Sentencia SP2186-2015/44387 de marzo 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44387

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta Nº 90

Bogotá D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Al inadmitirse la demanda de casación la Corte advirtió la posible vulneración del principio de legalidad en la determinación de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a DQM.

Al efecto, en la sentencia de primera instancia, en decisión no modificada por el tribunal, el a quo aplicó al mencionado procesado la sanción en cita, de una parte, a título principal, fijándola en 80 meses y, de otro lado, a modo de pena accesoria, la cual determinó en 120 meses.

Es cierto que el juzgador impuso la primera de esas aflicciones porque condenó a DQM por los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público, y el segundo de esos ilícitos tiene contemplada la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas a modo de pena principal.

Y también lo es que la segunda la irrogó de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 52 del Código Penal, acorde con el cual “la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley (...)”.

Sin embargo, es claro que con el anterior proceder los sentenciadores quebrantaron el artículo 31 del estatuto punitivo, a cuyo tenor en caso de concurso de hechos punibles el agente queda sometido al precepto penal que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto.

Sobre el particular, preciso es recordar que desde la sentencia del 19 de marzo de 2014, dictada dentro de la radicación 38793, la Corte sentó el criterio acerca de la imperiosa aplicación de las reglas del concurso cuando la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas concurre como principal en relación con alguno o algunos delitos y como accesoria respecto de otro u otros, pues se trata de la misma sanción, aunque prevista en diferente categoría e intensidad. En dicha decisión, en efecto, expresó la Sala:

“Impera aclarar que respecto de este procesado la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas está llamada a ser impuesta bajo dos modalidades: como principal, por un lapso de diez (10) años —según la estimación atrás reseñada— en el delito de desaparición forzada, y como accesoria, por una duración de veinte (20) años de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 599 de 2000, frente al concurso con los otros delitos contra la vida por los cuales se le halló responsable.

Tratándose entonces de una misma sanción que está prevista en diferente grado y magnitud en los delitos concurrentes, para su adecuada tasación debe acudirse a las reglas de dosificación en los casos de concurso de conductas punibles (L. 599/2000, art. 31), y con base en esos criterios, de acuerdo con los cuales el sujeto agente queda sometido a la del delito que ‘establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto’, habrá de preferirse la inhabilitación de derechos y funciones públicas en modalidad principal, por diez (10) años, incrementada —por los demás comportamientos que la consagran como accesoria— en otra cantidad igual, para un gran total de veinte (20) años”.

Sea del caso reseñar que la referida postura se ha reiterado en posteriores pronunciamientos, como ocurrió en CSJ SP, 4.jun.2014, rad. 42737; CSJ SP, 3.sep.2014, rad. 43303; CSJ SP, 12.nov.2014, rad. 39392.

Sin duda, la no aplicación de las reglas del concurso para determinar la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas comporta el desconocimiento del principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, al amparo de la cual los funcionarios judiciales están obligados a determinar las sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley.

Al restablecimiento de la referida garantía deberá, por consiguiente, concurrir la Sala conforme se lo impone el artículo 180 de la Ley 906 de 2004 al estatuir como uno de los fines de la casación, precisamente, el respeto de las garantías de los intervinientes.

Se partirá entonces de la sanción principal determinada por el a quo, según el derrotero fijado por la jurisprudencia citada. Tal monto corresponde a 80 meses. Ahora bien, para calcular el incremento a efectuar por razón del concurso se seguirá el parámetro aplicado por el sentenciador de primer grado cuando dosificó la pena privativa de la libertad. Al respecto, se observa que para el delito de homicidio agravado dicho funcionario fijó 400 meses, a los cuales le aumentó 60 meses por la falsedad ideológica en documento público, que equivale a una proporción del 15%.

Aplicado el mencionado porcentaje al guarismo determinado por el juez para la sanción principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas (80 meses), se obtiene como resultado 12 meses, que al sumarse entre sí arroja en total 92 meses.

En consecuencia, de oficio la Corte casará parcialmente la sentencia impugnada, para fijar en 92 meses la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a DQM, pena que tendrá carácter principal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

De oficio, CASAR parcialmente la sentencia impugnada, para fijar en noventa y dos (92) meses y a título de pena principal la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas allí impuesta a DQM.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».