Sentencia SP2252-2018/50293 de junio 20 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 50293.

Acta 200.

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil dieciocho.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

EXTRACTOS: «La demanda de revisión

Previa identificación de los sujetos procesales, la actuación procesal y las sentencias demandadas, el actor invoca la causal 7ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, según la cual la acción de revisión procede cuando mediante pronunciamiento judicial la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.

Fundamenta la causal señalando que esta Colegiatura, en la decisión CSJ SP, jun. 6/2012, rad. 35767, cambió favorablemente el criterio imperante hasta esa fecha y estableció que el descuento punitivo previsto en el artículo 269 del Código Penal, al que hay lugar cuando son reparadas las víctimas de los delitos que atentan con el bien jurídico del patrimonio económico, que también opera para la extorsión pese al contenido del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Asegura que L. F. L., antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia, indemnizó integralmente a la víctima y, pese a ello, los falladores le negaron el reconocimiento de la rebaja punitiva descrita en el artículo 269 del Código Penal, con base en la jurisprudencia de la Corte para esa fecha vigente.

Así las cosas, el accionante peticiona que se otorgue la disminución de la pena por aplicación del artículo referido, y, en consecuencia, se redosifiquen las sanciones impuestas a su representado.

Por otra parte, afirma que los falladores atendieron el incremento de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2014, pese a que la condena se produjo por uno de los delitos enlistados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2007; por lo que solicita se aplique la jurisprudencia del Tribunal de Casación, según la cual, no procede tal incremento cuando la condena se emite, entre otros, por extorsión agravada, como en este caso. En consecuencia, la Corte debe redosificar la pena también por este aspecto.

Como pruebas de la demanda, aporta copias auténticas de las sentencias proferidas por ambas instancias, el poder especial para actuar en representación de L. F. L., y constancia del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia —Caquetá—.

Por encontrar reunidos los requisitos de ley, esta Corporación admitió la acción de revisión mediante auto del 3 de agosto del 2017(7), y fijó el 2 de febrero de 2018, a las 10:30 a.m., como fecha y hora para la realización de la audiencia de alegatos, conforme lo dispone el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal; la cual se llevó a cabo finalmente el 19 de ese mes y año.

(…)

Consideraciones de la Corte

La Sala es competente para conocer de la presente acción de revisión, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por estar dirigida contra una sentencia dictada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.

El propósito de la acción de revisión, como insistentemente lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, es remover la intangibilidad de la cosa juzgada cuando se establece que una decisión con esa connotación comporta un contenido de injusticia material, por cuanto la verdad procesal allí declarada se opone a la verdad histórica de lo acontecido.

En el evento materia de análisis, la pretensión se fundamenta en la causal 7ª del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal de 2004, conforme a la cual la acción de revisión procede “cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya variado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad”.

Sobre el mencionado motivo de revisión, la Sala tiene dicho que para su configuración, es indispensable que el actor no solamente demuestre cómo el fundamento de la sentencia cuya remoción se persigue es entendido por la jurisprudencia de modo diferente, sino que, de mantenerse, comportaría una clara situación de injusticia, pues la nueva solución ofrecida por la doctrina de la Corte conduciría a la sustitución del fallo.

Así mismo, ha sido insistente en señalar que para su demostración no basta invocar de forma abstracta la existencia de un pronunciamiento de la Corte, o de señalar uno concreto pero desconectado de la solución del caso, sino que resulta indispensable, además, demostrar cómo de haberse conocido oportunamente por los juzgadores la nueva doctrina sobre el punto, el fallo cuya rescisión se persigue habría sido distinto. (CSJ AP, mar. 11/2003, rad. 19252).

De la misma manera, la Sala ha precisado que el pronunciamiento judicial con sustento en el cual se apoya la solicitud sólo debe provenir de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, por ser esta Corporación el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, atendiendo la función que cumple de unificar la jurisprudencia nacional como tribunal de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal (CSJ AP, dic. 5/2002, rad. 18572).

En tal virtud, de conformidad con la previsión normativa y los precedentes jurisprudenciales de la Corte, se tiene que los presupuestos sustanciales de la causal 7ª de revisión son: (i) que la acción se dirija contra una sentencia condenatoria ejecutoriada, (ii) que el fallo sea proferido por un juez o Corporación Judicial, (iii) que la Sala Penal de la Corte, en decisión posterior, haya variado la concepción normativa aplicada en el fallo cuya revisión se pide, y (iv) que el nuevo criterio jurídico expresado por la Sala sea favorable, en cuanto de mantenerse el anterior comportaría una clara situación de injusticia.

La pretensión del actor está dirigida a que se redosifique la pena impuesta a L. F. L., teniendo en cuenta: (i) la rebaja punitiva prevista en el artículo 269 del Código Penal —reparación integral—; y, (ii) la inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004; lo anterior, conforme las variaciones jurisprudenciales producidas en torno a estos específicos temas.

En consecuencia, la Sala entrará a analizar cada una de las solicitudes, en el orden propuesto por el demandante.

a) De la rebaja de pena por aplicación del artículo 269 del Código Penal.

Observa la Corte que la acción de revisión se dirige contra una sentencia ejecutoriada, como lo es el fallo de segunda instancia del 29 de junio de 2010, proferido por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia - Caquetá.

De otro lado, se ha acreditado en esta actuación que el criterio jurídico con el cual se sustentó la sentencia condenatoria, fue variado con posterioridad por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para cimentar este aserto se requiere, desde luego, traer a colación los fundamentos de los fallos de primera y segunda instancias, y luego, reseñar la nueva postura jurisprudencial de esta Corporación. A ello entonces se procede.

En efecto, el Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia - Caquetá, con funciones de conocimiento, en la sentencia del 28 de abril de 2010, negó el descuento punitivo establecido en el artículo 269 del Código Penal, pese a considerarse que el condenado reparó integralmente a las víctimas, porque el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 prohíbe la concesión de tal beneficio cuando la condena se produce por el delito de extorsión agravada, como aconteció en este caso, y citó la decisión CSJ SP, jul. 29/2008, rad. 29788.

El 29 de junio de 2010, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia —Caquetá—, confirmó la sentencia impugnada; luego, la dosificación punitiva efectuada por el a-quo no sufrió modificación alguna.

Ciertamente, la Sala de Casación Penal de esta Corporación varió su postura mediante el fallo del 6 de junio del 2012, rad. 35767(11), y admitió la procedencia del beneficio punitivo previsto en el artículo 269 del Código Penal, frente al delito de extorsión, siempre que el responsable repare a la víctima en los términos señalados en la norma que viene de citarse, a pesar de la prohibición legislativa contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006. Así lo determinó la Corte en la referida providencia:

“Así pues, la Sala, en lo sucesivo, modifica en tal sentido la interpretación sobre el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Su nueva hermenéutica se contrae a que se concede la reducción de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal a quienes siendo procesados por extorsión, repararon los perjuicios en los términos previstos por el artículo 269 del Código Penal; sin que tal situación afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez individualizada la pena, y sin efectos en el término prescriptivo de la acción penal”.

No cabe duda que la sentencia en contra de la cual se dirige la presente acción de revisión, se profirió antes de la variación jurisprudencial que, sin dubitación alguna, produce efectos favorables para quien promueve esta acción, en atención a que el otorgar la rebaja de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal, determina una importante reducción de las sanciones impuestas. Por ello, la Sala a continuación acometerá el estudio del cumplimiento de las exigencias descritas en dicha norma.

El artículo 269 de la Ley 599 de 200 reza:

“El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”.

La discusión en el caso examinado se reduce a determinar si lo adelantado como reparación por el condenado cubre las exigencias que para el efecto contempla la norma en reseña.

Esto, por cuanto, las víctimas solicitaron en el incidente de reparación integral, que en lugar de una compensación económica, el acusado aceptara su responsabilidad y manifestase la verdad de lo sucedido —en particular, quién había pagado para dar muerte a E. B.—. Ello efectivamente sucedió.

La Corte, en la decisión CSJ SP, mayo 25/2011, rad. 35104, resolvió sobre la concesión del beneficio en estudio en un caso en donde la víctima le exigió al procesado a título de reparación por los daños causados con el atentado patrimonial, una publicación en un periódico expresando su arrepentimiento, requerimiento que fue satisfecho por el procesado; sin embargo, el a quo no le concedió la rebaja de pena por considerar que tal reparación era solo de índole moral, más no material, como lo exige la norma que viene de citarse.

En esa oportunidad la Sala concedió la disminución punitiva, luego de considerar que el procesado sí había reparado integralmente a la víctima antes de dictarse sentencia de primera instancia. Allí se dijo lo siguiente:

“El acierto fue recordar que la bilateralidad es elemento esencial de la reparación integral cuando es producto de un acuerdo entre las partes. Hay resarcimiento de perjuicios, en esa medida, cuando la condición reparativa de la víctima es obedecida por el procesado.

La jurisprudencia de la Sala(12), compartida por la Corte Constitucional, está en esa dirección. Si la regulación del tema indemnizatorio en el proceso penal es conforme a los principios del derecho privado, es facultad del titular de la acción civil transar la pretensión indemnizatoria. Se trata de una disposición sobre el derecho que así traiga consigo la falta de reparación plena del daño, no puede cuestionar el juzgador penal.

Así las cosas, si como sucedió en el presente caso, la víctima le exigió al procesado a título de reparación de los daños causados con el atentado patrimonial una publicación en un periódico expresando encontrarse arrepentido y pidiendo perdón, satisfecho el requerimiento se entienden reparados los perjuicios. Y si se indemnizó a la víctima en concordancia con los términos en que con voluntad y libertad lo solicitó, la consecuencia jurídica era la rebaja punitiva autorizada en la ley, desechada por el Tribunal de segunda instancia con sustento en las siguientes razones, equivocadas para la Corte según más adelante se verá:

(…)

No hay duda, pues, que el ad quem se equivocó al negarse a concederle efectos indemnizatorios a la publicación presentada por el procesado. La exigencia reparativa de la víctima fue clara, es evidente que el responsable penal la cumplió y, por si alguna duda subsistiera al respecto, ella habría quedado disuelta con la complacencia declarada en la audiencia del 20 de febrero de 2009 por el apoderado de la perjudicada con el hurto”.

Esta postura fue reiterada por el Tribunal de Casación en la decisión CSJ SP, jun. 19/2013, rad. 39719, en los siguientes términos:

“De ello se desprende que la labor del juez no puede limitarse a representar el papel de mero amanuense que cubra de formalidad las decisiones, con grave desdoro de principios ineludibles establecidos en favor de los afectados con el delito.

Pero, desde luego, tampoco significa que siempre la restitución del daño por vía de la indemnización integral opere absoluta o demande de necesario cubrimiento patrimonial completo.

Como se advierte la esencia civil del aspecto indemnizatorio, siempre es posible que a determinar el monto del mismo se llegue por la vía de la negociación o transacción, o que operen otros mecanismos de justicia restaurativa diferentes del pago monetario.

(…)

Ello significa que perfectamente entre las partes puede haber acuerdo o transacción de corte civil a partir de la cual disminuir o modificar los efectos patrimoniales de la indemnización, sin que el funcionario judicial pueda intervenir en ese acuerdo privado, por ser potestativo de los involucrados.

De igual manera, es factible que la reparación del daño opere simbólica o no patrimonial, bajo el entendido que la satisfacción de las necesidades particulares de las víctimas no necesariamente implica recibir dinero o reemplazar con este el daño ya causado cuando, entre otras circunstancias, el procesado no cuenta con medios económicos para el efecto.

Así lo sostuvo la Corte en la Sentencia con radicado 35104, del 25 de mayo de 2011.

Ello no comporta, empero, que la función del juez en pro de verificar el efectivo cumplimiento de lo consignado en el artículo 269 del Código Penal, o del acuerdo o transacción, opere meramente formal o siquiera se morigere.

No, lo que sucede es que la verificación obligada de hacer ha de consultar el tipo de indemnización y su origen, para que implique necesario apenas advertir cumplidos los efectos buscados por la víctima.

Entonces, si se trata de un acuerdo al que llegan las partes, esa auscultación del juez se dirige a determinar que lo pactado se respete, sea que se transija sobre la pretensión económica o que ella se mute en prestación simbólica.

Y si lo que sucede es que la reparación debió operar pura y simple, en las condiciones estrictas del artículo 269 en cita, pues, allí ha de definir si efectivamente fue devuelto lo ilícitamente adquirido y si además se efectuó la indemnización”.

Dentro del presente asunto se advierte que el juicio oral en contra de L. F. L. por el delito de extorsión agravada se llevó a cabo el 24 de febrero del 2010, el cual culminó ese mismo día con el anuncio del sentido del fallo de carácter condenatorio.

El 15 de marzo de ese mismo año se realizó la audiencia reglada en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, y de inmediato se adelantó el incidente de reparación integral, previa solicitud que elevó el apoderado de las víctimas, E. F. B. y R. F. T., el 26 de febrero del 2010(13). Lo anterior, por cuanto, para esa fecha el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, establecía que emitido sentido de fallo de condena, el fallador debía abrir inmediatamente el incidente de reparación integral, si así se lo solicitaren expresamente la víctima, el fiscal o el Ministerio Público.

En el curso del incidente, fueron dos las pretensiones indemnizatorias planteadas por el profesional del derecho. La primera, que en esa misma audiencia L. F. L. dijera la verdad sobre quién o quiénes eran las personas que habían ordenado la muerte de E. F. B. y R. F. T. Aseguró que “si se obtiene esa verdad, nosotros renunciamos a la reparación económica(14)”. Y la segunda, el pago de $ 20.000.000 y 50 smlmv, por concepto de perjuicios materiales y morales, respectivamente.

La juez de conocimiento decretó un receso para que el defensor le explicara al procesado las peticiones de las víctimas. Finalizado este y por solicitud del profesional del derecho, la directora de la audiencia le concedió el uso de la palabra a L. F. L.(15), quien narró todo lo que conocía sobre los hechos investigados. Luego, le preguntó al representante de las víctimas si encontraba satisfecha la pretensión indemnizatoria y este manifestó lo siguiente:

“Si su señoría, en consecuencia, nosotros, las víctimas, E. F. B. y R. F. T., y el suscrito como su representante, admitimos que esa es parte de la verdad, expresamos satisfacción por eso, y en consecuencia renunciamos a la reparación económica(16)”.

Así, la juez de conocimiento dio por terminado el incidente de reparación integral y la sentencia condenatoria fue proferida el 28 de abril de 2010.

Lo anterior pone de relieve que entre las partes —víctima y victimario— existió un acuerdo a partir del cual modificar los efectos patrimoniales de la indemnización. El convenio fue cumplido a cabalidad por el procesado y las víctimas se sintieron satisfechas e integralmente indemnizadas, tal y como lo manifestó el apoderado judicial. En consecuencia, los perjuicios causados a las víctimas E. F. B. y R. F. T. por la comisión del delito por parte de L. F. L., fueron reparados.

Como se vio, ello ocurrió el 15 de marzo del 2010, esto es, antes de que se hubiese proferido la sentencia de primera instancia, el 28 de abril de 2010.

Por tanto, en el caso bajo examen se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 para la concesión de la rebaja por reparación integral dado que, (i) se trató del delito de extorsión agravada con el cual se afectó el bien jurídico del patrimonio económico, (ii) el condenado indemnizó de manera integral los perjuicios ocasionados a las víctimas, y (iii) dicha reparación se produjo antes de que se emitiera el fallo de primer grado del 28 de abril del 2010.

Entonces, se impone declarar fundada la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, en lo que a este tópico respecta, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir.

b) De la inaplicación de los aumentos punitivos previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

La Sala de Casación Penal de esta Corporación varió su postura mediante el fallo del 27 de febrero de 2013, dictado dentro de la radicación 33254(17), considerando que en los supuestos en los cuales el procesado acepte unilateralmente los cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006(18), no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Ello en contravía de decisiones anteriores, pacíficas y reiteradas, con las cuales se avaló la aplicación sin distingos de la norma en cuestión.

En esa decisión también se precisó que, la inaplicación del incremento de la pena para los delitos relacionados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 solo opera cuando el imputado o acusado propicia la terminación anticipada del proceso por la vía del allanamiento o el preacuerdo. Esto se dijo en esa oportunidad:

“Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006”.

Este criterio jurisprudencial fue reiterado posteriormente por la Corte en la providencia CSJ SP, jun. 19/2013, rad. 39719, en la cual, en alusión al mismo aspecto, precisó:

“[…] el apartado transcrito contiene una restricción al concepto de inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues, precisamente para que el principio de igualdad respecto de personas a quienes se condena por la vía ordinaria en delitos diferentes, no sea vulnerado, establece como premisa básica que el no incremento sólo opera cuando el procesado se acoge a los mandamientos de justicia premial que contienen las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos.

“Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no se materializa en la consecuente definición anticipada del asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

“Pues, de no ocurrir así quedaría huérfana de soporte la tesis que gobierna la jurisprudencia examinada, que tiene como objeto central de definición la imposibilidad de incrementar penas de Ley 890, a quienes no acceden a la justicia premial”.

En el caso analizado dicho presupuesto no se cumple, pues la historia procesal indica que el sentenciado L. F. L. no aceptó los cargos, ni suscribió acuerdos con la fiscalía, y la condena fue el resultado del adelantamiento de un proceso normal, que culminó con el juicio oral, donde fue vencido y declarado responsable, situación que hace que la doctrina cuya aplicación se solicita no opere para el caso.

En consecuencia, se impone declarar infundada la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, con relación a la inaplicación del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.

c) Redosificación punitiva.

Los jueces de instancias le impusieron a L. F. L. las penas mínimas consagradas en los artículos 244 y 245 del Código Penal, esto es, 192 meses de prisión, multa en cuantía equivalente a 3.000 smlmv, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

Dichas sanciones deberán reducirse en razón de la reparación integral, de la mitad a las tres cuartas partes tal y como lo establece el artículo 269 del Código Penal, sin pasar por alto que el descuento en concreto lo fija el juzgador de forma discrecional, atendiendo el interés mostrado por el procesado al momento de cumplir pronta o lejanamente, total o parcialmente, con los fines perseguidos por la disposición penal, que no son otros que velar por la reparación de los derechos vulnerados a las víctimas (CSJ SP, mar. 9/2016, rad. 42298).

Según se observa, en el presente caso el sentenciado esperó a la última oportunidad para reparar a las víctimas, toda vez que ello ocurrió en la audiencia de incidente de reparación integral, lo que se traduce en un mayor desvalor de los intereses del afectado; por consiguiente, se concederá la menor rebaja permitida, esto es de la mitad, para quedar finalmente la pena privativa de la libertad en 96 meses de prisión y multa en cuantía equivalente a 1.500 smlmv.

Ahora, de acuerdo con el inciso final del artículo 52 del Código Penal, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se reajustará al tiempo previsto para la sanción privativa de la libertad.

Informa la foliatura aportada a este trámite que L. F. L. está detenido por razón de la condena que le fue impuesta por el Juzgado Primero Penal municipal de Florencia, desde el 30 de octubre del 2009 —data en que se produjo su captura—, por lo que, a la fecha el condenado lleva privado de la libertad un poco más de 103 meses, tiempo que excede el de la pena impuesta en este fallo, por virtud de la prosperidad de la demanda de revisión impetrada.

Por lo anterior, se impone ordenar la libertad inmediata de L. F. L. por pena cumplida, siempre que no sea requerido por otra autoridad judicial; circunstancia que, además, hace innecesario examinar la viabilidad de concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria.

Finalmente, se ordenará a la secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia —Caquetá—, con funciones de conocimiento, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de L. F. L., en lo que respecta al reconocimiento de la disminución punitiva por reparación del artículo 269 del Código Penal.

2. DECLARAR INFUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor del condenado, en relación con la inaplicación del incremento punitivo establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

3. DEJAR SIN EFECTO, PARCIALMENTE, las sentencias del 29 de junio de 2010 de la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia —Caquetá—, y del 28 de abril de ese mismo año, del Juzgado Primero Penal Municipal, con funciones de conocimiento de esa ciudad, EXCLUSIVAMENTE, para determinar las sanciones principales impuestas a L. F. L., como autor responsable del delito de extorsión agravada, en noventa y seis (96) meses de prisión, multa en cuantía de mil quinientos (1.500) smlmv, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo lapso determinado para la privativa de la libertad.

4. En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.

5. DISPONER la libertad inmediata y definitiva de L. F. L., libre de caución, en relación con este proceso, si se encuentra todavía cumpliendo su pena en privación de la libertad y/o con beneficio de la libertad condicional, y, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad Judicial; en caso de ser así, deberá comunicarse oportunamente.

6. ORDÉNESE, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Florencia - Caquetá, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad, para lo de su cargo.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(7) A folio 51, carpeta de la Corte.

(11) Postura reiterada en las decisiones CSJ SP, nov. 14/2012, rad. 35987; CSJ SP, jul. 19/2013, rad. 39719 y CSJ SP, jul. 29/2013, rad. 39201, entre otras.

(12) Así, por ejemplo, sentencia del 22 de junio de 2006, casación 24817.

(13) A folio 59, carpeta del juicio.

(14) A record 16:59, sesión de audiencia del 15 de marzo del 2010.

(15) A record 50:50, sesión de audiencia del 15 de marzo del 2010.

(16) A record 01:05:55, Ib.

(17) Criterio que ha sido reiterado en decisiones posteriores de la Sala, como en CSJ SP, jun. 19/2013, rad. 39719; CSJ, dic. 4/2013, rad. 38843; CSJ, dic. 18/2013, rad. 39077; CSJ AP825-2014, rad. 36593, entre otros.

(18) ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.