.(584); (ii) el auto inhibitorio del 23 de febrero de 2016(585), proferido a favor del acusado por los delitos de soborno y amenazas, en el mismo auto de apertura de instrucción de estas diligencias; y, (iii) la formulación de imputación, así como la radicación del escrito de acusación, en contra de aquel por falso testimonio, pendiente de fijar fecha de la audiencia respectiva, según su alegato.

En primer término, dentro de la sentencia en contra de Y. por el delito de extorsión, se ordenó «compulsa de copias» para investigar a M. E. M. D.: «[...]porque hay una información que estimamos que es preocupante y es en relación con el por qué un Senador de la República, hace unas negociaciones con una persona desde el penal entregándole unos dineros, a cuenta que esta persona pues no revela informaciones salvadas a veces ciertas o no que puedan dañar la carrera política; por modo entonces (sic) que se informará de ello, por si esa información puede ser de una utilidad en algún proceso en lo que corresponda a aforados»(586).

Frente a este hecho la Sala de Instrucción se inhibió de abrir investigación por no lograrse un estándar probatorio para abrir la instrucción más no porque el hecho no hubiese existido, tal como así se plasmó:

En relación con la noticia criminal de 20 de mayo de 2008: si W. P. P. abordó a Y. E. S. para ofrecerle dinero con el objeto de involucrar en el atentado a M. D. es algo que no está probado en la actuación. Además, el ofrecimiento pudo hacerse no para que faltara a la verdad, sino para que la dijera. 

Dicho de otra forma, se trata de un hecho respecto del cual, practicada la prueba posible, no se ha superado la duda que determinó la apertura de la investigación previa, máxime que los elementos de conocimiento apuntan a que P. P. sí habría buscado a S. G. para que pusiera en conocimiento de la autoridad la participación del aforado en los hechos de los que fue víctima. 

Esas deposiciones, incluso si la segunda reseñada es simplemente referencial, dan cuenta de la realidad de los hechos denunciados en el año 2008 por Y. E. S. G., pues aluden a la violencia moral que P. P. habría ejercido sobre aquél a efectos de lograr la supuesta vinculación mentirosa de M. D. con el atentado, empero, lo denunciado por aquél no sería falso ni contrario a la realidad frente al compromiso que el aforado parece tener en el atetado contra W. J. 

Estos medios de conocimiento, a su vez, permitiría colegir que W. P. P. efectivamente pagó u ofreció dinero a Y. E. con el propósito de que informara a las autoridades sobre la presunta intervención de M. D. en el atentado del que fue víctima, pero no faltando a la verdad. 

De ahí que, entonces, la prueba recaudada apunta a acreditar, como hipótesis posible, que P. P. sí pretendió obtener del ahora denunciante la presentación de la noticia criminal que se afirma espuria, con el objeto que en ella se señalara al aforado como responsable de esa conducta punible, fin para el cual habría intentado intimidar a Y. u ofrecerle dinero... 

En relación con la denuncia fechada el 21 de diciembre de 2010, por cuya instauración S. G. habría recibido $ 30.000.000, la Sala llega a idéntica conclusión... 

Que el testigo haya afirmado haber elevado una noticia criminal contra miembros de la familia de W. P. P. y una Fiscal es algo que también enerva el mérito probatorio de sus declaraciones, no solo porque, como ya se dijo, de esa actuación no existe ninguna constancia, sino también porque S. G. dijo haberse resuelto a denunciar a M. D. precisamente porque éste quiso forzarlo a incriminar a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, con lo cual dijo no estar de acuerdo porque “no quería problemas con la Fiscalía. 

A más de lo anterior, en el expediente se observa que W. P. P. sí pudo haber adelantado gestiones de distinta índole, pero no para constreñir a Y. E. a declarar falazmente contra el aforado, sino para convencerlo de que dijera la verdad sobre su efectiva participación en el atentado de que fue víctima. 

Véase cómo ello coincide con lo denunciado por S. G. en diciembre de 2010, pues en la noticia criminal aseguró que el abogado contra el cual elevó los señalamientos le dijo que “le iba a colaborar económicamente si decía la verdad”. 

Por lo anterior, el auto inhibitorio no infirma a Y. en relación con los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

En lo que tiene que ver con la imputación de cargos en contra de Y. S. G., así como la radicación del escrito de acusación, por el delito de falso testimonio, que se esgrime para desacreditar al testigo de cargo, descalificándolo como un simple sicario; ha de señalarse que si bien es cierto dentro de la radicación 1100160000002017021101 se imputaron tales contra el testigo, también lo es que en esa diligencia no se hizo mención al abundante acopio probatorio que existe en esta radicación que corrobora externamente al citado; de igual manera dentro del escrito de acusación tampoco se hizo referencia.

Además, en cuanto al testigo sospechoso esta corporación ha dicho lo siguiente:

[...] bajo ninguna circunstancia es dable sustentar a priori, que los antecedentes personales del deponente, sean por sí solos suficientes para negar idoneidad testifical o valor suasorio a sus afirmaciones, en la medida que éste estriba en la firmeza obtenida, luego del análisis que al tamiz de la sana crítica se haga.

Conforme al ya citado artículo 277 de la Ley 600 de 2000, uno de los criterios de valoración de la prueba testimonial es “la personalidad del declarante”. Bajo dicho entendimiento, la personalidad de quien declara, constituye factor preponderante a considerar, al momento de adjudicar o menguar mérito probatorio a su deposición.  

[...] Con todo, dicho criterio de valoración probatoria, como lo ha sostenido repetidamente la Sala, no puede tomarse de manera desprevenida y prejuiciosa para sostener que toda declaración proveniente de un individuo con condiciones personales que pueden reputarse negativas o censurables (condenas previas, pertenencia a grupos delincuenciales, u otras similares) es necesariamente mendaz, ni para afirmar, en contrario, que toda deposición ofrecida por quienes gozan de cierto ascendiente social es fatalmente verídica y debe ser creída por el Juzgador. (CSJ SP3340-2016, 16 mar. 2016, Rad. 40461)(587).

De otra parte, sobre el testigo único esta corporación ha considerado lo siguiente:

[...] oportuno se hace evocar que, para efectos de emprender un ejercicio argumentativo, con fundamento en la principal declaración, sino la única de cargo existente en contra de SG, vale decir, la vertida por RDPS, esta Colegiatura tiene sentado, en relación con el testimonio único, que de él perfectamente puede apuntalarse la certidumbre de una sentencia, en los términos del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, si en cuenta se tiene que, lo que en puridad de verdad interesa, es la credibilidad que irradie una vez sometido a las reglas de la sana crítica.

El artículo 277 ibídem establece que para apreciar el testimonio, el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, en especial, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio. 

En virtud de lo anterior, recuérdese que, entre los criterios objeto de análisis por el fallador, al ponderar la eficacia probatoria del testimonio, se encuentran algunos de naturaleza subjetiva, los cuales dan lugar a establecer la idoneidad del testigo para rendir su declaración, aptitud que debe valorarse, por un lado, a partir de la habilidad fisiológica del declarante para percibir los hechos y, por otro, al ahondar en su idoneidad moral, peculiaridad que le exige auscultar con mayor celo el dicho de quienes se hallen en cualquier situación, de la cual pueda avizorarse proclividad a engañar o mentir. (CSJ SP7830-2017, 1º junio de 2017, Rad. 46165).

Además, se descarta el ánimo vindicativo de Y. S. G. en atención a que el referido ha estado privado de la libertad por más de diez años, razón por la que sabe de las consecuencias de faltar a la verdad, y con entereza asumió el rol de denunciante no obstante verse involucrado en los hechos que denuncia.

Y de otro lado, son investigaciones independientes que no implican una tarifa estándar probatoria que sea camisa de fuerza en esta actuación máxime cuando conforme con lo analizado existen elementos de prueba centrales y periféricos que confirman la incriminación del testigo de cargo, sin desconocer el hecho notorio en círculos judiciales tendiente a buscar condenas por falso testimonio de los declarantes como estrategia defensiva en los procesos penales.

Entendida como ha quedado la responsabilidad penal del procesado en los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, objeto de acusación, se procede a establecer la sanción que le corresponde.

IX. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA

9.1. Demostrada, pues, la responsabilidad del procesado en la comisión de los delitos enrostrados, ante la certeza que al respecto brindan los medios de prueba valorados en conjunto, resta imponer la pena que legalmente corresponda.

En este caso concurren cinco conductas punibles que se adecuan dentro de los tipos penales de: (i) concierto para delinquir agravado —artículo 340 inciso segundo de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002—; (ii) concierto para delinquir agravado —artículo 340 incisos segundo y tercero de la Ley 599 de 2000, modificado por la leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006—; (iii) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes —artículo 376 de la Ley 599 de 2000—; (iv) fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas —artículo 366 de la Ley 599 de 2000—; y, (v) tentativa de homicidio agravado —artículos 27, 103 y 104.4 y 7 de la Ley 599 de 2000—; motivo por el cual se le dará aplicación al artículo 31 del Código Penal.

Para establecer cuál es la pena más grave, según su naturaleza, en principio, se deben tener en cuenta los extremos punitivos —máximos y mínimos—, previstos para cada delito. Sin embargo, también puede optarse por la individualización concreta que cada uno de los comportamientos merezca bajo la ficción de que se estén juzgando por separado.

Con este presupuesto, se individualizará paso a paso la sanción que habría de corresponder para cada uno de ellos, como lo señalan los artículos 60 y 61 del Código Penal —Ley 599 de 2000—.

Previamente, se precisa que en este caso no procede el incremento punitivo de la Ley 890 de 2004, en la medida en que la Corte Suprema de Justicia sostiene que conforme al régimen procesal penal que cobija a los congresistas no resulta aplicable esa mayor punición por cuanto aquellos no tienen acceso a la negociación de penas propio del sistema acusatorio (CSJ SP, 18 ene. 2012, Rad. 32764; CSJ SP 18 ene. 2012, Rad. 27408; CSJ SP, 23 mayo Rad. 30682; CSJ, auto 30 mayo 2012, Rad. 27339).

9.1.1. En el orden ya mencionado, respecto del concierto para delinquir agravado —artículo 340 inciso segundo de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002—, relacionado con la promoción de las autodefensas como organización al margen de la ley, cuyo marco temporal fue de 2003 a 2005, según lo que la prueba refleja; la pena imponible «será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes», lo cual arroja un ámbito de movilidad de 72 meses de prisión que, dividido en cuartos representan 18 meses en cada uno, por lo que dicha pena oscila de la siguiente manera:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 72 a 90 mesesDe 90 meses, 1 día a 108 mesesDe 108 meses, 1 día a 126 mesesDe 126 meses, 1 día a 144 meses

En cuanto a la pena de multa, atendidos el mínimo y máximo citados de la misma, su ámbito de movilidad es de 18.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV en adelante), que dividido en cuartos arroja un total de 4.500 SMLMV en cada uno, por lo que dicha pena oscila como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 2.000 SMLMV a 6.500 SMLMVDe 6.501 SMLMV a 11.000 SMLMVDe 11.001 SMLMV a 15.500 SMLMVDe 15.501 SMLMV a 20.000 SMLMV

Ahora bien, para efectos de determinar el cuarto de aplicación de la pena se precisa que en la acusación no se imputó circunstancia genérica de agravación punitiva y solo concurre la de atenuación consistente en la carencia de antecedentes penales(588), lo que lleva a concluir que la pena debe individualizarse dentro del cuarto mínimo punitivo, es decir, entre setenta y dos (72) y noventa (90) meses de prisión, y multa de dos mil (2000) SMLMV a seis mil quinientos (6.500) SMLMV.

Corresponde aplicar ahora los criterios para fijar la pena según el artículo 61 inciso tercero del Código Penal, y para hacerlo la Sala de Juzgamiento encuentra que la mayor gravedad de la conducta se revela a partir del hecho de que M. E. M. D., siendo aspirante a la alcaldía de San Antero en el año 2003 hizo pactos con grupos al margen de la ley —AUC— y al hacerlo promovió su asentamiento y poderío en la región, hasta el momento histórico de su desmovilización en el año 2005, lo cual evidencia una mayor intensidad del dolo en atención a que orientó su conducta con el firme propósito de lograr su elección a pesar de que con ello violentara la seguridad pública que le competía salvaguardar, sumándose a ello la ostensible afectación a la credibilidad ciudadana en las autoridades locales, lo que conduce a imponer por este delito una pena de prisión igual al extremo máximo del cuarto mínimo, esto es, noventa meses (90) de prisión —es decir, siete años y medio (7,5 años)(589)—.

Y con el mismo raciocinio, la pena de multa se fija en seis mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (6.500 SMLMV).

9.1.2. En cuanto al concierto para delinquir agravado previsto en el artículo 340 inciso segundo y tercero de la Ley 599 de 2000 —modificado por la Ley 733 de 2002 y 1121 de 2006—, imputado al acusado por las alianzas que hizo con otras personas y con el grupo delictivo conocido como las «Á. N.», con el fin de traficar estupefacientes durante el 2006 y hasta el 2012, conforme con el análisis que fluye de la prueba allegada al plenario, se tiene que la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de los mis setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, inciso segundo-, aumentada en la mitad, conforme al tercer inciso de la citada norma, toda vez que el acusado se constituyó en promotor efectivo, cabecilla y financiador del concierto para delinquir.

Lo que significa, en atención a la segunda regla del artículo 60 del Código Penal, que dicho incremento se aplica al máximo de la pena básica y, por tanto, los extremos punitivos quedan de ocho (8) a veintisiete (27) años de prisión —96 a 324 meses— y, multa de 2.700 a 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual denota un ámbito de movilidad de 228 meses de prisión que, dividido en cuartos representan 57 meses en cada uno, oscilando entonces esta pena como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 96 a 153 meses De 153 meses, 1 día a 210 mesesDe 210 meses, 1 día a 267 mesesDe 267 meses, 1 día a 324 meses

Respecto de la pena de multa, atendidos el mínimo y máximo ya citados, su ámbito de movilidad es de 42.300 SMLMV, que dividido en cuartos arroja un total de 10.575 SMLMV en cada uno, por lo que dicha pena oscila como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 2.700 a 13.275 SMLMVDe 13.276 a 23.850 SMLMVDe 23851 a 34.425 SMLMVDe 34.426 a 45.000 SMLMV

Dado que no se imputó en la acusación circunstancia genérica de agravación punitiva y que sólo concurre la de atenuación que se configura por la carencia de antecedentes penales del acusado(590), la pena debe individualizarse en el cuarto mínimo, es decir, entre noventa y seis (96) y ciento cincuenta y tres (153) meses de prisión, y dos mil setecientos (2700) a trece mil doscientos setenta y cinco (13.275) SMLMV, respecto de la multa.

Establecido el cuarto de aplicación de la pena, (prisión y multa) corresponde aplicar los criterios para fijarla, según el artículo 61 inciso tercero del Código Penal; la Sala de Juzgamiento encuentra que la mayor gravedad de la conducta punible se extrae de la circunstancia de que el procesado en calidad de alcalde de San Antero en el año 2006 concertó con el grupo armado ilegal «Á. N.» la entrada del mismo a la región para beneficiarse mutuamente respecto de la asociación con fines de narcotráfico en la que hubo división de tareas, reparto de ganancias y contribución económica que permitió la expansión en el territorio mencionado de aquellas, afectando gravemente la seguridad pública, conducta que se prorrogó hasta el 15 de mayo de 2012. Esta situación pone de manifiesto una mayor intensidad del dolo, en atención a que orientó su conducta con la finalidad de expandir esa nueva forma de delincuencia.

A lo anterior se suma la pérdida de credibilidad ciudadana en los servidores públicos de elección popular, lo que conduce a imponer por este delito una pena de prisión igual al extremo máximo del cuarto mínimo, esto es, ciento cincuenta y tres (153) meses de prisión, o lo que es igual, doce punto setenta y cinco (12.75 años)(591).

La pena de multa, siguiendo igual raciocinio y proporción, que se dedujo de la de prisión, se fija en trece mil doscientos setenta y cinco (13.275) SMLMV.

9.1.3. Respecto al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes —artículo 376 inciso 3º de la Ley 599 de 2000—, imputado al acusado por sacar del país cocaína durante el 2006 y hasta el 2012, se tiene que son tres los cargos, todos cometidos en el año 2006:

9.1.3.1. Uno, superior a 2.000 gramos de cocaína —el más pequeño de los tres cargamentos— para este la «pena será de seis (6) años de prisión a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Inciso tercero) ». El ámbito de movilidad es de 24 meses que dividido en 4, da seis (6) meses en cada uno, oscilando entonces esta pena como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 72 a 78 meses De 78 meses + 1 día a 84 meses De 84 meses + 1 día a 90 meses.De 90 meses + 1 día a 96 meses.

En cuanto a la pena de multa, atendidos el mínimo y máximo citados de la misma, su ámbito de movilidad es de novecientos (900) SMLMV, que dividido en cuartos arroja un total de 225 SMLMV en cada uno, por lo que dicha pena oscila como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 100 a 325 SMLMV De 326 a 550 SMLMV De 551 a 775 SMLMVDe 776 SMLMV a 1.000 SMLMV

Ahora bien, para efectos de determinar el cuarto de aplicación de la pena se precisa que en la acusación no se imputó circunstancia genérica de agravación punitiva y solo concurre la de atenuación consistente en la carencia de antecedentes penales(592), lo que lleva a concluir que la pena debe individualizarse dentro del cuarto mínimo punitivo, es decir, entre setenta y dos (72) y setenta y ocho (78) meses de prisión, y multa de cien (100) a trescientos veinticinco (325) SMLMV.

Establecido el cuarto de aplicación de la pena, corresponde aplicar los criterios para fijarla según el artículo 61 del Código Penal, es decir, conforme la modalidad delictiva se tiene que el procesado cometió una conducta grave que atenta en contra de la seguridad pública, en cuanto sacó del país cocaína, razón por la que se le impone el máximo del cuarto mínimo, es decir setenta y ocho (78) meses de prisión, o lo que es lo mismo, 6.5 años(593).

En lo que tiene que ver con la pena de multa, con el mismo raciocinio que se dedujo para la pena de prisión, se fija en trescientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales (325) SMLMV.

9.1.3.2. Los otros dos cargamentos son de 1200 y 1500 kilogramos de cocaína. Estos dos cargos son por grandes cantidades de estupefacientes y tienen similares circunstancias de ejecución según lo analizado atrás, cantidades que de acuerdo con lo señalado en el artículo 376 inciso 1º de la Ley 599 de 2000, «La pena será de ocho (8) años a veinte (20) años de prisión y multa de mil (1000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Inciso primero)». El ámbito de movilidad es de 144 meses que dividido en 4, da treinta y seis (36) meses en cada uno, oscilando entonces esta pena como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 96 a 132 meses De 132 meses+ 1 día a 168 meses De 168 meses + 1 día a 204 meses.De 204 meses + 1 día a 240.

En cuanto a la pena de multa, atendidos el mínimo y máximo citados de la misma, su ámbito de movilidad es de cuarenta y nueve mil (49.000) SMLMV, que dividido en cuartos arroja un total de 12.250 SMLMV en cada uno, por lo que dicha pena oscila como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 1000 a 13.250 SMLMV De 13251 a 25500 SMLMV De 25500 a 37.750 SMLMVDe 37750 a 50.000 SMLMV

Ahora bien, para efectos de determinar el cuarto de aplicación de la pena se precisa que en la acusación no se imputó circunstancia genérica de agravación punitiva y solo concurre la de atenuación consistente en la carencia de antecedentes penales(594), por lo que la pena debe individualizarse dentro del cuarto mínimo punitivo, es decir, entre noventa y seis (96) y setenta y ciento treinta y dos (132) meses de prisión, y multa de mil (1000) a trece mil doscientos cincuenta (13.250) SMLMV.

Establecido el cuarto de aplicación de la pena, corresponde aplicar los criterios para la fijar la pena según el artículo 61 del Código Penal, es decir, conforme la modalidad delictiva se tiene que el procesado cometió una conducta grave que atenta en contra de la seguridad pública, en cuanto sacó del país grandes cantidades de cocaína, siendo necesaria la pena, razón por la que se le impone el máximo del cuarto mínimo, esto es, ciento treinta y dos (132) meses, o lo que es lo mismo, 11 años de prisión.

En lo que tiene que ver con la pena de multa, se tiene que con el mismo raciocinio, se fija en trece mil doscientos cincuenta (13.250) SMLMV.

Se considera que se trata de dos conductas de narcotráfico, cuya pena en abstracto es la misma.

9.1.4. En cuanto a la fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas —artículo 366 de la Ley 599 de 2000-—, “la pena será de tres (3) a diez (10) años”. Por lo que el ámbito de movilidad es de 84 meses que dividido en 4, da veintiún (21) meses en cada uno, oscilando entonces como sigue:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 36 a 57 meses.De 57 más 1 día a 78 meses De 78 meses + 1 día a 99 meses.De 99 meses + 1 día a 120 meses.

En este caso no hay circunstancia genérica de agravación punitiva, según la acusación, y solo concurre la de atenuación que se configura por la carencia de antecedentes penales del acusado(595), lo que lleva a concluir que la pena debe individualizarse en el primer cuarto, es decir entre treinta y seis (36) y cincuenta y siete (57) meses de prisión.

Establecido el cuarto de aplicación de la pena, corresponde aplicar los criterios para la fijar la misma según el artículo 61 del Código Penal, es decir, de acuerdo a lo probado, la conducta punible en referencia vulneró gravemente la seguridad pública con el lanzamiento de granadas de fragmentación a la casa habitación de W. P. P., lo que denota el dolo en el actuar del procesado. Por ello, la pena a imponer es el máximo del cuarto mínimo, esto es 57 meses de prisión, o lo que es lo mismo 4.75 años(596).

9.1.5. Respecto a la tentativa de Homicidio agravado —artículos 27, 103,104.4 y 7 de la Ley 599 de 2000—, la pena es prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años” homicidio—, que no puede ser “menor de la mitad del mínimo ni mayor de la tres cuartas partes del máximo” tentativa, de donde, los límites punitivos son ciento cincuenta (150) a trescientos (360) meses de prisión. El ámbito de movilidad es de 210 meses, que dividido en 4, da cincuenta y dos (52) meses, quince (15) días, oscilando entonces:

Cuarto mínimoPrimer cuarto medioSegundo cuarto medioCuarto máximo
De 150 a 202 meses, 15 díasDe 202 meses, 16 días a 255 meses De 255 meses + 1 día a 307 meses 15 días.De 307 meses + 16 días a 360 meses.

En este caso no hay circunstancia genérica de agravación punitiva, conforme con la acusación, y sólo concurre la de atenuación que se configura por la carencia de antecedentes penales del acusado(597), lo que lleva a concluir que la pena debe individualizarse en el primer cuarto, es decir, entre ciento cincuenta (150) y doscientos dos (202) meses y quince (15) días de prisión.

Establecido el cuarto de aplicación de la pena, corresponde aplicar los criterios para la fijar la misma según el artículo 61 del Código Penal, es decir, de acuerdo a la modalidad de la conducta, se tiene que el acusado actuó con dolo que se deriva del hecho de haber ejecutado el atentado a la madrugada del 26 de enero de 2006, por ello, la pena a imponer es el máximo del cuarto mínimo, esto es: doscientos dos (202) meses y quince (15) días de prisión, o lo que es lo mismo 16.8 años y 15 días(598).

Debe tenerse en cuenta que son siete eventos adicionales de esta modalidad delictiva acaecidos el 26 de noviembre de 2006.

9.7. Sobre el concurso de delitos.

El artículo 31 del Código Penal —Ley 599 de 2000— dispone que quien «[...] con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias veces la misma disposición, quedara sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas».

Dosificada la pena de manera individual para cada uno de los cinco ilícitos, se tiene que el delito de tentativa de homicidio agravado contiene la pena más grave, pues la sanción individualmente considerada es la más alta (202 meses de prisión y 15 días), por lo que se procede a dar cumplimiento a la citada preceptiva incrementando el monto punitivo deducido para este delito hasta en otro tanto, por razón de las cuatro conductas punibles restantes —en concurso heterogéneo— así: concierto para delinquir —en concurso homogéneo—; tráfico de estupefacientes —en concurso homogéneo—; porte ilegal de armas y, tentativa de homicidio —en concurso homogéneo—.

Para proceder a ello, se tomará en cuenta la interpretación de la Sala de Casación Penal de esta corporación, en el sentido de que «[...]a partir de este instante y para determinar la pena cuando existe concurso de delitos operan tres limitantes, a saber: (i) el doble de la pena que corresponda al delito más grave; (ii) la suma aritmética de las penas individualmente determinadas, merezcan cada uno de los delitos; y (iii) la pena máxima constitucionalmente aceptada, es decir, sesenta años.» (CSJ SP, SP 14623-2014, sentencia, 27 oct. 2014, Rad. 34282).

9.8. Determinación final de la pena.

Conforme con lo anterior, se toma como base la pena del delito de la tentativa de homicidio agravado, cuya sanción se individualizó en doscientos (202) meses y 15 días de prisión.

Por existir un concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles, siguiendo el artículo 31 del estatuto penal, corresponde aumentar la pena, de conformidad a la regla ya indicada.

Entonces, en primer término, se incrementará en siete (7) años, por los siete delitos de tentativa de homicidio restantes que concurren; seis (6) meses más que corresponden al concierto para delinquir agravado —Á. N.—; cuatro (4) meses por el tráfico de estupefacientes en concurso homogéneo; cuatro (4) más por concierto para delinquir agravado —AUC—, y dos (2) meses por el porte ilegal de armas de uso privativo.

En ese orden, la pena inicial de 202 meses y 15 días de prisión se incrementará en 100 meses en razón de los concursos homogéneo y heterogéneo que se concretaron, con lo cual la sanción a imponer es trescientos dos (302)meses y 15 días (25 años, 2 meses y 15 días) de prisión.

2.4(sic). Pena de multa.

De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 4º del artículo 39 del Código Penal, «En caso de concurso de conductas punibles [...] las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada clase de multa».

Quiere decir lo anterior que en el caso presente dicha sanción aparece para los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, como «acompañante de la pena de prisión», entonces no puede ser «superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

Conforme con lo demostrado probatoriamente el monto de la multa para el concierto para delinquir agravado —AUC— fue de 6.500 y, para el concierto para delinquir agravado —Á. N.— fue de 13.275 SMLMV; respecto del delito de tráfico de estupefacientes —artículo 376 inciso 3º de la Ley 599 de 2000— fue de 325 SMLMV, mientras que para cada uno de los dos restantes —artículo 376 inciso 1º ibídem— corresponden 13.250 SMLMV.

Esto significa que la sumatoria arroja un total de cuarenta y seis mil seiscientos (46600) SMLMV como pena de multa imponible, respetando de esta manera el artículo 39.4 de la Ley 599 de 2000. Los restantes delitos no tienen pena de multa.

Es preciso indicar que la pena de multa se deberá consignar a nombre del Consejo Superior de la Judicatura, según lo previsto en el artículo 42 de la Ley 599 de 2000.

9.1.7(sic). Pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Como no puede haber una pena de inhabilitación de funciones públicas mayor a 20 años —artículo 51 de la Ley 599 de 2000—, se tendrá esta cifra como la pena imponible en el caso concreto.

Frente a la inhabilidad de funciones públicas a perpetuidad, esta corporación ha manifestado que la anterior es sin perjuicio de la inhabilidad intemporal o vitalicia de que trata el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, modificado por los Actos legislativos 01 de 2004 e inciso 4º del 01 de 2009, respectivamente, que impiden inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado servidor público y contratar con el Estado, directamente o por interpuesta persona, la cual opera de pleno derecho para quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos «relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales», entre otros. (CSJ SP6019-2017, 3 mayo 2017, Rad. 30716)(599).

9.1.8. La suspensión de la ejecución de la pena

Con la expedición de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, por medio de la cual se modificó el artículo 63 del Código Penal, la procedencia de este sustituto penal quedó condicionada a que la pena de prisión no exceda de cuatro (4) años, norma que a pesar de ser benéfica para el procesado, no es aplicable en el presente caso por virtud del principio de favorabilidad en consideración a que si bien es cierto el anterior precepto exigía una pena a imponer que no excediera de tres (3) años, también lo es que el artículo 23 de la nueva norma excluyó la posibilidad de conceder ese tipo de sustitutos en los casos de delitos de concierto para delinquir agravado.

Conforme lo anterior, la norma aplicable es el original artículo 63 del Código Penal, se tiene entonces que por el monto de la pena a imponer a M. E. M. D., individualizado anteriormente, es evidente que no se cumple con el factor objetivo, razón suficiente para negar el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin que sea necesario entrar a analizar el factor subjetivo.

9.1.9. La prisión domiciliaria del artículo 38 del Código Penal.

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 modificó el artículo 38 del Código Penal. Si bien es cierto que el requisito punitivo para conceder la prisión domiciliaria se aumentó en ocho (8) años de prisión o menos de la pena prevista para la conducta punible, lo que significa un trato más favorable, también lo es que en el numeral primero del artículo 23 de la Ley 1709, que adicionó el artículo 38B al Código Penal —Ley 599 de 2000—, se excluyó la posibilidad de conceder detención domiciliaria a los delitos incluidos en el inciso 2º del artículo 68ª del Código Penal, entre otros, los delitos contra la seguridad pública como es el caso del concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. En el caso presente, dos de los delitos por los que se imparte condena contra M. E. M. D. lesionaron ese bien jurídico tutelado.

Por lo anterior, resulta más favorable el original artículo 38 del Código Penal, por cuanto la concesión de la prisión domiciliaria refería a un monto de pena mínima señalada por el legislador de cinco (5) años, y no contemplaba exclusión por la cualificación del delito.

No obstante, no se accederá a la prisión domiciliaria pues cinco de los delitos por los que se condena exceden en su pena mínima de cinco (5) años, por lo que no se cumple el factor objetivo.

En diferentes pronunciamientos, esta corporación en relación con los sustitutos penales antes mencionados —suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria— ha determinado que no procede la mixtura favorable —lex tertia— entre las normas que consagran esas figuras jurídicas en las Leyes 599 de 2000 y 1709 de 2014 (CSJ SP, SP14623-2014, sentencia, 27 oct. 2014, Rad. 34282).

Los argumentos anteriores configuran la imposibilidad legal para otorgar los sustitutos mencionados a M. E. M. D.

X. De las consecuencias civiles derivadas del delito.

No procede la condena por daños materiales y morales derivados del hecho del hecho punible, en la medida que no se demostró la causación concreta de los mismos.

XI. Otras determinaciones.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que no obstante aplicarse en este caso la Ley 600 de 2000, la Ley 906 de 2004 asignó a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la competencia para conocer de la fase de ejecución del fallo cuando se trate de condenados que gozan de fuero constitucional. Por esa razón, se dispondrá remitir el proceso al reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad correspondiente, una vez en firme este fallo.

Acorde con lo normado en la Ley 1708 del 20 de enero de 2014 —a través de la cual derogó la Ley 793 de 2002—, se compulsarán copias de la sentencia a la unidad nacional contra el lavado de activos y para la extinción del derecho de dominio de la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que adelante el trámite correspondiente a efectos de lograr la extinción del derecho de dominio respecto de aquellos bienes que, se llegare a comprobar, son producto de las conductas delictivas por las que aquí se condena al Senador M. E. M. D.

Frente a la presunta realización de conductas punibles por parte de los testigos L. F. D. S.(600), se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación por faltar a la verdad en la declaración jurada realizada en esta actuación. De igual modo, para que se investigue la actuación del Juez Especializado de Montería que absolvió a D. B. F., «alias C.» como partícipe del atentado del que fue víctima W. P. P. el 26 de noviembre de 2006, no obstante la prueba obrante en ese radicado, en contra del referido(601).

Se enviará copia de este fallo a la unidad especializada de falsos testigos con destino al radicado 1100160000002017021101 seguido en contra de Y. E. S. G. para los fines legales pertinentes; también a las fiscalías delegadas que adelantaron la investigación contra los no aforados con motivo de estos hechos.

Así mismo, se compulsará copias contra Y. S. G. en relación con su participación en los hechos materia de esta sentencia, a excepción del atentado del 26 de noviembre de 2006 y homicidio del 1º de julio de 2009 del que fue víctima W. J. P. P.

Como a través de la resolución Nº 031 del 24 de agosto de 2016, la mesa directiva del Congreso de la República suspendió al acusado del cargo de Senador, se le remitirá copia de esta decisión para lo conducente(602).

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL —SALA DE JUZGAMIENTO—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar responsable a M. E. M. D. como autor del punible de concierto para delinquir agravado previsto en el artículo 340 incisos 2 y 3 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006, en concurso homogéneo sucesivo; y en concurso heterogéneo con los punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes previsto en el artículo 376 original del Código Penal, cometido en concurso homogéneo sucesivo, en calidad de coautor (arts. 29 y 31 ibídem); tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo, al tenor de lo normado por los artículos 27, 29, 31, 103 y 104 numerales 4º y 7º del Código Penal, en condición coautor; porte de armas y munición de uso privativo de las fuerzas armadas al tenor de lo dispuesto por el artículo 366 ibídem, como coautor.

2. Absolver a M. E. M. D. del cargo de homicidio agravado como determinador, al tenor de lo dispuesto por los artículos 30, 103 y 104 numerales 2 y 4 del mismo estatuto represor, en aplicación del principio in dubio pro-reo, conforme lo analizado en la motivación de esta sentencia.

3. Condenar a M. E. M. D. a las siguientes penas principales: trescientos dos (302) meses y quince (15) días de prisión; cuarenta y seis mil seiscientos (46600) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá consignar a nombre del Consejo Superior de la Judicatura según lo previsto en el artículo 42 de la Ley 599 de 2000; y 240 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y, además, a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas dispuesta en el artículo 122 constitucional, inciso 5º, con la modificación introducida por los actos legislativos Nº 1 de 2004 e inciso 4º del 01 de 2009, respectivamente.

3(sic). Negar al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como también la prisión domiciliaria, acorde con lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia.

4. Especificar que no hay lugar a condena al pago de daños y perjuicios.

5. Reconocer al condenado como parte de la pena de prisión fijada, el tiempo que ha permanecido privado de la libertad debido a este proceso.

6. Por Secretaría, remítase copia del presente fallo a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y la Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para los efectos señalados en la parte motiva.

7. En firme esta providencia, envíese la actuación a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para lo de su competencia.

8. Comuníquese esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efecto del recaudo de la multa impuesta.

9. Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

10. La Secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las que alude el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000—.

11. Compulsar copias de esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión de infracciones a la ley penal, en los términos señalados en esta determinación. Así mismo, a la Unidad Especializada de Falsos Testigos se enviará fotocopia de esta sentencia para que obre dentro del radicado 1100160000002017021101 seguido en contra de Y. E. S. G. y a la Fiscalía Seccional que adelantó la investigación por estos hechos respecto de los no aforados.

12. Remitir fotocopia de esta sentencia a la Mesa Directiva del Congreso de la República en relación con el cargo de Senador –suspendido- que ostenta M. E. M. D.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eyder Patiño Cabrera—L. G. S. O..

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

Salvamento de voto a la sentencia SP1970-2018, Rad. 49315

Aunque respeto el criterio mayoritario, estoy en desacuerdo con el fallo en los siguientes aspectos: (i) la competencia de la Sala y, superado ese tema por los motivos que expongo a continuación, (ii) la responsabilidad del acusado en el delito de homicidio agravado, en calidad de determinador.

1. La competencia. 

Mi discrepancia en torno a la competencia de la Sala de Juzgamiento de la Sala de Casación Penal para proferir sentencia de carácter condenatorio contra aforados ha sido reiterado, en cuanto ello lleva ínsito la anulación de la garantía de los condenados de impugnar esa determinación, prevista no solo en instrumentos internacionales sino en nuestro ordenamiento interno, por virtud de la reciente reforma a la Carta Política —Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018—.

1.1. El Acto legislativo 01 de 2018 implementó en Colombia el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.

Con tal propósito, respecto de los delitos que cometan los congresistas, creó, al interior de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Especial de Instrucción, encargada de investigar y acusar, y la Sala Especial de Primera Instancia, comisionada para juzgar.

1.2. Desde que se expidió esa reforma constitucional, he sido enfático en sostener que, a partir de su entrada en vigencia, la Sala de Casación Penal, tal como está conformada en este momento, carece de competencia para emitir fallo condenatorio y que toda primera determinación de esa naturaleza debe ser susceptible de recurrirse por el procesado.

En efecto, la doble instancia tiene una relación íntima con el debido proceso y, obviamente, con el derecho de defensa, en cuanto permite dar mayor eficacia al acceso a la administración de justicia y al ejercicio de la contradicción.

El estándar internacional exige disgregar los funcionarios que investigan de aquellos que juzgan, a la vez que contempla la garantía de impugnar la primera condena.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8º prevé:

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

(...) 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contempla en su canon 14:

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en sostener que el propósito de la impugnación del fallo es proteger el derecho de defensa y asegurar que la sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía. En ese sentido, ha considerado que lo esencial es permitir un nuevo análisis de todos los aspectos —normativos, fácticos y probatorios— alegados por el recurrente y que puedan tener repercusión en la decisión.

En torno al canon 8.2 h de la Convención, esa instancia internacional ha indicado:

99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz(603). Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada(604). La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido(605). Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho(606). En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente. 

100. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. 

Por su parte, la Corte Constitucional, en aplicación de cánones convencionales y en observancia de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el derecho a la impugnación y a la garantía de la doble instancia, y determinó que son estándares constitucionales autónomos y categorías conceptuales distintas e independientes que, en algunos casos, pueden coincidir, como ocurre

...en la hipótesis específica en la que, (i) en el contexto de un juicio penal, (ii) el juez de primera instancia (iii) dicta un fallo condenatorio. En este supuesto fáctico, el ejercicio del derecho a la impugnación activa la segunda instancia, y se convierte, entonces, en la vía procesal que materializa el imperativo de la doble instancia judicial, y a la inversa, con la previsión de juicios con dos instancias se permite y se asegura el ejercicio del derecho a la impugnación. (Cfr. CC C-792/14).

En la sentencia transcrita, el alto tribunal exhortó al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de la notificación de la determinación, regulara integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, y previó que, de no expedirse la regulación por parte del órgano de representación popular, se entendería que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.

Transcurrido el plazo, el Congreso de la República no legisló, y tampoco la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pudo asegurar tales garantías. La regla prescrita por la Corte Constitucional era absolutamente imposible de ser verificada por la corporación, no solo por su naturaleza, órgano de cierre, que, por su organización legal y reglamentaria, carece de superior sino por la ausencia de ley.

1.3. El Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018 hace el reconocimiento constitucional de las aludidas garantías y en el artículo 1º, incisos 4º y 5º establece:

Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

La primera condena podrá ser impugnada. 

Más adelante, en el canon 3º, por el cual se modificó el 235 de la Carta Política, atinente a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, señala que a esa autoridad le corresponde:

3. Juzgar al Presidente de la República, o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, previo el procedimiento establecido [en los numerales 2º y 3º del] artículo 175 de la Constitución Política, por cualquier conducta punible que se les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por salas especiales que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia. 

(...) 

6. Resolver, a través de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

7. Resolver, a través de una Sala integrada por tres magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena, proferida por los restantes magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 6º del presente artículo, o de las fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o militares. (Subrayas fuera del texto original).

La antedicha trascripción revela que lo pretendido por el legislador fue ajustar el ordenamiento interno a los patrones internacionales y asegurar que toda persona tenga la oportunidad de que su proceso sea revisado por una autoridad superior, así como garantizar la doble conformidad de la primera condena.

1.4. Por consiguiente, con la expedición del acto legislativo el panorama jurídico cambió diametralmente. La doble instancia y la doble conformidad deben ser resguardadas y la Corte Suprema de Justicia, como órgano máximo de la jurisdicción ordinaria, está impelida a adoptar medidas para su efectiva observancia.

La garantía de la doble instancia contra toda sentencia que profiera la sala especial de primera instancia y el derecho a la impugnación de la primera condena, están reconocidos hoy en la Constitución Política. Su aplicación es inmediata, como surge del contenido del canon 4 del acto reformatorio, según el cual: «[e]l presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias». Su publicación en el Diario Oficial tuvo lugar el 18 de enero del año en curso(607).

Por manera que, si como lo ha recalcado la Corte Constitucional —entre otras, en CC C-757/2001—, las normas superiores son de aplicación inmediata y no requieren «reiteración de su contenido en normas de otra jerarquía para garantizar su efectividad (C.P., art. 4º)», y las disposiciones del Acto Legislativo ya se encuentran vigentes, resulta imposible la competencia para fallar que la mayoría atribuye a la Sala de Casación Penal en este caso, con la consecuente exclusión de la doble instancia.

1.5. Lo anterior encuentra respaldo en el canon 4º de la Carta Política, que prevé que la Constitución «es norma de normas», en caso de incompatibilidad entre ella y la ley «u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales», e impone la obligación de que todos los nacionales y extranjeros en Colombia la acaten.

Ese mandato, valga la anotación, había sido considerado desde 1887, en la Ley 153, que en su artículo 9º establece: «[l]a Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente». Dicho cuerpo normativo instituyó, además, reglas a aplicar cuando se advierta incongruencia en las leyes, exista oposición entre ley anterior y ley posterior, o frente al tránsito legal de derecho antiguo al nuevo. Obsérvese:

ART. 40.—[Modificado por el art. 624, Ley 1564 de 2012]. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. 

ART. 43.—La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40. 

1.6. Ahora bien, el Acto Legislativo en comento no previó disposiciones transitorias en punto de su implementación y en la actualidad no se ha proferido la ley en virtud de la cual se establezca la logística para poner en marcha la Sala Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia. No obstante, a pesar de que tal funcionamiento operativo es imprescindible para garantizar la plena eficacia de la administración de justicia como fin y deber del Estado y que la persona contra la que se procede penalmente tiene derecho a que su actuación se adelante en forma pronta y oportuna, también lo es que ello no puede materializarse atropellando sus derechos constitucionales y legales, máxime cuando —itero— en la fecha ese acto reformatorio está rigiendo.

1.7. La razón fundamental en la que descansa mi postura es la siguiente: como la Sala de Juzgamiento de la Sala de Casación Penal —la integrada por siete magistrados— carece de superior funcional, la sentencia de carácter condenatorio que dicte, como ocurre en este caso, no es susceptible de ser revisada por otra autoridad, lo que —repito— lesiona el derecho a la doble instancia y a la consiguiente garantía de doble conformidad.

Aunque podría tildarse de contradictoria mi tesis, habida cuenta que soy del criterio —ampliamente conocido por la mayoría de la Sala— que, de cara a la entrada en vigencia del acto legislativo tantas veces referido y a la inexistencia de las salas especializadas por él creadas, la Sala de Casación Penal mantiene su competencia para continuar con el trámite de los procesos que se encuentran en etapa preliminar, instructiva y de juzgamiento —en los que no ha finalizado la audiencia pública—, en realidad no es paradójica.

En efecto, la prórroga de competencia o la conservación de competencia que predico para estas etapas, no descansa en un criterio irrazonable, como que la competencia sea fragmentaria o parcial, como lo sugirió la mayoría en el auto que dentro de este mismo radicado se profirió, CSJ AP1360-2018, sino en que ante las hoy no integradas salas especiales, se hace necesario garantizar al procesado la continuación de la actuación penal seguida en su contra, así como la no paralización de la administración de justicia, que se erige como derecho fundamental. Los investigados no pueden quedar abocados a una espera indefinida de su situación judicial, máxime cuando, según lo prevé el artículo 48 de la Ley 153 de 1887 «[l]os jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia».

Cosa distinta es emitir sentencia condenatoria, porque, en la situación actual, ello violenta el derecho fundamental a la doble instancia y a la garantía de doble conformidad frente a la primera condena, que ya están consagrados expresamente en la Carta Política.

1.8. Las modificaciones introducidas a los preceptos constitucionales, que se relacionen con doble instancia, la doble conformidad y los procesos de investigación y juzgamiento penales, deben ser interpretadas a la luz de la parte dogmática de la Carta Política.

Insisto, la competencia no es parcial. Mi tesis se encamina a asegurar (i) la efectiva administración de justicia, que implica, en estos casos, continuar con el conocimiento de las actuaciones ya mencionadas, y (ii) la vigencia de los derechos fundamentales de los procesados con el reciente reconocimiento constitucional de los mismos por parte del Congreso de la República, que se reflejan en la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria.

De cara a las normas constitucionales vigentes y ante la inexistencia física de las salas especializadas, se presenta una tensión entre dos derechos de rango constitucional: la prestación del servicio público de administración de justicia y el de recurrir la decisión adversa. Si ella se resolviera otorgando prevalencia a uno de ellos sobre al otro, se ocasionaría una afectación grave de derechos fundamentales.

Así, una forma de resolver sería, que la Sala de Casación Penal continúe conociendo de los procesos de única instancia, incluso hasta proferir sentencia –que es la solución adoptada por la mayoría-; y otra manera de hacerlo sería, que la Sala de Casación Penal no conozca de esas actuaciones porque perdió total competencia en dichos eventos.

Una cualquiera de las dos hipótesis extremas, violentaría derechos fundamentales. La primera, porque imposibilita la impugnación del primer y único fallo condenatorio; y la segunda, porque paralizaría la administración de justicia.

Por esa razón, acudiendo a los artículos 2º, 4º y 228 de la Constitución Política, propuse una solución intermedia que permita una menor afectación de los derechos de los procesados: que la Sala de Casación Penal siga conociendo de la actuación penal, pero sin proferir fallo condenatorio.

Ello porque el juez no puede negarse a administrar justicia, pero esa administración de justicia debe ser íntegra y completamente garantista de las formas propias y del debido proceso. Por ende, dictar sentencia impide garantizar el derecho a la impugnación de la primera condena, que hoy día ya está reconocido en la Constitución Política.

Tampoco propugno porque se incumpla con la obligación judicial de resolver el fondo del asunto, sino de lograr un consenso para que ese fallo condenatorio pueda ser impugnado. Aclaro al respecto, que si es de índole absolutoria, no se configura lesión a la garantía de la doble instancia, porque la doble conformidad se predica en favor del procesado y, finalmente, éste fue quien terminó siendo favorecido por la determinación.

Con esa orientación, he salvado el voto a las sentencias que en esas condiciones ha proferido la Sala (CSJ SP364-2018, Rad. 51142; CSJ SP379-2018, Rad. 50472; CSJ SP436-2018, Rad. 51833; CSJ SP621-2018, Rad. 51482, y CSJ SP693-2018, Rad. 43421).

1.9. Ahora bien, tal como lo indiqué en el salvamento de voto consignado a la sentencia de casación CSJ SP722-2018, radicado 46361, la Sala de Casación Penal, ante la existencia de una mandato constitucional, habría podido, para garantizar la plena eficacia de la administración de justicia como fin y deber del Estado y no trasladar cargas inapropiadas a la persona contra la que se procede penalmente, quien tiene derecho a que su situación se resuelva de forma pronta y oportuna, proponer la modificación del reglamento y dividirse, como incluso lo sugiere el acto legislativo en comento, para adoptar la decisión y así asegurar que los restantes magistrados conocieran sobre la impugnación.

Ese mecanismo, contrario al pensar de la mayoría, no implica asumir atribuciones propias y exclusivas del Congreso de la República, pues conforme lo dispone el artículo 235 de la Constitución Política, antes en el numeral 6º, ahora, tras la reforma, en el 9, la Corte está facultada para darse su propio reglamento, el cual debe estar acorde con los mandatos superiores hoy existentes.

Cabe recordar que, para lograr propósitos semejantes, relacionados con las funciones de instrucción y juzgamiento en procesos seguidos contra miembros del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, frente a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-545 de 2008, hizo uso de esa facultad al expedir el Acuerdo 001 de 2009, por el cual adicionó al reglamento general de la corporación. En dicho acto se dispuso separar esas funciones, de modo que la de investigación estuviese a cargo de tres magistrados de la Sala de Casación Penal y la de juzgamiento en cabeza de los seis restantes.

1.10. Coherente con mi repetido criterio y con la posición inamovible de la Sala de su no división, en sesión del 4 de abril del año en curso presenté a la Sala un proyecto en el que reiteré la falta de competencia para dictar fallo de fondo.

Sin embargo, fui derrotado ese mismo día por la mayoría que, en una providencia sin precedentes y ostensiblemente desfavorable para el procesado, me “requirió” para que presentara un «proyecto de decisión, en el menor término posible». Ese mandato de la mayoría desconoce, a mi juicio, el Reglamento de la Sala de Casación Penal (Ac. 013/2004), porque conforme a su artículo 5.4.5.:

Más, si la ponencia resulta derrotada por la mayoría de la Sala, el proceso pasará al magistrado siguiente, por orden alfabético, que haga parte de la mayoría. El magistrado ponente y quienes lo hayan respaldado con su voto, dejarán la debida constancia de su salvamento en el acta respectiva, pero el proyecto será firmado con acta y fecha del día en el que el nuevo ponente lo presente, una vez se haya refrendado la votación.  

Por manera que si la ponencia que registré previamente a esta —en la que consideré que no había competencia para proferir fallo—, fue vencida, no había lugar sino a pasar el expediente al doctor L. G. S. O., magistrado que sigue en turno por orden alfabético en la Sala de Juzgamiento, para que elaborara el proyecto de fondo.

La competencia es, lo ha reiterado la jurisprudencia (cfr. CSJ SP 4 may. 2011, Rad. 31091):

la atribución legal concreta de una cantidad de jurisdicción a cada uno de aquellos órganos, en sentido amplio denominados jueces, en determinadas áreas y respecto de específicos asuntos con preferencia e independencia de los demás de su clase; la competencia tiene como presupuesto la pluralidad de órganos investidos de jurisdicción dentro de un territorio, luego las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál de ellos va a ser el que conozca, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. 

Si soy de la convicción que la Sala de Casación Penal no tiene competencia, de carácter constitucional, para fallar, me resultaba insostenible presentar un proyecto en el que se examinaran aspectos de fondo, como la responsabilidad del incriminado.

No obstante, en claro respeto por mis compañeros y con el fin de no obstaculizar el desarrollo de la Corte, decidí registrar el proyecto de fallo, tal como me fue reclamado en el Auto AP1360-2018, Rad. 49315.

2. La responsabilidad del acusado como determinador del homicidio.

Se acusó al Senador M. E. M. D. por el homicidio cometido en contra de W. J. P. P. el 1º de julio de 2009, en el municipio de San Antero, perpetrado por un individuo que le propinó un disparo en su humanidad, quien huyó del sitio(608).

La ejecución de esa conducta punible tuvo como propósito, entre otros, ocultar la participación del aforado en el delito de tentativa de homicidio y evitar pagar la deuda económica que tenía el occiso con motivo del apoyo que le brindó la víctima para su elección a alcalde de San Antero en 2003. Así las cosas, se tipifica el injusto de homicidio agravado, en atención a que se habría cometido para ocultar otro reato y asegurar la impunidad para sí y para otros copartícipes mediante el pago de una suma de dinero, al tenor de lo normado por los artículos 103 y 104 numerales 2 y 4 del Código Penal.

El contenido de las pruebas demuestra la materialidad del hecho y la plena responsabilidad penal del acusado en el delito.

El testigo Y. S. G., integrante de la banda emergente las «Á. N.», dio cuenta de que el acusado persistió en la idea criminal de segarle la vida a W. P. P., luego de que el atentado original -del 26 de noviembre de 2006- fallara. Así lo señaló en declaración del 15 de mayo de 2012:

W. P. resultó herido en el atentado —refiriéndose al suceso del 26 de noviembre de 2006— creo que una sirvienta de él quedó herida también, o sea todo quedó así, comenzaron las investigaciones hasta que E. negoció con el DAS y él fue el que nos entregó a nosotros. Nosotros seguimos en contacto con C. R., M. M., ellos se reunieron en el parqueadero Servicentro B. a principios de diciembre, se reunieron J., M., C. R. y hablaron que ellos no les gustó porque W. había quedado herido, que iba a empezar a tomar represalias contra ellos y contra todos, él se iba a imaginar que era él, M. M., porque debía 3.000 millones de pesos, lo de la campaña. Se empezó a cuadrar nuevamente para asesinarlo nosotros mismos, pero había que esperar unos días porque estaba caliente, ya W. tenía seguridad, pero M. M. necesitaba que lo matara(609). 

También adujo S. G. que el procesado le hizo propuestas a través «de sus abogados» y transmitió que pretendía matar a W. P. P. una vez este saliera de la cárcel. Y cuando ocurrió la muerte, le mandó a decir con sus emisarios que había cumplido, por lo que afirmó que el incriminado fue el autor intelectual, lo que se ratificó con «un mensaje de texto que le envió»(610).

En concreto, manifestó que al fracasar el primer atentado se acordó con el procesado que debía culminarse el trabajo, lo que no pudo llevar a efecto dado que fue capturado el 12 de diciembre de 2006(611).

En el centro de reclusión Las Mercedes, en el mes de enero de 2007, lo visitaron los abogados J. G. y F. S., emisarios de M. D. y de C. R., con la finalidad de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Inicialmente, le entregaron ocho millones de pesos ($ 8.000.000,oo), los cuales utilizó «para comprar una celda, televisor, teléfono, todo lo que estaba necesitando»(612). También dijo que le dieron un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000,oo) mensuales, por un periodo de casi tres años, mientras estuvo recluido por cuenta del proceso en el que fue condenado por la tentativa de homicidio en contra de la humanidad de W. P. P.(613).

En esta versión existe un hecho relevante comprobado probatoriamente, como se pasa a analizar:

Uno de estos profesionales le entregó un papel con el nombre de las personas que no debía involucrar «con letra del acusado o de uno de los abogados», para que instaurara una denuncia en contra de W. P. P. con la imputación de que este le había ofrecido dinero para comprometer al acusado en el atentado(614).

La finalidad de esta denuncia era evitar que M. D. fuera investigado y para ello la coartada consistía en asegurar que «W. me estaba ofreciendo 100 millones de pesos para que vinculara en ese proceso del atentado a él [sic], a M. M., D. C., D. C. y C. R. como los autores intelectuales del hecho»(615). Eso fue en el año 2008.

También adujo que habló varias veces con M. D., quien le dijo que no le fuera a dañar su carrera política, con la promesa de proveerle lo que necesitara, situación acaecida desde cuando formuló la primera denuncia en contra de W. P. P. en el año 2008, la cual se encuentra acreditada en la actuación —del 20 de mayo de 2008(616).

En el año 2010, cuando M. D. hacía campaña para las elecciones al Senado, le propuso hacer una segunda denuncia en contra de la familia de W. P. P. y una Fiscal de Bogotá, con el objetivo de que lo excluyera de cualquier responsabilidad en el atentado(617). A su vez, adujo que P. P. le pidió el favor de colaborarle diciendo la verdad respecto de los hechos del 26 de noviembre de 2006, una vez se enteró que «alias Z.» y R. M. P. «alias El R.» aceptaron cargos(618).

Pero, M. E. M. D. le dijo que no le hiciera caso y, a cambio de su silencio, le envió 18 millones de pesos ($ 18.000.000,oo) para que formulara la denuncia, advirtiendo que éste le ofrecía dinero para involucrarlo en el atentado. Le dio «primero 10 y luego de la denuncia 8 millones de pesos»(619).

Reconoció que P. P. le ofreció 200 millones de pesos, pero «para decir la verdad y no contrariarla»(620), y al comentar ello con los abogados de M. D., le pidieron que siguiera de su lado para no perjudicar al acusado debido a que continuaría en la política.

Recordó que le comunicó a M. D. que no se iba a meter con P. P., pues era «jodido»(621) y que mejor se quedaba quieto. Pero el acusado insistió en que hiciera la denuncia y que no se preocupara, pues apenas saliera de la cárcel lo mandaban a matar, lo cual le fue expresado a través del abogado J. O.

Admitió que instauró la denuncia en contra de P. P. y en ella manifestó que le había ofrecido dinero y amenazado a la familia, ocasión en la que M. D., C. R., D. C. y D. C. se comprometieron a asesinar a W. P. P., una vez saliera del penal. Sobre este aspecto en concreto adujo:

La primera denuncia que presente (sic), la razona (sic) que les mandé a ellos, a M., C. R., D. y D. C. era que yo no me atrevía a hacer eso, a denunciar a W., porque él estaba en Montería preso en la misma cárcel en la que yo me encontraba, y la respuesta que ellos me dieron era que no me preocupara porque apenas W. saliera ellos iban a terminar con lo que comenzaron, es decir, que lo iban a matar porque yo les dije a ellos que W. salía de ahí y mi familia era la que estaba corriendo peligro; sale W. de la cárcel más o menos en el 2010, antes de que formulara la segunda denuncia, que es cuando lo matan a él, directamente no se quien lo mató (sic) pero me mandaron un abogado a mí a la cárcel de Montería, el doctor J. O., asesor de la campaña de M., quien llegó allá y me propuso lo de la segunda denuncia»(622). 

Efectivamente, después de salir en libertad W. P. P. fue asesinado. Luego de ese suceso le enviaron a J. O., quien le expresó «ve que le estamos cumpliendo, no se vaya a echar para atrás [...] tiene que seguir derecho»(623).

También adujo que le señalaron que debía instaurar una segunda denuncia contra la familia de P. P., un abogado de este y una fiscal de nombre C. A., y que para finiquitar ese favor le mandaron treinta millones de pesos ($ 30.000.000,oo) con J. O., advirtiéndole que, si se iba en contra de ellos, así como «habían matado un caballo, qué difícil sería matarme a mí», según M. E. M. D.(624).

Por ello, instauró una denuncia en diciembre de 2010 contra la familia de W. P. P. y las dos personas mencionadas y «como querían que involucrara a una fiscal» y él no quiso ni amplió la denuncia, empezaron a amenazarlo y fue cuando decidió denunciar ante la Corte(625).

Aseguró que antes de formular la queja del año 2010 sostuvo una conversación mediante mensajes de texto con el acusado en la que éste le reconoció haber mandado a matar a P. P.(626).

Para tal hacer, adujo que F. S. le consiguió una «sim card», que, según las instrucciones, debía destruir una vez terminada la conversación, como así lo realizó. Y, a través del mismo, supo que ellos habían perpetrado el asesinato de P. P. con gente de las autodefensas, pero ignora qué banda criminal operaba en la zona(627).

La credibilidad del testimonio de Y. S. G. radica en que su relato es coherente, circunstanciado y lógico, pues su contenido se confirmó, como también aconteció respecto de los demás delitos objeto de esta sentencia. En efecto, obran documentos en la actuación que dan cuenta de la veracidad de su testimonio:

Con informe de Policía Judicial Nº 1071 de «diciembre de 2012»(628), se aportó copia de la denuncia del 20 de mayo de 2008 formulada por S. G. en contra de P. P., en la que aseguró que en la cárcel Nacional Las Mercedes había sostenido un encuentro con el denunciado, en el cual éste le pidió colaborar para involucrar en el atentado a unas personas, entre ellas a: «[...] D. C. (sic) el dueño de una estación (sic) de gasolina, D. C. que fue concejal, el doctor M. M. (sic) fue alcalde San Antero y el doctor C. R. M. (sic) quien fue alcalde de Chinú [...] me propuso que dijera que ellos fueron los del atentado, que ellos habían mandado a ser (sic) eso [...]»(629).

Así mismo, el 21 diciembre de 2010, el abogado C. A. A. N. formuló, a nombre de Y. E. S. G., -recluido en el centro carcelario mencionado-, una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y otro individuo cuyo nombre desconoce «quienes le ofrecieron dádivas como dinero en efectivo, la inclusión de él y su familia al programa de Protección de testigos, cambio de cédula, de residencia si él daba una versión de unos hechos de los cuales desconocía, que vinculan a personas importantes del nivel nacional»(630).

Según lo afirma, los señalados le llevaron a S. G. un documento para que lo firmara como declaración en contra de «esas personas» —entre las cuales se citó a M. D.—, en donde estaban todos los hechos que incriminaban a estos «personajes a [sic] la vida pública y política del país», pero S. G.(631) no lo suscribió. Para el efecto, presentó poder otorgado al último(632).

Al analizar el aludido documento, resulta extraño que un profesional del derecho, a través de mandato, accediera a interponer una denuncia tan delicada en contra de persona determinada —servidores públicos—, a nombre de Y. S. G., un interno a quien no conocía, a sabiendas de sus consecuencias —pues es especialista en penal—, lo cual se explica como estrategia para desvincular al acusado del homicidio de P. P.

En la actuación surgida con motivo de la queja mencionada, S. G. rindió entrevista y aclaró que los funcionarios de la Fiscalía —entre estos la fiscal C. A. y W. J.— no le ofrecieron nada ilegal y que solo le preguntaron sobre el conocimiento que tenía respecto de la muerte de W. P. P.; sin embargo, un abogado que integraba la comitiva le dijo que «involucrara a M. M. D., C. R. y el actual alcalde de San Antero»(633). Sobre el abogado C. A. A. N. adujo que lo conoció en la cárcel y lo contactó para que le presentara la respectiva denuncia.

Con lo anterior se demuestra que, efectivamente, S. G. formuló denuncias, en 2008 y 2010, como lo refiere en sus testimonios, motivado por el ofrecimiento de dinero que le hiciera M. D., que coincide con el periodo en que dice ocurrieron, siendo creíble los contactos del acusado con aquél para no resultar involucrado en los hechos, en especial, para que no le afectara su trayectoria política en momentos en que había salido electo como senador de la República —2010—, según certificación aportada en la etapa de instrucción por la Secretaría del Senado(634).

De igual manera, obra prueba documental que referencia la existencia de los abogados J. O. y J. G.(635); ambos, pese a saber quién es el acusado, se mantuvieron ajenos a los hechos que refiere S. G. —ofrecimiento de dinero de parte del senador. En cuanto a F. S. —quien fue asesinado en la ciudad de Medellín—, el segundo refiere haberlo conocido(636). Es lógico que nieguen los acontecimientos relatados por S. G., quien los ubica como emisarios del acusado, dado que obraron directamente bajo instrucciones del mismo.

Existe armonía entre las demás conductas delictivas objeto de juzgamiento y el homicidio, pues dado lo frustrado del inicial atentado del 26 de noviembre de 2006, el grupo criminal integrado por el acusado prosiguió con la intención de finiquitar la tarea truncada con la captura de algunos autores de la tentativa, como aconteció con E. E. A. «alias El z.», R. M. D. P., «alias El R.» y Y. S. G. «alias El C.»(637); lo cual implicó la necesidad de que el acusado perfilara actividades encaminadas a evitar ser vinculado a la investigación que se inició por aquellos hechos.

Dentro de tales actividades cabe analizar la entrega de dinero a S. G. de la que da cuenta la actuación, debidamente documentada(638).

Es lógica la razón que ofreció S. G. al decir que las relaciones con M. D. se rompieron por no haber querido colaborar con la segunda denuncia que le solicitó formular, ya que no amplió la misma por involucrar a una fiscal, lo cual disgustó al enjuiciado y dio la señal de que S. G. empezó a andar como rueda suelta(639).

De igual modo, es acorde con las reglas de la experiencia, que al enterarse el acusado que W. P. P. también le ofreció dinero a S. G. para que dijera la verdad en relación con el atentado de noviembre de 2006 y, en concreto, sobre su participación, aquél reaccionara para que, a cambio de dinero, S. G. formulara una denuncia en contra de P. P. en la que debía afirmar que éste le estaba ofreciendo plata para comprometerlo en el mismo, estrategia para contrarrestar cualquier mención a su nombre y neutralizar la referencia que surgiera de la investigación con motivo del atentado.

De otra parte, es creíble la versión en el sentido de que con los abogados emisarios el acusado lo tranquilizaba diciéndole que no le pasaría nada a su familia pues cuando saliera de la cárcel «mandarían a matar a W.».

De las manifestaciones de S. G. emerge que: (i) P. P. fue asesinado luego de salir de la cárcel(640), cumpliéndose lo que le mandaron a decir respecto de este hecho ilícito; (ii) después de que S. G. se negó a colaborarles, comenzaron las amenazas en su contra y una estrategia que incluyó una denuncia por extorsión de parte del acusado que llevó a la captura de su suegra D. T. N. H., al punto que fueron condenados por ese ilícito por el Juzgado 5 Especializado de esta ciudad(641); la cual se interpuso luego de haberle entregado a S. G. un dinero en efectivo a través de terceras personas, entre estas la dama mencionada(642).

El episodio de la «sim card» que relató S. G. es la forma en que se asegura, en el mundo de la delincuencia, que las ilicitudes se queden ocultas, por lo que no se cataloga como invento del declarante, cuyas manifestaciones han sido comprobadas en la investigación y juicio. No obstante, el extravió del libro de registros de abogados de la Penitenciaría Las Mercedes en Montería, conforme constancia del CTI, precisamente los referidos al periodo 2008-2010, imposibilitó seguir el rastro a los visitantes de S. G., aunque pudo establecerse que los mencionados abogados entraban a ese centro carcelario(643).

Es importante señalar que este último compareció por primera vez al proceso el 22 de julio de 2011 con la intención de denunciar a «gente de poder», pero postergó su materialización para otro día y finalmente se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2011(644), la que ratificó en sus declaraciones del 28 de noviembre de la misma anualidad(645), 15 de mayo de 2012(646) y 15 de abril de 2016, manteniendo hasta el momento el núcleo de su incriminación en contra de M. D.

En estas dio cuenta de que para callar su voz el Senador M. D., a través de terceras personas, entre ellas D. G., le entregó dinero así(647): (i) un millón de pesos ($ 1.000.000,oo) a la esposa de S. G. —9 de julio de 2011—; (ii) un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000,oo) a J. C. Á. P., emisario de S. G., por Efecty —15 de julio de 2011—; e, (iii) igual cantidad por conducto de esta última empresa a nombre de D. T. N. H., suegra de S. G. —19 de julio de 2011—. Es decir, todo ello antes del 22 de julio de esa anualidad.

O. Z. C., abogado de profesión, en denuncia del 24 de julio de 2011(648), asumió que ese dinero era de su peculio y que como amigo de M. D. se hizo cargo del problema y del pago de esas cifras producto de la extorsión de S. G., como consecuencia de la solicitud del aforado, quien le pidió ese favor:

[...] estaba frente a una extorsión y pensé que pagando ese dinero, el problema terminaría allí, porque algunos delincuentes exigen sumas exageradas y se conforman con cualquier cantidad que uno les entregue máxime si están en las cárceles. Otro motivo del pago de ese dinero era el temor que me generaba el hecho que ese sujeto perteneciera a una de las bandas criminales que tiene el control en Córdoba y en otras partes del país, porque así lo expresaba en sus conversaciones, además porque este individuo está condenado por el homicidio de un escolta del expresidente U., lo que demuestra su peligrosidad, abonado a esto personalmente he sido víctima de las bandas criminales en la ciudad de Cartagena, en especial de L. P., quienes me desplazaron hacia esta ciudad [...](649). 

D. L. G. aseguró que por petición de O. Z. visitó a S. G. en la cárcel de Las Mercedes, y allí intermedió para la entrega del dinero mencionado, previo al 22 de julio de 2011(650). Indicó, además, que el día de la diligencia S. G. lo llamó a decirle que había llegado una comisión a ese centro carcelario para tomarle la declaración jurada ordenada por esta corporación, y le preguntó si iba a cumplirle su requerimiento, a lo que G. le contestó que tratara de postergar el testimonio con la finalidad «de ganar un poco de tiempo», en el entendido de que «esto era una negociación ficticia»(651).

El comportamiento de Z. y G. rompe toda lógica, pues lo que se espera de un ciudadano del común no es negociar con un delincuente sino inmediatamente denunciar el hecho extorsivo, procedimiento sui generis que era de conocimiento de M. D.(652), máxime cuando sabían que una de las imputaciones a las que se refería S. G. estaba relacionada con el homicidio de W. P. P.

Recuérdese que, según constancias procesales, la denuncia de Z. se instauró el 24 de julio de 2011, casi 20 días después de la primera entrega de dinero a S. G.(653). Este profesional del derecho aparece dentro de las diligencias como defensor del acusado en los inicios de la investigación, aspecto que debió inmediatamente poner en conocimiento.

Sin embargo, la condena de S. G. por este ilícito no excluye que los hechos investigados en estas diligencias sean ciertos en virtud del análisis probatorio que demuestra la materialidad y responsabilidad penal del acusado, inclusive del homicidio de W. P. P., quien estando vivo podía involucrar a M. D.

Por ser pertinente, se transcriben apartes de la transliteración de los audios aportados en la denuncia por extorsión formulada en contra de Y. S. G., que revelan una negociación entre este y los emisarios del acusado, iniciada antes de la primera entrega del dinero. Primero, dan cuenta de la situación antecedente en la cual S. G. fue remitido a Bogotá para declarar, lo cual encaja con el análisis realizado en la sentencia de la mayoría, en la que un interno de nombre F., tal como lo refirió S. G., le pidió que no declarara en contra del enjuiciado. Segundo, ponen de presente la transacción entre S. G. y D. G. y, a la vez, la existencia de J. O., de lo cual el emisario de M. D. hizo mención:

(i) Grabación del enviado de M. D.VN— y F., intermediario de S. G. —VH—:

VN: Pero si el muchacho está dispuesto a colaborar. 

VF: Si, si, si mira una arandela adicional, D. V., entonces que si no le cumplen al muchacho, él también habla, él se queda callado si respaldan al muchacho y negocian con él, entonces la situación está de esta forma, entonces la (sic), él quiere como ya le cumplieron allá y ha pasado tanto tiempo, que la negociación se haga acá en Bogotá en presencia nuestra como garantía(654). 

VN: Claro, pero en Bogotá, él no quiere; que vayamos nosotros allá ni nada, sino que sea en Bogotá. 

VF: En Bogotá y que yo esté como garante, porque aquí está el jefe de él también y él jefe (sic) también de él dice que si yo estoy ahí y garante, igual que ustedes van a cumplir, entonces él se queda callado y no habla. 

VN: Si correcto. 

VF: Es decir que no puede dañar la carrera política porque es un amigo. 

VN: si, correcto, yo entiendo la situación 

VF: Entonces tú eres la persona que va a estar allí. 

VN: Si, yo soy el encargado. 

VF: Entonces mira, que no hable por celular, delante de ningún escolta, que no le reciba celular a ningún escolta. 

VN: Correcto. 

[....] 

VF: Bueno, entonces lo único que están esperando es la declaración, mejor dicho lo (sic), ellos están esperando que ofrezcan el cielo y la tierra, que la familia para Canadá, entonces ahí la cosa esta parada, eh no sé, yo digo que inicialmente que me pusieron ahí para este caso, entonces ya es una negociación económica.  

[....] 

VF: Bueno, yo le dije que si M. acepta yo soy garante del recurso y M. me conoce y en la medida que va avanzando, yo te voy entregando el recurso en la medida que vayas cumpliendo. 

VN: si Claro. 

VN: Guarde mi número don F., de este es donde le mandé el mensajito, cualquier cosa, pues nos comunicamos ahí, tratamos de buscar otra línea segura, donde podamos pues dialogar. 

(ii) Conversación entre D. G. —VN— y el testigo de cargo —VH—:

VN: Aló, buenas tardes por favor don Y. S. 

VH: Sí, quien habla. 

VN: Don Y., ¿Cómo está? Habla con D. G., yo soy asesor jurídico del doctor M. M. 

[...] 

VN: En Montería. Bien yo me encuentro en la ciudad de Bogotá, pero entonces si quisiera hablar con usted para que me comentara cuál es la situación que, que requiere. 

[...] 

VN: Usted le mando (sic) razón con. 

VH: Con, mande (sic) a él razón con F., con, Yo le mandé razón a él con el señor C. R., le mandé razón con J. O., el abogado que tenía allá. 

VN: Si, si con el doctor O. 

VH: Y antes de ayer que estuve en Bogotá, en una audiencia en la Corte por casualidad, el miércoles me encontré con el señor F. Díaz, sí señor, entonces él me dijo que lo esperara, que aplazara eso y que tal y que no sé qué, que primero habláramos, que tal y no sé qué, que habláramos, ud. me entiende. 

[...] 

VN: Bien. He, don Y. sería coordinar el tema para, yo me desplazaría hasta la ciudad de Montería con el fin de entrevistarme con usted mañana así personalmente y que dialoguemos con el fin de saber cuál es la situación, yo tengo plena potestad para, para cualquier tipo de solicitud que se haga, el doctor M. me dio todo el poder para hablar con usted, se puede comunicar conmigo, yo voy a tratar de conseguir un tiquete aéreo para desplazarme hacia Montería el día de mañana, yo creo que le estaría confirmando el tema aquí a una, de aquí antes de la siete haber (sic) si consigo el tiquete, le confirmaría y estaría allá mañana. 

[...] 

VN: Don Y. usted ya dio una entrevista, usted ya dio una entrevista respecto a ese tema, tengo entendido. 

VH: En la Corte(655).

El conjunto de antecedentes procesales y probatorios mencionados permite inferir que desde un inicio S. G. tenía la convicción de denunciar los hechos, inclusive el homicidio del que fue víctima W. P. P., razón por la que se entiende que haya buscado el apoyo de E. C. T., «alias D. V.» —episodio confirmado por este último en declaración del 4 de agosto de 2016(656)—, al afirmar que, efectivamente, S. G. lo abordó en el centro de reclusión Las Mercedes y le comentó su deseo de denunciar a M. D. «o que ya lo había hecho» ante esta corporación por su autoría en varios delitos, entre estos, el atentado del año 2006 y el homicidio de 2009.

El evento narrado por C. T. coincide con la línea de tiempo en la que S. G. decidió denunciar al acusado, que se explica por la razón lógica de querer encontrar respaldo o directriz de un ex comandante de las AUC que tuvo influencia en la zona de San Antero, por cuanto el referido, en su entender, debía conocer de tal realidad. Lo cual terminó siendo cierto, pues debe recordarse que C. T. adujo las desavenencias personales entre W. P. P. y M. D., surgidas luego de la elección de este último como alcalde de San Antero(657).

De ese contexto no es ajeno el círculo cercano a P. P. para el momento del homicidio, como lo refleja la declaración rendida por A. R. T. de 2016(658), uno de sus escoltas, al ratificar que el acusado fue quien segó la vida de aquél, señalándolo como el Senador con quien P. P. tuvo un enredo, al cual identificó como «el primo de la querida de W.», robusteciendo la incriminación hecha por S. G. Así lo destacó:

Preguntado: ¿Después de la muerte de W. P. escuchó comentarios que el actual Senador de la República M. E. M. hubiese participado en la muerte de W.? 

Contestó: Si, decían eso, se escuchaba por ahí, y llamaron a la familia, llamaron allá a amenazarla, a mí me tocó quedarme como diez días más, escoltando a la familia, a la esposa, acompañándolos allá, después amenazaron en la casa, tienen que salir de ahí, o sea a mí no me consta, no sé cómo sería ese enredo de ellos ahí, si me dijeron ahí en la familia,, la familia si me dijo, la misma familia que él era, el Senador ese creo que era primo de la otra que era la querida de él -de W.- que era un solo enredo, que él había mandado a hacer el atentado con esa gente, eso fue lo que dijeron allá la familia, así me dijeron a mí(659). 

Además, R. T. adujo que W. P. P. atribuía el atentado del que fue víctima en el año 2006 a M. D. y que ello también lo escuchó de su esposa e hijo —A. S. F. y A. A. A. P. S.—, quienes fueron amenazados tras la muerte de P. P.(660):

Si ellos me dijeron allá que había sido el primo de la querida de él que le había mandado a matar, que él ya había mandado a hacer un atentado por una plata, que por no pagársela, no sé cómo era el problema que ellos tenían.(661) 

Preguntado: ¿Cuándo habla del primo de la querida de él, a quien se refiere? 

Contestó: El primo era M., ese M. era el primo de la querida(662). 

Preguntado. ¿Quién era la querida de él? 

Contestó: La querida de él era es prima del señor, ese también que fue alcalde también ahí, ella vivía aquí arribita al lado del cementerio, yo no me acuerdo del nombre de ella, nosotros pasábamos ahí donde ella, con ella se la pasaba de arriba para abajo, cuando íbamos a Montería para todos lados con ella, la pasaba con la querida(663).  

Preguntado: ¿Cuándo menciona el primo de la querida hace referencia al senador M. M. D. actual de la República? 

Contestó: ese, ese señor, él era el primo de ella(664).  

Las manifestaciones de R. T. tienen como fuente el círculo cercano de la víctima, dado que durante casi seis meses antes del deceso de W. P. P. lo acompañó a diferentes lugares, conoció sus rutinas y convivió en su casa de habitación, pues su personal de seguridad permanecía con él las 24 horas, por lo que tuvo la oportunidad de percibir los problemas que aquejaban al mencionado, siendo creíble, por ello, que P. P. le comentara infidencias, lo mismo que su núcleo familiar.

Refuerza lo anterior la declaración rendida por el acusado el 15 de agosto de 2007, ante el Fiscal 16 Especializado de esta ciudad, en la que señaló que una prima hermana suya de nombre T. M. E., tenía un hijo con W. P. P.(665).

A. R. T., como miembro de la seguridad personal de P. P., percibió lo declarado y lo expresó de manera espontánea, circunstanciada y coherente, concibiéndose, en consecuencia, como veraz.

Por otro lado, no afloran razones por las cuales haya mentido al asegurar que, una vez fallecido P. P., llamaron por teléfono a su esposa y por debajo de la puerta de su casa metieron panfletos, exigiéndole a la familia abandonar el pueblo dentro de los tres días siguientes, siendo que los autores de las presiones eran los mismos que habían realizado el crimen, por lo que se tuvieron que ir a Montería; mientras que «al escolta D.», el día del sepelio, lo llamaron para amenazarlo con la advertencia que tenían «un plan b», según lo adujo R. T..

Sobre este aspecto existe dentro de la actuación denuncia formulada por E. D. —concejal de San Antero, copartidario político de P. P.— en contra del procesado, quien refiere que fue amenazado con la expresión de que «le pasaría lo mismo que a su jefe». Ese modo de proceder de los delincuentes guarda relación con lo acontecido una vez se cometió el homicidio —el 1º de julio de 2009—.

No se desconoce que L. F. D. S.(666), A. S. F. y A. A. P. S. —jefe de escoltas, esposa e hijo del occiso, respectivamente,(667) han declarado sobre los aspectos referidos, señalando que no les consta que el incriminado M. D. haya sido partícipe del atentado —en 2006— y homicidio —2009— de P. P., y que nunca escucharon de éste nada al respecto.

Es más, conforme con la prueba trasladada, el 16 de febrero de 2017, D. S. rindió declaración jurada dentro del radicado 11001609904620130034 de la Unidad Especializada de falsos testigos, oportunidad en la que narró el suceso del 26 de noviembre de 2006, descartando cualquier desavenencia entre M. E. M. D. y W. J. P. P., al punto de señalar que eran muy amigos, pues, incluso, este último le había ayudado al primero en la campaña a la alcaldía de San Antero, y se refirió a pormenores del atentado negando la participación de M. D., así como en el homicidio del 1º de julio de 2009(668).

Del mismo modo, en la parte final de la declaración señalada dejó entrever que W. P. P. tenía un problema con J. G., «famoso prestamista de la región», desde cuando se desempeñó como alcalde, lo que originó disgustos entre ellos; argumento que ofreció para afirmar allí la base de una amenaza que aquejaba en vida a P. P.(669), para distraer la investigación.

Sin embargo, recuérdese que el informante del DAS E. V. L., luego de la ejecución del atentado en 2006, concurrió a la casa de P. P. y le dio la identidad de quienes lo perpetraron, entre estos, el acusado; entrevista que tuvo lugar en presencia de L. F. D. S. y E. D., según lo afirmó P. P. en declaración del 1º de agosto de 2007, razón por la cual la postura de D. S. se concibe favorable a los intereses de M. D.(670), no obstante su incoherencia con los demás medios de prueba.

Y es que D. S. también estuvo presente cuando R. M. D. P. «alias El R.» le contó los pormenores del atentado del 26 de noviembre de 2006 a P. P.(671), lo cual denota que el primero sabía que M. D. era señalado como interviniente en los hechos y, pese a ello, guardó silencio.

A. S. F.(672) y A. A. P. S.(673), esposa e hijo de P. P., negaron tener conocimiento de la participación del procesado en relación con el homicidio y las amenazas recibidas, contrariando lo que afirmó haber presenciado A. R. T.(674), como si la víctima hubiera tenido mayor confianza en éste que en su propia familia y su jefe de escoltas, lo cual contraría las reglas de la experiencia, toda vez que una vez acaecen sucesos violentos como los ocurridos en el entorno familiar del referido, es a éstos que se acude para transmitir el conocimiento que se tiene de hipótesis al respecto, a fin de adoptar las precauciones del caso.

Ahora bien, no puede pasar desapercibido que el grupo delincuencial del cual hizo parte el acusado —promotor del homicidio—, acorde con lo ya analizado, siguió operando en la zona después de cometido el ilícito y, no obstante la negativa de la esposa e hijo de P. P. respecto de las amenazas de las que fueron víctima, lo cierto es que se radicaron en Montería luego del asesinato.

De otro lado, D. S. fue víctima de un atentado cuando P. P. se encontraba privado de la libertad, lo cual también podría explicar su postura frente a los hechos.

De esta manera resulta comprensible la posición de los referidos en cuanto era latente el riesgo y el temor que los invadía ante la gravedad de los hechos que afrontaron durante largos años, motivo por el cual pierden fuerza frente a la contundencia del señalamiento que hacen al unísono las pruebas aquí valoradas que acreditan la autoría del homicidio en cabeza del procesado.

Importa advertir que C. S. B. adujo que en la cárcel conoció, por parte del jefe de «los Urabeños», que quienes habían perpetrado el homicidio de P. P. eran integrantes de «Los R.» —otro grupo criminal que operó en la región—, pero dicha hipótesis carece de respaldo probatorio. Aun siendo cierta, por sí misma no exime de responsabilidad penal al procesado, pues, con lo que refleja la prueba, en los demás ilícitos por los cuales se le juzga, su manera de proceder al respecto es recurrir a terceros para cumplir su cometido —como lo pregonaron al unísono Y. S. G.(675) y A. R. T.(676)—, en el caso concreto, a bandas delincuenciales dedicadas a este tipo de ejecuciones, mediando una contraprestación por ello, como así se procedía con las «Á. N.».

En cuanto al móvil que desencadenó el homicidio de P. P., según lo adujo S. B. para respaldar su atestación, referido al ajuste de cuentas entre bandas, pierde fuerza frente a la potencialidad de las pruebas de cargo que corroboran las manifestaciones de Y. S. G., quien dio cuenta de un plan diseñado desde el año 2006 que culminó con el homicidio de P. P., cuyas causas, entre otras, fue no pagar el procesado la deuda contraída con la víctima desde la campaña 2003 a la alcaldía de San Antero, hecho probado en esta actuación, acorde con lo expuesto en el fallo de la Sala.

Recuérdese que P. P. advirtió(677) las maniobras del acusado para acabar con su vida —motivado por un compromiso político adquirido— y como no había podido materializarlo para el 7 de octubre de 2008, fecha del interrogatorio trasladado a estas diligencias, ideó un plan para perjudicarlo de cualquier manera y enredarlo judicialmente para evitar su excarcelación, la cual estaba próxima, manifestación que encaja perfectamente con el plan expuesto por el testigo de cargo S. G.(678).

Esta circunstancia es indicativa de que M. D. fraguó un plan delictivo, bajo la modalidad de contratar sicarios ejecutores a cambio de una contraprestación económica, misma modalidad utilizada el 1º de julio de 2009, cuando se cegó la vida de W. P. P.

Es ostensible la relación de una acción inacabada emprendida en el año 2006 con un vínculo indisoluble con aquella del 1º de julio de 2009, que culminó con la vida de P. P. Cabe agregar las desavenencias entre occiso y acusado, las cuales fueron advertidas por diversas personas y condujeron a que, en primera instancia, se contratara a las «Á. N.» para ejecutar la acción delictiva del 26 de noviembre de 2006, como así lo hicieron y fueron condenados algunos de sus miembros por ese atentado; y, en segunda medida, la intencionalidad de seguir adelante para «segarle la vida» a P. P., conforme M. D. hizo saber que «la vuelta» había que terminarla, manifestación de su voluntad captada por uno de los autores materiales condenados por el primer atentado -Y. S. G.-(679).

Además, el acusado tenía interés en segarle la vida no solo para evitar el pago de la deuda sino para no responder por la tentativa de homicidio, en atención a que conoció de las intenciones de P. P. de involucrarlo en los hechos, según lo referido por S. G.(680).

Converge con lo anterior, la actividad realizada por M. D. para evitar ser vinculado a esta investigación, despliegue comportamental que constituye una necesaria conexión del mencionado con el homicidio de W. J. P. P.

Del mismo modo, el hecho de haber manifestado directamente y a través de sus abogados, a S. G., que una vez saliera de la cárcel P. P. «lo mandaría a matar», como éste lo informó, es situación fáctica que coincide con lo realmente ocurrido, puesto que el occiso recobró su libertad antes de perpetrarse su homicidio, lo cual se une al plexo probatorio en su contra.

Estos son los elementos de prueba que se vinculan indisolublemente, como eslabones conexos para demostrar no solamente el móvil de los problemas entre víctima y victimario sino la conducta punible y la responsabilidad que recae en M. E. M. D. por la comisión del homicidio agravado, en calidad de determinador del mismo, comportamiento realizado con dolo, de acuerdo a los artículos 30, 103 y 104 numerales 2º y 4º del Código Penal habida cuenta de que se perpetró para asegurar la impunidad de los demás punibles, y por precio.

Así las cosas, a mi juicio, la Sala ha debido condenar también al incriminado como determinador de homicidio agravado.

Finalmente, debo reiterar, que, teniendo en cuenta mi postura sobre la doble conformidad frente a la primera condena, tal como lo expuse en acápite anterior de este voto disidente, insisto en que la Sala de Casación Penal ha debido garantizar al acusado su derecho de impugnar, pero, como no lo hizo —porque no se dividió—, era inviable proferir en este momento un fallo.

Con consideración,

Eyder Patiño Cabrera. 

Fecha ut supra.

28 Cfr. Fls. 92 a 94 del cdno. Nº 3 de la etapa de juzgamiento.

29 Cfr. Fl. 91 Ibíd.

30 Se cita: «CSJ SP364-2018, 21 feb. Rad. 51.142».

31 Se cita: «DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal. Teoría general del proceso. Tomo I, Bogotá: ABC, 1996, 14ª ed., pág. 302».

32 Se cita: «Cfr. CARNELUTTI, Francesco. Cómo se hace un proceso. Bogotá: Temis, 1997, págs. 125-127».

33 Se cita: «Es que, acorde con el prenombrado precursor del derecho procesal, “la palabra proceso nos ha descubierto acaso un poco de su secreto. Se trata, en honor a la verdad, de un proceder, de un caminar, de un recorrer un largo camino, cuya meta parecer señalada por un acto solemne, con el cual el juez declara la certeza, es decir, dice qué es cierto”. Ibídem, pág. 17».

34 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 1.

35 Cfr. Fls. 113 a 164 del cdno. original Nº 2.

36 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

37 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 600 de 2000.

38 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 600 de 2000.

39 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

40 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

41 Cfr. Fl. 9 del cdno. original Nº 1.

42 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

43 Cfr. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

44 Cfr. Folio112 a 164 del cdno. original Nº 1.

45 Cfr. Fl. 3 al 8, cdno. anexo original Nº 5.

46 Cfr. Sesión de audiencia pública del 4 de mayo de 2017.

47 Cfr. Minuto 3:23 de la declaración jurada del 22 de julio de 2011.

48 Cfr. Minuto 4:33 Ibíd.

49 Ibíd.

50 Cfr. Minuto 7:33 Ibíd.

51 Cfr. Minuto 9:17. Ibíd.

52 Minuto 14:46. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

53 Cfr. Fls. 5 y 6; 213 a 220 del cdno. anexo Nº 1.

54 Cfr. Fl. 121 del cdno. anexo original Nº 2.

55 Cfr. Fl. 129 del cdno. anexo original Nº 2.

56 Cfr. 136 del cdno. anexo original Nº 2.

57 Cfr. Fl. 82 a 85 del cdno. original Nº 3.

58 Cfr. Minuto 25:15 y 25:57. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

59 Cfr. Minuto: 21:24. Denuncia del 23 de septiembre de 2011.

60 Cfr. Ibíd.

61 Cfr. Fls. 269 a 273 del cdno. original Nº 2.

62 Cfr. Minuto 27:19.Declaración del 23 septiembre de 2011.

63 Cfr. Minuto 29:25. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

64 Cfr. Minuto 23:32. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

65 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10. Página 53 a 55 de la acusación.

66 Cfr. Fl. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

67 Cfr. Fl. 112 a 164 del cdno. original Nº 2.

68 Cfr. Fl. 9 del cdno. original Nº 1.

69 Cfr. Fl. del cdno. original Nº 1.

70 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

71 Cfr. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

72 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

73 Ibíd.

74 Ibíd.

75 Ibíd.

76 Ibíd.

77 Ibíd.

78 Ibíd.

79 Ibíd.

80 Ibíd.

81 Cfr. 112 a 164 del cdno. original Nº 1; y 20 del cdno. original Nº 1.

82 Cfr. Página 13 de ampliación de la denuncia del 15 de mayo de 2012

83 Cfr. Página 5 del acta de declaración. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 2.

84 Ibíd.

85 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

86 Cfr. Ibíd.

87 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

88 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

89 Cfr. Fl. 9 del cdno. original Nº 1.

90 Cfr. Fl. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

91 Cfr. Minuto 6:03. Declaración del 15 de abril de 2015.

92 Cfr. Minuto 6:38. Ibíd.

93 Cfr. 1:01:56. Declaración del 8 de mayo de 2017.

94 Cfr. Ibíd.

95 Cfr. 1:03:24 Ibíd.

96 Cfr. Minuto 1:04:03.

97 Cfr. Minuto 1:05:32. Sesión de audiencia pública del 4 de mayo de 2017.

98 Cfr. Minuto 1:06:42. Ibíd.

99 Cfr. Minuto 1:07:51. Ibíd.

100 Cfr. Minuto 1:09:02. Ibíd.

101 Cfr. Minuto 1:13:00

102 Cfr. Sesión de audiencia pública del 4 de mayo de 2017.

103 Cfr. Minuto 1:22:11

104 Ibíd.

105 Cfr. Fl. 9 del cdno. original Nº 1.

106 Cfr. Fls. 9 y 20 del cdno. original Nº 1; 112 a 164 del cdno. original Nº 1; del 129 y siguientes del cdno. anexo origina Nº 3. 235 del cdno. original Nº 3.

107 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

108 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4.

109 Cfr. Fl. 159 del cdno. original Nº 6.

110 Ibíd.

111 Ibíd.

112 Ibíd.

113 Ibíd.

114 Ibíd.

115 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

116 Cfr. Fls. 155 a 179 del cdno. original Nº 6.

117 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

118 Cfr. Fls. 9 a 10, del cdno. original Nº 7. Declaración del 1 de junio de 2016.

119 Cfr. Fls. 14 a 3, del cdno. original Nº 7. Declaración del 2 de junio de 2016.

120 Cfr. Fls. 74 a 75 del cdno. original 7. Declaración 15 de junio de 2016.

121 Cfr. Fls. 115 a 188 del cdno. original No.7. Declaración del 17 de junio de 2016.

122 Cfr. Fls. 119 a 120 del cdno. original Nº 7. Declaración del 17 de junio de 2016.

123 Cfr. Fl. 50 del cdno. original 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

124 Cfr. Fls. 51 y 52 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

125 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7.

126 Ibíd.

127 Ibíd.

128 Ibíd.

129 Ibíd.

130 Ibíd.

131 Ibíd.

132 Cfr. Fls. 20; 1112(sic) a 164 del cdno. original Nº 1.

133 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

134 Ibíd.

135 Ibíd.

136 Cfr. 43:49. Declaración del 2 de agosto de 2017.

137 Cfr. 47:10. Declaración del 2 de noviembre de 2017.

138 Cfr. Fls. 1:08:0. Declaración del 2 de noviembre de 2017.

139 Cfr.1:08:01. Declaración del 2 de noviembre de 2017.

140 Cfr. 1:09:57. Ibíd. Declaración del 2 de diciembre de 2017.

141 Cfr. 1:23:04. Ibíd. Declaración del 2 de diciembre de 2017.

142 Cfr. Minuto: 1:12:26. Declaración del 2 de noviembre de 2017.

143 Cfr. Fls. 9 y 10 del cdno. original Nº 7. Declaración del 1º de junio de 2016.

144 Cfr. Declaración del 1º de junio de 2016. Minuto 1:30:55.

145 Cfr. Ibíd. Minuto: 2:03:13. Declaración del 1º de junio de 2017.

146 Cfr. Ibíd. Minuto 1:33:00. Declaración del 1º de junio de 2017. Decisión del 16 de junio de 2011, Juzgado Primero adjunto Penal del Circuito Especializado de Cúcuta. Cfr. Fls. 125 a 153 del cdno. original Nº 7.

147 Cfr. Ibíd.

148 Cfr. Ibíd. Minuto 49:20. Declaración del 1º de junio de 2016.

149 Cfr. Ibíd. Minuto 1:40:22. Declaración del 1º de junio de 2016.

150 Cfr. Fls. 14 a 32 del cdno. original Nº 7.

151 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

152 Cfr. Fls. 76 a 77 del cdno. original Nº 7.

153 Cfr. Fls. 14 a 26 del cdno. original Nº 1 A.

154 Cfr. Fls. 76 a 77 del cdno. original Nº 7.

155 Ibíd.

156 Cfr. Fls. 115 a 118 del cdno. Nº 7.

157 Ibíd.

158 Cfr. Ibíd.

159 Cfr. Fls. 119 a 120 del cdno. original Nº 7.

160 Ibíd.

161 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

162 Cfr. Declaración del 4 de agosto de 2016. Minuto: 5:39.

163 Ibíd.

164 Ibíd.

165 Ibíd.

166 Cfr. Minuto 2:06:28.

167 Ibíd.

168 Ibíd.

169 Cfr. Fls. 51 a 52 del cdno. original Nº 8. Minuto: 19:45. Declaración del 4 de agosto de 2016.

170 Ibíd. Minuto: 13:49.

171 Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

172 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

173 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

174 Cfr. Sesión de audiencia Pública.

175 Cfr. Fls. 155 a 170 del cdno. original Nº 6.

176 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

177 Se ha considerado que: «Respecto del delito continuado, para que se configure, esta corporación ha señalado que deben concurrir los siguientes elementos: «a) un componente subjetivo, constituido por el plan preconcebido por el autor, identificable por la finalidad; b) el despliegue de pluralidad de comportamientos de acción u omisión; y c) la identidad del tipo penal afectado con los tales comportamientos.» (CSJ AP, 25 jun. 2002, Rad. 17089)». Citado en CSJ SP14323-2014, 22 OCT. 2014, RAD. 44745.

178 Cfr. Fls. 20; 112 a 64 del cdno. original Nº 1.

179 Se cita: «CSJ SP Rad. Nº 27941».

180 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

181 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

182 Cfr. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

183 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4.

184 Ibíd.

185 Ibíd.

186 Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4.

187 Ibíd.

188 Ibíd.

189 Cfr. Entre otras: CSJ SP, 6 marzo 2013, Rad. 33713; CSJ SP, 24 jul. 2013; CSJ SP, 8 feb. 2012, Rad. 35227; CSJ SP14657-2014, 28 oct. 2014, Rad. 34017; CSJ SP, 29 sep., Rad. 29632.

190 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

191 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

192 Cfr. Fls. 51 a 52 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

193 Cfr. Fls. 140 a 210, cdno. Nº 4 anexo al informe Nº 9-52243 del 20 de agosto de 2015.

194 Ibíd.

195 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

196 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

197 Cfr. Ibíd. Cdno. Nº 4 anexo.

198 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

199 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

200 Cfr. Cd Nº 4 anexo al informe Nº 9-52243 del 20 de agosto de 2016. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4.

201 Versión del 15 de mayo de 2007. Informe Nº 952243 del 20 de agosto de 2015. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4. Minuto: 11:35:12. Transcripción incorporada en el informe.

202 Ibíd. Minuto: 11:36:46.

203 Ibíd. Minuto: 11:46:42.

204 Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4. Informe de Policía Nº 952243 del 20 de agosto de 2015. Versión libre de S. M. del 16 de mayo de 2007. Transcripción incorporada en el informe. Minuto: 10:09:54.

205

206 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4. Informe de Policía Nº 952243 del 20 de agosto de 2015. Versión libre de S. M. del 16 de mayo de 2007. Minuto: 10:09:54.

207 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4. Informe de Policía Nº 952243 del 20 de agosto de 2015. Versión libre de S. M. del 16 de mayo de 2007. Minuto: 10:51:36.

208 Ibíd. Minuto 11:46:26.

209 Ibíd. Minuto: 11:48:13.

210 Cfr. Fl. 4 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2017.

211 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

212 Cfr. Fl. 4 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2017. Minuto: 13:25.

213 Cfr. Fls. 51 y 52 del cdno. Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

214 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

215 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

216 Cfr. Ibíd. Declaración del 4 de agosto de 2017. Minuto: 10:08.

217 Cfr. Ibíd.

218 Cfr. Ibíd.

219 Cfr. Ibíd.

220 Cfr. Cfr. Fls. 5 y 6 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

221 Cfr. Ibíd. Minuto: 16:55. Declaración de E. T. C., «alias D. V.» del 4 de agosto de 2016.

222 (sic)

223 Cfr. Ibíd. Minuto 28:39.

224 Cfr. Ibíd.

225 Cfr. Ibíd. Minuto 33:50.

226 Cfr. Minuto: 40:04. Declaración del 4 de agosto de 2016.

227 Cfr. Minuto: 53:26.

228 Cfr. Minuto 56:29.

229 Cfr. Minuto: 1:00:05. Declaración del 4 de agosto de 2016.

230 Cfr. Anexos 1 a 4 de la etapa de juzgamiento.

231 Cfr. Fl. 9 a 10 del cdno. anexo Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

232 Cfr. Minuto: 1:00:59.

233 Cfr. Minuto 1:01:48

234 Cfr. Fls. 20 del cdno. original Nº 1. Denuncia del 23 de septiembre de 2011; 112 a 162 del cdno. original Nº 1.

235 Cfr. Sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

236 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4. Informe de Policía Judicial Nº 9-52243 del 20 de agosto de 2015.

237 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

238 Cfr. Minuto 27:09. Declaración del 2 de noviembre de 2017.

239 Cfr. Minuto 28:50. Declaración del 2 de noviembre de 2017.

240 Cfr. Ibíd.

241 Cfr. Ibíd.

242 Cfr. Minuto 40:07. Declaración en sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

243 Cfr. 40:50. Ibíd. Declaración en sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

244 Cfr. Minuto 42:13. Ibíd. Declaración en sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

245 Cfr. Ibíd. Declaración en sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

246 Cfr. Minuto 50:24. Ibíd.

247 Cfr. Minuto 57:33 Ibíd.

248 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

249 Minuto 8:55. Declaración del 4 de agosto de 2016.

250 Minuto: 27:28. Declaración del 4 de agosto de 2016.

251 Minuto 51:56. Declaración del 04 de agosto de 2016.

252 Minuto 1:49:31. Declaración del 04 de agosto de 2016.

253 Ibíd.

254 Minuto: 1:55:56. Declaración del 4 de agosto de 2016.

255 Minuto 1:52:39. Declaración del 4 de agosto de 2016.

256 Minuto 1:55:02. Declaración del 4 de agosto de 2016

257 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

258 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8.

259 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7.

260 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8.

261 Cfr. Minuto: 2:27:29

262 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Minuto 2:35:47. Declaración del 4 de agosto de 2016.

263 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original No.7. Declaración del 31 de mayo de 2016; ampliación de declaración en audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

264 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

265 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. anexo original Nº 1.

266 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. anexo original Nº 1.

267 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

268 Cfr. Fls. 74 a 75 del cdno. original Nº 7.9

269 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4. Informe de Policía Judicial Nº 9-52243 del 20 de agosto de 2015.

270 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

271 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016.

272 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2017.

273 Cfr. Entre otras: CSJ SP, 29 sept. 2014, Rad. 29632; CSJ SP14657-2014, 28 oct. 2014, Rad. 34017.

274 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

275 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

276 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

277 Cfr. Minuto 4:33. Declaración del 22 de julio de 2011.

278 Cfr. Minuto 6:53. Declaración del 22 de julio de 2011.

279 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7. Declaración del 31 de mayo de 2016. Y sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

280 Cfr. Minuto 47:14. Declaración del 2 de noviembre de 2017. Sesión de audiencia pública.

281 Cfr. Minuto 1:30:46. Ibíd.

282 Cfr. Minuto 8:14 Declaración del 23 de septiembre de 2011.

283 Cfr. Minuto 12:35. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

284 Cfr. Minuto 13:17. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

285 Cfr. Minuto 14:14. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

286 Cfr. Minuto 15:34. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

287 Cfr. Minuto 16:21. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

288 Cfr. Minuto 17:48. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

289 Cfr. Minuto 18:19. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

290 Minuto 25:27. Declaración del 23 de septiembre de 2011.

291 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

292 Cfr. Anexos 1 a 4 de la etapa de juzgamiento.

293 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original No.1.

294 Cfr. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

295 Cfr. Fls. 20; y 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

296 Cfr. Fls. 155 a 170 del cdno. original Nº 6.

297 Cfr. Fls. 186 a 188 del cdno. original Nº 5.

298 Cfr. Fls. del cdno. origina Nº 2 de la etapa de juzgamiento.

299 Cfr. Fls. 227 a 229 del cdno. original Nº 6.

300 Cfr. Fls. 221 a 223 del cdno. original Nº 6.

301 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

302 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

303 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

304 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

305 Ibíd.

306 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 1.

307 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

308 Cfr. Fl. 275 de cdno. original Nº 2.

309 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

310 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7.

311 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8.

312 Cfr. Fls. 9 a 10 del cdno. original Nº 7.

313 Cfr. Fl. 50, del cdno. original Nº 8.

314 Cfr. Fls. 51 a 52 del cdno. original Nº 8.

315 Cfr. Fls. 9 a 10 del cdno. original Nº 7.

316 Cfr. Fls. 155 a 170 del cdno. original Nº 6. Informe de Policía Judicial Nº 9-70839 del 18 de mayo de 2016.

317 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

318 Cfr. Fl. 4 a 5 del cdno. original Nº 7.

319 Cfr. Fl. 155 a 170 del cdno. original Nº 6.

320 Cfr. Cuadernos anexos 1 a 4 de la etapa de juzgamiento. Fl. 266 del cdno. anexo original Nº 3.

321 Cfr. Fls. 155 a 170 del cdno. anexo original Nº 6.

322 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. anexo Nº 1.

323 Cfr. Fls. 112 y siguientes del cdno. original anexo original Nº 1.

324 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

325 Cfr. Fls. 1 a 193 del cdno. original Nº 1.

326 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

327 Cfr. Fls. 20; y 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

328 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. anexo original Nº 4. LA sentencia hace parte de los anexos del informe Nº 9-52243 del 20 de agosto de 2015.

329 Ibíd.

330 Cfr. Fls. 115 a 118 del cdno. original Nº 7.

331 Cfr. Fl. 50 del cdno. anexo original Nº 8.

332 Cfr. Fls. del cdno. original Nº 6.

333 Cfr. Fls. 115 a 118 del cdno. original Nº 7.

334 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8.

335 Cfr. Sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

336 Cfr. Fls. 141 del cdno. original Nº 3 de la etapa de juzgamiento.

337 Cfr. Ibíd.

338 Cfr. Ibíd.

339 Ibíd.

340 Ibíd.

341 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

342 Cfr. Fl. 141 del cdno. original Nº 3 de la etapa de juzgamiento.

343 Cfr. Minuto: 37:22. Declaración del 2 de mayo de 2017, D. R. H. Rad. 44375.

344 Cfr. Sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

345 Ibíd.

346 Cfr. Cuadernos anexos originales 1 a 4 de la etapa de juzgamiento.

347 Cfr. Sesión de audiencia del 2 de noviembre de 2017.

348 Cfr. Se cita: «CSJ SP Rad. Nº 36838».

349 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

350 Cfr. Fls. 14 a 26; y 35 a 59 del cdno. anexo original Nº 1 A; y 134 a 160 del cdno. original Nº 1.

351 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

352 Ibíd.

353 Ibíd.

354 Ibíd.

355 Ibíd.

356 Cfr. Declaraciones de A. S. F. y Antonio Pérez S., del 15 de junio de 2016. Fls. 86 a 87 del cdno. original Nº 7.

357 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

358 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1; y 235 del cdno. original Nº 3.

359 Cfr. Fls. 20 del cdno. original Nº 1.

360 Cfr. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

361 Cfr. Fl. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

362 Cfr. Fls. 50 del cdno. original Nº 8.

363 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7.

364 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8.

365 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

366 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

367 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1; y 235 del cdno. original Nº 3.

368 Cfr. Fls. 145 a 158 del cdno. anexo original Nº 2.

369 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

370 Ibíd.

371 Ibíd.

372 Cfr. Fls. 141 a 158 del cdno. original Nº 2.

373 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

374 Cfr. Ibíd.

375 Cfr. Ibíd.

376 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

377 Cfr. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

378 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

379 Ibíd.

380 Ibíd.

381 Ibíd.

382 Ibíd.

383 Ibíd.

384 Fls. 3 a 5 del cdno. anexo Nº 5.

385 Ibíd.

386 Ibíd.

387 Ibíd.

388 Ibíd.

389 Ibíd.

390 Ibíd.

391 Cfr. Fl. 20 del cdno. anexo original Nº 3 A. Efectivamente, Y. S. G. otorgó poder a los abogados F. D. S. P. y J. L. G. G.

392 Cfr. Declaración del 16 de abril de 2016. Ibíd.

393 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

394 Cfr. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

395 Cfr. Fls. 3 a 5 del cdno. anexo original Nº 5.

396 Cfr. Sesión de audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

397 Ibíd.

398 Cfr. Informe Nº 0376 del 29 de noviembre de 2011; folios 1 a 4 del anexo original Nº 1.

399 Cfr. Informe Nº 0376 del 29 de noviembre de 2011; folios 1 a 4 del anexo original Nº 1.

400 Cfr. Fls. 126 a 137 del cdno. anexo original Nº 3.

401 Cfr. Fls. 14 a 16 del anexo original Nº 1.

402 Cfr. Ibíd.

403 Cfr. Ibíd.

404 Cfr. Cdno. anexo Nº 1.

405 Cfr. Fls. 107 a 109 del cdno. original Nº 8.

406 Cfr. Fls. 195 a 204 del cdno. anexo Nº 1. Rendida el 8 de marzo de 2007.

407 Cfr. Fls. 77 y siguientes del cdno. anexo original Nº 1.

408 Ibíd.

409 Ibíd.

410 Ibíd.

411 Cfr. Fl. 213 del cdno. original Nº A partir del Minuto: 8:39. Cd audiencia pública del 5 de marzo de 2009.

412 Ibíd.

413 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

414 Ibíd. Minuto: 52:43.

415 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8.

416 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

417 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

418 Cfr. Fls. 42 a 45 del cdno. anexo original Nº 1.

419 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

420 Cfr. Fls. 42 a 45 del cdno. aneo original Nº 1.

421 Cfr. Cfr. Ibíd.

422 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

423 Cfr. 63 a 70 del cdno. anexo original No.1.

424 Cfr. Fls. 14 a 26 del cdno. 1 A.

425 Cfr. Cfr. 63 a 70 del cdno. anexo original No.1.

426 Cfr. Ibíd.

427 Cfr. Cfr. 63 a 70 del cdno. anexo original No.1.

428 Ibíd.

429 Ibíd.

430 Ibíd.

431 Cfr. Ibíd.

432 Cfr. Ibíd.

433 Ibíd.

434 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

435 Cfr. Fls. 134 a 160 del cdno. original Nº 2.

436 Cfr. Fls. 74 a 75 del cdno. original Nº 7.

437 Ibíd.

438 Ibíd.

439 Ibíd.

440 Ibíd.

441 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

442 Cfr. Fl. del 76 a 77 del cdno. original Nº 7. Declaración del 15 de junio de 2016.

443 Cfr. Ibíd.

444 Cfr. Minuto: 7:38. Declaración de Y. E. S. G. del 28 de noviembre de 2011, Rad. 35565, acumulada a la presente actuación. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

445 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

446 Cfr. Fls. 82 a 87 del cdno. anexo original Nº 1.

447 Cfr. Fls. 42 a 47 del cdno. anexo original Nº 1.

448 Cfr. Fls. 82 a 87 del cdno. anexo original Nº 1

449 Ibíd.

450 Cfr. Fls. 186 a 188 del cdno. original Nº 5. Marzo 10 de 2016.

451 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

452 Cfr. Fl. 115 a 118 del cdno. original Nº 7.

453 Ibíd.

454 Ibíd.

455 Cfr. 124 a 128 del cdno. original Nº 8. Y 29 a 33 del cdno. anexo original Nº 1.

456 Ibíd.

457 Ibíd.

458 Cfr. Fls. 88 a 90 del cdno. anexo original Nº 1.

459 Cfr. Fls. 42 a 45 del cdno. anexo original Nº 1.

460 Cfr. Fls. 82 a 87 del cdno. anexo original Nº 1.

461 Cfr. Fls. 82 a 87 del cdno. anexo original Nº 1.

462 Cfr. Fls. 115 a 118 del cdno. original No.7.

463 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

464 Cfr. Fls. 115 a 118 del cdno. original Nº 7.

465 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. origina Nº 1.

466 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

467 Cfr. Fl. 50 del cdno. original Nº 8.

468 Cfr. Fl. 88 a 90 del cdno. anexo Nº 1.

469 Cfr. Fl. 88, cdno. anexo original Nº 1.

470 Cfr. Fl. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

471 Cfr. Fl. 115 a 118 cdno. anexo original Nº 7.

472 Cfr. Fls. 91 a 94 del cdno. anexo original Nº 1.

473 Cfr. Fl. 213 a 220 del cdno. anexo original Nº 1.

474 Ibíd.

475 Ibíd.

476 Ibíd.

477 Cfr. Fls. 14 a 26; 27 a 31 del cdno. anexo original Nº 1 A.

478 Cfr. Fls. 155 a 170 del cdno. original Nº 6.

479 Cfr. Fl. 206 del cdno. original Nº 6.

480 Cfr. Fl. 155 a 170 del cdno. original Nº 6.

481 Cfr. Fls. 211 y siguientes del cdno. original Nº 6.

482 Cfr. Fl. 255 del cdno. original Nº 6.

483 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

484 Cfr. Fl. 50 del cdno. Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

485 Cfr. Fls. 35 a 59 del cdno. anexo original Nº 1 A. Sentencia del 31 de marzo de 2009.

486 Cfr. Fls. 14 a 26. Sentencia anticipada del 19 de diciembre de 2008, Juzgado del Circuito Especializado de Montería.

487 Cfr. Fls. 74 a 75 del cdno. original Nº 7. Declaración del 15 de junio de 2016.

488 Cfr. Fls. 115 a 118 del cdno. original Nº 7. Declaración del 17 de junio de 2016.

489 Cfr. Fls. 119 a 120 del cdno. original Nº 7. Declaración del 17 de junio de 2016.

490 Cfr. Fls. 213 a 220 del cdno. anexo original Nº 1.

491 Cfr. Fl. 20 del cdno. anexo original Nº 1.

492 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

493 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

494 Cfr. Ibíd.

495 Cfr. Fls. 88 y 89 del cdno. original Nº 7.

496 Cfr. Fl. 60 del cdno. original Nº 8.

497 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8.

498 Cfr. Fl. 60 del cdno. original Nº 8. Declaración del 5 de agosto de 2016.

499 Cfr. Fl. 14 a 26 del cdno. anexo original Nº 1.

500 Cfr. folios 30 a 33 del cdno. anexo original Nº 6.

501 Cfr. Fls. 84 a 85 del cdno. Nº 7. Declaración de A. S. F. Minuto: 17:27; 88 y 89 del cdno. original Nº 7. Declaración del 15 de junio de 2016. Minuto: 1:34:20.

502 Cfr. Fls. 84 a 85 del cdno. Nº 7. Declaración de A. S. F.

503 Cfr. Fls. 126 a 137 del cdno. anexo No, 3.

504 Cfr. Fls. 84 a 85 del cdno. Nº 7. Declaración de A. S. F.

505 Se determinó en la decisión que: «...la totalidad de las acciones agotadas por los ejecutores es endilgable a los demás, así cada una de las conductas vistas aisladamente no permita la subsunción en un tipo penal concreto, por concurrir todos dolosamente a la consecución del resultado” (CSJ AP6401-2014, Rad. 44740. En igual sentido, CSJ SP16201-2014, Rad. 40087 y CSJ AP. 20 nov. 2013, Rad. 40685)».

506 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

507 Cfr. Fls. 35 a 59 del cdno. anexo original Nº 1 A.

508 Cfr. Fls. 63 a 70 del cdno. anexo original Nº 1.

509 Cfr. Fls. 42 y siguientes del cdno. anexo original No.1.

510 Cfr. Fl. 60 del cdno. anexo original Nº 1.

511 Cfr. Fls. 82 a 90 del cdno. anexo original Nº 1.

512 Cfr. Fl. 88 del cdno. anexo original Nº 1.

513 Cfr. Fls. 213 a 220 del cdno. original Nº 1.

514 Cfr. citada en la acusación: «CSJ Rad. Nº 24786 de 2007».

515 Cfr. Decreto 2535 de 1993.

516 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto definición de competencia, 8 de junio de 2006, radicación 25525.

517 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

518 Cfr. Fls. 3 a 6 del cdno. original Nº 2.

519 Cfr. Fl. 61 del cdno. anexo original Nº 61.

520 Cfr. Fls. 3 y siguientes del cdno. anexo original Nº 2.

521 Cfr. Ibíd.

522 Cfr. Ibíd.

523 Cfr. Ibíd.

524 Cfr. Ibíd.

525 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8.

526 Cfr. Fl. 60 del cdno. original Nº 8.

527 Cfr. Fls. 158 a 160 del cdno. original Nº 8.

528 Cfr. Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8.

529 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8.

530 Cfr. Ibíd.

531 Cfr. Ibíd.

532 Cfr. Ibíd.

533 Cfr. Fl. 60 del cdno. original Nº 8.

534 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

535 Cfr. Ibíd.

536 Cfr. Ibíd.

537 Cfr. Ibíd.

538 Cfr. Ibíd.

539 Cfr. Ibíd.

540 Ibíd.

541 Cfr. Fls. 199 a 203 del cdno. original Nº 2. Y 84 a 85 del cdno. original Nº 4.

542 Cfr. Ibíd.

543 Cfr. Ibíd.

544 Cfr. Ibíd.

545 Cfr. Ibíd.

546 Cfr. Ibíd.

547 Cfr. Ibíd.

548 Cfr. Ibíd.

549 Cfr. Ibíd.

550 Cfr. Ibíd.

551 Cfr. Ibíd.

552 Cfr. Fls. 41 a 95 del cdno. original Nº 2.

553 Cfr. Fls. 199 y siguientes del cdno. original Nº 2. Denuncia Nº 23000116001015200801665.

554 Cfr. Fls. 41 y siguientes del cdno. original Nº 2. Rad. 2300160010152010007713.

555 Fls. 203 y ss. del cdno. original Nº 2.

556 Ibíd.

557 Cfr. Fls. 41 y siguientes del cdno. original No.2.

558 Cfr. Fl. 262 del cdno. original Nº 2.

559 Cfr. Fl. 108 del cdno. original Nº 2.

560 Cfr. Fls. 193 a 198 del cdno. original Nº 2.

561 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

562 Cd. Anexo original Nº 4 de la etapa de Juzgamiento. Fl. 2 y siguientes del cdno. original Nº 3.

563 Cfr. Fls. 4 a 5 del cdno. original Nº 7.

564 Cfr. Fls. 150 — Coordinación del grupo de asuntos administrativos y de beneficios jurídicos, oficio Nº OF17 003558/JMSC 520223 del 14 de febrero de 2017, de la Agencia Colombiana de la Reintegración; 210 — Coordinador grupo de asuntos administrativos y beneficios jurídicos de la Agencia Colombiana de Reintegración, SGL, oficio del 15 de febrero de 29017; 236 — OFl17-14853 del 1ª de marzo de 2017, Grupo de atención humanitaria al desmovilizado del Ministerio de Defensa; del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento; y 19 y 222 — Oficio Nº 17-00043133/JMSC 112000 del 20 abril de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz- del 20 de abril de 2017.

565 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 2.

566 Cfr. Fls. 140 a 210 del cdno. original Nº 4.

567 Cfr. folio 16 del cdno. original Nº 2.Oficio Nº S-2017-226600-0101 del 4 de mayo de 2017, Subdirección de Restablecimiento de Derechos ICBF.

568 Cfr. Fl. 9 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento. Minuto: 19:58.

569 Cfr. Declaración del 15 de junio de 2016. Minuto: 19:29.

570 Cfr. Declaración del 15 de junio de 2016. Minuto: 20:00 y 53:17.

571 Cfr. Fls. 33 a 69 del cdno. anexo original Nº 11.

572 Cfr. Sesión de audiencia pública del 8 de mayo de 2017. Minuto: 1:10:06.

573 Cfr. Sesión de audiencia pública del 9 de mayo de 2017. Minuto: 34:00.

574 Cfr. Sesión de audiencia pública del 9 de mayo de 2017. Minuto: 1:28:47.

575 Cfr. Sesión de audiencia pública del 9 de mayo de 2017.

576 Cfr. Fls. 7 y 8 del cdno. anexo original Nº 1, de la etapa de juzgamiento.

577 Cfr. Sesión de audiencia pública del 4 de mayo de 2017

578 Cfr. Sesión de audiencia pública del 8 de mayo de 2017.

579 Cfr. Fl. 197 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

580 Cfr. Fl. 249 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

581 Cfr. Fls. 98 y siguientes del cdno. Nº 3 de la etapa de juzgamiento. Documentación aportada en la audiencia pública del 2 de noviembre de 2017.

582 Revista Arcanos Nº 20. Mayo de 2017. Territorio Paz y Desarrollo.

583 Cfr. Fls. 249 y siguientes del cdno. original Nº 2 de la etapa de juzgamiento.

584 Cfr. Fl. 20 a 26 del cdno. anexo original Nº 7.

585 Cfr. Fls. 1 a 144 del cdno. original Nº 5.

586 Cfr. Fl. 44 a 47 del cdno. anexo original Nº 7.

587 Citada en CSJ SP7830-2017, 1º jun. 2017, Rad. 45165.

588 Cfr. Fl. 222 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

589 O sea siete años y seis meses.

590 Cfr. Fl. 222 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

591 O lo que es igual, 12 años y 9 meses.

592 Cfr. Fl. 222 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

593 O sea 6 años, 8 meses.

594 Cfr. Fl. 222 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

595 Cfr. Fl. 222 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

596 O lo que es lo mismo, 4 años 9 meses de prisión.

597 Cfr. Fl. 222 del cdno. original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

598 O sea 16 años 10 meses y 15 días.

599 Se cita: «CSJ SP, 19 jun 2013, Rad. 36511 y CC C-630/12».

600 Cfr. Fls. 60 del cdno. original Nº 8. Declaración del 5 de agosto de 2016.

601 Se remitirá fotocopia de esta sentencia.

602 Cfr. Fls. 89 y siguientes del cdno. original Nº 3.

603 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 161, 164, 165 y 167, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 88, 89 y 90.

604 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 158 y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 88.

605 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 161 y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90.

606 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 164 y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90.

607 La promulgación, según el precepto 52.2 del Código de Régimen Político y Municipal, es el acto de «insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada en la fecha del número que termine la inserción».

608 Cfr. Fls. 1 a 194 del cdno. original Nº 10.

609 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

610 Cfr. Ibíd.

611 Cfr. Ibíd.

612 Cfr. Ibíd.

613 Cfr. Ibíd.

614 Cfr. Ibíd.

615 Ibíd.

616 Cfr. Fls. 199 a 203 del cdno. original Nº 2. y 84 a 85 del cdno. original Nº 4.

617 Cfr. Ibíd.

618 Cfr. Ibíd.

619 Cfr. Ibíd.

620 Cfr. Ibíd.

621 Cfr. Ibíd.

622 Cfr. Ibíd.

623 Cfr. Ibíd.

624 Cfr. Ibíd.

625 Cfr. Ibíd.

626 Cfr. Ibíd.

627 Cfr. Ibíd.

628 Cfr. Fls. 41 a 95 del cdno. original Nº 2.

629 Cfr. Fls. 199 y siguientes del cdno. original Nº 2. Denuncia Nº 23000116001015200801665.

630 Cfr. Fls. 41 y siguientes del cdno. original Nº 2. Rad. 2300160010152010007713.

631 Fls. 203 y siguientes del cdno. original Nº 2.

632 Ibíd.

633 Ibíd.

634 Cfr. Fl. 31 del cdno. original Nº 1.

635 Cfr. Fls. 41 y siguientes del cdno. original No.2.

636 Cfr. Fl. 262 del cdno. original Nº 2.

637 Cfr. folios 134 del cdno. original Nº 2.

638 Cfr. Fl. 108 del cdno. original Nº 2.

639 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

640 Cfr. Fls. 40 a 53 del cdno. anexo original Nº 2.

641 Cfr. Fls. 193 a 198 del cdno. original Nº 2.

642 Cfr. Fl. 108 del cdno. original Nº 2.

643 Cfr. Fls. 140 y siguientes del cdno. original Nº 4.

644 Cfr. Fl. 20 del cdno. original Nº 1.

645 Cfr. Fl. 235 del cdno. original Nº 3.

646 Cfr. Fls. 112 a 154 del cdno. original Nº 1.

647 Cfr. Fls. 41 y siguientes del cdno. original Nº 2.

648 Cfr. Fl. 104 a 109 del cdno. original Nº 2.

649 Cfr. Fls. 104 y siguientes del cdno. original Nº 2.

650 Cfr. Fls. 210 a 212 del cdno. original Nº 1.

651 Cfr. Ibíd.

652 Cfr. Fl. 138 del cdno. original Nº 2.

653 Cfr. Fl. 41 y siguientes del cdno. original Nº 2.

654 Fls. 176 a 78 del cdno. original Nº 2.

655 Cfr. 180 y siguientes del cdno. original Nº 2.

656 Cfr. Fl. 50 del cdno. Nº 8.

657 Cfr. Ibíd.

658 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8.

659 Cfr. Minuto: 27:16. Fl. 55 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

660 Cfr. Ibíd.

661 Cfr. Minuto. 30:12. Ibíd.

662 Cfr. Minuto. 32:42. Ibíd.

663 Cfr. 30:57 Ibíd.

664 Cfr. 31:25 Ibíd.

665 Cfr. Fls. 221 y siguientes del cdno. anexo original Nº 1.

666 Cfr. Fl. 60 del cdno. original Nº 8.

667 Cfr. Fls. 86 a 89 del cdno. original Nº 7.

668 Cfr. Fls. 8 y 9 del cdno. anexo original Nº 1 de la etapa de juzgamiento.

669 Cfr. Fls. 8 y 9 del cdno. anexo Nº 1 de la etapa de Juzgamiento.

670 Cfr. Fls. 213 y siguientes del cdno. anexo original Nº 1.

671 Cfr. Ibíd.

672 Cfr. Fls. 86 y siguientes del cdno. original Nº 7. Declaración del 15 de junio de 2016.

673 Cfr. Fls. 88 a 89 del cdno. original Nº 7. Declaración del 15 de junio de 2016.

674 Cfr. Fls. 55 del cdno. original Nº 8. Declaración del 4 de agosto de 2016.

675 Cfr. Fl. 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

676 Cfr. Fl. 55 del cdno. original Nº 8.

677 Cfr. Fls. Nº 30 a 33 del cdno. anexo original Nº 6.

678 Cfr. Fls. 112 a 164 del cdno. anexo original Nº 6.

679 Cfr. Fls. 20; 112 a 164 del cdno. original Nº 1.

680 Cfr. Ibíd.