Sentencia SP2192-2015 de marzo 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

SP2192-2015

Rad.: 38635

(Aprobado en Acta 90)

Bogotá D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Por efectos metodológicos la Sala estudiará en dos capítulos las censuras formuladas por el libelista: Una primera parte la dedicará al yerro jurídico inmediato en relación con la causal de exclusión de responsabilidad del miedo insuperable por la que aboga, estudio en el cual necesariamente se abordará lo concerniente a la defensa presunta, porque la postura del defensor frisa con esos terrenos cuando asevera que B… H… creyó ver que la víctima empuñaba un arma y por eso obró como lo hizo, y también se analizará la legítima defensa que fuera reconocida en el fallo de primer grado, categorías que servirán de baremo para examinar la legalidad de la sentencia objeto de impugnación.

Una segunda parte agrupará los errores fácticos denunciados, por falso juicio de existencia y falso raciocinio.

1. Violación directa de la ley sustancial.

De las causales excluyentes de responsabilidad penal 

Aunque están agrupadas en el artículo 32 del Código Penal con el claro propósito del legislador de no matricular el ordenamiento a una determinada corriente dogmática, ello no apareja la fusión de unas y otras eximentes, ni mina la autonomía e independencia que las caracteriza.

1.1. El miedo insuperable del numeral 9°, corresponde a un profundo e imponderable estado emocional ante el temor por el advenimiento de un mal, el cual conduce al agente a obrar.

En (CSJ AP 12 may. 2010, rad. 32585) se definió como, “aquél que aun afectando psíquicamente al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero si lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término ‘insuperable’ ha de entenderse como ‘aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros’. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto por su carácter pusilánime no tolera, prefiriendo cometer el delito. La insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximente de responsabilidad”.

Por ello, sus elementos estructuradores son:

i) Existencia de profundo estado emocional en el agente por el temor al advenimiento de un mal.

ii) Miedo insuperable que no le deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres.

iii) El miedo ha de ser el resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación emocional de tal intensidad que aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse.

iv) El miedo debe ser producto de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados.

Tal estado emocional es una consecuencia subjetiva, de ahí que el riesgo o daño pueda ser real o imaginario, y no requiere coacción o intimidación de otra persona porque surge en el ánimo del agente.

Precisamente se diferencia de la insuperable coacción ajena en que en ésta el acto de violencia moral irresistible es generado por otra persona, causado en un hecho verdaderamente ajeno a la voluntad del agente, que lo obliga a ejecutar aquello que no quiere, de ahí que se doblega su voluntad ante la amenaza que alguien le hace de sufrir un mal contra bienes jurídicos propios o ajenos.

Bajo anteriores estatutos sustantivos no estaba incluida expresamente, el miedo insuperable como causal que elimina la responsabilidad penal, lo fue con la expedición de la Ley 599 de 2000, y según la exposición de motivos del proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación, “tal situación, que desde el punto de vista psicológico está muy cercana a la insuperable coacción ajena, no queda comprendida en ésta por la exigencia de una conducta proveniente de un tercero”.

1.2. La legítima defensa del numeral 6º, de la necesidad de defender un derecho contra injusta agresión actual o inminente, permite a la persona proteger un bien jurídicamente tutelado sea propio o ajeno, siempre que medie proporcionalidad.

Los elementos que la informan son:

i) Una agresión ilegítima o antijurídica que ponga en peligro algún bien jurídico individual.

ii) El ataque al bien jurídico ha de ser actual o inminente, esto es, que se haya iniciado o sin duda alguna vaya a comenzar y que aún haya posibilidad de protegerlo.

iii) La defensa ha de resultar necesaria para impedir que el ataque se haga efectivo.

iv) La entidad de la defensa debe ser proporcionada cualitativa y cuantitativamente, es decir, respecto de la respuesta y los medios utilizados.

v) La agresión no ha de ser intencional o provocada.

1.3. Ahora, en la defensa subjetiva, también llamada putativa o supuesta del numeral 10, el autor supone falsamente que se encuentra en una situación de legítima defensa, yerra acerca de circunstancias, de la agresión, de su injusticia, de su inminencia o actualidad.

Y si bien imagina que se encuentra ante una situación que validaría su acción, v. gr., cree que lo están atacando o lo van a atacar, esa suposición no puede ser fantasiosa y alejada totalmente de lo objetivo, sino que ha de ser razonable frente a las circunstancias o según las actitudes del supuesto agresor.

En este ámbito, cuando el agente reacciona por la creencia errada de que obra conforme a una casual de justificación queda intacta la ilicitud del comportamiento hecho, resolviéndose en el plano de la culpabilidad.

Así, la entidad de la falsa creencia tiene consecuencias, porque si es vencible la conducta se sanciona en forma culposa cuando tal modalidad ha sido consagrada en la codificación penal, pero si es invencible sí exonera de responsabilidad penal.

1.4. Del caso en estudio. 

La opugnación a la condena se traduce en el inconformismo del defensor por haber penado el Tribunal como delitos los comportamientos del sindicado, a pesar de existir la causal de ausencia de responsabilidad, la cual consistiría en que B… H… ante el temor al ver que un sujeto se mandaba la mano a la cintura con la creencia que desenfundaría un arma, optó por usar la suya contra la humanidad de aquél.

A esa consecuencia subjetiva habría contribuido la presencia de la guerrilla por el lugar y la información que habría recibido acerca de que los miembros de esa agrupación subversiva hacían extorsiones o “vacunas” a los lugareños, a lo que se sumaría el compromiso que tenía el militar en cuidar a la población y la infraestructura petrolera.

De manera que por su estado emocional frente a una situación real de peligro que existía en la zona, creyó ver que la víctima empuñaba un arma y obró impulsivamente a la presión del momento.

Sin embargo, la absolución que el demandante pretende se queda trunca al no haber sido alegado en las instancias el aspecto del miedo insuperable, ya que una vez fue derruida la tesis del enfrentamiento con “narcoterroristas”, cuando los soldados que hacían parte de la compañía comandada por el otrora Capitán B.. H…dieron cuenta de la verdadera forma en que se desenvolvieron los acontecimientos, y que se estableció que ellos estaban ocultos en un camión particular, el militar venía camuflado de civil y que él solo había disparo al observar al sujeto, el procesado cambió su versión de los hechos argumentando que todo había obedecido a una legítima defensa por haber esgrimido la víctima un arma de fuego.

Efectivamente, la tesis defensiva expuesta postreramente por el enjuiciado en la audiencia pública encontró pleno eco en el fallo de primer grado cuando para el delito de homicidio se concluyó:

“[la] ausencia de responsabilidad penal al haber obrado el procesado en legítima defensa ya que el occiso sacó un arma que era evidente utilizaría contra él al reconocerlo como oficial del Ejército Nacional y por tanto su enemigo pues de lo dicho por los parientes de J… A… P… se desprende que éste andaba en actividades ilegales que tenían que ver con grupos subversivos que operan en la región donde ocurrieron los sucesos y que precisamente la presencia de tales personas al margen de la ley fue la que originó el traslado del procesado en su calidad de oficial del Ejército Nacional a esa zona rural”.

En cuanto al delito de lesiones personales del que fue víctima O… M… T… para el a quo se trató de un caso fortuito, ya que fueron producto de los disparos que debió hacer B… H… para “defenderse de la agresión inminente de que iba a ser víctima por parte del occiso…el acusado no podía tener ningún interés en lesionarla, es decir, no puede atribuírsele dolo al causarle esas heridas y tampoco se le puede atribuir culpa por cuanto en las circunstancias en que actuó al disparar, le era imposible detenerse a prever si había alguna persona cerca que podría eventualmente recibir alguno o algunos de los disparos del arma que accionó”.

Para la absolución del ilícito del bien jurídico de la vida no se trató de una defensa presunta, como la entiende la procuradora delegada en su concepto, porque en manera alguna se consideró que el capitán obró bajo el errado convencimiento de que era objeto de una injusta agresión pese a que en realidad no existía tal ataque actual e inminente y que ante la deformación de la verdad se excusaba su responsabilidad penal al tratarse de un error invencible, contrariamente, se partió de la base que dada la agresión inminente y contraria al ordenamiento jurídico por parte de la víctima, el uniformado debió intervenir en defensa de su vida accionando su arma para neutralizar tal ataque, elementos propios de una legítima defensa.

El juez singular admitió, sin más, que el occiso era un guerrillero que estaba armado, —sin precisar de qué agrupación al margen de la ley, a pesar que la lesionada O… M… P… y sus familiares manifestaron que aquél era “raspachín” y no tenía armas—, y justificó así la reacción del militar, porque “obviamente como quienes pertenecen a grupos subversivos, así como los delincuentes comunes tienen que estar continuamente en actitud defensiva, quiso adelantarse atacando para llevar la delantera y protegerse, actitud que también asumió como cualquier persona natural el acusado disparando el arma que llevaba preparada, actitud que no es reprochable porque si los delincuentes van armados y atacan a las autoridades militares y de policía, a los miembros de una y otra institución no puede negárseles que asuman conductas preventivas, preparando sus armas para el caso de un ataque”.

Por eso llama la atención que el casacionista no haya defendido la sentencia absolutoria de primer grado, y a cambió optara por exhibir una novedosa postura acerca del miedo insuperable de su asistido, desdeñando aspectos resaltados en el fallo como que no se encontraba solo sino en compañía de varios soldados, todos estaban armados y en una actitud temeraria de acechanza.

Justamente el Tribunal encontró desacertado el análisis del juez de primera instancia por haber dado preeminencia a las manifestaciones hechas por el enjuiciado en la audiencia pública, desechando el resto del caudal probatorio, no sólo por el cambio en las versiones de los sucesos ofrecido por aquél, al argumentar primero que se trató de una operación militar de combate que jamás existió, la cual avaló documentalmente con los informes respectivos, sino porque la forma cómo utilizó un vehículo particular (camión) para transportarse y esconder a sus hombres bajo la carpa, mientras él aparentaba ser un civil, con una camiseta sobrepuesta en el uniforme, denotaba claramente su objetivo y ánimo de acabar con la vida de J… A… P….

Pero además, porque el relato del militar acerca de que la víctima los había obligado a detener la marcha del vehículo, al tiempo que desenfundó un arma “no sé si era revólver o era pistola, pero era un arma, inmediatamente cuando yo vi esa actitud mandé la mano a la pistola mía, lo narro porque fueron milésimas de segundo, mandé la mano a la pistola mía y saqué la pistola inmediatamente al instante de segundo por la ventana, reaccioné, accioné el disparador”, no guardaba correspondencia con el dicho de los testigos que descartaron que el interfecto estuviera armado.

En palabras del juez colegiado,

“Se puede observar entonces, sin lugar a dudas, que el comportamiento ejecutado por el procesado es antijurídico, toda vez que no existe la menor evidencia de un aspecto negativo de este elemento de la conducta que pudiera constituir una causal de ausencia de responsabilidad, como lo consideró el juez de primera instancia, debiendo concluirse que la acción agotada por el encartado atentó efectivamente contra un derecho fundamental representado en el bien jurídico de la vida de J... A... P... J... y la integridad personal de la señora O... M... T..., haciéndose merecedor de un juicio de reproche por parte del órgano jurisdiccional del Estado por la conducta dolosa de homicidio agravado en concurso con lesiones personales, pues se advierte que el procesado es una persona capaz de comprender la ilicitud de su comportamiento y determinarse de acuerdo con esa comprensión, toda vez que no existe prueba alguna que nos indique que al momento de ejecutar el hecho estuvo afectado mental o psíquicamente para tener esa capacidad de raciocinio y autodeterminación, pues a pesar de a pesar de defenderse enunciando que se trató de un operativo por orden de sus superiores, nunca se allegó al proceso nada que demostrara la veracidad de su dicho”.

Y es que la tesis del miedo insuperable tampoco puede tener sustento cuando el defensor señala que el contexto de los hechos, la zona con presencia guerrillera y subversivos extorsionando a los residentes del lugar, contribuyó para que el militar creyera que iba a ser atacado y por eso reaccionó, no sólo por lo desmedido que lo fue al disparar repetida e indiscriminadamente tanto su pistola 9 mm, como su fusil calibre 5,56, al punto que lesionó a una señora que también se encontraba en el lugar, sino porque se trataba de un alto militar, con vasta experiencia y con múltiples distinciones como las que él mismo puso de presente.

No explica el defensor que se trataba de una situación

incontrolable, no para un ciudadano del común, sino para un militar entrenado en la lucha antiguerrillera, es decir, que el miedo era efectivamente insuperable como elemento normativo necesario para configurar la eximente de responsabilidad que añora.

Ahora, el libelista da por sentado que la víctima mortal era un guerrillero, pero tal hecho además de no haber sido acreditado, ninguna incidencia tendría toda vez que los testigos aseveran que P… J… no tenía algún arma y aun de ser ello cierto, es claro que para el momento de los hechos no desarrollaba alguna acción que ameritara el ataque del uniformado.

En suma, se muestra vacua la grave perturbación del ánimo del militar producto de una amenaza real o imaginaria que pretende delinear el defensor para configurar un miedo instintivo que lo motivó a obrar, ni tampoco se dan los presupuestos de las otras causales de ausencia de responsabilidad estudiadas.

Vista así la realidad del fallo, el reproche no tiene alguna vocación de prosperidad.

2. Cargos por violación indirecta de la ley sustancial.

2.1. Del falso juicio de existencia. 

El impugnante pretende mutar el fallo condenatorio dictado en contra de su asistido al poner de resalto las declaraciones de A… C… R… y N… E… J… reinsertadas de la guerrilla, quienes acreditarían la tesis defensiva acerca de que J... A... P... J... era un guerrillero, estaba armado y delinquiendo en la zona.

Y si bien tales atestaciones no fueron aprehendidas por el Tribunal, ni la condición de guerrillero del interfecto fue sopesada, tal hecho deviene en intrascendente, toda vez que de haber admitido tal pertenencia a algún grupo subversivo no se eliminaría el homicidio aleve que se cometió, porque lo cierto y demostrado es que para el momento de los hechos estaba solo y desarmado.

Sin embargo, el defensor incurre en una falacia o refutación aparente, toda vez que de tales declaraciones no se establece que para el instante de los hechos la víctima efectivamente estuviera armada y cometiendo extorsiones.

Ciertamente las deponentes afirmaron haber sido integrantes de la guerrilla, y que P… J…, apodado “Petty” “Petete”, “El Abejón”, “Leder”, era el encargado de cobrar “vacunas”, pero ninguna de ellas aseveró haber presenciado los hechos, ni haber visto que aquél portaba armas para ese momento: La primera afirmó que estaba en San Jacinto y se enteró de esa noticia cuando un “miliciano”, les contó que se había presentado un combate en “La Cecilia” del Ejército con la guerrilla y había muerto P... J..., la segunda dijo que también se enteró de ello y que le contaron que los otros subversivos habían escapado.

2.2. Del falso raciocinio. 

En cuanto al desafuero intelectivo ante “la valoración virtual del tribunal, no expresa”, en relación con las declaraciones de la lesionada O… M… T…; su hija, M… R… A…; el esposo de ésta R… A… R…; así como M… R… H… y J… C… G… B…, si bien evidentemente en los fallos no se hizo expresa mención a lo que cada uno de ellos relató, si es notable que los hechos que daban cuenta tales atestaciones fueron aprehendidos y valorados para otorgar crédito a esa vertiente fáctica que corroborada una ejecución aleve y desechaba de tajo una acción legítima del uniformado.

La corporación ha insistido en que para no convertir el libelo en un simple alegato de instancia, en esta sede extraordinaria, el impugnante debe recurrir a reflexiones pertinentes que refuten o controviertan integralmente las consideraciones del fallo, pero en este caso el defensor se dedica a sacar sus propias conclusiones y presenta su particular valoración probatoria para buscar contradicciones nimias que no tienen incidencia en el sentido de la decisión.

Ataca la credibilidad otorgada a las manifestaciones de la lesionada y sus allegados por haber negado en principio que conocían a J... A... P... J..., quien a la postre convivía con la nieta de aquélla, no obstante, como lo señala la representante del Ministerio Público en su concepto, tal omisión quedó justificada cuando en desarrollo de la audiencia pública aseveraron que lo habían hecho por temor.

Pero además, hay que tener en cuenta que la fiabilidad del testigo no puede estar soportada solamente en la ausencia de interés en mentir, pues muchas variables confluyen para dar crédito a la narración; tanto sus condiciones subjetivas, intención en la comparecencia procesal, coherencia en su discurso y, sobre todo, la correspondencia con datos objetivos comprobables, de ahí que el tribunal encontrara que el juez de primer grado había desatendido estas pruebas al dar prelación única y exclusivamente a las manifestaciones del procesado en la audiencia pública en la que había expuesto una defensa necesaria para justificar su acción, cuando aquéllas la desvirtuaban diametralmente.

Se destacó en la sentencia que el otrora Capitán H… B… había utilizado un vehículo particular para transportar a sus hombres ocultándolos bajo una carpa y cubriendo él sus prendas militares al ponerse encima una camiseta, para arribar al sitio y sin ningún miramiento accionar sus armas de dotación en contra de J... A... P... J....

Igual sucede con el falso raciocinio que ubica en la valoración de las manifestaciones del incriminado, porque el defensor no demuestra el capricho o la arbitrariedad de las consideraciones judiciales ante el desconocimiento de los principios lógicos, de criterios científicos o reglas de la experiencia, ni menos detalla el postulado al que debió acudirse para una adecuada estimación probatoria.

Para el juez plural no encontró valor suasorio la manifestación B… H… acerca de que la víctima mortal lo había conminado a detener la marcha del vehículo en el que se desplazaba sacando un revólver o una pistola, por no tener respaldo.

Ahora, el censor solicita que se emita sentencia absolutoria en aplicación del principio de resolución de duda en favor del procesado para mantener así la sentencia de primer grado, pero ésta no fue producto de la aplicación de tal apotegma, sino de haber considerado judicialmente que se cumplían a cabalidad los presupuestos de la legítima defensa, figura que como lo consideró el Tribunal no tiene asidero fáctico ni probatorio.

Se concluye así que carecen de fundamento las pretensiones del demandante y por consiguiente las censuras no están llamadas al éxito.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia por razón de las censuras

formuladas en la demanda presentada por el defensor de J… B… H…, Capitán del Ejército Nacional para la fecha de los hechos y luego ascendido al grado de Mayor.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».