Sentencia SP2413-2017/39293 de febrero 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 39293

(Aprobado acta 50)

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de los nombres y apellidos y/o por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. La competencia

No cabe duda que en los términos del artículo 235 de la Carta Política, la Corte es competente para conocer de este asunto, pues el acusado goza de fuero constitucional.

En efecto, para la época de los hechos que dieron origen a este juicio, L. F. S. T. ostentaba el grado de B. G. de la República del Ejercito Nacional, desde el 6 de diciembre de 2003, y ejercía funciones oficiales, de las cuales, según la Fiscalía, abusó y desconoció incurriendo en los delitos por los que fue acusado.

Por ello, indiferente resulta que en la actualidad se encuentre en retiro y desvinculado de la mencionada institución castrense y no ejerza cargo alguno con funciones oficiales, pues en tales casos, esto es, cuando existe conexidad entre el delito y la función, la competencia permanece en cabeza de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo de la norma constitucional citada.

2. Teoría del caso de la Fiscalía y los delitos imputados.

La teoría del caso de la Fiscalía consistió fundamentalmente en sostener que a finales de 2005 y comienzos de 2006, el General L. F. S. T., primero en condición de Comandante de la Sexta Brigada con sede en I. y, después, como Director de Inteligencia del Ejército Nacional, en asocio con otras personas, entre ellos R. A. M., alias O. S., el narcotraficante H. A. R. Y. —quien aportó dinero para su financiación— y A. P. R., fraguaron la desmovilización de 66 personas como presuntas integrantes de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC, organización que no existía, ni operaba en el departamento del Tolima, hecho del cual el acusado tenía conocimiento en razón a las funciones que desempeñaba.

Por consiguiente, los supuestos guerrilleros desmovilizados en realidad nunca militaron en esa organización o habían desertado con anterioridad, y se dedicaban a otras actividades dentro de la economía informal, eran indigentes y desempleados.

Que para ese propósito compraron armas a las autodefensas y fueron transportadas en helicóptero desde Santa Marta a Bogotá, y luego a la zona de ubicación en la vereda L. T., Municipio de A., departamento del Tolima, en donde intervino el General L. F. S. T. impartiendo la orden al Comandante de la Sexta Brigada, de prestar seguridad al sitio de concentración.

Que como consecuencia del acto formal de desmovilización llevado a cabo el 7 de marzo de 2006, los supuestos guerrilleros recibieron beneficios jurídicos: las resoluciones inhibitorias dictadas a su favor por la Fiscalía, y también se hicieron acreedores a ayudas económicas otorgadas por la entonces Agencia Colombiana para la Reintegración.

Estos hechos, como se mencionó anteriormente, la Fiscalía los adecuó típicamente en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, agravado, continuado, a título de cómplice, y los de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de la Fuerza Pública y de defensa personal, agravados, y fraude procesal, continuado, por los que debe responder el acusado como coautor.

3. Valoración jurídica de los hechos y de las pruebas

Teniendo en cuenta la teoría del caso de la Fiscalía y los hechos cuya demostración se propuso durante el desarrollo del juicio como sustento de la solicitud de condena, así como la postura de la defensa y las pruebas traídas en apoyo del planteamiento de inocencia a favor del General L. F. S. T., la Corte hará su ponderación en conjunto conforme a los criterios de valoración que les son propios, a efectos de establecer el grado de conocimiento que ofrecen los mismos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004:

“Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.

“La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”.

3.1.1. Marco jurídico de las desmovilizaciones

Por metodología, la Sala considera necesario precisar, primero, cómo estaba regulado el tema de las desmovilizaciones colectivas e individuales para la época en que se produjo la entrega de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC, a efectos de determinar las competencias de cada una de las autoridades que intervenían en ellas. Véase:

Por mandato constitucional la paz es una política de Estado que corresponde dirigir al Presidente de la República, quien tiene como función mantener el orden público y ser el supremo director de la Fuerza Pública (art. 189, numerales 3º y 4º).

La Ley 104 de 1993(28), conocida entonces como Ley de Orden Público, en sus artículo 15 y, posteriormente, el 4º de la Ley 782 de 2002 —que prorrogó su vigencia— señalan que al Presidente de la Republica le corresponde dirigir el proceso de paz.

La primera normatividad citada, esto es la Ley 104 de 2003, conocida también como Ley de Orden Público, creó instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia, las entregas voluntarias, introdujo disposiciones tendientes al diálogo con “grupos subversivos, de justicia privada o denominados “milicias populares rurales o urbanas”, su desmovilización y reinserción a la vida civil, así como los beneficios jurídicos y asistencia socioeconómica, atención a las víctimas de atentados terroristas, estableció mecanismos de control sobre financiamiento de actividades subversivas o terroristas, información, medios de comunicación y sistemas de radiocomunicaciones, y se definieron las sanciones por incumplimiento de órdenes del Presidente de la República en materia de orden público, entre otras.

Esta ley, que se expidió con una vigencia de dos años a partir de su publicación, fue prorrogada por dos años más por la Ley 241 de 1995(29) y derogada por la Ley 418(30) de 1997, con la cual se pretendió facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, “a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización”(31).

En desarrollo de tales postulados, se expidió, entre otras, la Ley 434 de 1998, en cuyo artículo 8º, señaló como funciones presidenciales delegables en materia de paz las de los literales a), b) y c) del artículo 14 de la Ley 104 de 1993, cuyo contenido es el siguiente:

“a) Realizar actos tendientes a entablar los diálogos a que se refiere este capítulo;

b) Adelantar diálogos con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros, tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil;

c) Firmar acuerdos con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros, dirigidos a obtener la desmovilización y reincorporación a la vida civil de sus integrantes. Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar y culminar el proceso de paz”.

El artículo 35 de esta ley —434 de 1998— creó de manera permanente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cuyas funciones estaban determinadas en el artículo 1º del Decreto Presidencial 2107 de 1994(32), así:

“(…)

“a) Asesorar al Presidente de la República en la estructuración y desarrollo de la política de paz;

“b) Verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas, con el fin de determinar la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, de conformidad con lo que disponga el Presidente de la República;

“c) Convocar a los sectores de la sociedad civil en torno al propósito de la reconciliación nacional;

“d) Facilitar la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil en las gestiones que a su juicio puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos de paz, de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la República;

“e) Dirigir los diálogos y firmar acuerdos con los voceros y representantes de los grupos alzados en armas, tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil, de acuerdo con las órdenes que le imparta el Presidente de la República;

“f) Como representante del Presidente de la República, definir los términos de la agenda de negociación;

“g) Establecer los mecanismos e instrumentos administrativos que permitan el desarrollo de sus funciones en forma gerencial;

“h) Ser el vocero del Gobierno Nacional respecto del desarrollo de la política de paz frente a la opinión pública.

“PAR.—La información sobre los procesos de paz la suministrara el Alto Comisionado para la Paz”.

Para la fecha en que se llevó a cabo la desmovilización de lo que se conoció como el Frente Cacica La Gaitana de las FARC., era de público conocimiento, que la política del Gobierno de entonces aspiraba extender ese tipo de acercamientos también a las denominadas autodefensas. Por ello, una vez venció el término de vigencia de la ley citada en precedencia, este se prorrogó con la Nº 782 de 2002, en cuyo artículo 3º(33), se eliminó la expresión grupos a los cuales el Gobierno les reconozca carácter político, quedando únicamente la de “grupos armados”, de manera más general, así:

“Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

a) Realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de la ley; 

“b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros, o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estos grupos, o lograr su sometimiento a la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.

“Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen los partes.

“Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que los suscribe.

“PAR. 1º—De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

“PAR. 2º—Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.

“Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos, y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados al margen de la ley. Las partes acordarán mecanismos de verificación conjunta de los acuerdos, diálogos o acercamientos, y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación,

“Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.

“Para propiciar acercamientos, diálogos o negociaciones en procura de la paz, el Presidente de la República, mediante orden escrita, determinará la localización y las modalidades de acción de la fuerza pública, bajo el supuesto de que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni se generen inconvenientes o conflictos sociales.

“[…] Se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos de que trata esta ley.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Gobierno Nacional podrá acordar con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los que se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos, su ubicación temporal o la de sus miembros, en precisas y determinadas zonas del territorio nacional o internacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra ellos, hasta que el Gobierno así lo determine, o declare que ha culminado el proceso. La Fuerza Pública garantizará la seguridad de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz, que se encuentran en la zona, en proceso de desplazamiento hacia ella, o en eventual retorno a su lugar de origen.

“En ningún caso podrán subsistir estas zonas si con ellas se afecta el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles.

“PAR. 3º—Se entiende por miembro-representante la persona que el grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno Nacional o sus delegados.

“Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. No será admitida como vocera, la persona contra quien obre, previo al inicio de estos, resolución de acusación.

“PAR. 4º—Con el fin de garantizar la participación de los miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad en los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, el Gobierno Nacional podrá dictar las medidas necesarias que faciliten su gestión, mientras cumplen su condena o la medida de aseguramiento respectiva” (resalta la Corte).

De igual modo, el artículo 21 de la misma normatividad estableció las reglas para reconocer la condición de miembro de un grupo armado ilegal, estableciendo derroteros precisos para las desmovilizaciones colectivas y las individuales, así:

“[…] La calidad de miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley se comprobará por el reconocimiento expreso de los voceros o representantes del mismo, por las pruebas que aporte el solicitante, o mediante la información de que dispongan las instituciones estatales.

“PAR.—Cuando se trate de personas que hayan hecho abandono voluntario de un grupo armado organizado al margen de la ley, y se presenten ante las autoridades civiles, judiciales o militares, la autoridad competente enviará de oficio, en un término no mayor de tres (3) días más el de la distancia, la documentación pertinente al Comité Operativo para la Dejación de las Armas, creado por el Decreto 1385 de 1994, para que resuelva si expide o no la certificación a que hace referencia el artículo 1º del mencionado decreto.

“La decisión tomada por el Comité Operativo para la dejación de las Armas deberá ser enviada, además del Gobierno Nacional, a la autoridad judicial competente, quien con fundamento en ella decidirá lo pertinente respecto a los beneficios a que hace referencia el presente título”.

Esta disposición, sin embargo, fue expresamente modificada por el Decreto 3360 de 2003(34), cuyo contenido amerita citarse integralmente:

“DECRETO 3360 DE 2003

(Noviembre 21)

‘Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002’.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

“Que la Ley 782 de 2002 por medio de la cual se prorrogó la vigencia y se modificó la Ley 418 de 1997 —prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999— contiene las disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación y la convivencia pacífica;

“Que el artículo 65 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002 —en su artículo 25— dispone que “las personas que se desmovilicen bajo el marco de acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales el Gobierno Nacional haya adelantado un proceso de paz, o en forma individual, podrán beneficiarse, en la medida en que lo permita su situación jurídica, de los programas de reinserción socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno Nacional”;

Que es necesario fijar condiciones de procedimiento específicas para facilitar la desmovilización colectiva de grupos armados organizados al margen de la ley, en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional;

“Que de conformidad con el artículo 53 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002 —en su artículo 21— una de las formas de comprobar la calidad de miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley es “el reconocimiento expreso de los voceros o representantes del mismo”,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Generalidades

“ART. 1º—Cuando se trate de desmovilización colectiva en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista de desmovilizados suscrita por los voceros o miembros representantes de dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad.

“Esta lista debe ser recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz.

La lista de que trata el presente artículo habilita al desmovilizado para acceder al proceso de reincorporación y sustituye, para todos los efectos, la certificación expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, Coda.

“ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación”(35).

Por su parte, el Decreto 128 de 2003(36), reglamentó la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil de las personas que se desmovilizaran voluntariamente o colectivamente, señalando en sus motivaciones, que,

“[…] la norma anteriormente citada dispone que las personas desmovilizadas bajo el marco de acuerdos con las organizaciones armadas al margen de la ley o en forma individual podrán beneficiarse, en la medida que lo permita su situación jurídica, de los programas de reincorporación socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno Nacional;

“Que el Gobierno Nacional puede facilitar a los desmovilizados mecanismos que les permitan incorporarse a un proyecto de vida de manera segura y digna;

“Que dadas las circunstancias anteriores, es preciso fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder a los beneficios socioeconómicos, una vez iniciado el proceso de reincorporación a la vida civil como consecuencia de la desmovilización voluntaria”.

Este decreto precisó que las políticas de reincorporación a la sociedad civil y los beneficios socioeconómicos serán fijadas por el Ministerio del Interior(37) en coordinación con el Ministerio de Defensa. Estableció definiciones(38) como las de grupo familiar, reincorporado, etc., siendo del caso resaltar las siguientes:

Desmovilizado. Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República.

Certificación del CODA. Es el documento que expide el Comité Operativo para la Dejación de Armas, CODA, dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla. Esa certificación permite el ingreso del desmovilizado al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su favor, de los beneficios jurídicos socioeconómicos de que hablan la ley y este decreto”.

Recapitulando, para la fecha de los hechos —2005-2006—, las competencias con respecto a las desmovilizaciones individuales y colectivas estaban discernidas así:

i) Las desmovilizaciones colectivas eran de competencia del Alto Comisionado para la Paz, quien actuaba por instrucciones del Presidente de la República(39), como quiera que entre sus funciones estaban las de “Verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas, con el fin de determinar la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, de conformidad con lo que disponga el Presidente de la República” y “dirigir los diálogos y firmar acuerdos con los voceros y representantes de los grupos alzados en armas, tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil, de acuerdo con las órdenes que le imparta el Presidente de la República”(40).

Como se vio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 782, tenía competencia para iniciar acercamientos con miembros de organizaciones armadas al margen de la ley con intención de reincorporarse a la vida civil.

Las desmovilizaciones individuales son de competencia del Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con el Ministerio del Interior.

ii) Las desmovilizaciones colectivas son el resultado de un acuerdo entre el Alto Comisionado para la Paz y el miembro que la organización armada ilegal designe como tal para esos efectos, reconocido como tal por el Gobierno Nacional.

Por obvias razones, las desmovilizaciones individuales no son producto de diálogos o acercamientos previos con el Gobierno, a través del Alto Comisionado para la Paz. Corresponden a la decisión personal del miembro de la organización armada ilegal. En estos casos, la persona o personas, por voluntad propia, se presentan ante jueces, fiscales, autoridades militares o de policía, representantes del Procurador, representantes del Defensor del Pueblo o las autoridades territoriales, “quienes informarán inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Guarnición Militar más cercana al lugar de la entrega”(41).

iii) En las desmovilizaciones colectivas la calidad de miembro de la organización armada ilegal se acredita mediante la “lista” que presenta el vocero o representante de dicho grupo, quien expresamente manifiesta reconocer su pertenencia al mismo.

En las desmovilizaciones individuales, la pertenencia al grupo armado ilegal se acredita mediante la certificación expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA(42), el cual, para el cumplimiento de sus funciones, “podrá solicitar a los organismos de seguridad del Estado, autoridades judiciales y demás instituciones competentes, la información que posean sobre la persona que desea incorporarse a la vida civil […]”.

3.2. El caso concreto

Con base en el anterior recuento normativo, la Sala concluye que la desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC se llevó a cabo aplicando todos los protocolos vigentes para las desmovilizaciones colectivas, como quiera que, al menos, en apariencia, a ello se llegó como consecuencia de los “acercamientos que desde la cárcel supuestamente hizo R. A. M., alias O. S., con el doctor L. C. R. R., entonces Alto Comisionado para la Paz, como se verá más adelante.

Como consecuencia de ese acuerdo y esa voluntad expresada de reintegrarse a la vida civil, el Gobierno Nacional, mediante decreto presidencial estableció una zona de ubicación temporal y, seguidamente, reconoció a R. A. M. como miembro representante del Grupo que se dispondría a dejar las armas.

De igual modo, la calidad de miembros del Frente Cacica La Gaitana de las FARC fue demostrado mediante la lista presentada por R. A. M. al entonces Comisionado para la Paz, en la cual afirmó expresamente dar fe de ello; y así, con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 3360 de 2003, fue admitida por el doctor L. C. R., dando lugar al trámite correspondiente para el reconocimiento de los beneficios jurídicos y socioeconómicos establecidos para estos casos.

Precisado lo anterior, la Corte encuentra que la teoría del caso de la Fiscalía se construyó sin tener como referente el conjunto de normas que regulan las desmovilizaciones individuales y colectivas, pues el Fiscal se esforzó por demostrar en el juicio una intervención funcional que la ley no establece, y calificó de irregular lo que tiene sustento legal.

Tampoco puede pasarse inadvertido que, en este asunto, los hechos relevantes de la acusación se estructuraron a partir de informaciones obtenidas en la investigación adelantada por la Fiscalía 16 Anticorrupción, sin que se complementaran debida y eficazmente en cuanto a la posible participación del General L. F. S. T.

Por ello, como se verá en el acápite pertinente a la valoración probatoria, la teoría del caso se apoyó en una prueba poco creíble, la declaración de L. D., en otra de referencia no corroborada con otros medios de convicción, la entrevista de J. G. D.(43), y en otras testimoniales y documentales que ningún aporte significativo hicieron frente a la duda razonable, que indefectiblemente habrá de resolverse a favor del acusado.

Intervención de Inteligencia Militar en las desmovilizaciones colectivas.

El Fiscal aseguro categóricamente que Inteligencia Militar tiene participación en todas las desmovilizaciones de la guerrilla, y siguiendo esa lógica dedujo que si el General L. F. S. T. ejerció como Comandante de la Sexta Brigada con sede en I. hasta finales de 2005 y Director de Inteligencia del Ejército Nacional a partir de enero de 2006, sabía que no existía una Compañía denominada Cacica La Gaitana, lo cual debió poner en conocimiento del Gobierno.

Trajo como pruebas de su aserto:

i) Documento suscrito el 16 de marzo de 2006 por el Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual aceptó la lista presentada por R. A. M., en calidad de miembro representante de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC., reconociendo expresamente a las personas allí relacionadas como miembros de esa agrupación ilegal(44);

ii) Oficio Nº OFI07-42162/AUV12300 del 30 de abril de 2007, suscrito por el doctor L. C. R. R., Alto Comisionado para la Paz, y dirigido al Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, informándole acerca de las circunstancias en que R. A. M., encontrándose privado de la libertad, le hizo saber al Gobierno Nacional la disposición de desmovilizarse, “por parte de dos estructuras de las FARC que operaban en el departamento del Tolima”, razón por la cual, mediante resoluciones 303 del 16 de noviembre de 2005 y 53 del 3 de marzo de 2006, se le reconoció como miembro representante, “con el propósito de concentrar y desmovilizar a quienes formaban parte del Frente ‘Norma P. Galeano’ y de la Compañía ‘La Gaitana’ del Comando Conjunto Central, agregando que “la labor de concentración y desmovilización de las mencionadas estructuras se adelantó en coordinación con el Ejército Nacional, bajo la responsabilidad operativa de la VI Brigada con sede en I., comandada por el señor General L. F. S. T.”.

Ese documento también explicó que las citadas estructuras se desmovilizaron como grupo armado ilegal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 782 de 2002, el Frente Norma Patricia Galeano el 16 de noviembre de 2005 en la ciudad de I., y la Compañía La Gaitana el 7 de marzo de 2006 en la vereda L. T., Municipio de A., Tolima.

Igualmente señaló que “la labor de concentración y desmovilización de las mencionadas estructuras se adelantó en Coordinación con el Ejército Nacional, bajo la responsabilidad operativa de la VI Brigada con sede en I., Comandada por el señor General L. F. S. T.”(45).

iii) Oficio DIV5-BRG-BJROK-S2-252 del 26 de abril de 2007, suscrito por el T. C., J. A. V. D., Comandante del Batallón de infantería J. R., dirigido al C., M. F. C., Oficial de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el que informó que “hechas las averiguaciones pertinentes”, la desmovilización de la Compañía La Gaitana,

“fue coordinada directamente por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz encabezada por el señor Oficial de enlace que en su momento era el señor H. H. C. J. y el proceso de desmovilización se encontró bajo la dirección y coordinación del personal de la Regional de Inteligencia Militar R. 5, sin que esta Unidad Militar tuviera participación alguna en ese proceso”(46).

Para comenzar, encuentra necesario la Sala, primero, precisar que el oficio del 26 de abril de 2007, dirigido al C., M. F. C., por el T. C., J. A. V. D., no tiene aptitud probatoria, en tanto que proviene de una persona que no tuvo conocimiento directo de los hechos, y a la postre, suministró información de referencia, toda vez que, tal como allí lo advirtió, su respuesta se fundamentó en “las averiguaciones pertinentes”, las cuales no precisó, ni el Fiscal adelantó labor alguna investigativa con miras a precisar el origen o la fuente de las mismas.

Las demás pruebas en las que se apoyó la demostración de este hecho, al menos desde el punto de vista formal y legal, no dicen nada distinto a que el proceso adelantado con la Compañía La Gaitana fue direccionado por el Alto Comisionado de Paz, que tuvo como origen el acercamiento que R. A. M. estableció con el Gobierno Nacional expresando su voluntad de reincorporar esa estructura a la vida civil y que la coordinación operativa le correspondió a la VI Brigada con sede en I.

De ninguna de las pruebas mencionadas es posible inferir, ni siquiera de manera laxa, que esa desmovilización colectiva fuera el resultado de una operación o de labores ejecutadas por Inteligencia Militar, bien dentro de las funciones que le correspondían a la Sexta Brigada, o el resultado de análisis suministrados o conocidos, o aportados por el Director de Inteligencia del Ejército, mucho menos cuando no se probó nexo alguno entre el General L. F. S. T. acusado y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y tampoco, que a él se le hubiera solicitado información de inteligencia para verificar la existencia del Frente Cacica la Gaitana y la identidad de sus supuestos miembros, o que él hubiera siquiera insinuado o informado que R. A. M. tenía la disposición para desmovilizar esa esa particular estructura, o en últimas, que hubiera prestado su concurso ante el citado guerrillero, o los narcotraficantes involucrados, o el mismo Alto Comisionado para presentarle al país un falso positivo en materia de desmovilizaciones colectivas con una presunta fracción de las FARC.

Al contrario, las conclusiones del Fiscal a partir de la prueba señalada, solo ponen en evidencia que entendió equivocadamente el alcance de la expresión “coordinación operativa”, cuya responsabilidad recayó en la VI Brigada de I., al calificar esos actos como de inteligencia, lo cual no es así.

La coordinación operativa allí señalada solo hace referencia a la parte logística, como lo fue en este caso concentrar a los supuestos miembros del mencionado frente Cacica La Gaitana dispuestos a desmovilizarse colectivamente como fracción de las FARC, a disponer todo lo necesario para prestarle seguridad a la zona de ubicación temporal, lo cual aparejaba la responsabilidad de esa Unidad Militar de evitar atentados o situaciones que pusieran en peligro a cualquiera de las personas que allí se encontraban, e incluso trasladarlos a sus lugares de origen, nada más, pues en el Ejército lo operativo implica cumplimiento de órdenes más no toma de decisiones.

Obsérvese que en el oficio del 27 de abril de 2007, el doctor L. C. R., quien intervino directamente y a nombre del Gobierno Nacional en ese acto, le indicó al Jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que R. A. M., encontrándose privado de la libertad, “le hizo saber al Gobierno Nacional sobre la disposición de desmovilizarse, por parte de dos estructuras de las FARC que operaban en el departamento del Tolima”, lo cual explica por qué, acto seguido, se definió una zona de ubicación temporal por 8 días y se reconoció al citado como miembro representante de esa organización guerrillera, en los términos y con los efectos del artículo 3º de la Ley 782 de 2002.

De ahí que, con sujeción a esa misma normativa, una vez realizado el acto material de la entrega de armas, cuya acta solo fue suscrita por el Alto Comisionado Para la Paz y R. A. M., el funcionario en mención aceptó el listado de personas presentado por R. A. M. en el cual afirmó expresamente que las mismas pertenecían a la Compañía La Gaitana de las FARC, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 3360 de 2003.

Recuérdese que dicha disposición legal señaló como suficiente, la manifestación del miembro representante acerca de la pertenencia al grupo, de las personas enlistadas por él para la desmovilización, pues en estos eventos, a diferencia de lo que ocurre con las entregas individuales o voluntarias, la ley no impone exigencia adicional. Al contrario, como ya se señaló, expresamente dispuso que “la lista de que trata el presente decreto habilita al desmovilizado para acceder al proceso de reincorporación y sustituye, para todos los efectos, la certificación expedida por el Comité Operativo para la dejación de Armas”.

Todo ello, no está de más tenerlo en cuenta, ocurrió en marzo de 2006, fecha para la cual el General L. F. S. T. fungía como Director de Inteligencia del Ejército y no como Comandante de la VI Brigada con sede en I., así el oficio del Alto Comisionado para la Paz expresara que la coordinación operativa de la desmovilización del Frente Cacica la Gaitana de las FARC “se adelantó en coordinación con el Ejército, bajo la responsabilidad operativa de la VI Brigada”, pues es claro, como lo hizo notar el defensor, que se quiso referir a la institución y no a la persona.

Lo anterior encuentra corroboración y explicación en la respuesta que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le suministró al abogado de la defensa, en el oficio Nº 00027750/JMSC 31120 del 8 de marzo de 2013, admitida en el juicio como prueba documental D9, en la cual se expresó lo siguiente:

“[…] me permito informarle que una vez revisado el sistema de información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y sus archivos; se pudo verificar que en los mismos no reposa ninguna documentación relacionada con la existencia de ‘pruebas escritas y/o testimoniales que presentó el señor R. A. M., para que el Gobierno Nacional mediante Resolución Presidencial 53 del 6 del 6 (sic) de Marzo del 2006, le reconociera el carácter de miembro representante de las Farc’, ni documentación relacionada con alguna actuación de ‘corroboración ante autoridades o instituciones sobre la pertenencia del señor R. A. M. a las Farc para el mes de Marzo de 2006’; ni de la existencia de archivos o documentos relacionados con la ‘actividad dirigida a la verificación de la existencia de la Compañía Cacique Gaitana de las Farc’”.

En el mismo sentido fue igualmente el oficio Nº 1989 del Asesor Jurídico del Programa de Atención Humanitaria al desmovilizado del Ministerio de Defensa(47), en el cual, a petición elevada por el Fiscal director de este asunto, informó que esa oficina solo tiene responsabilidad frente a las desmovilizaciones individuales, y no conoció de la Compañía La Gaitana “por tratarse de un acuerdo de negociación exclusiva y excluyente del Alto Comisionado para la Paz”.

Siendo ello así, la prueba testimonial, apenas referida por el Fiscal, ningún aporte le hace a la tesis según la cual Inteligencia Militar participa en todas las desmovilizaciones de la guerrilla, pues se trata de una afirmación producto de una confusión conceptual entre una desmovilización colectiva y una individual, y el carácter demostrativo que quiso otorgarles, se reduce a la reproducción de algunas manifestaciones de los testigos, a las que no les precede un ejercicio juicioso de valoración, ni un análisis jurídico de los hechos.

En efecto, señaló el Fiscal que J. M. S. C., analista de inteligencia Militar, afirmó que cuando se presenta lo que ellos denominan “operación deserción”, a Inteligencia Militar le corresponde verificar la pertenencia de la persona a la organización guerrillera.

Para apreciar el alcance demostrativo de las afirmaciones de este testigo, no tuvo en cuenta el Fiscal, que el mismo, apenas realizó dos cursos relacionados con el tema, uno básico de inteligencia en 2004 y otro de analista entrevistador en 2009, luego no es un experto, y que, por sus respuestas, no tenía claro qué es una desmovilización, una deserción y una operación militar.

Cuando este testigo habló de la “operación deserción” —muy distinto a lo que es una desmovilización colectiva—, en estricto sentido se refirió a las desmovilizaciones individuales, cuando por labores de inteligencia se convence a un miembro de la guerrilla para que se entregue voluntariamente ante el Batallón, o el Comando, o cualquiera de las autoridades a las que se refiere el artículo 3º Decreto 128 de 2003 y abandone la organización armada ilegal.

Obsérvese cómo respondió a las preguntas formuladas por el defensor:

D. Ud. nos mencionó el término de operación militar. Es correcto?

JMSC. Sí señor.

D. Ud. Que es experto en operación militar, un proceso de desarrollo de política pública de desmovilización, es una operación militar? Si o no.

JMSC. Si claro.

D. Por qué la considera Ud una operación militar?

JMSC. Porque es una (…) dentro de nosotros los términos de inteligencia se denomina una operación de deserción, no tengo necesariamente que enfrentarme al subversivo para que el (…) disminuirlo, simplem (…) yo le puedo hacer un trabajo y puedo decirle desmovilícese véngase con cierta cantidad y sin embargo es una acción que se desarrolla, de diferentes maneras pero se está llevando como tal una operación militar”(48).

Y a las preguntas del Fiscal acerca del mismo tema, respondió:

F. Señor S., para que nos precise una respuesta que le dio ahora a la defensa. Ud nos indicó que un operativo militar también se entiende aplicado a una desmovilización por parte del Ejército, por favor concrétenos cómo interviene el Ejército e Inteligencia del Ejército en un proceso de desmovilización.

JMSC. El desarrollo de una operación de deserción se puede llevar a cabo tomando contacto con algún cabecilla o algún miembro de la estructura y simplemente empezar a hacer un trabajo donde se le empiezan a dar beneficios, como en la actualidad se presenta con el plan de desmovilizaciones del Gobierno y esa operación se lleva donde se les suministre (…) se les hace un acompañamiento, se les dice vea se les va a apoyar, abandonen las armas y llega hasta el punto donde se coordine y se dice vea (…) se vinieron 2, 3, o la misma persona empieza a entablar comunicación, uno busca la forma de cómo buscar comunicación con alguien de la estructura y empezar a poder llevar a cabo esos trabajos.

F. En desarrollo de esa labor, señor S., que realiza entonces Inteligencia del Ejército, también deben verificar si esos desmovilizados son en realidad desmovilizados o no?

JMSC. Sí claro, se verifica que realmente pertenezca a una estructura, eso se tiene en cuenta, situaciones de modo, tiempo y lugar que le están hablando, de lo que está pasando en la estructura, el movimiento, o se están moviendo por tal lado, uno verifica que realmente como que la información que le estén suministrando sea lo más real, lo más puntual, que esté ahí. Asimismo, cuando se hace ese tipo de coordinaciones uno verifica quiénes son los otros que están ahí (…) ahorita, ya uno tiene otras herramientas, con los mismos desmovilizados, que los busca y les pregunta Ud conoció a este, si este andaba con este o con este, y eso lo lleva a uno como a realizar el trabajo como tal”(49).

Los conceptos de este testigo fueron claramente explicados y corregidos por el Mayor General, en retiro, H. P. M.(50), persona con una vasta trayectoria al interior del Ejército, que ocupó todos los cargos de Comando que existen hasta el grado de Mayor General, y cuenta además con importante experiencia académica en área de inteligencia. Él compareció al juicio en calidad de experto.

En el interrogatorio formulado por la Fiscalía y por la defensa, hizo una amplia presentación acerca del orden jerárquico y de la línea de mando en Inteligencia del Ejército; precisó, contrario a lo que expresó el testigo S. C., que una desmovilización no tiene carácter de operación militar, al tiempo que explicó con amplitud y claridad cómo se desarrollan este tipo de actos, siendo evidente que conoce y entiende la normatividad que las regula.

Señaló que una desmovilización no es una operación militar porque “el Ejército tiene perfectamente definidas las operaciones y hay operaciones para la guerra regular y para la guerra irregular, si hablamos de lo que son operaciones de guerra regular tenemos que hablar de operaciones ofensivas, y esas operaciones ofensivas son cinco […]”(51).

En el tema de las desmovilizaciones se refirió a las autoridades que intervienen en las de carácter individual, enfatizando que en las colectivas “no participa todo el mundo, eso era única (…), responsabilidad única y exclusiva de una entidad del Estado que se creó con ese único fin que se llama la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.

Asimismo, al interrogársele acerca de la participación del Ejército en las desmovilizaciones colectivas, precisó:

“En las desmovilizaciones colectivas no tenía injerencia el Ejército, esa era una actividad que se cumplía a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en esos casos de desmovilización colectiva el Ejército, siguiendo todo el conducto regular que hemos (…) del que hemos hablado anteriormente, que se seguía por el Comando (…) perdón por el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General y las Fuerzas, las únicas tareas que se cumplían en esas desmovilizaciones colectivas fueron dos, una asegurar en donde se iba a concentrar el personal que se iba a desmovilizar, una seguridad perimétrica y la otra —lo interrumpe el defensor— en caso de que se diera la desmovilización y ya determinado el sitio donde se iba a producir la concentración, la Oficina del Alto Comisionado debía, observando el conducto regular, formular el requerimiento al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa al Comando General de las Fuerzas Militares”.

Acerca de cómo funciona la línea de mando al interior del Ejército, expresó:

“cualquier entidad del Ejército (…) perdón del Gobierno Nacional que requiera algo relacionado con Ejército debía hacerlo siguiendo un conducto regular y ese conducto regular es Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares y del Comando General de las Fuerzas Militares a los Comandantes de Fuerza”(52).

De igual modo, el Coronel G. W. C.,(53) en la declaración rendida en el juicio, explicó, conforme al marco legal, las diferencias entre las desmovilizaciones individuales y colectivas, las competencias del CODA —Comité Operativo para la Dejación de Armas—, del GAHD —Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado— en las desmovilizaciones individuales, enfatizando que en las colectivas el directo responsable es el Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado para la Paz, y es dicho funcionario quien expide las certificaciones correspondientes, refiriéndose, entiende la Sala, a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 423 de 2007, según el cual al Comisionado de Paz le corresponde certificar, en relación con los postulados a los beneficios de la Ley 975, el cumplimiento de “los requisitos contemplados en el artículo 10º de la misma ley y que hayan tenido lugar con motivo de las desmovilizaciones colectivas”.

Los Generales A. M. B. y C. A. S. B. expresaron que no tuvieron conocimiento de la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana hasta el momento en que se llevó a cabo el acto formal, dando como explicación para ello que “tal vez” así fue por tratarse de un asunto de inteligencia.

Lo anterior, sin embargo, no demuestra participación funcional del acusado en ese proceso, precisamente porque ellos no tuvieron conocimiento de los pormenores de cómo se llevó a cabo, y dijeron no saber si el General S. T. intervino en ejercicio de sus funciones, o de manera diferente.

Lo que sí es claro es que el Alto Comisionado de Paz fue el directo coordinador de esa desmovilización, y al parecer contaba con un equipo de asesores, entre ellos el Coronel H. H. C. J., pero no se probó en el juicio cuáles eran los apoyos que tenía el citado funcionario para determinar, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, en qué eventos resultaba viable el acercamiento de un grupo armado al margen de la ley, y cuál, y a través de qué dependencias del Ejército recibía información —de inteligencia—, si era del caso, en las desmovilizaciones colectivas.

En ese sentido, importa resaltar que cuando al General C. A. S. B. se le preguntó acerca de la intervención de la División V en la desmovilización que ocupa la atención de la Sala, respondió:

“No. La V División no tuvo ninguna, ninguna participación porque todo como se lo indiqué fue ordenado por el Comando Ejército en una coordinación directa con el Comisionado de Paz para la época y pues a la División la tuvieron siempre marginada de cualquier actividad operacional o administrativa”(54) (la subraya no corresponde al texto).

Precisó también que se enteró de la desmovilización por “una orden que me impartieron del Comando del Ejército que debía asistir a la ceremonia, nada más”(55).

No obstante, el Fiscal destacó la importancia de este testimonio porque manifestó que cuando el General L. F. S. T. se desempeñaba como Comandante de la Sexta Brigada le dijo que tenía un informante, a quien él quiso entrevistar por su intermedio sin que fuera posible, lo cual, a juicio del acusador, es demostrativo de que actuaba por fuera de la ley, pues impidió la intervención de ese alto oficial en dicho trámite.

Efectivamente el General S. B. declaró que siendo S. T. Comandante de la Sexta Brigada, le comentó que había una persona en la cárcel de la Dorada que quería entregar información sobre la guerrilla y que posiblemente se daría una desmovilización, que él le solicitó tenerlo informado, además de su intermediación para tener acceso a esa persona, pero nunca se concretó nada(56). Sin embargo, a la pregunta acerca de si era obligatorio reportarle “de manera completa el proceso de desmovilización que se venía adelantando con la denominada Compañía Cacica La Gaitana”, respondió:

“A ver, esos son aspectos de inteligencia, entonces cuando se hablaba de inteligencia y cosas que estaba manejando a ese nivel el Comisionado de Paz, a uno lo hacían aparte, pues uno decía, pues si eso lo están haciendo allá y no he recibido ninguna orden del Comando Superior, pues uno no se inmiscuía en ese tema”.

Como se ve, en últimas el testigo terminó por desvirtuar la apreciación del Fiscal, pues el mismo admitió que se trata de un asunto que no conoció y del que no se le tenía que comunicar, precisamente porque se manejaban a un nivel superior refiriéndose al Alto Comisionado para la Paz, que como se dijo, es un funcionario de la Presidencia de la República, quien para esos eventos actúa conforme a las directrices que le imparta el Presidente, a cuyo cargo está mantener el orden público, dirigir la Fuerza pública y los procesos de paz(57) .

En ese contexto, necesario es entender, que cuando el testigo enfatizó que al respecto no recibió orden alguna del Comando Superior, se está refiriendo a la cúpula máxima de la Fuerza Pública, lo cual impide sostener que el General S. T. le ocultó información que debiera conocer, o estuviera en la obligación de suministrarle, pues como se dijo, se trataba de temas dirigidos y coordinados con intervención directa del Gobierno Nacional. Además, aquí no se probó que el General S. T., desde su cargo y funciones como Comandante de la Sexta Brigada en I., o Director de Inteligencia del Ejército, hubiese prestado para esa desmovilización un apoyo específico de inteligencia, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por su parte, el General A. M. B. refirió que no supo por qué él, como Comandante de la Sexta Brigada con sede en I., se enteró 24 horas antes del acto de la desmovilización, precisando que para esa fecha no era subalterno del General L. F. S. T., razón por la cual no dependía de su oficina, ni recibía órdenes de él.

Seguridad a la zona de ubicación temporal

Le asiste razón al defensor cuando se quejó por fallas de congruencia, porque mientras que en el escrito de acusación se afirmó que para los meses de enero y febrero de 2006 “el General S. asumió la responsabilidad de prestar seguridad, a través de personal del Ejército a quienes se encontraban concentrados para la desmovilización en la vereda la Tebaida […]”, en el juicio el Fiscal sostuvo que le impartió la orden al General A. M. B., para entonces Comandante de la Sexta Brigada con sede en I.

De todos modos, ninguna de las dos hipótesis fue probada. La coordinación operativa a la que se refieren los oficios citados en precedencia no puede entenderse como si la responsabilidad de reconocer a R. A. M. como miembro representante de las FARC para la desmovilización, no de una, sino de dos estructuras de esa organización, estuviera condicionada o dependiera de actividades de inteligencia realizadas por la Sexta Brigada, primero, y después por la Dirección de Inteligencia, porque lo demostrado en este juicio frente a la intervención del Ejército en esa desmovilización, —al menos formalmente— se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley 782 de 2002 y sus decretos complementarios para las desmovilizaciones colectivas, consistente en prestar seguridad al sitio de ubicación destinado por el propio Gobierno Nacional mediante Resolución 52 del 3 de marzo de 2006(58) por el término de 8 días(59).

Recuérdese, entonces, que la disposición citada no solo prevé la posibilidad de que el Gobierno acuerde con los voceros o representantes de los grupos armados al margen de la ley con los que esté adelantando diálogos, negociaciones o acuerdos, zonas de ubicación temporal para sus miembros, sino que también,

La Fuerza Pública garantizará la seguridad de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz, que se encuentren en la zona, en proceso de desplazamiento hacia ella, o en eventual retorno a su lugar de origen”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la Carta Política, la Fuerza Pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Eso significa que la seguridad prestada por la Sexta Brigada de I., en un lugar dentro de su jurisdicción, la vereda L. T., zona de ubicación señalada mediante Resolución Presidencial 52 del 3 de marzo de 2006, “con el único propósito de concentrar y desmovilizar a quienes forman parte de la Compañía ‘La Gaitana’”, no fue irregular, independientemente de que años más tarde algunos de ellos afirmaran que la estructura no existía y que el personal, en su mayoría, no pertenecía a la guerrilla.

No obstante, observa la Sala que para la fecha de la desmovilización el General L. F. S. T. no era el Comandante de la Sexta Brigada, sino Director de Inteligencia del Ejército, pero aun así, la teoría del caso de la Fiscalía utilizó este hecho, el de la seguridad prestada a la zona de ubicación, como prueba de cargo, al referirlo como un acto individual y abusivo del acusado, basándose en las manifestaciones de los Generales A. M. B. y C. A. S. B., quienes, en su orden —según la curiosa apreciación del Fiscal—, afirmaron que 24 horas antes del acto de la desmovilización dio la orden de prestar seguridad al sitio de concentración, y que, además, estuvo presente en la ceremonia oficial.

Ninguna de las dos apreciaciones es correcta, pues contrario a ello, la prueba de la Fiscalía evidencia que no fue S. T., quien impartió la orden de prestar seguridad, ni dejó claro si estuvo o no presente en el acto formal de entrega de armas.

El General A. M. B. narró así la forma como se enteró de la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana:

“[…] yo estaba de Comandante de la Sexta Brigada con sede en I. El día sábado 4 de marzo llegaron a mi oficina el General S. y el señor Coronel C., aproximadamente a las 10 de la mañana, a informarme y a pedirme una seguridad porque se iba a desmovilizar un grupo de bandidos de las FARC y que venían a pedir seguridad de ese sitio donde se iban a desmovilizar. Acto seguido llamé al Capitán B. quien era el Comandante de las Fuerzas Especiales, lo puse a órdenes del señor Coronel C., quien los llevaría aproximadamente al medio día al Batallón y lo llevó hasta el sitio donde debían prestar en el sector, en una escuela en este corregimiento de la Tebaida, allá se cumplió con esa misión de prestar seguridad y después el Capitán se reporta al COB Centro de Operaciones de la Brigada a mí me informaba por vía telefónica de lo que estaba sucediendo allá y el día martes se llevó a cabo la desmovilización, estuvo la presencia de las autoridades departamentales, Comisionado de Paz, Comandante del Ejército, Director de la Policía, Comandante de la División, y después, el día viernes se le prestó seguridad para escoltar en dos buses a este personal que se había desmovilizado hasta el retén de Gualanday, ahí lo recibió un escolta de la Policía y siguieron en dirección a Bogotá, pues la labor mía, como les dije, me enteré el sábado y se limitó a prestar el apoyo de la seguridad de la desmovilización de ese grupo”(60).

Para despejar la ambigüedad que pudiera generar tal respuesta, el defensor le preguntó en el contrainterrogatorio que precisara “quién exactamente delegó la petición de seguridad”, y él respondió, “pues mi General iba acompañando a C. y C. como era el que coordinaba las, digamos la seguridad en los movimientos de esta desmovilización, pues él me dijo que venía a pedir para movilizarse allá(61). Igualmente, cuando se le indagó si el acusado tuvo participación directa en la organización de la seguridad para esa desmovilización, enfáticamente contestó: “No señor, ya lo dije anteriormente que fue el Coronel C. quien llevó al Capitán y dijo cuál era la misión que iba a realizarse en ese sitio”(62).

Efectivamente, el Coronel D. Y. B. L.(63), en testimonio rendido en este juicio expresó que a él se le encomendó la seguridad al sitio donde se llevó a cabo la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC., y así relató las circunstancias en que recibió la orden:

“[…] Fui llamado al Comando de la Sexta Brigada en I. por parte del General M., más o menos, creo que a las nueve de la mañana aproximadamente, me dice que debo alistar la agrupación para quedar a disposición de un señor Coronel que estaba ahí, Coronel H. C. y que hiciera una coordinación con él en el tema de seguridad, eso fue la misión como tal. Después de que salí de la oficina de mi General con el señor Coronel, me dice ¿cuánto se demora B. en tener la agrupación lista? Yo le dije más o menos dos horas, me dijo, ¿once de la mañana? Le dije si señor a las once de la mañana estoy listo, a esa hora […] llegué con toda la agrupación en camiones y motos, los vehículos que teníamos designados, él estaba en un vehículo, me dijo sígame, salimos por I. vía A. hasta un punto donde nos metimos por una trocha, más o menos nos movimos cinco kilómetros, el paró adelante, me dijo espéreme aquí B. ya vengo. Más o menos se demoró entre 20, media hora en llegar, llegó el vehículo, se bajó el señor Coronel y se bajó un sujeto vestido de verde con brazalete de las FARC barbado, mi Coronel me llama y me dice B. es que esto es un grupo de las FARC que se va desmovilizar y se encuentra en la parte alta, Ud tiene que prestar seguridad en el caserío de la Tebaida porque ellos van a llegar allá a la escuela, que ya está preparado todo y Ud no puede, a ellos no les puede pasar nada porque vienen haciendo un desplazamiento muy largo; esa fue la misión que recibí de parte de él, el cogió y se subió otra vez al carro con ese sujeto, se fue, y yo inmediatamente lo que hice con la agrupación fue que llegué al sector de la Tebaida, tome la seguridad externa, y al otro día, un domingo como en la noche, efectivamente llegaron en unos camiones unos sujetos armados directamente” (subraya la Sala)(64).

Este relato, de la persona que tuvo a cargo la seguridad del lugar donde se desarrolló la desmovilización, deja en claro que la orden de prestar seguridad provino, como era apenas obvio, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través del funcionario del Ejército designado para esa dependencia como oficial de enlace, pues al respecto no puede perderse de vista, como lo demostró el defensor del acusado(65), que mediante Decreto 2834 de 2005 el Ministerio de Defensa Nacional destinó en Comisión Administrativa permanente al Coronel H. H. C. J. a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El General C. A. S. B., quien se desempeñó como Comandante de la V División del Ejército para 2005 y 2006(66), sostuvo que el conocimiento que tuvo de la desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las FARC.

“para ese momento era muy reducido, porque no tenía esa información. Esa información la manejó directamente Ejército con el Comisionado de Paz, y cuando yo vine a saber algo del tema de la desmovilización, fue una orden que me impartieron del Comando del Ejército que debía asistir a la ceremonia, pero nada más”(67).

También expresó que el General M. B., le informó que iba a llevarse a cabo una desmovilización, aclarándole que todo lo estaba manejando directamente el Comisionado de Paz […], posteriormente fue que me informaron que por orden del Comandante del Ejército debía asistir a la ceremonia de esa desmovilización”(68). Por ello, al interrogársele acerca de las autoridades que asistieron a esa desmovilización, respondió que: “[…] no fue ceremonia sino una reunión donde asistió el Comandante del Ejército, el Comandante de la Policía, el Comisionado de Paz, estaba el Comandante de la Brigada y el Comandante de la V División porque nos correspondía por ser nuestra jurisdicción pero todo se manejó directamente por Ejército”(69).

Al interrogársele acerca de la participación de la V División en la citada desmovilización, contestó:

“No. La Quinta División no tuvo ninguna participación porque todo como se lo indiqué fue ordenado por el Comando Ejército en una coordinación directa con el Comisionado de Paz para la época, y pues, a la División la tuvieron siempre marginada de cualquier actividad operacional o administrativa”(70).

Nótese de las respuestas de estos testigos, que las órdenes impartidas en relación con los actos operativos cumplidos por la Sexta Brigada en relación con la desmovilización de la Cacica La Gaitana emanaron de la Oficina del Alto Comisionado y del Comandante General el Ejército, y fueron comunicadas o transmitidas a través del Oficial de enlace designado por el Ministerio de Defensa, lo cual explica su acatamiento por parte del General A. M. B., para entonces Comandante de esa brigada.

La línea de mando ejercida, entonces, fue de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba y, en ese orden, no es dable sostener, porque tampoco se demostró, que la intervención del Ejército en ese tema no se dio a partir de labores desarrolladas por la Sexta Brigada con sede en I., cuando el General L. F. S. T. fue su comandante, o aquellas que le competían en la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Lo que está demostrado, es que, independientemente de la persona a cargo de la Sexta Brigada, en la desmovilización de la Cacica La Gaitana, a esa Unidad Militar le correspondió la coordinación operativa, específicamente la de prestar seguridad a la zona de ubicación temporal, lo cual, de ningún modo, puede atribuírsele al General L. F. S. T. como un acto de su estricta liberalidad, aislado, o como mero ejercicio de poder y superioridad, mucho menos si se tiene en cuenta que para marzo de 2006 se encontraba en la Dirección de Inteligencia del Ejército, y como quedó evidenciado, la orden en tal sentido fue impartida por un mando Superior.

Recuérdese que conforme a las explicaciones suministradas por el Mayor General H. P. M., el Comandante del Ejército “es la máxima instancia que tiene el Ejército en orden estrictamente jerárquico y de antigüedad, está el Segundo Comandante, pero ese Segundo Comandante también recibe el nombre de Jefe de Estado Mayor y de ese Jefe de Estado mayor dependían para esa época […]” otras jefaturas como la de Operaciones, Logística, Desarrollo Humano, Educación, Etc., y el Director de Inteligencia del Ejército “está en la jefatura que comparte con el Director de Operaciones y el Director de Acción Integral del Ejército”(71), de modo que cualquier actividad del Director de Inteligencia, “debía contar con el visto bueno del Jefe de Operaciones, el Jefe de Operaciones se lo tenía que hacer conocer al Segundo Comandante del Ejército y lo reportaba al Comandante del Ejército”(72).

Además, si de acuerdo con la explicación del testigo experto, el cargo de Director de Inteligencia es de nivel asesor, razón por la cual no tiene mando sobre la tropa(73), el General L. F. S. T. no podía disponer desplazamientos, y menos ordenarle al Comandante de la Sexta Brigada —que sí ejercía cargo de mando— prestarle seguridad al sitio de concentración, pues, como ya se demostró ampliamente con sustento jurídico y testimonial, no fue él quien lo hizo, porque tal directriz se transmitió directamente desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través del Oficial de Enlace del Ejército que el propio Gobierno designó, y con sustento en un mandato legal.

En ese preciso sentido se pronunció el General C. A. S. B. cuando refirió que no tuvo conocimiento alguno de lo que estaba por ocurrir en la Tebaida, pues “[…] posteriormente fue que me informaron que por orden del Comandante del Ejército debía asistir a la ceremonia de esa desmovilización”(74), y más adelante al recabarle acerca del mismo tema, enfatizó que “[…] del Comando Superior hacia abajo nunca hubo una orden de operaciones, ni una orden administrativa en la cual dieran funciones a cada uno de los miembros de la Brigada o de la División, de en qué hechos teníamos que participar, nunca hubo un documento al respecto”(75).

Ahora bien, aunque el Fiscal insistió en afirmar que el General L. F. S. T. estuvo presente en la ceremonia de desmovilización de la Compañía La Gaitana, no precisó cuál es la importancia de esa circunstancia, la cual, a juicio de la Sala resulta irrelevante. Además, los testigos reseñados en precedencia no lo mencionaron entre las autoridades que estuvieron presentes en el acto como representantes del Gobierno, y aunque el General C. A. S. B. dijo haberlo visto entre las autoridades militares que asistieron al acto, explicó que “como ya no hacía parte digamos de la jurisdicción y de la línea de mando mío solamente hubo un saludo”(76), es decir, no le consta por qué razón estaba allí, o en qué condición.

Inexistencia de la Compañía Cacica La Gaitana y no actuación de R. A. M. como miembro de las FARC en el Tolima, ni como informante de la Sexta Brigada

Como quedó evidenciado atrás, la Fiscalía no demostró participación oficial del General L. F. S. T. en la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC.

Sin embargo, se analizarán los otros hechos enunciados con sustento en la teoría del caso, a efectos de establecer si los mismos fueron acreditados, y si a partir de ellos, es posible atribuirle responsabilidad penal al acusado.

El Fiscal afirmó que el acusado sabía de la no existencia de la Cacica La Gaitana, y aun así dirigió su comportamiento a obtener el fin propuesto, que no era otro que lograr la desmovilización de una estructura que no existía al interior de las FARC, pues R. A. M., como miembro de esa organización, nunca delinquió en el departamento del Tolima, y tampoco fue informante de la Sexta Brigada.

Tales hechos los estimó probados con las siguientes pruebas:

F31, Informe del investigador de la Fiscalía, según el cual en Justicia y Paz no halló información relacionada con la Compañía Cacica La Gaitana.

F29, Oficio del 31 de agosto de 2009, suscrito por el Comandante de Policía del Tolima, dirigido al investigador criminalístico de la Unidad de Justicia y Paz, informando que para el año 2006 delinquían en el departamento del Tolima, entre otros, el Frente 21 La Gaitana y que, consultados los archivos, no se encontraron datos de estructura armada “Compañía Cacica La Gaitana”, pues de ella se enteraron el día de su desmovilización.

Manifestó igualmente que el grupo armado ilegal entregó “26 fusiles (AK-47, R15 y G 3), 7 revólveres, 14 pistolas, 5 subametralladoras, 1 lanzagranadas MGL, una ametralladora punto 30, 1 changón, 1 computador portátil y un avión aerocomander 685, motor de 400 hp, el cual se encontraba en la pista de Corozal (Sucre), la cual posteriormente debieron desmentir considerando que llevaba varios años incautada por la DIAN”, que al acto protocolario asistieron el Alto Comisionado para la Paz, el Comandante General del Ejército, el Director General de la Policía Nacional, el Comandante de la Sexta Brigada y el Director de Inteligencia del Ejército, L. F. S. T., entre otras autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

F45, Documento reservado de las Fuerzas Militares fechado el 4 de agosto de 2012, dirigido al investigador Criminalístico del grupo de apoyo a Fiscales Delegados ante la Corte, con información del Frente 21 de las FARC. al mando de L. E. R., alias M.

Mencionó también la no existencia de registros en la Sexta Brigada acerca de R. A. M.(77) como informante de esa dependencia.

F39, Oficio del 29 de octubre de 2005 suscrito por el General L. F. S. T., en calidad de Comandante de la Sexta Brigada de I., dirigido a la Fiscalía 18 Seccional de esa ciudad,(78) informando acerca de la Cuadrilla 21, Cacica La Gaitana de las FARC integrada por cinco comisiones de orden público, siendo su cabecilla L. E. R., alias M.

Pues bien, de la prueba documental citada por el Fiscal para demostrar la inexistencia del Frente Cacica La Gaitana de las FARC, para la Sala, resulta más que suficiente la información oficial —reservada— que las Fuerzas Militares suministraron a esta investigación, relativa a la existencia del Frente 21 de las FRC (sic), también conocido como Cacica La Gaitana, al mando de alias M., el cual todavía opera en el Tolima porque no se ha desmovilizado.

Ahora, en el mismo sentido, el oficio del Comandante de la Policía del Tolima, también dio cuenta de información obtenida de la Seccional de Inteligencia acerca de las estructuras de las FARC que operaban en el Tolima, entre las cuales se encuentra el “frente” Cacica la Gaitana, más no una “compañía” con ese nombre.

En igual sentido, también se corrobora esa información oficial con los testimonios de H. D. T.(79) y L. E. M. V., exmiembros de las FARC.

El primero dijo que el Frente 21 tenía una “compañía P. Galeano, o algo así”, que conocía a O. S. y a P. R. porque fueron compañeros, más lo que supo de la desmovilización de la Cacica La Gaitana, fue por comentarios que escuchó en la cárcel, aunque señaló estar amenazado por personas muy peligrosas, que no identificó.

L. E. M. V., manifestó que el Frente 21 de las FARC también conocido como Cacica La Gaitana, cuyo comandante es alias M., no se ha desmovilizado. Aun así, precisó que de la desmovilización de la estructura con ese nombre solo supo lo que escuchó en la cárcel, porque para 2006, se encontraba privado de la libertad.

El General C. A. S. B., Comandante de la V División y J. M. S. C., analista de inteligencia de la Sexta Brigada, precisaron que si bien su jurisdicción comprendía el departamento del Tolima, no escucharon de la existencia de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC, ni de O. S.

Todo lo anterior, evidentemente, indica que dentro de las FARC no existió un frente denominado Cacica La Gaitana, y que el 21, que lleva ese nombre, no se ha desmovilizado.

No obstante ello, tal demostración, que constituye uno de los hechos del caso, no conlleva a la demostración de responsabilidad o participación del General L. F. S. T., en un acto que se presentó al país como un logro de la política de paz y de reincorporación a la vida civil de todos los actores armados involucrados en el conflicto interno, cuando en realidad no fue más que una farsa.

Por último, en relación con la prueba demostrativa de la inexistencia del Frente Cacica La Gaitana, no está de más precisar, que el informe del investigador de la Fiscalía según el cual en Justicia y Paz no halló información acerca de la Compañía la Gaitana, es irrelevante e impertinente porque la fuente consultada no es la llamada a certificar su existencia.

Ahora bien, en cuanto a los alcances que el Fiscal pretendió otorgarle al oficio del Comandante de Policía del Tolima, como medio demostrativo de la intervención irregular del General L. F. S. T. en el montaje de esa desmovilización de falsos guerrilleros, carecen de la fuerza vinculante que se les quiso asignar, pues la información pareciera estar basada en fuentes distintas a las que directamente participaron en el acto, toda vez que no guarda coincidencia con la suministrada por la Consejería Presidencial para la Paz, en donde reposan los antecedentes de la misma.

Quien respondió en 2009 en calidad de Comandante de la Policía del Tolima, no era la misma persona que asistió a la ceremonia del 7 de marzo de 2006, y no precisó cómo obtuvo la información relacionada con la desmovilización de la supuesta estructura identificada como Compañía Cacica La Gaitana, toda vez que los pormenores suministrados en cuanto a los elementos entregados no coinciden con los del acta 113 del 11 de marzo de 2006 (F6), contentiva de la lista de armas “que pertenecían al personal desmovilizado el día 7 de marzo de la Compañía Cacica La Gaitana del Frente 21 de las ONT, que hace la Sección Segunda del Almacén de Armas decomisadas de Servicios No. 6 Francisco Antonio Zea”.

Y aunque en los archivos de la Consejería Presidencial para la Paz solo se tiene constancia de que se hizo entrega de armas, municiones y 3 radios de comunicaciones, algunas antenas y baterías, el Comandante de la Policía del Tolima dio cuenta, además, de un avión aerocomander 685 y un computador portátil.

No obstante ello, y pese a que esa información la conoció la Fiscalía en desarrollo de sus labores investigativas, y que, al menos al avión aerocomander no solo se refirieron varios medios de comunicación de la época, y en este juicio lo hicieron S. M. G. y L. D.(80), quienes manifestaron que se trataba de un avión suministrado por H. A. R. Y., el cual finalmente no pudo mostrarse ante la opinión pública porque estaba decomisado desde años atrás por un asunto relacionado con narcotráfico, el Fiscal no adelantó ninguna labor de verificación al respecto, pese a que R. Y. fue señalado de ser uno de los financiadores de la desmovilización, motivado por el interés era evitar su extradición a los Estados Unidos, precisamente por delitos de narcotráfico.

En lo que tiene que ver con la información suministrada por el General L. F. S. T. a una Fiscalía de I., mediante oficio fechado el 29 de octubre de 2005, la Sala encuentra, contrario a lo sostenido por el Fiscal, que no contradice la oficial suministrada a esta investigación por las Fuerzas Militares con base en documentos reservados, en el sentido de que el frente 21 o cuadrilla 21 de las FARC estaba al mando de L. E. R., alias M.

En efecto, el citado oficio, suscrito por el acusado en calidad de Comandante de la Sexta Brigada de I., dio cuenta a la Fiscalía 18 Seccional, que la cuadrilla 21 de las FARC se integraba por 5 comisiones de orden público y que su comandante era L. E. R., alias M.

Siendo ello así, no resultaría lógico, ni conforme al sentido común, que el propio acusado suministrara oficialmente a la Fiscalía información cierta acerca de la conformación de la Cuadrilla 21 Cacica Gaitana, sus integrantes, comisiones y líder de la misma, si para ese momento estaba actuando irregularmente, y abusando de sus funciones, como lo dijo el Fiscal, en la conformación de un falsa Compañía que se desmovilizaría con ese nombre.

Tal prueba indica que, posiblemente, cuando el General S. T., en su condición de Comandante de la Sexta Brigada de I. suministró tal respuesta no engañó a la Justicia, ni pretendió hacerlo con ninguna otra autoridad, o no tenía conocimiento de lo que para esa fecha R. A. M. desde la cárcel le estaba planteando al Gobierno a través del Alto Comisionado para la paz, o de la farsa que este, junto con la participación de otras personas, y/o funcionarios estaba fraguando.

Por tal razón, el argumento del Fiscal, según el cual el acusado debió poner en conocimiento del Gobierno que la Compañía Cacica La Gaitana no existía, contradice su tesis acerca de la coautoría que finalmente precisó, entre otros funcionarios públicos, con el Alto Comisionado para la Paz, Dr. L. C. R. R.

Recuérdese que el funcionario acabado de mencionar, mediante oficio del 30 de abril de 2007, le informó al Jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz (F28), que la citada desmovilización fue liderada por R. A. M., quien desde su sitio de reclusión le hizo saber al Gobierno de la disposición que tenía de desmovilizar dos fracciones de las FARC, el de la Gaitana y el del Frente Norma Patricia Galeano.

Y por su parte, el oficio suscrito por el General L. F. S. T. data del 29 de octubre de 2005, mientras que, según lo informó el Alto Comisionado para la Paz, en el documento atrás citado, a R. A. M. se le reconoció como miembro representante de las FARC para la desmovilización del Frente Norma Patricia Galeano por resolución del 16 de noviembre de 2005, es decir 15 días después de que el Comandante de la Sexta Brigada suministrara a la Fiscalía información de la Cuadrilla 21 de las FARC, conocida también como Cacica La Gaitana.

Sin embargo, y aunque en el oficio del 30 de abril de 2007, suscrito por el doctor L. C. R. R., también se señaló que el mismo 16 de noviembre de 2005, fecha en que se reconoció a R. A. como miembro representante también del Frente Norma Patricia Galeano, en la ciudad de I. se llevó a cabo la ceremonia de desmovilización de esa estructura, la Fiscalía no adelantó ninguna actividad probatoria que permitiera conocer, a cuál Unidad Militar se le encomendó la coordinación operativa para esa ceremonia, ni los pormenores que rodearon ese proceso, a efectos de establecer cuando menos, si en relación con el de la Cacica la Gaitana, del que también actuó como miembro representante, hubo alguna diferencia o similitud y si, a pesar de tratarse de otro grupo que al parecer también operaba en el departamento del Tolima, el General L. F. S. T., ahí si como comandante de la Sexta Brigada, tuvo alguna intervención, y de qué naturaleza.

Esta, es otra muestra clara de las deficiencias de la investigación, pues dejó una serie de interrogantes no resueltos frente a la forma como se desarrollaron los hechos, los cuales no permitieron despejar con claridad las dudas frente a la intervención de las Fuerzas Militares —oficial o extraoficialmente— y en particular del General L. F. S. T. ante el Gobierno Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para facilitar o propiciar esa desmovilización que, a la postre, resultó falsa.

La no pertenencia de R. A. M. a ninguna estructura de las FARC en el Tolima, es otro hecho irrelevante. Conforme se lee en la Resolución 53 del 6 de marzo de 2006, el Gobierno Nacional reconoció a alias O. S., como miembro representante de las FARC y no en particular como Comandante de la Compañía Cacica La Gaitana.

En efecto, tras precisar en las consideraciones que, “La Compañía la Gaitana, del Comando Conjunto Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ha manifestado su voluntad de realizar todos los actos tendientes a su desmovilización y reincorporación a la vida civil”, el artículo primero de la parte resolutiva, expresamente dijo:

“(…) Para los efectos mencionados en la parte considerativa de esta resolución, reconocer el carácter de miembro representante de las FARC, al señor R. A. M., por el término de 8 días” (subraya la Sala).

Lo anterior, además, significa que la condición de representante de la organización guerrillera no necesariamente indica la condición de jefe, líder o comandante de la estructura desmovilizada, como parece entenderlo el Fiscal, pues con esa lógica habría de concluirse que R. A. M. también comandaba el Frente Norma Patricia Galeano, para cuya desmovilización también fue reconocido miembro representante, lo cual fatalmente no es así, y tampoco se probó, al menos comparativamente, que en otras desmovilizaciones colectivas el miembro representante fuera el líder del grupo correspondiente.

Lo demostrado con las pruebas documentales F30, F42 y F46 presentadas por el Fiscal es que R. A. M. sí perteneció al Comando Conjunto Central de las FARC, nada más.

Así las cosas, la declaración de J. M. S. C., presentada para demostrar que O. S. no operó en el Tolima, no resulta pertinente frente al objeto de prueba. Esta persona se desempeñó entre 2009 y 2013 —fechas posteriores a la desmovilización que aquí nos ocupa— como analista de inteligencia en la Sexta Brigada y expresó que no se enfocaba en los nombres sino en la ubicación de las estructuras y no hizo análisis para 2006.

De igual modo, los testimonios de los Generales A. M. B. y C. A. S. B., quienes manifestaron no tener conocimiento de que alias O. S. delinquiera en el Tolima, o liderara las estructuras de las FARC que operaban en ese departamento para 2005 y 2006, no modifica en nada el hecho de que fuese reconocido por el Gobierno Nacional como miembro representante de las FARC porque, como quedó visto, ello no implicaba su comandancia de las estructuras de esa organización guerrillera, respecto de las que hizo conocer la supuesta voluntad de reincorporarse a la vida civil, máxime cuando tal ofrecimiento ocurrió encontrándose él privado de la libertad.

En cuanto tiene que ver con la prueba acerca de que R. A. M. no aparece registrado como informante de la Sexta Brigada, tampoco le aporta nada sustancial a la teoría del caso de la Fiscalía y, en contraste, pone de nuevo en evidencia una confusión en la comprensión de los hechos y el marco normativo que rige las desmovilizaciones colectivas.

Lo anterior, por cuanto no demostró el acusador de qué manera o por qué medio R. A. M., desde la cárcel, le hizo saber al Gobierno Nacional, la disposición para desmovilizar e incorporar a la vida civil a dos estructuras de las FARC, los Frentes Norma P. Galenao y Cacica la Gaitana, y tampoco, que para ello se le hubiera encomendado al General L. F. S. T. adelantar labores de inteligencia tendientes a verificar la veracidad de esas manifestaciones o que, como consecuencia de sus actividades como Comandante de la Sexta Brigada, en 2005, o Director de Inteligencia del Ejército en 2006, las hubiera suministrado por iniciativa propia.

No puede decirse, entonces, que R. A. M. tuvo la condición de informante para la desmovilización de la Cacica La Gaitana, como quiera que su acercamiento al Gobierno Nacional y la información que estaba suministrando, así fuera falsa, fue personal y directa, asumiendo él la responsabilidad a nombre de las FARC de la entrega de las 62 personas, supuestamente miembros de ese grupo armado ilegal.

Por último, frente a este hecho no puede pasarse inadvertido que el Fiscal citó como prueba en apoyo de su tesis el testimonio de S. M. G., en cuanto manifestó que R. A. M. le comentó en la cárcel que se hizo pasar por un Comandante de las FARC, pero escuchado atentamente el testimonio que este rindió en juicio no se encontró afirmación semejante.

La única persona con la que dijo conversó en la cárcel, y en Estados Unidos, fue H. A. R. Y., alias el “C.”, quien le manifestó que en algún momento intentó vincularse a un proceso de desmovilización, específicamente el de la Cacica La Gaitana(81).

Motivos, preparación y ejecución de la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana

El Fiscal afirmó que dos fueron los motivos que llevaron a la puesta en marcha del plan dirigido a desmovilizar una falsa estructura guerrillera: i) el interés del narcotraficante H. R. de evitar su extradición y ii) la necesidad del Gobierno Nacional de presentarle al país la imagen de que el proceso de sometimiento con las autodefensas, estaba igualmente dando resultados exitosos con la guerrilla.

No obstante, es necesario preciar que el escrito de acusación, cuyo contenido fue reiterado en idénticos términos en la audiencia de sustentación, únicamente hizo alusión al interés de los narcotraficantes H. R. Y. y V. T. para evitar su extradición, siendo esa la razón por la cual la financiaron, de modo que el interés del Gobierno de mostrar acercamientos con la guerrilla, del cual se valió el Fiscal a última hora, en las alegaciones finales en el juicio, para sostener una coautoría entre S. T. y el doctor L. C. R., entre otros funcionarios involucrados en este asunto, contiene un supuesto que no hizo parte de la imputación y tampoco el de la acusación lo cual, indudablemente, rompe el principio de congruencia.

Aun así, y solo con el ánimo de que no queden ambigüedades al respecto, la Sala deja en claro que los testimonios de S. M. G., D. R. H.(82) y E. B.,(83) en los cuales sustentó el Fiscal el segundo motivo de la desmovilización, manifestaron al unísono no saber detalles de lo ocurrido con la Compañía La Gitana, porque lo que conocieron al respecto fue a través de los medios de comunicación.

S. M., dijo que cuando estaban iniciando negociaciones con el Gobierno, el doctor L. C. R. comentó que estaban haciendo acercamientos con la Compañía La Gaitana de las FARC, o algo así, “pero puntualmente no me acuerdo con exactitud señor Fiscal”, y cuando el Fiscal le preguntó por declaraciones dadas con anterioridad sobre estos hechos, respondió:

“bueno, yo recuerdo el testimonio que di y cuando me preguntaron sobre el tema de la Cacica La Gaitana, efectivamente eso es lo que se leía en los medios de comunicación, que había sido una falsa desmovilización y que no todas las personas que se desmovilizaron realmente pertenecían a una estructura de la guerrilla, sino que eran muy pocas las personas que hacían parte de ese grupo guerrillero, eso fue un debate nacional que apareció en todos los medios de comunicación”.

D. R. H. fue igualmente enfático en manifestar que lo que supo acerca de la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana fue de oídas, “no es algo que me conste, es de oídas de otras personas”. Y cuando el Fiscal le refrescó la memoria con una declaración anterior en la que mencionó a P. P. M., respondió que ese guerrillero de las FARC, a quien recordaba porque se entregó a las autoridades con la mano de I. R., su Comandante, le había comentado en la cárcel que en la falsa desmovilización habían participado muchos militares, “pero no recuerdo los nombres, entre esos un señor T., pero no sabría decirle de quién era que me hablaba” —dijo R. H.—.

Sin embargo, como lo señaló el defensor del acusado en sus alegaciones finales, no puede perderse de vista que fue de público conocimiento, por las particulares circunstancias en que se entregó P. P. M. a las autoridades: con la mano de su comandante alias I. R., a quien asesinó para cobrar la recompensa ofrecida por el Gobierno, que ese hecho ocurrió el 8 de marzo de 2008, dos años después de la desmovilización de La Compañía Cacica La Gaitana, lo que significa que para el 7 de marzo de 2006 dicha persona se encontraba en la clandestinidad. Además, no se conoce la fuente del conocimiento del citado guerrillero acerca del escueto comentario que le hiciera a D. R. H. en la cárcel, sin pasar por alto que no se hizo esfuerzo alguno por escuchar su testimonio.

I. R. D. G., también fue enfático en aclarar que,

“el único conocimiento que tuve sobre ese episodio se dio en primer término en las publicaciones que sobre el particular hicieron en la época los medios de comunicación, de otro lado en la mesa de negociación de paz que las autodefensas y el Bloque Central Bolívar llevaron a cabo durante los años 2002 2006, por esos años el mismo señor Comisionado nos daba alguna información sobre el asunto de esa desmovilización de la Cacica Gaitana, esas son las únicas fuentes que tuve yo sobre ese asunto, como quiera que nunca participé en nada de eso”.

Todo ello, agregó el testigo, fue un tema acerca del cual el doctor L. C. R. hablaba con mucho entusiasmo, porque la idea era que la izquierda se uniera a los diálogos que el Gobierno estaba adelantando con las autodefensas.

Ahora, en cuanto al primer motivo, esto es, el interés de varios narcotraficantes por evitar su extradición, el cual sustentó el Fiscal en “visitas carcelarias del acusado a R. A. M., alias O. S.”, y del que además derivó efectos demostrativos frente al tipo subjetivo, esto es, el conocimiento previo y la decisión del General S. T. de actuar como gestor de la falsa desmovilización, se tiene que la prueba no permite una conclusión que supere la duda razonable.

En efecto, de la entrevista de J. G. D.(84), y del testimonio de L. D., con todo y sus imprecisiones como se verá más adelante, se infiere que la desmovilización de la supuesta Compañía Cacica La Gaitana se ideó en la cárcel Picota por cuenta de R. A. M. y H. R., junto con varios narcotraficantes, sin que resulte clara la presunta participación del General L. F. S. T.

El 6 de diciembre de 2011, ante el Fiscal 16 Anticorrupción, J. G. D., alias el C. o M., dijo al respecto:

“La falsa desmovilización sí existe y nació en el Paz B de alta seguridad de la Picota, nació de manos de un señor que está en extradición que se llama H. R. Y., el señor O. M. B., un señor que le dicen alias C., no le sé el nombre, está desmovilizado y está en C., y el señor R. A. M., alias O., de esto pueden dar versión otros internos porque a mí me ofrecieron plata para comprar armamento y surtirlo para desmovilizar un grupo.

[…]

“No quise, le dije que no. Me fui trasladado a la cárcel Picota y en la cárcel Picota recibí la oferta directamente por O., directamente por H. Estuve con ellos, por ese señor M. B., que le dicen alias T., y por alias C., que son los que planearon esta situación de esta desmovilización. Cuál era el fin de esa desmovilización, es que O. le planteó al extraditable que si se desmovilizaba un grupo en conveniencia con el señor de la GIAG del INPEC que era el General S. T. se podía convencer en Relaciones Exteriores y ante la Corte de que él estaba aportando y pertenecía a un grupo de autodefensas, H., para que no fuera extraditado y el profesor C. T. que también aportó dinero para esto […]”.

También manifestó que a comienzos de 2005, cuando se encontraba en la Modelo, un guardián de apellido R., lo mismo que otro de apellido A. le dijeron que lo necesitaban “para comprar armas y dirigir una desmovilización, todavía no me habían dicho si era de autodefensa o de guerrilla, que la estaba pagando un narco que estaba en la Picota y otra gente”, pero como manifestara que no tenía armamento le pidieron ayuda para conseguirlo, situación en la que fue abordado por,

“el señor S.G., el Coronel del CIAG del INPEC. Yo aún no sabía en qué despacho oficiaba él y él me propuso que a él le habían dado una información que yo tenía un armamento encaletado, que le vendiera el armamento así fuera dañado y me ayudaban jurídicamente, incluso fui trasladado por el DAS porque yo pedí protección a la Dirección del DAS porque me sentí muy acosado, de ahí me trasladaron a la Picota, el señor R. A., él mismo me lo propuso en la celda 26 donde yo vivía y el señor O. M. B. y el señor H. R. Y. me lo propusieron primeramente, después el señor C. me ofreció a mí también que le ayudara a conseguir armamento, que le ayudara a conseguir una finca para hacer unos explosivos, que era para hacer un proyecto, que con eso se iban y les quedaba una plata”.

Reiteró que H. R. le dijo personalmente que R. A. y otro señor le hicieron la propuesta porque él había dado un dinero para eso. Lo aconsejó que no lo hiciera porque era inviable,

“[…] y no quiso, y optó, y sé que había un dinero, y salió robado por R., porque R. le robó a él, R. le hablaba, que él hablaba con mucha gente del Estado y que él estaba muy bien asesorado y que eso iba a dar resultado, y no solamente fue H. el que aportó plata, fue también C. T. Con él traté muy poco, pero también me pidió mucho concepto, me preguntaba mucho sobre esta situación de la desmovilización”.

Este testigo, reiteradamente sostuvo que R. A. M. fue el gestor de la falsa desmovilización, pues fue él quien le propuso la idea a H. R., a O. M. B. y a alias C., pero que en realidad los engañó, los “robó”, porque nada de lo que prometía como posible a consecuencia de ello resultaba siquiera razonable.

En ese contexto, también mencionó a C. T. como una de las personas que igualmente aportó dinero para la falsa desmovilización, pero según lo sostuvo el acusado en sus alegatos finales, no sabe quién es, ni la Fiscalía aportó prueba alguna en relación con él, ni ninguno de los otros partícipes de la financiación.

Es más, en la acusación no se mencionó a C. T. sino a V. T., persona por la que el Fiscal 16 Anticorrupción le preguntó a ese testigo, habiéndole respondido que lo conoció en 2010, pues no creía que estuviera privado de la libertad en la época en se planeó en la cárcel la desmovilización de una falsa fracción de las FARC.

Adicional a ello, las fechas en que el testigo dijo enterarse de la planeación de la falsa desmovilización, no coinciden siquiera con las de la acusación, ni con los cargos que ostentaban los militares a quienes señala de amenazarlo para que no contara nada de lo que sabía del tema.

D. afirmó que estuvo en la cárcel Modelo a finales de 2004, y que a comienzos de 2005, tiempo en que, según él, se empezó a planear la falsa desmovilización, le ofrecieron dinero para conseguir las armas, enterándose más adelante, cuando lo trasladaron a la Picota que alias O. S. le propuso esa idea a H. R. prometiéndole que así podía evitar su extradición; por su experiencia con las autodefensas querían su asesoría, pero como se negó a ello fue trasladado de cárcel y el General S. T., de la CIAG del INPEC lo visitó para amenazarlo exigiéndole silencio sobre lo que sabía al respecto.

Sin embargo, también señaló que,

“el señor S. G., el coronel de la CIAG del INPEC […] él me propuso que a él le habían dado una información que tenía un armamento encaletado, que le vendiera el armamento así fuera dañado y que me ayudaban jurídicamente […]”.

Todo ello hace inverosímil y difícil de creer que tuviera conocimiento directo de los hechos, primero porque de manera confusa se refirió tanto al General S., como al Coronel G. en cargos en inteligencia del INPEC, cuando la prueba claramente indica que ninguno de estos dos exfuncionarios desempeñó funciones en esa entidad para 2005 o comienzos de 2006. El General S. T. estuvo desde diciembre de 2003 y hasta diciembre de 2005 como Comandante de la Sexta Brigada en I. y el Coronel S.G.(85), en la declaración rendida en el juicio, negó todas las afirmaciones de J. G. D., enfatizando que si bien trabajó en inteligencia del INPEC, lo hizo después de retirarse de su carrera militar porque no lo llamaron a ascenso, lo cual ocurrió a comienzos de 2006, y permaneció allí hasta 2008, agregando que nunca ni como militar ni como funcionario habló personalmente con él, y tampoco acompañó al General S. T. a visitar a ese interno.

Agregó, además, que cuando asumió el cargo en el INPEC, el personal de guardia le advirtió que ese interno en particular era un mitómano patológico porque reiteradamente denunciaba cosas que no eran ciertas, y ya era conocido por ese proceder.

Segundo, porque en la secuencia cronológica de su versión, pareciera que fue amenazado antes de que se produjera formalmente la desmovilización y estuvo en libertad durante los meses en que se consiguieron las armas y se reclutó el personal que se haría pasar como guerrillero, es decir, en últimas no conoció cómo se llevó a cabo la farsa.

Si así ocurrieron las cosas, cómo podía el General S. T. pedirle guardar silencio frente a los ofrecimientos de R. A., a comienzos de 2005, que él no quiso aceptar?

Obsérvese que el acto formal de la desmovilización ocurrió el 7 de marzo de 2006, y para entonces, de acuerdo con el relato de D., luego de su captura en 2004, estuvo primero en la cárcel Modelo, luego en el DAS, y de allí pasó a la Picota, entre agosto y septiembre de 2005 lo trasladaron a la Dorada, de donde salió en libertad y nuevamente fue capturado en febrero de 2006.

Aun así, no se acreditó que durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad hubiera recibido visitas del General S. T. o del Coronel G.

En relación con este testigo se incorporó otra entrevista(86), escrita, en la que dijo entregar una sim card de Movistar para demostrar que de parte del General S. T. y el Coronel G. lo llamaban para ofrecerle dinero, a través de un doctor E. O., y también amenazaron a su abogada E., así como a Y. L. y a J. S., sin que se aportara prueba tendiente a confirmar esas afirmaciones.

Aunque el Fiscal solicitó el testimonio de J. G. D. en la audiencia preparatoria, el cual por obvias razones no se practicó, no puede desconocerse que en las dos diligencias, conocidas por el acusador con anterioridad al inicio del juicio, afirmó aportar importante información que exigía actividad probatoria que no se hizo, de modo que ahora solo es una prueba de referencia suelta, sin ninguna corroboración.

Dada la magnitud de las afirmaciones incriminatorias del testigo, obligado resultaba, al menos, verificar las siguientes situaciones:

— Fechas y lugares en que permaneció privado de la libertad el testigo.

— Las supuestas visitas que le hizo el General L. F. S. T. y el Coronel S.G.

— Los supuestos atentados de que fue víctima el interno por hablar de la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana.

— No se averiguó quién es A. G., el guardia de la cárcel Modelo que lo contactó con alias O. S.

L. D., también dijo que la falsa desmovilización la planeó R. A. M., alias O. S., quien, en la cárcel, junto con W. R. P., “alias B., y el señor L. R. A., alias R., le vendieron la idea” a los narcotraficantes H. R. Y. y V. T. Este último ya había aportado dinero para una desmovilización que hubo en el Sumapaz.

Sin embargo, bien curioso resulta que dos personas que supuestamente tuvieron conocimiento directo de estos hechos y a quienes se les pidió participar en el tema de las armas, ninguno tuviera referencia del otro, pues D. no mencionó a L. D. para nada y aquel tampoco parece haber tenido contacto o conocimiento de lo que se pretendía con D., a pesar de que los dos provenían de las autodefensas y aseguraron haber sido cercanos a C. C.

Acerca de los motivos y las personas que participaron en la planeación y ejecución de la desmovilización de una fracción de las FARC que no se conocía como tal en la región, J. G. D. y L. D. coinciden en mencionar a R. A. M. y a H. R., existiendo falta de claridad frente a C. T. o V. T., pues el primero aseguró hablar con C. y el segundo con V.

Aun así, existen diferencias importantes entre una y otra versión, pues aparte de los temas comunes ya mencionados J. G. D., también mencionó como organizadores de la desmovilización a O. M. B. y a un señor C., cuyo nombre no recordaba, señalando también a P. L. B. M., W. B. M., J. W. U., desmovilizados del Frente 22 de las FARC que “entraban a visitarlos a ellos, coordinaban la desmovilización con ellos y con el hermano de R. A. […]”.

L. D., precisó que las personas a quienes R. A. M., alias O. S., L. R. A., alias R. y W. R. P., alias B., les “vendieron la idea” de que si aportaban dinero para una desmovilización podían evitar ser extraditados fueron un señor H., V. T., A. P. R. y H. R. Y.

Según L. D., A. P. y el alias el G., su mano derecha, le pidieron colaboración en todo el tema de la desmovilización porque para entonces se encontraba en libertad y no tenía pendientes con las autoridades, razón por la cual la primera instrucción que recibió de H. R., A. P. y V. T. y H., fue la de verificar “que tan cierto era lo que el sr R. A. M., alias O. S. decía, si de verdad eso venía desde presidencia de la República y el Comisionado de Paz, L. C. R.”.

Entonces, tuvo una primera reunión en Bogotá, “más o menos como entre enero y febrero”, con A. A. A.

Nótese entonces que L. D. ubicó temporalmente a finales de 2005 y comienzos de 2006, la logística para desmovilizar el grupo que llamaron Cacica La Gaitana, mientras que para G. D. eso estaba ocurriendo desde comienzos de 2005.

No obstante, para el Fiscal las visitas que el General L. F. S. T. le hizo a R. A. M. cuando se encontraba en las cárceles de la Dorada y Picota, así como los testimonio de L. D., J. G. D. y el General C. A. S. B., demostraron que las mismas se realizaron con el fin de preparar “el montaje” de la falsa desmovilización.

A juicio de la Sala, tal conclusión no se aviene a un análisis objetivo y ceñido a las reglas de la sana lógica.

Las visitas que probó la Fiscalía se concretan a las siguientes:

— 8 de septiembre de 2004, junto con E. C. M.

— 2 de noviembre de 2005, en compañía del Coronel H. H. C. J.

— 3 de febrero de 2006, solo.

— 13 de marzo de 2006, junto con J. J. A. G.

— 8 y 10 de junio de 2006, solo.

Además, atendidas sus fechas, no guardan conexión alguna con las que escuetamente refirieron los testigos, de modo que ninguna de tales pruebas trajo un conocimiento suficiente, capaz de superar la duda razonable acerca de la posible participación del General L. F. S. T. en los hechos de este asunto.

Para comenzar, a ninguno de los testigos les consta que el acusado hubiera visitado a R. A. M. en esas precisas fechas y que el objetivo de esos encuentros fuera planear cómo desmovilizar una falsa fracción armada de las FARC.

J. G. D. mencionó al General S. T. una sola vez, como se precisó atrás, luego de que él rechazara el ofrecimiento de R. A. M. y, según él, para pedirle que hiciera caso omiso a ello, lo cual como se analizó, no pudo ocurrir en la fecha en que dijo el testigo.

L. D. en realidad nunca habló siquiera con el acusado, a pesar de que en su extensa declaración lo señaló en varias oportunidades ubicándolo en situaciones respecto de las cuales, a la postre, no pudo concretar su conocimiento directo, como se verá más adelante.

Además, que el General S. T. visitara a R. A. M. no tenía nada de suspicaz, si se tiene en cuenta que en 2004, fecha no considerada por la Fiscalía dentro del marco temporal en que se desarrollaron los hechos, ya había realizado, en ejercicio de sus funciones como Comandante, una visita a la cárcel de la Dorada, en compañía de E. C. M., Jefe de Inteligencia de la Sexta Brigada para esa fecha, persona que declaró en el juicio(87) y explicó cómo se recibía y procesaba la información de inteligencia.

Este testigo también aclaró que en varias oportunidades acompañó al General S. T. a entrevistar internos en las cárceles de Honda y Picaleña, y precisó que en la fecha mencionada estuvo presente en el encuentro de su superior con R. A. M. porque el objetivo era verificar información de inteligencia, sin que se mencionara nada acerca de una desmovilización.

En el mismo sentido declaró el Coronel W. R. A.(88), quien se desempeñó como Comandante del Comando Especial del Ejército con sede en C. desarrollando actividades de lucha contra el narcotráfico. Relató que en una oportunidad le pidió al General S. T. entrevistar en la Picota a un guerrillero, alias O. S. para verificar una información de narcotráfico, pero una vez entró en contacto con él se dio cuenta que no le servía.

Si eso era así, la explicación a las visitas que el General S. T. le hiciera a R. A. M. en fechas posteriores, esto es, el 2 de noviembre de 2005 y 3 de febrero, 13 de marzo y 8 y 10 de junio de 2006 no necesariamente se explica en un ilícito proceder, sino que, dadas las circunstancias, bien puede apuntar a un hecho indicante relativo, que por lo mismo no permite construir el indicio de oportunidad como pareciera entenderlo el señor Fiscal, pues ya está visto que, al menos como Comandante de Brigada, estaba dentro de sus funciones la de entrevistar personas privadas de la libertad que pudieran tener información relevante para las actividades de su competencia.

Ahora bien, la referencia hecha al General C. A. S. B., colige la Sala, debe obedecer, —porque el Fiscal no argumentó nada al respecto—, a la trascendencia que le dio a la expresión utilizada por este en el sentido de que el General S. T. le manifestó que tenía un informante, que a pesar de que le pidió tener acceso a él por su intermedio, el día de la desmovilización se dio cuenta que era R. A. M.

Pues bien, examinada en contexto la respuesta de este testigo, no se observa en ella reproche o sugerencia de irregularidad en ese proceder. El General S. B. efectivamente dijo que el General S. acerca de ello, que esa información la había obtenido,

“[…]por intermedio de un sujeto que había estado en la cárcel de la Dorada, el General S. T. me hizo la referencia de que había información cuando él era Comandante de la Sexta Brigada, de una persona que tenía algo para entregar […] le dije que me tuviera al tanto y posteriormente le recordé, oiga que pasó con el tipo de la información, del que está en la cárcel de la Dorada y el General me dijo que estaba un poco complicado para entrar allá, entonces voy a seguir haciendo la gestión a ver que se puede hacer para que mi general tenga una entrevista con él, y eso nunca se volvió a tratar, ni nunca se volvió a hablar”.

Posteriormente, a la pregunta del Fiscal, refiriéndose a R. A. como el informante del General S. T. para la desmovilización de la Compañía La Gaitana, en el sentido de si aquel le había informado si lo había vuelto a visitar en la cárcel, contestó:

“No, él solamente me hizo la información de que tenía una persona contactada que tenía algo para entregarle de información de la guerrilla y que pues estaba hablando con él a ver que (…) y bueno pero que (…) no de pronto hay una desmovilización pero no hubo más, fue una cosa muy superficial por eso posteriormente yo le recordé al General, oiga ¿qué pasó con el informante ese de la cárcel? Y esa fue la respuesta que dio él”.

Y aunque este relato del testigo puede, en principio, poner en duda la inocencia del acusado, no es suficiente para prodigar sentencia de condena en su contra, porque no hay otro tipo de pruebas que lo involucren directamente, máxime cuando el mismo deponente más adelante refirió, como ya se reseñó atrás, que en temas de inteligencia y asuntos que se manejaban a nivel del Comisionado de Paz, lo hacían aparte. Por ello, como no había recibido orden del Comando Superior no se inmiscuyó en el asunto.

Eso significa que, en últimas, era más curiosidad que interés laboral en conocer qué era lo que el General S. T. podía hablar con R. A., máxime que la calificó de algo muy superficial, sin que pueda asegurarse que los espaciados encuentros que tuvo con él cuando se desempeñó como Comandante de la Brigada, uno en septiembre de 2004 y otro en noviembre de 2005, estuvieran necesariamente signados por ese propósito, pues no se sabe qué realmente sabía el acusado con relación a los contactos de alias O. S. con el Alto Comisionado para la Paz, en orden a procurar la desmovilización de lo que se conoció para esos efectos como Compañía Cacica La Gaitana.

En conclusión, el análisis que el Fiscal hizo de las pruebas traídas al juicio en relación con unas visitas del acusado a R. A. M. en la cárcel, no suplen en modo alguno la carga que le correspondía de probar las hechas a los testigos después del acto de desmovilización con el fin de pedirles silencio sobre lo ocurrido.

L. D., quien aseguró la existencia de varios encuentros con el acusado, uno cuando él se encontraba en libertad, que se llevó a cabo en la Fundación Manos por la Paz, y otros en la Brigada, en la Dirección de Inteligencia y en la Picota, se desmintió asimismo con lo declarado en el juicio.

Este testigo, en quien la Fiscalía depositó el éxito demostrativo de la teoría del caso, presenta varias y serias inconsistencias que ponen en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones. Veamos:

Dijo que luego de las elecciones al Congreso y después de 8 o 10 días de la desmovilización, los extraditables le dijeron en el patio de la cárcel que R. A.:

“no hacía sino vacilar, que ahorita, que ahorita y no hacía sino ir gente, la Rime 5, allá al Paz B de la Picota a hablar con ellos, a hablar con O., inclusive H. R., en una de tantas reuniones que tuvieron, H. R. salió, increpó a una gente del Rime 5 ahí en el patio Paz B”.

Por ello, explicó, se reunió con A. A. y el Coronel C. para reclamarles, y como tenía el compromiso de responder porque entregó dineros, pidió:

“cita directamente con el director de Inteligencia, en ese tiempo que era el General T., si no me equivoco, sí director de inteligencia era él, me parece, y estaba de secretario técnico del CODA, estaba este señor, un Coronel M. F. C., ya había salido M. L. J., Secretario Técnico del CODA. Entonces yo empecé a decirles que eso era una total mentira, que qué era lo que pasaba, que mire el problema en que me habían metido a mí con esa gente y esa gente allá en la Picota estaba muy brava, que mañana o pasado mañana iban a empezar a matar gente, todas esas cosas, que qué pasaba, entonces fue cuando ya salieron con certificado del CODA […] ya uno haciendo sus propias averiguaciones, ya uno empezó a ver que desde el Comando General del Ejército y desde el Comando General de Inteligencia del ejército todo estaba confabulado para hacer estas cosas. Me parece también muy irónico cuando el Comisionado de Paz dice que el Ejército engañó al Comisionado de Paz. Ombe, todo lo que se hizo, todo, todo, todo, todo fue con el aval de Presidencia por intermedio del señor L. C. R.”.

Afirmó que después de su captura en abril de 2006, estuvo un mes en las instalaciones del C.T.I., en M., de ahí lo pasaron a la cárcel de la Dorada y en enero de 2007 lo trasladaron a la Picota. Allí conoció a R. A. M., L. A. P. R., W. R. P., alias B., y L. R. A., alias R.,y empiezo a conocer las historias de todos ellos […]”. En el mismo lugar también tuvo la oportunidad de reunirse con A. P., V. T. y H. R. para hablar del tema y de las pruebas de la promesa de alias O. S., en el sentido de que si colaboraban económicamente con la desmovilización se suspendería el trámite de extradición, pudiendo presenciar en enero de 2007 un enfrentamiento entre H. R. con este último, el día que fueron a recogerlo para entregarlo a los Estados Unidos.

“En ese momento H. R. se fue para la celda de R. A., lo increpó, le cruzó unas palabras fuertes y con una silla rimax le iba a pegar, entonces fue cuando nosotros nos metimos a no dejarlo, y H. R. le dijo que en Estados Unidos iba a contar todo esto, porque a él los militares ni del General T. para abajo lo iban a amedrentar de que le iban a matar la familia porque a él le tenían que devolver la plata […] Ahí es cuando empieza la señora L. – Z., la holandesa, la del movimiento Manos por la Paz, empezó a ir a la cárcel todos los días a visitar a O. y hable y hable, y un día discutieron ahí, entonces la señora dijo que iba a denunciar a la Fiscalía todas esas cuestiones”.

Posteriormente, el Coronel S. G., aseguró el testigo, fue a la cárcel y lo mandó llamar a él y a O. S., le presentó al General T., advirtiéndole que él sería el nuevo jefe de Inteligencia del INPEC y les aconsejó que dejaran de estar peleando porque las cosas se podían “calentar”. En esa oportunidad, aclaró, el General ni siquiera lo miró a la cara, pero posteriormente lo visitó solo y le pidió que no hablara nada. Por eso, dijo, le pidió a la Corte Suprema de Justicia:

“que tuvieran la amabilidad y se dirigieran a asuntos penitenciarios del INPEC o a la Dirección General del INPEC para que sacaran copia de las minutas de las entradas que había tenido el General T. a citarme a mí a sacarme al cubículo de la guardia del Paz B de la Picota. Si yo soy un mentiroso, si yo soy un drogadicto, si yo soy un alcohólico, como siempre lo dicen, cuál era el interés entonces del General T., siendo el Director de Inteligencia del INPEC, ir a hablar conmigo para que yo nunca contara nada, para que nunca dijese nada, cuál es el interés que nunca antes […]”.

Precisó que antes de su traslado a la cárcel de Montería, según lo ordenó la Corte durante este juicio(89), O. S. le ofreció dinero para que no hablara y le dijo que “ya están arreglando con la fiscalía”, sin entender él a qué se refería con esa expresión. Además, L. Z. fue varias veces a hablar con “O., ya en otros términos muy diferentes”, a pesar de que los problemas de ella con aquel fueron por una propaganda guerrillera que le metió entre el carro, lo cual fue un escándalo público.

También resaltó como curioso que L. A. P. R. y L. E. M. se hubieran retractado, máxime cuando el primero fue hasta su celda a ofrecerle dinero, y C. A. T. L., quien fuera su abogado y estaba asesorando a P. R. para estos temas, le dijo que no declarara porque se metía en líos muy complicados.

Cuando se le preguntó por qué afirmaba que el General S. T. hacía parte de la confabulación, respondió lo siguiente:

“En mi fundamento de haber pertenecido a un grupo al margen de la ley, durante muchos años al mundo del hampa delincuencial en grupos armados donde se maneja inteligencia, contrainteligencia, armamento, para mi es imposible de creer que el Director de Inteligencia del Ejército haya sido engañado en su buena fe por sus subalternos para dar el aval de esa desmovilización. Le voy a decir por qué señor Fiscal, le voy a poner solo el ejemplo del CODA, el Comité Operativo de Dejación de Armas del Ministerio Nacional. En el momento que una persona se desmoviliza, sea subversivo, sea paramilitar y se acoge al programa de reinserción nacional del Gobierno Nacional, como a los dos, tres meses le hace una entrevista el CODA por intermedio de la RIME donde el señor se entrega. Esa entrevista […] a usted le hacen preguntas del orden de batalla del grupo que usted maneja, en el grupo que usted perteneció, área de operatividad del grupo o del frente que usted perteneció, y qué departamento de injerencia tenía […], esa entrevista entra a un análisis de inteligencia en el Comando General del Ejército, donde como son cosas de entrevistas de inteligencia, de lógica los supremos, los jefes supremos, en ese momento en la entidad de inteligencia del Ejército son quienes tienen que estar enterados por parte de sus subalternos de todas esas cuestiones […] al jefe de inteligencia no pueden llegar a engañarlo de tal manera y más aún todavía si el general T. no sabía nadapor qué fue en tres ocasiones […]” (resalta la Sala).

Al preguntársele si el General sabía quién era él, respondió: “perfectamente”. Y cuando se le pidió explicar esa respuesta, dijo:

“como ya lo he dicho en varias veces, yo afuera fui el que colaboré por parte de A. P. para entregar dineros y todas esas cosas y con el Coronel y con eso (…) y (…) en una ocasión, dos ocasiones, yo me (…) no hablé directamente con T. pero si lo vi y el me vio a mi ahí en Manos por la Paz.

Fiscal: Conversó con el General S. T. por teléfono?

L. D.: No, por teléfono nunca, no señor, eso todo se hacía, las reuniones se hacían honorable Fiscal en Manos por la Paz, o sea donde se inició todo, donde se montó todo, donde se escogió quiénes iban a ayudar para llevar la gente y todo fue ahí en Manos por la Paz”.

Cuando se le pidió explicar quién lo contactó con el General S. T., respondió: “Más que todo era con A. A. que tenía todo, porque como él era el asesor del Comisionado de Paz y de una u otra forma yo lo conocía más a él”, pero cuando el Fiscal reformuló la pregunta para concretarlo, expresó:

“Como vuelvo y lo reitero, el General T. fue tres veces a la Picota, ya siendo director de Inteligencia del INPEC. La primera fue con el Coronel G. que supuestamente estaba entregando el puesto, y la segunda, ya fue en dos ocasiones para hablar conmigo, que también le reitero señor Fiscal, nunca jamás. Yo salía, cuando lo veía que era él yo me devolvía y ahí fue cuando yo solicité que sacaran los libros de minuta cuando el señor iba a visitarme a mí para que no se prestara para problemas de nada, y en Manos por la Paz, una vez estuvo ahí como ya lo reiteré, pero nunca hablaba con él directamente, siempre yo todo era con A. A. porque mi preocupación era que si todo era mandado por Presidencia por intermedio del Comisionado de Paz, porque también aclaro una cosa señor Fiscal, ni el General T. ni el Coronel J.tenían la potestad de hacer eso, todo eso lo hacía era el Coronel H. C. y A. A. por orden del Comisionado de Paz” (destaca la Sala).

Para precisar los momentos, la Procuradora le pidió narrar qué habló con el General S. T., “en las dos oportunidades en que se reunió […] con él, después de que él le hizo la visita con el Coronel G.”, y la respuesta fue la siguiente:

“Primero en Manos por la Paz y después fueron tres veces, vuelvo y preciso, en la Picota. La primera cuando el Coronel G. que salía de la Cosa de Inteligencia, de ser jefe de Inteligencia del INPEC y le entregaba el puesto a él, ahí en ningún momento con el General S. T. yo hablé o él me habló a mi alguna palabra, nunca jamás, también el que me habló única y exclusivamente fue el Coronel G. que nos dijo a R. A. y a mí que dejáramos la guevonada, que dejáramos de estar peleando porque las cosas se iban a saber y que iba a ser un problema para todos, pero fue el Coronel G.. La segunda vez me sacó y era el General T. también, pero yo vine hasta el cubículo de la guardia y me devolví, inclusive la tercera vez fue lo mismo […]” (subraya no original).

Por ello, precisó que:

“a mí, L. D., los ofrecimientos de plata que me han hecho para que yo no diga ni hable nada en este juicio, nunca jamás, ni de parte de un abogado, ni de parte de un emisario del General T., o de él mismo me han ofrecido dinero, quien lo ha hecho siempre es ha sido R. A. M. y L. A. P. R.”.

Como se ve, L. D. inició respondiendo a las preguntas del Fiscal con una solidez que a la postre resultó apenas aparente, pretendiendo no solo dar la impresión de que actuó de buena fe en algo cuya ilicitud desconocía, pero cuando lo advirtió le puso de presente a los partícipes el riesgo que ello implicaba, sino que en el manejo de los tiempos se esforzó por dar entender que presenció todos y cada uno de los hechos que relató, valiéndose con frecuencia y de manera hábil de nombres propios de Magistrados, funcionarios judiciales, y funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la paz, incluso de políticos, a los que, según él, paralelamente a su participación en la logística de la desmovilización, les colaboraba en la costa norte del país para que fueran elegidos en las elecciones de marzo de 2006.

También refirió personas con quienes supuestamente trabajó en la ciudad de Medellín, en el programa Paz y Reconciliación, en donde conoció a A. A., quien de manera sorprendente, a su juicio, en escasos dos años pasó de ser conductor a asesor del Alto Comisionado para la Paz.

Su credibilidad devino más endeble cuando se le confrontó para que precisara su personal conocimiento, pues terminó por desmentirse o responder de manera evasiva aspectos cruciales que permitirían admitirlo como testigo directo de todos los hechos que relató en el juicio, lo cual sumado de nuevo a los vacíos de la investigación, solo dejan espacio a la duda que habrá de resolverse a favor del acusado.

Recuérdese que manifestó conocer a R. A. M., W. R. P., alias B. y L. R. A., alias R., en la Picota en 2007, luego solo sabe lo que escuchó en la cárcel, porque allí, como dijo, empezó a “conocer sus historias”.

De igual modo, conforme al sentido común, bien difícil resulta de creer que él, así fuera cierto que actuó como intermediario de A. P., V. T., H. R. y H., fungiera en nombre de ellos ante diferentes mandos militares y funcionarios públicos para coordinar algo en cuyo acuerdo no participó, máxime cuando inicialmente dijo que únicamente A. P. le pidió su colaboración, porque el G., su hombre de confianza, no podía hacerlo, y no está probado encuentro alguno con aquellos o sus familiares, o personas de confianza mientras se encontraba en libertad.

Más bien parece que de todas las historias se enteró en la cárcel, y a partir del conocimiento que allí tuvo, intervino dando consejos, y ahora quiso posar ante la Corte como un testigo directo de lo que se enteró de oídas. Obsérvese la siguiente respuesta:

“Estando nosotros ahí en la Picota, ahí es cuando yo conozco al sr R. A. medina y es cuando yo conozco al sr L. A. P. R., W. R. P. Alias Biscocho, a L. R. A., alias R. y empiezo a conocer las historias de todos ellos, que el sr B., W. R. P. lleva como 14, 12 u 11 años detenido, privado de la libertad y que cómo iba a salir comandante de un grupo (49:45) de la guerrilla que se desmovilizó en el año 2005 en el Sumapaz, que esa también fue la otra falsa que ya les he dicho, como comandante de un grupo que había sido conformado en el año 2004 y el señor ya llevaba 11 años detenido. Entonces por ahí empecé yo a ver, yo me reunía ahí mismo en el patio Paz B de la Picota con el señor A. P., con el doctor V. T. y con el señor H. R. Vea hermano que vea, entonces yo les decía a ellos, hermano es que vea (50:18). Señores, las cosas son muy sencillas, ustedes guardaron la documentación los papeles de las firmas del comisionado de paz donde autorizaba toda esta cosa y dónde y cuándo les mandó a decir, y que el sr R. A. M. lo expresó en varias ocasiones, de que si ustedes colaboraban a ustedes les iban a suspender la extradición, entonces ellos dijeron, si es que todo eso está, eso ya se entregó a la Fiscalía, tengo entendido yo que eso fue lo que ellos me dijeron (50:47) pero no ha pasado absolutamente nada (subraya la Corte)

Relató que hizo una primera reunión en Bogotá, y allí volvió a verse con A. A., pero no explicó cómo se contactó, para ese encuentro con los miembros del Ejército y los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que participaban en la organización del falso grupo de la guerrilla, pues aunque sostuvo que la persona con la que siempre se entrevistó para ese asunto fue A. A., es obvio que no fue él quien lo buscó, y que si lo vio, fue por mera casualidad.

Así relató su primera gestión como intermediario de los extraditables en ese asunto:

“Empezamos todo ese trajín, donde lo primero que me solicitaron los extraditables, el sr H. R., A. P. y V. T. y H., de que verificara que tan cierto era lo que el sr R. A. M., alias O. S., decía, si de verdad eso venía desde Presidencia de la República y el Comisionado de Paz, L. C. R. en su momento estaba ahí y que si sí era cierto toda esa cuestión, que si eso si era algo cierto. En la primera reunión que tuve yo en Bogotá, más o menos como entre enero y febrero, estuve ahí y me reuní con A. A. A. Yo lo había conocido en el año 2003 como conductor de la doctora T. P. G. P., quien para la época era la directora del programa de paz y reconciliación de M. […]En esa primera reunión, yo lo reconocí a él, él me reconoció porque A. A. a mí me transportaba cuando estábamos en el programa de paz y reconciliación porque nosotros vivíamos en una finca que nos tenía, por seguridad, nos cuidaba metro seguridad, la alcaldía de Medellín, viviendo allá y realizábamos estudios y A. A. era encargado de transportarnos. Entonces yo al verlo le pregunte ome y vos qué??? Y me dijo, no, gracias a dios estoy aquí con el Comisionado de Paz trabajando, estoy aquí con el Comisionado de Paz trabajando, soy asesor del Comisionado de Paz, dije que bueno que haya alguien de más confianza, fue cuando yo le pregunté a A. que como eran las cuestiones para desmovilización y que cuál iba a ser la contraprestación jurídica que iban a recibir los señores ya mencionados, los extraditables, si ellos de verdad entregaban el dinero en efectivo. A. A. me dice que por orden del Comisionado de paz, L. C. R., como no tenían solvencia económica, para mí eso fue extraño desde un principio, para realizar esa desmovilización y que necesitaban pues una ayuda económica para ello. Lo le reitero a A. A. y le digo que si eso si es serio (23:59) y me dice claro L. esto es serio porque mire ahí está el director de inteligencia del ejército en eso, está el comandante de la Rime 5 del ejército, ahí de Cundinamarca (24:14) y se encuentra el coronel H. C., que también fungía como asesor del Comisionado de paz, entonces yo le digo a A., pero hermano vea lo que pasa es que a mi mandaron esos señores a que yo me cerciorara y a que yo mirara si sí era cierto todas estas cuestiones. Resulta que A. me dice que no hay ningún problema que todo viene firmado por el Comisionado de Paz L. C. R. En ese movimiento yo me volví para Medellín porque también estaba colaborándole por parte de J. C. S. a unos políticos para que subieran pues al senado y todas las cuestiones” (resalta la Corte).

Tampoco es posible que 8 o 10 días después de la desmovilización, los extraditables le manifestaran “en la cárcel” que alias O. S. les estaba tomando del pelo, porque para entonces estaba en libertad y no hay prueba de que él hubiese ingresado a la Picota como visitante para esa fecha, ya que, según la diligencia de inspección practicada en ese establecimiento penitenciario(90), no se halló anotación alguna de L. D. como visitante.

Recuérdese que, según el relato del propio D., 8 días después de la desmovilización se la pasó entre Medellín y Puerto Berrío ultimando los detalles para dar muerte al ingeniero C. A. J. P., hecho que ocurrió, como ya se dijo, el 15 de marzo de 2006.

Asimismo, según lo probado en este juicio, luego de entregarse a las autoridades en Medellín, el 28 de abril del mismo año, reconociendo su autoría en el citado homicidio, estuvo un mes en el CTI de esa ciudad, luego pasó a la Dorada y en enero de 2007 llegó a la Picota porque empezó a colaborar con las investigaciones que tenía la Corte por parapolítica.

Por eso mismo tampoco es posible que después de las elecciones al congreso en 2006, que para ese año se celebraron el día 12 de marzo, pidiera cita con el Director de Inteligencia del Ejército, que para entonces era el General L. F. S. T., asegurando que allí estuvo M. F. C., no solo porque para entonces recién había cometido el homicidio del ingeniero J. en Medellín, sino porque aunque se refirió en plural a sus interlocutores y, curiosamente, ni siquiera mencionó al titular de esa Oficina, o sea al acusado, entre los presentes.

Según D., en el encuentro en la Fundación Manos por la Paz, el General S. T. solo hizo presencia, a pesar de que allí A. A. y el Coronel H. C. recibieron parte del dinero aportado por A. P. R., el cual él llevó hasta ese lugar, pero nunca explicó cómo y dónde lo recibió, o quién se lo entregó.

En las visitas que, según el deponente, el General L. S. T. le hizo en la Picota, tres en total, en la primera, el General S. T. estuvo acompañado del Coronel S.G., pero ni siquiera lo miró a la cara, y las otras dos, finalmente no se llevaron a cabo porque cuando advertía que se trataba de él, se devolvía a su celda.

Aclaró incluso que no es cierto que él le hubiera entregado dinero a General S. T. en la Sexta Brigada como lo había expresado ante la Fiscalía Anticorrupción porque, quien en realidad lo recibió fue un sargento de apellido C. o C.

De todas maneras, si todo ello ocurrió durante 2006, cuando el acusado se encontraba en la Dirección de Inteligencia, no queda claro quién o quiénes entonces, en la Sexta Brigada autorizaban su ingreso, o por qué allí entregó el dinero al Sargento C. o C., o quién le dio la instrucción en ese sentido. Recuérdese que en el juicio el General A. M. B., quien sucedió en esa Comandancia a S. T. a partir de diciembre de 2005, declaró haberse enterado de la desmovilización unas horas antes del acto formal, cuando se presentó el Coronel C. en compañía de S. y pidió seguridad a la zona de concentración de los supuestos guerrilleros.

Otra gran inconsistencia que hace perder cualquier viso de credibilidad a este testigo, es la reiterada afirmación en el sentido de que para demostrar que le estaban cumpliendo a los extraditables que pagaron la desmovilización del frente Cacica La Gaitana, expidieron certificado del CODA en muy corto plazo, cuando, como se vio al comienzo de las consideraciones de esta sentencia, en las desmovilizaciones colectivas la lista presentada por el miembro representante sustituye para todos los efectos el certificado del CODA.

Este documento era a todas luces innecesario para quienes se desmovilizaron como integrantes de la mencionada estructura, mucho más después de la ceremonia formal de entrega de armas y de aceptación de la lista entregada por el miembro representante de la organización armada ilegal, a quien se le reconoció tal condición para dialogar con el Gobierno.

Por ello, razón le asiste al acusado y a su defensor cuando resaltaron que, en últimas, la declaración de este testigo se reduce a sus propias impresiones, pues dijo que pudo haber una confabulación en el Comando General del Ejército e Inteligencia de la institución, y que, a su juicio, era imposible que el General L. F. S. T. no supiera lo que estaba pasando o que lo hubieran engañado sus subalternos para dar el aval para ello, porque como se vio acápites atrás, las desmovilizaciones colectivas son del resorte del Presidente de la República, y se gestionan por intermedio del Alto Comisionado para la Paz.

La torpeza de las respuestas del testigo cuando se le conmino para que precisara las fechas y el tema de conversación con el acusado, se explican en la sorpresa que le generaron las preguntas de la Representante del Ministerio Público, en tanto que solo atinó a responder que nunca habló directamente con el General L. F. S. T. y que, en realidad, fue con A. A. con quien siempre se entrevistó, cuando esta persona como él mismo lo manifestó la volvió a ver en la primera reunión, que según él, sostuvo en Bogotá cuando empezó a actuar como intermediario de A. P., y que como se vio atrás, fue la casualidad la que los puso en el mismo lugar.

El testigo quiso poner al acusado presente en varias situaciones en las que, según él, no tuvo intervención alguna. Se trató más o menos de una presencia silenciosa, a manera de sombra, lo cual deja en claro su interés de vincularlo con hechos que realmente no le constan, pues no de otra manera puede entenderse que en las reuniones citadas por D., siendo el General S. T. la persona de mayor importancia y jerarquía, precisamente por su condición de Director de Inteligencia del Ejército, nunca habló, ni hizo nada en relación con la desmovilización aquí cuestionada.

Adicionalmente, la versión de este declarante carece de respaldo alguno dado que no se llamó a declarar al juicio a A. A., a pesar de ser la persona con quien dijo haberse reunido siempre para tratar los temas de la desmovilización, y el Fiscal desistió del testimonio de J. C. S., aunque D. aseguró que se desempeñaba como su mano derecha cuando prestó todo su apoyo a A. P. R. en este asunto.

La entrega de dinero

J. G. D. y L. D. informaron que los aportantes de dinero para que se llevara a cabo la desmovilización de la Gaitana fueron H. R. Y., C. y/o V. T. y A. P.

El primero solamente hizo la referencia a que sabía que H. R. y C. T. aportaron dinero para que ese acto se llevara a cabo, pero no dijo nada en cuanto a las cantidades y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se entregaron las mismas.

La única referencia concreta al respecto, en gracia a discusión, es lo declarado por L. D., aunque como se pondrá en evidencia, no es creíble que hubiese entregado suma alguna con motivo de la desmovilización.

D. aseguró que en diciembre de 2005 Y. aportó entre $ 5.000 y $ 6.000 millones de pesos, T. otra cuantiosa suma y A. P. R., como no tenía liquidez, se comprometió a entregar material bélico, lo cual inicialmente se pensaba hacer por intermedio de alias el G., persona de confianza de este último, pero como tenía orden de captura y eso le impedía movilizarse libremente le pidieron el favor a él para que les colaborara. Su misión consistía en verificar si lo prometido por alias O. S. era cierto porque “venía desde Presidencia de la República y el Comisionado de Paz […]”.

Precisó que en ese momento él no tenía problemas, pues ya había solucionado su situación judicial, había estado en el programa de paz y Reconciliación de la ciudad de Medellín, en donde conoció a A. A. A., cuando este era conductor de una doctora y para 2005 estaba trabajando como asesor en la Oficina del Comisionado de Paz. Viajó a Bogotá y le preguntó a A. si en verdad era seria la desmovilización y los beneficios judiciales ofrecidos a los extraditables, a lo que respondió sí, agregándole que, “[…] esto es serio porque mire ahí está el director de Inteligencia del Ejército en eso, está el Comandante de la Rime 5 del Ejército ahí de Cundinamarca, y se encuentra el Coronel H. C., que también fungía como asesor del Comisionado de Paz […]”.

Se devolvió a Medellín porque le estaba colaborando a J. C. S. con unos políticos que querían llegar al Senado, y otros en Barranquilla, a donde también viajó para reunirse con A. B. y D. M. entre otros. Y agregó:

Estando todos nosotros ahí, yo como a los 5 o 6 días volví otra vez de nuevo a reunirme y ya estaba A., estaba con el Coronel J. que era el Comandante de la Rime 5 y el señor H. C. Entonces ya para finiquitar todo les dije bueno la plata ya se va entregar, cierto, pero entonces nosotros necesitamos una prueba de que a los señores extraditables sí les van a suspender la extradición como les vendió la idea en su momento R. A. M. Entonces en esas H. C. dice no, vea hermano, aquí está el Ejército, el señor aquí el coronel de la Rime V y ya también el General L. S. T., ya también es sabedor de eso, que él fungía para la época, si no estoy mal estaba de director de inteligencia del Ejército porque él acababa de salir de la Brigada del Tolima”.

Ese día, les informó que H. R. aportaría $ 5.000 millones de pesos por intermedio de su abogado. V. T., a quien le adeudaban $ 500 millones de la desmovilización del Sumapaz descontaría de ese valor para entregar $ 3.500 millones y A. P. participaba con $ 1.000 o $ 1.200 millones, además de material bélico y de intendencia, no sin antes resaltar que necesitaba:

“[…] mostrarle a los señores la autorización del Comisionado de Paz para ello, entonces es cuando me dice el Coronel H. C., que no que eso no hay ningún problema porque el mismo Presidente, en su momento era Álvaro Uribe Vélez, y el Comisionado de Paz tiene el Aval del Presidente de la República, y yo le dije, ah bueno listo. Entonces nos dieron un documento y yo lo mandé con el abogado del señor A. P. y le llevaron y le mostraron todo eso y se desembolsó el dinero, cuando se desembolsa el dinero pasaron más o menos 8 o 10 días, no puedo precisar bien, cuando llaman para ir a recoger la gente”.

La entrega del dinero, aseguró el testigo, se hizo en efectivo, en la ciudad de Bogotá “por el sector de la plaza de Bolívar, cierto, en la fundación Manos por la Paz que ya el señor R. A. había formado junto con una señora de Holanda, L. Z. […], se los entregaron a A. A., H. C. y estaba el General T., pero quien los recibió los dineros fueron A. A. y H. C.”.

A pesar de que trató de suministrar detalles para dar apariencia de su conocimiento directo, no se puede olvidar, como ya se anotó en transcripción hecha atrás, que L. D. relató que 8 días después del transporte de las armas de Santa Marta a Bogotá viajó a la Brigada del Tolima a llevar una remesa y una plata, aclarando que en anterior oportunidad le había dicho a un Fiscal Anticorrupción que allí le había entregado al General L. F. S. T. una suma que oscilaba entre 400 y 600 millones de pesos, lo cual no era cierto, porque la persona que recibió ese dinero fue un sargento de apellido C. o C.

Precisó al respecto que:

“[…] esos dineros se entregaron en efectivo en el centro de Bogotá por el sector de la plaza de Bolívar, cierto, en la fundación manos por la paz que ya el sr R. A. había formado junto con una señora de Holanda L. Z, un señora mona ella. Los dineros se los entregaron a A. A., H. C. y estaba el general T. (29:28), pero quien recibió los dineros fueron A. A. y H. C. Esos dineros grandes para empezar toda la desmovilización, entonces siguió todo, cuando entra en función de trabajo ahí el sr L. A. P. R., otro preso detenido en ese patio, donde estaba el sr R. A., el sr B., el sr R., el Sr C. y estaban también los señores extraditables.

De manera hábil evitó responder a la pregunta del Fiscal relativa a cómo llegó a la fundación Manos por la Paz el dinero entregado por A. P., H. R. y V. T., limitándose a referir escuetamente que:

“[…] Por parte de H. R. la entregó el abogado de él, creo que en el momento estaba Salazar, me parece, y del doctor V. T. lo entregó el abogado de él, yo simplemente hice entrega de los cuatrocientos o setecientos, no recuerdo bien, setecientos millones en efectivo porque A. P., como ya dije en su momento, no se encontraba con liquidez efectiva, entonces quedó de entregar unos fierros e ir entregando así para remesa y entregar uniformes y todas esas cuestiones”.

Tales respuestas, conocidas con anterioridad por el Fiscal en la entrevista acopiada de la investigación que se llevaba en la Fiscalía 16 Anticorrupción, obligaban a establecer no solo si existe otra fundación conocida como “Manos por la Paz”, y cuando menos, traer como testigo al juicio a la señora L. Z, a efectos de que explicara sus nexos con R. A. M., o los de este con la fundación que ella dirige, o su intermediación en este asunto, con mayor razón, si se tiene en cuenta que el propio D. aseguró que una oportunidad que en habló con ella y le comentó acerca de las dudas sobre lo que se estaba haciendo, ella le respondió que “(…) sí, no hay ningún problema que porque eso tiene aval de presidencia y del comisionado de paz (…)”.

Así las cosas, solo se puede concluir que no es cierto que L. D. hubiera entregado dineros en la fundación Manos por la Paz, en la silenciosa presencia del General L. F. S. T., porque, según él, como se acaba de mencionar, la única vez que cumplió esa labor fue en I. y frente a otra persona. Además, lo que sabe de la citada fundación lo conoció cuando llegó a la Picota privado de la libertad, hecho que como se ha repetido ocurrió meses después de la ceremonia de desmovilización, pues cuando se le preguntó si sabía a qué se dedicaba esa organización, respondió:

“[…] lo que yo conocí, porque lo conocí ya estando ahí en el Paz B de la Picota, es que la fundación Manos por la Paz era de la señora L. Z y que ella había venido por allá de Holanda, yo no sé de dónde y había traído la fundación y estaba ayudando para (…), que ayudaba a los desmovilizados y para hacer procesos de reconciliación y el señor R. A. M. montó una fundación con este mismo nombre por ahí por el centro” (subraya la Sala).

Siendo este testimonio la única referencia probatoria traída por el Señor Fiscal acerca de la entrega de dineros por parte de ese grupo de personas narcotraficantes, entonces forzoso es colegir que la Fiscalía no probó que la desmovilización hubiese sido financiada por ellos.

Las armas utilizadas en la desmovilización

Los hechos relacionados con las armas entregadas por quienes se desmovilizaron como miembros de la Compañía Cacica La Gaitana no se demostraron en el juicio y, como fue la constante de la línea argumentativa del Fiscal, se trata de una conclusión forzada, lejos de un ejercicio apreciativo del conjunto de la prueba como le correspondía, y al cual dijo someterse para demostrar su teoría del caso.

En ese sentido se tiene que, por un lado, la acusación afirmó que L. D. fue contactado por A. P. para:

“verificar y coordinar en su momento aspectos atinentes a la logística, para lo cual tuvo comunicación con O. S. y el General L. F. S. T., contactos realizados entre enero y febrero del año 2006, en aspectos relacionados con la entrega de las armas, consecución de uniformes para el personal que se aprestaba a desmovilizarse y la entrega de 45 a 50 millones”.

Sin embargo, confrontado el de los hechos de la acusación con el testimonio rendido por L. D. en el juicio, bien podría concluirse que está ceñido a las versiones que sobre este asunto dio aquel en otros temas, de donde el Fiscal obtuvo sus entrevistas, pero luego, en el juicio cambió o ajustó su relato.

Ninguna de esas afirmaciones de la acusación se probó, ni siquiera con el testimonio de L. D., pues es obvio, conforme a su declaración que nunca tuvo comunicación con alias O. S., puesto que cómo lo aseguró en el juicio, lo conoció en la Picota en 2007, y con el General L. F. S. T., aunque dijo verlo, tampoco sostuvo una conversación personal o directa en la que se refirieran a la falsa desmovilización. Es más, como ya se refirió atrás, precisó que ante el Fiscal 16 Anticorrupción sostuvo equivocadamente que le había entregado dinero al acusado, y eso no era cierto.

En el tema de las armas declaró D. que entre febrero y marzo de 2006, A. P. le pidió el favor de viajar a Santa Marta por el material bélico para cumplir con su parte. Se trataba en su mayoría de material inservible, del que utilizaban las autodefensas del bloque Tayrona(91) para entrenamiento, las cuales fueron recibidas por el Coronel H. H. C. y M.A. P. R., quienes las transportaron en un helicóptero del Ejército autorizado por el Alto Comisionado para la Paz, según se lo manifestaron estos.

Y aunque aseguró haber presenciado la entrega del material bélico en Santa Marta, porque llevaba dos días en esa ciudad, a donde se trasladó después de estar en Barranquilla con A. B., cuando el Fiscal le preguntó hacia dónde fue transportado ese material, respondió: “En helicop (…) tengo entendido que salieron en helicóptero para la ciudad de Bogotá para la Rime. Demás que para la Brigada 13 y de ahí ya salió para allá para el campamento de los guerrilleros”.

Insistió en que las armas fueron recibidas por el Coronel C. y M.A. P. R., y transportadas en un helicóptero del Ejército, pero no sabía cómo llegaron a I. y después a la Tebaida.

Sin embargo, en el juicio no declararon el Coronel H. H. C. ni M.A. P. R., el primero porque no fue pedido como testigo y, el segundo, porque se amparó en el derecho a no incriminarse.

Dijo que 8 días después, cuando viajó a I. a llevar unas remesas lo recibió un Sargento de apellido C. o C., a quien le hizo entrega de 400 o 600 millones de pesos para comprar material de intendencia que hacía falta, precisando al respecto que “a una Fiscal de Anticorrupción, me parce, yo dije que en el Tolima le había entregado también plata a T., no, ahí a T. no se le entregó plata, yo se la entregué fue a C. […]”, por cuenta de A. P. De ahí se devolvió a Bogotá y habló con un Coronel J., a quien le preguntó en dónde tenían a esas personas, porque él nunca se enteró donde estuvieron concentradas, pero aquel le respondió que por tratarse de una desmovilización de guerrilla, el procedimiento era diferente.

A pesar de que pretendió mantenerse en la afirmación, según la cual, sí estuvo en Santa Marta presenciando o monitoreando la entrega de las armas por petición directa de A. P., en su afán de llenar de detalles su relato para hacerlo creíble, terminó contradiciéndose, pues su respuesta indica que su presencia en la Costa fue casual por esos días y originada en motivos muy distintos al encargo que supuestamente le hiciera P., como quiera que la justificó manifestando que dos días antes estaba en Barranquilla coordinando asuntos con políticos, y fue hasta allá porque el G. lo llamó para que lo acompañara.

Así respondió a la pregunta concreta de cómo se enteró de esos hechos:

“Porque yo estaba allá con el G., yo llevaba allá dos días con el G. porque acababa de llegar de Barranquilla (…), ah, sí, sí, eso fue más o menos a mitad de febrero porque fue la última vez que yo me reuní con el finado O., con A. B. allá en Barranquilla, que estuvimos en la sede política de él, de ahí yo viajé a Santa Marta cuando la entrega esa, el G. me dijo acompáñeme guevón porque usted sabe que yo no puedo frentiar porque a mí me paran y me pueden capturar y de pronto lo que hacemos es calentar más esto, yo le dije, pero eso no hay calentura y él me dijo todo, todo está autorizado por el Comisionado de Paz. Le dije ah bueno vamos, y como a mí también me pagaban por eso señor Fiscal”.

No obstante lo anterior, en el relato que ofreció a la Fiscalía el 28 de abril de 2006, fecha en que se entregó para confesar su autoría en el homicidio del ingeniero C. A. P. J., ocurrido en Medellín el 15 de marzo de 2006(92) —como ya se ha dicho—, manifestó que el crimen lo cometió por orden de J. C. S., precisando que como no conocía a la víctima sino por fotos, y la única información que le dieron para ese encargo fue la ubicación, empezaron a hacerle inteligencia él y quienes lo acompañaron el día de esos hechos, por lo menos un mes antes para saber cómo eran sus movimientos, debiendo para ello dirigirse desde Puerto Berrío a Medellín, en donde se hospedaba en un hotel.

Confrontados los dos relatos anteriores, difícil resulta creer que al mismo tiempo, a mediados de febrero de 2006, L. D. estuviera trasladándose entre Puerto Berrío y Medellín contactando a los otros tres sicarios que, según él, participaron también en el homicidio, las motos y las armas utilizadas, acatando órdenes de J. C. S. para asuntos sicariales y temas políticos como el que dijo en este juicio atender en Barranquilla, además tuviera tiempo para otros asuntos, como el de ser el verificador o coordinador de la consecución, transporte y entrega de las armas en el sitio de concentración de quienes se desmovilizarían con la Compañía Cacica La Gaitana, haciendo de intermediario de un narcotraficante preso, con quien no se supo cómo se comunicaba, porque no lo manifestó.

Por su parte, la versión de J. G. D. en la entrevista dada a la Fiscalía 16 Anticorrupción se advierte sustancialmente diferente a la de L. D., con el ítem de que él no fue mencionado como partícipe de las diligencias adelantadas para conseguir las armas que utilizarían en la citada desmovilización.

Como se vio acápites atrás, J. G. D. manifestó que a comienzos de 2005 fue contactado en la cárcel Modelo por un guardia de apellido R., quien le manifestó que estaban dando una plata por unas armas, sin importar que sirvieran o no, insistiéndole al Fiscal que quería dar unos datos:

“de una persona que está presa en Santa Marta y les vendió 14 fusiles. Quiero traer los datos de P. L. B. M. con número de cédula, W. B. M. y J. W. U. Son desmovilizados del Frente 22 de las FARC, entraban a visitarlos a ellos, coordinaban la desmovilización con ellos y con el hermano de R. A., que no le sé el nombre, solamente sé que trabajaba con la señora L. Z de Manos por la Paz y sé que vive en Santa Librada […]. La persona que vendió las armas se llama J. C. F., alias M. o M. El las negoció directamente con H. y con O. en la Picota porque él entraba a visitarme a mí en ese tiempo y él le vendió el armamento, no sé en qué parte se lo ayudaban a conseguir, no sé si fue en Melgar o en el Carmen de Apicalá. que le vendió 14, unos en buen estado y otros en mal estado […]” (subraya la Sala).

Agregó que en una investigación que en el 2009 se tramitaba en la Corte, en contra de J. A. Y. M., exalcalde de Icononzo, aportó la fotografía de J. C. F. y un muchacho de nombre J., que también estuvo en la desmovilización.

Como se ve, los dos relatos involucran lugares y personas muy diferentes, pero como la Fiscalía no trajo al juicio pruebas para respaldar una u otra, no es posible sostener que se demostró ese hecho, máxime que los hallazgos de las inspecciones a lugares, traídas de la investigación adelantada en la Fiscalía 16 Anticorrupción(93), no arrojaron ningún resultado, pues simplemente se trata de escuetas verificaciones en la empresa H., que a la postre demostraron que no se hicieron vuelos en la ruta Bogotá-Santa Marta-Bogotá para la fecha aproximada en que D. sostuvo se trajeron las armas para el Rime V.

Del mismo modo, la verificación hecha mediante inspección al libro de minuta de servicios de guardia de la Rime V, consistente en la anotación de fecha 5 de febrero de 2006, a las 15:30, en el sentido de que a esa hora ingresaron el Subteniente P. y el Conductor O. “dejando en la oficina del señor Ejecutivo (04) costales de fique sellados”, mismos que a la entrega del puesto se relacionaron como 4 costales con material de guerra, “desconociéndose la clase y cantidad”, tampoco puede reputarse como prueba de cargo en contra del General L. F. S. T., pues para esa fecha él se desempeñaba como Director de Inteligencia, y no hay medio de convicción que establezca algún tipo de orden cumplida en la Rime V con relación a esos costales impartida por él, pues la única persona que compareció al juicio a declarar sobre ese hecho fue O. F. C., quien se limitó a responder que sí conocía a A. G., absteniéndose en lo demás, para no incriminarse(94).

Además, tampoco se probó que esos costales correspondieran a armas transportadas desde Santa Marta y que por coordinación de J. J. A. G. se hubieran llevado vía terrestre a la Brigada y de allí al sitio de la concentración, como lo aseguró la acusación.

La única prueba relacionada con el transporte de las armas es la declaración de L. D., quien dijo desconocer cómo se había hecho, pues aunque persistió en sostener que por orden del Comisionado de Paz fueron traídas de Santa Marta a Bogotá en un helicóptero del Ejército, agregó sus propias especulaciones al respecto. Por ello, cuando se le preguntó en dónde se depositaron las armas en I., contestó:

“En la Brigada, de más que de la Brigada ya las transportaron para allá, demás que tiene que ser así porque como todo lo estaba coordinando el Ejército y tampoco el tiempo de vuelo creo yo pues, no va alcanzar desde Bogotá hasta allá donde estuvieron en ese campamento”.

Lo mismo puede decirse del dictamen técnico realizado a las armas entregadas en la desmovilización, ya que solo se demuestra el mal estado en que se encontraba la mayoría de las entregadas por el personal de la supuesta Compañía Cacica La Gaitana, pero nada más.

Lo anterior, evidentemente desvirtúa la afirmación hecha por el Fiscal en la acusación, en el sentido de que las armas fueron entregadas en la Sexta Brigada al General L. F. S. T. “en presencia de L. D.”, y posteriormente llevadas al sitio de concentración, pues el testigo en cita no participó en el transporte de las armas desde Bogotá a I., ni presenció, ni le consta de su entrega en la Brigada, y menos mencionó orden o intervención alguna del General acusado, lo cual tampoco sería posible, porque, recuérdese nuevamente, para la fecha en que aquel dijo ocurrió ese hecho, mediados de febrero de 2005, S. T. oficiaba como Director de Inteligencia del Ejército y la Sexta Brigada estaba a cargo del General A. M. B.

Tan improbable es esto, que ni siquiera el Fiscal lo mencionó al inicio de este juicio en la presentación de la teoría del caso, como tampoco en las alegaciones finales.

En este sentido, pareciera que el Fiscal confundió la demostración de aspectos objetivos de los hechos y aquellos relacionados con la responsabilidad penal del acusado, la cual, como se ha venido analizando, no aparece sustentada en prueba de cargo admisible, creíble y sólida.

Por último, bien vale la pena en este acápite ocuparse de lo relacionado a los uniformes suministrados a los supuestos falsos guerrilleros.

La acusación sostuvo que el General L. F. S. T. “encargó a L. D. para esa fecha —febrero de 2006— la compra de 25 a 30 uniformes camuflados que hacían falta para el personal que estaban desmovilizando falsamente”. Sin embargo, cuando a D. se interrogó en el juicio por la compra de uniformes, fue evasivo y a la postre admitió que él no cumplió esa tarea. En sus distintas respuestas sobre el tema, anotó:

“[…] A. P. cuando yo llevé esos 400, 600 millones al sargento allá en el Tolima, fuera de todo lo que fueron las remesas, oscilaban entre un lapso de 6 millones, cuatro millones de pesos y tengo entendido, yo mismo vi una sola, pero tengo entendido que se hicieron varias, también la compra de los uniformes.

[…]

“[…] como ya lo dije, A. P. no contaba con solidez efectiva en ese momento, a él le tocó entregar material bélico y material de intendencia, el material de intendencia eran botas, uniformes, maletines, riatas, hombreras y todas esas cuestiones […]

F. Además de eso hubo otra compra de uniformes?

LD. No, no, no yo tengo entendido, por el lado de A. P., ya por otro lado no sé si comprarían más o que”.

A. P. R., cuya entrevista se admitió en el juicio como prueba de referencia(95), una vez demostrado mediante certificado de defunción que falleció el 28 de enero de 2015(96), negó conocer cualquier circunstancia relacionada con la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana, razón por la cual, aseguró, no la financió y no aportó armas ni uniformes, precisando que para 2005 si bien se encontraba en la picota tuvo serios problemas de salud, al punto que como consecuencia de la diabetes que sufría debieron amputarle las dos piernas.

También negó conocer a L. D., a J. A. P. R., alias Biofilo, y aunque admitió haber conocido a R. A. M. y a H. R. cuando estuvo preso en la Picota, no estableció amistad con ellos.

Es decir, esta prueba de referencia tampoco aporta nada significativo que permita corroborar el testimonio de L. D. en cuanto al conocimiento directo que dijo tener de los hechos, y lo único que se conoce de P. Redondo en las pruebas introducidas al juicio por la Fiscalía es lo contenido en la F44, correspondiente a copia de los libros de guardia de la Picota obtenidos en inspección ordenada en este asunto, los cuales datan del 22 de febrero de 2006, que registra un “alta” porque el interno se encontraba hospitalizado y, otro, del 3 de marzo del mismo año, en el que se le da de “baja” por hospitalización.

La acusación también sostuvo que con el dinero aportado por los narcotraficantes, a finales de 2005 y comienzos de 2006, familiares de R. A. M. y los hermanos J. A., M. A. y F. I. P. R. reclutaron en Bogotá y otras ciudades a desempleados, habitantes de la calle o indigentes, a quienes les pagaron $ 500.000 para que se movilizaran a la zona de ubicación a hacerse pasar como guerrilleros, precisando que entre 5 y 15 eran desertores de la guerrilla y los 45 restantes nunca pertenecieron al grupo subversivo.

Ese es un hecho que tampoco se probó. No pasó de ser una afirmación del Fiscal, reiterada en los argumentos finales en el juicio para sustentar el delito de fraude procesal.

Ninguna de las pruebas practicadas en este asunto demostró absolutamente nada respecto de las personas relacionadas en la lista que presentó R. A. M. De ellas escasamente se conocieron sus nombres, identificación y la información consignada en las fichas de entrevista que reposan en las carpetas de la Consejería para la Paz, además del resumen de la versión libre rendida ante las Fiscalías de Justicia y Paz(97), en donde todos, al unísono, afirmaron pertenecer a las FARC y realizar alguna actividad.

No demostró la Fiscalía, siquiera en relación con algunos de ellos, cuál era su actividad antes de aparecer como supuestos miembros de la Cacica La Gaitana en la lista presentada por R. A. M. De unos solo se supo que tenían antecedentes, una vez hechas las correspondientes verificaciones por la Fiscalía de Justicia y Paz, como ocurrió con A. P. C., N. E. R. D. y H. Y. G. P., a quienes se les negaron los beneficios jurídicos de que trata la Ley 418 de 1997.

Y aunque las únicas pruebas que aluden al reclutamiento de personas para conformar el grupo que se desmovilizaría como Compañía Cacica La Gaitana son la entrevista de J. G. D. y el testimonio de L. D., ninguno de los dos tuvo mayor conocimiento de cómo las consiguieron o quiénes eran, y no mencionaron nada acerca de pagos a cambio de trasladarse al sitio de concentración.

J. G. D. dijo en la entrevista dada a la Fiscal 16 Anticorrupción, que le pidieron ayuda para conseguir uniformes, “que consiguiera gente para la desmovilización” y le ofrecieron desmovilizarlo para que se beneficiara y pudiera ingresar en Justicia y Paz, a lo cual se negó porque no le parecía lógico que un paramilitar se desmovilizara como guerrillero.

J. A. P. R. compareció al juicio como testigo de los hechos, pero se negó a declarar porque estaba afrontando en la Fiscalía 16 investigación por los mismos hechos, razón por la cual se amparó en el derecho a no autoincriminarse, y la Sala negó la admisión de su entrevista como prueba de referencia, en atención a que antes de tal solicitud el Fiscal desistió del testimonio.

En cuanto a este hecho, L. D. manifestó que las hermanas de L. A. P. R., “una se llama F. y la otra se llama P., junto con la hermana de R. A. M. que se llama R., y el hermano de él, A. A. se encargaron de hacer toda la logística para llevar la gente para los lados del Tolima, los supuestos guerrilleros”.

Una vez tenían a las personas listas y dispuestas a pasar por guerrilleros, P., la hermana de P. R., las embarcó un domingo en la mañana en un colectivo, pero como eso le generó desconfianza habló con L. Z para preguntarle si sabía cómo estaban ocurriendo las cosas y ella le dijo que no se preocupara “porque eso tiene el aval de Presidencia y el Comisionado de Paz”.

No obstante, al juicio comparecieron las hermanas F. I. y A. P. R., pero al igual que su hermano J. A., se negaron a declarar por estar investigadas por los mismos hechos y querían preservar el derecho a no incriminarse. Y el hermano de R. A., A. A., no fue llamado como testigo.

En estas condiciones, entonces, no es posible sostener que se probó que el grupo de personas que se desmovilizó como integrantes de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC hubiera sido reclutado en varias ciudades y que se tratara de indigentes, vendedores ambulantes o desempleados que nunca pertenecieron a la guerrilla o habían desertado antes.

Trámites gubernamentales

Al ocuparse de este tema el Fiscal destacó como irregular que el trámite de los beneficios económicos a favor de los presuntos guerrilleros desmovilizados iniciara dos días antes a la aceptación de la lista presentada por R. A. M. como representante, resaltando que allí se mencionó su reconocimiento como miembro de las autodefensas.

En cuanto a lo primero, encuentra la Sala intrascendente la diferencia de las fechas entre la lista presentada por R. A. M. y el oficio del 14 de marzo de 2006, remitido por el Alto Comisionado para la Paz, al Director del Programa de Reincorporación a la vida civil del Ministerio del Interior y de Justicia solicitando reubicar a los desmovilizados, por seguridad, además de que se les suministraran los beneficios económicos, puesto que si bien en el mismo documento se informó que remitía “copia del listado de las personas suscrito y aceptado de conformidad con el Decreto 3360 de 2003”, cuando la aceptación oficial de la lista se hizo el 16, es claro que se trata de un error. Se asumió por hecha la aceptación, de la cual no restaba sino su formalización como efectivamente ocurrió dos días después.

Además, porque como lo explicó el Asesor Jurídico de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas(98), y lo dispone el artículo 1º del Decreto 3360 de 2003, es necesaria la aceptación de la lista para dar inicio al proceso de reincorporación a la vida civil y a los beneficios que ello apareja.

Lo anterior puede entenderse si se tiene en cuenta, en segundo término, que igualmente se incurrió en un error en la aceptación formal de la lista presentada por R. A. M., en cuanto se anotó lo que el Fiscal cuestiona, que esta persona fue reconocida como miembro representante de las autodefensas, dislate que fue expresamente admitido por el doctor L. C. R., en escrito del 22 de mayo de 2006, mediante el cual corrigió esa expresión indicando que se trató de un error de transcripción.

Los vacíos de la investigación

Si bien no desconoce la Sala las dificultades de una investigación como esta, en la que se conjugan diversos y opuestos intereses por el origen y las actividades de todas las personas involucradas, miembros de la guerrilla, de las autodefensas, del Ejército, funcionarios del Estado, narcotraficantes y gente del común, aparte de la muerte de dos de los testigos de los hechos, no puede pasar por alto la responsabilidad de la Fiscalía en este asunto frente a los vacíos y deficiencias que impidieron, a juicio de la Sala, conocer la verdad de lo ocurrido y quiénes fueron sus reales responsables.

Aparte de las falencias reseñadas acápites atrás, debe llamarse la atención en el sentido de que, la acusación se aventuró a hacer una serie de afirmaciones que después abandonó o no demostró, dejando la demostración de la responsabilidad del General L. F. S. T. a merced del frágil y cambiante dicho de L. D.

Por ello, las alegaciones finales parecieran referirse a hechos diferentes a los que sirvieron de sustento a la acusación y, en esa medida, todo cuanto dependía de la versión de D. quedó huérfano de respaldo.

En efecto, a pesar de que L. D. y J. G. D., cuyas versiones anteriores acerca del conocimiento que pudieran tener de los hechos, estuvieron a su disposición durante la investigación, pues accedió a ellas a través de sus funcionarios de policía judicial, no dispuso el Fiscal labores de policía judicial que surgían como necesarias en orden a confirmar o desvirtuar sus dichos.

La Fiscalía no consideró prueba pertinente para este asunto el testimonio de R. A. M., a pesar de estar señalado como el organizador de la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana, ser la persona con quien, según la acusación, el General L. F. S. T. acordó presentar un falso grupo armado como perteneciente a las FARC, para que se desmovilizara. Y aunque sostuvo que H. R. y V. T. fueron los narcotraficantes que pagaron por ello, tampoco los llamó a declarar al juicio, limitándose a acreditar que el primero fue extraditado, pero ninguna prueba presentó en relación con el segundo, ni con los dineros que supuestamente estos aportaron para financiar la desmovilización.

Aparte de estas personas, J. G. D. y L. D., como se dijo en precedencia, igualmente mencionaron a otros partícipes en los hechos, también privados de la libertad en la Picota, pero no se presentó prueba alguna orientada a confirmar sus versiones, ni pidió sus testimonios.

No se establecieron las fechas y lugares en los que estuvieron privados de la libertad los estos testigos, como tampoco las visitas que, según ellos, les hizo el General L. F. S. T. después de la desmovilización para pedirles que guardaran silencio.

Aunque en el audio de J. G. D. de la entrevista rendida ante el Fiscal 16 Anticorrupción se dejó constancia de documentación entregada por él para probar la persecución de la que estaba siendo víctima por declarar acerca de estos hechos, estos no fueron introducidos al juicio junto con la referida prueba de referencia, a pesar de que integraban la misma.

No se probó nada en relación con O. M., persona mencionada por D. como otro de los organizadores de la desmovilización, ni de A. G., el guardia de la cárcel Modelo que supuestamente lo contactó con R. A. para que le vendiera armas.

Tampoco se trajeron al juicio pruebas tendientes, al menos, a confirmar la existencia de P. L. B. M., W. B. M. y W. U., guerrilleros del Frente 22, que según D. entraban a la cárcel a organizar la falsa desmovilización con alias O. S.

Aunque D. dijo que J. C. F. vendió unos fusiles para la desmovilización, cuya fotografía reposaba en la investigación de la Corte en contra de J. A. Y. M., la Fiscalía no allegó ninguna prueba al respecto.

Si bien en las inspecciones a las cárceles de La Dorada y La Picota se hallaron registros de visitas del General L. F. S. T. a R. A. M., en compañía de E. C. M., J. J. A. G. y el Coronel H. H. C., los dos primeros no fueron llamados como testigos de los hechos y en relación con el Coronel C. la Fiscalía pidió en la audiencia preparatoria su entrevista como “prueba documental”, la cual le fue negada porque no solicitó escucharlo como testigo.

No se allegó al juicio prueba alguna relacionada con la fundación Manos por la Paz, ni su representante L. Z., quien, según L. D., tenía vínculos laborales con el hermano de R. A., y en ese lugar se entregaron dineros para financiar la falsa desmovilización.

Por último, es importante resaltar que era necesario verificar cómo se llevó a cabo el proceso de desmovilización no solo con la Compañía Cacica La Gaitana, sino también con el Frente Norma Patricia Galeano, llevado a cabo en la ciudad de I. el 16 noviembre de 2005, y en el que también se reconoció a R. A. M. como miembro representante, según los testigos D. y D. otra farsa, cuando el General L. F. S. T. se desempeñaba como Comandante de la Sexta Brigada del Ejército, pero ninguna actividad investigativa desplegó la Fiscalía al respecto, y menos, trajo al juicio prueba atinente a ese otro hecho, indudablemente conexo con el que fue objeto de este asunto.

Por último, reitera la Sala, son sustanciales y cuestionables los desaciertos en que incurrió la Fiscalía en la dirección de este asunto, pues no solo acusó con base en un precaria investigación, sino que en la fase preparatoria del juicio incurrió en torpezas incorregibles que mucho daño le causaron a la demostración de su teoría del caso, pues solicitó como prueba documental una cantidad importante de entrevistas, sin que pidiera los testimonios correspondientes, razón por la cual, necesario resultó negar esas pretensiones.

Corolario de lo anterior, es claro que la Fiscalía no demostró la teoría del caso, pues los hechos se probaron a medias y la responsabilidad penal del General L. F. S. T. no se probó más allá de la duda razonable, imponiéndose en consecuencia dictar sentencia de carácter absolutorio, la cual se apoya, como se indicó, en el principio constitucional del in dubio pro reo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. ABSOLVER al B. G.® L. F. S. T. de los delitos de porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, en ambos casos agravado, y fraude procesal continuado, y peculado por apropiación, continuado y agravado, a favor de terceros, por los que fue acusado por el Fiscal Noveno Delegado ante la Corte, en calidad de coautor y cómplice, respectivamente.

2. RATIFICAR LA LIBERTAD INCONDICIONAL que le fuere concedida al B. G.® L. F. S. T. en la audiencia del anuncio del sentido del fallo de este juicio.

3. Por Secretaría de la Sala envíense los oficios de ley a las autoridades correspondientes.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

28 Del 23 de diciembre de 1993.

29 Del 26 de diciembre del mismo año.

30 Del 26 de diciembre de 1997, con una vigencia de 2 años a partir de su publicación (art. 131). Posteriormente fue prorrogada por 3 años (art. 1º) por la Ley 548 del 23 de diciembre de 1999, prorrogada por 4 años (art. 1º) por la Ley 782 de 2002 y sucesivamente modificada y prorrogada por las leyes 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.

31 Artículo 8º.

32 Subrogado por el Decreto 3445 de 2010.

33 Este artículo fue corregido mediante Decreto 1000 del 22 de abril de 2003, en cuanto a errores caligráficos y la numeración de los parágrafos del artículo 3º, y se encontraba vigente para la fecha en que se llevó a cabo la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC.

34 Del 21 de noviembre de 2003.

35 Publicado en el Diario Oficial Nº 45.381 de noviembre 24 de 2003.

36 Expedido el 22 de enero de 2003 y publicado en el Diario Oficial Nº 45.073 del 24 del mismo mes y año.

37 La expresión Ministerio del Interior fue sustituida por “Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas”, mediante el art. 9º, Decreto Nacional 1391 de 2011.

38 Artículo 1º.

39 La Oficina del Alto Comisionado de Paz fue creada de manera permanente por el artículo 16 de la Ley 434 de 1998, con las funciones señaladas en el artículo 10 de esa misma normatividad y las del Decreto 2107 de 1994, posteriormente derogado por el Decreto 3445 de 2010.

40 Cfr. Artículo 24, numerales 2º y 5º.

41 Artículo 3º, Decreto 128 de 2003.

42 Artículos 2º y 12 del Decreto 128 de 2003.

43 Admitida como tal en sesión del 8 de septiembre de 2014, luego de acreditarse mediante registro civil de defunción que esta persona falleció el 18 de octubre de 2013.

44 F8.

45 F28.

46 F 29, 31, 39 y 45.

47 F1.

48 Sesión del 25 de junio de 2014. Min, 26:41 a 27:30.

49 Cfr. Min. 28:30 a 31:01.

50 Declaró en sesión del 20 de octubre de 2015.

51 Cfr. A partir del min. 1:58:50.

52 Min. 1:26:21 a 1:26:46.

53 Declaró en sesión del 19 de octubre de 2015.

54 Min. 1:26:09 a 1:26:37. Declaración rendida en sesión del 26 de junio de 2014.

55 Min. 1:21:21 a 1:21:47.

56 Min. 1:27:01 a 1:3:08.

57 Artículos 189-2-3 de la Carta Política y 15 de la Ley 104 de 1993 y 4º de la Ley 782 de 2002.

58 F5.

59 Efectivamente, el artículo segundo señaló expresamente que “en la zona a que se refiere la presente resolución regirán, en lo pertinente a ella, los efectos previstos en el artículo 3º de la Ley 782 de 2002”.

60 Sesión del 26 de junio de 2014, min 58:17 a 1:00:22.

61 Min. 1:08:15 a 1:08:32.

62 Min. 1:12:25 a 1:25:43.

63 Sesión del 20 de octubre de 2015.

64 Min, 46:31 a 48:48.

65 Prueba documental D2, contentivo de la respuesta obtenida al derecho de petición Nº 2 por parte de la Oficina de Fondos Especiales para la Paz.

66 A esa división estaba adscrita la VI Brigada

67 Min. 1:21:53 a 1:21:58

68 Sesión del 26 de junio de 2014, min, 1:2:03 a 1:22:32.

69 Min. 1:24 a 1:25:15.

70 Min. 1:26:21 a 1:26:46.

71 Min, 1:14:28 a 1:14:17.

72 Min, 1:16:57 a 1:17:17.

73 Min. 1:35:19 a 1:35:31.

74 Min, 1:2:03 a 1:22:32.

75 Min, 1:33:44 a 1:34:21.

76 Min.1:37;22 a 1;37:40.

77 F42.

78 F39.

79 Declaró en sesión del 24 de junio de 2014.

80 Con cuyas entrevistas contaba el Fiscal con anterioridad.

81 Declaración rendida en sesión del 24 de junio de 2014. Min. 15:19 a 16:17.

82 Escuchados a través de videoconferencia el 24 de junio de 2014.

83 Escuchado a través de videoconferencia el 26 de junio de 2014.

84 Incorporada a juicio como prueba de referencia en sesión de audiencia del 8 de septiembre de 2014, pues se acreditó con el registro civil de defunción que su muerte ocurrió el 18 de octubre de 2013.

85 Sesión del 19 de octubre de 2015.

86 F52.

87 Sesión del 3 de febrero de 2015.

88 Sesión del 12 de febrero de 2015.

89 Teniendo en cuenta las manifestaciones del testigo, de encontrarse amenazado por Raúl Agudelo Medina, quien compartía patio con él en la cárcel Picota, cuando se encontraba de paso para cumplir diligencias con diferentes despachos judiciales, durante el juicio la Corte ordenó como medida de protección su traslado, el cual se cumplió a la cárcel de Montería, razón por la cual su declaración se recibió a través de videoconferencia.

90 F44

91 Según el testigo Álvaro Padilla era amigo de Hernán Giraldo.

92 D14.

93 F35.

94 Sesión del 21 de mayo de 2014.

95 D19.

96 D18.

97 En las resoluciones inhibitorias y aquellas que negaron los beneficios.

98 D15.

Salvamento de voto.

Con el habitual respeto por la decisión mayoritaria, salvamos el voto en los siguientes términos:

Admitimos, como se expresó en la sentencia de la cual nos separamos, que fueron múltiples las falencias investigativas de la Fiscalía; no obstante, a través de un análisis conjunto y concatenado del material probatorio, no fraccionado como se hizo en dicha providencia, se llega al convencimiento, más allá de toda duda razonable, sobre la materialidad de las conductas punibles atribuidas al General® L. F. S. T. y su responsabilidad en ellas.

Estas son las razones:

1. El acto que tuvo ocurrencia el 7 de marzo 2006 no cumplió con los requerimientos legales propios de una desmovilización.

A lo largo del fallo que no compartimos se le pretendió dar a ese suceso la apariencia de desmovilización colectiva, sin embargo, de conformidad con las normas vigentes para la época, esa clase de desmovilizaciones (colectivas) exigían la suscripción previa de un acuerdo entre el gobierno y la organización armada ilegal, presupuesto que en el presente caso se omitió.

1.1. El canon 10 de la Ley 975 de 2005 establece los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva así:

Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:

10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

Esa disposición es clara en proponer, como condición para la desmovilización colectiva, la suscripción previa de un acuerdo o pacto entre la organización armada al margen de la ley y el Gobierno Nacional.

Ahora bien, son otros los requisitos de elegibilidad para la desmovilización individual. Así, según el artículo 11 de la Ley 975 de 2005:

Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional (negrillas fuera del texto).

En el siguiente cuadro se evidencia que la desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana no cumple la totalidad de las exigencias de una u otra modalidad (colectiva o individual):

ColectivasIndividualesCacica la Gaitana
Exigen suscripción de acuerdo con el Gobierno Nacional.No exigen suscripción de acuerdo.No se suscribió acuerdo con el Gobierno Nacional. (Carácter propio de la individual).
No requieren actas de compromiso.Requieren acta de compromiso individual.

Se suscribieron actas sin CODA.
(Carácter propio de la individual).
La calidad de miembro se acredita con lista de desmovilizados, suscrita por el vocero o miembro representante del grupo.La calidad se acredita con la certificación que expide el CODA.La calidad de miembro se acreditó con la lista presentada por alias “O. S.”. (Carácter propio de las Colectivas).
(Acto administrativo de 16/03/2006 suscrito por Alto Comisionado).

1.2. En ese orden, a nuestro juicio, la desmovilización fue ilegal porque: (i) se mezclaron requisitos característicos de las desmovilizaciones colectivas y de las individuales; (ii) no hay prueba de un acuerdo previo con el Gobierno Nacional, y (iii) no se demostró la real existencia de la Compañía que se desmovilizó.

Consideramos importante acotar, en este punto, dos cosas adicionales.

Primero. En el expediente consta —ello se admitió en la sentencia de la cual discrepo— que las personas que supuestamente se desmovilizaron entregaron un armamento, el cual no fue destruido, como se prevé en normas internacionales que regulan la materia, y para mayo de 2011, esto es, cinco años después del acto de desmovilización, los elementos permanecían físicamente en las instalaciones de la Sexta Brigada del Ejército, hasta el punto que se les pudo practicar la experticia respectiva.

Obsérvese que, dentro de los principios de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de la ONU, se establece que las armas entregadas en una desmovilización deben ser destruidas, y se detalla la forma de hacerlo:

(iii) Destrucción de armas: Establecimiento de tipo y cantidad de armas por destruir. Selección de técnica de destrucción según tipo, cantidad, tecnología disponible, consideraciones financieras, movilidad y consideraciones de seguridad. Campaña de sensibilización pública. Campaña de información a ONG, medios y organizaciones internacionales. Establecimiento de un plan de seguridad para mover y destruir armas. Preparación de armas, por ejemplo: remoción de componentes. Movimiento de armas a sitio de destrucción. Chequeo de armas por destruir en sitio de destrucción. Ceremonia pública con cubrimiento de medios para generar confianza. Destrucción física de las armas. Monitoreo y verificación de la destrucción de armas por parte de ONG, observadores internacionales y/o medios y Archivo del registro de destrucción.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, específicamente destinadas a ser aplicadas en los conflictos armados. En su denominación más técnica, según Christophe Swinarski(1), es el «derecho internacional aplicable en situaciones de conflictos armados»(2). En ese sentido, los principios de Desarme, Desmovilización y Reintegración, dado su carácter humanitario, son reglas propias del DIH, que se entienden incorporadas al llamado derecho consuetudinario de los pueblos civilizados.

Segundo. Discrepamos de la mayoría en relación con la participación exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en las desmovilizaciones colectivas. En nuestro criterio, atendiendo las normas legales que rigen el tema, las desmovilizaciones colectivas no son del resorte exclusivo de esa autoridad, en cuanto la paz es una política de Estado, a la que concurren todos los órganos e instituciones públicas, para colaborar armónicamente en su construcción.

Téngase en cuenta que el artículo 1º del Decreto 128 de 2003(3) señala que «[l]a política conducente a desarrollar el programa de reincorporación a la sociedad y los beneficios socio-económicos reconocidos será fijado por el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa»; y, el canon 3 ejusdem prevé que «[l]as personas que pretendan acceder a los beneficios previstos en este decreto deberán presentarse ante jueces, fiscales, autoridades militares o de policía, representantes del Procurador, representantes del Defensor del Pueblo o autoridades territoriales, quienes informarán inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la guarnición militar más cercana al lugar de la entrega».

Por su parte, la Ley 434 de 1998, por cuyo medio se el Consejo Nacional de Paz, dispone en su artículo 1º que «[l]a Política de Paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional».

Con fundamento en lo expuesto, no es posible afirmar tajantemente, como lo hizo la sentencia de la cual nos alejamos, que se trató de una desmovilización colectiva y menos inferir que no se requería intervención de Inteligencia Militar.

En nuestra opinión, es inaceptable que los organismos de seguridad e inteligencia del Estado no ejercieran algún mecanismo de verificación en torno a la pertenencia a las FARC de los integrantes de la lista presentada por alias “O. S.”, bajo el pretexto que las disposiciones que rigen las desmovilizaciones colectivas no demandan tal exigencia.

En verdad, como bien se sabe, es mandato constitucional que el ejercicio de la función pública se desarrolle conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, postulados que fueron abiertamente ignorados por las autoridades, al extremo de dar lugar a la pérdida de dineros públicos.

2. La aludida desmovilización fue un montaje. Son varios los hechos indicadores que nos llevan a arribar a esa conclusión.

2.1. No existe identidad en el nombre de la Compañía. En Resolución Presidencial 52 del 3 de marzo de 2006 se consignó “Compañía La Gaitana”. Así la denominó R. A. M., alias “O. S.” en el listado presentado el 10 de ese mes y lo reconoció el Alto Comisionado en el acto administrativo del 16 de esa mensualidad. No obstante, en el Acta 113 del 11 de marzo de 2006, que trata sobre entrega de las armas en la Sexta Brigada, se le llamó “Compañía Cacica La Gaitana”, mismo nombre que le dio la Oficina del Alto Comisionado de Paz en OFI13-00027750/JMSC 31120, del 8 de marzo de 2013. En este oficio y en el número 1989 del 17 de marzo de 2011, el asesor jurídico del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado aludió a “Frente Cacica Gaitana”.

De lo anterior, emerge que los documentos oficiales ni siquiera identifican la Compañía en forma unívoca, lo que pone en tela de juicio su existencia y, por ende, la efectiva desmovilización.

2.2. La inexistencia de esa Compañía en el departamento del Tolima fue ratificada —así se admite en la sentencia— por H. D. T., L. E. M. V., General C. A. S. B. —para la fecha Comandante de la Quinta División del Ejército(4)—, General A. M. B. —al tiempo de la desmovilización Comandante de la Sexta Brigada con sede en Ibagué(5)— y J. M. S. C. —analista de inteligencia militar—, quienes mencionaron conocer el Frente 21, pero no la Compañía Cacica La Gaitana.

Así se corrobora con los oficios suscritos por el Comandante de Policía de ese Departamento, del 31 de agosto de 2009, y el propio acusado, de 29 de octubre de 2005.

En el primero, emanado de la Seccional de Inteligencia de la Policía, se informó:

[…] en los registros de orden público llevados por el departamento de Policía Tolima para el año 2006, y revisados los componentes orgánicos del Comando Conjunto Central con influencia en este departamento para la fecha no se encuentran datos de esta estructura armada ilegal, “compañía cacique la gaitana” que hubiesen efectuado una acción violenta atribuida a este grupo armado ilegal o con alguna zona de injerencia en particular, solo se vino a conocer el día de la desmovilización.

Si bien quien suscribió este documento no acudió al juicio, lo cierto es que el mismo fue debidamente incorporado. Es un documento público, no tachado de falso, por lo que se presume auténtico. Adicionalmente, la información contenida fue preparada por la Seccional de Inteligencia policial del departamento del Tolima, con base en los archivos que allí reposan.

En el segundo —oficio de 29 de octubre de 2005—, firmado por S. T., para la fecha Comandante de la Sexta Brigada, se certificó que en esa entidad territorial actuó «la cuadrilla 21, Cacica Gaitana de las FARC integrada por cinco comisiones de orden público, siendo su cabecilla L. E. R., alias M.».

También respalda esa ficción el oficio 113-00027750/JMSC 31120 del 8 de marzo de 2013, suscrito por la asesora del Alto Comisionado para la Paz, en el que se informa que en el sistema de esa Oficina y en los archivos no existe documentación relacionada con escritos o pruebas presentadas por R. A. M. alias “O. S.” para que el Gobierno reconociera su carácter de miembro de las FARC, ni sobre su pertenencia a ese grupo y menos acerca de la existencia de la Compañía Cacique Gaitana.

Incluso, J. G. D.(6), en la versión del 6 de diciembre de 2011 —prueba de referencia debido a que el testigo no acudió al juicio porque fue asesinado—, afirmó que para los años 1995 o 1996 existió una Compañía móvil Cacica La Gaitana, que dista de la que protagonizó la supuesta desmovilización. Así lo expresó al responder si como informante del Ejército había escuchado hablar sobre la Compañía Cacica La Gaitana de las FARC:

Sí, pero como unidad móvil, no como Frente, inclusive una vez aparecieron en el municipio de Villa Rica, Cunday, un poco de panfletos que mencionaban tres frentes, el Frente 25 Armando Ríos, la Compañía Móvil Tulio Varón o 50 y la 21, que era la Cacica La Gaitana, cuando eso. Pero frente o compañía no. Era una compañía móvil cuando eso, no era Frente 21, porque es que Frente 21 manejaba un Izquierdo que yo me acuerdo en la información que yo recolectaba y no operaba para esa zona.

Más adelante, cuando se le interrogó acerca de la época en que operó dicha compañía móvil, contestó:

Hasta donde yo tengo conocimiento, hasta el 95, 96, por esa zona de Prado hacía arriba, pero no sé si para el lado de Natagaima, por esa zona operaba, pero no tengo conocimiento de eso, le estaría mintiendo si le dijera algo de eso.

A lo anterior, se añade que R. A. M., alias “O. S.” presentó la lista de desmovilizados actuando como miembro representante de la «Compañía La Gaitana del Comando Conjunto Central de las FARC», pero meses antes había suscrito igual documento para desmovilizar la Compañía Norma Patricia Galeano.

2.3. Como las armas entregadas no fueron destruidas, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía les realizó un reconocimiento pericial en el mes de mayo (14 al 18) de 2011 —se encontraban guardadas en el almacén de armas decomisadas de la Sexta Brigada—.

Además, según informe de laboratorio FPJ-13 del 14 de septiembre de 2009, elaborado por el investigador R. H. B., cuatro de ellas estaban en mal estado y las demás regulares. Es más, las identificadas como A31, corresponden a 13 fusiles, de los cuales 11 asemejan la forma de un arma de fuego, clase fusil AKM, y no presentan mecanismo de disparo ni funcionalidad en sus partes, por lo tanto, no sirven para percutir un cartucho y producir disparo. En algunos apartes del documento se lee:

El arma de fuego clase Sub-ametralladora, identificada como A22, 9mm Parabellum (9 x 19mm), de fabricación HECHIZA (falsa uzi pistol), de accionamiento automático, se encuentra a la fecha en regular estado de conservación exterior, sus mecanismos no sincronizan, no siendo apta para percutir y producir disparo.

(…)

Las armas identificadas como A31, corresponden a trece fusiles, de los cuales once asemejan la forma de un arma de fuego, clase fusil AKM, no presentan mecanismo de disparo ni funcionalidad en sus partes, por lo tanto no sirven para percutir un cartucho ni producir disparo.

(…)

El arma identificada como A32 corresponde a un artefacto hechizo que asemeja la forma de un arma de fuego clase fusil Ruger, presenta el número 181-01566, no presentan mecanismos de disparo ni funcionalidad en sus partes, por lo tanto no sirven para percutir un cartucho ni producir disparo.

Adicionalmente, en el documento F6 (acta de entrega de armas del 11 de marzo de 2006) se consignó:

13 fusiles

13 fusiles AK 47 (de madera)

9 revólveres

13 pistolas

4 subametralladoras

1 lanza granadas

1 ametralladora

2 escopetas

2.4. Los actos que se cumplieron por parte del Gobierno para llevar a cabo la desmovilización no tienen secuencia temporal. Obsérvese:

FechaActoContenido
3/marzo/2006

Resolución 52

Crea zona ubicación temporal
6/marzo/2006

Resolución 53

Reconoce a R. A. M. como representante de la Compañía La Gaitana.
7/marzo/2006

Desmovilización

Entrega de armas “ficticia”
8/marzo/2006

ActasDesmovilizados se comprometen a no volver a delinquir y piden beneficios.
9/marzo/2006EncuestaDesmovilizados
10/marzo/2006Listado Desmovilizados

Presentado por R. A. M., alias “O. S.”
11/marzo/2006Acta 113

Entrega de armas y elementos de la desmovilización a Sexta Brigada.
14/marzo/2006

Oficio del Alto Comisionado de PazSolicitud de beneficios para desmovilizados.
16/marzo/2006

Acta del Alto Comisionado de PazAcepta el listado presentado (AUC).
22/mayo/2006

Acta del Alto Comisionado

Corrige la anterior a efectos de indicar que R. A. es de las FARC y ratifica la fecha inicial (folio 129).
17/marzo/2006

Oficio del Alto Comisionado de Paz.Informa a Fiscalía la desmovilización
17/marzo/2006

Oficio del Alto Comisionado de Paz.Informa a Procuraduría la desmovilización.
17/marzo/2006

Oficio del Alto Comisionado de Paz.Informa al Ministro del Interior la desmovilización.
30/abril/2007

Oficio del Alto Comisionado.

Informa desmovilización a Jefe Unidad fiscalías de Justicia y Paz.
4/septiembre/2008

Oficio del Alto Comisionado.

Informa desmovilización al Consejo Superior de la Judicatura.

Como se puede constatar, el 14 de marzo de 2006 el Alto Comisionado para la Paz solicitó los beneficios económicos para los desmovilizados, esto es, cuando ni siquiera se había aceptado el listado presentado por alias “O. S.”. Tampoco para esa fecha se había informado esa desmovilización a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Ministerio del Interior, como correspondía, lo que denota un afán desmesurado de hacer prevalecer el aspecto económico sobre el jurídico.

3. Es más, para la fecha de la desmovilización, el procesado tenía conocimiento de que en el departamento del Tolima no existía, al interior de las FARC, una Compañía denominada Cacica La Gaitana.

Estas son las razones en las que apoyamos esa afirmación:

3.1. Tal como se mencionó en precedencia, S. T., mediante oficio del 29 de octubre de 2005, antes de la desmovilización, informó que en el Tolima actuó la cuadrilla 21, Cacica Gaitana de las FARC, al mando de L. E. R., alias “M.”.

3.2. El acusado sabía que Cacica Gaitana era el nombre del Frente 21, no el de una Compañía, habida cuenta que este tipo de estructura nunca operó en el departamento del cual fue Comandante por 2 años (diciembre/2003 a diciembre/2005). Sin embargo, ese dato no lo puso en conocimiento de las autoridades encargadas de coordinar la desmovilización.

4. La Fiscalía sí logró demostrar que el General S. T. fraguó, junto con otras personas, la falsa desmovilización.

Existen hechos, debidamente probados, que indican que aquel empezó a gestionar, con alias “O. S.”, y posiblemente en coordinación con H. C., quien fuera designado como oficial de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la ficta desmovilización a finales del 2004.

4.1. El procesado, inicialmente como Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional y luego como Director de Inteligencia, visitó en seis oportunidades a alias “O. S.”, quien representó la Compañía Cacica Gaitana. La primera, el 8 de septiembre de 2004, en compañía de E. C. —oficial de inteligencia de la Sexta Brigada—; la segunda, el 2 de noviembre de 2005, junto con H. C.; tres ocasiones más, solo, y otra con J. J. A. —oficial de inteligencia—, tal como se percibe en el registro de visitas de los centros de reclusión.

De lo anterior surge que, en cualquiera de los cargos que ostentó, el acusado siempre visitó a alías “O. S.” con personal de inteligencia.

4.2. Mientras S. T. era comandante de la Sexta Brigada, le anunció al General S. B. que estaba manteniendo contacto con un guerrillero que pretendía desmovilizar un grupo subversivo, sujeto que resultó ser alias “O. S.”, según lo confirmó el último de los uniformados el día de la desmovilización.

La sentencia mayoritaria no examinó lo manifestado por S. B. en conjunto con la prueba F25, relativa a las visitas que realizó el procesado a R. A. M., alias “O. S.”.

En relación con la desmovilización, el testigo aseveró que el acusado, cuando fue Comandante de la Sexta Brigada, le hizo referencia a que un interno en la Cárcel de La Dorada tenía información y «que pues estaba hablando con él y pues estaban concretando a ver qué. Y bueno pero que (…) no, de pronto hay una desmovilización, pero no hubo más» [01:30’01’’ a 01:30’35’’]. Es decir, nunca le precisó información adicional, siendo este su superior, aspecto trascendental que permite colegir que la actividad desarrollada no era de carácter oficial.

Así mismo, S. B. señalo que el día de la desmovilización se enteró que esa persona era R. A. M. [01:32’02’’ a 01:32’22’’] y en la prueba F25 aparece que el acusado efectivamente, junto con el Coronel E. C. M. (oficial de Inteligencia de la Sexta Brigada), visitó a R. A. alias “O. S.” el 8 de septiembre de 2004, desde las 15:40 hasta las 17:45 en la Cárcel de La Dorada, fecha en la que el acusado era Comandante de la Sexta Brigada.

4.3. Pese a que el General S. B. requirió al enjuiciado con el propósito que lo mantuviera informado sobre el avance de las negociaciones con dicho insurgente para la eventual desmovilización, este hizo caso omiso a la petición. Incluso, el primero manifestó que, por razón de su cargo, debió haber sido enterado sobre el particular. Lo anterior, no obstante que en la sentencia mayoritaria se afirmó que S. B. «admitió que se trata de un asunto que no conoció y del que no se le tenía que comunicar».

De otra parte, en relación con lo aseverado por S. B., el fallo sostiene que «aunque este relato del testigo puede, en principio, poner en duda la inocencia del acusado, no es suficiente para prodigar sentencia de condena en su contra, porque no hay otro tipo de pruebas que lo involucren directamente […]»(7).

Tal afirmación desconoce las sólidas y razonables inferencias que, entre otras, emanan de las ya mencionadas visitas carcelarias, la petición de seguridad hecha por el acusado y su presencia en el acto de desmovilización.

4.4. A partir de los hechos descritos se infiere que los encuentros del procesado con alias “O. S.”, en compañía de personal de inteligencia, tenían por objeto concretar detalles de la falsa desmovilización.

Así mismo, desvirtúan el argumento de la sentencia de la que nos apartamos, consistente en que en la supuesta desmovilización no intervino Inteligencia Militar.

4.5. Ahora bien, el 4 de marzo de 2006 el acusado acudió, con H. C., ante el General A. M. B., con el propósito de solicitar apoyo en la seguridad de la zona de desmovilización de la Compañía La Gaitana de las FARC, aduciendo que este era un trabajo que venían realizando conjuntamente (así lo manifestó el General A. M. B.).

Aunque en la sentencia mayoritaria se le restó relevancia a ese hecho, lo cierto es que a esa conclusión se arribó sin considerar algunas expresiones de M. B. que resultan trascendentes para su correcta apreciación.

El testigo incluyó expresiones como: «llegaron a mi oficina», refiriéndose al acusado y al Coronel C.; más adelante, adujo: «a informarme y a pedirme una seguridad porque se iba a desmovilizar un grupo de bandidos (...)». En otras tres ocasiones, cuando el defensor lo contrainterrogó sobre la seguridad prestada en la zona, su respuesta siempre involucró, primordialmente, a S. T. y a lo largo de su exposición fue reiterativo en expresar el trabajo conjunto que estaban realizado con C.

Del análisis integral de la prueba se infiere que, en efecto, el acusado sí estuvo en la oficina de M. B. junto con C., pero no como un mero acompañante casual, sino con una participación activa y determinante en relación con lo pedido, pues, incluso, el testigo siempre empleó plurales.

A su vez, el fallo menciona que quien hizo la petición de seguridad al Comandante de la Sexta Brigada fue C., el oficial de enlace, por orden directa del Alto Comisionado para la Paz, quitando así relevancia a la presencia de S. T. en esa oficina. Pero, cabe preguntarse ¿qué haría un General acompañando a un Coronel? cuando la máxima de experiencia indica que es el militar de menor grado quien presta apoyo al superior y no lo contrario.

En la sentencia se cita al Coronel B. L. para argüir que fue quien directamente estuvo a cargo de la seguridad en el sitio de desmovilización, y concluye que la orden provino del Alto Comisionado.

Indistintamente de si ello fue cierto o no, lo evidente es que el acusado sí intervino en la ejecución de esa instrucción al acudir ante el Comando de la Brigada a solicitar, junto con C., la seguridad para la zona de ubicación.

4.6. El 7 de marzo de 2006 S. T. estuvo en el acto de desmovilización.

Así se corrobora con el Oficio 2281 SIPOL DETOL-201-1 del 31 de agosto de 2009 y con la declaración del General C. A. S. B.

Este último, al responder si el enjuiciado asistió a la ceremonia de desmovilización, dijo: […] no fue ceremonia sino una reunión donde asistió el Comandante del Ejército, el Comandante de la Policía, el Comisionado de Paz, el Comandante de la VI Brigada y el Comandante de la V División, porque nos correspondía por ser nuestra jurisdicción, pero todo se manejó directamente por Ejército” [01:25’02’’].

Más adelante, al mencionar las razones por las cuáles no pudo acceder al informante del que le habló S. T., cuando era el Comandante de la Sexta Brigada, contestó: “Eso fue cuando yo era Comandante de la V División, posteriormente él [el acusado] salió paEjército [01:31’41’’].

Nótese que cuando el testigo emplea la expresión «Ejército» incluye al acusado.

Al examinar la respuesta brindada inmediatamente después del fragmento trascrito, frente al interrogante de si allí se encontraba el procesado, este contestó: «él estuvo allá en el sitio pero no sé si (…) estuvo ahí en el sitio», luego ratificó «Sí, en el acto allá en el sitio, allá estuvo el General Suárez». Se extrae, entonces, que en la primera hizo mención a las autoridades y en la segunda se refirió en concreto a S. T., pero no deja duda alguna que este último compareció al acto de desmovilización.

En el fallo mayoritario se asegura que el testigo no sabe si el acusado estuvo o no en el acto. No obstante, a esa conclusión arriba a partir de descontextualizar su respuesta, en la medida en que S. B. dudó en torno a si S. T. se encontraba en la tarima, pero fue enfático en que lo vio en la ceremonia.

Obsérvese, además, que el General A. M. B. no negó tajantemente haber observado al acusado en ese lugar, pues al respecto lo único que afirmó fue: «la verdad, por lo menos ahí en la tribuna, donde estábamos, ahí en la tribuna no recuerdo muy bien, en la tribuna estaban, como digo, las autoridades, recuerdo que el gobernador (…)». [01:00’55’’ a 01:01’10’’].

Por consiguiente, es claro que el acusado estuvo en ese sitio. Así lo afirmó el General S. B. y se consignó en el oficio del 31 de agosto de 2009, del Comando de Policía del Tolima, y tampoco existen razones para dudar de lo expuesto por un general de la República, de quien no se predica ningún interés en perjudicar a su colega, como tampoco de un documento público no tachado de falso.

El motivo para su presencia en el lugar no fue otro que asegurar el éxito de la operación.

4.7. De lo afirmado por J. G. D. se desprende que S. T., con quien se conocía desde 1998, lo visitó en la cárcel con el fin de pedirle que no hablara sobre lo que sabía acerca de los ofrecimientos que le hicieron para vender unas armas a efectos de ser entregadas en la desmovilización, e, igualmente, que S. G.(8) le envió emisarios al establecimiento carcelario para que guardara silencio.

El testigo fue enfático en señalar que estaba siendo amenazado con el propósito que desistiera de declarar en este proceso penal. Se traen algunos apartes de sus manifestaciones:

Declaración del 5 de enero de 2012, ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública:

S2413-3
 

Declaración del 6 de diciembre de 2011, ante el Juzgado de Delitos contra la Administración Pública:

S2413-2
 

En el fallo del cual discrepamos se le resta credibilidad al testigo, entre otras cosas, porque no se demostraron las supuestas amenazas en su contra. Sin embargo, vale la pena resaltar que, precisamente, D. fue asesinado antes de que pudiera declarar en este juicio.

5. Para ser coherentes con nuestra postura en Sala, no profundizaremos sobre el poder suasorio del testimonio de L. D., a pesar de que sus dichos corroboran que el acusado participó en la consecución del material bélico utilizado para la desmovilización(9), que vio cuando en la fundación Manos por la Paz, en presencia del procesado, se entregó, al Coronel C. y a otro, dinero destinado a financiar la desmovilización y que también fue intimidado para guardar silencio.

De otra parte, en relación con las armas destinadas a la falsa desmovilización, J. G. D. manifestó que fue contactado para conseguirlas. Sin embargo, la sentencia de la mayoría le restó relevancia bajo argumentos que desconocen el principio de libertad probatoria —artículo 373 del Código de Procedimiento Penal de 2004—, toda vez que exigió prueba de corroboración sobre: fechas y lugares en que permaneció privado de la libertad, las visitas que le hizo el acusado y el Coronel S. G. y los «atentados de que fue víctima» por hablar de la desmovilización. Así mismo, reparó en la no comparecencia al juicio del guardia A. G., quien fue el contacto entre D. y alias “O. S.”.

6. Con fundamento en lo expuesto, a nuestro juicio el General L. F. S. T. debió ser condenado como coautor de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, agravado; fraude procesal continuado y cómplice de peculado por apropiación, continuado y agravado a favor de terceros.

En efecto, se acreditó que para darle visos de legalidad a la desmovilización, se consiguieron algunas armas de uso privativo de las fuerzas armadas, en cuya labor participó el acusado, las que fueron entregadas en el acto solemne del 7 de marzo de 2006 por los presuntos guerrilleros. Con apoyo en esa farsa, la Fiscalía General de la Nación profirió resoluciones inhibitorias al interior de procesos que no debieron nacer a la vida jurídica, en la medida en que no se trataba de verdaderos guerrilleros.

De la misma manera, el acusado, conforme a un acuerdo previo, prestó una ayuda concomitante y posterior para que el Estado desembolsara la suma de $ 1.139.467.485, con destino a los supuestos desmovilizados durante el lapso en el que se mantuvo la componenda.

Finalmente, consideramos que el enjuiciado ha debido ser absuelto por el injusto de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, pero únicamente porque no se acreditó el ingrediente normativo del tipo, relativo al permiso de autoridad competente.

Fecha ut supra, 

José Francisco Acuña Vizcaya. 

Eugenio Fernández Carlier. 

Eyder Patiño Cabrera. 

1 Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja —CICR— en Buenos Aires.

2 Cfr. Derecho Internacional Humanitario en Revista Dos Tribunas, Sao Paulo Brasil, 1990, pág. 30 y 31.

3 Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil.

4 Superior del Comandante de la Sexta Brigada.

5 Oficial que sucedió en el cargo a L. F. S. T.

6 Paramilitar que fue informante del Ejército.

7 Cfr. página 112 del fallo.

8 Oficial del Ejército que luego fue jefe de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

9 Aclaro que si bien algunas armas no eran idóneas, otras sí eran aptas para percutir.