Sentencia SP19726-2017/51291 de noviembre 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Radicación 51291

Aprobado mediante Acta 396

Bogotá, D.C, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia de 22 de agosto de 2017, por medio de la cual el Tribunal Superior de Cali absolvió a G. T. G. V., a quien la Fiscalía acusó como autora de los delitos de fraude procesal, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, y falsedad ideológica en documento público, éste último cometido en concurso homogéneo.

Hechos

1. De acuerdo con la información que obra en la actuación, para el año 2010, G. T. G. V, ejercía como Juez 25 Civil Municipal de la ciudad de Cali. En tal condición, y como consecuencia de la queja que por acoso laboral interpuso C. A. S. V., sustanciador de ese despacho, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca dispuso, mediante providencia de 21 de abril de 2010, dar apertura a la investigación disciplinaria formal en contra de la funcionaria y suspenderla provisionalmente del cargo por el término de tres meses. En su reemplazo, tomó posesión M. L. V. S.

En el trámite de esa actuación, radicada con el número 2010-00145, G. V. remitió a la autoridad disciplinaria dos escritos a través de los cuales solicitó la tacha de los testigos que fueron convocados a rendir declaración, en concreto, el quejoso S. V, y los demás empleados del Juzgado. En el segundo de esos memoriales, fechado 12 de abril de 2010, adujo como sustento de la pretensión que “en contra de los empleados…cursa disciplinario 9 iniciado en su contra el día 08 de abril de 2010”.

De otra parte, en curso de la investigación disciplinaria promovida contra G. G. se dispuso realizar inspección en el Juzgado 25 Civil Municipal, que se llevó a cabo el 8 de junio de 2010. En desarrollo esa actividad se constató que los expedientes correspondientes a los procesos iniciados por aquélla contra los empleados del despacho no se encontraban allí. Al ser requerida por V. C. para que procediera a su entrega, la ahora acusada los remitió junto con una comunicación de fecha 29 de julio de 2010, en la que indicó que “se los había llevado consigo a su residencia, traspapelados con sus pertenencias”.

2. Con ocasión de otra queja por acoso laboral impetrada contra G. T. G. V., esta vez por los también empleados del despacho M. L. M. E. y L. F. G., el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante decisión de 11 de julio de 2010, dio inicio al proceso disciplinario con radicación 2010-00920.

En el trámite de ese asunto rindió declaración M. L. M. E., quien manifestó que, en razón de la queja disciplinaria que previamente había elevado C. A. S. V., la entonces Juez G. V. le ordenó “levantar disciplinarios a todos los empleados del Juzgado por la pérdida de un expediente, los cuales debía realizarlos con fecha 8 de abril”, no obstante lo cual ello sucedió, en realidad, el día 12 de ese mes.

Antecedentes procesales relevantes

1. El 16 de enero de 2015, ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía formuló imputación a G. T. G. V, como autora de los delitos de i) falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo, definido en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000; ii) fraude procesal, consagrado en el artículo 453 ibídem, y; iii) destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, conforme al artículo 292 de esa codificación(1).

2. El escrito de acusación, en el que la Fiscalía reiteró la calificación jurídica de las conductas atribuidas a G. V., fue radicado el 5 de marzo de 2015(2). A su vez, la audiencia de su formulación tuvo lugar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 25 de junio de la misma anualidad, ocasión en la cual la Fiscalía hizo algunas aclaraciones al escrito(3).

3. La audiencia preparatoria se agotó en tres sesiones, celebradas los días 6 de octubre(4) y 24 de noviembre de 2015(5), y 17 de marzo de 2016(6).

4. El juicio oral se instaló el 17 de mayo de 2016(7) y se continuó en audiencias realizadas los días 7 de junio(8), 22 de agosto(9), 1 de septiembre(10) y 5 de diciembre de ese año(11), y 27 de febrero(12) y 22 de agosto de 2017(13), fecha última en la que fue proferido el fallo absolutorio de cuya impugnación se ocupa ahora la Sala(14).

La decisión apelada

1. Inicialmente, el Tribunal precisó, en relación con el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, que la Fiscalía pidió absolución en beneficio de la procesada, en cuanto, en su criterio, no se logró demostrar su efectiva configuración.

El ad quem consideró que las razones que sustentaron ese pedido fueron suficientemente explicadas y, además, que la Fiscalía es la titular de la acción penal, por lo cual concluyó que resultaba procedente la absolución por esa conducta punible.

2. En lo que atañe al concurso homogéneo de delitos de falsedad ideológica en documento público, el Tribunal partió por precisar que, conforme a la acusación, el concurso de ilícitos se habría configurado i) en el auto que dispuso la apertura de procesos disciplinarios contra los empleados del Juzgado 25 Civil Municipal, en el que se consignó como fecha de suscripción el 8 de abril de 2010, y; ii) en el oficio remitido por la acusada al Consejo Seccional de la Judicatura en el que hizo constar que el 8 de abril había dispuesto la apertura de sendos procesos disciplinarios contra sus empleados.

Luego de afirmar demostrada la calificación especial exigida por el tipo penal respecto del autor de ese delito, en tanto quedó acreditado que para la época de los hechos G. V. se desempeñaba como Juez 25 Civil Municipal de Cali, el Tribunal adujo que la Fiscalía no logró demostrar la materialidad del mismo.

Entendió que “la expectativa más elemental desde el punto de vista probatorio era…que la fiscalía ingresara como prueba, sino (sic) el original, al menos una copia del documento que se cuestiona como falso, esto es, el auto de apertura del proceso disciplinario adelantado en contra de los empleados del Juzgado”. No obstante, como en el sistema de procedimiento penal de la Ley 906 de 2004 rige el principio de libertad probatoria, procedió de todas maneras a establecer si la materialidad del delito fue demostrada con otros medios de conocimiento.

En ese entendido, dijo, la Fiscalía probó que G. G. efectivamente suscribió el auto fechado 8 de abril de 2010, por el cual se dio apertura a un proceso disciplinario contra los empleados del despacho. No obstante, no se acreditó que en ese documento se hubiese consignado una falsedad.

En efecto, para construir el convencimiento sobre la falsedad imputada, la Fiscalía presentó los testimonios de L. F. G. y M. L. M. E. El primero nada dijo sobre la fecha en la que realmente se dispuso iniciar la investigación disciplinaria. La segunda sí atestó con precisión que ello sucedió el día 12 de abril, y no el 8 como se consignó en el auto, pero esa prueba, adujo el ad quem, resulta insuficiente para tener por probada la ocurrencia del delito.

Lo anterior, porque se tuvo conocimiento de las malas relaciones personales que M. L. M. E. tenía con G .G. V., lo cual afecta la credibilidad de su testimonio. Además, se recibió el testimonio de A. G. H., quien se posesionó como secretario del Juzgado el día 12 de abril, y evocó que “el disciplinario se aperturó (sic) el día jueves anterior a esa fecha”, con lo cual lo dicho por M. E. quedó controvertido.

En esas condiciones, y ante la ausencia de prueba documental que acredite la falsedad atribuida a la procesada (por ejemplo, las notificaciones libradas con ocasión de la apertura de la investigación disciplinaria), existe una duda razonable por virtud de la cual se hace obligatoria la absolución.

Con base en esas mismas consideraciones, estimó que tampoco puede afirmarse demostrado que exista falsedad alguna en el oficio dirigido por la acusada al Consejo Seccional de la Judicatura con expresa alusión a la apertura del proceso disciplinario.

3. Finalmente, y en punto al delito de fraude procesal, el Juez colegiado indicó que, ante la ausencia de prueba sobre la configuración de los ilícitos de falsedad documental, queda descartada también la del punible contra la recta y eficaz administración de justicia, pues éste depende necesariamente de aquéllos.

Con todo, agregó, incluso de admitirse demostrada la falsedad de los documentos mencionados, lo cierto es que estos carecían de la idoneidad necesaria para inducir en error a los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura.

En efecto, lo supuestamente pretendido por G. V. al señalar que el proceso disciplinario contra sus empleados fue iniciado en una fecha anterior a la real era lograr “la tacha de testigos y evitar con ello la declaración” que aquéllos debían rendir en la investigación que se seguía en su contra; con todo, esa pretensión fue desestimada de entrada porque “la tacha de testigos es improcedente en materia disciplinaria”.

4. Así las cosas, y en aplicación del principio de duda probatoria, el ad quem resolvió absolver a G. T. G. V, de todos los cargos.

El recurso de apelación

La sentencia de primer grado fue apelada por el delegado de la Fiscalía, quien pide su revocatoria y, en consecuencia, la condena de G. V. como autora de los delitos por los cuales se le formuló acusación.

El recurrente adujo que el disenso con la sentencia de primera instancia está referido a la consideración según la cual no se logró demostrar que los documentos elaborados por la otrora Juez 25 Civil Municipal de Cali consignasen una falsedad.

En ese orden, señaló que el Tribunal no apreció el documento que los testigos M. L. M. y L. F. suscribieron y enviaron al Consejo Seccional de la Judicatura el 21 de abril de 2010, mismo que fue regular y oportunamente allegado como prueba en el juicio y que “resulta relevante valora si estos dos testimonios serán o no creíbles”.

De igual manera, alegó que el ad quem erró al valorar el testimonio de L. F., pues aunque es cierto que ese testigo no precisó de manera exacta la fecha en la que se dio inicio en realidad al proceso disciplinario en contra de los empleados del Juzgado, también lo es que su relato “sí coincide en lo fundamental con el núcleo factico (sic) central de lo que son los hechos jurídicamente relevantes”.

Igualmente equivocada fue la apreciación que el Juez colegiado hizo del testimonio de M. L. M. E., cuya credibilidad descartó con base en la conflictiva relación que ésta tenía con G. V. No obstante, dijo, no existe ningún elemento de prueba que acredite que la testigo declaró contra la acusada con “ánimo de vindicta o retaliación”, ni se demostró que el testimonio rendido en el juicio sea falso.

Además, aunque el ad quem tuvo en cuenta el testimonio de A. G. H. como fundamento para restar credibilidad a lo dicho por M. E., sucede que esa persona no trabajaba en el Juzgado para la fecha del 8 de abril de 2010 y, en consecuencia, no podía tener conocimiento de lo que para entonces sucedió.

Añadió que, demostrada la errada valoración de la prueba del Tribunal en relación con el delito de falsedad documental, se sigue de ello también el yerro en que incurrió al descartar la configuración del punible de fraude procesal, mismo que no puede desestimarse por razón de la equivocación en que incurrió G. V. al considerar procedente la tacha de testigos en el proceso disciplinario.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que en el presente asunto están satisfechas las exigencias previstas en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 para proferir condena.

No recurrente

La defensora de G. G., por su parte, pidió que se confirme la sentencia absolutoria apelada.

Comenzó por señalar que, contrario a lo alegado por la Fiscalía en la sustentación de la alzada, el escrito de 21 de abril de 2010 suscrito por los testigos M. L. M. y L. F. no puede ser apreciado como prueba, pues se trata de una manifestación previa de los declarantes producida por fuera de juicio oral, que conforme a la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia de esta Sala solo tiene fines de refrescar memoria o impugnar credibilidad.

De otro lado, y en lo que tiene que ver con el testimonio de M. L. M. E., la mandataria sostuvo que esa es la única prueba que alude a la supuesta falsedad del auto que dio apertura a la investigación disciplinaria contra los empleados del Juzgado, pero además, que se trata de un medio de conocimiento poco creíble, pues quedó demostrado que la nombrada tuvo problemas con G. V. desde el mismo momento de su posesión como escribiente del despacho, época desde la cual fue acosada y maltratada por la juez.

En esas condiciones, y como quiera que la experiencia enseña que las víctimas de acoso laboral sienten “deseos de venganza”, es evidente que la referida prueba testimonial no es objetiva ni creíble, máxime que fue desvirtuada por el testimonio “claro, concreto (y) específico” de A. G.

Así las cosas, toda vez que la prueba sobre la falsedad del auto de 8 de abril de 2010 es insular y poco verosímil, es claro que la Fiscalía no acreditó la materialidad del punible investigado.

Consideraciones de la Corte

Competencia

De conformidad con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para decidir sobre el recurso impetrado, porque fue promovido contra una sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Como la competencia funcional del superior que se ocupa del recurso de alzada está limitada por el objeto del disenso exteriorizado por el recurrente, el análisis de la Corte estará circunscrito con exclusividad a las quejas presentadas por la Fiscalía.

En ese entendido, nada se considerará sobre el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, pues respecto de la absolución por esa conducta punible no existe ninguna controversia.

Los delitos imputados

1. El delito de falsedad ideológica en documento público está definido en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, en los siguientes términos:

El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.

Se trata, pues, de una infracción con sujeto activo calificado, en tanto sólo puede ser cometida por un servidor público en ejercicio de sus funciones, que se perfecciona cuando éste, al suscribir un documento público con vocación probatoria, consigna en el mismo una manifestación falaz, o bien cuando calla total o parcialmente una verdad que le corresponde funcionalmente certificar de manera íntegra.

En efecto, al producirse un documento público —esto es, aquél otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención, u otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención(15)—, surge el deber de “ceñirse estrictamente a la verdad sobre la existencia histórica de un fenómeno o suceso”, así como de “incluir las especiales modalidades o circunstancias en que haya tenido lugar, en cuanto sean generadoras de efectos relevantes en el contexto de la relaciones jurídicas y sociales”(16).

Desde esa óptica, y de cara a los verbos rectores contenidos en la descripción típica, es claro que el delito se actualiza no sólo cuando el funcionario consigna en el documento público una manifestación completamente contraria a la verdad o cuando la calla total o parcialmente, sino también en aquéllos eventos en que se presenta de forma distorsionada, tergiversada o alterada(17).

2. Por su parte, el punible de fraude procesal se encuentra descrito en el artículo 453 del Código Penal, así:

El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

La conducta descrita se perfecciona en el momento en que el sujeto activo —no calificado—, a través de un medio fraudulento, pretende inducir en error a un servidor público con el inequívoco objeto de lograr que éste profiera una decisión contraria a derecho. En otras palabras:

El propósito buscado por el sujeto activo es cambiar, alterar o variar la verdad ontológica con el fin de acreditar ante el proceso que adelante el servidor público una verdad distinta a la real, que con la expedición de la sentencia, acto o resolución adquirirá una verdad judicial o administrativa.

Para que se configure esa conducta punible es preciso que exista una actuación judicial o administrativa en la que deba resolverse un asunto jurídico, y que, por ende, sea adelantada por las autoridades judiciales o administrativas. Incurre en ella el sujeto —no calificado— que por cualquier medio fraudulento induzca en error al servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

Si bien no se exige que se produzca el resultado perseguido, se entiende consumado cuando el agente, de manera fraudulenta, induce en error al servidor. Pero perdura mientras se mantiene el estado de ilicitud y aun con posterioridad si se requiere de pasos finales para su cumplimiento(18).

Si bien, conforme quedó recién precisado, la materialización del delito no requiere que el propósito perseguido por el agente sea alcanzado, sí es necesario que el medio fraudulento utilizado por aquél para lograr la inducción en error del funcionario sea idóneo, es decir, que tenga la potencialidad de conseguir ese fin:

En este reato, cobran nodal importancia los medios engañosos —que deben ser idóneos (documentos, testimonios, pericias, etc. que involucren un contenido material falso o falaz, de características relevantes)— empleados por el autor o partícipe para desfigurar o alterar la verdad y conseguir, por consecuencia, que el funcionario, convencido de la seriedad o autenticidad de lo acreditado ante él por el sujeto interesado, incurra en equívocos protuberantes que lo puedan conducir a emitir una determinación conforme con esa falsa realidad, pero contraria a la ley(19).

El caso concreto

1. A efectos de decidir sobre la apelación interpuesta, la Sala parte por enfatizar que, en el presente asunto, a G. T. G. V, le fue imputada la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo.

Esas infracciones se habrían perfeccionado en razón de dos actos diferentes, en concreto, i) la suscripción del auto fechado 8 de abril de 2010, por el cual dispuso iniciar el proceso disciplinario 9 en contra de los empleados del Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, y ii) la elaboración del memorial de 12 de abril de 2010, dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura, por medio del cual promovió la tacha de testigos en la investigación disciplinaria que contra ella se adelantaba ante esa corporación, aduciendo, precisamente, que los empleados de su despacho estaban siendo investigados disciplinariamente en proceso abierto el 8 de abril.

La falsedad, de acuerdo con la acusación, consistiría en que la apertura del proceso disciplinario 9 no se dispuso en realidad el 8 de abril de 2010, sino el día 12 de ese mes y año.

Sin dificultad se advierte, en atención a la situación fáctica así planteada, que la relevancia penal del segundo acto atribuido a G. V. depende por necesidad de la comprobación que se haga probatoriamente del primero.

Dicho en otros términos, el memorial de 12 de abril de 2010 sólo podrá reputarse ideológicamente mendaz en tanto quede demostrado que, en efecto, la fecha real de apertura del disciplinario 9 no corresponde al 8 de abril sino al día 12, o lo que es igual, en tanto se acredite la materialidad del primer delito de falsedad documental imputado a la procesada.

A su vez, el ilícito de fraude procesal atribuido a G. G., de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se habría configurado cuando, a través de un documento mendaz —el oficio de 12 de abril de 2010 dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura— intentó inducir en error a esa corporación para que desestimara los testimonios de los empleados del Juzgado 25 Civil Municipal, cuya recepción había sido ordenada en el proceso disciplinario que se le seguía bajo el radicado 2010-00145.

En ese entendido, también la configuración de esa conducta punible está supeditada a la comprobación del primer acto supuestamente constitutivo de falsedad documental, como que, de descartarse éste, necesariamente habría de concluirse que el medio utilizado por la imputada para lograr la denominada “tacha de testigos” no fue fraudulento.

Así las cosas, el problema central que corresponde analizar a la Sala, a partir de la inconformidad planteada por la Fiscalía, es si las pruebas practicadas en el juicio oral demuestran más allá de toda duda que en el auto por medio del cual G. V. resolvió iniciar la investigación disciplinaria contra los empleados del despacho se consignó, en contravía de la realidad, que esa decisión se adoptó el 8 de abril de 2010.

2. Para agotar dicho análisis, debe indicarse en primer lugar que respecto de algunos de los hechos jurídicamente relevantes, demostrados a través de la prueba debatida en la vista pública o de estipulaciones convenidas por las partes, no existe ninguna controversia entre la defensa y la Fiscalía.

En concreto, no se debate que:

2.1. Para el mes de abril de 2010, G. T. G. V, ejercía como Juez 25 Civil Municipal de Cali, cargo que desempeñó desde el 16 de octubre de 2001, tal como se convino tener por demostrado en la estipulación número 1(20).

En ese entendido, ninguna duda suscita la calificación especial del sujeto activo exigida para la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público.

2.2. Con ocasión de la queja por acoso laboral impetrada contra G. V. por C. A. S. V., otrora sustanciador del Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca tramitó el proceso disciplinario 2010-00145, en el cual, mediante decisión de 21 de abril de 2010, se dispuso abrir investigación disciplinaria formal contra la ahora acusada y suspenderla del cargo por el término de tres meses.

De ello da cuenta la copia de la mencionada providencia de 21 de abril de 2010, que fue legal y oportunamente allegada como evidencia de la Fiscalía(21).

2.3. En el curso de esa investigación, G.G.V. remitió al Consejo Seccional de la Judicatura un primer escrito, fechado 19 de febrero de 2010, por medio del cual manifestó:

…que tacho a los testigos citados por el quejoso…lo anterior en virtud de la dependencia y subordinación que tienen dichos testigos con relación a esa juez, toda vez que se encuentran en circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad…amén no solo de estar nombrados y desempeñarse como empleados de este juzgado, sino también de estar vinculados en un proceso disciplinario iniciado en su contra por la suscrita(22).

A ese memorial acompañó copia del auto de 27 de julio de 2009, por medio del cual dispuso iniciar indagación preliminar 1 contra los empleados del despacho.

La solicitud de tacha de testigos fue resuelta desfavorablemente en providencia de 5 de marzo de 2010, en la que se indicó que “esta es improcedente en materia disciplinaria”.

Estos hechos se demostraron a través de las copias que de esos documentos fueron aportadas a la actuación(23).

2.4. En oficio de 9 de abril de 2010, G. V. reiteró la “tacha de testigos”, todos los cuales habían sido “citados para ser escuchados el día 13 de abril de 2010”.

Insistió en que algunos de los declarantes “están vinculados y han rendido su versión libre” en el disciplinario 1 y, a ese argumento, agregó:

Igualmente, en contra de los empleados L. F. G., M. M. E., R. M. L. y A. S. G. cursa el Disciplinario 9 iniciado en su contra el día 08 de abril de 2010.

De la realidad de ese hecho no cabe ninguna duda, pues se cuenta con la copia del memorial en el que con toda claridad se aprecia la rúbrica de la imputada(24).

La investigación disciplinaria preliminar 9 estuvo relacionada con la pérdida de un expediente, en concreto, el radicado 2009-00955, correspondiente a un proceso civil abreviado de restitución de bien inmueble, y se inició por razón de la queja presentada por la abogada de la parte de mandante, M. Z. D.

Así consta en la copia del auto de 30 de septiembre de 2010, por el cual la sucesora de G. V. resolvió archivar las pesquisas(25), y fue por demás atestado por la propia M. Z. D. en juicio oral(26).

2.5. Mediante providencia en la que se imprimió la fecha del 8 de abril de 2010, G. T. G. ordenó la iniciación de la investigación disciplinaria preliminar 9 contra los empleados del Juzgado 25 Civil Municipal de Cali.

En punto a la realidad de ese hecho, importa precisar que si bien en el expediente no se tiene copia de la mentada providencia, su existencia fue en todo caso acreditada con otros medios de conocimiento, lo cual no ofrece ningún reparo de cara al principio de libertad probatoria consagrado en el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, máxime si se tiene en cuenta que la defensa no controvierte que esa decisión fue efectivamente proferida por la acusada.

Son varios los elementos de juicio que permiten tener por demostrado que la aludida providencia sí fue proferida por la acusada, pero además, que en ella se indicó como fecha de su suscripción el 8 de abril de 2010.

Véase, por ejemplo, que en el auto de 30 de septiembre de 2010, firmado por la funcionaria que sucedió a G. V. con ocasión de su suspensión como encargada del Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, se indica:

La doctora G. T. G. V., juez titular de este despacho, mediante auto de 8 de abril de 2010, abrió la presente investigación disciplinaria en contra de los disciplinados de la referencia, motivada por el extravío del proceso abreviad de restitución de bien inmueble de radicación 2009-00955…(27)

De igual manera, durante el juicio rindieron testimonio L. F. G.(28), J. A. G. S.(29) y A. G. H.(30), todos ellos empleados de ese despacho, quienes de manera conteste y unívoca dieron cuenta de la apertura del proceso disciplinario 9 a cargo de G. V.

Incluso, en el escrito que la ahora procesada remitió el 29 de julio de 2010 a la persona que la reemplazó como titular del Juzgado, en el cual explicó que de manera accidental se llevó consigo a su lugar de residencia los expedientes correspondientes a los procesos disciplinarios adelantados contra los empleados e hizo devolución de los mismos, indicó:

Disciplinario Nº 09, iniciado el 8 de abril de 2010, contra A. G. H., A. S. G., J. A. G. S., G. A. B. L., R. M. M. L. y M.L.M. E., por extravío del expediente 2009-00955.

El tenor literal de ese medio documental revela de modo cierto que el auto allí referido fue proferido y se fechó 8 de abril de 2010, información que resulta particularmente convincente porque proviene de la misma enjuiciada.

Así las cosas, con independencia de la omisión —no explicada— en la que incurrió la Fiscalía al no aportar como prueba una copia del auto que se alega falaz, los elementos suasorios legal y oportunamente incorporados a la actuación, por su consistencia y coherencia, llevan al conocimiento cierto sobre la existencia de esa providencia, su autoría, y la fecha que se le estampó, esto es, el 8 de abril de 2010.

Ese auto, a no dudarlo, tiene la condición de documento público, pues fue expedido por la entonces Juez 25 Civil Municipal en ejercicio de sus funciones, y está revestido de capacidad probatoria, tanto así, que a partir del mismo se pretendió derruir la credibilidad e imparcialidad de las personas que fueron citadas como testigos en el proceso disciplinario que se le seguía a G. V.

Recuérdese, por demás, que el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, normatividad adjetiva vigente para la época de los hechos, disponía que “toda providencia se encabezará con la denominación del correspondiente juzgado o corporación, seguida del lugar y la fecha en que se pronuncie expresada en letras, y terminará con las firmas del juez”.

Esa exigencia no es una simple formalidad desprovista de sentido, sino que existe, precisamente, en razón de los significativos efectos sustanciales que se desprenden de la fecha en la que se adopta una determinada providencia, que van desde la acreditación del cumplimiento de los términos legales por parte del funcionario, hasta la consolidación de derechos subjetivos por razón de fenómenos como, por ejemplo, la ejecutoria de las decisiones judiciales.

En esa lógica, es evidente que la consignación de una falsedad atinente a la fecha de adopción de una decisión judicial no constituye una conducta inocua o irrelevante, sino que se trata de un comportamiento que, al ser realizado sobre un documento con potencialidad probatoria, puede lesionar el bien jurídico tutelado.

3. A partir de las consideraciones precedentes, la Sala advierte que la controversia de las partes, en últimas, gira en torno a una única circunstancia: cuál fue la fecha real en la que se adoptó la decisión en la que G. V. consignó como fecha la del 8 de abril de 2010.

De estar demostrado que, como lo sostiene la Fiscalía, ello ocurrió el 12 de abril de esa anualidad, quedaría acreditada la materialidad de los dos delitos de falsedad documental atribuidos a la imputada, como también la del punible de fraude procesal, pues como se explicó atrás, está acreditado que pretendió minar la credibilidad de los testigos citados en el proceso disciplinario que se le adelantaba, para lo cual adujo, precisamente, la supuesta circunstancia de haberse iniciado una pesquisa sancionatoria en fecha anterior a la que estaba programada para la recepción de sus declaraciones.

4. Efectuada esa precisión, la Corte anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, pues si bien no está demostrado que la fecha real de adopción del auto que dio inicio al disciplinario 9 coincida con la que se consignó en el texto de esa providencia, tampoco se probó en el grado de conocimiento exigido en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 lo contrario.

Dicho en otros términos, la apreciación conjunta de la prueba practicada en el juicio oral no permite descartar la teoría del caso presentada por la Fiscalía, pero tampoco la confirma más allá de toda duda. Ante tal escenario procesal, como adecuadamente lo entendió el Tribunal, resulta necesario aplicar el mandato constitucional y legal de in dubio pro reo, y por ende, sostener la absolución.

4.1. Para demostrar que la apertura de la indagación disciplinaria promovida contra los empleados del Juzgado 25 Civil Municipal se inició en realidad el 12 de abril de 2010, la Fiscalía presentó un único testimonio, esto es, el de M. L. M. E., quien fungió como escribiente de ese despacho desde julio de 2006.

En relación con ese particular hecho, la declarante manifestó(31):

Don C. G. interpone una queja de acoso laboral y con esa queja nos llaman a declarar a todos…en la Sala Disciplinaria… llaman a cada uno de los empleados para que dijeran sobre los hechos que habían sucedido con él…en cuanto a eso pues tuve mi conflicto con la doctora G., porque ella nos decía a L. y a mí que nos declaráramos impedidos para declarar, que ella había hecho la tacha de testigo…yo le digo que no, que no puedo, ella insiste, inclusive se abre un disciplinario, se hace un día antes de que sea la audiencia para escuchar el testimonio…me dice “vamos a abrir este disciplinario y usted misma va con L. y los notifica a todos”…ese disciplinario era contra todos los del despacho, en ese momentico unos ya no estaban…fue por la pérdida de un expediente…nosotros buscamos el expediente porque era que la apoderada hacía rato venía preguntando y el expediente nada que se encontraba… dijo que necesitaba hablar con la doctora, luego se hace el disciplinario y la doctora abre el disciplinario un día antes de la audiencia pensando pues que la audiencia es mañana…

(…) al otro día, me acuerdo que era 13 de abril, teníamos que venir a declarar aquí a la Sala Disciplinaria sobre lo del acoso de don C. G., la doctora G. T. no quería que declaráramos…que nos declaráramos impedidos, entonces ella me dice “venga y hacemos este disciplinario…y van usted y L. y lo notifican”, me sentó en su computador, la doctora G. T. no escribe en el computador, entonces se sentó al lado mío y me dictó palabra por palabra del disciplinario…

(…) Fue entonces el 12, porque era que el 13 teníamos que ir a declarar, y ella cogió el almanaque…dijo “¿qué día es que tienen ustedes el disciplinario?”, “mañana”; “entonces hagámoslo unos días antes”…la fecha no recuerdo cuál fue la que asignó pero debe estar allí en el disciplinario…

El relato ofrecido por la testigo, en efecto, indica que la fecha en la que realmente se dispuso iniciar la investigación preliminar contra los empleados del despacho fue el 12 de abril de 2010, no el día 8 de ese mes, e incluso apunta a acreditar que el propósito de esa conducta no era otro que el de impedir que aquéllos rindieran declaración en el proceso que ante el Consejo Seccional de la Judicatura se le seguía a G. V., diligencias para las cuales se había fijado la fecha del 13 de abril.

Con todo, y según se esbozó en precedencia, ese medio de conocimiento resulta insuficiente para tener por probada, más allá de toda duda, la materialidad de la conducta investigada.

Es cierto que no por tratarse esa prueba de un testimonio insular sea inexorable su desestimación, pues como lo tiene pacíficamente discernido esta corporación, desde un único medio suasorio es posible cimentar el conocimiento legalmente exigido para proferir condena(32). Con todo, en esas condiciones se hace necesario escudriñar con especial cuidado su credibilidad, y en particular, “auscultar con mayor celo el dicho de quienes se hallen en cualquier situación, de la cual pueda avizorarse proclividad a engañar o mentir(33).

En esa línea, mal podría soslayarse el historial —demostrado en el proceso— de acosos y maltratos que G.T. G. infligió a la testigo, mismos de los que no sólo dio cuenta la propia M. E., sino que también aparecen acreditados en otras evidencias.

En efecto, M. L. M. aseveró que recibía de la entonces titular del despacho un trato “horrible”, mismo que la llevó en algunas ocasiones al llanto, al punto que, con ocasión de los sentimientos de “tristeza” y “pesar” sufridos por razón de esas agresivas interacciones, se vio compelida a pedir ser trasladada a otro Juzgado e, incluso, a interponer en contra de su superior una queja disciplinaria. Más aún, la declarante relató la manera en que G. V. impidió que se posesionara en el cargo de escribiente que le correspondía ocupar por concurso, conducta que la determinó a interponer una acción de tutela por medio de la cual la Corte Constitucional, en sede de control de revisión, tuteló sus derechos e impartió a la funcionaria la orden de permitirle a la testigo asumir su posición laboral.

Esas circunstancias fueron descritas también en juicio por L. F. G.(34) y aparecen corroboradas en el auto de 21 de abril de 2010, por medio del cual el Consejo Seccional de la Judicatura resolvió suspender provisionalmente a G. V.(35); y aunque a partir de ese antecedente no se colige fatalmente que M. E. mintió en juicio para perjudicar a la procesada o tomar venganza contra ella, sí se hace necesario aplicar un especial rigor en la apreciación de la credibilidad de la testigo, particularmente —se insiste— porque esa es la única prueba de cargo que refiere a la supuesta falsedad atribuida a la encartada.

De otra parte, la Sala no puede pasar por alto que, no obstante haber transcurrido más de diez años desde la época de los hechos, en el testimonio de M. L. M. E. se observa absoluta precisión respecto de las fechas y, en particular, de aquélla en la que supuestamente se habría proferido el auto censurado. Ello contrasta, en perjuicio de la credibilidad de esa prueba testimonial, con la postura que asumieron otros declarantes, quienes con mayor naturalidad dijeron no estar en capacidad de precisar la data exacta en la que la titular del despacho tomó esa determinación.

En ese sentido, véase que L. F. G. —quien también concurrió al juicio a instancias de la Fiscalía— adujo no recordar la fecha exacta en la que el disciplinario 9 fue iniciado, pero dijo tener “muy presente” que “eso fue…a partir de cuando fuimos citados doña M. y yo”(36). De acuerdo con la prueba que obra en la actuación, dicha citación se hizo el 5 de marzo de 2010(37), de suerte que esta prueba ni siquiera corrobora la teoría del caso de la acusación, pues a partir de ella puede colegirse razonablemente que la fecha real de apertura de las pesquisas pudo coincidir con la del 8 de abril de 2010.

Ahora bien, el apelante adujo que los testimonios rendidos por M. L. M. E. y L. F. G. debieron ser apreciados a la luz del escrito que una y otro remitieron al Consejo Seccional de la Judicatura el 21 de abril de 2010, toda vez que éste “resulta relevante…al valorar…si estos dos testimonios serán o no creíbles”. No obstante, agregó, el Tribunal omitió toda consideración respecto de esa pieza, a pesar de haber sido debidamente incorporada al acervo probatorio.

En relación con esa censura, la Sala advierte, en primer lugar, que el elemento suasorio al que alude el recurrente no es un “escrito”, sino que se trata de la transcripción de las declaraciones que rindieron M. E. y F. G. ante el Consejo Seccional de la Judicatura en el proceso disciplinario seguido contra G.T. G. el 21 de abril de 2010.

Siendo así, esa pieza no tiene la naturaleza de prueba documental, como parece entenderlo el recurrente, sino que se trata de declaraciones previas rendidas por los declarantes —consignadas por escrito— y, por ende, sólo podían ser utilizadas para efectos de impugnar la credibilidad de los testigos o refrescar su memoria, de acuerdo con los artículos 347 y 392 de la Ley 906 de 2004.

Precisamente por esa razón el tribunal autorizó la introducción de ese medio de conocimiento, pero únicamente para el cumplimiento de esos fines, “sin consideración alguna por el contenido declarativo que pudiera tener ese documento”(38).

De todas maneras, de la revisión del juicio oral surge evidente que durante los testimonios rendidos por M. E. y F. G., la Fiscalía no utilizó esas declaraciones previas para ninguno de los dos propósitos aludidos.

Así las cosas, dicha pieza —la contentiva de las declaraciones previas rendidas por M. L. E. y L. F.— no puede ser valorada como prueba, ni siquiera de referencia, esto último por la sencilla razón de que los dos nombrados concurrieron a la vista pública y rindieron testimonio de viva voz, con respeto por los principios de inmediación y contradicción(39).

4.2. Además de lo anterior, la defensa presentó, a través de las pruebas practicadas en el juicio oral, una hipótesis fáctica distinta a la invocada por la Fiscalía, que es igualmente plausible y no fue refutada por el ente acusador; misma que, si bien tampoco puede tenerse por demostrada en el grado de certeza, consolida de manera definitiva la duda que existe sobre la materialidad del delito.

Así, se recibió el testimonio de L. E. R. B., Juez 1º Civil Municipal de Yumbo, quien dijo tener una relación de amistad con la acusada hace varios años. Explicó que, en razón de ese vínculo, se enteró de la queja que la abogada M. Z. D. puso ante G. V. por la pérdida de un expediente que estaba en su despacho, y manifestó haber sido enterada por aquélla de que el mismo día en que recibió esa queja —el 8 de abril de 2010— dispuso dar inicio a la investigación disciplinaria(40).

Esa versión de lo sucedido fue ratificada por el testimonio de A. G. H., quien trabajó en el Juzgado 25 Civil Municipal, primero como Oficial Mayor, desde el 8 de marzo de 2010, y luego como secretario, cargo del cual tomó posesión el 12 de abril de ese año. Relató que M. Z. D. presentó ante G.G. V. la queja por la pérdida del expediente “el jueves anterior a la fecha de mi posesión como secretario del despacho”. Agregó que “ese disciplinario se inició el día jueves… (y) fu(e) notificado el día 12 de abril de esa investigación”(41).

Contrario a lo aducido por la Fiscalía en la sustentación del recurso, G. H. sí trabajaba en el Juzgado 25 Municipal para la fecha del 8 de abril de 2010, pues se insiste, inició labores en ese despacho el día 8 de marzo de esa anualidad como Oficial Mayor. En consecuencia, resulta evidente que tuvo conocimiento personal y directo de los hechos relatados.

Esos testimonios, que, se reitera, no fueron impugnados ni controvertidos por la Fiscalía, apuntan a una realidad histórica del todo diversa, en concreto, que la fecha real en la que se profirió el auto que dio inicio al disciplinario 9 sí coincide con la que en esa providencia se imprimió, es decir, el 8 de abril de 2010. En ese escenario, ninguna falsedad habría consignado la acusada.

Y es que el pasivo comportamiento asumido por la Fiscalía en esta actuación determinó un vacío probatorio por razón del cual se echan de menos varios elementos de conocimiento que hubieran podido ratificar los señalamientos elevados contra G. V., ora desvirtuar la versión presentada por la defensa en la vista pública.

Comenzando por la circunstancia de no haber sido aportado el documento que se afirma falaz —el auto fechado 8 de abril de 2010, por el cual se dispuso abrir investigación preliminar disciplinaria contra los empleados del Juzgado 25 Civil Municipal—, la Sala observa que, según consta en el acta de la diligencia de inspección judicial realizada en ese despacho el 8 de junio de 2010 en el disciplinario 2010-0145, en desarrollo de esa diligencia se ordenó extraer la información contenida en el computador de G. V. y realizar un estudio técnico “para que se verifique la fecha en que se elaboraron los escritos correspondientes al proceso disciplinario iniciado a los empleados”(42).

Los resultados de esa actuación investigativa, que bien pudo ser incorporada en esta actuación con el procedimiento previsto en los artículos 405 y siguientes de la Ley 906 de 2004, tenían la potencialidad de confirmar la acusación o desvirtuar la tesis defensiva de manera definitiva, no obstante lo cual no fueron siquiera solicitados como prueba de la acusación.

5. En síntesis, la Sala observa que, a partir de la valoración conjunta de las pruebas practicadas en juicio, resulta imposible tener por demostrada, más allá de toda duda, la materialidad del delito de falsedad documental imputado a la procesada y, por consecuencia, la del punible de fraude procesal.

Aunque los medios de conocimiento allegados por la defensa no son suficientes para controvertir de manera definitiva los señalamientos elevados contra G. V., sí dan lugar a una duda razonable, pues plantean una hipótesis plausible que no fue desmentida por la Fiscalía.

En esas condiciones, atendiendo al principio in dubio pro reo consagrado en los artículos 29 y 7 de la Constitución Política y la Ley 906 de 2004, respectivamente, se impone necesariamente la confirmación de la sentencia atacada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de fecha y origen indicados en precedencia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló CamachoFernando León Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova G., secretaria.

1 Récord 39:20; folios 17 y ss., cdno. 1.

2 Folios 32 y ss., cdno. 1.

3 Récord 7:50 y ss; fl. 77, cdno. 1.

4 Folio 99, cdno. 1.

5 Folio 106, cdno. 1.

6 Folio 115, cdno. 1.

7 Folio 120, cdno. 1.

8 Folio 129, cdno. 1.

9 Folio 146, cdno. 1.

10 Folio 152, cdno. 1.

11 Folio 161, cdno. 1.

12 Folio 168, cdno. 1.

13 Folio 173, cdno. 1.

14 Folios 182 y ss., cdno. 1.

15 Art. 243, L. 1564 de 2012.

16 CSJ SP, 19 mayo 1999. Citada en CSJ SP, 13 feb. 2013, rad. 40.254.

17 CSJ SP, 26 ago. 2015, rad. 45927.

18 CSJ SP, 18 jun. 2008, rad. 28562, reiterada en CSJ SP, 30 nov. 2016, rad. 45589.

19 CSJ SP, 10 dic. 2014, rad. 41360.

20 Folio 46, cdno. 2.

21 Folios 14 y ss., cdno. 2.

22 Folio 23, cdno. 2.

23 Folios 21 y 22, cdno. 2.

24 Folios 20 y 19, cdno. 2.

25 Folio 29, cdno. 2.

26 Sesión de 22 de agosto de 2016, récord 3:06:00 y ss.

27 Folio 29, cdno. 2.

28 Sesión del 22 de agosto de 2016, récord 5:00 y ss.

29 Ibídem, récord 1:08:00 y ss.

30 Ibídem, récord 2:04:00 y ss.

31 Sesión de 7 de junio de 2016, récord 17:00 y siguientes.

32 Entre muchas otras, CSJ SP, 1º jun. 2017, rad. 46165.

33 Ibídem.

34 Sesión de 22 de agosto de 2016, récord 23:30 y ss.

35 Folios 14 y ss., cdno. 2.

36 Sesión del 22 de agosto de 2016, récord 19:00 y ss.

37 Folio 21, cdno. 2.

38 Sesión de 17 de mayo de 2016, récord 1:44:00 y ss.

39 CSJ SP, 25 ene. 2017, rad. 44950.

40 Sesión del 5 de diciembre de 2016, récord 1:39:00 y ss.

41 Sesión del 22 de agosto de 2016, récord 2:30:00 y ss.

42 Folio 1, cdno. 2.