Sentencia SP20654-2017/49970 de diciembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP20654-2017

Radicación 49970

Aprobado acta 423

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Nota: Legis considera conveniente que los datos de partes, terceros o intervinientes, etc. sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La impugnación:

El fiscal delegado ante el tribunal superior de XXX se opuso al fallo absolutorio, manifestando su inconformidad respecto de los fundamentos esgrimidos por esa corporación al momento de desestimar la configuración de las conductas delictivas de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado; dejando a salvo lo atinente los punibles de cohecho propio, (respecto del cual solicitó la absolución perentoria) y de fraude procesal.

De esa forma, alega que las pruebas practicadas durante el curso del juicio oral dan cuenta que el juez W.C.R. comenzó a prevaricar, esto es, contrariar la normatividad procesal penal en el momento en que aceptó recibir en su domicilio y en horas no laborales un documento en el que, supuestamente, la víctima del punible de extorsión, conducta realizada por el acusado D.O.P., afirmaba haber recibido $ 2.000.000 y aceptado como indemnización por los perjuicios que le ocasionó ese acto delictivo.

También, afirmó el apelante que el juez acusado perfeccionó su comportamiento prevaricador cuando (i) omitió citar a la víctima a la audiencia de lectura de fallo, contrariando lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional (C.C., Sent. C-2009 de 2007), y (ii) al momento de hacer la lectura del fallo incluir el documento que aquella (víctima) supuestamente suscribió y refrendó en notaría, pues de esa forma ingresó al proceso penal como prueba y, por tanto, se habilitó para hacer uso del mismo en el fallo de condena que emitió contra el acusado D.O.P. a quien reconoció el descuento punitivo previsto en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000.

Todo lo anterior, estima, forma parte del iter criminis, del actuar del funcionario judicial, que en criterio del impugnante contrarió los “protocolos legales sobres los fines, la autenticidad, publicidad e inmediación de la prueba”, consagrados en los artículos 372, 377 y 379 de la Ley 906 de 2004.

La prueba del dolo en el comportamiento del acusado, asevera el recurrente, es la misma “sentencia de calendas 2 de septiembre de 2011”; porque en su texto se observa cómo para “lograr la degradación punitiva de seis (6) años y once (11) meses aproximadamente a favor del acusado O.” debió incurrir en una cadena de actos manifiestamente contrarios a la normatividad procesal penal. Y en aras de fortalecer su argumento sobre la existencia del elemento subjetivo exigido por el tipo penal de prevaricato por acción, enlista los siguientes indicios incriminatorios:

(i) La declaración de la señora L.E.P., [esto es, la víctima, quien], afirmó categóricamente que el doctor W.R. le ofreció dinero como indemnización por la falta cometida en su contra”.

(ii) El desinterés mostrado por el juez para indagar en la propia audiencia, la autenticidad del documento recibido.

(iii) No se entiende la razón que podía tener el abogado [defensor de D.O.P.], L.A.A., para entregar el cuestionado escrito por debajo de la puerta del juez, para luego (4 horas siguientes) salir corriendo hacia el municipio de XXX donde se efectuaría la audiencia y participar en ella, a una (1) hora de XXX, si él podía y debía entregarlo al interior de la misma, en el evento en que hubiera sido la persona que hubiere entregado el memorial, de conformidad con el dicho del hijo del procesado”.

Y por esa misma vía argumentativa, casi que a manera de conclusión, el impugnante intenta construir la siguiente regla de la experiencia:

(...) el juez, un servidor de amplia experiencia en la administración de justicia, actuó como un verdadero conocedor y dominador de la materialización de la falsedad cometida en la notaría, con el objetivo de rebajar la pena a O.P., como en efecto aconteció, escondiendo la ilegalidad detrás de un maquillaje de aparente ingenuidad e (sic) bagatela jurídica.

Fue por ello que nunca mostró voluntad para establecer claridad sobre la originalidad y legalidad del texto plasmado; teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas a favor del procesado como el perjuicio a la víctima. Ni siquiera fue capaz de interesarse en denunciar ante las autoridades competentes la ilicitud acontecida, luego de enterarse por boca de la víctima de no haber firmado el escrito de fecha 26 de agosto de 2011.

Laregladelaexperienciaindicaqueesecomportamientonoobedecealactuarnaturalycotidianodeunfuncionariojudicialhonorableeimparcial,queactúaconformealaley. Por el contrario, es el típico ejemplo de quien abusando del derecho, atropella a la víctima en beneficio oscuro de otra persona, sin importarle sus deberes constitucionales y legales como servidor de justicia. Siendo esta la verdadera razón por la que no se explicó en la sentencia ni en la atropellada audiencia de lectura de fallo de fecha 2 de septiembre de 2011, la forma como fue allegado el documento que sirvió como fundamento para hacer la inmerecida rebaja punitiva, sin garantizar el derecho burlado a doña L.E.P. (subrayas fuera del texto original).

Invoca el recurrente que tanto los indicios incriminatorios como la regla de la experiencia precitados, tienen como fundamento los dichos de L.A.C.A., quien en la audiencia de lectura de fallo actuó como abogado defensor de D.O.P., y la investigadora del CTI G.P.S., dos testimonios que, en su sentir, pretermitió analizar el tribunal.

Finalmente, en un ítem que intituló: “El escrito de acusación y el principio de congruencia”, el impugnante manifiesta su inconformidad con los reproches que le hace el tribunal por haber errado al elaborar el escrito de acusación, ya fuese por omitir precisar hechos jurídico-penalmente relevantes, ora por no existir coherencia o congruencia entre la imputación fáctica y la jurídica.

El recurrente sostiene que el procesado incurrió en el delito de falsedad ideológica en documento público cuando “suscribió la sentencia del día 2 de septiembre de 2011, a través de la cual se absolvía a G.A.T. y condenaba a D.O.P.”, por cuanto:

La fiscalía estima que se equivoca el tribunal, cuando reclama la imposibilidad para condenar por estos tres delitos, al argumentar que de los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación no se infiere la comisión de los mismos; lo que equivale a decir que la fiscalía omitió describir el nexo causal entre la tipicidad imputada, el autor y los hechos relevantes que soportan la acusación... Asombrosamente se equivocan los magistrados, pues basta leer con atención y sin el más mínimo esfuerzo, para entender e identificar en la narración de los hechos jurídicamente relevantes del escrito de acusación, que se citó la sentencia del día 2 de septiembre de 2011, a través de la cual se absolvía a G.A.T. y condenaba a D.O.P., estableciendo su debida dosimetría punitiva.

En cuanto a la mentira inobservada, se aprecia sin dificultad en el mismo texto que se trató del memorial de fecha 26 de agosto de 2011, autenticado ante la notaría segunda del circuito notarial de XXX, donde se dice que la señora L.E.P. había sido indemnizada integralmente por el procesado D.O.P., lo cual es totalmente falso; de conformidad con lo demostrado en el juicio oral.

Y en lo que atañe al delito de prevaricato, afirma:

(...) [su[ juicio es la (sic) clara la comisión del prevaricato en la narración de los hechos jurídicamente relevantes, a través de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2011. Decisión que se fundó en una prueba ilegal en su aducción e incorporación al juicio, para poder cumplir el objetivo antijurídico de favorecer a D.O.P. con la degradación ostensiblemente de su pena.

Respecto del delito de falsedad en documento privado, afirmó:

(...) el tribunal insiste en que nunca se dijo cuál fue el documento en que se consignó ese hecho irreal, dónde y cuándo; desconociendo nuevamente que de los hechos jurídicamente relevantes se advierte que nos referimos al documento de fecha 26 de agosto de 2011, autenticado en la ciudad de XXX ante la notaría XXX.

Así, solicita que se proceda a revocar en todas sus partes la sentencia absolutoria proferida por la primera instancia, y, en su lugar, se declare penalmente responsable a W.R.C.

(...).

Consideraciones de la Corte:

1. Competencia:

A la Sala le corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto, de acuerdo con la competencia que le asigna el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que la acción penal es ejercida contra el exjuez promiscuo de XXX (XXX), quien fue juzgado en primera instancia por el tribunal superior del distrito judicial de XXX, por conductas realizadas en ejercicio de sus funciones.

2. Análisis de los argumentos expuestos por el impugnante y la sentencia confutada.

La controversia planteada por la fiscalía, en calidad de recurrente, respecto del fallo absolutorio, se circunscribe a los fundamentos que tuvo el tribunal para tener por no probada su teoría del caso, tras calificar como “infundada” e “incongruente” la acusación que formuló contra W.R.C., el exjuez promiscuo municipal de XXX (XXX) y que dice relación exclusivamente con tres delitos, valga decir, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.

Partiendo de las proposiciones del apelante, resulta menester acotar que el a quo basó la sentencia absolutoria en dos aspectos esenciales : i) la transgresión del principio de congruencia que denota el escrito de acusación, en el que no se relacionan los hechos que constituyen el supuesto fáctico y los presupuestos de los tipos penales por los que debía responder W.R.C., en detrimento del derecho de defensa(7); ii) la ausencia de medios probatorios que acrediten la autoría y responsabilidad del acusado en los delitos contra la fe pública y el prevaricato por acción(8), pese a estar demostrada la materialidad de los mismos.

Con miras a resolver la problemática planteada se aplicará el mismo orden metodológico propuesto en la sentencia confutada:

2.1. Principio de congruencia.

Este principio ha sido considerado desde el pasado como cardinal en el proceso penal. Es así como el artículo 8º de la Convención americana de derechos humanos faculta a “toda persona inculpada de delito” a que se le comunique de manera “previa y detallada” la acusación.

En términos similares el artículo 14, inciso 3º literal a) del Pacto internacional de derechos civiles y políticos consagra que “Toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causa de la acusación contra ella”.

Estas directrices fueron desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 20 de junio de 2005, en el asunto Fermín Ramírez vs. Guatemala, de esta manera:

Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido proceso penal vis-à-vis el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación.

Por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable del derecho de defensa, la Corte considera que aquel constituye una garantía fundamental del debido proceso en materia penal, que los Estados deben observar en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 8.2 de la convención.

De acuerdo con estos parámetros el ordenamiento jurídico interno incluye en el artículo 29 de la Constitución Nacional, el debido proceso como principio fundante de las relaciones jurídicas procesales.

La norma en cita se acompasa con los postulados del artículos 250 de la misma obra y con el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, que prevé los presupuestos del escrito de acusación: (i) la descripción clara y precisa de aquellos hechos o comportamientos que fueron objeto de indagación e investigación (imputación fáctica) porque revisten las características de un delito, (ii) la calificación jurídica o nomen juris que reciben tales supuestos fácticos (imputación jurídica), y (iii) la enunciación o listado de las evidencias o elementos materiales probatorios en que se fundan las imputaciones fácticas y jurídicas.

En concordancia con lo descrito, el artículo 448 del Código Adjetivo Penal dispone que: “El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

Refulge, entonces, de las precitadas disposiciones la obligación que tiene la fiscalía de precisar la premisa fáctica de la acusación y la consecuente imposibilidad del juez de conocimiento para proferir un fallo de condena por hechos o por delitos que no hayan sido incluidos en aquella.

En términos precisos, las normas en cita generan el derecho-garantía de todo ciudadano a que el Estado le comunique de manera “previa y detallada” la acusación y la obligación dirigida la Fiscalía General de la Nación de acotar o determinar con precisión los límites de los hechos que fueron objeto de investigación por su relevancia jurídico-penal y al juez el deber de no soslayar ese coto o frontera al momento de emitir el fallo.

Dicho de otro modo, existe una relación inescindible entre dos estructuras que integran el debido proceso: la formal y la conceptual(9). Mientras la primera está comprendida por la indagación, la investigación, la imputación, la acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral; la segunda se integra por la correspondencia que debe existir entre la persona, los hechos o comportamientos que se le atribuyen a esta (nexo causal) y las conductas que previamente se encuentran descritas en los tipos penales que se adecuan a aquellos (adecuación típica).

Atendiendo lo anterior, en la sentencia controvertida se verifica que al momento de valorar de manera conjunta las pruebas practicadas en el curso del juicio oral, el tribunal advirtió que la acusación formulada contra W.R.C. presentaba ambigüedades en la imputación fáctica que trascendía en la labor de adecuación típica. Fue por ello que al analizar cada punible glosó las preguntas que surgían sin respuesta por parte del ente acusador(10) (en extenso aludidas en párrafos anteriores de este proveído)(11).

En verdad, como lo acota el apelante(12), esos reparos no podían tener la vocación suficiente para fundamentar la absolución; de una parte porque los interrogantes planteados por el tribunal, en medio de la dialéctica probatoria, fueron contestados por esa misma instancia, y de otra, porque las imprecisiones fácticas y jurídicas reportadas en el escrito de acusación y presentadas de manera distinta en el alegato de conclusión, se hicieron en el contexto de la función atribuida al ente acusador, sin que tuviera eco en la decisión final de la judicatura.

Para el efecto es preciso recordar que la congruencia se predica, de acuerdo con lo dispuesto en la ley procesal penal, en un primer estadio entre la formulación de imputación y la acusación y en el segundo momento, entre la acusación y el fallo, bajo el entendido que el componente fáctico no pueda ser modificado en ninguno de esos estadios.

En el caso concreto, se verifica, una vez escuchados los audios de las audiencias, que la imputación y la acusación conservan una misma línea narrativa de los hechos jurídicamente relevantes, mientras que en el segundo segmento procesal, referido a la dupla acusación y petición de condena de la fiscalía, contrario a lo alegado por el apelante, los cambios se hicieron en detrimento del acusado, los que consistieron en mutar su forma de participación de autor a coautor, para lo cual adicionó circunstancias especiales, en las que el procesado ya no se ubica en el escenario material de consumación de los delitos contra la fe pública, sino concertado con una personas indeterminada a quien la fiscalía le atribuyó ser la encargada de ejecutar la falsedad.

Así, en el escrito de acusación, reproducido oralmente en la audiencia respectiva en los mismos términos, se indica: ““... se puede afirmar con probabilidad de verdad que las conductas delictivas si existieron y que el acusado W.R.C., de notas civiles y personales relacionadas, es autor (C.P., art. 29) y responsable del concurso heterogéneo sucesivo de las conductas punibles citadas”(13).

Y en el juicio oral el representante de la fiscalía, al elevar la petición condenatoria en contra del acusado, luego de considerar que se daban los requisitos contemplados en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, expresó: “... Solicito su condena en la condición de juez promiscuo municipal de XXX por la coautoría, del concurso material heterogéneo sucesivo...”(14).

Y sobre los hechos, señaló:

“... ¿Qué fue lo que hizo el Dr. W.R.? que se puso de acuerdo con otra persona que no ha querido decir, que no se conoció pero que sí existió, y que falsificó y engaño en la notaría(15).

“... El doctor W.R. no fue la persona que se dirigió a la fue a la notaría(sic), nunca estuvo en la notaría, el Dr. W.R. nunca firmó un documento... el doctor W.R. personalmente no engañó a la notaría; pero el doctor W.R. sí hizo parte de un acuerdo con persona desconocida indeterminada que tuvo que hacerlo porque ese documento no llega solo porque al doctor W.R. no le llega nada por debajo de la puerta, así porque sí(16).

Esta nuevas circunstancias estudiadas a la luz de la narración consignada en la acusación, (transcrita al pie de la letra en el acápite de los hechos de esta decisión) es indicativa que el alegato final el fiscal no se ciñó a la imputación fáctica elevada antes del juicio oral, por lo que los cuestionamientos hechos por la instancia no se muestran caprichosos, como lo sugiere tácitamente el apelante, en procura de evitar consecuencias perjudiciales para el procesado, como lo ha dicho la Corte:(17)

Los jueces no pueden derivar consecuencias adversas para el imputado o acusado, según sea el caso, ni de los elementos que no se derivan expresamente de los hechos planteados por la fiscalía ni de los aspectos jurídicos que no hayan sido señalados de manera detallada y específica por el acusador so pena de incurrir en grave irregularidad que deslegitima e ilegaliza su proceder; dicho en forma simple: el juez solamente puede declarar la responsabilidad del acusado atendiendo los limitados y precisos términos que de factum y de iure le formula la fiscalía, con lo cual le queda vedado ir más allá de los temas sobre los cuales gira la acusación.

Por consiguiente, aunque es cierto que la Sala de decisión del tribunal yerra al considerar que el principio de congruencia se vulnera solo con la omisión de la fiscalía de correlacionar los aspectos facticos con el componente jurídico, cuando la mentada transgresión requiere la permisión del juzgador en la sentencia, finalmente fue la actividad del tribunal la que evitó incurrir en dicho desacierto, al no acoger en la sentencia hechos ni delitos por los cuales no había sido convocado a juicio el procesado.

De manera que razón tuvo el tribunal al criticar que la fiscalía al fijar los hechos en la acusación no fue exhaustiva en la individualización de los mismos en cada una de las conductas punibles endilgadas al enjuiciado. Imprecisiones que se reiteraron por el fiscal en la audiencia de juicio oral y que reincidió en la apelación alegando circunstancias fácticas no incluidas en la acusación. Con todo, esa situación no tuvo una incidencia determinante en el pregonado principio de congruencia o en alguna otra garantía fundamental.

En síntesis, las inconsistencias reprochadas a la fiscalía, en manera alguna son suficientes para quebrantar la necesaria consonancia fáctica y jurídica, por lo cual el fundamento de la absolución no debe sustentarse en ello.

2.2. Fundamentos probatorios.

Sobre este aspecto, la tensión que da existencia al problema jurídico surge de la hipótesis del fiscal, según la cual el tribunal dejó de apreciar las pruebas legalmente incorporadas, entre ellas las de carácter indiciario que permitían a la primera instancia dar por probado que el otrora juez W.R.C., emitió una sentencia contraria al ordenamiento jurídico, sabiendo que no procedía la rebaja punitiva reconocida al sentenciado D.O.P., porque el documento que llevó a la actuación, con la apariencia de haber sido extendido por la víctima, era espurio.

Según el apelante, se demostró la realización de las conductas típicas de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.

Desde ese contexto, la Sala encuentra oportuno precisar que la falsedad ideológica en documento público y el prevaricato por acción, configuran apenas un concurso aparente de tipos, toda vez que el devenir fenomenológico y probatorio, acredita que el hecho falso consignado en la sentencia, único sustento de la rebaja punitiva, está inescindiblemente ligado la decisión contraria a la ley.

El ejercicio mental de sustraer el contenido falso de la indemnización de perjuicios como componente de la decisión contraria a la ley, daría lugar a estimar el fallo ajustado a derecho, según lo normado en el artículo 269 del Código Penal que contempla la reparación integral como causal para rebajar la pena de las tres cuartas partes a la mitad. Por tanto, no puede escindirse, como conducta autónoma el contenido ideológicamente falso de la decisión, en cuanto en ella se afirmó la existencia de la indemnización integral con efecto en la decisión para la rebaja de la pena, sin que el presupuesto material fuera verídico, esto es, la manifestación de la víctima de haber sido indemnizada.

Aclarado lo anterior, frente al debate probatorio motivo de alzada, no ofrece discusión alguna lo considerado por el a quo sobre la demostración, mediante el análisis conjunto de las pruebas que i) la señora L.E.P. no fue indemnizada por los perjuicios ocasionados con el delito de extorsión; ii) el documento presentado ante la notaría segunda de XXX y adosado al proceso que contiene esa información es falso, y iii) con base en ese documentos el juez W.R.C. concedió una inmerecida rebaja punitiva.

En este orden de ideas, no se discute por las partes lo considerado ampliamente por la primera instancia, respecto la demostración objetiva de los tipos penales en mención.

En efecto, los testimonios rendidos por L.E.P., víctima del delito de extorsión, P.M.R.N., representante del ente acusador en el proceso seguido por punible de extorsión, H.A.H., abogado defensor de D.O.P., beneficiado con la figura de la reparación integral, A.J.V.G., funcionaria de la notaría segunda de XXX, L.A.C.A., abogado que asistió al D.O.P. en la audiencia de lectura del fallo, al ser apreciados en conjunto, no dan cuenta que el entonces juez W.R.C. hubiera participado en forma alguna en la creación del documento espurio, aun cuando informan sobre el uso del documento como medio de prueba para llegar a decisión tildada de prevaricadora.

Por ello, el recaudo probatorio debe responder al interrogante: ¿el juez conocía que el contenido de dicho documento era falso? Esto por cuanto solo si la respuesta es positiva, la tipicidad subjetiva de las conductas punibles enrostradas estaría demostrada.

Para responder a este problema jurídico, como lo requiere la apelación, se procederá a analizar los argumentos expuestos en este sentido por el opugnador, teniendo en cuenta la arista normativa contemplada en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal que exige para emitir sentencia condenatoria, el conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad del procesado.

De cara a esta exigencia debe recordar el apelante que los indicios en principio solo permiten arribar al grado de conocimiento de la probabilidad, por lo que deben converger pluralmente y con suficiencia demostrativa para persuadir sobre la certeza del hecho indicado. De suerte que la carga procesal de desvirtuar la presunción inocencia que le corresponde a la fiscalía, si bien puede derivar de esos medios de conocimiento los mismos no pueden ser divergentes o controvertidos en el camino de esa construcción lógico-probatoria.

En punto de análisis, no puede la Corte pasar por alto que el fiscal en esta causa optó por “verbalizar”, como el mismo lo dijo, la prueba documental para acreditar todo lo ocurrido en el proceso adelantado por el juez acusado, en lugar de incorporarla, pues ello trasciende en la valoración probatoria, en la que se vislumbra que los testigos citados para demostrar su teoría del caso, rememoraron lo acontecido en el trámite censurado de forma incompleta y no pocas veces equívoca, dejando vacíos y contradicciones que no pueden ser suplidos, como se verá a más adelante con la prueba indirecta que pretende hacer valer.

Por vía ejemplo se cita la declaración L.B.D., el que frente al empeño del fiscal por reconstruir verbalmente el proceso radicado XXX, que cursó por el delito de extorsión en cuyo trámite se emitió la sentencia, confundió la actividad que llevó a cabo el acusado, al señalarlo como el funcionario que realizó la audiencia preliminar concentrada, dando lugar a entender que asumió una competencia vedada para para el juez que dicta el fallo.

Otro tanto sucedió con la testigo G.P.S. quien en su testimonio dio cuenta de la existencia del proceso y de los reportes de ingreso de W.R.C. a la cárcel de XXX, y en la lectura trató de excusar los errores cometidos en las actas correspondientes y las fechas. Situaciones que se predican también de las partes en el proceso, los que divagaron sobre las fechas de las audiencias que siguieron la iniciación del juicio oral(18).

La prueba documental no ha desaparecido del escenario probatorio, así el sistema acusatorio se caracterice por la oralidad. Precisamente el título IV, capítulo III, al instituir las disposiciones generales sobre la práctica de pruebas, en la parte IV, regula todo lo concerniente a la prueba documental y su incorporación en el juicio oral.

No obstante, en virtud de la libertad probatoria, procederá la Sala a estudiar los indicios planteados por el apelante.

En relación con la pretensión del fiscal de deducir la responsabilidad penal del procesado, a partir de la falta de citación a la víctima a la audiencia de la lectura del fallo, esa estimación se halla empañada, por las contradicciones que se advierten en los testigos que declararon en juicio sobre este aspecto.

L.E.P. si bien expuso que no fue a la lectura del fallo porque no la citaron, en contraposición a esta exculpación, las partes del proceso y un consanguíneo de esta declararon que la misma estuvo presente en la audiencia de juicio oral y que se enteró personalmente de la data de la audiencia.

Así, H.A.H. y L.A.C.A., defensores de los procesados, fueron contestes al declarar que la celebración de la audiencia de juicio oral (cuya fecha no determinan), se suspendió por unos momentos y que ese intervalo se suscitó un acuerdo de pago de perjuicios entre los procesados y la afectada, en presencia de quien, se acordó, fuera de audios, una nueva fecha, tampoco la concretan, para lo que denomina I.P.S (individualización de la pena y lectura de sentencia).

Datos que confirma P.M.R.N., cuando relató que en su calidad de fiscal acudió a la audiencia de juicio oral en cuyo desarrollo D.O.P. se allanó a los cargos y la víctima estando en la audiencia llegó a un acuerdo indemnizatorio con este en una cuantía que finalmente se fijó en $ 2.000.000, la diligencia se suspendió y se fijó nueva fecha para la lectura de fallo.

La información en cita es congruente con el contenido de la declaración extraprocesal, rendida por H.E.P., hermano de L.E.P., admitida como prueba de referencia por fallecimiento del testigo, en la que reveló que el 10 de agosto de 2011 estuvo presente en la diligencia de juicio oral acompañando a su familiar, y que ese día se señaló el 2 de septiembre de 2011 como fecha “para la sentencia”. ... resaltándose a mi hermana que asistiera cumplidamente a la misma(19).

Esta contradictoria situación que muestran los testigos y que en opinión del fiscal(20), se debe a la falta de comprensión de la ofendida sobre la citación verbal, no cuenta con respaldo en las pruebas practicadas durante el juicio, pues la fiscalía no profundizó sobre ese aspecto ni los interrogatorios ni con la evidencia que podía contener el expediente.

Lo anterior genera la duda acerca de que efectivamente el juez estuvo movido por el afán de ocultarle a la ofendida el documento y por impedir que conociera y descubriera la falsedad de su contenido o que quisiera propiciar la ausencia de L.E.P. en la diligencia para que la decisión, deliberadamente contraria a la ley, quedara en firme.

Desde luego que nada de lo antes dicho conduce a afirmar que el juez estaba eximido de agotar la posibilidad de citar nuevamente a la víctima a fin de verificar la real ocurrencia de la reparación integral de perjuicios, sin embargo esa no es una alternativa prevista por la ley, que por tanto lleve a asegurar la omisión de W.R.C. de un precepto con tal alcance, para contribuir a reforzar la inferencia de que el funcionario conscientemente llevó acabo la diligencia a espaldas de la denunciante porque sabía de la falsedad del documento y dolosamente le hizo producir en el fallo el efecto ilegal de la rebaja punitiva.

De otra parte, discute el apelante que la magistratura soslayó la manera sigilosa como el juez incorporó el documento tildado de falso, esto es, sin anunciarlo en la audiencia a las partes y sin dejar constancia de la forma como llegó a su poder.

Nuevamente, el argumento no se muestra fortalecido probatoriamente para asegurar el ánimo del juez vulnerador del ordenamiento jurídico, comoquiera que el fiscal P.M.R.N. y el abogado L.A.C.A., manifestaron, refutando la tesis de la fiscalía, que el acusado el 2 de septiembre de 2011, día en que se llevó a efecto la audiencia de lectura el doctor W.R.C. les dio a conocer la existencia un documento en el que la víctima exponía que había sido indemnizada, el que fue dejado debajo de la puerta de su casa, sobre el que no sospecharon mácula alguna.

Agregó el primero de los mencionados, como razón adicional, que el escrito contaba con los sellos de la notaría y su contenido coincidía con el principio de acuerdo que días antes se había suscitado entre los procesados y la víctima en la misma suma de dinero reportada como pagada y que ello a su vez motivó, en armonía con una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación de esa figura de la reparación de perjuicios como derecho y no como beneficio, que no se opusiera a la rebaja punitiva.

L.A.C.A., pese a no recordar si en la audiencia se corrió o no traslado del escrito, expuso que el juez adicionó que el documento fue dejado en sobre cerrado(21).

Lo expuesto por los testigos da lugar a entender que el juez sí dio a conocer la existencia y la forma como había recogido el documento, el cual se reitera, no fue incorporado en este proceso por la fiscalía como evidencia, no obstante tratarse del instrumento del cual según la teoría del caso de la fiscalía, se valió el acusado para dictar una providencia manifiestamente contraria a la ley.

Así las cosas, en lo que atañe a la confrontación de la manifestación de la reparación integral debe tenerse presente que el artículo 269 del Código Penal no dispone de un trámite especial, bastando con que esta se presente antes de emitirse la sentencia de primera o única instancia, para que proceda la rebaja, lo cual obviamente no hace patente de su admisión, sin importar la forma como se ingrese.

Lo anterior porque pese a esta omisión legislativa, la Sala encuentra acertada la posición del fiscal, cuando expone que una costumbre contraria a derecho no puede servir de fundamento para legitimar la incorporación de un escrito que llega al juez en forma irregular.

Frente a la extraña situación de recibir documento en la casa del funcionario, cuya real ocurrencia no fue refutada probatoriamente por la fiscalía, desvirtuando que haya sido de esa manera que el escrito falso llegó a manos del juez acusado, puede reprocharse al juez que dada su amplia experiencia en la judicatura por más de 14 años, como lo acredita lo estipulado por las partes, no haya tenido el mayor sigilo para proceder a la abducción, si supuestamente ignoraba quien lo había dejado en su residencia, ello en virtud de los efectos legales que estaba llamado a producir y a las garantías de la trasparencia e igualdad de las partes.

Sin embargo, el precario aporte probatorio en el juicio no va más allá de demostrar que el doctor W.R.C., faltó a su deber de cuidado y máxima protección de la víctima, al darle trámite a un documento, cuyo origen y la verdad de su contenido dejó de constatar, sin que pueda inferirse que el irregular proceder obedeció a que el juez actuó como el artífice de la simulación de la verdad y/o con el conocimiento que la reparación de los daños no se había materializado, por lo cual era improcedente la rebaja punitiva.

Argumento concluyente al que se contrapone, como se plasmó anteriormente lo dicho por las partes en el proceso de extorsión, al asegurar que: i) informalmente, en el juzgado se dio el ofrecimiento y la aceptación por la víctima de una reparación por la suma de $ 2.000.000 previo a la audiencia de lectura de fallo; ii) el documento firmado tenía aparentemente presentación ante notario, iii) el escrito contenía una manifestación coincidente con la suma supuestamente pagada y con lo acordado en el juicio oral, sobre este aspecto dijo H.A.H. en su declaración: “en la audiencia se organizó el documento donde se hablaba de la indemnización y el descuentos a que tenía derecho”(22); iii) la denunciante al parecer fue enterada en estrados de la citación para la diligencia; y iv) el juez acusado en el mismo acto procesal puso de presente el documento a las partes e informó la manera como lo recibió sin oposición por alguna de ellas.

Sobre este aspecto oportuno se muestra recalcar lo que ha dicho esa corporación al definir como se debe hacer el juicio de reproche en el delito de prevaricato:

el juicio de tipicidad correspondiente no se limita a la simple y llana constatación objetiva entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino que involucra una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad denunciada resiste el calificativo de ostensible por lo cual, como es apenas natural, quedan excluidas de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ofrecerse discutibles en sus fundamentos pero en todo caso razonadas, como también las que por versar sobre preceptos legales complejos, oscuros o ambiguos, admiten diversas posibilidades interpretativas(23).

En torno al alegato del fiscal según el cual se puede colegir otro indicio de responsabilidad en contra del procesado porque en el testimonio L.E.P. quedó sentado que el juez enjuiciado le ofreció una indemnización, nuevamente el inadecuado interrogatorio por parte del acusador no conduce a un entendimiento claro de la situación, porque no sabe cuál fue el motivo de ese ofrecimiento, el escenario en el que se dio y la finalidad, respuestas que debieron absolverse a través de la declarante o con la incorporación de la evidencia para su debida contradicción.

De otra parte, el indicio que pretende construir el fiscal por las visitas que el procesado hizo a D.O.P., en diferentes oportunidades, lo controvierte la misma prueba testimonial ofrecida en ese sentido por la investigadora del Cuerpo Técnico de Policía Judicial G.P.S. al hacer lectura de los documentos que las acreditan el ingreso a la cárcel de XXX, cuando leyó que se realizaron en 22-04-2013, 7 u 8-05-2013, 24-05-2013, 17-06-2013, 9-07-2013, 05-10-2013, 17-10-2013 y 17-12-2013(24), es decir, aproximadamente 2 años después de la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que no resulta suficiente para probar el acuerdo común anterior o concomitante entre el juez y la persona involucrada en el proceso para que emitiera la decisión contraria a la ley.

La fiscalía tenía la carga de probar que ese encuentro, a pesar de ser posterior a los hechos estaba vinculado ciertamente con el suceso irregular cometido, nada de lo cual se puede inferir de lo narrado por la testigo verbalmente acerca de los registros de visitas.

En consecuencia la Corte encuentra motivos de duda convergentes que impiden arribar a la conclusión que el procesado actuó con la intención de beneficiar a D.O.P., mediante el proferimiento de una decisión que conscientemente sabía contraria a la ley, incertidumbre a la que contribuye L.A.C.A., quien fungió como defensor de oficio de D.O.P. solo para la audiencia de lectura de fallo, al referir la inconformidad expresada por el sentenciado, por razón del el monto de la pena impuesta, con “refutas y bravezas” y el señalamiento en el centro de reclusión que era un mal abogado(25), descontento que narró H.A.H. llevó al condenado a pedirle que reasumiera el poder para que ejerciera acciones en contra del fallo(26).

Por manera que ante las insalvables dudas puestas de presente, las cuales persisten tras la valoración en conjunto de las pruebas practicadas en juicio, a partir de las cuales como se analiza, no consiguen estructurar los indicios propuestos por el recurrente para edificar un fallo de responsabilidad penal, la Sala confirmará la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017, por cuyo medio el tribunal superior de XXX absolvió a W.R.C. de los cargos de prevaricato por acción, falsedad material en documento privado y falsedad ideológica en documento público, conducta subsumida en el delito de prevaricato por acción, que le formulara la fiscalía, al haber emitido la sentencia del 2 de septiembre de 2011 en el proceso penal que adelantó a D.O.P. y G.A.T.C., por la el delito de extorsión en el grado de tentativa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017, por cuyo medio el tribunal superior de XXX absolvió a W.R.C. de los cargos de prevaricato por acción, falsedad material en documento privado y falsedad ideológica en documento público que le formulara la fiscalía delegada ante esa corporación.

Comuníquese y devuélvase al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por la decisión de la mayoría, nos permitimos manifestar salvamento de voto, de la manera como sigue:

En la sentencia de la que nos separamos se confirma la de carácter absolutorio proferida por la Sala Penal del tribunal superior de XXX, en favor de W.R.C. por los delitos de prevaricato por acción, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Aunque, con razón, como lo predica la providencia de la que nos apartamos, se puede predicar válidamente que existe un concurso aparente de tipos entre los reatos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, en tanto el hecho que se reputa falso, consignado por el juez procesado, consistente en que se reparó integralmente a la víctima del delito de extorsión y ello daba lugar al reconocimiento de la rebaja punitiva consagrada en el artículo 269 del Código Penal, es sustancialmente equivalente a lo reprochado en el injusto de prevaricato y, por ende, no había lugar a investigar y sancionar doblemente el mismo supuesto, en respeto del principio de non bis in idem, somos del criterio que ha debido condenarse al funcionario acusado por este último delito y el de falsedad material en documento privado.

En efecto, a nuestro juicio, existe abundante prueba documental, testimonial e indiciaria que no solo permitía establecer la materialidad de tales conductas punibles sino la responsabilidad del juez R.C. en la comisión de las mismas.

En realidad, advertimos que la sentencia que no compartimos analiza de manera aislada los indicios que comprometen al encausado y no de forma convergente como se impone respecto de este tipo de prueba. Además, es claro que los motivos que se expresan para descalificar los medios de convicción de cargo resultan lesivos de la sana crítica.

Es así que, independientemente de que la víctima del delito de extorsión hubiera sido convocada, en tiempo, a la audiencia de lectura de fallo, es incomprensible que el juez recibiera por debajo de la puerta de su residencia, de forma del todo irregular, un documento que aparentaba contener la manifestación de indemnización integral de la ofendida, y que como se esperaría de cualquier persona no se generara en el referido funcionario la más mínima suspicacia o sospecha acerca de su legalidad o legitimidad, optando, en cambio por no requerir a la interesada para que ratificara la veracidad o no del mismo, máxime cuando se trata de un profesional de amplia trayectoria jurisdiccional —14 años— que necesariamente debe saber la forma de aducción al proceso de esa clase de documento.

Y, en este punto, no concordamos en que fue suficiente anunciar a la defensa y al representante de la fiscalía la sospechosa aparición del documento en el domicilio del juez acusado, porque el procurador judicial del procesado por extorsión, obviamente, era una parte con evidente interés de que se reconociera el contenido espurio del documento a efecto de acceder a la rebaja punitiva contemplada en el canon 269 del Código Penal y, el segundo —la fiscalía—, no necesariamente tendría que conocer si dicho memorial había o no sido suscrito por la víctima, sobre todo si se sabe que, en oportunidad anterior hubo un conato de acuerdo entre victimario y víctima en punto de reparación, para cuyo eventual perfeccionamiento se suspendió la audiencia, suceso que evidentemente fue aprovechado para hacer aparecer irregularmente un documento falso que así lo pretendió y consiguió reflejar.

No nos explicamos cómo no puede ser indicativo de la conciencia de la antijuridicidad del procesado que dejara de confirmar con la directamente “vinculada” al acuerdo indemnizatorio la información que le fue suministrada por fuera del juicio oral y más aún en lugar diverso a su despacho y que la Sala mayoritaria pretenda excusar dicho comportamiento, degradándolo a una simple falta al deber de cuidado y protección de la víctima —imposible de sancionar en sede del delito de prevaricato en tanto no admite la modalidad culposa—.

El dolo directo con el que actuó el funcionario judicial es asimismo palmario en el ofrecimiento que le hizo a la víctima en aras de indemnizarla, ya que no existiría ningún motivo fundado para aquel le expresara la intención de repararla, si no es porque entraña un gesto de asunción de responsabilidad frente a la perjudicada con los ilícitos.

De igual modo, no se explica en la sentencia cuál es la justificación que el acusado tenía para visitar en la cárcel, al favorecido con la rebaja de pena, en 8 oportunidades, incluso siendo posteriores a la emisión de la sentencia respectiva. Y es que, aunque se afirma que, la fiscalía debió probar que la asiduidad de tales visitas estaba vinculado a la prebenda ilícita, el resto del acervo probatorio permite afirmar que, de no estar el juzgador afecto al antijurídico propósito de dictar una sentencia manifiestamente ilegal, no podría existir evidencia de contacto alguno, entre él y el beneficiado con la disminución punitiva por fuera del proceso por extorsión.

Igualmente, encontramos oportuno resaltar que, resulta incoherente que a lo largo de la sentencia de la que nos apartamos, se expresen variados motivos de incongruencia entre la acusación y el fallo impugnado, pero se termine afirmando que son intrascendentes sin explicar, de manera alguna, las razones de esta conclusión.

Para cerrar, es importante precisar que en vigencia del sistema de procesamiento penal con tendencia acusatoria, el axioma de consonancia involucra un juicio de correspondencia entre la sentencia y el acto complejo comprendido por el escrito de acusación y la formulación verbal de la misma, la cual debe guardar estricta coherencia con la cuestión fáctica atribuida en la formulación de la imputación. Por eso, no es del todo cierto, como se afirma en el fallo del que nos separamos, que, la congruencia se predique en un primer estadio entre la formulación de imputación y la acusación, pues, la consonancia estricta, en esa fase, realmente surge entre la cuestión fáctica delimitada en la imputación y la acusación, ya que, la calificación jurídica es susceptible de ser variada en el último acto complejo mencionado.

Son estas las razones que nos llevan a apartarnos de la posición dominante de la Sala.

Magistrados: Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar.

Fecha ut supra.

(7) Folio 19, cuaderno original 1.

(8) Folio 25, cuaderno original 1.

(9) CSJ, SP, 8 jun. 2011, rad. 34022 y, posteriormente, en SP 1 feb. 2012, rad. 36907.

(10) Folios (184-193), cuaderno original 1.

(11) Folios (184-193), cuaderno original 1.

(12) Estima la fiscalía que se equivoca el tribunal cuando reclama la imposibilidad para condenar por estos tres delitos, al argumentar que de los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación no se infiere la comisión de los mismos.

(13) Folio 31, cuaderno original 1.

(14) C.D. audiencia de juicio oral del 23 de noviembre de 2016, record 1:22:53.

(15) Cd 2 de la audiencia pública de juicio, record 1:41:36.

(16) C.D. 2 de la audiencia pública de juicio oral, record 1:38: a 1:41:16.

(17) C.S.J., 30 de octubre de 2008, rad. 29.872.

(18) C.D. audiencia juicio oral 2ª parte, declaración de L.A.C. minuto 14-25 y .declaración de H.A. minutos 60 a 64.

(19) Folios 183 y 184 del cuaderno original 1.

(20) En alegatos conclusivos de audiencia de juicio oral.

(21) cd juicio oral según da parte, minuto 24:17.

(22) C.D. 2 de la audiencia de juicio oral, record 1:04:54 a 1:04:58.

(23) CSJ SP13 jul. 2006, radicado 25627.

(24) C.D. audiencia juicio oral, minuto 120:02:59 a 102:05:19.

(25) C.D. audiencia juicio oral, horas de la tarde, minuto 20:10-20:50.

(26) C.D. audiencia juicio oral, horas de la tarde horas: 1:04 en adelante.