Sentencia SP2561-2015/44692 de marzo 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP2561-2015

Rad.: 44692

Aprobado Acta Nº 90

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Es competente la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de apelación propuesto por la defensa contra la decisión proferida por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en concordancia con el numeral 3, artículo 32, de la Ley 906 de 2004.

2. Inicialmente aclara la Sala que si bien los argumentos esgrimidos por el defensor en apoyo del recurso de apelación no contienen una elaborada disquisición encaminada a rebatir los planteamientos de la providencia impugnada, de todas formas engloban algunas proposiciones dirigidas a atacar o controvertir la tesis expuesta en la decisión, y que en últimas pretenden mostrar el eventual desacierto de la misma, motivo por el cual la Corte no acogerá la sugerencia de los no recurrentes respecto a la declaratoria de desierto del recuso, y procederá en consecuencia a abordar el estudio que le corresponde con miras a dirimir la controversia suscitada.

3. Ha sido criterio constante de la Sala que la exclusión del candidato a ser beneficiado con la pena alternativa, se puede producir por el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, faltar a las obligaciones impuestas por la ley, o transgredir los compromisos definidos en la sentencia condenatoria.

Lo anterior, por cuanto para poder ejercer la opción de ser favorecido con las prerrogativas previstas en la Ley 975 de 2005, resulta indispensable no sólo expresar, sino materializar la decisión de dejar atrás el accionar violento, lo cual concreta el legislador en los requisitos de elegibilidad, entendida como la eventual posibilidad para ser seleccionado beneficiario de las ventajas punitivas en mención.

Los requisitos de elegibilidad colectiva se concretan en la exigencia de la cesación de toda actividad delictiva, y se encuentran previstos expresamente en el artículo 10 de la citada Ley 975 de 2005, en los siguientes términos:

“1. Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno Nacional.

2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal(1).

3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita”.

5. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

6. Que se liberen a las personas secuestradas, que se hallen en su poder(2)”.

Una vez satisfecha la exigencia de elegibilidad, el desmovilizado debe cumplir con las obligaciones contenidas en la ley y en la sentencia, relacionadas con la satisfacción de la verdad, la justicia, la reparación de sus víctimas y al cumplimiento de las garantías de no repetición, para hacerse acreedor al beneficio de la pena alternativa, es decir, le compete satisfacer las obligaciones contenidas en la ley e impuestas en la sentencia.

Por el contrario, de llegar a comprobarse el incumplimiento de alguno de los requisitos de elegibilidad, necesariamente ha de concluirse que el desmovilizado no es apto para trasegar el camino de la transición y de la alternatividad, motivo por el cual procede su expulsión.

Esa exclusión no implica pronunciamiento de fondo acerca de los delitos confesados por el postulado en su versión libre y objeto del proceso de justicia y paz, pues, simplemente su investigación y juzgamiento correrá eventualmente a cargo de la justicia ordinaria, toda vez que uno de los efectos de una determinación en tal sentido, se concreta en la obligación de dejarlo a disposición de los despachos judiciales que lo requieran.

No sobra recordar igualmente que la eventual confesión realizada por el justiciable en el curso de la actuación cumplida bajo los derroteros de la Ley de justicia y paz, no tendrá ningún valor, sin perjuicio que la información suministrada en la versión libre pueda ser considerada en la reconstrucción de la verdad histórica de lo sucedido con el accionar paramilitar.

4. Ahora bien, en cuanto se refiere concretamente a la exclusión por el incumplimiento de la obligación legal relacionada con la contribución al esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria histórica, necesariamente ha de recordarse que el éxito del proceso de reconciliación se encuentra estrechamente ligado a la posibilidad de conocer los hechos, los responsables, los auspiciadores, la financiación, los beneficiados, la forma, los sitios, el momento, las razones y, en general todo aquello que esclarezca la situación de violencia generada por las actividades ilícitas de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.

En tales condiciones, ninguna incertidumbre surge en torno a que la satisfacción de la verdad impone el relato amplio, completo y veraz de las circunstancias de tiempo, modo, cantidad, cualidad, relación y lugar en que el desmovilizado haya participado en las conductas delictivas con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización.

De igual manera, corresponde al desmovilizado ofrecer la información que tenga para lograr el hallazgo de personas desaparecidas o secuestradas; así como aceptar los cargos que se le formulen con ocasión de lo confesado y de lo investigado por la fiscalía; aceptar la responsabilidad por hechos incluidos en las investigaciones anteriores a la desmovilización y participar activamente en la reconstrucción de la memoria histórica de lo acontecido con su accionar armado.

Dicho relato resulta indispensable en orden a determinar los parámetros necesarios para la dosificación de la pena integral, de la alternativa y de los mecanismos de reparación a las víctimas.

Atendiendo a dicha finalidad, es claro que la versión libre es el acto procesal llamado a delinear los delitos propios del accionar armado, es decir, donde se vislumbra la imputación que será objeto de aceptación y fundamento de la sentencia, pues es allí donde corresponde al desmovilizado dar a conocer toda la verdad de las conductas ejecutadas con ocasión de su vinculación al grupo armado ilegal, así como de aquellas respecto de las cuales tuvo conocimiento.

La conclusión en comento se desprende del contenido del artículo 20 del Decreto 3011 de 2013, de acuerdo con el cual en la versión libre, corresponde al desmovilizado manifestar:

“…las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos delictivos en que hayan participado con ocasión de su pertenencia a grupos armados organizados al margen de la ley. En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o de otro integrante del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.

Así mismo, los postulados deberán relatar, entre otras, la información relacionada con la conformación del grupo, su modus operandi, los planes y políticas de victimización y la estructura de mando del grupo…”.

La consecución de la verdad, entonces, se constituye en el presupuesto necesario para la justicia y la reparación, ya que para garantizar la no repetición de tales atrocidades, resulta trascendental conocer las distintas circunstancias relacionadas con su perpetración.

Precisamente por ello, la versión libre debe ser completa y veraz, es decir, corresponde al desmovilizado relatar todo lo acaecido durante su accionar armado, tal como lo expresó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en los siguientes términos:

“…En efecto, según las disposiciones del bloque de constitucionalidad, el ocultamiento, el silencio o la mentira sobre los delitos cometidos, no pueden ser las bases de un proceso de negociación que se ajuste a la Constitución. Sin embargo, el relato genuino y fidedigno de los hechos, acompañado de investigaciones serias y exhaustivas y del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, pueden ser las bases de un proceso de negociación en el cual, incluso, se admita constitucionalmente la renuncia a la imposición o aplicación plena de las penas que el derecho penal ordinario ha establecido, inclusive para los delitos que la humanidad entera ha considerado de la mayor gravedad.

En este sentido no sobra enfatizar que frente al tipo de delitos a que se refiere la ley demandada, sólo la identificación completa de la cadena de delitos cometidos por cada uno de estos grupos armados específicos permite conocer la real dimensión de lo sucedido, identificar a las víctimas, repararlas, y adoptar medidas serias y sostenibles de no repetición…”(3).

Acorde con los anteriores planteamientos, es claro que la aplicación de la pena alternativa prevista en la Ley 975 de 2005, sólo es procedente en aquellos eventos en que el postulado relate toda la verdad de los hechos con trascendencia jurídica en los que es responsable y de los que tiene conocimiento.

5. Como se precisó anteriormente, en esta oportunidad la primera instancia decidió excluir al postulado Marcos Tulio Pérez Guzmán del trámite a que se contrae la Ley 975 de 2005 por el incumplimiento de la obligación legal relacionada con la contribución al esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria histórica, toda vez que en la diligencia de versión libre se mostró ajeno a los hechos de violencia sexual basados en género cometidos por miembros del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia en los Corregimientos de Libertad, Sabanetica y Alto de Julio - San Onofre (Sucre), pese a que en relación con varios de ellos se le ha atribuido responsabilidad o participación, en cuanto ostentaba la calidad de comandante en esa zona.

Es evidente que teniendo la fiscalía información de delitos en que participó Pérez Guzmán en desarrollo de su vinculación al grupo armado ilegal, los cuales ni mencionó ni aceptó en la versión libre; incumplió la principal obligación legal, como era la de relatar de manera cierta y completa todo lo acontecido durante su accionar paramilitar, específicamente en lo relacionado con los hechos cometidos contra N.G.M, L.S.R., M.I.C.P., D.P.Ch., M.S.J., P.T.G., G.P.B.J., N.E.M.G y N.G.M., casos que fueron documentados en cumplimiento de programas metodológicos trazados para iniciar la correspondiente investigación y comprobar la veracidad de la información suministrada, motivo por el cual en diligencia de versión libre reservada realizada los días 11 y 12 de enero de 2011, en presencia de su defensor, le fueron expuestas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron tales hechos delictivos, pese a lo cual manifestó desconocer los mismos.

Se cuenta además dentro de la actuación, con copia de la Resolución emitida el 21 de julio de 2014 por la fiscal veintiséis delegada ante los jueces penales del circuito especializados de la unidad nacional de análisis y contextos dentro del radicado 0016, mediante la cual se resolvió la situación jurídica de Marcos Tulio Pérez Guzmán, a quien se le imputó la comisión de los delitos de acceso carnal violento en persona protegida, agravado por el concurso de otras personas y por el contagio de enfermedades de transmisión sexual; actos sexuales violentos en persona protegida, agravado por el concurso de otras personas; tortura en persona protegida, tratos inhumanos y degradantes y trata de personas, acontecimientos de los cuales fueron víctimas nueve mujeres habitantes del corregimiento La Libertad del municipio de San Onofre (Sucre).

De acuerdo con lo expuesto, al no satisfacerse la principal obligación legal impuesta al desmovilizado, resulta obvio concluir que constituye una absurda dilación del proceso, continuar con un trámite contra una persona que ofreció un relato incompleto, eventualidad que resquebraja en forma grave la estructura del proceso transicional y desconoce seriamente el derecho a la verdad, lo cual abrió a la fiscalía la posibilidad de solicitar la exclusión del trámite correspondiente a la ley 975 de 2005, para que sea sujeto de una investigación formal y completa en la justicia ordinaria.

6. Respecto del planteamiento del apoderado del desmovilizado relativo a la ausencia de respuesta del funcionario de primera instancia sobre las causales de nulidad invocadas, supuestamente “…porque no es el momento procesal para hacerlo…”, observa la Sala que en verdad la repuesta ofrecida por la judicatura se concretó en manifestar que negaba la nulidad por cuanto los hechos que alega el defensor como irregulares “…sucedieron con posterioridad a la diligencia de versión libre siendo ésta el objeto de este trámite y los compromisos propios del postulado frente a la Ley de justicia y paz con respecto a la contribución al esclarecimiento de los hechos delictivos ocurridos con ocasión y durante la militancia en el grupo armado organizado al margen de la ley…”, eventualidad que descarta de plano la prosperidad de la queja en mención.

De otra parte, como el defensor insiste en aducir que en el curso de la audiencia de legalización de cargos verificada en sesiones del 20 y el 23 de mayo de 2013, se presentaron algunas irregularidades relacionadas con la forma en que su representado decidió aceptar su participación en ocho de los nueve casos de acceso carnal violento en persona protegida que se había negado a admitir en anteriores oportunidades, lo cierto es que, tal y como lo expresó el juez colegiado de primera instancia, dicha circunstancia ninguna incidencia tiene en torno a los motivos en que se basa la solicitud de exclusión, toda vez que los mencionados acontecimientos fueron debidamente documentados en cumplimiento de programas metodológicos trazados para iniciar la correspondiente investigación y comprobar la veracidad de la información suministrada, al punto que en el curso de la diligencia de versión libre reservada realizada los días 11 y 12 de enero de 2011, le fueron expuestas al desmovilizado en presencia de su defensor, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos delictivos, motivo por el cual las manifestaciones del desmovilizado Marcos Tulio Pérez Guzmán en torno al tema, en nada modificarían la decisión de solicitar y ordenar su exclusión del proceso de justicia y paz.

Diferente es que la fiscalía, pese a existir la evidencia necesaria para llegar a la conclusión que el postulado había faltado a la verdad en la diligencia de versión libre, no hubiera decidido oportunamente solicitar su exclusión, dejando avanzar un trámite innecesario contra una persona que ofreció un relato incompleto que desconoce abiertamente el derecho a la verdad, pues según lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 de la Ley 975 de 2005, la exclusión se puede solicitar, analizar y decidir tan pronto se evidencie la situación mediante la cual se ponga de manifiesto el incumplimiento de algún requisito de elegibilidad u obligación legal o judicial —esto es, sin que sea necesaria la previa formulación de la imputación—, tanto en el curso del proceso como en la ejecución de la sentencia.

Así las cosas, debido a la intrascendencia de las irregularidades denunciadas en torno al objeto de la decisión impugnada, la nulidad invocada por el defensor no tiene vocación de prosperidad.

En conclusión, la Sala encuentra ajustada a derecho la decisión adoptada por la Sala de conocimiento de justicia y paz del Tribunal Superior de Barranquilla, de excluir al postulado Marcos Tulio Pérez Guzmán del proceso de justicia y paz de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 11 A de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, acorde con el cual procede la exclusión cuando “…el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley…”.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual excluyó del proceso de justicia y paz al postulado Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias “El Oso”, desmovilizado del frente “Golfo de Morrosquillo del Bloque Montes de María de las Autodefensa Unidas de Colombia”.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Expresión que fue declarada exequible, mediante Sentencia C-370 de 2006, “en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas”.

(2) Este numeral fue declarado exequible mediante la Sentencia C-370 de 2006, condicionado “en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas”.

(3) Sentencia C-370 de 2006.