Sentencia SP20797-2017 de diciembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP20797-2017

Radicación: 49915

(Aprobado acta 423)

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes, terceros o intervinientes, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «4. La demanda de casación.

Bajo la égida de la causal prevista en el artículo 181, numeral primero, de la Ley 906 de 2004, el censor plantea que los juzgadores dejaron de aplicar “la prohibición expresa consagrada en el inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004”. Plantea los siguientes argumentos:

La Fiscalía solo presentó como prueba el testimonio de H.O.G., el policial que realizó la aprehensión de su representado, a quien únicamente le consta que: (i) éste estaba en posesión de una motocicleta, la que iba empujando por la vía pública; (ii) no tenía los documentos ni la llave de la misma; (iii) aseguró repetidamente que estos elementos los tenía en su casa y que estaba intentando que alguien se los llevara a la estación de policía donde estaba privado de la libertad; y (iv) los elementos en mención nunca fueron allegados.

El supuesto hurto del vehículo no se demostró, porque de ello solo podía dar cuenta la supuesta víctima, Y.L.L., quien fue solicitada como testigo por la Fiscalía. Sin embargo, el ente acusador desistió de la práctica de esta prueba y pretendió suplir este testimonio con la versión del policial O.G., a quien le pidió referirse a las manifestaciones que hizo la testigo aquella madrugada.

La declaración de Y.L. constituye prueba de referencia inadmisible, en los términos de los artículos 437 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

Si se aceptara, en gracia a discusión, que la declaración rendida por la testigo por fuera del juicio oral es admisible, es evidente que las pruebas allegadas al juicio oral son insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia más allá de duda razonable.

En este caso debe protegerse el derecho a la confrontación, consagrado como garantía judicial mínima en los artículos 8º y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, que fueron desarrollados en los artículos 6º, 10 y 8 de la Ley 906 de 2004.

Basado en lo anterior, solicita a la Corte casar el fallo impugnado y emitir uno de reemplazo, de carácter absolutorio.

(…).

6. Consideraciones.

Para analizar el caso sometido a su conocimiento, la Sala considera necesario abordar los siguientes temas: (i) las funciones de la Fiscalía General de la Nación en el sistema de enjuiciamiento criminal regulado en la Ley 906 de 2004, (ii) los aspectos que deben incorporarse al tema de prueba en los casos por receptación, y (iii) la regulación de la prueba de referencia.

6.1. Las funciones de la Fiscalía General de la Nación en el sistema regulado en la Ley 906 de 2004.

Esta corporación ha hecho énfasis en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación cumpla a cabalidad las funciones que le fueron asignadas en la Constitución Política y la ley, porque de ello depende, en buena medida, la eficacia de la administración de justicia en el ámbito penal. Recientemente recordó que:

El artículo 250 de la Constitución Política dispone expresamente que la Fiscalía General de la Nación tiene a cargo el ejercicio de la acción penal y la investigación de los hechos que tengan las características de un delito. Para tales efectos, el ordenamiento superior le concede amplias facultades para realizar actos de investigación, incluso aquellos que acarrean la afectación de derechos fundamentales, los que deben ser sometidos a controles judiciales previos y/o posteriores, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico para cada uno de ellos.

Para desarrollar este sistema de enjuiciamiento criminal, la Ley 906 de 2004 estableció un modelo epistémico, del que cabe resaltar lo siguiente: (i) la Policía Judicial está facultada para generar las primeras hipótesis factuales y, a partir de las mismas, debe realizar los actos urgentes necesarios para asegurar las evidencias (físicas o testimoniales) que pueden resultar útiles para su posterior demostración(1); (ii) una vez recibido el respectivo informe ejecutivo, el fiscal, en asocio con los investigadores, tiene a cargo el diseño del programa metodológico, en el que se deben determinar “los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva”(2); (iii) frente a las evidencias físicas, el modelo gira en torno al oportuno aseguramiento de las mismas y la utilización de los recursos técnico científicos orientados a establecer sus aspectos más relevantes(3); (iv) como no tiene aplicación el sistema de permanencia de la prueba, el legislador hizo énfasis en la adopción de las medidas necesarias para que en el juicio oral las evidencias físicas puedan ser debidamente autenticadas(4); (v) por regla general, las declaraciones rendidas por los testigos por fuera del juicio oral son útiles para la estructuración de la hipótesis mas no para su demostración, porque estos deben concurrir a dicho escenario a efectos de transmitirle su conocimiento al juez, salvo los casos de admisión excepcional de prueba de referencia e incorporación de declaraciones cuando el testigo se retracta o cambia su versión en el juicio.

De otro lado, el legislador facultó a la Fiscalía General de la Nación para determinar “cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida” se puede “inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”. A partir de esa constatación, debe decidir si formula o no imputación(5). En idéntico sentido, el artículo 336 dispone que “el fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad(6), que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe”.

En la misma lógica, el fiscal tiene a cargo el descubrimiento de las pruebas, la explicación de la pertinencia de las que pretende utilizar como soporte de su teoría fáctica y la práctica de las mismas en el juicio oral.

En el proceso de verificación y demostración de su teoría factual, la Fiscalía tiene a cargo, entre otras, las siguientes obligaciones: (i) la delimitación de la hipótesis incluida en la imputación y la acusación; (ii) expresar de manera sucinta y clara los hechos jurídicamente relevantes, esto es, los supuestos fácticos que pueden subsumirse en las normas penales aplicables al caso; (iii) constatar que la hipótesis tiene un respaldo suficiente, en los términos establecidos en los artículos 286 y 336 de la Ley 906 de 2004, sin perder de vista su obligación de demostrarla más allá de duda razonable; (iv) verificar que cada uno de los elementos estructurales de la hipótesis fáctica tiene un respaldo suficiente en las evidencias y la información legalmente obtenida; (v) para tales efectos, debe establecer si las evidencias (físicas o personales) tienen una relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes; (vi) verificar si las evidencias que sirven de soporte a su teoría fueron obtenidas con apego al ordenamiento jurídico(7); (vii) cumplir todos los requisitos de admisibilidad de las pruebas; (viii) durante el juicio oral, debe asegurarse de que cada elemento estructural de su teoría fáctica encuentra respaldo suficiente en las pruebas practicadas; (ix) lo que implica constatar que las evidencias físicas y documentos fueron debidamente autenticados e incorporados, que con cada testigo se abordaron todos los temas pertinentes, etcétera.

Este ejercicio debe abarcar todos los elementos estructurales de la conducta punible, bien los objetivos, ora los subjetivos, porque todos ellos, sin excepción, son presupuesto de la pena.

En síntesis, en el modelo procesal regulado en la Ley 906 de 2004 la Fiscalía General de la Nación tiene a cargo la delimitación y verificación de la hipótesis (fase de preparación del juicio oral), y la presentación y demostración de la misma durante la fase de juzgamiento. Estas amplias facultades implican, también, grandes responsabilidades, pues en el actual modelo de enjuiciamiento criminal la eficacia de la administración de justicia depende en buena medida del adecuado trabajo del fiscal (CSJSP, nov. 23/2017, rad. 45899).

6.2. Los aspectos que deben incluirse en el tema de prueba en los casos por receptación.

En un caso que tiene marcada analogía fáctica con el que ahora se analiza, la Sala reiteró su postura sobre esta temática:

El tema de prueba se define a partir de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes incluida por la Fiscalía en la acusación, y por las hipótesis alternativas que propone la defensa, cuando acude a esa estrategia.

Sobre el concepto de hecho jurídicamente relevante, recientemente esta corporación precisó:

Este concepto fue incluido en varias normas de la Ley 906 de 2004. Puntualmente, los artículos 288 y 337, que regulan el contenido de la imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos escenarios de la actuación penal la Fiscalía debe hacer “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”.

La relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. En tal sentido, el artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito; y el artículo 287 de la Ley 906 de 2004 precisa que la imputación es procedente cuando “de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”(8).

En el mismo sentido, el artículo 337 precisa que la acusación es procedente “cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe”(9).

Como es obvio, la relevancia jurídica del hecho debe analizarse a partir del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse de la antijuridicidad y la culpabilidad.

También es claro que la determinación de los hechos definidos en abstracto por el legislador, como presupuesto de una determinada consecuencia jurídica, está supeditada a la adecuada interpretación de la norma penal, para lo que el analista debe utilizar, entre otras herramientas, los criterios de interpretación normativa, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera.

Por ahora debe quedar claro que los hechos jurídicamente relevantes son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. En el próximo apartado se ahondará sobre este concepto, en orden a diferenciarlo de otras categorías relevantes para la estructuración de la hipótesis de la acusación y de la premisa fáctica del fallo (CSJSP, mar. 8/2017, rad. 44599).

En esa oportunidad, la Sala hizo hincapié en la necesidad de que la Fiscalía, en la acusación, y los jueces, en la sentencia, indiquen con precisión los hechos que justifican el llamamiento a juicio y la condena (cuando hay lugar a ella).

Para tales efectos, resaltó las diferencias entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Dijo:

Es frecuente que en la imputación y/o en la acusación la Fiscalía entremezcle los hechos que encajan en la descripción normativa, con los datos a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, e incluso con el contenido de los medios de prueba. De hecho, es común ver acusaciones en las que se trascriben las denuncias, los informes ejecutivos presentados por los investigadores, entre otros.

También suele suceder que en el acápite de “hechos jurídicamente relevantes” sólo se relacionen “hechos indicadores”, o se haga una relación deshilvanada de estos y del contenido de los medios de prueba.

Estas prácticas inadecuadas generan un impacto negativo para la administración de justicia, según se indicará más adelante.

Así, por ejemplo, en un caso de homicidio cometido con arma de fuego, uno de los hechos jurídicamente relevantes puede consistir en que el acusado fue quien le disparó a la víctima.

Es posible que en la estructuración de la hipótesis, la Fiscalía infiera ese hecho de datos o hechos indicadores como los siguientes: (i) el procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales; (ii) había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior; (iii) dos días después del homicidio le fue hallada en su poder el arma con que se produjo la muerte; etcétera.

Hipotéticamente, los datos o hechos indicadores podrían probarse de la siguiente manera: (i) M. lo observó cuando salió corriendo del lugar de los hechos luego de ocurridos los disparos; (ii) P. fue testigo del enfrentamiento físico que tuvieron el procesado y la víctima; (iii) al policía judicial le consta que dos días después de ocurrido el homicidio, al procesado le fue hallada un arma de fuego; (iv) un perito en balística dictaminó que el arma de fuego incautada fue la utilizada para producir los disparos letales; etcétera(10).

Al estructurar la hipótesis, la Fiscalía debe especificar los hechos jurídicamente relevantes (en este caso, entre ellos, que el procesado fue quien le disparó a la víctima). Si en lugar de ello se limita a enunciar los datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, la imputación y/o la acusación es inadecuada.

En esta misma línea argumentativa, en la aludida sentencia la Sala resaltó la importancia de delimitar correctamente el tema de prueba, lo que implica diferenciar los tres conceptos atrás enunciados: hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Puntualizó:

La hipótesis fáctica contenida en la acusación en buena medida determina el tema de prueba. Del mismo también hacen parte las hipótesis propuestas por la defensa, cuando opta por esa estrategia.

Así, por ejemplo, si en su hipótesis la Fiscalía plantea que el acusado, en unas determinadas condiciones de tiempo y lugar, rompió la puerta de ingreso a la residencia de la víctima, ingresó a la misma y se apoderó de un televisor avaluado en dos millones de pesos, con la intención de obtener un provecho económico, y concluye que esos hechos encajan en el tipo penal previsto en los artículos 239 y 240, numerales 1º y 3º, cada uno de los componentes de ese recuento factual hará parte del tema de prueba.

Si, a su vez, la defensa plantea que el acusado actuó bajo un estado de embriaguez involuntaria, que le impedía comprender la ilicitud de su conducta y/o determinarse de acuerdo con esa comprensión, estos aspectos fácticos también se integran al tema de prueba.

Sin mayor esfuerzo puede advertirse que si la hipótesis de hechos jurídicamente incluida por la Fiscalía en la acusación es incompleta, el tema de prueba también lo será. En el mismo sentido, a mayor claridad de la hipótesis de la acusación, con mayor facilidad podrá establecerse qué es lo que se pretende probar en el juicio.

Según se indicó en otros apartados, es común que uno o varios elementos estructurales de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes sólo puedan ser probados a través de inferencias.

En esos casos, el medio de prueba tiene una relación “indirecta” con el hecho jurídicamente relevante, en la medida en que sirve de soporte al dato o “hecho indicador” a partir del cual se infiere el aspecto que guarda correlación con la norma penal (CSJ AP, sep. 30/2015, rad. 46153; entre otras).

Aunque es claro que esos datos o hechos indicadores deben ser probados, y se esa(sic) forma se integran al tema de prueba, el objetivo último es verificar si los hechos jurídicamente relevantes fueron demostrados o no, en el nivel de conocimiento previsto por el legislador.

A la luz de este marco teórico, sin mayor esfuerzo puede concluirse que cuando la acusación se hace por el delito de receptación, agravado por recaer sobre “medio motorizado” (C.P., art. 447), los siguientes aspectos necesariamente hacen parte del tema de prueba: (i) el medio motorizado tiene origen mediato o inmediato en un delito; (ii) el sujeto activo “no tomó parte en la ejecución de la conducta punible”; y (iii) el sujeto activo estuvo en posesión de ese bien —o realizó alguno de los verbos rectores allí previstos—. Lo anterior sin perjuicio de los elementos subjetivos del tipo penal y lo atinente a la antijuridicidad y la culpabilidad.

6.3. La reglamentación de la prueba de referencia en la Ley 906 de 2004.

Recientemente, la Sala hizo un recorrido por su propia línea jurisprudencial en torno a la prueba de referencia: Precisó:

(i) el derecho a la confrontación constituye una garantía judicial mínima, prevista en los artículos 8º y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, que fue desarrollada en la Ley 906 de 2004, tanto en las normas rectoras 8 y 16, como en los artículos que regulan el interrogatorio cruzado de testigos; (ii) entre sus elementos estructurales, se ha destacado la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, con las prerrogativas que consagra el ordenamiento jurídico, entre ellas, la posibilidad de formular preguntas sugestivas y de utilizar declaraciones anteriores del testigo a efectos de impugnar su credibilidad (CSJSP, sep. 30/2015, rad. 46153; entre otras); (iii) por ser una de las principales expresiones de esta garantía judicial, el juez debe valorar lo sucedido durante el contrainterrogatorio y, especialmente, la impugnación de la credibilidad de los testigos (CSJSP, oct. 25/2017, rad. 44819); (iv) en ese contexto, debe establecerse si la parte pretende utilizar una declaración anterior como prueba —de referencia o como complemento de lo declarado por el testigo que se retracta o cambia su versión—, o si su finalidad es refrescar la memoria o impugnar la credibilidad, bajo el entendido de que cada uno de estos usos está sometido a reglas específicas, que han sido objeto de desarrollo jurisprudencial (CSJSP, ene. 25/2017, rad. 44950); y (v) sin perder de vista que la regla general es que las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral no se pueden incorporar como prueba.

Frente a la prueba de referencia, la Sala ha precisado que: (i) se trata de declaraciones rendidas por fuera del juicio oral, que se pretenden llevar a este escenario como medio de prueba; (ii) debe diferenciarse la declaración rendida por fuera del juicio oral, de los medios utilizados para demostrar su existencia y contenido; (iii) el hecho de que una declaración esté contenida en un documento, no afecta su carácter testimonial; (iv) un importante parámetro para establecer si se trata o no de prueba de referencia, es analizar si la incorporación de un documento que contenga declaraciones rendidas por fuera del juicio oral afecta el derecho a la confrontación, especialmente la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, con las prerrogativas propias del contrainterrogatorio (CSJSP, sep. 30/2015, rad. 46153); (v) además de sus implicaciones frente al derecho a la confrontación, debe considerarse que, por regla general, la declaración del testigo en el juicio oral constituye mejor evidencia que sus manifestaciones previas, entre otras cosas porque pueden existir dudas sobre su contenido, el contexto en el que fueron hechas, etcétera, sin perjuicio de que el interrogatorio cruzado y la impugnación de credibilidad son importantes herramientas para decantar el contenido de los testimonios y la verosimilitud de los mismos.

En la decisión CSJSP, 30 de septiembre de 2015, radicación 46153, la Sala hizo alusión a varios criterios que pueden considerarse para establecer cuando una declaración anterior al juicio oral, que se pretende incorporar en este escenario, puede catalogarse como prueba de referencia. Por su utilidad para resolver el presente asunto, debe destacarse lo atinente a las declaraciones como tema de prueba y como medio de prueba:

Si se entiende que el tema de prueba está integrado por los hechos que deben probarse, según el contenido de la acusación y las eventuales alternativas fácticas que proponga la defensa, y medio de prueba es el que se utiliza para hacer dicha demostración, la Sala abordará esta temática con el fin de precisar cuándo una declaración puede tenerse como objeto específico de prueba(11) y en qué eventos constituye medio de prueba, lo que resulta determinante para decidir si se trata o no de prueba de referencia.

Las declaraciones realizadas por una persona por fuera del juicio oral pueden hacer parte del tema de prueba. Ello es palmario en los delitos que sólo pueden cometerse a través de declaraciones: falso testimonio, falsa denuncia, falsa auto incriminación, injuria, calumnia, etcétera. En estos eventos, uno de los aspectos relevantes del tema de prueba es establecer que la declaración existió y que su contenido es el que alega la parte en su teoría del caso.

La Ley 906 de 2004 no establece límites para la demostración de la existencia y contenido de las declaraciones que hacen parte del tema de prueba, lo que es coherente con el principio de libertad probatoria que inspira todo el ordenamiento procesal penal (art. 373 ídem.). Así, es posible que la existencia y contenido de una declaración injuriante pueda demostrarse a través de un documento y/o de un testigo que la haya escuchado. También es posible que se requiera de un perito para establecer, por ejemplo, que un manuscrito es autoría del acusado, que la voz que se escucha en una grabación magnetofónica corresponde a una determinada persona, etcétera.

En estos casos, es necesario distinguir el tema de prueba y los medios de prueba. De lo primero hará parte la declaración falsa, injuriante, entre otras, y el medio de prueba será el documento, el testimonio o el dictamen pericial que sirven para demostrarle al juez la existencia y contenido de la declaración.

Esta diferencia entre tema de prueba y medio de prueba es determinante en materia de prueba de referencia, porque cuando la declaración anterior es parte del tema de prueba, es admisible el documento que la contenga y/o la declaración de la persona que la percibió directa y personalmente. Lo fundamental es que en estos casos no se afecta el derecho a la confrontación porque, a manera de ejemplo, la contraparte podrá utilizar todos los medios de impugnación frente al testigo que tuvo conocimiento «personal y directo» de aquello que constituye objeto de prueba: el falso testimonio, la declaración injuriante, etcétera.

Lo anterior sin perjuicio de que en casos donde la declaración anterior haga parte del tema de prueba, los medios utilizados para la demostración de su existencia y contenido puedan constituir prueba de referencia. Así, por ejemplo, si en un caso de injuria la Fiscalía presenta a un testigo que no escuchó directa y personalmente las frases injuriantes, pero tuvo conocimiento de las mismas por lo que otra persona le contó, se presenta un problema de prueba de referencia, porque se trata de una declaración anterior al juicio oral, que se está ofreciendo como medio de prueba de un elemento estructural de la conducta punible, y porque la defensa tendría derecho a ejercer la confrontación frente al testigo que dice haber presenciado los hechos, posibilidad que le sería truncada si su versión es llevada a juicio a través del testigo que escuchó el relato pero que no presenció el hecho jurídicamente relevante.

En la práctica suele suceder que cuando una parte le pregunta a un testigo sobre lo que le escuchó decir a una persona por fuera del juicio oral, se levanta la objeción por prueba de referencia. Según vimos, la decisión dependerá en buena medida de si la declaración anterior constituye objeto específico de prueba o medio de prueba, pues si el testigo en juicio escuchó la injuria y lo que se está probando en el juicio es el supuesto atentado contra la integridad moral, podrá exponer todo aquello que escuchó de manera personal y directa, y la defensa tendrá todas las posibilidades de impugnarlo.

Es común que muchas manifestaciones anteriores al juicio hagan parte del tema de prueba y, por ello, cualquier persona que las haya escuchado directamente puede ser citado en calidad de testigo: la amenaza durante un hurto calificado por la violencia moral, las frases utilizadas por el estafador para hacer incurrir en error a su víctima, los escritos a través de los cuales se presiona a las víctimas en los casos de extorsión o constreñimiento ilegal, entre otros. La existencia y contenido de este tipo de manifestaciones también podría probarse a través de prueba documental o pericial. Igual sucede cuando la manifestación anterior de una persona puede tenerse como hecho indicador de su estado de ánimo, del móvil para realizar una determinada conducta o de cualquier otro aspecto relevante para la establecer la responsabilidad penal.

La determinación de lo que es tema de prueba depende de la actividad de las partes, pues es a ellas a quienes les corresponde elaborar las teorías que luego debatirán ante el juez. Por ello es tan importante que para la audiencia preparatoria se tenga absoluta claridad sobre lo que se pretende probar en el juicio (tema de prueba) y los medios que se pretenden usar para su demostración (medio de prueba), lo que en últimas entraña la explicación de pertinencia a que están obligadas las partes como presupuesto del decreto de la prueba.

Igualmente, ha analizado el procedimiento que debe seguirse para la incorporación de una declaración anterior a título de prueba de referencia. En la decisión CSJSP, noviembre 16 de 2016, radicación 44113 reiteró:

(i) deben ser objeto de descubrimiento la declaración anterior y los medios que se pretenden utilizar en el juicio oral para demostrar su existencia y contenido; (ii) en la audiencia preparatoria la parte debe solicitar que se decrete la declaración que pretende incorporar como prueba de referencia, así como los medios que utilizará para demostrar la existencia y contenido de la misma; (iii) se debe acreditar la circunstancia excepcional de admisibilidad de prueba de referencia (art. 438); y (iv) en el juicio oral la declaración anterior debe ser incorporada, según los medios de prueba que para tales efectos haya elegido la parte. Si la circunstancia excepcional de admisibilidad de prueba de referencia es sobreviniente, en el respectivo estadio procesal deben acreditarse los presupuestos de su admisibilidad y el juez decidirá lo que considere procedente.

A lo anterior debe sumarse que el artículo 438 de la Ley 906 de 2004 dispone que la admisión de la prueba de referencia sea excepcional y sólo procede en los eventos allí regulados. Frente a este tema, la Sala ha emitido varios pronunciamientos, principalmente sobre la interpretación del literal b de dicha norma, concretamente sobre los eventos que pueden catalogarse como “similares” a los allí previstos (CSJ AP, mayo 22/2013, rad. 41106; CSJ SP, dic. 14/2011, rad. 34703; CSJ AP, jun. 27/2012, rad. 34867; CSJ AP, abr. 18/2012, rad. 38051, entre otras).

6.4. El análisis sometido a conocimiento de la Sala.

En aras de lograr claridad y precisión, la Sala abordará, en su orden, lo siguiente: (i) los aspectos centrales del tema de prueba; (ii) lo que se demostró en el juicio oral; (iii) la premisa fáctica del fallo impugnado; (iv) los errores en que incurrieron los juzgadores; (v) la trascendencia de estos yerros; y (vi) el cargo formulado por el impugnante.

6.4.1. Los aspectos centrales del tema de prueba.

J.P.A.B. fue acusado por el delito de receptación, concretamente de haber estado en posesión de una motocicleta hurtada a la señora Y.L.L.S.L. De esa forma, según se indicó en el numeral 6.2, la Fiscalía asumió la carga de demostrar, entre otras cosas, lo siguiente: (i) la motocicleta había sido objeto del delito de hurto; (ii) A.B. no participó en el ilícito desapoderamiento; y (iii) el procesado estaba en posesión del referido automotor. Como el déficit probatorio es evidente frente a los elementos objetivos del tipo penal, no será necesario analizar los aspectos subjetivos, ni los otros elementos estructurales de la conducta punible.

Para asumir las anteriores cargas, el ente acusador estaba en libertad de elegir los medios de prueba, en virtud del principio de libertad probatoria, con los límites derivados de las garantías judiciales mínimas y, en general, del debido proceso. Igualmente, podía presentar “pruebas directas” de los diferentes hechos jurídicamente relevantes, o demostrarlos a través de inferencias, bajo el entendido de que en este caso los “hechos indicadores” deben ser suficientemente demostrados.

6.4.2. Lo que se demostró en el juicio oral.

Las partes estipularon la identidad del procesado y la inspección técnica que le fue practicada a la motocicleta.

La Fiscalía solo presentó como prueba el testimonio del policial H.O.G., quien manifestó lo siguiente: (i) el 11 de marzo de 2011, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, vio a un sujeto empujando una motocicleta por la vía pública; (ii) el sospechoso le dijo que había perdido la llave de encendido y que tenía los documentos en su lugar de residencia; (iii) una vez lo trasladó a la respectiva dependencia policial, el retenido llamó a su residencia para que alguien “le llevara los papeles”, pero ello no ocurrió; (iv) horas más tarde, compareció a ese lugar la señora Y.L.L.S.L. con el propósito de denunciar un hurto, y al ver la motocicleta dijo que le pertenecía y que era uno de los objetos que horas antes fueron sustraídos de su casa.

Durante el contrainterrogatorio la defensa le preguntó al policial O.G. sobre la documentación que daba cuenta de la propiedad del referido vehículo. El testigo contestó: “no recuerdo, pero en el informe policial debe estar anexo alguna copia de los documentos (…) por el tiempo del caso yo no recuerdo”. La Fiscalía decidió no hacer uso del interrogatorio “redirecto”.

En la sesión del 19 de octubre de 2015 el fiscal del caso le hizo saber a la juez que no había sido posible lograr la comparecencia de la testigo Y.L.L.S.L., a pesar de los esfuerzos realizados con ese propósito. Advirtió que de persistir esa situación, solicitaría la declaración rendida por esta ciudadana por fuera del juicio oral, como prueba de referencia.

En la audiencia realizada el 11 de junio de 2016 la Fiscalía estuvo representada por otra funcionaria. Cuando la juez le preguntó sobre la comparecencia de la “testigo de cargo”, la fiscal, luego de referirse a las dificultades para lograr la comparecencia de la misma, desistió de la práctica de esta prueba.

6.4.3. La premisa fáctica del fallo impugnado.

Los juzgadores declararon probado que J.P.A.B., en las condiciones de tiempo y lugar atrás anotadas, estaba en posesión de una motocicleta que horas antes le había sido hurtada a la señora Y.L.S.L. Lo primero (la posesión) encuentra respaldo en el testimonio del policial O.G. Lo segundo (el hurto del vehículo) se acreditó con lo expuesto por este mismo testigo sobre la situación sospechosa que dio lugar a la retención del procesado, y lo expresado por S.L. sobre los hechos ocurridos en su residencia y la titularidad que ostentaba sobre el rodante.

En respuesta a los alegatos del impugnante, el tribunal planteó que la condena no se fundamentó en prueba de referencia. Luego de referirse al tratamiento de esta figura en el derecho comparado, resaltó:

Adicionalmente, en presupuesto que caracteriza la prueba de referencia, es necesario que esta declaración se ofrezca para probar la verdad de lo aseverado. En síntesis, en lo que constituye tal vez el elemento de mayor importancia, afirmando sea excusada la redundancia, la prueba de referencia se orienta a corroborar o constatar la verdad de lo aseverado.

En este ámbito el tribunal, en aras de clarificar el punto, considera pertinente aludir a la situación ejemplificativa ofrecida en la obra antes citada de C., bastante ilustrativa y que permite diferenciar la posibilidad de que un mismo testigo sea o no prueba de referencia. Ella, que además fue introducida en una conocida decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, a la cual baste remitirse, es la siguiente:

En forma hipotética se plantea, entonces, que R. es acusado de ocasionar la muerte a J. El fiscal solicita el testimonio de P. para que declare que al día siguiente del homicidio le oyó a E. relatar que R. fue el autor del ilícito. Así las cosas, en dicho supuesto la aserción consiste en que R. dio muerte a J., el declarante es E. y el medio de prueba P., en tanto que el propósito de la evidencia radica en establecer que R. fue el ejecutor del homicidio de Juan, esto es, que la declaración es verdadera.

En ese caso, la prueba, sin remisión de duda, es de referencia. No obstante, en el mismo evento, si es ofrecido el testimonio de P. para acreditar que E. efectuó la manifestación, o que esta simplemente existió, independientemente de que su contenido sea veraz o no, se estará ante una prueba directa. Lo anterior, pues lo pretendido es probar la manifestación efectuada, percibida personalmente por el testigo compareciente a la vista oral.

(…).

A partir de las anteriores precisiones y, con fundamento en ellas, impera colegir, en coincidencia también con la funcionaria de conocimiento, que el testimonio del entonces uniformado O.G., no es de referencia. La Sala arriba a esta conclusión, básica y esencialmente, porque el elemento de convicción no fue ofrecido ni decretado en la audiencia preparatoria para que el nombrado atestiguara sobre la veracidad o no del hurto reportado por la víctima S.L. Por el contrario, lo fue para que reprodujera en la audiencia pública las circunstancias que mediaron en la aprehensión de A.B. en detentación de la motocicleta, como también y, en cuanto interesa enfatizar, las atinentes a la comparecencia de la nombrada a las instalaciones del CAI, donde efectuó manifestaciones percibidas en forma directa por el deponente, una de ellas, sobre el hurto pocas horas antes del automotor y de otras pertenencias; en fin, sobre hechos, que insiste la Sala, tuvo conocimiento personal y directo(12).

6.4.4. Los errores de los juzgadores.

El fiscal que tuvo a cargo la primera fase del juicio oral parecía tener claro que: (i) la Fiscalía estaba obligada a demostrar que la motocicleta que A.B. iba arrastrando aquel 11 de marzo era producto de un hurto; (ii) el ente acusador decidió probar este elemento estructural del tipo penal de receptación con el testimonio de la supuesta víctima; y (iii) si no era posible lograr la comparecencia de esta testigo, tenía la opción de solicitar su declaración anterior como prueba de referencia, tal y como lo anunció al inicio del juicio oral.

Sin embargo, su sucesora optó por un camino diferente, porque en la sesión del 11 de junio de 2016, cuando fue requerida por la juez para que explicara si fue posible localizar a la “testigo de cargo”, optó por desistir de esta prueba.

Debe igualmente resaltarse que la Fiscalía no propuso otras alternativas para demostrar el aspecto fáctico que pretendía acreditar con la testigo S.L., pues ni siquiera introdujo como prueba la documentación del referido vehículo, y declinó la posibilidad de interrogar de nuevo al testigo O.G. —en “redirecto”— y de refrescar su memoria, a pesar de que este, durante el contrainterrogatorio, dijo expresamente que no recordada dichos documentos pero aclaró que podrían estar referidos en su informe.

Así las cosas, la Fiscalía tenía múltiples opciones para demostrar este aspecto de su hipótesis factual: (i) pedirle a la juez que ordenara la conducción de la testigo; (ii) demostrar este elemento estructural del delito con otros medios de prueba; (iii) de no ser posible la comparecencia de la testigo, solicitar la incorporación de su declaración rendida por fuera del juicio oral, a título de prueba de referencia; etcétera.

Ante este panorama, para la Sala es evidente que (i) la declaración rendida por S.L. por fuera del juicio oral, introducida a través del policial O.G., constituye prueba de referencia; y (ii) la Fiscalía la incorporó sin demostrar los presupuestos legales de admisibilidad y sin agotar los trámites previstos en el ordenamiento jurídico, relacionados en el numeral 6.3.

En primer término, es prueba de referencia porque: (i) se trata de una declaración, en cuanto narración sobre un hecho histórico —el hurto— con la clara intención de que se tomara como cierta; (ii) fue incorporada al juicio oral como medio de prueba de uno de los elementos estructurales del delito incluido en la acusación; (iii) se trata, sin duda, de una “testigo de cargo”, simple y llanamente porque la Fiscalía pretendió utilizar su versión para demostrar uno de los elementos centrales de su teoría factual; (iv) bajo esas condiciones, el procesado tenía el derecho a interrogarla —directamente o por conducto de su defensor— con las prerrogativas propias del contrainterrogatorio y las herramientas que le otorga el ordenamiento jurídico para impugnar la credibilidad de los testigos; y (v) como esta testigo no fue presentada en el juicio oral y su versión fue llevada a través de un tercero —O.G.—, la defensa no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho a la confrontación.

De otro lado, fue incorporada de forma ilegal, porque la Fiscalía no presentó una solicitud en ese sentido y, por tanto, no se generó el escenario procesal orientado a decidir sobre la admisibilidad excepcional de la prueba de referencia, en los términos del artículo 438 de la Ley 906 de 2004, analizados en el apartado 6.3.

El tribunal hizo un valioso esfuerzo para decantar el concepto de prueba de referencia a la luz del derecho comparado. Con el mismo fin esclarecedor, la Sala debe resaltar lo siguiente:

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el derecho a la confrontación, especialmente en lo que concierne a la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, está consagrado en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre los que cabe resaltar la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho está previsto, prácticamente en los mismos términos, en el artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y, con sus particularidades, en el artículo 6º de la Constitución de los Estados Unidos.

El desarrollo de esta “garantía judicial mínima” suele presentar dificultades, principalmente cuando entra en colisión con otros derechos (verbigracia, con la integridad de los niños víctimas de delitos graves), sin perjuicio de la utilidad que pueden tener las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral para el esclarecimiento de los delitos y la sanción de sus responsables. Las decisiones político criminales sobre la forma de armonizar estos derechos e intereses están determinadas, entre otros aspectos, por las necesidades sociales y la cultura jurídica, sin perder de vista el marco constitucional y los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos.

Una muestra fehaciente de la complejidad de este asunto, y de la vigencia de los debates sobre el particular, lo constituyen las decisiones recientes de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la relación entre el derecho a la confrontación y la prueba de referencia, el concepto de declaraciones “testimoniales” y “no testimoniales”, entre otros(13).

En todo caso, a pesar de la innegable utilidad del derecho comparado para comprender el sentido y alcance de algunos institutos, su estudio debe realizarse en contexto, bien para comprender lo que los mismos significan en la cultura jurídica objeto de estudio, ora para establecer su sentido y alcance en el ordenamiento patrio según las decisiones legislativas y la tradición jurídica que se erige en ineludible telón de fondo.

En la Sentencia 27477 del seis de marzo de 2008, como bien lo anota el tribunal, la Corte asumió que una declaración rendida por fuera del juicio oral puede catalogarse como prueba de referencia cuando es presentada en ese escenario con el propósito de demostrar la verdad de su contenido, lo que corresponde a la legislación y la doctrina puertorriqueña que, con algunos matices, coincide con las reglas federales de evidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en esa oportunidad no se hizo un análisis profundo sobre lo que esto significa en nuestro contexto.

Más recientemente, (CSJAP, sep. 30/2015, rad. 46153) retomó esta temática en orden a explicar la diferencia entre las declaraciones que constituyen tema de prueba y las que pretenden ser utilizadas como medio de prueba. Según se indicó en el numeral 6.3, las declaraciones pueden hacer parte del tema de prueba cuando: (i) constituyen un elemento estructural del delito, como en los casos de falso testimonio, falsa denuncia, injuria, etc.; y (ii) cuando las manifestaciones de una persona pueden tenerse como hecho indicador de su estado mental, tienen relación con el móvil del delito o con cualquier otro aspecto relevante para la determinación de la responsabilidad penal.

En esa misma línea, las declaraciones pueden ser utilizadas como medio de prueba de: (i) hechos jurídicamente relevantes, entendidos como aquellos que pueden subsumirse en la respectiva norma penal, que bien pueden estar constituidos por una declaración, como en los casos de falso testimonio, falsa denuncia, etcétera; y (ii) un hecho indicador, como cuando un testigo declara que le escuchó a otra persona hacer aseveraciones de las que puede inferirse que estaba afectada mentalmente, cuando la demostración del problema mental es relevante para la solución del caso penal.

Mirado desde la perspectiva del derecho a la confrontación, el tema puede explicarse fácilmente. Por ejemplo, si la Fiscalía incluye en el tema de prueba una declaración realizada por la víctima por fuera del juicio oral, y explica que es pertinente como hecho indicador de que estaba trastornada para cuando ocurrieron los hechos, y precisa que utilizará como medio de prueba el testimonio de la madre de la ofendida, quien pudo presenciar los dislates, el derecho a la confrontación estará garantizado si la defensa puede contrainterrogar a la testigo que dice haber presenciado el dato tomado como hecho indicador. En este ejemplo: (i) el hecho jurídicamente relevante es el trastorno mental, (ii) el hecho indicador está constituido por las manifestaciones de la víctima, (iii) el medio de prueba del hecho indicador es la declaración de la madre de la víctima, y (iv) el ejercicio del derecho a la confrontación se satisface con la posibilidad de interrogar a la testigo (la madre de la víctima).

Pero si la Fiscalía pretende incorporar como prueba una declaración anterior de la víctima, donde se refirió al delito de que fue víctima, con el propósito de demostrar la ocurrencia de mismo, se tendría que: (i) el aspecto incluido en el tema de prueba es la ocurrencia del delito, (ii) el medio de prueba es el testimonio de la víctima, y (iii) el derecho a la confrontación se garantiza si la defensa tiene la oportunidad de contrainterrogarla.

Para expresarlo en los términos de la doctrina referida por el tribunal, en el primer ejemplo la manifestación de la víctima no se lleva a juicio para demostrar que su contenido es cierto; se lleva como hecho indicador de su trastorno mental. En el segundo ejemplo, la declaración se presenta con el propósito de demostrar la veracidad de su contenido (que el delito ocurrió), lo que le otorga el carácter innegable de medio de prueba.

Al margen de las diferencias conceptuales, en el derecho puertorriqueño el tema está regulado de forma semejante. Cualquier duda que pudiera subsistir se supera fácilmente con el siguiente apartado de la obra citada por el fallador de segunda instancia:

Cuando el declarante hace una aseveración y otra persona la escucha o se entera de ello, la declaración puede resultar pertinente para muchos fines distintos a probar la verdad de lo aseverado. Ya hemos visto el ejemplo de prueba de motivo. Otro caso es el de prueba de conocimiento. Por ejemplo, si el declarante A le dice a B, en presencia de C, que le vende un determinado artículo a un precio ridículo porque es un bien hurtado, B no lo compra, pero sí lo hace C, es admisible la declaración de A de que el bien es hurtado, para probar el elemento de conocimiento o creencia de C de que se trata de un bien ilegalmente apropiado. A veces la cuestión es más complicada. Si yo le presto mi carro al declarante, y éste, al entregármelo luego de usarlo, me advierte que tenga cuidado, pues los frenos están defectuosos, si luego yo, al conducir el vehículo, me veo envuelto en un accidente al fallar los frenos, la declaración no es prueba de referencia como prueba de conocimiento o advertencia de que había un problema con los frenos, pero es prueba de referencia para probar que los frenos estaban efectivamente defectuosos(14).

Tal y como lo ha reiterado la Sala, según lo expuesto en el numeral 6.3, el análisis sobre si una declaración anterior al juicio oral, que se pretende llevar a ese escenario, constituye o no prueba de referencia, depende en buena medida del propósito perseguido por la parte. Si la declaración se incorpora al tema de prueba (como hecho jurídicamente o como hecho indicador), no se generan problemas de prueba de referencia, salvo que se pretenda demostrar este aspecto fáctico con una declaración rendida por fuera del juicio oral (de regreso al ejemplo anterior, ello sucedería, verbigracia, si la madre le contó a una vecina sobre las manifestaciones incoherentes de su hija, y la Fiscalía pretende llevar como testigo a la vecina para que declaré sobre lo que la madre le dijo). Cuando la declaración pretende ser utilizada como medio de prueba, por regla general el testigo debe comparecer al juicio oral, salvo los eventos de admisión excepcional de prueba de referencia.

En síntesis, frente al caso objeto de análisis puede concluirse que: (i) el hurto de la motocicleta constituye un elemento estructural del delito de receptación y, por tanto, un aspecto central del tema de prueba; (ii) la fiscalía utilizó el testimonio de S.L. como medio de prueba de ese aspecto factual; (iii) esa declaración fue rendida por fuera del juicio oral y llevada a este escenario con ese inequívoco propósito a través del policial O.G.; (iv) la fiscalía no solicitó la incorporación, a título de prueba de referencia, de esa declaración anterior al juicio oral y, por tanto, no agotó el trámite previsto para tales efectos; (v) de esta forma, al procesado se le violó el derecho a la confrontación; y (vi) al valorar una declaración incorporada en contravía del ordenamiento jurídico, los juzgadores incurrieron en un error de derecho, en la modalidad de falso juicio de legalidad.

6.4.5. La trascendencia del error.

Si se suprime la declaración de la señora S.L., se tiene que la Fiscalía solo aportó como prueba el testimonio del policial O.G., a quien únicamente le consta “personal y directamente” (L. 906/2004, art. 402) que un sujeto llevaba arrastrada una motocicleta y que cuando le preguntó por los documentos este le dijo que los tenía en su casa. Además, que el aprehendido supuestamente llamó a su residencia para solicitar que le allegaran los “papeles”, lo que no ocurrió durante el tiempo que duró la retención. Al policial le consta, además, que esa madrugada la señora S.L. reclamó la motocicleta y aseguró que formularía la respectiva denuncia. Gracias a las estipulaciones probatorias, se estableció que el sujeto privado de la libertad responde al nombre de J.P.A.B. y que el vehículo inspeccionado no tenía alterados sus sistemas de identificación.

No se demostró a quién pertenece el vehículo, porque el olvidadizo testigo dijo no recordar los respectivos documentos, y aunque advirtió que ello pudo haberse relacionado en el informe que presentó, la Fiscalía no hizo uso de las herramientas legales para refrescar su memoria y aclarar el punto.

No se discute que la situación en la que se encontraba A.B. era notoriamente sospechosa y que a partir de esa información la Fiscalía pudo diseñar un programa metodológico orientado a estructurar y verificar una hipótesis factual suficientemente sólida, que luego pudiera ser demostrada ante la judicatura, en los términos referidos en el numeral 6.1. Pero también es evidente que esa tarea no se realizó, y por ello la práctica probatoria se redujo al testimonio de un policial a quien solo le consta una parte de la historia. La fiscalía desistió de la otra prueba testimonial que podía complementarlo (la declaración de la supuesta víctima) y obvió acudir a otros medios de conocimiento que permitieran establecer, más allá de duda razonable, que J.P.A.B. realizó la conducta prevista en el artículo 447 del Código Penal.

Ante esta realidad, mal puede la judicatura enmendar los errores del ente acusador, porque ello resulta contrario a la obligación de proteger los derechos y garantías del procesado, y, además, conspira contra el propósito de consolidar un sistema judicial verdaderamente democrático, que resulte útil para la protección de los derechos de las víctimas y el legítimo interés de la sociedad en que los delitos sean esclarecidos y los responsables sancionados, sin avasallar al sujeto pasivo de la pretensión punitiva estatal.

6.4.6. El cargo formulado por el impugnante.

Al margen de los errores en la selección de la causal de casación, el impugnante tiene razón en cuanto afirma que (i) la sentencia condenatoria está basada en prueba de referencia que fue incorporada ilegalmente; y (ii) una vez suprimida la prueba aportada en contravía del ordenamiento jurídico, la única prueba presentada por la Fiscalía es notoriamente insuficiente como fundamento de la condena, principalmente porque —agrega la Sala— quedó sin respaldo probatorio uno de los elementos estructurales del delito de receptación: que la motocicleta había sido hurtada.

Lo expuesto en el numeral 6.4 es suficiente como respuesta a los alegatos del delegado de la Fiscalía y la representante del Ministerio Público, pues ambos estructuraron su disertación sobre la idea de que la declaración de S.L., llevada a juicio a través del policial O.G., no constituye prueba de referencia.

Por tanto, se casará el fallo impugnado y se absolverá al procesado por el cargo incluido en la acusación. En consecuencia, se ordenará la cancelación de la respectiva orden de captura.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de XXX el primero de diciembre de 2016 y, en consecuencia, absolver al procesado J.P.A.B. del delito de receptación agravada, previsto en el artículo 447 del Código Penal.

2. Ordenar la cancelación de la orden de captura emitida en contra de A.B. dentro de este proceso.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.»

1 Artículo 205.

2 Artículo 207.

3 Artículos 250.3 de la Constitución Política y 204, 210 y 278 de la Ley 906 de 2004.

4 205, 210, 277, entre otros.

5 Artículos 286 y siguientes.

6 Negrilla fuera del texto original.

7 Artículo 212.

8 Resaltado fuera del texto original.

9 Resaltado fuera del texto original.

10 En idéntico sentido, Módulo de Evaluación del Caso. Reglas básicas para el manejo estratégico de Casos Penales. Fiscalía General de la Nación (documento preliminar de trabajo).

11 En contraposición al objeto de prueba como categoría objetiva y abstracta. En adelante, cuando se haga alusión a las declaraciones como objeto de prueba, ha de entenderse como aspecto específico del tema de prueba.

12 Resaltado fuera del texto original.

13 Meléndez v. Massachusetts (2009) entre muchas otras. Al respecto, Vélez Rodríguez, Enrique. La Prueba de Referencia y sus excepciones, San Juan: Ed. InterJuris, 2010.

14 Chiesa Aponte, Ernesto L., Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II. Ed. Luiggi Abraham, 2005, pág. 570. En el mismo sentido, Chiesa Aponte, Ernesto. Reglas de Evidencia de Puerto Rico, Ed. Luiggi Abraham, 2009, páginas 230 y siguientes. Negrillas fuera del texto original.