Sentencia SP20012-2017/50165 de noviembre 29 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP20012-2017

Rad. 50165

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobado mediante Acta Nº 404

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda

El defensor de W... A... Á... R... pidió que se revisen las sentencias de instancia y, en consecuencia, se ajuste la sanción impuesta, de conformidad con la causal prevista en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

Adujo que al proferir condena contra el nombrado, quien de manera libre y voluntaria aceptó los cargos en la audiencia de formulación de imputación, las instancias le negaron las rebajas de pena propias del allanamiento a cargos como consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. A pesar de ello, al cuantificar las sanciones tuvieron en cuenta el incremento genérico de la Ley 890 de 2004.

Dice el demandante que la Sala de Casación Penal, mediante sentencia de 27 de febrero de 2013 proferida en el proceso con Radicado 33254, concluyó que en supuestos como el presente no resulta posible dar aplicación al mentado incremento genérico de penas, pues de lo contrario la respuesta punitiva resulta desproporcionada.

Agregó que ese criterio fue reiterado en providencia de 19 de junio de 2013, por lo cual se impone revisar la pena impuesta a Á... R...(3).

(…).

Consideraciones de la Corte

Competencia

La Sala, como lo indica el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, es competente para decidir sobre la acción de revisión impetrada, porque ésta fue promovida contra una sentencia proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Sobre la acción de revisión impetrada

1. Desde ya la Sala anuncia que declarará fundada la causal de revisión invocada y, por ende, ajustará la pena impuesta a Á... R...

2. Se observa en la carpeta contentiva de las diligencias que W… Á… fue condenado como autor del delito de extorsión agravada en concurso homogéneo sucesivo en razón de la aceptación libre y voluntaria de los cargos ocurrida en audiencia de formulación de imputación celebrada el 13 de noviembre de 2009 ante el Juzgado 53 Penal Municipal con Función de Control de Garantías(11).

Con todo, las instancias no le reconocieron al sentenciado ningún descuento punitivo como consecuencia del allanamiento, pues al tenor del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, respecto del delito de extorsión no proceden rebajas de pena por ese motivo.

Sin perjuicio de lo anterior, al dosificar la pena imponible, el fallador de primera instancia, con la aquiescencia del tribunal, tuvo en cuenta y aplicó el aumento genérico de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

3. Aunque esa decisión no merecía ningún reproche al momento de ser proferida, pues se ajustó en su integridad a las normas legales y jurisprudenciales entonces vigentes, es lo cierto que el 27 de febrero de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso con Radicado 33254, profirió la sentencia en la que se estableció como regla jurisprudencial que al dosificar la sanción no resulta admisible considerar el incremento genérico de penas de la Ley 890 de 2004 cuando quiera que i) el procesado se allane a cargos o celebre un preacuerdo con la Fiscalía, y; ii) se proceda respecto alguna de las conductas punibles frente a las cuales, por mandato del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no proceden rebajas de pena por aceptación de cargos:

Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 –para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo–, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena…

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Ese criterio no quedó circunscrito a esa única decisión, sino que ha sido sostenido y reiterado por la Corte en una multiplicidad de pronunciamientos(12), de suerte que constituye precedente vinculante a partir del cual se ha creado una regla aplicable a los casos fáctica y jurídicamente análogos, uno de ellos, el de W... A... Á... R...

En ese orden de ideas, resulta evidente que con posterioridad a la ejecutoria de los fallos de instancia se produjo un cambio jurisprudencial que es aplicable al caso del accionante y le resulta favorable; por ende, ninguna controversia suscita la efectiva configuración de la causal de revisión invocada y se hace necesario, entonces, ajustar la pena que se le irrogó.

4.1. En lo que atañe a la pena privativa de la libertad, se tiene que el juez de primera instancia partió del primer cuarto de movilidad punitiva, comprendido entre 192 y 240 meses de prisión. Dentro de ese rango, estimó adecuado fijar la sanción en 210 meses, o lo que es igual, en un monto que excedió el límite mínimo legalmente previsto en 18, equivalentes al 9.4% de ese baremo.

Según los artículos 244 y 245, numeral 3º, de la Ley 599 de 2000, el delito por el cual se condenó a Á... R..., excluido el incremento genérico del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, está castigado con pena de 144 a 256 meses de prisión, por ende, el primer cuarto de movilidad oscila entre 144 y 172 meses.

Como el juez de primera instancia se apartó del mínimo imponible para incrementarlo en una proporción equivalente al 9.4% de ese monto, la Sala procederá de idéntica forma y, en consecuencia, tomará como pena base la de 157 meses y 15 días.

Ahora, en la sentencia de primer grado se partió del monto correspondiente al delito base –210 meses, como ya se dijo– y, por virtud del concurso de delitos, se aumentó en 54 meses, lo cual que corresponde al 25.7% de aquélla.

Traspuesta esa determinación al monto de la pena base como fue ajustada en precedencia, se tiene que el medro por la modalidad concursal de la conducta –que se insiste, correspondió al 25.7%– es de 40 meses y 15 días, de modo que, en definitiva, la sanción principal de privación de la libertad imponible a Á... R... es de 198 meses de prisión.

Por ser dependiente de aquélla, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se fijará en idéntico monto.

4.2. En lo que tiene que ver con la sanción pecuniaria, baste señalar que, al resolver la apelación impetrada por la defensa contra la sentencia de primera instancia, el tribunal consideró que, ante la ausencia de pruebas o argumentos que justificaran una decisión diferente, la misma debía cifrarse en el mínimo legalmente previsto, esto es, 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ajustada esa cuantía mediante la inaplicación del incremento genérico de penas de la Ley 890 de 2004, queda fijada entonces en 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mínimo establecido en el artículo 245 de la Ley 599 de 2000.

5. De acuerdo con información que obra en el expediente, W… Á... R... está detenido desde el 26 de abril de 2009(13). Así, del simple cotejo cronológico surge obvio que desde entonces, y a este momento, no han transcurrido 198 meses, o lo que es lo mismo, 16 años y 6 meses.

En consecuencia de ello, nada se impone resolver sobre la libertad del condenado.

6. De acuerdo con el auto de 9 de marzo de 2012 proferido por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Acacías, Meta, la pena irrogada a Á... R... en este asunto fue acumulada con la de 48 meses de prisión que le impuso, en sentencia de 15 de octubre de 2009, el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá. Por virtud de ello, el mencionado despacho fijó la sanción definitiva en 288 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término. Las multas no fueron modificadas(14).

Como lo aquí resuelto puede tener incidencia en la acumulación jurídica de las penas y determinar la necesidad de hacer un nuevo cálculo al respecto, se ordenará remitir copia de esta decisión al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Acacías, Meta, para que adopte la decisión que estime ajustada a derecho, porque es ese funcionario la autoridad competente para definir en qué situación queda el procesado, luego de la acumulación jurídica efectuada con base en la pena impuesta en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la causal de revisión invocada por el defensor de W... A... Á... R.... En consecuencia, dejar sin valor, parcialmente, las sentencias de 30 de septiembre de 2010 y 26 de noviembre de mismo año, proferidas, en su orden, por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, exclusivamente en lo que respecta a la pena impuesta, que queda fijada en 198 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término y multa de 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

En todo lo demás, los fallos permanecen incólumes.

2. ORDENAR que por la Secretaría de la Sala se remita copia de esta decisión al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta, para que adopte la decisión que estime adecuada en relación con la sanción acumulada que actualmente descuenta Á... R....

Esta decisión no es susceptible de impugnación».

3 Folios 1 y ss., c. de la Corte.

11 Folio 104, c. 1.

(...).

12 Entre muchas otras, CSJ SP, 19 jun. 2013, Rad. 39719; CSJ SP, 22 feb. 2017, Rad. 47143; CSJ SP, 27 mar. 2017, Rad. 48752; CSJ SP, 5 abr. 2017, Rad. 48566; CSJ SP, 11 nov. 2013, Rad. 36400; CSJ SP, 12 dic. 2013, Rad. 41152; CSJ SP, 11 dic 2013, Rad. 42041; CSJ SP, 8 mar. 2017, Rad. 48315.

13 Folio 12, c. 1 y folio 99, c. 2.

14 Folios 100 y ss., c. 2.