Sentencia SP206-2018/47720 de febrero 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 47720

(Acta Nº 48)

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil dieciocho.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: La demanda de casación

La defensa postuló dos cargos en contra del fallo de segunda instancia:

En el cargo primero, al amparo de la causal prevista en el artículo 181, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, denuncia que los juzgadores incurrieron en falso raciocinio respecto de los indicios construidos para edificar juicio de responsabilidad por el punible de concierto para delinquir agravado, pues, asegura, en ese ejercicio vulneraron las máximas de la experiencia. En estas condiciones, el censor individualiza las reflexiones que soportan la condena en ese sentido y, a renglón seguido, las refuta, con críticas que se sintetizan de la siguiente manera:

— De la existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico no puede deducirse que L. G. era uno de sus componentes: “[…] los hechos indistintos referidos a la generalidad de las cosas o las personas solo revelan condiciones también generales e indistintas […] la apreciación correcta debió ser que P. L. tenía alguna relación con miembros de dicha organización, pero no que fuera parte de ella, encargado de realizar conductas indeterminadas de lavado de activos”.

— Que L. G. conociera las actividades de ese grupo delincuencial por razones de amistad o negocios con uno de sus integrantes, no permite inferir que fuese partícipe ni que a futuro se vería envuelto en todas ellas: “[…] debió considerarse que son frecuentes y notorias las asociaciones económicas parciales y determinadas entre delincuentes y personas ajenas a las conductas delictuales de los primeros, sin que a la postre implique involucrarse en todas sus actividades ilícitas”.

— Que la organización criminal dedicada al narcotráfico tuviese dispuesta una logística, con distribución de roles para ese fin, no conlleva a que L. G. estuviese a cargo del manejo de sus ganancias: “[…] debió considerarse que el sentido común indicaba que entre la preparación de algo mediante la adquisición de elementos y el diseño de una estrategia, existirá uniformidad con la finalidad que se busca”, no otra.

— De la existencia de la organización dedicada al tráfico de drogas no puede colegirse la necesidad de legalizar sus ganancias, sin una relación causa-efecto: “[…] el sentido común indicaba que […] no se requería de la concertación con alguien ajeno a las actividades específicas de narcotráfico, como lo era el señor P. L., para conductas indeterminadas de lavado de activos”.

— Conversaciones telefónicas donde se comentan riesgos financieros de algunas operaciones mercantiles, no permiten deducir maniobras ilícitas: “[…] el hecho de haberse proyectado una particular empresa de seguridad solo revela acuerdo para algo concreto y preciso, no indeterminado […]”.

— De ciertas charlas interceptadas en las que se avizora que L. G. tenía conocimiento de varias actividades ilegales de C. A. B., “[…] no podía inferirse un concierto para realizar conductas indeterminadas de lavado de activos […] una ponderada y razonable apreciación del hecho indicador en examen hubiera conducido a atender solamente conductas concretas y determinadas para lavar activos, pero no un concierto para esa finalidad”.

— Los diálogos en que se auscultaba la posible constitución de una empresa de seguridad, no permiten inferir que el acusado estuviese involucrado en las trasgresiones de C. A. B., gestor capitalista oculto en esa negociación: “[…] Enseña la experiencia que la relación comercial entre personas, limitada a uno o unos precisos y determinados negocios, no significa que sean socios en todas las actividades comerciales que desarrollen y que si uno de ellos está comprometido en actos delictuales que trascienden a una sociedad precisa y concreta, tal hecho no conduce a que todos los negocios entre ellos o de cada uno, por separado, sea ilícito”.

— Que L. G. ubicara a un sobrino suyo que laboraba como fiscal en pos de favorecer a C. A. B. en un proceso de extinción de dominio y que en las llamadas en las que se trataba el tema se utilizare lenguaje cifrado, es insuficiente para colegir que aquel fungía como “asesor y consejero general de A. para todos sus asuntos […]”. Con ello, tan solo se pretendía “conseguir beneficios” en esa actuación.

En suma, afirma que: i) de una situación general no pueden derivarse conclusiones específicas pues tiene que existir concordancia, coherencia o relación, es decir, una dependencia de causa a efecto y ii) el vínculo de su prohijado con la red delictiva es insuficiente para vislumbrar un acuerdo encaminado a la ejecución de conductas indeterminadas de lavado de activos: “las indicadas gestiones ilegales […] solo permiten inferir que P. L. tenía vínculos con C. A. B. respecto de temas ilícitos, pero no que fuera “un eslabón importante” en la organización criminal que éste dirigía, mucho menos que de tales gestiones pudiera también inferirse que perteneciera a ella de manera permanente, ni que estuviera incorporado al grupo de personas encargado de dar apariencia de legalidad a los dineros […]”, recalcando que la juzgadora de primer grado descartó que estuviese comprometido en las actividades de narcotráfico desplegadas por esa organización.

Por eso, afirma, se conculcó la ley sustancial ante la aplicación indebida del artículo 340, inciso 2º, del Código Penal y por falta de aplicación del artículo 7º de la Ley 906 de 2004, consagratorio del principio de in dubio pro reo. En consecuencia, ya que en este asunto solo puede predicarse la materialización del tipo previsto en el artículo 323 del estatuto punitivo, pide casar la sentencia y se absuelva a su acudido por el delito de concierto para delinquir agravado.

En el cargo segundo, al amparo de la causal prevista en el artículo 181, numeral 1º, de la Ley 906 de 2004, denuncia la violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 61 del Código Penal, puesto que el a quo al dosificar la sanción por el lavado de activos, la incrementó aduciendo el tiempo que L. G. estuvo vinculado al xxx y el grado que alcanzó. Esta intelección, dice, se soportó en el concepto referente a “la personalidad del agente” contemplado en el Decreto-Ley 100 de 1980, el cual, en la actualidad, no es parámetro de dosificación punitiva en los términos de aquella disposición.

Por consiguiente, estima, toda vez que en este caso se empleó un criterio equívoco, “un mayor desvalor de autor […] que no se incluye en la norma aplicable”, refractario al derecho penal de acto previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, procede casar el fallo y ajustar el quantum punitivo, excluyéndose los doce (12) meses de prisión y 3.525 salarios mínimos legales mensuales de multa irrogados de manera injustificada. Invoca que este aspecto sea estudiado bajo la óptica de la casación oficiosa por ostensible violación de garantías fundamentales, atendiendo que no fue objeto de controversia en la apelación.

(…).

Consideraciones de la Corte

1. Toda vez que en las diligencias el proceder del acusado se sancionó por vía de dos tipos penales distintos, esto es, concierto para delinquir agravado al tenor del inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, en razón a que el convenio ilegal endilgado a L. G. recayó en la comisión de delitos de lavado de activos y, así mismo, por cuenta de actos constitutivos de este injusto en los términos del artículo 323 ibídem; resulta pertinente, previo a auscultar el cargo primero de la demanda de casación, reseñar los motivos del ad quem para ratificar la condena proferida por esta última ilicitud (la cual no es cuestionada por el demandante).

Lo anterior, porque al contrario de lo plasmado en el libelo, se anticipa, ese iter criminis sí guarda relación indisoluble con respecto al tema discutido en el reproche, avizorándose la efectiva configuración del concurso heterogéneo de ilicitudes, al igual que la adecuada fundamentación del fallo a la luz de la sana crítica, una vez cotejadas sus premisas con las pruebas aportadas al plenario. Véase:

“Surge necesario relievar que la declaratoria de responsabilidad de L. G. tiene un soporte probatorio insoslayable que es la estipulación convenida por las partes, a través de la cual se tiene como hecho probado que la voz de uno de los interlocutores intervinientes en las conversaciones interceptadas y legalmente incorporadas corresponde al procesado […].

[…] De las referidas conversaciones telefónicas que fueron intervenidas se estableció la incautación de varios kilos de sustancias alucinógenas; se detectaron envíos de estupefaciente hacia ciudades españolas y se relievó que el fin de la concertación de voluntades no fue otro que lavar activos, como también se demostró probatoriamente que la actividad de C. A. era la de transportar y comercializar sustancia estupefaciente a distintos países […]. Se concluyó que el grupo de personas vinculadas a la organización criminal exteriorizaron actos encaminados a cometer delitos, cuyo objetivo principal es facilitar el envío y consecuente comercio de sustancia estupefaciente, alcaloide que era transportado por la empresa “xxx” y que a la postre permitió incursionar en el punible de lavado de activos. Los hechos se corroboran con la versión que suministró C. A., quien precisó que con ocasión del envío de estupefaciente fueron extraditadas nueve personas, quienes mediante acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de América, se declararon culpables, en ese contexto fueron condenados por los punibles de concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína […] se acreditó fehacientemente que este sujeto obtuvo ingresos de las actividades de narcotráfico y dispuso lo necesario para distribuirlos a su libre albedrío, previo acuerdo con P. L. G., razón fundamental para acudir al lenguaje cifrado y enigmático, como en efecto se escuchó en la audiencia de juicio oral.

En el fallo se insistió que C. A. lideraba las sociedades, y se acreditó que ostenta tal condición de aportante del capital y líder de la organización, disponiendo que no fuera registrado en los documentos que legalizan la creación de sociedades, y en las interceptaciones se establece que aglutinó un grupo de personas idóneas encargadas de cuidar sus finanzas, inyectaba el capital que fuera necesario de manera incondicional, exigía proyectos y cumplimiento de las órdenes impartidas, a través de las sociedades xxx, parque ecológico xxx, inversiones xxx y xxx, por ello L. G. y demás participantes facilitaron la intervención y circulación de utilidades reportadas por el narcotráfico y procuraron la incorporación en el torrente financiero de este país […].

[…] P. L. se hallaba enterado y muy unido con las pretensiones perseguidas por A. B., y en sus conversaciones se advierte el ánimo de llevar a cabo programas trazados por A. B., es así que se identifica con el interlocutor y por demás exterioriza gran interés en lograr sus propósitos, es decir, crear empresas, conformar sociedades cuyo único socio aportante era A. B. […] existen comunicaciones de las que se deriva el liderazgo que ostentaba el tantas veces mencionado A. B. y que disponía de la contribución total del dinero, pero además requería de su aval para todas las gestiones relacionadas con la constitución de empresas que eran de su interés, a pesar que no figuraba ni como socio, tampoco las representaba legalmente, tanto así que ordenó que P. L. G. fuera designado socio en mayor porcentaje de las empresas constituidas y sin reparo alguno, y en los diálogos telefónicos le propone abiertamente realizar sendas negociaciones determinando que el dinero sería ubicado en el lugar que fuese necesario, empecinado en que el “general” fuese su representante legal […].

[…] el procesado L., tenía pleno conocimiento de las actividades de A. B. y dirigió su actuar a cumplir los designios propuestos por este último, pues desplegó las actividades necesarias y logró que el coronel F. V., entre otras personas, se vincularan como socios del parque xxx, inversiones “xxx”, “xxx” integrada por socios como V. y su núcleo familiar, y para lograr sus propósitos P. acreditó su condición de pensionado de las Fuerzas Militares, así mismo se creó la empresa bajo la razón social “xxx”, sociedad a través de la cual pretendían ofrecer seguridad al parque agroecológico “xxx” y que incluso, para salir favorecidos en los trámites de licitación entablaron conexiones con el gobernador del Meta, poniendo a su disposición material humano y bienes muebles que considerara necesarios […].

[…] Surge necesario recalcar por la Sala que los temas de interés para L. G. y A. B. son únicos, recurrentes, fácilmente identificables y convergen a la creación de empresas, incluso acuerdan el porcentaje que le asigna a cada uno de ellos, pero además llama la atención la existencia de una línea telefónica especial entre ellos dos, a través de las cuales se debaten temas de común interés para la inversión de grandes sumas de dinero en empresas […]”(3).

Bajo esta óptica, el Tribunal analizó actos específicos que permitieron vislumbrar la ejecución del delito de lavado de activos en un entorno concreto, esto es, dentro de una relación de proximidad entre C. A. B. y P. L. G. que abarcó la comisión de ilicitudes que materializaron los fines ilegales anejos a la organización criminal por aquel liderada, entre ellos, el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Puntualizó el modo en que se perpetraron injustos de esa raigambre en los que intervinieron allegados, gente de su confianza y decantó la injerencia del procesado en esa dinámica, así:

“Inversiones xxx. […] se incorporó la escritura pública de constitución xxx, integrada por H. V. D. —subgerente—, A. J. B. R. —gerente—, y sus dos hijas menores de edad, con aporte de $ 50.000.000, y figura como dirección de notificaciones xxx. De las interceptaciones contenidas en el disco 23, llamada 34 del 12 de octubre de 2007, llamada 44 del 18 de octubre de 2007, los interlocutores discuten sobre el capital para constituir la empresa, acordando la suma de $ 100.000.000, C. le dice a H. que necesita el certificado de la Cámara de Comercio y el NIT, porque registrará algo a nombre de esa empresa, que no desarrolló su objeto social. Por labores del investigador se estableció que la dirección comercial de la empresa, correspondía a un conjunto residencial en donde casualmente se corroboró la residencia del núcleo familiar de H. y J. […].

La otra sociedad xxx, constituida por la escritura pública xxx del 5 de octubre de 2007, con un capital de $ 500.000.000, el domicilio fue fijado en la xxx y se registra como socios accionistas a P. L., con $ 52.500.000 y el 15% del capital suscrito, G. M. B. —esposa de P.— con $ 35.000.000 y el 10% del capital suscrito y se percibe la antefirma “militar en reserva activapensionado—, también aparece como socias A. Y. de A. con $ 150.000.000 con participación del 30%, M. R. V. con $ 70.000.000 [20%], A. y J. B. con $ 87.500.000, con el 25%.

De acuerdo con las labores de investigación se estableció que la dirección de la empresa corresponde al lote de terreno adquirido por C. A. B., en septiembre de 2007, por valor de $ 364.100.000 y vendido el 31 de octubre de 2007 por $ 128.000.000 a xxx, cuyo costo en gestiones administrativas ante la Cámara de Comercio fue de $ 3.500.000 y respecto de la cual el general L. G. no probó el origen de los dineros para pagar dichos aportes a la sociedad que representa, tampoco los impuestos y gastos necesarios de constitución de tales empresas […].

Con el investigador […] se introdujo el certificado de existencia de la empresa multifuncional de seguridad y vigilancia privada xxx, con domicilio en la xxx, de cual se estableció que entre los socios no aparece el procesado L., C. A., ni F. V., sin embargo, por labores de investigación se constató que la empresa no existe. Luego, el 28 de noviembre de 2007, por acta de socios de estableció una nueva sede en xxx (xxx), en la xxx, barrio xxx de esa localidad y se incorporó una carta dirigida a P. L. suscrita por F. V. a través de la cual acepta el cargo de administrador; sin embargo, llama la atención que L. no era el gerente o representante legal, pues así quedó probado en el juicio oral.

Ahora bien, en el debate público se comprobó que esta empresa fue creada por invención de C. A. y de la llamada 40, se advierte que este previene que la línea telefónica por la cual se estaban comunicando no esté interceptada, y comenta a F., que P. debe aparecer en esta sociedad con un porcentaje del 1 o 2%. Luego, el 18 de septiembre de 2007, con ocasión al informe entre C. y P., se advierte del interés de que J. P. V., quien tiene vínculos de parentesco con el coronel F. V., ingrese como socio a la compañía.

Y en punto de la creación de esta empresa, S. G. y C., en una conversación telefónica pronostican consecuencias funestas porque pueden llamar la atención de las autoridades, C. afirma que la empresa tiene un plante de $ 300.000.000 y para ello dispuso de $ 200.000.000 y precisamente S. G. lo insta para que ese tema no sea ventilado por teléfono, entre tanto C. A. y P. acuerdan que la empresa la pueden trabajar pero también para otras cosas […].

Otra empresa es el parque ecológico xxx, que registra una junta directiva integrada por H. V. y R. P. —entre otros socios— con un capital de $ 4.000.000.000, su representante legal es W. B. M. y no aparece registrado C. A. B.; empero subyace necesario relievar que H. V. y su esposa J. B., son personas de confianza de C. A., quien en sus declaraciones negó que mantuviera relación comercial alguna con esta empresa, no obstante, en la llamada telefónica 28, C. afirma que tenía acciones en esta sociedad, pues se hallaba representado por H. y R.

Recordemos igualmente que P. se muestra ajeno, y dijo en juicio oral —video 1—, que C. A. propuso la idea y su socio era W., sin embargo, el coronel F. V. declaró que estando en la casa del general con C. A., hablaron del parque xxx. Luego, realizando un contraste de estos testimonios se arriba al colofón que el procesado L. está estrechamente vinculado a los negocios de C. A., máxime teniendo en cuenta que C. aportó los dineros para cada uno de los proyectos […]”(4).

2. Con este preámbulo, ha de decirse que si bien el recurrente individualiza en el cargo primero (falso raciocinio) las conclusiones del juzgador, el modo en que examinó los hechos indicadores hacia determinados juicios valorativos y la hipotética regla de la experiencia conculcada en esa apreciación, como la llamada a aplicar; dejó de lado que ese proceso intelectivo no podía abordarse de manera parcializada, es decir, cotejando premisas de forma singular, inconexa, aislada, en tanto en este caso su ponderación conjunta es la que valida el razonamiento relativo a la existencia del concierto para delinquir agravado, más allá de la configuración efectiva del delito de lavado de activos.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo anotado sobre el particular en el fallo de primer grado que constituye una unidad jurídica inescindible con la sentencia de segunda instancia, en todo aquello que no se contradigan:

“[…] atendiendo los diferentes frentes de la estructura criminal, también se encuentra uno que podría llamarse lo concerniente al eslabón financiero, pues desde allí, se gestaba la creación de empresas y sociedades con miras única y exclusivamente a buscar la manera de invertir las ganancias producto de los alucinógenos, encontrándose en esta fase personas de conocimiento y reconocimiento público dada su condición de funcionarios o ex funcionarios del Estado, al igual que profesionales del derecho encargados de mirar desde la óptica legal la manera de ingresar el dinero ilícito en el torrente financiero.

Nótese, cómo A. B., los integrantes o mejor los encargados de cuidar sus finanzas, le presentaban proyectos, le colaboraban en la conformación de las personas jurídicas y de donde se puede concluir que las sociedades xxx, parque ecológico xxx, inversiones xxx y xxx, irían a permitir la intervención y circulación de las utilidades del narcotráfico, precisamente en el torrente financiero y de esta manera tratar de que no se vislumbrara el origen ilícito del mismo.

A su turno, se escuchó el testimonio de […] quien como analista de las comunicaciones controladas, por un largo periodo pudo concluir aspectos importantes como la existencia de un grupo de personas que se concertaron con el fin de cometer delitos en actividades propias del narcotráfico e igualmente para tratar de lavar el dinero producto del mismo, es decir, itérese, que aquí no solo se está frente al concierto para delinquir derivado de los alcaloides, sino obviamente, para lavar activos, sin desconocer la autonomía de este último delito subyacente […]”(5).

Entonces, se acreditó la existencia de una red dedicada al narcotráfico que requería en ese contexto ilegal blanquear los réditos provenientes de esa actividad valiéndose de terceros que coadyuvaban a ese cometido.

Así, no resulta caprichoso el razonamiento de los juzgadores al afirmar que se estaba ante una organización compuesta, de alcance trasnacional, enmarcada en lo que se concibe en la práctica judicial como criminalidad organizada y de ahí la consistencia de la inferencia relativa que el vínculo de P. L. G. con esa asociación, a partir de actitudes concretas, trascendió a la de un colaborador marginal cuando decidió ponerse a disposición de C. A. B. en las ilicitudes en las que pudiese contribuir, mostró un interés real por participar, y así lo hizo, en el convenio que convocó para lavar activos y éste lo percibía como un personaje superlativo a la hora de desplegar esa actividad, dada su condición de general retirado del xxx. Por ende, su interés de que figurara en sociedades de fachada a las que aportaba dinero ilegal, según se evidenció en las copiosas conversaciones legalmente interceptadas donde instruía a sus demás fichas en el blanqueo de capitales y el despliegue que el ex militar hacía de su dignidad castrense, conforme aparece en la escritura pública xxx del 5 de octubre de 2007, protocolizada en la notaría xxx de xxx, mediante la cual se constituyó, tan solo en el papel, la empresa xxx(6).

En esa línea de pensamiento, se explica que ciertos elementos de prueba permitiesen deducir la comisión puntual del tipo de lavado de activos respecto de L. G. y a la vez establecer la presencia del concierto para delinquir agravado por acordar el pacto criminal incurrir en delitos de esa especie, al tenor del inciso 2º del artículo 340 del Estatuto Punitivo, sin que ello implique una tautología como lo refiere el defensor, en virtud a la posibilidad contemplada por el legislador atinente al concurso de ilicitudes que permite que “con una sola acción […] o con varias acciones […] se infrinjan simultáneamente “varias disposiciones de la ley penal” (art. 31 ib.).

En consecuencia, y considerando el principio de libertad probatoria, es infundado sostener que se transgredió la sana crítica por cuenta de un silogismo de este tipo que, además, se apoya en el postulado consagrado en el artículo 380 de la Ley 906 de 2004, que impone a los jueces la apreciación conjunta de las fuentes de conocimiento al instante de dictar sentencia, cuyo alcance, en este asunto, resulta manifiesto.

3. En esa dinámica argumentativa, se trajo a colación el modo en que C. A. B., a su vez, integraba el organigrama de una supraestructura delictiva dedicada al narcotráfico sobre la que existían requerimientos judiciales por parte de las autoridades de Estados Unidos, de hecho fue capturado en Colombia y extraditado a ese país donde fue condenado, en virtud de un acuerdo, por esa ilicitud(7).

La nota verbal xxx del 20 de noviembre de 2007, con la que la embajada de esa nación solicitó su captura, describió un sofisticado entramado criminal dispuesto para el tráfico de drogas, en el que estaban involucrados múltiples personas a través de “una red de laboratorios colombianos de narcóticos, compañías internacionales de transporte e intermediarios que facilitan el transporte de la cocaína desde los laboratorios a los puntos internacionales de despacho en Europa y los Estados Unidos. Desde 2006, la organización ha sido responsable de despachar dos veces por semana entre cuatro y cinco toneladas de cocaína […]”. Y detalló el rol de A. B., como “responsable de financiar la compra y el transporte de la cocaína, y autoriza que empresa de carga utilizará la organización para transportar cada cargamento desde Venezuela a su destino final […] trabaja para un individuo cuyo nombre y apellido no han sido identificado, conocido como “el M.” o “el C.””(8).

En este contexto, no hay duda alguna con respecto a que la presencia de esa operación delictiva a gran escala incidió en la comisión de los hechos, pues esta no solo agotaba su accionar en el narcotráfico sino que de manera inescindible, por los cuantiosos ingresos provenientes de esa actividad, con vocación de permanencia, también debía darles apariencia de legalidad. El funcionamiento de una estructura de estas características, ha sido descrito en la doctrina en estas condiciones:

“125. La organización criminal generalmente es comprendida como un grupo de agentes vinculados entre sí de manera estable y estructurada, los cuales actúan con cierta autonomía para obtener un enriquecimiento máximo. Con este fin llevan a cabo, sistemática y coordinadamente, acciones delictuosas. Tienen como factores comunes el número de participantes, la frecuencia de sus acciones delictuosas y la procedencia social de la mayoría de agentes.

126. Para establecer y coordinar los esfuerzos necesarios para combatir esta forma de delincuencia, ha sido indispensable definirla. Esto ha servido, igualmente, para elaborar las disposiciones penales que la tipifican. Así, por ejemplo, la secretaría internacional de Interpol, en el primer coloquio internacional sobre la criminalidad organizada (Francia, mayo de 1988), la definió diciendo que “es todo grupo o asociación de personas dedicadas a la práctica continua de actividades ilícitas, con el fin de obtener provechos sin respetar las fronteras nacionales”. Por su parte, la Unión Europea la ha concebido como una “asociación estructurada, constituida por dos o más personas y por un lapso determinado, que actúa de manera concertada con la finalidad de cometer infracciones penadas con prisión no menor de cuatro años. Estas infracciones deben constituir un fin en sí mismas o un medio para obtener ventajas patrimoniales y, llegado el caso, influenciar en el funcionamiento de las autoridades públicas”.

127. En los últimos años, la criminalidad organizada se ha desarrollado de manera considerable tanto cuantitativa (aumento de delitos violentos, de negocios fraudulentos y de corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero, etc.) como cualitativamente (internacionalización de redes, profesionalización y racionalización). Terreno favorable para este desarrollo ha sido la mundialización de los intercambios comerciales y financieros, la movilidad intensa de personas y bienes, el perfeccionamiento de las comunicaciones, y en algunos casos, el abandono o disminución de los controles fronterizos (por ejemplo, el libre tránsito de personas en la Unión Europea) […].

[…] 129. Para escapar a la represión y lograr mayor eficacia, los grupos criminales abandonan el modelo piramidal de organización en favor de uno flexible, consistente en constituir pequeños grupos delictivos bien relacionados entre sí. Esto les permite salvaguardar la clandestinidad de sus actividades, fortalecerse económicamente e infiltrar el sistema de control estatal.

130. La manera como está constituido el crimen organizado y cómo actúa ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, debido a su clandestinidad, complejidad y constante mutación, los resultados obtenidos son diversos e incompletos. Así, se ha llegado a comprobar que existen centros de coordinación de la actividad de los grupos delictivos, que el sistema funciona como una “franquicia” más o menos controlada por el mando central. De modo que se presenta constituido por un centro director y una multiplicidad de “pequeñas redes” operativas. Así, se puede decir que la organización criminal “moderna” funciona en un sistema de delegación, lo que le permite obtener grandes ganancias, sin necesidad de invertir demasiados capitales y energías para controlar la “empresa delictuosa” […] Sus ámbitos preferidos de actuación son los del tráfico ilegal de drogas, contrabando de armas, lavado de dinero, tráfico de personas, pornografía infantil, prostitución, secuestro, el robo de vehículos e, igualmente, el terrorismo.

132. La complejidad de las sociedades modernas impulsa a la criminalidad organizada a desarrollar sus actividades tanto en la economía subterránea (por su índole ilícita) como en la economía legal. En esta última, aprovecha la evolución del nuevo tipo y sistema de empresas. Para ocultar y financiar sus actividades criminales infiltra las empresas existentes o crea otras nuevas (Catanzaro, 1988, p. 254). De esta manera, comete o promueve una serie de delitos económicos, como los delitos societarios, el delito de explotación de información privilegiada (insider), lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y tráfico de drogas, de armas o de personas”(9).

En este aspecto, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional del 15 de noviembre de 2000, incorporada al ordenamiento interno con la Ley 800 de 2003, entiende por “grupo delictivo organizado” aquel “de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Y por “grupo estructurado”, uno “no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito”, en el que “no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada” (art. 1º).

Ahora, al referirse a la penalización del blanqueo de capitales (art. 6º), indica que los estados firmantes se comprometen a sancionar “la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos” y “la participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión”.

La Sala, por su parte, ha precisado siguiendo lo señalado en su momento por la Corte Constitucional (Sent. C-851/2005), como “desde la segunda mitad del siglo XX, existe una creciente preocupación por el creciente poderío de las organizaciones criminales y por la insuficiencia de legislaciones nacionales para combatirlas y para proteger a los sistemas financieros y económicos del volumen de recursos generados por su actividad ilícita, así como de las estrategias empleadas por estas organizaciones para esconder el origen ilícito de sus recursos, descrito por las expresiones “lavado de activos”, “lavado de dinero”, “blanqueo de activos” y “blanqueo de dinero”. (CSJ SP, dic. 4/2013, rad. 39220). En dicho proveído, se denota la evolución de este tipo penal y su vínculo concreto con ciertas formas de criminalidad de alto impacto de donde provienen los recursos objeto de este injusto, entre las que se destaca, el tráfico de drogas.

Con lo anterior, se quiere decir que por las condiciones de la red y sus actividades, aspectos conocidos por el acusado (lo que tampoco discute el impugnante), la misma no estaba llamada a la comisión exclusiva de actos de narcotráfico en la dinámica de esa asociación ilícita sino que también se dedicaba al lavado de activos, detectándose en las comunicaciones legalmente interceptadas el modo en que C. A. B., uno de sus componentes, dispuso de un conglomerado para incurrir en delitos indeterminados de esta última entidad. Así, no puede en el sub examine, lo anotó el Fiscal Delegado durante la audiencia de sustentación, equipararse en idéntico plano conceptual las conductas específicas de blanqueo de capitales endilgadas con el convenio indefinido que se gestó para desplegar esa actividad y al que concurrió L. G. con vocación de permanencia, según lo enseñan otras probanzas adicionales a su participación expresa en sociedades de fachada (sobre lo cual se volverá más adelante).

4. De esta manera, como quiera que los actos de tráfico de drogas y de lavado de activos aludidos no son materia de discusión, tampoco la figura ascendente que dentro de los mismos tenía C. A. B. ni sus nexos con P. L. G. (hechos indicadores), la inferencia lógica que recayó en su análisis conjunto y que lo ubicó incurso en un concierto para delinquir se aviene con la sana crítica, en concreto con las leyes del experiencia, al cotejarse la naturaleza de este tipo de organizaciones así como el dolo que acompañó el proceder de éste último, cuando decidió sostener ese vínculo.

Nótese, cómo las pruebas que sustentan la responsabilidad en ambas ilicitudes tienen una relación de dependencia a la hora de verificarse la afectación de los intereses jurídicos resguardados con los tipos penales por los que se dictó condena, en tanto no es caprichoso deducir que una red dedicada al narcotráfico a gran escala con alcance trasnacional requería de un sofisticado andamiaje destinado al usufructo del capital ilegal que de forma continua arrojaba esa actividad, vulnerándose la seguridad pública y el orden económico y social, además de otros intereses, por el carácter pluriofensivo de esta clase de criminalidad. L. G., en esa arquitectura delictiva compleja, estaba adscrito a la estructura dedicada al lavado de activos, en los términos en que se compendió el juicio de reproche elevado por la Fiscalía desde el escrito de acusación, demostrado en el juicio y al tenor de lo consignado en la decisión de condena:

“La concertación de P. L. G. con la organización de C. A. se concretó en la realización de conductas de lavado de activos […], por cuanto con su intervención lograba la circulación en el sistema financiero del país de aquellos dineros producto de la actividad del tráfico ilícito de estupefacientes, con lo que garantizaba la permanencia de la organización, la financiación de nuevos envíos de droga al exterior y la preservación de bienes conseguidos con el comercio de cocaína”(10).

“P. era un eslabón importante dentro de la organización, no solo prestando su nombre en la condición de general retirado del xxx para darle apariencia de legalidad a los dineros de procedencia ilícita sino que él era consciente y sabedor que ese dinero era producto de las actividades del narcotráfico, era tal la colaboración del acusado, que esta circunstancia es la que permite afirmar su pertenencia y permanencia en la organización criminal realizando gestiones para la misma, incorporándose al grupo de personas encargadas de darle apariencia de legalidad a los dineros ganados por el líder de la infraestructura […]”(11).

“[…] El procesado P. L., estaba presto en buscar soluciones inmediatas, incondicionalmente planteaba estrategias, al punto que acudió a su núcleo de conocidos, amigos y familiares para solventar sus inquietudes, como también lograr los objetivos propuestos […]”(12).

Ahora bien, se dijo cómo en este evento la denominada prueba indiciaria tuvo como fuente varios hechos indicadores que dentro del método acometido en la demanda se proponen como circunstancias individuales, estudiadas por separado, con miras a sustentar la conclusión a la que allí se aspira. En contrapartida, se han transcrito de manera profusa acápites del proveído atacado para contextualizar su razonamiento conjunto y así, en esa secuencia, se ofrecen genéricas, subjetivas e impertinentes las reglas de la experiencia propuestas en la censura e ineficaces para infirmar el raciocinio que condujo a la condena por el delito de concierto para delinquir, al no evidenciarse insostenible la fuerza persuasiva proveniente de la convergencia y concordancia de tales indicios. Acerca del particular, ha dicho la jurisprudencia:

“Cuando el fallador estructura la argumentación que le sirve de soporte a la condena a partir de máximas de la experiencia, el reproche en casación puede orientarse a cuestionar: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los hechos indicadores, (ii) la falta de universalidad de los enunciados generales y abstractos utilizados como máximas de la experiencia, entre otros.

Si el fallo se estructura sobre la idea de datos que por su convergencia y concordancia permiten alcanzar el nivel de conocimiento exigido para la condena, la censura puede orientarse en sentidos como los siguientes: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los “hechos indicadores”; (ii) falta de convergencia y/o concordancia de los mismos; (iii) la posibilidad de estructurar, a partir de esos datos (o en asocio con otros, que estén debidamente probados) hipótesis alternativas a la de la acusación, verdaderamente plausibles y que, por tanto, puedan generar duda razonable, entre otros.

Frente a este último tipo de argumentos, no puede tenerse como sustentación adecuada del recurso de casación una disertación que: (i) analice aisladamente los datos a partir de los cuales se hace la inferencia, con el propósito de demostrar la inexistencia de una máxima de la experiencia que garantice el paso de cada dato (mirado de forma insular) a la conclusión; (ii) tergiverse los datos a partir de los cuales se hizo la inferencia; (iii) analice en su conjunto los datos, pero suprima uno o varios, principalmente cuando se dejan por fuera los que más fuerza le imprimen a la conclusión; (iv) incluya datos que no fueron demostrados; entre otros.

Lo anterior sin perjuicio de que en una disertación se articulen estas dos formas argumentales, evento en el cual se deberá precisar, frente a cada una de ellas, en qué consistieron los yerros que se le atribuyen al fallador (CSJ SP 16564, oct. 16/2016, rad. 37175) […]”. (CSJ SP 282-2017, resaltado original en el texto).

Por lo tanto, el escrutinio de la actuación procesal permite constatar que el discurso de la demanda de casación no supera lo sugestivo, por cuanto quien se abstrae de un escenario concreto hacia uno abstracto, en pos de defender la pretendida consistencia de la tesis allí plasmada, es el censor, cuando procura desvanecer la cercanía de P. L. G. con C. A. B. a través de la presentación infructuosa de su acudido como un agente incidental, prácticamente fortuito, en las actividades ilícitas de la red delincuencial que éste dirigía. Resulta sofístico predicar que su papel era casual en la estructura, al margen de que “tuviese alguna relación con los miembros de esa organización […]”, producto de “asociaciones económicas parciales […] ajenas a las conductas delictuales de los primeros”, en tanto ello, se reitera, no se compadece con lo acreditado en las diligencias, esto es, con un actuar constante de su parte encaminado al éxito de las finalidades perseguidas por el contubernio ilegal.

En este aspecto, vale la pena recordar que la intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario de casación no se suple con la simple enunciación de otros puntos de vista sobre la apreciación de la prueba y menos aun cuando se matizan o se pasan por alto diversas circunstancias que confluyen a los juicios de valor que soportan las decisiones judiciales. En esa medida, no tiene cabida para demostrar un vicio trascendente que infirme la declaratoria de justicia contenida en la sentencia, proponer, tratándose de la postulación del falso raciocinio, como aquí se hizo, máximas de la experiencia incompatibles con los presupuestos fácticos sopesados por la judicatura. En consecuencia, el asidero de las críticas elevadas en el libelo solo tendría vigencia dentro de un análisis indiciario fragmentario, lo que es insuficiente para hacer denotar la presencia de duda razonable.

5. Para vislumbrar lo sesgado y parcializado de la propuesta de la defensa, basta con verificar el aserto que enarbola con relación a las conversaciones legalmente interceptadas en las que la asesora de C. A. B. discute con él acerca de la sociedad “xxx”, al catalogarlas propias de una gestión comercial en la que se evaluaban riesgos de inversión, alejándose del contexto real en que se dieron las mismas, referido así por el ad quem:

“[…] en el debate público se comprobó que esta empresa fue creada por invención de C. A. y de la llamada 40, se advierte que este previene que la línea telefónica por la cual se estaban comunicando no esté interceptada, y comenta a F., que P. debe aparecer en esta sociedad con un porcentaje del 1 o 2%. Luego, el 18 de septiembre de 2007, con ocasión al informe entre C. y P., se advierte del interés de que J. P. V., quien tiene vínculos de parentesco con el coronel F. V., ingrese como socio a la compañía.

Y en punto de la creación de esta empresa, S. G. y C., en una conversación telefónica pronostican consecuencias funestas porque puede llamar la atención de las autoridades, C. afirma que la empresa tiene un plante de $ 300.000.000 y para ello dispuso de $ 200.000.000, y precisamente S. G. lo insta para que ese tema no sea ventilado por teléfono; entre tanto C. A. y P. acuerdan que la empresa la pueden trabajar pero también para otras cosas”(13).

El recurrente, en esa tónica, también morigera los actos desplegados por el acusado en pro de suministrarle a C. A. B. ayuda en aquellos asuntos donde pudiese suministrársela desde su condición de oficial retirado e incluso a través de familiares suyos en la Fiscalía, realidad que mirada insularmente no podría considerarse propia de un concierto para delinquir para lavar activos, pero que concatenada con los demás medios de conocimiento recaudados en juicio permiten advertir, según se anotó en precedencia, una vocación de servicio con permanencia en el tiempo para fungir como parte de un concierto para delinquir. Actos que si bien no podrían asumirse indicativos de que se trataba de su asesor para todas y cada una de sus actividades criminales, sí son demostrativos de un querer consciente dirigido a participar de lleno en esa asociación. Véase:

“[…] respecto del proceso de extinción de dominio adelantado sobre el predio denominado “M. de G.”, por la incautación de un cultivo de cocaína de propiedad de C. A. quien la compró en calidad de representante legal de la empresa xxx, y es así que de la llamada 134, compact disc 7, siendo interlocutores el general y C., el primero, le pide el número de proceso y en la llamada 157 del 1º de octubre de 2007, P. le dice a C. de acuerdo a la comunicación previa que sostuvo con su sobrino L. L., por entonces funcionario de la Fiscalía General de la Nación, le informaron que no encuentran el proceso y es así que C. le pide la colaboración de su sobrino a quien identifica como el asesor de la Fiscalía […].

[…] [De] la llamada 167 […] se advierte que P. L. le soluciona los problemas a C. A. B., al punto que L. L. presenta informe a A., diciéndole que cumplió y que el fiscal de conocimiento ya sabía, pero además, augura que sí se puede solucionar y para ello ofrecerían una suma de dinero al funcionario de turno para obtener […] decisión favorable a sus intereses.

[…] En el juicio oral quedó probado que P. facilitó a su sobrino L. el celular avantel con el que mantenía contacto directo con C. A., para que se le rinda informes sobre las gestiones encomendadas, es por ello que se concluye sin vacilación que el general L. G. y sus adeptos como E. G., S. G. y L. L. muestran interés frente a resultas del proceso, pues actúan como sus asesores y consejeros, cumplen las tareas encomendadas por éste, le sugieren posibles soluciones a sus necesidades […]. De la llamada 184 se constata que L. le dice que ya habló con el muchacho quien tiene toda la información y quedaron en que le va a hacer una oferta. Luego, cuando se escucha la interceptación 185 —octubre de 2006— P. y C. hablan de entregar $ 10.000.000 […]”(14).

De igual modo, el Tribunal trajo a colación otros episodios de similar connotación:

“P. L. informó a C. que presentó su hoja de vida ante el xxx para acreditar su condición de miembro de la Fuerza Pública y obtener resultados positivos en la empresa de seguridad que habían decidido crear, no obstante lo anterior, acude a conocidos en Indumil para obtener la adjudicación de armas para la organización de A. B. y también estaba atento a las resultas de la entrevista entre C. A. con el gobernador del Meta […] porque pretendían ser beneficiados con contratos de seguridad, en el parque ecológico xxx.

Finalmente es necesario traer como referente una situación superlativa acaecida el 24 de abril de 2008, cuando C. A. fue capturado informó a los policiales judiciales —en tal sentido quedó consignado en el ata de derechos del capturado—, que debían comunicarse con P. L. y que su abogado defensor era L. L., manifestación reveladora de la confianza y cercanía del capturado con el aquí procesado, hecho que analizado en conjunto con los demás elementos probatorios permite concluir la relación vinculante entre L. G. y el narcotraficante C. A., por ello, le proponía planes para crear empresas, sociedades y la ejecución de proyectos entre otros algunos de orden ilícito y a su antojo”(15).

Desde esa perspectiva, ha de entenderse que la disposición del implicado para llevar a feliz término los designios del líder de una empresa criminal ratifica su participación en el concierto, al entrever ese proceder tanto la vocación de permanencia en el tiempo de las múltiples actividades ilegales en las que estaban inmersos como lo indeterminado de su ejecución, avizorándose en este caso concretas conductas punibles constitutivas de lavado de activos que coadyuvan a soportar la imposición de la causal de agravación prevista en el artículo 340, inciso 2º del Código Penal, por tratarse este convenio de uno de aquellos que el legislador percibe con mayor capacidad de afectación.

En este aspecto, cabe recalcar que la mayoría de las comunicaciones legalmente interceptadas que permitieron apuntalar el juicio de responsabilidad en contra de L. G. contienen diálogos cifrados en los que se encubre, a través de un lenguaje aparente, las actividades ilícitas de la aludida organización, muestra fehaciente del modo en que se dinamiza el perfeccionamiento de planes y órdenes en estas redes subrepticias con claro perjuicio de la seguridad pública.

6. Recapitulando, se tiene que las anteriores reflexiones, basilares en las providencias, son moduladas en el análisis del recurrente por vía de su estudio individual y únicamente se les anteponen máximas de la experiencia abstractas que no se compaginan con el escenario global depurado en este asunto a fin de que sean acogidas a costa de las empleadas por los juzgadores, método insuficiente para evidenciar error en las mismas.

Es decir, resulta precario para la demostración del falso raciocinio proponer un ejercicio valorativo paralelo al de la judicatura con máximas diferentes de pretendida mejor aceptación que no reúnen parámetros para ser consideradas como tales, ya que las enarboladas en este asunto son pautas interesadas acerca de la manera en que presuntamente se desenvuelven las actividades de sofisticadas estructuras ilegales, sin sujeción a las pruebas ni a criterios de universalidad, generalidad y validez en un espacio socio histórico determinado que permitan asumir factibles los postulados alternativos allí señalados.

Por ello, el cargo primero no está llamado a prosperar.

7. En lo atinente al cargo segundo, donde se discute la hermenéutica empleada por los juzgadores para dosificar la pena, ha de anotarse que si bien este aspecto no fue materia explícita de disenso en la apelación, al confrontar lo pertinente, surge viable que se aborde tal polémica en sede extraordinaria. Lo anterior, porque la Sala ha aclarado cómo el principio de identidad temática no se sopesa desde variables de carácter absoluto, a la manera de un rigorismo matemático, al tratarse de un método de ayuda que aplica para cotejar la existencia de interés cuando se establece correspondencia entre los motivos de discusión en segunda instancia y ante la Corte, sin que se agote en esa llana circunstancia:

“Esto, porque existen casos en los cuales la impugnación de un determinado aspecto no necesariamente comporta la aceptación, ni la renuncia a la discusión de otros, que no son cuestionados por razones de coherencia argumentativa, o porque la alternativa de ataque escogida por el apelante resulta comprensiva de ellas. Veamos, para ilustrar el punto, dos ejemplos totalmente contrapuestos, frente a una sentencia de carácter condenatorio: 1. La defensa discute en la apelación el reconocimiento de una circunstancia atenuante, y en casación la responsabilidad del acusado por ausencia de antijuridicidad de la conducta. 2. La defensa discute en la apelación la responsabilidad del procesado por ausencia de antijuridicidad de la conducta, y en casación la existencia de la diminuente punitiva.

Si se confrontan los aspectos de la apelación y los de la casación en los dos casos, se concluye que en ninguno existe identidad temática. ¿Pero resulta válido afirmar, por este solo hecho, que la defensa carece en ambos de interés para recurrir? Desde luego que no. La renuncia al interés para impugnar un determinado aspecto de una decisión se presenta, como ya se dejó visto, cuando el impugnante lo consiente, ya de manera expresa, ora de manera tácita. Esta situación solo sería predicable en el primer caso, donde el apelante plantea reconocimiento de la atenuante, pues si se opta por cuestionar exclusivamente la punibilidad, ha de entenderse, en lógica jurídica, que se acepta la declaración de responsabilidad que la sentencia contiene.

En el segundo caso, la situación es distinta. Si el sujeto impugna la declaración de responsabilidad, no resulta razonable afirmar que acepta la tasación de la pena. Todo lo contrario, supone que la rechaza, si se toma en cuenta que para su aplicación es condición necesaria que el procesado sea declarado responsable. En este ejemplo, el aspecto de la apelación resulta comprensivo del discutido en casación, y esta circunstancia habilita el sujeto para impugnar el de menor contenido sustancial en casación, por encontrarse dentro del ámbito de extensión del tema apelado, y porque la falta de impugnación ante al quo no implica, de suyo, expresión de conformidad” (CSJ SP 16564-2016).

Hecha esta salvedad, se tiene que frente a esta arista la juez a quo indicó:

“[…] para determinar el quantum a imponer debe tenerse en cuenta la gravedad de los delitos aquí juzgados, que generan un gran reproche social […] su comisión se ha convertido en un flagelo de práctica común que azota actualmente a la sociedad colombiana y lamentablemente su imagen en el exterior, además debe resaltarse su modalidad, o sea, el hecho de (sic) pretender prevalecer de su condición de general retirado del xxx para obtener favores no solo dentro de dicha institución para la organización liderada por C. A. B., sino utilizar ese calificativo para ser integrante de sociedades que no desarrollaron su objeto social y se servirían única y exclusivamente para lavar el dinero producto de las actividades del narcotráfico […]. No obstante que el juzgado se moverá dentro del primer cuarto, no se impondrá la pena mínima de este, sino que esta se incrementará […] porque, se itera, no puede desconocerse que la persona aquí juzgada perteneció por un periodo de 35 años al xxx colombiano alcanzando el grado de general habiéndose desempeñado como coordinador de inteligencia militar y esa condición le exigía un mayor decoro en su comportamiento para con el conglomerado que defendió durante ese tiempo”(16).

Nótese, entonces, cómo las consideraciones a las que se acudió para incrementar la pena no obedecieron en exclusivo a la posición de general retirado del xxx de L. G. ni se vinculan en sentido estricto a su personalidad. Contrario sensu, se compaginan con la gravedad y modalidad de la conducta cometida, criterios previstos en el artículo 61 del Código Penal, en tanto aquella condición según se estudió en precedencia, constituyó una plataforma privilegiada a la que acudió la red delincuencial en cita para la consecución de sus propósitos, conjugándose el juicio de reproche no al individuo sino con la manera en que su posición en la comunidad repercutió en la efectiva ejecución del lavado de activos, delito base para fijar la sanción, al ser el injusto que contraía mayor punibilidad.

Recuérdese cómo interesaba a C. A. B. que el acusado figurara en las inversiones que realizaba por interpuesta persona y el modo en que éste ponía de relieve su situación de militar retirado, buscándose así que la constitución de empresas de fachada no generara mayor recelo ante las autoridades.

En esa perspectiva, se pronunció el Tribunal:

“P. L. G., en su calidad de general retirado de la Fuerza Pública no sopesó su vasta experiencia como coordinador de inteligencia del xxx y vilipendió su institución y de consuno a la nación colombiana, para cohonestar con las pretensiones de un colombiano condenado por narcotráfico, subrogó sus principios como militar y su condición dentro de la estructura del Estado colombiano y se confabuló con C. A. B. para dar apariencia de legalidad a los bienes de procedencia ilícita que pretendía adquirir a través de sus sectarios […]. Resulta del todo inaceptable que L. G. decline su instrucción como coordinador de inteligencia del xxx del Estado colombiano para vanagloriarse de los estímulos que le ofrecía C. A. B., y para ello no reparó en desplegar las acciones necesarias y vinculó a personas de la Fuerza Pública con el único objetivo de cumplir los designios de A. B. […] formó una verdadera cadena de eventos con el único propósito de ponerlos al servicio de un ciudadano condenado por el gobierno americano y en contubernio encaminó toda su fuerza y experiencia para crear sociedades comerciales que a la postre no desarrollaron su objeto social”(17).

En suma, no se configura la violación directa denunciada, los factores fijados en la ley para la dosificación de la pena se compadecen con los sucesos acreditados en el proceso en los que la condición castrense de L. G. y su reconocimiento social tuvo injerencia significativa en el delito de lavado de activos, sin que sea necesario referirse a lo señalado por el Fiscal Delegado ante esta Corporación en cuanto a lo previsto en el artículo 342 del Código Penal(18), toda vez que el precepto solo aplica tratándose del concierto para delinquir y el entrenamiento para actividades ilícitas (art. 341 ib.) y, además, dicho canon no fue materia de acusación, de ahí que no se hubiese sido tenido en cuenta, como lo aclaró la juzgadora de primera instancia, en virtud del principio de congruencia.

Entonces, el cargo segundo tampoco prospera, lo que deriva en que la demanda presentada sea desestimada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida por el defensor de P. L. G.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Cfr. Fls. 20 y ss., sentencia de segunda instancia / Fls. 79 y ss., cdno. 50.

(4) Cfr. Fls. 50 y ss. / Fls. 109 y ss., ibídem (resaltado en el texto).

(5) Cfr. Fls. 63 y ss., sentencia primera instancia / Fls. 63 y ss., cdno. 48.

(6) Cfr. evidencia 22.

(7) Cfr. evidencias 41, 42, 42A y 43.

(8) Cfr. Fls. 87 y ss., evidencia 19.

(9) HURTADO POZO José, Compendio de derecho penal económico, parte general, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015, pp. 92 y ss.

(10) Cfr. Fl. 13 escrito de acusación / Fl. 13, cdno. 37.

(11) Cfr. Fl. 132 sentencia de primera instancia / Fl. 132, cdno. 48.

(12) Cfr. Fl. 48 fallo de segunda instancia / Fl. 107, cdno. 50.

(13) Cfr. Fl. 52 fallo de segunda instancia / Fl. 111, cdno. 50.

(14) Fls. 62 y ss., fallo de segunda instancia / Fls. 121 y ss., cdno. 50.

(15) Cfr. Fl. 71 / Fl. 130 ibídem.

(16) Cfr. Fls. 142 y ss., sentencia de primera instancia / Fls. 142 y ss., cdno. 48 (negrillas en el texto).

(17) Cfr. Fls. 76 y ss., fallo segunda instancia / Fls. 135 y ss., cdno. 50.

(18) “Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores sean cometidas por miembros activos o retirados de la Fuerza Pública o de organismos de seguridad del Estado, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad”.