Sentencia SP2634-2015 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP2634-2015

Radicación 41443

Aprobado acta 100

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., marzo once de dos mil quince.

Vistos

Se pronuncia de fondo la Sala sobre el recurso extraordinario de casación interpuesto por el fiscal XXX de XXX y el apoderado de la parte civil contra la sentencia del 26 de julio de 2012, mediante la cual el tribunal superior de la misma ciudad revocó la de primer grado de 16 de junio del año anterior emitida por el juzgado penal del circuito especializado —Adjunto para descongestión— de la misma sede que había condenado a C.A.S.V. y A.R.M.M. como coautores de los delitos de extorsión agravada, en concurso homogéneo, y concierto para delinquir agravado para, en su lugar, absolverlos de esas conductas.

Hechos

Mediante denuncia escrita presentada a la Fiscalía General de la Nación, seccional XXX, el día 1º de septiembre de 2006, el señor L.M.H.C. (q.e.p.d.) informa que mediante presión física y sicológica fue obligado a enajenar el bien inmueble de su propiedad denominado “XXX” a la señora I.J.C.H.

Empieza su relato señalando que el día 16 de mayo de 2005 A.R.M.M., C.A.S.V. e I.J.C.H. se presentaron en su residencia ubicada en el corregimiento XXX, municipio de XXX (Magdalena), y en tono amenazante le manifestaron que debía entregar el predio referido para lo cual lo aguardaban el 25 de mayo ulterior en la notaría única del municipio de XXX para firmar la escritura, donde la titular del despacho notarial ya estaba enterada.

Como no acudió a la notaría en la fecha indicada, prosigue, las mismas personas se presentaron al día siguiente del establecido, pero en esa oportunidad en compañía de varios sujetos armados quienes dijeron pertenecer a los paramilitares. Dichos individuos, al tiempo que esgrimían los artefactos bélicos que portaban, lo insultaron y profirieron amenazas en contra de su vida o de sus allegados en caso de persistir en su actitud de no firmar la escritura. También le advirtieron que ya no era necesario ir hasta la oficina notarial, pues la notaria titular acudiría hasta su casa con el documento elaborado para su suscripción, debiendo permanecer allí hasta que ello ocurriere.

Luego de permanecer, dice, por espacio de seis días en su morada ante el temor de lo que le pudiera suceder, el 3 de junio de 2005 se presentó la notaria, doctora A.C.M.S., en compañía de A.R.M.M. con el documento elaborado, por lo que procedieron a la suscripción. Durante el acto, indica haberle manifestado a la funcionaria que firmaba bajo amenaza de muerte y sin recibir contraprestación alguna, pero no hubo manifestación de su parte. De esa manera, relata, se suscribió la escritura pública XXX de 3 de junio de 2005 a favor de I.J.C.H.

Señala, así mismo, que el predio se encuentra en cabeza del señor C.A.S.V., uno de los individuos que participó en la extorsión, quien aparece comprándole a la aludida I.J.C.H. mediante escritura pública XXX de 2 de diciembre de 2005, otorgada en XXX (Atlántico).

Expone que su tardanza para formular la denuncia se debió al temor de que fuesen a matarlo, o a uno de sus hijos.

Por su parte, el 9 de mayo de 2007, el señor J.L.H., también presentó denuncia ante la misma autoridad en contra de A.R.M.M., C.A.S.V. e I.J.C.H., en la cual indica que los mencionados el día 20 de mayo de 2005 se acercaron a la vivienda de su abuelo A.H.C., consanguíneo de L.M., ubicada en el mismo corregimiento y municipio. Allí, de forma intimidante, los prenombrados le señalaron que debía entregar el predio denominado “XXX”, para lo cual debía presentarse a la misma notaría referida, en donde ya obraba la respectiva escritura elaborada.

En vista de que no acudió a la cita, alude el denunciante, las mismas personas nuevamente pasaron a la residencia de su abuelo en compañía de tres sujetos armados que adujeron pertenecer a las autodefensas, lanzándole amenazas de muerte si no entregaba el inmueble, por lo que debía sacar de inmediato los animales que allí se encontraban.

A raíz de ello, indica, su abuelo no tuvo más remedio que ceder a la coacción suscribiendo la escritura XXX del 3 de junio de 2005, igualmente expedida en la notaría única de XXX, sin recibir contraprestación alguna, la cual se firmó en su domicilio y en presencia de la misma notaria aludida, en favor de R.L.A., quien, le aseguraron, ya lo había negociado a I.J.C.H.

Actuación procesal

Con sustento en las denuncias referidas, se dispuso la apertura de dos investigaciones independientes (XXX, por la denuncia presentada por L.M.H.C., y XXX por la de J.L.H.); sin embargo, después se dispuso su trámite conjunto(1).

A la investigación fueron vinculados C.A.S.V., A.R.M.M., I.J.C.H. y A.C.M.S., a quienes se definió su situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

Mediante resolución de 21 de enero de 2009 se decretó el cierre parcial de la investigación respecto de C.A.S.V. y A.R.M.M. mientras que, frente a las restantes, se dispuso la ruptura de la unidad procesal(2).

El 22 de abril subsiguiente se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de S.V. y M.M. por los delitos de extorsión agravada (arts. 244 y 245-3 del C.P.) y concierto para delinquir agravado (art. 340, inc. 2, ib.) “en concurso homogéneo y heterogéneo”, la cual fue confirmada por la fiscalía de segunda instancia el 17 de julio ulterior.

El trámite del juicio fue asignado al juzgado XXX del circuito especializado —Adjunto para descongestión— de XXX, ante el cual se tramitaron las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento, a cuyo término dictó fallo de primer grado el 16 de junio de 2011 por medio del cual condenó a los acusados a las penas principales de ciento cincuenta (150) meses de prisión y multa por suma equivalente a tres mil cien (3.100) salarios mínimos legales mensuales; así mismo, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término al de la sanción aflictiva de la libertad y al pago de perjuicios. En la determinación les negó tanto el subrogado de la condena de ejecución condicional como el sustitutivo de la prisión domiciliaria, tras encontrarlos coautores penalmente responsables de los delitos por los cuales fueron convocados a juicio.

De igual forma, dispuso la cancelación de las escrituras públicas XXX y 146 del 3 de junio de 2005, protocolizadas ante la notaría única de XXX y de los registros respectivos en la oficina de instrumentos públicos del municipio de XXX (Magdalena).

Contra la anterior determinación, los defensores de los implicados impetraron recurso de apelación, el cual desató el tribunal superior de XXX el 26 de julio de 2012 en sentido de revocarla integralmente para, en su lugar, absolver a los procesados de las conductas punibles comprendidas en la acusación.

En desacuerdo con la sentencia del ad quem, el fiscal quinto especializado de la misma ciudad y el apoderado de la parte civil interpusieron recurso extraordinario de casación, para cuya sustentación allegaron libelos independientes, los cuales fueron admitidos mediante auto del 18 de junio de 2013.

Surtido el traslado de ley, emitió concepto la procuradora tercera delegada para la casación penal, quien deprecó no casar el fallo impugnado(3).

Las demandas

1. Por el fiscal quinto especializado de XXX:

Luego de precisar que le asiste legitimación para impugnar, formula dos cargos con soporte en la causal primera de casación del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, por violación indirecta de la ley sustancial que generó “falta de aplicación de los artículos 244 y 245 numeral 1º y 340 inciso segundo del Código Penal, por haber incurrido el juzgador de segunda instancia, en error de hecho por falso raciocinio, sobre las pruebas practicadas u obrantes en el plenario, error este trascendente, protuberante, ostensible que tuvo incidencia en la decisión final de absolución, que de no haberse cometido, la decisión de primer grado no habría sufrido ninguna variación, dejándose de aplicar, de contera las normas contentivas de los tipos penales de concierto para delinquir agravado y extorsión agravadas”.

De acuerdo con el actor, en la sentencia impugnada se incurrió en el yerro referido “al aplicar inferencias lógicas de determinadas premisas, que indefectiblemente no conducían a la conclusión adoptada, cual fue de restarle eficacia a los medios probatorios analizados, que sirvieron de fundamento al a quo, para sustentar la sentencia de condena, y por ende se violentaron de manera indirecta, la aplicación de los artículos 9º, 10,11, 12, 22, 25, 29 inciso 2º, 31, 33, 35, 39, 43, 44, 54, 55, 58, 60, 61, 244, 245 num. 1º y 340 inciso segundo, del estatuto punitivo y 232, 238 y 277 del Código de Procedimiento Penal”.

Empieza por reseñar que el error valorativo recae en la desestimación que el Honorable Tribunal efectuó de los testimonios de L.M.H.C. y su esposa B.F.F. por encontrarlos “a todas luces contradictorios”, y porque a pesar de admitir que la segunda fue presencial de los hechos colige que no aporta nada; sin embargo, anota, esa inferencia “está construida sobre premisas que en manera alguna conducen a tal conclusión”.

Así, entiende que la primera premisa no es válida en tanto que la falta de concordancia frente a la presencia de una persona en el lugar de los hechos “no torna per se, tal dicho en contradictorio como lo sostuvo el tribunal”. Y, en cuanto a la segunda, “desde la perspectiva de la lógica formal, ninguna relación tiene con la primera”.

Aduce cómo el punto comparativo esbozado por el ad quem para inferir la desarmonía de los testimonios radicó en la presencia de H.H. “simplemente porque este afirmó que era una irresponsabilidad llamarlo a declarar, puesto que no estuvo presente en el lugar de los hechos, de esas dos premisas, no resultaba válido concluir que las declaraciones de L.M. y B.F. no aportaban nada importante a la investigación”.

A su juicio, el falso raciocinio también es evidente porque tampoco se advierte la supuesta contradicción entre las dos atestaciones, pues si bien B.F. “no alude a la presencia de J.J.L.H. en el sitio donde se firmó la escritura, de tal hecho no se puede desprender que esté mintiendo en su declaración, mucho menos que no aporten nada importante en sus atestaciones”.

Se adujo por el ad quem, entonces, un contrasentido entre los testimonios referidos que en realidad no existe, pues aun cuando L. ubica a J.J.L.H. en el lugar de los hechos y ella no, tal situación tampoco puede dar al traste con la credibilidad del relato y mucho menos colegir que no aportan nada, cuando son coincidentes en lo esencial, pues “lo importante es que estos testigos dieron a conocer la forma como se ejerció la presión indebida sobre el señor L.M., con armas portadas por miembros de las autodefensas, para hacerle firmar por la fuerza las escrituras a través de las cuales daba en venta la finca ‘XXX’, de lo cual se desprende sin mayor hesitación que en verdad se trató de un concierto para delinquir agravado, como que se infligieron amenazas de muerte a la víctima en contubernio con miembros de las autodefensas, al tiempo que fue compelido a desprenderse de su patrimonio por la fuerza moral, vale decir, con amenazas contra sus vidas, lo cual implica sin más que una típica extorsión agravada”.

Además, tales declaraciones muestran la realidad de los acontecimientos, esto es, que en varias ocasiones fueron visitados por los acusados en compañía de paramilitares, con el fin de obligar al señor L.M. a firmar la escritura de venta a favor de su sobrina de la finca “XXX”, lo cual corrobora el mismo J.J.L.H.

Por tanto, no es, como afirma el tribunal, que los testimonios de los esposos L.M.H.C. y B.F.F. son contradictorios, en tanto se advierten coherentes, y todos, incluso, con el de J.J., concuerdan en que a la notaria le entró un temblor cuando se le advirtió por aquel que estaba siendo amenazado “y ello es lógico, porque según ella no sabía de qué se trataba en realidad de verdad, y fue por ello, honorables magistrados, por lo que la fiscalía 4 delegada ante el tribunal superior de XXX, consideró que la notaria había actuado por estado de necesidad. De ahí que haya ordenado precluir la investigación a su favor, o sea, que no es válido comparar su dicho, con otros testimonios, como lo hace el tribunal, puesto que ella fue procesada y lógico es suponer, que por instinto defensivo iba a mentir como en efecto ocurrió”.

En ese orden, encuentra que la declaración de la notaria, no podía tomarse, como lo hizo el colegiado de segunda instancia, en función de desestimar los dichos de la familia H.F. y tomando como soporte igualmente los dichos de su hermana L.C.M. y de R.C.Q., valoración en la cual también desconoció el escenario donde se desarrollaron los hechos, itérese, en la morada de L.M., con la presencia de algunas personas que se acercaron a constatar lo sucedido, y en una zona donde el influjo paramilitar era notorio.

También incurrió el ad quem en otro error por falso raciocinio, al restarle mérito probatorio al testimonio de R.B.G., “no por capricho o por ser yerno de L.M.H., sino porque los esposos H.F., no lo ubican en su vivienda el día de los hechos”, dejando de lado que el testigo refiere a los varios momentos en que se suscitaron los acontecimientos, esto es, en la primera ocasión cuando llegaron los paramilitares en compañía de A.M.M., C.S.V. e I.J.C.H., instante en el que se encontraba en la inspección de policía y mal podían, por consiguiente, ubicarlo en su residencia los esposos H., máxime cuando advirtió que al estar en la inspección pudo ver que la gente pasaba para donde el señor L.M., por lo que se quedó al frente de la casa de él y oía los tonos amenazantes con que le hablaba uno de los del grupo armado.

De esa forma, encuentra que la valoración de esta prueba por el tribunal fue sesgada, por no tener en cuenta los diferentes momentos, circunscribiéndolo al acto de suscripción de la escritura, pero olvidando que previamente la familia H.F. había recibido amenazas de muerte en el sentido de suscribir la escritura de venta del predio “XXX” a favor de I.J.C.H.

El testimonio de R.B.G., prosigue el libelista, es determinante al certificar que el día de los hechos los acusados, en compañía de un grupo paramilitar, amenazaron a su suegro para que firmara la escritura correspondiente de la finca “XXX”, y porque explica que el proceder de I.J. de acudir a los paramilitares se explica por no haber podido ganar el pleito legal trabado sobre el predio.

En consecuencia, “no tuvo en cuenta el juzgador de segundo grado, que se trató de un problema familiar, en donde una sobrina ambiciosa y codiciosa, o sea, I.C. una vez vencida en juicios civiles, aprovechando la situación de orden público reinante en la zona para la época de ocurrencia de los hechos, en donde existía una especie de autoridades paralelas a las estatales, que pretendían y así lo hacían, solucionar conflictos familiares, utilizó a las autodefensas, para apropiarse de las tierras que estimaba le pertenecían, porque su tío indebidamente las había apropiado de su padre”.

Concluye el actor, en torno a este testigo, que “tuvo conocimiento de los hechos, vale decir, las amenazas de los paramilitares sobre la familia H.F., no porque estuviese en su vivienda, sino que fue al frente de la misma para escuchar tales amenazas, luego, desde el punto de vista de la lógica formal, no es válido arribar a la conclusión que no percibió los hechos, en razón de la contradicción sobre su ubicación en la vivienda por parte de los esposos H.F.”.

Acto seguido, afirma que el tribunal igualmente incurrió en violación indirecta de la ley sustancial, por falso juicio de existencia, dado que no abordó el análisis de otros testigos presenciales de los hechos, a pesar de haberlos citado.

Refiere, para empezar, al testimonio de J.I.O.M., cuya alusión en el fallo fue meramente genérica y quien en verdad sí fue testigo directo de las amenazas al señalar que así pudo constatarlo desde un árbol de olivo al frente de la vivienda de L.M.H.C. y B.F.F., aclarando que el día de la firma de la escritura no estuvo.

Advierte el demandante que ninguna contradicción existe con lo que sostuvo este testigo en su segunda declaración, en la que simplemente manifiesta desistir de su dicho por “el miedo que lo invade por haber declarado en una primera oportunidad, o sea, por haber dicho la verdad, de ahí que manifestara: ‘No doctor lo que pasa es que he llegado hasta acá porque me han llamado y yo quiero desistir esto, yo soy una persona muy pobre y no tengo plata para estar movilizándome cada rato, quiero pedirle al señor fiscal una petición para ver si me saca de esto, porque así como le dije, yo quiero desistir, porque eso no me conviene yo estoy en riesgo con mi familia y persona también...”.

Acto seguido, se ocupa de la declaración de L.A.B.V., cuyo estudio, asegura, fue omitido por el ad quem a pesar de haber sido mencionado por la pareja de víctimas. Este deponente afirmó ser vecino de M.H., por lo que pudo presenciar la llegada de los paramilitares, siendo expulsado del lugar por el comandante G. de las autodefensas, pero de ella “se pueden desprender indicios de participación y presencia”.

Finalmente, alude a la atestación de J.C.A.P., quien confesó haber sido integrante de las autodefensas y uno de los acompañantes del comandante G., quienes junto con los procesados A.R.M.M. y C.A.S.V., la notaria A.C.M.S. e I.J.C.H. llegaron a la residencia de L.M., obligándolo a suscribir la escritura pública XXX el día 3 de junio de 2005. Insiste en que esta declaración tiene plena validez en la sistemática de la Ley 600 de 2000 por virtud del principio de permanencia de la prueba.

Este testimonio, pregona, “ni siquiera fue tocado por el tribunal, tratándose nada más y nada menos de uno de los acompañantes de los procesados, para constreñir bajo amenazas de muerte a las víctimas L.M. y A.J. para que vendieran sus predios, quien igualmente es ajeno a los hechos, sin interés alguno en mentir y a la luz de la libre apreciación racional merece toda credibilidad”.

Tras aludir a la trascendencia de los errores aludidos, con la entidad, a su juicio, de mutar la sentencia, depreca casar el fallo, “dejando vigente la sentencia proferida por el juzgado adjunto especializado de XXX, a través del cual fueron condenados los procesados A.R.M.M. y C.A.S.V.”.

2. Por el apoderado de la parte civil:

Al igual que en el primer libelo, también se proponen dos cargos por violación indirecta de la ley sustancial “por falta de aplicación de los artículos 9º, 10, 11, 12, 14, 22, 26, 28, 29, 31, 244, 245 numeral 1º y 340 inciso segundo del Código Penal, por error de hecho por falso juicio de existencia y falso juicio de identidad, en que incurrió el juez de segundo grado, en cuanto a la valoración de las pruebas practicadas y obrantes en el proceso, errores estos de tanta transcendencia, protuberantes y ostensible (sic) que tuvieron incidencia en la decisión final de absolución de los condenados en primera instancia”.

En la primera censura, señala, el ad quem incurrió en falso juicio de existencia, cuyo desarrollo se asemeja al del mismo tipo de yerro de la demanda anterior, advirtiendo que “pasó por encima de los testimonios de J.I.O.M., J.C.A.P. y L.B.V.”.

Respecto del primero, destaca cómo “es ajeno a la familia H.F., sin ningún interés en mentir, este testigo no es de oídas, como lo afirma el tribunal, es presencial, ya que percibió y escuchó directamente bajo el palo de olivo, que queda en la puerta de la casa del señor L.M., las amenazas proferidas y téngase en cuenta que el señor J.I.O.M., se refiere en su declaración a dos momentos diferentes, al de la firma de la escritura por L.M., el primer momento que informa el testigo, es cuando se presentan A.M.M., C.S.V. y una señora de apellido C., a amenazar al señor L.M., para que firmara escritura y escuchó de ello, decirle, que si no firmaba se la iba ver con los paramilitares y el segundo momento, cuando se hacen efectiva las amenazas, por haberse negado a ir a la notaría de XXX a firmar la escritura de la supuesta venta, tal como se lo exigían los procesados”.

En cuanto al testigo L.A.B.V., también exalta que no tiene vínculo familiar con L.M. y la familia H.F., sin interés en mentir, tampoco es de oídas “como falazmente se afirma por el tribunal”, y es presencial, en tanto vio la llegada de los ilegales cuando estaba reunido con el señor L.M., indicando que también estaban “J.L., E.N., E.P., E.M., entre otros, no escuchó las amenazas, porque fue expulsado del lugar por alias G., jefe paramilitar de la zona y téngase en cuenta que el señor L.B.V., reconoció que las tierras fueron quitadas, inclusive para respaldar su afirmación dicen que manden un investigador, que eso fue verdad, que todo el pueblo lo sabe”.

Enseguida, transcribe, como igual se efectuó en el anterior libelo, el testimonio de J.C.A.P. omitido en la valoración del tribunal. Luego, desarrolla el segundo cargo por falso juicio de identidad, basado en que el tribunal supuso que A.M. y C.S., simplemente asesoraron a I.C., desconociendo que los esposos B.F. y L.M. afirmaron nunca haber tenido en venta el predio “XXX”.

Así mismo, encuentra que, en términos similares a los de la demanda de la fiscalía, en el fallo impugnado se tergiversó lo afirmado por R.B., en cuanto escuchó las amenazas de muerte proferidas a su suegro por un miembro de las autodefensas en sentido de que debía firmar la escritura correspondiente a la venta de la finca “XXX”; igualmente, en cuanto al testimonio de H.E.H.

Otro falso juicio de identidad, añade, se verificó por alterar lo aseverado por L.M.H., “al agregar o añadir una coma, lo cual se demuestra con un simple cuadro comparativo y se constata el defecto cometido. Obsérvese, que el señor L.M. dijo: estaba un hijo H.H., en cambio, el tribunal dice: ‘Estaba un hijo, H.H. a simple vista se observa la distorsión fáctica al añadir la coma para que produzca efectos diferentes. Todos estos errores son graves, que distorsionan la información materialmente, queriendo que produzca un efecto contrario a lo que señala la prueba, si se tiene en cuenta que en la denuncia escrita y en la diligencia de ratificación formulada por L.M.H.C., se relaciona es su hijo H.J.H.F. y no su sobrino H.E.H., como equivocadamente lo afirma el tribunal’”.

Para el censor, concluye, los errores cometidos por el fallador de segundo grado son incidentes, pues llevaron a desconocer que por virtud de las amenazas de muerte a los señores L.M. y A.J.H.C., se traspasaron “los predios ‘XXX’ y ‘XXX’...”.

Por lo anterior, solicita casar la sentencia de segunda instancia “y en su lugar se confirme la de primer grado de fecha 16 de junio de 2011, proferida por el juzgado único especializado de XXX, adjunto para descongestión, por la cual se condenó a los señores A.R.M.M. y a C.A.S.V., como coautores del delito de extorsión agravada en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado, y, se cumpla de esta manera, con el respeto de las víctimas y familiares en saber la verdad y el derecho a la reparación del daño infringido por los delitos cometidos”.

Alegato del no recurrente

El defensor de C.S.V. presenta, dentro del término legal, escrito en su calidad de no recurrente en casación.

A su juicio, los cargos presentados en los libelos de la fiscalía y apoderado de la parte civil carecen de los presupuestos de forma y no se sustentan adecuadamente, al tiempo que no se evidencian los errores de apreciación advertidos.

A tal punto llega “la desfachatez”, indica, que se pretende la valoración del testimonio de J.C.A., alias “J.C.”, cuando se trata de una prueba nula de pleno derecho al tenor del artículo 29 de la Constitución Política, en tanto “fue excluida por parte del fallador de primera instancia, en este caso el juez penal del circuito especializado adjunto de XXX, lo cual revela de cuerpo entero las incoherencias e ilegalidad con que se sustento (sic) la demanda”.

Además, “bueno es preguntarle por qué razón el mismo fiscal quinto especializado que ahora pretende que se valore semejante engendro, de su propia cosecha, en su pronunciamiento de fecha junio 3 de 2011, al proferir resolución de acusación en contra de las enjuiciadas, ordeno (sic) investigar las conductas de J.C.A., alias ‘J.C.’, en su sentir para que no se ‘genere impunidad’ esto lo hizo en la tramitación del proceso radicado bajo el número XXX tal como lo denominó y el cual se origino (sic) por ruptura de la unidad procesal del primigenio proceso, tramitado en contra de la señora notaria del municipio de XXX, Dra. A.C.M.S. y la señora I.C.H., por los presuntos delitos de extorsión y concierto para delinquir. Será leal señores magistrados la conducta asumida por el aludido fiscal, o será que con ella se está bordeando los linderos del Código Penal? (sic)”.

De otro lado, sostiene que el apoderado de la parte civil se presenta como apoderado de A.H.C., “quien ni siquiera compareció al proceso y fue suplantado por su nieto J.L.H., quien solo tuvo la calidad de denunciante y la pretendida demanda jamás fue presentada, es decir brillo (sic) por su ausencia, así que considero que constituye una tentativa de fraude para con la Honorable Sala y además estos hechos constituyen una falta gravísima violatoria del estatuto de la abogacía”.

De igual forma, afirma que a dicho apoderado no le asiste interés, “pues según sus propias manifestaciones el predio XXX, ya le fue entregado, amén de que a la señora notaria le fue esquilmada la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000), por parte del hijo del denunciante L. (sic) M.H., en este caso el Dr. A.H.F., y el señor apoderado A.P.P.”.

A continuación, pregona que las demandas no satisfacen los presupuestos técnicos propios del recurso de casación y de la causal de violación indirecta invocada, por lo que deben inadmitirse.

Con el escrito anexa certificación expedida por la fiscal cuarta especializada de XXX y copia de la resolución de acusación de 3 de junio de 2011 proferida por la fiscalía quinta especializada.

Concepto del Ministerio Público

Empieza por advertir que como las demandas fueron confeccionadas con una construcción y ordenamiento similar, se pronunciará en forma conjunta.

En tal sentido, señala que a pesar de que los libelistas refieren a falsos juicios de existencia o de identidad, al analizar el contenido de los cargos, su desarrollo e intento de demostración, confluyen simplemente en mostrar su desacuerdo con el grado de credibilidad o convicción que el tribunal otorgó a los diversos testimonios rendidos en la actuación con el objeto de evidenciar una nueva perspectiva que permita revocar la absolución y conseguir la condena proferida en primera instancia.

En todo caso encuentra que no les asiste razón a los demandantes al sostener que el tribunal incurrió en los errores denunciados fundados en la crítica al modo como el fallador otorgó credibilidad a los testimonios de las supuestas víctimas L.M.H.C. y su esposa B.F.F.

Lo anterior, porque si bien en la denuncia presentada por el primero, pero elaborada por su hijo A.H.F., se asegura que conocieron de los hechos personas tales como L.A.B.V., R.B.G., J.J.L.H., J.I.O.M., G.L.S., A.L.H., A.B.P. y A.G.M.O., algunos no resultaron tan precisos al indicar que habían tenido conocimiento de los hechos a través del dicho de las víctimas sin constarles las amenazas exteriorizadas por los agresores, entre ellos, A.G.M.O. y J.I.O.M., este último quien dijo haber escuchado las amenazas contra L.M., pero no haber estado presente el día de la firma de las escrituras, sino que fue informado por la víctima.

Así mismo, advierte cómo otro grupo de testigos adujo haber observado unas personas armadas dirigirse a donde L.M. y escuchar las amenazas consistentes en que en el evento de no firmar unas escrituras sufrirían graves consecuencias, como R.B.G. (yerno de L.) quien aseguró haber acompañado a la notaria y presenciado la advertencia que hizo la víctima de que firmaba bajo coacción y J.J.L.H., quien afirmó haber observado a los procesados con un grupo de personas armadas en el momento que amenazaron de muerte a L.M. de negarse a firmar unas escrituras, intimidación que, según este testigo, fue hecha delante de la notaria que llevó la documentación para formalizar la compraventa del bien inmueble.

Empero, destaca, el tribunal valoró todos los testimonios coligiendo que mientras L.M.H.C. ubicó a J.J.L.H. como testigo presencial de la firma de la escritura pública XXX de 3 de junio del 2005 en su residencia, con presencia de la notaria A.C.M.S., su esposa B.F.F. no hizo lo mismo.

Admite que aun cuando hubo una equivocación en cuanto a la mención de H.H., pues se pudo establecer que dos primos tienen el mismo nombre, en tanto que existe H.H.F. y también H.E.H.H., el primero de los cuales administraba el predio rural denominado “XXX”, entregado por L.M.H. a C.A.S.V. una vez suscrito el instrumento notarial.

En criterio de la delegada, para dirimir el asunto debe resaltarse el contenido de la declaración rendida por I.J.C.H., acorde con la cual el origen de la pugna radicó en “la posesión del predio, dentro de una misma familia”, por lo que transcribe su contenido in extenso “para contextualizar el antagonismo surgido entre las dos ramas de una misma familia, a saber, L.M.H. y sus herederos, y por la otra su fallecido hermano J.A.H.C., padre de E.J.H. y abuelo de I.C. hija de la anterior, surgido por una escritura de confianza que el hermano fallecido le confió a L.M. para que le hiciera entrega una vez se produjera su deceso, a su única hija E.J.H., promesa que cumplió luego de pasados casi 17 años después”.

Esta versión, añade, se respalda con la demanda ordinaria de rescisión por lesión enorme presentada por el abogado F.C.C.A. en nombre y representación de E.H. contra L.M.H.C., con el propósito de rescindir el contrato de compraventa suscrito por el demandado con su hermano A.J.H.C. a través de la escritura pública XXX de fecha 9 de noviembre de 1988, otorgada en la notaría única del círculo de XXX.

Adicional a las condiciones del contrato, en dicho documento también se plasma que el señor A.H.C. falleció el día 18 de noviembre de 1988, lo cual corrobora el dicho de E.J.H. al señalar que su padre falleció a los 8 días de haber suscrito la escritura pública, a lo que puede dársele el tratamiento de indicio de verdad sobre lo acontecido con el predio y el modo como el denunciante lo adquirió de forma diversa al acuerdo pactado con su extinto hermano.

Además, “Tal elemento resulta de vital importancia tenerlo en cuenta, en tanto que la sobrina del denunciante E.J.H. y su hija I.C., partieron siempre de la noción que el predio les pertenecía por una herencia no diferida, solo que por un comportamiento arbitrario de su tío, fueron privadas del goce y uso de la posesión de la mencionada finca, elemento que nunca fue analizado a través de las instancias y desde luego afecta toda la estructura del presupuesto fáctico para analizar los elementos de los hechos punibles imputados”.

Ello encuentra respaldo en lo aseverado por E.J.H. al sostener que su tío L.M.H. no le vendió el predio denominado “XXX”, sino que lo entregó en cumplimiento del antiguo pacto celebrado con su padre, es decir, por ser la hija de A.H., pero que por carecer de documento de identificación le pidió hiciera la escritura a nombre de su hija I.C. Así mismo, al afirmar que la demora en la entrega del predio se debió a que su tío la dilató utilizando diversos artificios y que, dada su precaria situación económica por el abandono de su esposo, enviaba a su hija I. quien regresaba a veces con 50 o 100 mil pesos, pero que luego de recibido el inmueble lo puso en venta y lo transfirió libremente bajo este título a C.S.

De otro lado, destaca la procuradora delegada la inconsistencia de las diversas declaraciones rendidas por L.M.H. en torno a la identidad de las personas presentes para la firma de la escritura, lo que contrasta con la versión de la notaria A.C.M.S., quien en su declaración afirmó que I.C.H. solicitó el servicio, siendo específica en que nunca se hizo bajo presión, pues de haberlo observado se habría abstenido de otorgar la escritura al vendedor, al estar viciada de nulidad absoluta; igualmente, fue enfática en señalar que no observó personas armadas, indicando que se encontraban presentes L.M., su hija y, en la puerta de la vivienda, su esposa, de quien desconoce su nombre; aclara que se encontraba también su hermana de nombre L.C.M.E. y R.B.C.Q. quienes la acompañaron en el desplazamiento hacia ese sitio.

Explica también esta deponente que cuatro meses después se hizo presente a la notaría el señor R.B. con la finalidad de pedirle la cancelación de esa escritura, aduciendo que L.M. no había recibido dinero y que además había sido amenazado, a lo que ella le respondió que las partes deberían concurrir de común acuerdo a cancelar dicho instrumento, pero su interlocutor le dijo que tenían problemas con la compradora y que ella no se iba a hacer presente, por lo que la notaria le indicó que debía entonces recurrir a la instancia judicial para una resolución del contrato. Esta funcionaria también fue reiterativa en indicar que antes de firmar la escritura se hicieron las advertencias para que las partes de manera libre tomaran la decisión de firmar o no la escritura pública, versión con la que, como lo analizó el tribunal, se quedaron sin soporte los testimonios de aquellos que aseguraron haber observado la presencia de un grupo armado y las personas indicadas por los supuestos testigos.

Acto seguido, la delegada exalta el dicho de los acusados. Así, en cuanto a A.R.M.M. en sentido de que todo se trata de una retaliación de carácter político y revanchismo personal por parte de R.B. y A.H.F. Por su parte, C.A.S.V. en orden a que todo es mentira de los denunciantes pues para el 16 de mayo del año 2005 se encontraba sesionando en el recinto del concejo municipal de XXX y que el negocio se surtió sin ningún tipo de coacción, haciéndole L.M. entrega voluntaria del predio, tanto fue así que le dio las llaves y una cadena que todavía reposa en el portón del predio desocupado, negando cualquier vínculo con grupos paramilitares.

De lo expuesto colige la representante del Ministerio Público, que la interpretación del tribunal es válida en el campo del derecho, por lo que puede asegurarse que no incurrió en errores de hecho por falso raciocinio, falso juicio de existencia o de identidad, en torno a los diversos medios probatorios, porque “la base para revocar la sentencia del a quo, radicó en la fragilidad de los testigos quienes mostraron dubitación al indicar los pormenores de cada uno de los acontecimientos ocurridos en diversas fechas, así como confusión en su descripción”.

A tal punto llegó ello que, añade, J.I.O.M. se desdijo de sus aserciones, siendo la razón de esta decisión el no querer ver en riesgos con su familia, “actitud que muestra una lasitud o flaqueza que compromete completamente la credibilidad de sus afirmaciones, antes de comprometer la responsabilidad de los procesados”. Así mismo, cuando los demandantes realzan versiones como la de L.A.B. lo único que pretenden es buscar de la Corte una valoración favorable a este medio probatorio “sin demostrar un error protuberante en su análisis o valoración, motivo por el que los cargos así formulados deben ser desestimados”, lo que igual ocurre con los testimonios de J.I.O.M., L.A.B. y J.C.A.P., según los casacionistas dejados de apreciar.

Para la representante del Ministerio Público, por consiguiente, la providencia atacada logra demostrar la ausencia de elementos probatorios a través de los cuales se pueda establecer que los procesados unieron sus voluntades a través de un pacto con ánimo de permanencia para cometer una cantidad indeterminada de delitos prolongada en forma ampliada a través del tiempo, y menos aún que esa voluntad se hubiere concretado en un hecho cierto que afectaran la paz, la convivencia y la seguridad de la sociedad. De igual forma, el reconocimiento de presunción de legalidad que le otorga el tribunal a los instrumentos notariales plasmados en las escrituras públicas, corroborados con la certidumbre de las afirmaciones hechas bajo la gravedad del juramento por parte de la notaria A.C.M.S., ante quien fue tramitada la escritura pública, permiten fijar un alto grado de convicción sobre la manera como efectivamente ocurrieron los hechos, desechando los testimonios que reseñaban lo contrario, pues lo que se evidencia es un problema netamente familiar y con algunos tintes de carácter político.

Como, entonces, no le asiste razón a los demandados al tratar de demostrar errores de hecho que fueron cometidos por el ad quem al elaborar la sentencia de segunda instancia que revocó el fallo condenatorio, concluye que los cargos formulados deben ser desestimados, debiendo no casarse la sentencia impugnada.

Consideraciones de la Corte:

(i) Cuestión previa:

El defensor de C.A.S.V. en su escrito de no recurrente en casación estima que al apoderado de la parte civil no le asiste legitimidad para impugnar en casación a nombre de A.H.C., porque este último ni siquiera ha comparecido a la actuación, habiendo sido siempre “suplantado” por su nieto J.L.H., “quien solo tuvo la calidad de denunciante y la pretendida demanda jamás fue presentada”.

Al respecto, importa precisar que ninguna relevancia tiene dentro de la presente actuación, tramitada bajo el rito de la Ley 600 de 2000, que la víctima en mención no haya comparecido directamente a la actuación y que, incluso, la denuncia haya sido presentada por otra persona. Esto último, resulta necesario dejarlo en claro, en cuanto las conductas delictivas por las que se procede no tienen carácter querellable y porque, como lo refirió el mismo denunciante J.L.H., la imposibilidad de asistir de su abuelo se fundamenta en su avanzada edad y deplorable estado de salud.

Por otro lado, ese aspecto carece de total entidad para los efectos de este recurso extraordinario dado que el libelo casacional allegado por la fiscalía, cuyos términos, como ya se vio, son similares a los del presentado por el apoderado de la parte civil, apunta a la casación total del fallo absolutorio del tribunal a fin de que se condene acorde con los cargos contenidos en la resolución de acusación, esto es, por las conductas delictivas relacionadas con los dos supuestos fácticos comprendidos en ese proveído.

(ii) Cuestión de fondo:

Es necesario precisar que la Sala no se ocupará de los desaciertos técnicos contenidos en los cargos objeto de análisis, pues su admisión, como ya es criterio jurisprudencial reiterado, conlleva la superación de esos defectos y el deber de la Corte de emitir pronunciamiento de fondo.

De la misma forma, es necesario resaltar que para dar respuesta a las censuras se procederá en forma conjunta respecto de los dos libelos, pues salvo la divergencia en cuanto a la naturaleza de uno de los errores de apreciación probatoria propuesto en ambas, surge evidente su similitud hasta el punto de recaer sobre los mismos medios de prueba. Así mismo, no se advierte necesario discriminar la respuesta por cargos —dos por cada libelo—, dado que se colige su integralidad de cara a derruir la sentencia impugnada.

En ese orden, empiécese por destacar que aun cuando, según ya se advirtió, el objetivo de los libelos está encaminado al derrumbamiento total del fallo para que se condene por las conductas delictivas relacionadas con los dos supuestos fácticos comprendidos en la acusación y en las sentencias —tópico que dicho sea de paso ignoró por completo la representación del Ministerio Público en su concepto—, los cuestionamientos de índole probatoria se circunscriben claramente a la conducta delictiva de la que se hizo víctima al señor L.M.H.C. por haber sido compelido a suscribir la escritura pública XXX del 3 de junio de 2006, por medio de la cual transfirió la propiedad del predio denominado “XXX” a I.J.C.H., aunque su modus operandi prácticamente fue igual al de la cometida en contra de A.J.H.C., consanguíneo de la primera víctima, para obtener la escrituración del inmueble “XXX”, a la postre mediante la escritura pública XXX de la misma fecha y corrida también en la oficina notarial del municipio de XXX, cuya titular era la doctora A.M.S., quien también fue investigada por estos hechos.

Con el propósito de dar respuesta a las réplicas probatorias de los libelistas, ab initio se torna imprescindible rememorar que tal acontecer constó, según el denunciante L.M.H.C., de tres episodios distintos e identificables en los ámbitos circunstancial y temporal.

El primer episodio habría tenido lugar el 16 de mayo de 2005 cuando A.R.M.M., C.A.S.V. e I.J.C.H. se presentaron a la residencia de L.M.H.C. ubicada en el corregimiento XXX, municipio de XXX (Magdalena), donde en tono amenazante le manifestaron que debía entregar el predio de su propiedad denominado “XXX” a la última en mención para lo cual debía acudir a la notaría única de XXX el 24 de mayo siguiente y firmar la escritura, donde la titular del despacho notarial ya estaba enterada.

El segundo episodio se habría presentado al día siguiente, pues precisamente por no haber concurrido L.M. a la oficina notarial en mención, aparecieron en su residencia las mismas personas, pero esta vez en compañía de individuos armados quienes se habrían identificado como miembros de las autodefensas procediendo a amenazarlo de muerte, o a sus allegados, si no accedía a suscribir la escritura pública a nombre de I.; no obstante, en esta oportunidad le advirtieron que ya no era necesario que acudiera al despacho notarial, pues la notaria lo visitaría a su domicilio en los días siguientes, por lo que debó permanecer allí aguardando la visita.

De esa forma se concretó el tercer episodio cuando, concretamente el 3 de junio de 2005, llegó a su vivienda la notaria A.C.M.S., en compañía de A.R.M.M. con el documento elaborado, por lo que procedieron a su suscripción. El denunciante señala que durante ese acto manifestó a la funcionaria que firmaba bajo amenaza de muerte y sin recibir contraprestación alguna, lo cual no fue óbice para proseguir con el trámite. Ese mismo día, A.J.H.C., consanguíneo de L.M., también bajo presión y ante la misma funcionaria, en su vivienda ubicada a poca distancia de la de su hermano, mediando amenazas similares, de igual forma suscribió la escritura por medio de la cual cedió la propiedad del predio “XXX”.

Como se puede evidenciar, son tres momentos distintos, cada uno de ellos con particularidades propias, por lo que se debe tener claridad, de acuerdo con la versiones de las víctimas del primer suceso, a saber el mismo L.M. y su cónyuge B.F.F.H., acerca de quiénes los presenciaron.

Para el tribunal los dos últimos mencionados incurrieron en contradicciones, fundamentalmente en torno a las personas que estuvieron presentes en tales acontecimientos, lo cual condujo a no otorgarles credibilidad.

A juicio del representante de la fiscalía, en esa justipreciación el ad quem incurrió en un error de hecho por falso raciocinio porque esa situación por sí sola no da al traste con la credibilidad de los testigos.

Confrontado el contenido de dichos testimonios, se advierte cómo existe identidad en el relato central de los sucesos, esto es, en cuanto los hechos se presentaron en tres episodios, conforme a lo expuesto, y, lo más importante, sobre la forma cómo se llevó a cabo la coacción ejercida sobre L.M.H. para que firmara la escritura.

En ese orden de ideas, encuentra la Corte acertado el reclamo de la fiscalía, pues resulta contrario a la lógica y a la forma correcta de estructurar el pensamiento, descalificar de plano dos versiones trascendentales acerca de la ocurrencia de unos hechos, que además cuentan con amplio respaldo probatorio, solo porque incurren en contradicción en torno a la presencia de una persona en el último episodio de la secuencia fáctica y de ahí infortunadamente colegir que “resultan a todas luces contradictorias”(4) y, peor aún, colegir, en cuanto al dicho de B.F.F.H. que ello “da lugar a que no se tenga en cuenta su versión al no aportar nada importante a la presente investigación”(5).

Todavía más grave cuando la valoración de estos dos testimonios atendiendo las reglas de la sana crítica conduce a conclusión contraria a la del tribunal, avalada por la representación del Ministerio Público; incluso, se hace énfasis, frente al mismo aspecto cuestionado por esa corporación, porque, se debe recabar, son más significativas las coincidencias entre estos dos dichos que la insular desavenencia, a la cual se otorgó un alcance magnificado.

En efecto, según lo precisa el denunciante L.M.H.C., en los términos de la noticia criminal, durante el primer episodio narrado estuvieron presentes los procesados A.R.M.M., C.A.S.V. e I.J.C.H.; en el segundo, los mismos citados y tres individuos armados que dijeron ser paramilitares y, en el tercero, A.R.M.M. y la notaria A.C.M.S.(6).

En su ampliación de denuncia, recibida el 24 de enero de 2007 a través de despacho comisorio(7), se ratificó de lo expuesto y señaló que el día de suscripción de la escritura se hicieron presentes seis sujetos armados: tres de ellos ingresaron a su vivienda y los tres restantes permanecieron en las afueras. Ante la pregunta genérica, sin concretar el episodio, de quiénes presenciaron las amenazas, en idéntico sentido al del acápite “pruebas testimoniales” de la denuncia, indicó que “son testigos los señores L.A.B.V., R.B.G., J.J.L.H., J.O.M., G.L.S., A.L.H., A.B.P. y A.M.O.”.

Luego, en su última salida procesal, el 26 de junio de 2008(8), cuando se le preguntó concretamente por las personas que presenciaron la suscripción de la escritura el 3 de junio de 2005, adujo de forma textual que “estaba un hijo H.H., la señora, estaba J.L.H., estaba A.M., claro que había un poco ahí y cuando llegó la gente partieron y se fueron, eso fue grave ese día”. Sin embargo, luego fue interrogado acerca de las personas que acompañaron a la notaria ese día, a lo cual respondió “ella llegó con un señor, ese no lo conocí yo y una muchacha que dicen que es hermana... Yo estaba adentro con A., el señor, la muchacha y la señora mía, la demás gente estaba afuera...”.

Después fue indagado por la presencia de A.R.M. ese mismo día, a lo cual precisó: “él fue el que la llevó (se refiere a la notaria), él no estaba en la casa, pero estaba en un callejoncito, que nada más mostraba la carita con ojito blanco, como conejo asustado por perro”. Y, en cuanto a la presencia de personas armadas, indicó: “estaba la cuadrillita esa que le dije, los paracos, estaban armados toditos con sus pistolas, habían unos (sic) con sus fusiles pero esos estaban abiertos de la casa”.

De lo anterior se desprende que esta versión en momento alguno resulta ambigua o inconsistente en torno a las personas que presenciaron los hechos, como de forma errada lo pregona la delegada. Así, en la denuncia fue muy genérico al respecto, pues alude a las personas que dan fe de los hechos, pero nunca frente a cada episodio en particular, aspecto que también confunde el tribunal. Es más, omite hacer mención de su cónyuge, a quien solo vino a referir en la última ampliación ante el interrogatorio incisivo sobre el punto.

En la primera ampliación, no obstante las deficiencias del despacho comisorio, el denunciante fue más específico frente al hecho de las personas armadas que estuvieron el día de la escritura, señalando que fueron seis, de los cuales tres ingresaron y otros tres permanecieron siempre en el exterior de la vivienda, lo cual no riñe con su última exposición, al acotar que algunos de ellos, concretamente quienes estaban provistos de fusiles, no ingresaron a su vivienda, sin precisar cuántos.

Ahora, solo en la última versión concretó, según ya se dijo, que en la vivienda al momento de la firma de la escritura estuvieron su hijo H.H., su señora, J.L.H. y la notaria, quien estaba acompañada por dos personas, y otra gente más. En cuanto a estas últimas nunca adujo que hubieran entrado a la vivienda en el momento preciso de la firma; al contrario, informó que optaron por abandonar el lugar o sus inmediaciones, mientras que el procesado A.R.M.M. se encontraba al acecho de lo que ocurría.

De la valoración de este testimonio puede colegirse que (i) sus distintas versiones más que contradictorias en torno a los testigos presenciales son complementarias, (ii) nunca concreta quiénes estuvieron presentes en los episodios previos al de suscripción de la escritura, (iii) muy posiblemente por circunstancias tales como su edad, nivel educativo(9), impacto de los sucesos, asociado ello a lo primero, y tiempo transcurrido desde los hechos hasta su denuncia, recuérdese que por temor tuvo que dejar más de un año hasta cuando el grupo armado paramilitar se desmovilizó —aspectos que siempre se deben ponderar en la valoración de la prueba testimonial— no fue exacto desde su primera narración en relación con las personas presentes durante los tres momentos, tanto así que solo hasta la última versión menciona a su cónyuge y a uno de sus hijos como presenciales del acto de firma bajo coacción de la escritura, a todo lo cual se suma que (iv) tampoco fue interrogado adecuadamente, pero no por ello pueden descartarse de un tajo sus graves acusaciones.

Por su parte, la cónyuge del denunciante, B.F.F.H., rindió una única versión el día anterior al de la última de su esposo, es decir, el 25 de junio de 2008(10), valga decir, más de tres años después del último episodio de los sucesos. Allí refirió a los tres episodios y, en cuanto al último, respecto de los presentes en ese momento, manifestó: “cuando la doctora A. (sic) llegó, salimos para adentro (sic), estábamos presentes nosotros o sea yo con mi compañero y uno de mis hijos que se encontraba en la casa, la notaria llegó con un señor que no sé cómo se llama y una muchacha, ya habían ido adelante, llegaron los paracos de primero”.

En relación con los hombres armados que se encontraban para ese mismo instante, adujo: “entraron en la casa en la sala donde estábamos, eran cuatro, confirmado fuera de los que estaban afuera que nos tenían rodeado, yo vi los cuatro que llegaron a mi casa, le voy a decir la posición en la que se pusieron, llegó G. que se lanzó sobre nosotros dos, entonces le dije: nos va a matar por lo que es de uno de lo propio, el otro no sé cómo se llamaba que estaba en la puerta del patio y dos en la puerta de la calle y uno...”.

Durante el interrogatorio, bien está traerlo a colación, la deponente se mostró fatigada y perturbada con las preguntas, según la constancia que se dejó: “la fiscalía observa en la declarante como cansancio y en veces ha dicho que se molesta recordar los paracos, y que ella no quiere recordar esos momentos, y a veces ha dicho que es la última pregunta que responde, insistiendo que no quiere recordar ese momento, a las 17:25 se suspende la diligencia, primero porque se trata de una persona de la tercera edad y en consideración al estado anímico”.

Sin embargo, no se la volvió a escuchar en declaración. Empero, con su narración, diferente a lo señalado por el tribunal no se advierte contrariedad importante con respecto a lo aseverado por su cónyuge; así, da cuenta, al igual que este, de los tres episodios que conformaron los hechos y de las intimidaciones a cargo de los procesados e I.C.H. para la entrega del inmueble.

Ahora, en cuanto a las personas que estuvieron presentes para el momento exacto de la firma de la escritura, a tono con lo dicho por su cónyuge también refiere a la presencia de la notaria, su esposo, uno de sus hijos y los sujetos armados. Se advierte falta de uniformidad en cuanto al número de individuos armados que hicieron presencia ese día y frente a cuántos de ellos ingresaron a la vivienda, mas la diferencia en este punto no es notoria, ella habla de uno más y al hecho de que ingresaron a la casa cuatro y no tres como dijo su cónyuge, lo que también resulta entendible, dado que, como lo informan ambos testigos, dichos sujetos —los que entraron— no permanecieron todo el tiempo en la vivienda.

La otra inconsistencia entre los dos testimonios analizados, de la que se valió el tribunal para no otorgarles credibilidad, radica en la presencia de J.L.H. para el momento de la escritura, pues mientras L.M. lo ubica allí, su cónyuge no lo menciona.

Esa omisión de B.F.F.H., a la luz de las reglas de la sana crítica, no tiene la connotación concedida por el ad quem y por el Ministerio Público para restarles crédito a estos testimonios.

Además, para otorgar credibilidad a la prueba testimonial no es indispensable absoluta uniformidad ni total precisión entre los diversos dichos, especialmente cuando entran en juego factores como los aquí resaltados que para nada tuvo en cuenta el tribunal, tales como, se insiste, la edad de los deponentes, su grado de escolaridad(11), el tiempo transcurrido, aspecto este que se acentúa particularmente frente al dicho de B.F., dado que, se reitera, rindió su declaración más de tres años desde la fecha del último episodio de la secuencia fáctica, el impacto de los sucesos —tanto así que según la constancia atrás referida dejada por la fiscalía receptora de su testimonio, no obstante el paso del tiempo aún estaba perturbada— y la demarcada deficiencia del interrogatorio.

Por lo anterior, no deviene trascendente esa omisión del testimonio de B.F., menos aún como para desconocer el resto de su dicho, so pretexto de que nada aporta, como desproporcionadamente lo afirma el tribunal.

El segundo aspecto en el que se basa la colegiatura de segunda instancia para negar mérito probatorio a lo aseverado por las víctimas radica en que L.M. mencionó a H.H. como presente al momento de suscribir la escritura, pero esta persona al declarar lo negó enfáticamente.

En este punto, la Sala advierte que el tribunal incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad, aunque no respecto del testimonio de L.M. como lo indica el apoderado de la parte civil, sino en la valoración del testimonio de A.H.F., véase:

Al respecto, téngase como punto de partida que el señor H.E.H.H. en su atestación vertida el 21 de enero de 2009(12) ciertamente negó de manera rotunda haber tenido conocimiento de los hechos por los que se procede, incluso, calificó de irresponsable su llamamiento a declarar, básicamente porque, aun cuando es sobrino de L.M. y A.H.C., no reside en el municipio donde ocurrieron sino, desde hace mucho tiempo, en la ciudad de XXX, y ocasionalmente lo visita.

Sin embargo, es claro que el tribunal tergiversó el testimonio de A.H.F., hijo de L.M., rendido durante la audiencia pública de juzgamiento el 12 de enero de 2011, al dejar en claro que el presencial citado por su padre no era su sobrino, sino su hijo y hermano del declarante que responde al nombre de H.H.F., cuyo dicho no fue posible recibir en la actuación. Señala este deponente en el aspecto suprimido:

Y el comandante G. con pistoleros que lo acompañaban ultrajo (sic) de hecho y palabra a mi anciano padre mientras le decía si te niegas a firmar te mueres y te vamos a dar donde más te duele. También me dijo mi madre que mi hermano, H.H. que estaba presente le dijo a mi padre que se le firmara al ver el mal trato que G. había cometido contra mi padre, fue así que mi padre acepto (sic) a firmarle la escritura XXX del 3 de junio de 2005 a favor de I. (subraya fuera de texto).

Por lo anterior, fue que el a quo adujo, con razón, que la citación del testigo pudo obedecer a un yerro de la fiscalía:

La convocatoria de declarante H.E.H.H., sobrino de la víctima, tal vez fue un error de la agencia fiscal porque quien cita a un H.H. es el señor L.M.D.H. refiriéndose a su hijo de quien dijo estaba presente cuando firmó las escrituras (fl. 264, c. o. 1). Este no fue citado al proceso o no compareció (subraya fuera de texto).

La supresión del contenido de la prueba indicada en los términos referidos configuró el yerro de apreciación por falso juicio de identidad, con una trascendencia evidente, pues fue uno de los motivos esbozados por el ad quem para no otorgar crédito a lo afirmado por las víctimas.

Ahora bien, el tribunal también incurre, como lo señalan los demandantes, en error de hecho por falso juicio de identidad al afirmar que “si bien en la denuncia se consignó que fueron testigos presenciales de las presuntas amenazas los señores L.A.B.V., R.B.G., J.J.L.H., J.O.M., G.L.S., A.L.H., A.B.P. y A.M.O., este fue desmentido al recepcionar los aludidos testimonios y se probó que ninguno de ellos presenció las presuntas amenazas de C.A.S.V., I.J.C.H. y A.R.M.M., así como tampoco la presencia de paramilitares(13).

Para empezar, el tribunal tergiversa la prueba, concretamente la denuncia y sus ampliaciones cuando indica que los citados fueron testigos “presenciales” de las amenazas, cuando lo que en verdad allí se expresa es que pueden dar fe de los hechos y cosa muy distinta es que a partir de sus narraciones se pueda inferir la realidad de tales amenazas y de la coacción ejercida para doblegar la voluntad de L.M.H.C., como igual ocurrió con su hermano A.H.C., viéndose compelidos a otorgar las escrituras de los predios “XXX” y “XXX”, respectivamente, en los términos exigidos.

Por otro lado, lo cierto es que, salvo G.L.S., respecto de quien, obviamente no se configura el yerro, los demás declarantes, ya sea de forma indirecta, como testigos de oídas o de manera directa, sí ratifican la existencia de las amenazas, dándole consistencia al relato del denunciante.

En efecto, L.A.B.V., en su atestación vertida el 13 de noviembre de 2008(14), aseguró ser vecino de L.M.H. y que presenció el arribo de los paramilitares en el año 2005 al municipio dirigiéndose a donde el señalado, pero fue expulsado del lugar por el comandante G. de las autodefensas. Obsérvese su exposición en lo pertinente:

Un día en la mañana del año 2005, yo estaba en mi casa y salí a visitar al señor M.H., estábamos varios compañeros como XXX, el señor M., J.L., un hijo del señor M.H., que le dicen XXX, cuando se presentaron de 3 a 4 tipos, llegaron y le dijeron al señor M. ¿Usted es el señor M.? Y él respondió que él era, entonces uno de ellos que el comandante dizque G. comenzó uno por uno, ¿Usted que es del señor M.? Y entonces le decía yo soy sobrino, y el otro soy sobrino, comenzó con el otro y usted qué es de él y le respondió, yo soy hijo de él y entonces cogió conmigo y me preguntó que es del señor y le dije soy vecino, entonces me quedó mirando y me hizo una señal con la vista que me fuera de ahí y yo me paré y arranqué de ahí de la reunión esa, después cuando regresé y me comentó J.L. que le iban a quitar las tierras del señor M.H. y del hermano que se llama A.H., eso es todo, las tierras del señor M. para esa época le decían XXX... ¿Diga el declarante si los 3 a 4 tipos que se presentaron a la casa del señor M. en que usted se refiere en respuesta anterior, se identificaron como integrantes de algún grupo armado? Contestó: Sí, dijeron que eran paracos... Preguntado: Usted ha manifestado a este despacho que el señor L.M.H. fue amenazado por unos presuntos paracos y contrario a ello la señora notaria del XXX A.M., su hermana L.M., el señor R.C. y la señora R.R. controvierten la anterior afirmación, qué tiene que decir usted al respecto? Contestó: Esa pregunta se la tiene que hacer al señor M. que estaba presente, yo le respondo esa pregunta se la deben hacer al señor M., yo estaba presente cuando llegaron por primera vez los paracos en el 2005, lo único que sé es que los paracos llegaron ahí, a la casa del señor M. y a la vista está que le quitaron las tierras, eso fue verdad, eso lo sabe el pueblo manden a un investigador para que vea, no sé más nada... Preguntado ¿Qué sabe usted acerca de la escritura de venta del predio XXX del señor L.M. a la joven I.C.H.? Contestó: De la escritura no sé dé ese negocio porque nunca la he visto.

Claramente se advierte que el deponente no fue testigo directo de las amenazas, pero da fe de las circunstancias y el entorno vivido cuando hicieron su arribo por primera vez los integrantes el grupo paramilitar a la residencia de L.M., en términos similares a lo expuesto por el denunciante y su cónyuge; incluso, precisa que el despojo de las tierras de este último es asunto de conocimiento popular en el municipio.

R.B.G., por su parte, sí fue testigo directo de las amenazas, concretamente del segundo y tercer episodio del devenir fáctico, cuando los procesados A.R.M.M., C.A.S.V., junto con I.J.C.H. y un grupo de sujetos armados, hicieron presencia en la vivienda de L.M. en vista de que no acudió a la notaría de XXX a suscribir la escritura en los términos exigidos y de cuando el coaccionado firmó la escritura, incluso señalando que fue quien llevó a la notaria hasta la vivienda de L.M., aspecto que ella misma ratifica, siendo coherente durante las dos atestaciones que rindió en el proceso. Manifestó este atestante sobre el particular en su primera salida procesal el 27 de enero de 2007(15):

Sírvase hacer un relato detallado y preciso de todo cuanto le conste de los hechos ocurridos para ese día (16 de mayo de 2005, se aclara). Contestó: ese día, yo me encontraba en la inspección de policía como a tres casas de la casa del señor L.M.H.C. ya que en ese tiempo yo era el inspector de policía del corregimiento de XXX, cuando observé que llegaron I.C.H., C.S.V. y A.M.M., a la casa de L., yo me acerqué y escuché cuando estos le decían al señor L.M. que tenía que firmar la escritura para que le entregara las tierras de XXX, se fueron y como L. no les hizo caso fueron otra vez las mismas tres personas con hombres armados con pistolas y revólver diciéndole al señor M. apuntándole estos sujetos con las armas de fuego que si no firmaban lo mataban, la última vez fue el señor A.M. y la notaria A.M.S. con un documento el cual le hicieron firmar al señor L. y mi persona como testigo de la venta ficticia bajo la presión de las amenazas ya existentes por los paramilitares para esa época y no le dieron ni un peso al señor L.M...

En su atestación posterior, del 2 de mayo de 2007, se ratificó en lo dicho(16), y al ser indagado por si sabía la razón de su citación, adujo “claro, sí sé los motivos, ya que me encontraba en la inspección de policía y veía que pasaba la gente para donde el señor L.M., y yo me quedé al frente de la casa de él y oía los tonos amenazantes con que le hablaba uno de los del grupo armado, que si no firmaba una escritura de una tierra que tenía el señor L.M., lo iban a matar a él o a alguno de su hijos...”.

En la misma diligencia, al ser preguntado sobre el origen de las amenazas, señaló que “consistían en que la señora I.C., como no pudo ganarle legalmente el pleito a el (sic) señor L.M. del terreno XXX porque él tenía todos los papeles en regla entonces acudió a un grupo armado al margen de la ley de los cuales el mediador fue el señor A.M., ya que él llegaba a donde el señor M. en las horas de la mañana le decía al señor M. que tenía que entregar las tierras porque si no lo iban a matar”.

Y al ser interrogado sobre si tenía conocimiento de que L. hubiera suscrito la escritura de venta del predio en mención, acotó: ‘Sí tengo conocimiento ya que el día en que se hizo el contrato de compraventa el señor A. como yo era el inspector de policía me dijo que fuera a recibir a la notaria al puerto de XXX para que la llevara a donde el señor L.M., yo la llevé y sacó el contrato ya listo en el cual decía que si señor M. le vendía a la señora I.C. el terreno de XXX, la señora notaria preguntó que si había alguna oposición para que el contrato no se realizara y el señor M. le dijo que eso se hacía bajo amenazas de muerte y que tenía que hacer o si no mataban al señor M.”.

Este testimonio es de vital importancia para esclarecer lo sucedido dada su concordancia con lo narrado por el denunciante L.M. respecto de la forma cómo suscribió la escritura en favor de I.C., cuyo único reparo radica en la relación de parentesco con L.M. (yerno), lo cual en este caso no le resta credibilidad en virtud de su armonía con otros testimonios vertidos en el mismo sentido, según se verá.

En efecto, J.J.L.H., sobrino del denunciante, y también denunciante respecto de la coacción ejercida contra su abuelo A.H.C., en sus tres versiones rendidas en el decurso procesal también confirma cómo se logró la escrituración de los predios. En su declaración del 27 de enero de 2007(17), indicó:

¿Sírvase hacer un relato detallado y preciso de todo cuanto le conste de los hechos ocurridos para ese día? Contestó: el día 16 de mayo del año 2005, se presentaron a la casa de mi tío L.M.H. los señores A.M.M., C.S.V., I.C.H., en tono amenazante que debería entregar la tierra de XXX, si no la entregaba lo mataban, mi tío L. no prestó atención, luego regresaron por segunda vez los tres acompañados por unos paramilitares que operaban en la región uno de ellos comandante alias G., alias J.C. y alias R. estos se presentaron con armas en mano y dijeron que si mi tío L. no firmaba lo mataban y ellos se fueron y a los días regresó la notaria de XXX (Magdalena) en compañía del señor A.M.M. y mi tío firmó por la presión de los paramilitares que había sin recibir plata por los predios...

En similares términos se expresó en la testimonial del 13 de septiembre posterior(18), al indicar que: “los señores antes mencionados se dirigieron a la casa del señor M.H. y le dijeron que debía firmar una escritura para que entregara el predio denominado XXX y él en el momento se negó a firmar la escritura porque él no había vendido eso, porque esa tierra era de su propiedad, en vista de que él no había firmado como a mediados de los ocho días, esos mismos señores, llegaron a la casa de él, solamente llegaron el señor A.M., I. y C.S., con cuatro personas armadas, que si no firmaba lo iban a matar, entonces como el señor M. no firmó en el momento, entonces el señor A.M. y C.S. e I. trajeron a la notaria del pueblo, pero la doctora no sabía lo que pasaba, le dijeron que el señor M. iba a vender la tierra, entonces la doctora A.C.M.S. le dijo para desistir del negocio, para no hacer la escritura, pero entonces el señor M. le dijo que tenía que hacerla porque si no lo mataban a él...”.

En su última atestación, por su parte, del 19 de enero de 2009(19), confirma la manera cómo se obtuvo la escritura XXX del 3 de junio de 2005, por medio de la cual su abuelo A.H.C. fue despojado de la propiedad del terreno “XXX” por las mismas personas que procedieron contra L.M. Esto dijo el testigo:

¿Puede usted hacernos un relato sobre los hechos que denunció y diga si usted fue ilustrado, le ofrecieron algún beneficio para que denunciara esos hechos? En caso positivo quién le hizo esos ofrecimientos y por qué hizo esa denuncia? Contestó: Bueno por ahí a mediados del mes de mayo ocurrieron los hechos de estos señores aquí denunciados se acercaron a la casa de mi abuelo A.H. y lo intimidaron diciéndole que debía firmar unas escrituras, donde supuestamente él vendía el predio de XXX, eso fue como a las 6 de la mañana aproximadamente, de 6 a 7, y si no firmaba dicha escritura iba a tener problemas graves con ellos. No, de ninguna manera, no fue ilustrado, ni recibí ningún beneficio por dicha denuncia. La hice porque yo convivo con mi abuelo y él me autorizó que la hiciera, como él me crio a mí, soy hijo criado de él. Preguntado: ¿esos hechos los presenció usted o se los dijeron? Contestó: los presencié, sí estuve presente. Preguntado: ¿concretamente quiénes fueron los señores que usted dice: ‘aquí denunciados’? Contestó: unos señores de los llamados autodefensas, con los alias de G., R. y J.C., además también estaban los señores I.J.C.H. y el señor C.S.V. y el doctor A.M.M...

Este testimonio, como se puede evidenciar, ratifica las graves imputaciones que pesan sobre los procesados, aunque exhibe el mismo inconveniente del anterior porque también se trata de un familiar de los ofendidos, pero en este caso ello tampoco afecta su credibilidad, no solo porque es conteste con lo afirmado por las víctimas y R.B.G., sino porque igual resulta consonante con otras pruebas testimoniales vertidas por personas sin vínculos familiares con los perjudicados.

Así, por ejemplo, con lo manifestado por J.I.O.M., vecino de las víctimas, quien señaló en su primera salida procesal del 13 de septiembre de 2007(20):

La razón por la cual estoy aquí es que el señor C.S. y el señor A.M. y una señora de apellido C. llegaron allá donde el señor M. amenazándolo que le tenía que firmar una escritura, porque si no la firmaba se la tenía que ver con los paramilitares, ellos se fueron y después vinieron, cuando vinieron ya vinieron listo y le dijeron que si ni firmaban le daban donde más le doliera, ellos son el señor C.S., A.M. y A. (sic) C., ellos se presentaron con un grupo armado, esos fueron los que estuvieron, porque cuando ya llevaron a la notaria ese día yo no estaba, porque ellos hicieron varios viajes, luego el día que el señor M.H. tuvo que firmar, porque si no se iba. Preguntado: ¿Concretamente por qué sabe usted lo que nos acaba de manifestar? Contestó: Porque sucesivamente el día que ellos llegaron, como yo soy vecino del señor M., allá hay un palo de olivo y allí siempre nos reunimos los vecinos a hablar con el señor M. y luego cuando estábamos allí se presentó la gente. Preguntado: ¿A qué se dedican esas personas que le exigían al señor M. la suscripción de la escritura? Contestó: ellos son políticos. Preguntado: ¿Por qué cree usted que le exigían al señor M. que firmara la escritura? Contestó: lo hicieron a la fuerza y no sé qué convenio tendrían ellos, porque él les firmó y trajeron a la notaria, y él le dijo que eso era por la fuerza y él la firmó, como hacía. Preguntado: ¿Quiénes eran los paramilitares a los que usted hace mención? Contestó: Eso de nombre no sé, ellos se dicen apodos, ellos eran cuatro tipos, allí había uno que le decían alias J.C., el otro lo llamaban el comandante G., y el otro le dicen el R., y del otro se me escapa el nombre, como a uno lo tenían tan amedrantado, uno mejor se quedaba quieto. Preguntado: ¿Concretamente cuál fue la participación de A., C.S. e I. para que el señor M. firmara la escritura? Contestó: Ellos llegaron allí y le dijeron al señor que tenía que firmar la escritura o si no le daban donde más le dolía. Preguntado: Usted observó o no cuando señor M. firmaba la escritura? Contestó: Ese día yo no estaba allí, por la tarde que vine el señor M. me dijo que tuvo que haber firmado porque si no lo mataban. ... Preguntado: ¿Puede usted decirnos si A., C.S. e I.C. acostumbraban o no a andar con esos sujetos de las AUC? Contestó: Ellos a veces andaban con ellos y a veces se abrían, ellos siempre paraban donde A.M.

La contundencia de este testimonio es ostensible, en tanto coincide con lo expuesto por las víctimas y sus familiares en torno a las circunstancias temporales y modales e, incluso, con respecto a los motes de los reconocidos paramilitares que acompañaron a los procesados a ejercer la intimidación contra L.M.H. (el comandante G., J.C. y R.); sin embargo, el tribunal optó de un tajo por desconocerla con el argumento de que en atestación posterior del día 26 de diciembre de 2008(21) el mismo testigo desistió de lo dicho, cuando al rompe se evidencia que lo hizo presionado por las amenazas recibidas en su contra:

No doctor lo que pasa es que yo ha llegado (sic) hasta acá porque me han llamado y yo quiero desistir eso, yo soy una persona muy pobre y no tengo plata para estar movilizándome cada rato, quiero pedir al señor fiscal una petición para ver si me saca de eso, sí porque así como le dije yo quiero desistir, porque eso no me conviene yo estoy en riesgo con mi familia y persona también y por eso desisto, que quede claro que las versiones que yo di las di pero que quede claro por eso desisto, porque no me conviene estar metido ahí, ya no tengo más nada qué decir. Preguntado: ¿usted en parte de su respuesta anterior ha manifestado que desiste de lo que dijo, porque está en riesgo su familia y usted, usted ha recibido amenazas en caso afirmativo de qué tipo y por qué medio y si sabe de dónde provienen las mismas? Contestó: Sí, yo desisto por eso, porque yo no puedo estar metido ahí.

Aun cuando el testigo más adelante niega las amenazas, lo que es natural en estos casos, refulge claro que ellas fueron el origen de su “desistimiento”, configurándose un craso yerro de apreciación del tribunal al descartar por ese solo hecho sus manifestaciones anteriores.

Empero, también respalda las imputaciones el deponente A.G.M.O., quien si bien, al igual que L.A.B.V., no estuvo presente para el momento de la coacción y tampoco es familiar de las víctimas, da fe, en las dos versiones rendidas, del estado de conmoción en que encontró a L.M. y a su cónyuge B.F.F. luego de recibir la intimidación. En su primera salida procesal del 23 de abril de 2007(22), este testigo acotó:

Preguntado: ¿Manifieste si conoce a la señora I.J.C.H., en caso afirmativo por qué la conoce y desde cuándo la conoce? Contestó: Yo a esa señora la conozco personalmente pero en cierta ocasión en el año 2005, por ahí en mayo yo fui a la casa del señor L.M.H. fui con el propósito de averiguar una partición de un ganado que hizo el señor L.M.H. con un hermano mío de nombre D.M., pero cuando llegué a la puerta de la residencia del señor L. me di cuenta que la señora B.F., esposa del señor L., se encontraba llorando y desesperada al ver esto, pues, yo traté de averiguar el porqué de ese llanto y eso entonces ella me contestó que ella había tenido un problema y me mostró para el patio donde estaba el señor L. sentado entonces me dijo lo que pasaba es que a la L. (sic) y a nosotros nos vinieron a amenazar en lo que ella me manifestó que había ido la señora I.CH. con otras personas que pertenecían al grupo armado que se encontraba en ese tiempo en el sector el señor L. se vino del patio y se sentó a hablar también y me confirmó lo que la señora estaba diciendo, cómo era que le habían dicho que tenía que venir al municipio de XXX al señor L. a la notaria para que le firmara las escrituras de un territorio que el señor L. tiene en la parte de atrás del matadero de XXX, ese terreno se llama XXX, entonces el señor L. me explicó que los tipos que había ido con la señora I.C. le habían dicho que si no venían a la notaría a firmar el documento ellos mataban lo que más querían eso me explicó el señor L. y la señora de él B.F. entonces yo les dije señor M. usted sabe que las cosas por acá están un poco así como enviolentadas entonces usted debe tratar de irse a vivir a otro lado...

De todo lo anterior se ratificó el atestante en su versión del 25 de noviembre de 2010 en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento(23), erigiéndose en importante medio de convicción en pro de respaldar las afirmaciones de las víctimas, máxime cuando no pertenece a su grupo familiar.

La existencia de la intimidación también fue informada por el testigo A.C.B.P. en su única declaración del 20 de noviembre de 2008(24), también referido por el denunciante; a pesar de ello, su dicho es de referencia en segundo grado, dado que tuvo conocimiento de los hechos a través de su esposa, a la postre hija de L.M., por lo que de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, sobre el particular su peso suasorio es cuestionable (Cfr. CSJ, SP. Jul. 24 2013, rad. 40702).

Ahora bien, es cierto que el testigo G.L.S. referido por el denunciante L.M., quien incluso también guarda relación de parentesco con los ofendidos, en sus dos intervenciones del 18 de noviembre de 2008(25) y del 10 de agosto de 2010(26) negó categóricamente la existencia de la coacción y calificó las aseveraciones de las víctimas como “un embuste”; sin embargo, su dicho resulta aislado frente a lo referido por lo demás testigos reseñados por la víctima L.M.

De ese modo, encuentra la Sala que la afirmación del tribunal según la cual “realizado el examen de valoración probatoria, se logró concluir, que los testimonios de L.A.B.V., R.B.G., J.J.L.H., J.O.M., G.L.S., A.L.H., A.B.P. (sic) y A.M.O., entre otros, suministrados por personas que tiene lazos de familiaridad con el denunciante y su esposa, nada aportan a la presente investigación y solo se constituyen en testigos de oídas, en primer lugar, porque realizado inicialmente el análisis particular de cada uno de ellos, es claro, que no se constituyen en prueba directa de los hechos y en segundo término, porque más que claridad a la presente investigación, lo que se observa en los mismos es incoherencia e inverosimilitud en sus dichos” (subrayas fuera de texto)(27), es producto de ostensibles yerros de apreciación probatoria, según se vio in extenso.

Por otro lado, no desconoce la Sala que en favor de los implicados C.A.S.V. y A.R.M.M. también militan, además del referido testimonio de G.L.S., elementos probatorios que condujeron al tribunal a absolverlos en aplicación del principio in dubio pro reo.

Así, y por la gran preponderancia que el ad quem le otorgó, el testimonio de la notaria A.C.M.S.(28), respaldado por el de su consanguínea L.C.M.S.(29) y con el de R.B.C.(30), quienes le acompañaron en su desplazamiento a la vivienda de L.M., señalando que no advirtieron coacción ni presencia de sujetos armados, así tampoco que se hubiera presentado alguna anormalidad durante la diligencia; el de E.H.C.(31), progenitora de I.J.C.H. y de esta misma, quienes sostienen que la entrega del inmueble fue un acto voluntario de L.M. fruto de su arrepentimiento por haberse apropiado irregularmente del inmueble en el año de 1988 y que todo se reduce a un mero problema familiar, y los testimonios de J.I.M.C.(32), G.E.P.C.(33) y E.C.(34), quienes avalan principalmente el dicho de A.R.M. en cuanto a que el día de la firma de las escrituras él se encontraba en las sesiones del concejo municipal, lo cual, como lo precisó el a quo, no descarta necesariamente que también haya hecho presencia en las viviendas de las víctimas.

Empero, si algún asomo de duda quedara por resolver, esta se desvanece totalmente con el testimonio de J.C.A.P., respecto del cual los dos demandantes pregonan la configuración de un error de hecho por falso juicio de existencia en la medida en que fue pretermitido totalmente en el fallo impugnado, yerro que, a pesar de erigirse en uno de los puntos centrales de los libelos, se abordó apenas de forma tangencial por la representación del Ministerio Público en su concepto.

Con relación al planteamiento, habrá de convenirse que asiste plena razón a los censores, pues examinado el contenido de la sentencia objeto del recurso, se advierte cómo dicho testimonio no fue examinado ni siquiera de forma superficial a pesar de su innegable relevancia de cara al reproche de responsabilidad que recae sobre los procesados, en tanto justamente se trata de uno de los sujetos armados que participó en la coacción, en su condición admitida de exintegrante de la estructura paramilitar. Sobre los hechos por los cuales se procede adujo(35):

Preguntado: ¿Usted conoce o no a los señores A.R.M., C.A.S.V., A.C.M.S., e I.J.C.H. En caso positivo por qué los conoce? Contestó: A A.R.M.M. sí lo conozco porque yo hacía parte de las autodefensas en el municipio de XXX, que eran M., R.C. y todos los corregimientos del municipio de XXX y yo trabajaba en el municipio y en todos los corregimientos de ese municipio, o sea conocí a A. porque él se hizo amigo de nosotros, era amigo de nosotros y nosotros llegábamos a la casa de él ahí comíamos, hacíamos sancocho y todo, o sea ahí comenzó la amistad de A. con nosotros, más exactamente con el comandante G. esa era la parte de A., A. era amigo de nosotros los integrantes de las autodefensa, a C.A.S.V., también lo conozco por la misma circunstancia, porque también era lo mismo, conocimos a C.S. porque también se hizo amigo de nosotros y del comandante G., no llegábamos a su casa pero sí nos encontrábamos en el pueblo, en los caminos y en las trochas y varias veces tomamos con él o más bien él tomaba con nosotros, a A.C.M.S. sí la conozco, la conocí cuando comenzó el proceso de las tierras que hoy en día están en conflicto, que ella también hablaba con el comandante G. y a I.J.C.H. porque yo también trabajaba en el municipio de XXX, porque era notaria y porque un día me la señalaron que ella era la notaria de XXX pero la conocí más cuando comenzó el conflicto de las tierras del señor L.H. y porque ella manejó todo lo que fue escritura y eso ... Bueno la señora I. que era la N. sí participó en haber hecho las escrituras que prácticamente obligaron al señor H. a prácticamente a quitarle las tierras, ella tenía todo el conocimiento de lo que estaba pasando y lo sé porque nosotros y el comandante G., R., y E.C. o J.C., mi persona J.C., llegamos al pueblo el día que se iba a tomar la firma del señor H., nosotros estábamos ahí ese día para que el señor H. firmara las escrituras porque en caso dado él no firmaba las escrituras por voluntad de él nosotros lo presionábamos bajo amenaza, pero yo aclaro que el encargado de todas esas cosas era el comandante G., eran mis compañeros R., J.C. y mi persona hacíamos presencia, pero en ningún momento llegamos a intimidar al señor H. para que firmara esas escrituras, porque la calidad que éramos nosotros subalternos, no teníamos autoridad para presionar al señor H., que sí lo hizo el comandante G. y que la notaria tenía conocimiento, ella sabía lo que se estaba haciendo, lo mismo que el señor A. y el señor C.S., pa’ ser más exactos el señor C.S. y el señor A. y la señora I. buscaron al comandante G. para presionar al señor H. que entregara las tierras, se hizo pero lo hizo exactamente el comandante G. como le dije ahorita, porque nosotros no teníamos facultad para amenazar al señor H., pero sí lo hizo el comandante G. y si no hubiese sido así por la presión que se ejerció por las autodefensas buscada por los señores y la señora mencionada, esas tierras no hubieran sido quitadas de la forma en que se hizo, o sea todo eso que pasó fue bajo la presión del comandante G. y aclaro una cosa, o sea que nosotros sí éramos miembros de las autodefensas pero todo eso prácticamente lo diligencia el comandante G., porque él era el comandante de las autodefensas, a raíz de esas tierras el señor C.S. le entregó al comandante G. una suma de dinero, la cantidad no sé y de ese dinero el comandante G. nos regaló 500 mil pesos a R., J.C. y mi persona y los de la cuestión del dinero tanto la notaria como el señor A. tenían conocimiento de todo eso y le rectifico otra vez que la notaria sí participó en todo eso y tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando, que ella actuó y dejo claro aquí actuó por voluntad propia, que en ningún momento ella fue amenazada para que realizara el trabajo que hizo sobre las escrituras, lo mismo que los señores C. y A., que los únicos que actuaron bajo presión y amenazas fue el señor A.H. (sic), dejo constancia que tanto el señor R., J.C. y mi persona que en ningún momento ejercimos amenazas contra el señor H., que sí hicimos y hacíamos presencia ese día por prestarle seguridad al comandante G. y que diariamente nosotros andábamos con él, porque éramos los cuatro (4), o sea todo lo que he dicho es la verdad y eso sucedió así como lo estoy narrando y que de eso puede dar fe el comandante G., él se llama G.L.L., ese es su nombre, dónde se encuentra? No sé dónde se encuentra, él es de XXX, los nombres propios de R. y J.C. no lo sé, o sea J.C. desde que nosotros nos desmovilizamos no he sabido nada de él, R. está detenido en XXX, en la cárcel de allá, eso hace como 3 años, sí, sí, 3 años. Preguntado: ¿A usted se le dijo cómo debía declarar en esta fiscalía respecto de lo que ha dicho. En caso positivo quién o quiénes lo ilustraron? Contestó: No señor, esto lo estoy diciendo porque yo lo sé y era miembro de las autodefensas y estoy aquí por voluntad propia porque me encuentro colaborando con la justicia, más específicamente con la fiscalía décima de XXX y que de eso puede dar fe el doctor C.V., que sabe de que a la fiscalía no le he mentido y que todo eso pues, es verdad, o sea que la señora I. tiene bastante responsabilidad en todo lo que pasó lo mismo que el señor S. y el señor A. y vuelvo y le rectifico que la señora I. no fue amenazada en ningún momento para, actuó ella por voluntad propia, que quede eso claro, que en ningún momento ella fue amenazada. Preguntado: ¿A usted se le ha hecho alguna clase de ofrecimiento para que declarara en esta fiscalía. En caso positivo qué le ofrecieron y quien se lo hizo? Contestó: En ningún momento me han ofrecido nada, vuelvo y le repito lo hago porque estoy colaborando con la justicia. Preguntado: ¿Concretamente cómo se enteró de la existencia de esta investigación? Contestó: Me enteré cuando capturaron a los señores S. y M. por medio de la prensa y por medio de un amigo me enteré de que estaba siendo involucrado en ese proceso de esas tierras, por eso decidí aclarar las cosas, que yo no tengo nada que ver con esas tierras, simplemente ejercía la actividad de subalterno, que en ningún momento obtuve mando en las autodefensas y lo mismo que mis dos compañeros. Preguntado: ¿Por qué usted no se opuso para acompañar al comandante G. en el diligenciamiento de las escrituras públicas que firmaron los señores L.M. y A.J.H.C.? Contestó: Por el hecho de ser subalterno y que uno cumplía órdenes y que ese caso lo manejaba el comandante directamente. Se le pone en conocimiento al representante de la parte civil si desea contrainterrogar, y al respecto dijo: “Sí” Lo cual hizo de la siguiente manera. Preguntado: ¿Diga el declarante quién lo contactó a ustedes para que profirieran las amenazas a los señores L.M. y A.J.H.C.? Contestó: Nosotros nos contactaron, o sea, cuando yo digo a nosotros, o sea, es porque nosotros éramos cuatro (4) pero directamente siempre en esos casos contactaban al comandante y el comandante impartía la orden que teníamos que salir, nos contactó los señores C.S. y el señor A. pero más específicamente el señor S. Preguntado: ¿Dígale al despacho qué relación tenía I.J.C. con C.A.S.V.? Contestó: La notaria? Hasta donde tengo entendido, no eran marido y mujer? I. no es la notaria? Espere me confundí, corrija, un momentico, está la notaria que fue la hizo las escrituras y todo, ella es una señora ya, de bastante edad, bajita de pelo corto, gruesa, bastante clara, esas son las características que tengo de ella, y la señora I. es la compradora, era según lo que dijeron y tengo yo la mujer de C.S. ... Preguntado: ¿Diga el declarante en cuántas oportunidades estuvieron visitando al señor L.M.H.C. y al señor A.J.H.C., para que estos firmaran las escrituras? Contestó: En varias oportunidades se visitó a los dos señores, pero aclaro otra vez que siempre la vocería la tenía el comandante, que nosotros simplemente acompañábamos al comandante por seguridad porque siempre andábamos juntos, pero lo que era la vocería, y, la vocería no impartir las órdenes a las personas era el comandante y que eso lo aclaro pa’ que no me vaya a auto incriminar yo en algún delito, dejo claro, lo mismo que de R. y J.C. que no los estoy incriminando en algo y ya lo que dije ahorita, que los señores y la señora notaria son culpables de todo. Termina el interrogatorio la parte civil y prosigue la fiscalía. Preguntado: ¿Usted por qué dice que la notaria y los señores son culpables de todo? Contestó: O sea son culpables por haber utilizado o haber buscado a las autodefensas para amenazar a los señores dueños de las tierras y la notaria pues es culpable también por haberse aliado a un grupo al margen de la ley o siendo las autodefensas y que ella como funcionaria pública no se hubiera o no hubiera tenido con nosotros o más específicamente con el comandante, por eso yo digo que son culpables, cometieron ese delito. Preguntado: ¿Concretamente qué nos puede decir usted sobre el momento en que se firmaron las escrituras públicas? Contestó: O sea eso se hizo en las horas de la mañana, nosotros ese día, eso fue en un mes de junio, la fecha no me acuerdo, el día no me acuerdo, pero eso fue en un mes de junio nosotros llegamos primero que la notaria, después llegó la notaria, a los pocos minutos, con las escrituras ya hechas y nosotros pues estábamos cerca de la casa, esperando que el señor H. firmara las escrituras y si no lo hacía, pues ya esperábamos orden del comandante para ejercer lo que él mandara hacer y también estaban los señores S. y M. (subrayas fuera de texto).

Para la Sala era necesaria la transcripción casi integral de la declaración en comento a fin de denotar su inmensa incidencia probatoria, pues ratifica las imputaciones que pesan en contra de los implicados A.R.M. y C.A.S.V. ante la incontrastable coincidencia con las circunstancias narradas por las víctimas y los testimonios atrás referidos que las respaldan.

En efecto, la versión es ofrecida ni más ni menos que por alias J.C., como él mismo admite era reconocido en la estructura paramilitar, y a quien se señaló unánimemente por los testigos de cargo como uno de los individuos armados que ejerció los actos de intimidación en contra de los hermanos L.M. y A.H.C. encaminados a despojarlos de los predios “XXX” y “XXX”, aun cuando claro se advierte que en su atestación pretende atribuir toda la responsabilidad de esos hechos al comandante G., de quien dice era apenas un subordinado, como igual lo eran sus otros dos compañeros que estuvieron presentes (alias R. y J.C.), por lo que se limitaban a acatar órdenes.

De cualquier forma, para lo que interesa a esta actuación, el atestante también refiere como partícipes del hecho al comandante G. y a alias R., quienes igualmente han sido señalados como los miembros del grupo paramilitar que desplegó los actos de coacción en contra de los consanguíneos H.C.

Sobresale de esta versión, igualmente, la relación de todos los protagonistas de los sucesos de forma coherente con lo indicado por las víctimas y testigos que apoyan su versión. Así mismo, el compromiso de los aquí procesados, de la notaria y de I.J.C.H., esta última a cuyo nombre, como él lo indica, se escrituró el inmueble “XXX”. A ello se suma la uniformidad en las circunstancias temporales y de modo, todo lo cual impone otorgarle plena credibilidad, máxime cuando se advierte que su versión tuvo como propósito, y de ahí la razón para decidirse a rendirla, según lo dice de forma insistente, el dejar en claro que él no participó en la coacción, sino reiterar que simplemente cumplía órdenes del comandante G.

En la declaración, además, quien admite ser desmovilizado de la estructura paramilitar que operó en la región donde se perpetraron los hechos, confirma las graves acusaciones de las víctimas en contra no solo de los aquí procesados M.M. y S.V. sino contra la misma notaria A.M.S. e I.J.C.H. en sentido de haber consentido el ejercicio de la coacción con el objeto de despojar de sus bienes a los hermanos H.C. e, incluso los señala de profesar amistad con miembros de dicha organización delictiva, concretamente con el comandante G., a quien acudieron precisamente con el fin de hacerse a las mencionadas tierras.

Para la Sala, entonces, tanto los yerros de valoración probatoria en los que incurrió el tribunal en relación con la prueba constituida por las declaraciones de las víctimas y de quienes refrendaron sus acusaciones en contra de los aquí procesados, como el error derivado del falso juicio de existencia merced a la total omisión del testimonio del último en alusión, J.C.A.P., imponen la necesidad de casar el fallo.

Ahora, el no recurrente en casación, esto es, el defensor de C.S.V., en su alegato arremete contra esta última probanza, señalando que no puede ser considerada en cuanto fue excluida por el juez de conocimiento.

Pues bien, amén de que el defensor se abstiene de ilustrar con la debida suficiencia los fundamentos de su pretensión, cuando menos indicando en cuál momento de la actuación procesal fue excluida la probanza, lo cual ya se torna por sí solo meritorio para despachar desfavorablemente su cuestionamiento, la auscultación del expediente pone en evidencia su equívoco.

Ciertamente, lo que se logra determinar es que, previo al desarrollo de la audiencia preparatoria, el apoderado de la parte civil presentó un memorial por medio del cual deprecó se tuviera en cuenta como prueba “copia del escrito recibido el primero (1º) de julio de 2009, firmado por J.C.A.s (sic) P. (sic)... en el cual narra la manera como los señores A.M., I.C., C.S.V. y A.C.M.S., le quitaron los predios a los ancianos L.M. y A.J.H.C...”(36).

Dicho documento, obrante a folios 253 y ss. del cuaderno original 4, presentado ante el fiscal quinto especializado de XXX, contentivo de serias acusaciones en contra de los mencionados y en donde A.P. manifestaba su intención de declarar, fue negado como prueba por el juez de conocimiento durante la audiencia preparatoria celebrada el 29 de abril de 2010(37); sin embargo, se trata de un documento distinto al que contiene su declaración del 24 de septiembre de 2009 ante la fiscalía quinta delegada ante el juzgado único penal del circuito especializado de XXX, respecto del cual se pregonó por los libelistas el error de hecho por falso juicio de existencia que encuentra configurado la Sala, como se plasmó en párrafos anteriores.

Por otro lado, ninguna incidencia tiene, para resolver la segunda inquietud del no recurrente frente a este medio de convicción, que en contra del atestante la misma autoridad haya dispuesto expedir copias para que se investigara su posible responsabilidad en los hechos por los cuales se procede, en tanto ello responde simplemente al deber legal que le asistía en ese sentido, pues efectivamente el mencionado intervino activamente en los hechos.

Los ostensibles yerros valorativos del tribunal, se reitera, dejan sin piso la absolución decretada, por lo menos frente al ilícito de extorsión agravada, pues ya se verá más adelante, en el capítulo subsiguiente, cómo dicha determinación se mantendrá en relación con la conducta de concierto para delinquir agravada también deducida en la acusación.

Por lo mismo, también deja sin sustento la tesis esgrimida por la representación del Ministerio Público según la cual todo se trató de un mero problema familiar derivado del litigio que se suscitó por la propiedad de los predios en cuestión desde cuando A.J.H., progenitor de E.J.H. y abuelo de I.J.C.H., optó por enajenarlos a sus hermanos L.M. y A.H.C., suscribiendo para tal efecto una escritura de confianza, con el fin de que después los transfirieron a E., para lo cual la delegada otorga plena credibilidad a lo manifestado por esta última e I., así como a lo expuesto por los procesados.

Al respecto, sorprende que en el concepto se sostenga que ese fue un “elemento que nunca fue analizado a través de las instancias y desde luego afecta toda la estructura de presupuesto fáctico para analizar los elementos de los hechos punibles imputados” (subraya fuera de texto), cuando precisamente se constata lo contrario, dado que fue un tema recurrente esbozado en el decurso de la actuación procesal, del cual, por ello mismo, se ocupó in extenso el a quo, en los siguientes términos:

También se planteó la versión de que el señor A.J.H.C., padre de E.H.C., iba a transferir el predio XXX a su hija y como esta no tenía su cédula de ciudadanía, porque la había perdido, lo hizo a nombre del señor L.M.H.C., su hermano, para posteriormente lo cediera a E.

Esta hipótesis no tiene sustento probatorio en el expediente. De haber sido así, no entendemos la razón por qué no quedó ello consignado en la escritura pública XXX del 9 de noviembre de 1988, cuando era muy fácil determinarlo y no hacerlo aparecer como una venta colocándole un precio.

Otra opción hubiese sido que el señor A.J.H., si era su intención asegurar la herencia de su hija, hubiese protocolizado la cesión del predio a nombre de I.J.C.H., su nieta e hija de E., y no colocarlo a nombre de su hermano L. para que este lo traspasara a E. Confeccionar un laberinto para crear problemas entre familiares no es lógico ni creíble.

Ahora bien, E.H. no tenía problema alguno con los predios XXX y XXX en caso de muerte de su padre A.J.H. porque ella era su única hija y no existía otro heredero con igual o mejor derecho. Luego, no entendemos del porqué tanta artimaña para asegurar la herencia de su hija E. cuando la recibiría plena acaecida su muerte por la grave enfermedad que padecía.

(...).

De tales afirmaciones se concluye que nunca existió la disposición del padre para atender y favorecer a su hija y menos para cederle los predios XXX y XXX. Las acciones desarrolladas por I.J.C. y/o E.H. siempre estuvieron encaminadas a recuperar los predios que debieron pasar a manos de la segunda por ser hija única del finado A.J. Prueba de ello, desde el punto de vista legal, lo constituye el proceso ordinario de mayor cuantía que incoó E. en contra de A.J.H. en el juzgado único civil del circuito de XXX por la venta que le hizo su padre del predio XXX y que culminó en contra de sus intereses por el reconocimiento del fenómeno de la perención según decisión del juzgado de fecha 13 de junio de 2001.

Esa circunstancia, aunada a la inconformidad de que los predios le pertenecían por derecho propio al ser hija única del señor A.H. y no los poseía por encontrarse en otras manos según escrituras XXX y XXX del 9 de noviembre de 1988, amén de la situación económica por la que atravesaba para el sustento de sus hijos, pudo haber sido el aliciente para acudir a oscuros propósitos con el fin de recuperarlos(38).

Ahora, toda la razón asiste a este funcionario, pues en verdad no se muestra lógico que después de toda la oposición ejercida por L.M. al interior de las vías legales legítimamente enderezadas por su sobrina E. con la pretensión de conseguir la propiedad del predio y, tras obtener decisiones favorables, súbitamente, y en un acto de contrición, decida por voluntad propia enmendar el supuesto abuso, suscribiendo, después de 17 años, la escritura a nombre de I., lo cual refuerza el argumento del a quo en sentido de que luego de este fracaso se optó por las vías de hecho para obtener la escrituración de los predios.

(iii) De la configuración del delito de concierto para delinquir:

No obstante lo señalado en los apartados precedentes en relación con los yerros de apreciación probatoria en que incurrió el tribunal, advierte la Sala que acierta al absolver a los procesados por el delito de concierto para delinquir agravado por el cual fueron acusados.

En efecto, el delito de concierto para delinquir tiene lugar cuando varias personas se asocian con el propósito de cometer delitos indeterminados, ya sean homogéneos, como cuando se planea la comisión de una misma especie de punibles, o bien heterogéneos, caso en el cual se concerta la realización de ilícitos que lesionan diversos bienes jurídicos (Cfr. CSJ, SP, jul. 22 2009, rad. 27852); desde luego, su finalidad trasciende el simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, en cuanto se trata de la organización de dichas personas con vocación de permanencia en el tiempo.

Al respecto ha señalado la Corte Constitucional(39):

La indeterminación de los delitos que se cometerán como resultado del concurso para delinquir, no significa que esta conducta se desvirtúe como hecho punible, si la organización criminal opta por especializarse en un determinado tipo de delitos.

Lo anterior, porque la indeterminación en los delitos objeto del concierto para delinquir va más allá de la comisión de punibles específicos en un espacio y tiempo determinados, pues en este caso se estaría en presencia de la figura de la coautoría, en cuanto es preciso para estructurar aquel delito el carácter permanente de la empresa organizada, generalmente especializada en determinadas conductas predeterminables, pero no específicas en tiempo, lugar, sujetos pasivos, de modo que cualquier procedimiento ilegal en procura de la consecución del fin es admisible y los comportamientos pueden realizarse cuantas veces y en todas aquellas circunstancias en que sean necesarios, como así lo tiene sentado la Sala:

La indeterminación necesaria para la configuración del concierto para delinquir, vinculada a la permanencia en el propósito criminal, se predica no del número de delitos ni necesariamente de la especie de los mismos, porque en cuanto a esta última el concierto para delinquir bien puede corresponder a una especialidad eventualmente generadora, incluso, de una circunstancia de agravación como acontece al tenor del inciso 3º del artículo 186 del Código Penal anterior, subrogado por el artículo 4º de la Ley 589 de 2000, cuando lo es ‘para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar, o financiar grupos armados al margen de la ley (Cfr. CSJ, SP, sep. 23 2003, rad. 17089).

Y aun cuando el acuerdo de voluntades puede tener corta duración, es preciso que su propósito de comisión plural de delitos indeterminados tenga vocación de permanencia, esto es, que se proyecte en el tiempo y se verifique con independencia de la realización efectiva de los comportamientos pactados, de ahí su carácter autónomo, de manera que, si estos se cometen, concursan materialmente con el concierto para delinquir.

En consecuencia, se insiste, no necesariamente el simple y llano concurso de personas en la comisión de uno o varios delitos, o el concurso material de dos o más punibles configuran un concierto para delinquir, pues tales circunstancias pueden ser también predicables del instituto de la coautoría, motivo por el cual se impone siempre precisar el ámbito de ambas figuras a fin de evitar que se viole el principio non bis in idem al asumir indebidamente a los coautores de cualquier delito como sujetos activos del concierto para delinquir.

En suma, el delito de concierto para delinquir requiere, como lo tiene decantado la Sala, de (i) un acuerdo de voluntades entre varias personas; (ii) una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie; (iii) la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada; y (iv) que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública (Cfr. CSJ, AP, jun. 25 2002, rad. 17089; SP, sep. 23 2003, rad. 19712; CE, jun. 22 2005, rad. 22626 y SP. jul. 15 2008, rad. 28362, entre otras. Sentencia C-241 del 20 de mayo de 1997).

Presupuestos que, necesario se ofrece recalcar, no se satisfacen en el caso de la especie donde lo demostrado es que los procesados C.A.S.V. y A.R.M.M. se concertaron con los miembros de la estructura paramilitar para la comisión de las dos conductas extorsivas por las cuales se procede y, aun cuando ellas son afines, no revelan el propósito de proseguir con la comisión indeterminada de otras, bien de la misma o de otra índole, en cuanto el objetivo claro era lograr la escrituración de los predios “XXX” y “XXX” en cabeza de los hermanos L.M. y A.H.C..

Al respecto, bien está traer nuevamente a colación lo dicho por el integrante del grupo armado ilegal J.C.A.P., alias J.C., según quien los procesados eran “amigos de nosotros y del comandante G.” y que, por ello les pidieron su apoyo o colaboración para lograr la intimidación en estos casos concretos “y si no hubiese sido así por la presión que se ejerció por las autodefensas buscada por los señores y la señora mencionada, esas tierras no hubieran sido quitadas de la forma en qué se hizo, o sea todo eso que pasó fue bajo la presión del comandante G.”.

En ese orden, la concertación se agotó con la consumación de los delitos referidos, sin vocación de permanencia en el tiempo y menos aún con la intención de afectar el bien jurídico de la seguridad pública, lo cual enmarca la responsabilidad de los implicados a título de coautores por las conductas de extorsión, como así se imputó en la resolución de acusación, pero excluyendo su compromiso por el delito de concierto para delinquir agravado, razón por la cual se mantendrá la absolución respecto de este comportamiento dispuesta por el ad quem.

En definitiva, se casará parcialmente el fallo de segunda instancia recurrido en cuanto a la absolución por los delitos de extorsión agravada en concurso homogéneo, ante la prosperidad de las censuras contenidas en las demandas, pero se mantendrá con respecto al ilícito de concierto para delinquir agravado.

(iv) Efectos concretos de la decisión adoptada:

Lo que corresponde en estos casos, comoquiera que se preserva la condena dispuesta por el a quo en contra de C.A.S.V. y A.R.M.M. por el delito de extorsión agravada en concurso homogéneo, mas no así la impartida por el comportamiento de concierto para delinquir agravado, es dejar indemne las consecuencias establecidas por la primera autoridad en torno al delito cuya condena se mantiene, máxime cuando esa decisión, es preciso subrayarlo, fue recurrida en apelación exclusivamente por la defensa, corolario de lo cual se suprimirán los efectos determinados en dicho fallo correspondientes al ilícito por el cual se mantiene la absolución.

En tal sentido, impera evocar que el a quo, en el proceso de dosificación punitiva, consideró como delito más grave, luego de realizar su correlativa ponderación individual, el de extorsión agravada, sancionándolo con pena de “ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(40), montos que, por razón del “concurso de conductas punibles se aumentará(n)... en otro tanto por el delito de concierto para delinquir agravado, siendo el incremento de seis meses, razón por lo cual la pena de prisión queda en ciento cincuenta (150) meses y la multa en tres mil cien salarios mínimos legales mensuales”(41).

En orden, entonces, a concretar la incidencia que conlleva casar parcialmente el fallo absolutorio en lo concerniente al punible de extorsión agravada en concurso homogéneo, se descontarán de la pena los quantums referidos establecidos por el a quo como incremento por la concurrencia del punible de concierto para delinquir agravado, a saber: seis (6) meses de pena de prisión y cien (100) salarios mínimos legales mensuales, conservando así la fijada para el primero, por lo que en definitiva se impondrá a los procesados C.A.S.V. y A.R.M.M. las penas principales de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el mismo monto de la sanción aflictiva de la libertad, se impondrá la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En relación con la repercusión específica de la decisión frente a la condena en perjuicios, se observa cómo en la sentencia de primera instancia se condenó a los acusados exclusivamente por los morales subjetivos, al no encontrar demostrados los materiales(42) ni los morales objetivos(43).

Para fundamentar la condena por dicho concepto, el a quo adujo lo siguiente(44):

En armonía con lo expuesto y teniendo en cuenta que el señor L.M.H. sufrió un profundo pesar por el despojo de su predio que lo afectó anímica y emocionalmente, consideramos que debe ser indemnizado en perjuicios morales subjetivos en el equivalente en moneda nacional colombiana en cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (subraya fuera de texto).

Como se puede apreciar, la indemnización reconocida se vinculó con la conducta punible generante del despojo del bien, esto es, el delito de extorsión agravada, sin que haya tenido incidencia para su fijación la supuesta asociación para delinquir con el grupo paramilitar imputada en la acusación, motivo por el cual este aspecto de la decisión se mantendrá incólume.

En lo atinente al subrogado penal de la condena de ejecución condicional y al sustitutivo de la prisión domiciliaria, se tiene que el juez de conocimiento los negó para ambos procesados; en el primer caso, al estimar que no se satisfacía el requisito objetivo contemplado en el artículo 63 del Código Penal y, en el segundo, “por no reunir los presupuestos establecidos en el artículo 38 ibídem”.

Con la condena exclusiva por el delito de extorsión agravada a un monto de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión o, lo que es lo mismo doce (12) años de prisión, es claro que tampoco se satisface el presupuesto objetivo de la disposición original vigente para el momento de comisión de la conducta (3 años), amén de que, de cualquier modo, en tratándose de esta conducta el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 prohíbe expresamente tanto el subrogado en cuestión como el sustitutivo de la prisión domiciliaria.

Sobre el particular, no es viable predicar aplicación favorable por retroactividad de la Ley 1709 de 2014, no solo porque, de una parte, no modifica la prohibición en comento de la Ley 1121, sino, de otra, en cuanto también prohíbe expresamente la prisión domiciliaria para el delito de extorsión conforme el numeral segundo de su artículo 23, por medio del cual se incluyó el 38 B a la Ley 599 de 2000, que a su turno remite al listado del artículo 28 ibídem, por cuyo medio adicionó el 38 G al mismo estatuto, excluyendo este delito de tal beneficio.

En consecuencia, se dispondrá librar las correspondientes órdenes de captura para hacer efectiva la pena impuesta a C.A.S.V. y A.R.M.M., advirtiendo que en caso de cumplirse lo ordenado, los procesados deben permanecer en el establecimiento carcelario que determine el Inpec.

Finalmente se observa que el juez a quo, en aras de restablecer el derecho a las víctimas (L. 600/2000, art. 21, con carácter de norma rectora), ordenó la cancelación de las escrituras XXX y XXX de 3 de junio de 2006, así como los registros respectivos en la oficina de instrumentos públicos del municipio de XXX (Magdalena), pero no hizo lo propio con la escritura pública XXX de 2 de diciembre de 2005, otorgada en la notaría de XXX (Atlántico), por medio de la cual se protocolizó la venta del predio “XXX” entre I.J.C.H. y el procesado C.A.S.V., motivo por el cual también se dispondrá su cancelación, así como la de sus registros en la oficina análoga de ese municipio.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada proferida por el tribunal superior de XXX el 26 de julio de 2012.

2. REVOCAR, en consecuencia, la absolución dispuesta en dicha decisión en favor de C.A.S.V. y A.R.M.M. por el delito de extorsión agravada en concurso homogéneo.

3. FIJAR, en consecuencia, a C.A.S.V. y A.R.M.M. las penas principales de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de comisión de la conducta a favor del tesoro nacional. En el mismo monto de la sanción aflictiva de la libertad, se impondrá la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

4. DISPONER la cancelación de la escritura pública XXX de 2 de diciembre de 2005, otorgada en la notaría de XXX (Atlántico), por medio de la cual se protocolizó la venta del predio “XXX” entre I.J.C.H. y el procesado C.A.S.V. y de sus registros en la oficina de instrumentos públicos de ese mismo municipio.

5. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de primera instancia.

6. LIBRAR, de inmediato, órdenes de captura en contra de C.A.S.V. y A.R.M.M. para hacer efectiva la pena de prisión que aquí se impone, lograda la cual será del resorte exclusivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, señalar el lugar de reclusión.

7. EXPEDIR, por la secretaría de la Sala, las comunicaciones correspondientes a las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 462 y 472 de la Ley 600 de 2000 y demás preceptos concordantes.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Fol. 11 del c.o. 4.

2 Fol. 160 ibídem.

3 El concepto fue recibido en la secretaría de esta corporación el 28 de noviembre de 2014.

4 Pág. 21 del fallo de segundo grado.

5 Pág. 23 ídem.

6 Fol. 1 y ss. del c.o. 1.

7 Fol. 30 ídem.

8 Fol. 264 ídem.

9 Como lo indica en la ampliación de denuncia del 24 de enero de 2007, L.M.H.C. (q.e.p.d.) tenía 71 años de edad, contaba apenas con estudios de primaria siendo su actividad la de “agricultor”.

10 Fol. 260 ibídem.

11 B.F.F. en su declaración del 25 de junio de 2008 reseña que contaba con 69 años de edad, sin referir a estudios.

12 Fol. 127 del c.o. 3.

13 Pág. 34 del fallo de segundo grado.

14 A partir del folio 210 del c.o. 2.

15 Folio 53 y ss. del c.o. 1.

16 Folio 115 ibídem.

17 Folios 55 y ss. del c.o. 1.

18 Folios 123 y ss. ídem.

19 Folios 98 y ss. del c.o. 3.

20 Folios 126 y ss. del c.o. 1.

21 Folios 68 y ss. del c.o. 3.

22 Folios 110 y ss. del c.o. 1.

23 Folios 20 y ss. del c.o. 5.

24 Folios 26 y ss. del c.o. 3.

25 Folios 14 y ss. ídem.

26 Folios 438 y ss. del c.o. 4.

27 Pág. 39 del fallo de segundo grado.

28 Folios 253 y ss. del c.o. 1.

29 Folios 131 y ss. del c.o. 2.

30 Folios 138 y ss. ídem.

31 Folios 241 y ss. del c.o. 1 y 123 y ss. del c.o. 3.

32 Folios 245 y ss. ídem.

33 Folios 435 y ss. del c.o. 4.

34 Folios 40 y ss. del c.o.3.

35 Folios 379 y ss. ibídem.

36 Folios 212 y ss. del c.o. 4.

37 Folio 319 y ss. ídem.

38 Págs. 20 y 21 del fallo de primer grado.

39 Cfr. Sentencia C-241 del 20 de mayo de 1997.

40 Pág. 29 del fallo de primer grado.

41 Pág. 30 ídem.

42 Pág. 31 del fallo de primera instancia.

43 Pág. 32 ídem.

44 Pág. 33 ídem.