Sentencia SP2638 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

SP2638-2015

Radicación 42.012

Aprobado acta 100

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Las demandas y las Consideraciones de la Corte

En atención a que algunos de los intervinientes en el trámite de la casación, específicamente los sujetos procesales que acudieron en su condición de no recurrentes, se opusieron a las pretensiones de los demandantes con argumentos que cuestionan el no cumplimiento de los requisitos de técnica, la Sala debe precisar, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, que admitidos los escritos, como sucedió en este caso, se entienden superados esos posibles defectos, en cuanto lo que corresponde es revisar el fondo del asunto.

Por ello, no se ocupará de las quejas relativas a si las demandas cumplen las exigencias de argumentación lógico-formales señaladas en la ley y la jurisprudencia.

1. La demanda a nombre de Ramón Nova Pradilla

1.1. Primer cargo, causal tercera, nulidad.

La sentencia del tribunal se profirió en un juicio viciado de nulidad, por cuanto la acción penal prescribió en la fase de instrucción, lo cual sucedió previo a que se suscribiera, en mayo de 1998, el pagaré por $ 250.000.000, momento este que no conforma parte del delito de estafa, en tanto no generó un nuevo préstamo ni desembolso, pues solo consolidó en un solo título los créditos anteriores, perfeccionados en el pasado, etapa ésta en la cual se consumó la estafa, todo lo cual acaeció previo a que la acusación adquiriera firmeza.

Lo relacionado con el último pagaré no fue mencionado en la acusación de segunda instancia y en el fallo de primer nivel se razona que este documento no apuntaba a un nuevo crédito sino que surgió de la consolidación de las deudas pendientes de Arprint Ltda., mientras que el tribunal admite que lo que hizo fue centrar en una sola operación las varias existentes con antelación, no obstante lo cual la corporación concluyó que la firma de este título comportaba un segundo momento consumativo de la estafa, en tanto implicó una manera de mantener en error a las víctimas para que asumieran deudas antiguas haciéndoles creer en la viabilidad financiera de la empresa y que con esa operación se superaba su crisis financiera.

El tribunal erró en ese aspecto, con lo cual encontró argumento para ampliar el término prescriptivo, toda vez que sin considerar la suscripción de tal pagaré, el instituto habría operado en tanto los desembolsos y suscripción de los títulos originales acaeció en los primeros meses de 1997. Y las cuentas deben hacerse desde este periodo, porque para pregonar que la víctima continuó mantenida en error con posterioridad, se requería que se hubiesen hecho nuevos desembolsos, pues estos estructuran el perjuicio económico, de tal manera que cuando se acabaron aquellos, cesó el manteamiento en yerro y se consumó la estafa.

Solicita se case la sentencia, se anule lo actuado, se decrete la prescripción y se archiven las diligencias.

1.2. Consideraciones de la Corte.

La Sala, compartiendo los planteamientos del delegado en el Ministerio Público, no decretará la nulidad postulada, por cuanto, contrario a lo argumentado por la defensa y los sujetos procesales no recurrentes que adhieren a su postura, la acción penal no prescribió en la fase de investigación. Obsérvese:

(I) De conformidad con los artículos 83, 86, 246 y 267.1 del Código Penal del 2000, en el presente evento la acción penal, en sede de investigación, prescribiría en 12 años, debiéndose aclarar que se aplica este estatuto por cuestiones de favorabilidad, pues frente al Decreto 100 de 1980, vigente al momento de los hechos, aquel resulta benigno a los acusados.

(II) De los hechos reseñados deriva que la estafa consistió en que, ocultando la realidad financiera de Arprint Ltda., la que se hizo figurar como boyante (contratos con empresas nacionales y periódicos que aseguraban vender toda la producción), cuando en realidad no resultaba viable económicamente en cuanto tenía deudas de difícil recaudo con el Banco Popular, se convenció a los ofendidos de vincularse como socios, no de esa, sino de una nueva firma (Arprint S.A.), cuyos aportes estarían dirigidos a capital de trabajo.

Luego de diversas reuniones, con la participación activa de empleados del Banco Popular, las víctimas fueron convencidas de invertir en ese buen negocio, por medio de aportes que lograban con créditos otorgados por la entidad bancaria, en el entendido de que los dineros serían para generar capital de trabajo para la nueva empresa, Arprint S.A., pero realmente se destinaron a cancelar aquellas deudas de difícil recaudo de la entidad antigua, Arprint Ltda.

(III) En verdad que los dineros producto de los préstamos otorgados por el banco a los afectados fueron consignados en las cuentas de Arprint Ltda., entre el 12 de marzo y el 30 de abril de 1997, fecha esta última en la que parece haber quedado claro que a los dineros logrados se les dio un destino diferente a aquel que engañosamente fue prometido, pues pararon en la antigua entidad, cuando han debido tener como destino la nueva firma, Arprint S. A., como capital de trabajo.

No obstante, la actuación de los procesados comportó que se designara como gerente de la fallida empresa a Marino Gutiérrez Isaza y, continuando con las maniobras engañosas, se lo convenció para que todas las obligaciones de Arprint se recogieran en una sola, que se garantizaría con la suscripción de un nuevo pagaré, el cual se suscribió en mayo de 1998, acto que constituiría la solución financiera y precisamente este documento fue el que generó el cobro ejecutivo.

Asiste razón al tribunal cuando razona que los actos que llevaron a la suscripción de ese último título comportan un nuevo momento de los artificios propios de la estafa, como que con el título que se hizo constituir al afectado, se lo convenció, otra vez, de que tal acto apuntaba a robustecer la empresa, a volverla viable, cuando, por el contrario, lo que hizo fue entregar bases sólidas para que el banco iniciara el proceso ejecutivo y, así, se consolidó el despojo del patrimonio económico de las víctimas.

Nótese, entonces, que con antelación a la firma del último pagaré, los perjudicados con la infracción aún mantenían la esperanza de recuperar sus dineros, en tanto se les siguió alentando la creencia de que sus aportes permitirían sacarla a flote y, finalmente, se los convenció (específicamente a Marino Gutiérrez) para centrar todas las obligaciones en una sola, respaldada por el título-valor final, que sacaría a flote la empresa y sus recursos.

De tal manera que lo que estructura la afectación al patrimonio económico, no es la entrega inicial de los recursos producto de los créditos, sino la suscripción del último pagaré, en tanto con este se consolidó cabalmente el despojo del patrimonio económico de los ofendidos, que entró a engrosar el de los acusados.

Con antelación a ese momento, los afectados eran mantenidos en la creencia de que sus aportes tendrían la finalidad ofrecida cuando los entregaron: capitalizar a Arprint S. A., en tanto que en aquel instante se verificó que no era así, pues sus dineros fueron utilizados para pagar las deudas de difícil recaudo que la desaparecida Arprint Limitada tenía con el Banco Popular.

Como bien lo refiere el tribunal, la Corte ha enseñado que la descripción del tipo penal de la estafa:

“no excluye de su tipicidad la eventualidad de que el sujeto activo del delito realice múltiples y repetitivos actos para la obtención de un solo propósito defraudador que se mantiene y materializa en el tiempo con fraccionados logros, lo que se infiere de la modalidad conductual ‘manteniendo a otro en error’, pues es una manera efectiva de proseguir con lo que está haciendo, dado que con tales actos a la postre obtiene no despertar alarma en su víctima, que entonces permanece a su merced para su oscuro propósito por el tiempo que él así lo quiera…

Cuando el sujeto activo del delito realiza a lo largo del tiempo y en detrimento patrimonial de la misma persona plurales actos artificiosos o engañosos reveladores de una voluntad orientada a ese ilícito propósito que se revela asumido como finalidad absoluta, incurre en una sola acción delictiva de estafa cometida mediante múltiples actos artificiosos o engañosos de ejecución, con los que mantiene en error a la víctima.

El engaño es único y también único es el dolo en estos casos, porque la materialización de cada acto no disgrega el todo de la acción, en cuanto lo único que cada uno revela es que el sujeto prosigue en su empeño principal y único” (providencia del 29 de junio de 1999, radicado 12.591).

En ese contexto, no se pude admitir la tesis defensiva de que el último pagaré suscrito, por tratarse de un acto posterior, no forma parte de la conducta de estafa, pues de conformidad con la reseña que de los hechos se hiciera en el anterior apartado, la conclusión que surge es que la firma del señalado título-valor no constituyó cosa diferente a un acto adicional para mantener en error a las víctimas, dado que estas guardaban la esperanza de que, al habilitar de esa forma la viabilidad financiera de la empresa, recuperarían los dineros entregados para su recapitalización.

En esas condiciones, como momento consumativo de la estafa debe considerarse el mes de mayo de 1998 y como la acusación de segunda instancia se profirió el 14 de mayo de 2009, esta es la fecha que interrumpió el lapso prescriptivo y entre los dos límites no transcurrieron los 12 años previstos en la legislación penal.

1.3. Segundo cargo, causal segunda, incongruencia entre la acusación y la sentencia.

El tribunal faltó a ese postulado porque no hay consonancia entre los cargos y los argumentos del fallo.

Para la acusación, la tipicidad de la estafa estriba en que los procesados actuaron en coautoría, radicando la conducta de los empleados bancarios en acelerar los trámites de manera extraña para recapitalizar una empresa, a sabiendas de su difícil situación económica, la cual ocultaron a sus nuevos socios, pues su objetivo era recuperar las obligaciones de difícil recaudo. Así, los funcionarios del banco no participaron en las maniobras engañosas de la presunta estafa, pues no era objeto de esta que la entidad recuperara sus créditos.

La defensa no se explica cuáles fueron las conductas que estructuran la estafa, en tanto las circunstancias contenidas en la acusación fueron modificadas por los jueces, pese a la desaparición de las maniobras engañosas, como que deben descartarse las falsedades, que se hubiera o no realizado el segundo crédito por 250 millones de pesos, que la finalidad del engaño fuese que el banco recuperara sus obligaciones y que los empleados de este participaran en el delito, en tanto los créditos fueron solicitados y tramitados por las víctimas, quienes autorizaron que con ellos se pagaran las deudas de Arprint Ltda., además de que reconocieron el incumplimiento en el pago de esas deudas y finalmente conocieron el estado de iliquidez de la empresa.

La equivocación del tribunal radicó en suponer que hubo una fusión entre Intercauchos y Arprint Ltda., la cual daría lugar a Arprint S. A., que los propietarios de aquellas ocultaron la precaria situación financiera, lo que igual hicieron los funcionarios del banco, además de que agilizaron trámites crediticios para recuperar viejas acreencias de difícil recaudo de Arprint Ltda., a cuyo objeto fueron a parar los dineros así entregados, que se autorizó el nuevo crédito de 250 millones de pesos, dinero desviado que entró a las empresas de los Nova Pradilla, que el negocio no funcionó porque Arprint S. A. inició quebrada, sin capital propio, que los pagarés fueron firmados en blanco y el Banco los llenó a su acomodo, que la maquinaria aportada por los Nova fue ocultada y sacada de la empresa y que los hermanos son coautores de fraude procesal pues se orquestaron con los otros acusados asesorados por el banco.

Hay argumentos contradictorios en la sentencia del tribunal, pues supuso que existió un último préstamo para engañar a los nuevos socios y saldar las deudas de la empresa antigua, lo cual, de ser cierto, obligaba a que los funcionarios del banco fuera procesados, pues en todos sus argumentos el tribunal reitera su culpabilidad al otorgar los préstamos para capitalizar Arprint S. A. pero destinarlos a pagar sus acreencias con Arprint Ltda., y, no obstante ello, los absuelve.

Los ofendidos no son campesinos ignorantes, pues se trata de tres generales y abogados de larga experiencia que actuaron como conjueces de tribunales y de la Corte, así como economistas y administradores de empresas, condiciones que les impedían alegar ignorancia y sostener que no conocían la ley comercial que protege los intereses de los deudores.

El tribunal incurrió en tergiversación pues supuso que existió una escritura para transformar la sociedad limitada en anónima, cuando dicha fusión jamás existió. Tampoco se concretó un aumento de capital ni la diversificación de los objetivos de la nueva empresa, además de que es mentira que los hermanos Nova Pradilla se hubiesen concertado para defraudar a los nuevos socios e hicieran aparecer a Intercauchos como una empresa próspera.

El tribunal consideró como indicios la aprobación de los créditos en forma acelerada (pero absolvió a los funcionarios bancarios por la estafa), haber iniciado proceso ejecutivo (pero dedujo que esto no estructuró el fraude procesal), destinar los créditos a un fin diverso e inducir en error a las víctimas con pagarés falsos. Estimó que la acusación erró al señalar que se otorgó un nuevo crédito por 250 millones de pesos, suma apropiada por los hermanos Nova Pradilla, aceptó que los pagarés fueron firmados en blanco, lo cual generaba una falsedad, actitud que consideró maniobra engañosa, lo cual igual sucedió con los balances, pues una actitud correcta obligaba a que estos incluyeran todas las deudas de Arprint Ltda.

El tribunal dedujo que la maquinaria fue sacada por los acusados para que no cayera en manos de los acreedores y que la estafa consistió en ocultar la situación económica y destinar los aportes de los nuevos socios a la cancelación de viejas deudas. Estableció como momento consumativo de la estafa la suscripción del pagaré por los 250 millones de pesos para cancelar las deudas atrasadas de Arprint Ltda.

La incongruencia es clara porque para la acusación la maniobra engañosa estuvo dada para que el banco recuperara sus acreencias, considerando a los empleados bancarios coautores del comportamiento. El pliego de cargos de primera instancia consideró que existió un segundo crédito por 250 millones de pesos, pero el delegado ante el tribunal estableció que simplemente se consolidaron deudas antiguas y el ocultamiento de la maquinaria por parte de los hermanos no fue estimado como un elemento de la estafa. Y, al desaparecer la falsedad de los pagarés, lo propio sucede con la estafa y el fraude procesal.

1.4. Consideraciones de la Corte.

La Sala desestimará las pretensiones de la defensa, avaladas por las partes no recurrentes, en tanto su extenso discurso no demuestra que las sentencias de los jueces (que, al haberse pronunciado en el mismo sentido, estructuran unidad) hubiesen desconocido los lineamentos fácticos y/o jurídicos de la acusación (conformada, a su vez, como unidad, por los dos pronunciamientos, en tanto el segunda instancia ratificó el de primer nivel).

(I) Las disquisiciones del demandante no verifican que los jueces se hubiesen apartado de los hechos fijados por la Fiscalía en su pliego de cargos o de la tipificación realizada en este. A lo que realmente apuntan es a censurar la estimación probatoria para colegir que los juzgadores se equivocaron al absolver a los empleados del Banco Popular, pues en todo momento hicieron referencia a su conducta irregular, lo cual imponía su condena, circunstancia que, en criterio de la defensa, desdibuja la estafa.

Estos supuestos nada dicen sobre la falta de consonancia denunciada. Otro tanto sucede cuando el defensor censura que los jueces hubiesen excluido la falsedad en los pagarés y el fraude procesal al impulsarse el juicio ejecutivo, pues es del criterio de que tal decisión igual incide en la atipicidad de la estafa.

(II) En modo alguno constituye irrespeto a la consonancia, como parece ser el entendimiento del señor defensor, que la acusación reclame condena por determinados comportamientos para algunos procesados y los jueces absuelvan por ellos, en tanto lo que se reputa como tal es que el juzgador desconozca los parámetros fácticos y jurídicos establecidos en el pliego de cargos, con independencia de si las pretensiones condenatorias de la Fiscalía prosperan o no. Por mejor decir, que el juzgador condene o absuelva por los hechos y delitos señalados por la Fiscalía no constituye incongruencia.

(III) Nótese que el recurrente no se pronuncia sobre el desconocimiento que las sentencias hicieron de los hechos fijados en la acusación. Simplemente reprocha un modo de valoración diverso y a ello llama incongruencia, lo cual se aleja del postulado legal.

Para la defensa, que los empleados del banco hubiesen sido absueltos, a pesar de que participaron en las maniobras engañosas, comporta que los restantes acusados debieron correr similar suerte. Tal tesis apunta a un modo específico de valoración que lleva a concluir al recurrente en la necesidad de que la decisión de responsabilidad respecto de todos los sujetos pasivos de la acción penal debe ser la misma, lo cual, además de lo cuestionable que resulta frente al derecho penal de acto, ni de lejos apunta al principio que señala como trasgredido.

(IV) En contra de las pretensiones del demandante, los jueces demostraron que los hermanos Nova Pradilla sí tenían interés económico concreto, lo cual los llevó a participar activamente en las reuniones con los funcionarios del Banco Popular y, con estos, magnificar la fusión de las dos empresas, ocultar los estados financieros de estas para inducir a los afectados a hacerse a los créditos otorgados por aquella entidad.

Sucede que con la maniobra engañosa de indicar que los créditos se abonarían como capital de trabajo para la nueva firma, Arprint S.A., para realmente destinarlos al pago de las deudas de difícil recaudo de Arprint Ltda., los hermanos Nova Pradilla resultaban directamente beneficiados, como que superaban esas obligaciones, saneaban sus problemas fiscales y lograban “revivir” para la actividad comercial, de la que habían salido, pues estaban vetados para acceder a cuentas bancarias y demás actividades propias del sector, precisamente en razón del mal manejo de la empresa que mostraron como próspera y, para alcanzar ese objetivo finalmente logrado, actuaron mancomunadamente con los empleados bancarios, pues estos, a su vez, cohonestando la actividad e impulsándola, recuperaban las obligaciones de difícil recaudo.

(V) Que la fusión entre Intercauchos S.A. y Arprint Ltda., no se hubiera concretado (aunque la idea sí quedó plasmada en la escritura 945 de febrero de 1997), deriva intrascendente, porque lo cierto es que los acusados vendieron esa mentirosa idea con éxito a los afectados y estos se hicieron a los generosos créditos ofrecidos en el convencimiento de que serían entregados como capital de trabajo a una nueva firma, Arprint S.A., lo cual no sucedió.

Resáltese, entonces, que lo propuesto como falta de consonancia entre la acusación y los fallos, no constituye cosa diferente a una comprensión diversa de los hechos, que Fiscalía y jueces fijaron de manera similar (lo cual descarta la incongruencia), solo que aquella responsabilizó de los mismos a los funcionarios del banco, en tanto que estos los exoneraron de responsabilidad. El pliego de cargos y los fallos siempre mencionaron la interacción entre los socios de Intercauchos y Arprint con los empleados del Banco Popular, de donde surge identidad fáctica.

(V) (sic) En verdad que la acusación de primera instancia refirió que luego de que las maniobras de los sindicados convencieran a las víctimas de hacerse a los créditos iniciales, los acusados “no contentos con ello posteriormente y cuando estaba funcionando la nueva empresa Arprint S.A. hacen un préstamo por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos, que van a parar a las empresas de los Nova Pradilla y otros socios, quedando desde todo punto de vista descapitalizada la nueva empresa Arprint S.A.”.

La afirmación, realmente, resulta errada, en tanto en el juicio se demostró y así lo señalaron las sentencias, que tal evento no comportó un nuevo préstamo, sino que en un último pagaré se recogieron las obligaciones precedentes, que sumaron esa cifra y, por ende, no existió un nuevo crédito con el consiguiente desembolso de recursos.

Pero el propio recurrente razona que el superior funcional en la Fiscalía, al desatar la apelación, estableció que con el último acto simplemente se consolidaron las deudas antiguas, de donde deriva que, a voces del propio demandante, el yerro del a quo fue corregido por el Fiscal de segunda instancia, quien fijó ese aspecto en su exacta dimensión fáctica y respecto de este se pronunciaron las sentencias.

Específicamente la del tribunal, objeto del recurso de casación, razonó en esos términos, según se lee en las hojas 35 y siguientes de su fallo. En el folio 41 la corporación rectificó de manera expresa una postura anterior en la cual había afirmado que existió un nuevo crédito por 250 millones de pesos, suma desviada por los hermanos Nova Pradilla, para aclarar que “lo que realmente se verificó fue la constitución de un pagaré que suscribió Gutiérrez Isaza, como representante legal de la firma en referencia, mediante el cual se condensaron todas las deudas que esta tenía con el Banco Popular”.

En el orden de ideas expuesto, la Sala concluye que ni la defensa, ni quienes adhieren a sus planteamientos como no recurrentes, demostró la inconsonancia denunciada, ni esta existió, en atención a lo cual, compartiendo en lo esencial el concepto del Ministerio Público, no se casará la sentencia del tribunal.

1.5. Tercer cargo, violación indirecta.

El tribunal incurrió en errores de hecho por falsos juicios de identidad y existencia, respecto de (1) la escritura 945 del 26 de febrero de 1997, mediante la cual Arprint Ltda. se transformó en Arprint S.A., (2) los extractos de la cuenta de Arprint Ltda. en el Banco Popular y las declaraciones de Marco Fidel Urbano, Blanca Myriam Ramírez de Peña, Amparo Salazar de Molina y los hermanos Nova Pradilla, pruebas que, de haberse valorado sin yerros, hubiesen llevado a concluir que Intercauchos no se fusionó con Arprint Ltda. para dar paso a Arprint S.A., que la sociedad tenía problemas de iliquidez pero no estaba en quiebra y que al momento de la negociación los Nova Pradilla no conocieron los pasivos y por ello no incurrieron en la estafa.

Igual, se habría inferido que como no existió la fusión, los hermanos no estaban obligados a mostrar balances, lo que excluye su participación en el delito. De los extractos surge que el manejo de los recursos lo hacía Marino Gutiérrez, luego si los créditos fueron aplicados al pago de deudas de Arprint Ltda., la explicación debe pedírsele a este, no a los señores Nova Pradilla, además de que la ley comercial, que debían conocer los quejosos, indica que la nueva empresa adquiere todas las deudas de su antecesora y estas sumaban 250 millones de pesos.

Por la misma vía, el tribunal debió inferir, según los empleados bancarios, que Arprint tenía un historial crediticio que venía cancelando en forma aceptable y que los Nova Pradilla, al igual que las víctimas, no sabían del elevado pasivo de esa empresa (ocultado por Amparo Salazar y Uriel Mesa) que afectó su operatividad y que evidencia que el señor Marino Gutiérrez faltó al deber de autoprotección, pues al conocer las deudas no reveladas debió reaccionar para solucionar el problema.

La corporación olvidó valorar que Amparo Salazar de Molina se apropió de 100 millones de pesos, lo cual afectó la estabilidad de la empresa. Igual, debió concluir que los dos hermanos solicitaron los créditos para oxigenar el flujo de capital, conducta impropia de un estafador, como tampoco tenían necesidad de variar las decisiones de la junta, en tanto eran dueños del 64% de las acciones y podían resolver lo que a bien tuvieran.

En el mismo sentido, se le imponía colegir que el último pagaré no fue un segundo momento consumativo de la estafa, en tanto no representó un nuevo desembolso, luego solo recogía las deudas anteriores. También, que el desastre para las finanzas de la firma lo generó el propio denunciante al poner de presente la irregularidad de la situación de un empleado, lo cual comportó que el mejor cliente de Arprint se retirara y en ello nada tuvo que ver el acusado.

La declaratoria de prescripción no ha debido revocarse y se impone la absolución.

1.6. Consideraciones de la Corte.

La Sala no casará la sentencia en los términos demandados, que coinciden en lo esencial con los de los sujetos procesales no recurrentes, pues el tribunal no cometió los errores denunciados.

(I) Con insistencia, la defensa señala que los jueces se equivocaron al concluir que existió la fusión de Arprint Ltda. e Intercauchos. La verdad del argumento es apenas formal, en tanto realmente ese hecho nunca se concretó en la práctica, pero de la reseña de los hechos deriva incontrastable que el tema sí fue tratado a espacio, que con la falsa ilusión de que era un negocio rentable, la idea se les vendió a los quejosos y que, incluso, se fue más allá para concretarla, en tanto se plasmó en una escritura.

Lo relevante del tema y que fue imputado a los acusados, no fue que la tal fusión entrara a operar en la práctica, sino que a las víctimas, con mentiras de supuestos empresarios exitosos y el respaldo de los funcionarios bancarios, se las convenció de la pretensión de hacerlo, esto es, que parte de las maniobras engañosas consistió en esa propuesta y el respaldo de engañosos estados financieros, para vender a los afectados la ilusión de un negocio próspero, que se rodeó de bases supuestamente sólidas, como la trayectoria comercial de los empresarios, sus sólidos negocios, los excelentes clientes con que contaban y el apoyo bancario irrestricto.

Más que demostrar los yerros denunciados, lo que hace la defensa, desde su personal inteligencia sobre el alcance que debe darse a las pruebas, es insistir en que los hermanos Nova Pradilla actuaron dentro de los cánones normales en el mundo de los negocios y que quienes obraron de manera indelicada fueron, o los otros empresarios, o los funcionarios del banco, o, incluso, los propios afectados que han debido verificar la situación real de las entidades.

(II) Contrario a la pretensión defensiva sobre el actuar debido de su acudido, las pruebas demuestran, y así lo razonaron a espacio las instancias, que la participación del procesado, y de su hermano, fue activa y reiterativa para engañar y mantener engañados a los perjudicados sobre una situación irreal.

Esa actuación que finalmente logró su cometido, en tanto, con la intervención igualmente activa e interesada de los funcionarios del Banco Popular, logró que aquellos concluyeran en las bondades del negocio que se les pintaba, se hicieran a los créditos bancarios concedidos con una rapidez inusitada, en el entendido de que serían destinados como aportes de trabajo para la nueva empresa, cuando en realidad se emplearon con el fin de que el banco recobrara dineros de dudoso y difícil recaudo y los acusados saldaran sus deudas antiguas adquiridas con este y “renacieran” para el mundo comercial del cual estaban vetados.

Los testigos Martha Lucía Escobar y Marino Gutiérrez Isaza, en quienes ni lo jueces encontraron motivo de tacha, en tanto se limitan a referir lo realmente acaecido (además de que otros medios de prueba, en especial documentales, corroboran sus palabras), ni la defensa indica ninguno, más allá de insistir en que por sus condiciones personales y profesionales han debido actuar de manera diversa, señalan la participación activa de los dos hermanos en el delito.

Así, narran que fueron los hermanos Nova Pradilla quienes los buscaron con la propuesta de formar la sociedad anónima, siendo Ramón quien se encargaba de llevarles los documentos para su firma, de guiarlos al banco para que hicieran lo propio con otros y conducirlos a una Notaría para la autenticación de firmas. Todos estos hechos comportan participación activa en el recorrido criminal, a lo cual se agrega que era fácil ganarse la confianza de los afectados dado que a aquellos y a estos los unía una amistad de muchos años, lo cual impedía, de entrada, desconfiar de sus propuestas.

Específicamente fue Ramón quien abordó a Gutiérrez Isaza indicándole las excelentes bondades de Intercauchos, su boyante capital, invitándolo a hacerse socio, además de mostrarle los que luego se supo eran mentirosos cuadros sobre los estados financieros, todo adobado con invitaciones suntuosas, lo cual no dejaba duda sobre la prosperidad de Ramón Nova y del negocio que proponía.

Abonado ese terreno, posteriormente compareció Daniel Nova, quien insistió en los argumentos iniciales, lo cual tornaba fructífera la inversión, máxime cuando se contaba con una línea de crédito el IFI, momento en el cual, de manera sorpresiva, además de Intercauchos, vincularon a la propuesta a Arprint Ltda., dibujada igualmente con excelente capital, contratos con clientes exclusivos que garantizaban la venta de toda la producción, todo lo cual indefectiblemente contribuyó a doblegar la voluntad de los amigos (las víctimas) en la creencia de la legitimidad de la propuesta.

Por tanto, no acierta el señor defensor, como sí lo hacen los fallos de instancia, en tanto ese proceder que se demostró llevaron a cabo los dos hermanos Nova Pradilla, indefectiblemente estructuró las maniobras engañosas, como que los datos entregados eran mentirosos, pues las entidades no presentaban ninguna seguridad económica, eran financieramente fallidas, como tampoco aquellos eran los prósperos hombres que aparentaban en tanto estaban proscritos del mundo de los negocios (no podían acceder a cuentas bancarias ni créditos).

(III) Por oposición a los reiterados argumentos defensivos, los dos hermanos sí tenían claro interés económico en la propuesta hecha, como que concretada esta, como sucedió, los créditos conseguidos por las víctimas fueron utilizados para saldar las deudas atrasadas de las antiguas empresas con el Banco Popular, que los habían llevado a ser excluidos del sistema financiero por el incumplimiento de sus obligaciones, luego pagadas esas acreencias fácil les resultaba reingresar al mismo.

(IV) Lo que la defensa llama deficiencia en la autoprotección de las víctimas, no es tal, sino que, por las circunstancias narradas, se les creó una idea falsa, pero con respaldo en actitudes que la hacían creíble, pues a los aspectos aludidos debe agregarse que los procesados, todos a una, desde sus diferentes posturas e intervenciones confluyeron a generar la idea de un excelente negocio, respaldado financieramente por una entidad bancaria prestante.

Resáltese que a las actuaciones de los dos hermanos se agregan, por vía de ejemplo, las reuniones en un prestigioso club, otra en noviembre de 1996 en El Rosal en donde se planteó la fusión, actos en todos los cuales se maquillaba la real situación de las sociedades, se ocultaban sus cuantiosas deudas y se avalaba la prosperidad de la inversión.

Ante tal cúmulo de actividades de empleados bancarios y prósperos empresarios, algunos de ellos grandes amigos de los ofendidos, lo cual contribuye a derribar cualquier desconfianza, en modo alguno puede concluirse en falta de diligencia en las víctimas, en tanto tuvieron a la vista y revisaron balances, cuentas y estados financieros y las palabras de respaldo y empuje de los funcionarios del Banco Popular, que además ocultaron las considerables deudas que hacían inviables la empresa, todo lo cual estructuró elementos suficientes para, desde una diligencia debida, concluir en la seriedad de la oferta.

El señor defensor argumenta falta de ánimo engañoso en los señores Nova Pradilla, porque al poseer el 64% de las acciones, no necesitaban falsear decisiones. El argumento es sofístico, en tanto lo que interesaba no era adoptar cualquier tipo de decisión, sino convencer a la minoría de ellas para que hicieran las inversiones, como finalmente aconteció.

La Corte acoge en su integridad los argumentos del Ministerio Público en su concepto, que en líneas generales coinciden con los de la Sala, y con él concluye en la ausencia de razón de la censura, debiéndose negar la casación por el aspecto señalado.

2. (a) La demanda a nombre de la parte civil (Marino Gutiérrez Isaza, Martha Lucía Escobar de Gutiérrez y Jorge Ricardo Gutiérrez Escobar).

(b) La demanda del Ministerio Público.

2.1. Primer cargo (de la parte civil), causal tercera, nulidad.

Cargo único (del Ministerio Público), incongruencia entre la acusación y la sentencia.

Las dos propuestas se reseñan de manera conjunta, toda vez que, a pesar de acudir a causales diversas, el desarrollo y demostración de los cargos resultan idénticos.

La sentencia del tribunal contiene argumentos contradictorios, anfibológicos, equívocos, pues surgía necesario que los empleados del Banco Popular, Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña, debían ser declarados responsables del delito de estafa, resultando desconcertante que la primera instancia plasmara argumentos que apuntaban a demostrar su responsabilidad, pero contradictoriamente terminó absolviéndolos.

En varias ocasiones las sentencias aludieron a que todos los acusados (incluidos los funcionarios del banco) utilizaron estrategias para engañar y reclutar a los nuevos socios, esto es, para estafar, sin que resulte admisible que los últimos no conocían la situación de las empresas, como que sabían de las obligaciones de difícil recaudo que estas tenían con la entidad crediticia, además de que siempre se puso de presente la amistad existente entre los empresarios y los funcionarios del banco, resultando estos beneficiados, en tanto, al entregarse los créditos, los aplicaron a esas obligaciones.

Resulta desacertado que los jueces dejaran de lado los estudios grafológicos que demostraron que los pagarés se firmaron con espacios en blanco, que fueron llenados para habilitar el cobro judicial, con lo cual se esquivó el estudio del fraude procesal.

Debe casarse parcialmente el fallo para dictar sentencia de condena contra tales acusados por la conducta de estafa. La Procuraduría reclama igual solución por fraude procesal.

2.2. (a) Segundo cargo de la demanda de la parte civil (Marino Gutiérrez, Martha Lucía Escobar y Jorge Ricardo Gutiérrez).

(b) Primer cargo de la demanda del apoderado de la parte civil (Hugo Humberto Rodríguez Cortés).

Los dos cargos se reseñan de manera conjunta, dada la identidad de censuras y planteamientos.

Los jueces incurrieron en errores de hecho por falsos juicios de identidad, existencia y falso raciocinio para absolver Urbano Franco y Ramírez de Peña.

Se demostró el papel protagónico de los aludidos en las maniobras que concretaron la estafa, que no habría podido cometerse sin su intervención, pues es claro que Arprint tenía problemas de liquidez y estaba incursa en el incumplimiento de múltiples acreencias precisamente con el Banco Popular, además de que sus equipos fueron embargados por el IFI, de donde resultaba una necesidad para los empresarios y los empleados bancarios cancelar esas obligaciones vencidas.

De no ocurrir ello, los funcionarios bancarios se verían en aprietos con la entidad y, por eso, colaboraron con los otros acusados en la captación de incautos inversionistas, habiendo participado en múltiples reuniones para concretar la supuesta fusión y en tales actos de manera activa aquellos daban fe de la excelente rentabilidad de la empresa, de la seriedad de los socios y de la disponibilidad de grandes créditos bancarios para financiar la operación, cuya concesión agilizaron de manera sorprendente para luego distraer ese capital que era para el trabajo de la nueva empresa y cubrir las obligaciones de la firma antigua, quedando limpias las hojas de vida de los empleados bancarios como colocadores de capital.

Los acusados, para lograr éxito en la estafa, fraccionaron los créditos, a fin de que una suma mayor no exigiera revisión por instancias superiores que ellos no podrían manejar y guardaron silencio sobre la verdadera situación de Arprint.

Esa verdad que demuestran las pruebas, fue desconocida por los jueces a través de falsos juicios de existencia, como omitir el interrogatorio a un empleado de Arprint que señaló que toda la maquinaria se encontraba embargada, de lo cual también da cuenta un acta del 19 de diciembre de 1997 que certifica que el IFI adoptó esa medida preventiva. El testimonio de Jorge Nelson Guzmán Parra, representante legal del Banco Popular, sostuvo que la empresa no se encontraba en quiebra pero tenía moras en varias obligaciones y que los pagarés no tenían carta de instrucciones para ser llenados.

Esos elementos, desconocidos por los juzgadores, probaban que la empresa se encontraba en grave situación económica y que eso era conocido por los empleados del banco acusados, quienes estaban interesados en sanear esa situación y, por ello, cohonestaron la búsqueda irregular de nuevos socios.

Los juzgadores incurrieron en falsos juicios de identidad. De las versiones de Ramón Nova, Fidel Urbano y Juan David Escobar Melguizo deriva que para que el Banco renovara los créditos era necesario sanear las deudas de Arprint Ltda. y que, por eso, el banco pretendía que el dinero prestado a los nuevos socios sería para cancelar las obligaciones a Arprint que sumaban 250 millones de pesos. Escobar agregó haber quedado desconcertado porque los créditos eran para capital de trabajo, esto es, para que funcionara la nueva empresa creada (compra de materia prima, pago de servicios, etc.), además de que los empleados del banco ilusionaron a los ofendidos con un crédito rotativo existente de 500 millones de pesos, pero una vez se pusieron al día en las obligaciones, negaron ese préstamo.

Jorge Ricardo Gutiérrez Escobar declaró que Urbano Franco dijo que para aprobar los créditos directamente tenía que fraccionarlos para impedir la intervención de la junta directiva del Banco. Mario Gabriel Ramírez Alvira dio testimonio de que los acusados bancarios nada refutaron cuando Amparo Salazar de Molina adujo que la empresa tenía una buena gestión, que no había tenido inconvenientes con los pagos y que contaba con buenas relaciones en el sistema bancario. Aquellos simplemente aclararon que con los nuevos socios y garantías se ampliaba la capacidad de endeudamiento.

Los acusados, a voces del mismo testigo, conocían esa situación por cuanto venían asistiendo a la empresa durante los últimos 18 o 20 años y sabían que los Nova estaban vetados por la Superintendencia, lo cual les impedía el acceso a cuentas bancarias y créditos, de lo cual no fueron informadas las víctimas, de donde surge que los funcionarios del Banco asumieron esa actitud para poder recuperar las obligaciones, pues de manera regular no podían hacerlo.

Como el tribunal cercenó los apartes de las pruebas reseñadas, solicitan se case su sentencia y se condene a Urbano Franco y Ramírez de Peña por el delito de estafa. De Manera solidaria, debe imponerse al Banco la obligación de indemnizar los perjuicios.

En otros eventos el tribunal restó trascendencia a lo que indicaban las pruebas cuando responsabilizaban del delito a los empleados del Banco, dejando de lado que los ofendidos tomaron su decisión, en gran medida fundamentados en la confianza que les brindaron aquellos. Los jueces no atendieron la lógica y la experiencia, pues sus argumentos resaltaron la responsabilidad de Urbano Franco y Ramírez de Peña, pero los absolvieron.

2.3. Consideraciones de la Corte.

La Sala casará la sentencia absolutoria que por el delito de estafa agravada fue proferida en favor de Marco Fidel Urbano Franco y Myriam Ramírez de Peña. En su lugar, los declarará coautores penalmente responsables de ese comportamiento.

Las razones de la determinación son las que siguen, que en lo sustancial, en el fondo (así existan falencias en la formulación técnica de los reparos), comparten los reproches de los demandantes, de la colaboradora en la Procuraduría Delegada para la Casación Penal e, incluso, del defensor de Nova Pradilla, quien si bien no formuló cargos sobre ese aspecto, lo cierto es que gran parte de su discurso apunta a cuestionar que la decisión de las instancias ha debido ser esa:

Los reproches se despachan conjuntamente, por cuanto, no obstante asistir razón en el relacionado con la argumentación contradictoria de los jueces, la solución no está dada por la nulidad, sino por la postulada en los otros cargos propuestos por vía de la violación indirecta, esto es, por la emisión de una sentencia de remplazo.

(I) En principio, debe aclararse al apoderado de los no recurrentes, señores Urbano Franco y Ramírez de Peña y del tercero civilmente responsable, que la pate civil sí se encuentra legitimada para acceder a la casación, por cuanto las absoluciones de los señalados la privaron de la posibilidad de reclamarles el resarcimiento de los daños y perjuicios causados y mal puede admitirse que carece de interés jurídico por cuanto cuenta con la opción de acudir a la jurisdicción civil, en tanto ello es recibo cuando ha optado por no hacerse presente en el proceso penal, pero si lo hace, como en el evento en estudio, le asiste todo el interés para abogar por los intereses que defiende, incluso en esta sede extraordinaria.

En apoyo de su tesis, el señor apoderado menciona el contenido del artículo 57 procesal, que bajo el título de “Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria”, refiere que la acción civil no podrá iniciarse o proseguirse cuando se haya declarado que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no la cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

De esos supuestos, el único que eventualmente sería aplicable a sus asistidos estaría relacionado con que no habrían cometido la conducta, pero sucede que la disposición supedita esos efectos que exista “providencia en firme” que declare tal hecho y, evidentemente, encontrándose pendiente de resolver el recurso de casación, tal ejecutoria no se ha causado y, por ende, es viable proseguir con la acción civil.

La inteligencia de la disposición apunta a que, en supuestos diversos a los expresamente reglados, la decisión penal ejecutoriada inhabilita al afectado para reclamar sus perjuicios en la justicia civil. Por el contrario, si la absolución obedece a un motivo diverso, una vez en firme, puede acudir a los jueces civiles en aras de reclamar por los daños causados.

(II) En el proceso de valoración probatoria, los jueces de instancia concluyeron en la responsabilidad por el delito de estafa agravada de los hermanos Ramón y Daniel Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina, no obstante lo cual, a partir de la idéntica situación fáctica y de que los mismos medios probatorios los señalaban, optaron por absolver a los empleados del Banco Popular Marco Fidel Urbano Franco y Myriam Ramírez de Peña.

Tal decisión deriva contradictoria, porque el discurso judicial, en las dos instancias, apunta a que hubo una actuación concertada, mancomunada, de todos los procesados, incluidos los funcionarios bancarios, lo cual imponía que con los mismos argumentos se imputara coautoría a los últimos, decisión que encuentra pleno respaldo en el material probatorio valorado integralmente y con respeto de los postulados de la sana crítica.

(III) En la sentencia de primer nivel se lee sobre las maniobras de los empresarios de Intercauchos y Arprint, luego de lo cual convencieron, con la participación activa de los funcionaros del Banco, a los ofendidos sobre las bondades de transformar Arprint Ltda. en Arprint S.A., para lo cual los empleados del Banco tramitaron créditos de manera rápida.

Tras ello, el a quo censura la conducta de los funcionarios del banco porque “mal hicieron… al proceder, con los dineros que habían otorgado en préstamos para la capitalización de la empresa Arprint S. A., proceder a cancelar las deudas o los créditos que Arprint Ltda. tenía con esa entidad crediticia; aunado a ello, es de importancia resaltar que los créditos o deudas que Arprint Ltda. tenía con el pluri-mencionado Banco, no aparecían reflejadas en los balances contables y desde esta perspectiva mal podía disponerse como se hizo con estos rubros”. Más adelante agrega que “los créditos ante el Banco Popular… de una manera extraña resultaron en las cuentas de Arprint Ltda.”.

Resalta el testimonio de Gutiérrez Escobar, conforme con el cual el gerente zonal del banco decidió que el crédito se partiera en dos con el fin de que no pasara por la junta de la entidad y pudiera ser autorizado directamente, además de que el dinero nunca fue desembolsado sino que internamente el Banco hizo las asignaciones respectivas.

El tribunal, además de hacer propias las disquisiciones de la primera instancia, pues las ratificó, hizo los siguientes aportes: confirió eficacia al testimonio de Marino Gutiérrez Isaza y del mismo, luego de relacionar los comportamientos de los empresarios de Intercauchos y Arprint Ltda., resaltó la reunión a la que comparecieron Urbano Franco y Ramírez de Peña, en donde se habló de la fusión, se enfatizó en la importancia del negocio, que a través del Banco Popular ya estaban listos varios créditos para que los nuevos socios hicieran sus aportes, que como incentivo se aludió a una fábrica de motocicletas.

La corporación destacó cómo el testigo aludió a que lo más llamativo de la situación fue la actitud de los funcionarios del banco, quienes para darle confianza manifestaron avalar la operación, especialmente la fusión, que aseguraban y garantizaban un buen capital de trabajo con un préstamo, línea IFI, por medio millón de dólares y que, a pesar de lo convenido, el banco tomó para sí los dineros prestados y los aplicó a deudas antiguas de Arprint Ltda., además de que tales empleados tenían pleno conocimiento de la iliquidez de esta firma y que los Nova Pradilla estaban vetados por la Superintendencia (lo que les impedía acceder a cuentas corrientes, créditos, etc.), lo cual no informaron a las víctimas, en el entendido de que, de haberlo hecho, no habría accedido a la propuesta.

Con el mismo alcance reseñó las declaraciones de Carlos Alberto Méndez Nieto y Hugo Humberto Rodríguez Cortés, resaltando que afirmaron el interés de los funcionarios del Banco en ocultar el deplorable estado financiero de Arprint, pues los animaba el interés de recuperar las deudas que esta tenía con la entidad crediticia.

Igual hizo referencia a la versión de Ramón Nova Pradilla, de la cual destacó su alusión a que todos (los procesados) fueron promotores para que Marino Gutiérrez y sus amigos hicieran la inversión. Así, “los funcionarios del Banco Popular los animaron a capitalizar y a fusionar para unir energías”. Otro tanto hizo respecto de Amparo Salazar de Molina, quien describió la reunión a la que asistieron tales empleados “con quienes venía trabajando Aprint Ltda. desde hacía aproximadamente 15 años, en operaciones externas y nacionales”, habiendo conocido que el banco aprobó créditos a los nuevos socios con el único fin de comprar acciones de la nueva sociedad, dineros que serían desinados a capital de trabajo pues de ello se informó a Marco Urbano.

Tras esa reseña, el tribunal dedica a espacio a concluir, con fundamento en esas pruebas, que los hermanos Nova y Amparo Salazar conociendo la grave situación económica de las empresas de las que eran dueños, falsearon la verdad a las víctimas, presentándolas como prósperas sociedades que al ser fusionadas y con el capital aportado por los nuevos socios darían lugar a una compañía muy competitiva.

El tribunal dedujo que lo expresado por las víctimas resulta digno de crédito, máxime cuando se advierte que los créditos logrados no ingresaron a capitalizar Arprint S.A., sino a saldar antiguas deudas de Arprint Ltda., lo cual no fue lo convenido, de donde surgía consolidado el engaño, adicional a lo cual Ramón Nova hizo que Marino Gutiérrez suscribiera un nuevo pagaré en mayo de 1998 recogiendo todas las acreencias anteriores.

No obstante, a pesar de la eficacia conferida a las pruebas de cargo para derivar responsabilidad de los Nova Pradilla y Amparo Salazar, cuando el tribunal aborda lo relacionado con Urbano Franco y Ramírez de Peña, al igual que hiciera el juez de primer nivel, afirma que las mismas no son suficientes para pregonar la culpabilidad de los últimos, a pesar de que participaron activamente en las reuniones preparatorias y avalaron la prosperidad del negocio con la promesa de una línea de crédito.

(IV) Para la Sala, precisamente ese específico comportamiento es indicativo de su compromiso penal, como que a voces de los declarantes (incluso de los acusados Nova Pradilla y Amparo Salazar) si bien las argucias de los últimos de falsear la situación de las empresas ofrecidas en fusión, fueron trascendentes al momento de engañar a los afectados, lo cierto es que lo que doblegó plenamente su voluntad para hacerse al prometedor negocio fue la intervención activa en varias reuniones (algunas de ellas de carácter social) de los dos funcionarios bancarios.

La participación de tales empleados resultó de capital importancia en la toma de decisión, como que, con conocimiento de causa, ocultaron que las empresas de que se trata tenían una situación económica deplorable, que no eran viables financieramente y que los hermanos Nova por sus incumplimientos crediticios estaban vetados para toda actividad comercial por parte de la Superintendencia. De necesidad deriva que si los bancarios ponen de presente a los potenciales nuevos socios estas circunstancias, que conocían con suficiencia, aquellos hubieran rehusado la propuesta, salvando su patrimonio.

Nótese que si los empresarios tenían interés en hacerse con engaños al patrimonio ajeno, para saldar sus antiguas obligaciones y volver a la vida comercial, otro tanto deriva de los empleados del Banco Popular, pues que como colocadores de capital en el mercado estaban ante unas deudas de difícil y dudoso recaudo (las obligaciones insolutas de Arprint Ltda.), de tal manera que con la maniobra adjudicaban créditos a los nuevos socios, debidamente respaldados con bienes personales, se cobraban esas acreencias y la nueva obligación resultaba de fácil cobro, de donde deriva que todos ganaban, excepto los engañados nuevos socios que lo perdían todo.

De ahí que el razonamiento de los juzgadores de instancia resulta desacertado, pues a partir del peso otorgado a las pruebas soporte de la condena para los Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina, no existe razón válida para conferirles uno diverso cuando señalan a Urbano Franco y Ramírez de Peña, como que son contestes en referir que estos siempre avalaron la prosperidad de los Nova Pradilla y de las empresas, falseando la verdad, pues conocían que la realidad era la opuesta, lo cual era evidente a partir del no pago de sus deudas.

Y debe decirse que la condición de los acusados como altos empleados del Banco Popular, que se tomaban la molestia de dejar sus actividades profesionales para acudir a reuniones privadas, de necesidad generaba en las víctimas una confianza en la legitimidad y bondad de la propuesta, la que aquellos reforzaban con la oferta generosa de créditos rápidos y que se parcelarían para evitar controles superiores.

Los jueces dejaron de lado que desde las versiones de Ramón Nova y Urbano Franco deriva irrefutable que desde un comienzo tuvieron claro que los préstamos concedidos por el Banco a las víctimas (los nuevos socios) estarían dedicados a saldar las deudas antiguas de Arprint Ltda. y no a capitalizar a la nueva firma, Arprint S.A., como fue el compromiso con los últimos. Al respecto, Urbano Franco agregó (lo cual obviaron los juzgadores de instancia) que la pretensión de la institución bancaria (esto es, no solo del acusado sino de la entidad financiera) era que el dinero que se autorizaba prestar fuera destinado a recuperar esas obligaciones.

Lo último fue corroborado por Juan David Escobar Melguizo quien ratificó que el banco se pagó de pasivos vencidos con los dineros que él mismo acababa de desembolsar.

La actitud de Blanca Myriam Ramírez de Peña no fue menos pasiva, en tanto en las reuniones siempre coadyuvó las posturas de Urbano Franco. Resáltese que cuando Amparo Salazar hizo las mentirosas alusiones a la víctima respecto de la buena gestión de la empresa, que no tenía inconvenientes con sus pagos y contaba con buenas relaciones en el sistema bancario, aquella y Urbano franco, que estaban presentes, nada refutaron a pesar de que conocían que la situación real era la opuesta, de donde deriva su total connivencia con la engañosa trama.

(V) Así, deriva incontrastable que los jueces de instancia, y específicamente el tribunal, desconocieron el valor objetivo de las pruebas, que en nada difiere del conferido cuando de concluir en la responsabilidad de los hermanos Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina se trataba, de lo cual surge que incurrieron en los errores de hecho denunciados. Por esta vía, tampoco asiste razón a los no recurrentes, como que sus postulaciones apuntan a sostener lo contrario.

Por tanto, la Sala casará el fallo en el sentido anunciado, esto es, revocará la absolución proferida en favor de Marco Fidel Urbano Franco (nacido en Bogotá el 14 de abril de 1950, hijo de José y María Dolores, casado con Mercedes Rincón Sanabria, ingeniero de profesión, identificado con la cédula 19.100.558) y Blanca Myriam Ramírez de Peña (nacida en Bogotá el 27 de octubre de 1948, hija de Eloy y Blanca Aurora, casada con Carlos Samuel Peña Zamudio, economista de profesión, identificada con la cédula 41.519.759), para ensu lugar declararlos coautores penalmente responsables de la conducta punible de estafa, agravada en razón de la cuantía, por la cual fueron acusados.

(VI) Sobre la sanción a imponer, cabe hacer algunas precisiones. Los jueces de instancia se ubicaron en los artículos 246 y 267.1 de la Ley 599 del 2000, pues para contabilizar el término de prescripción reclamado, los encontraron favorables frente a los artículos 356 y 372 del Decreto 100 de 1980, vigente para cuando ocurrieron los hechos. En efecto, las últimas normas reglaban un máximo punitivo de 15 años de prisión, frente a los 12 de aquellas.

No obstante, como el mandato, principio y derecho fundamental de la favorabilidad, reglado por el artículo 29 de la Constitución Política, no admite restricción alguna, se impone realizar un nuevo juicio de favorabilidad, pues si bien respecto de la prescripción la Ley 599 del 2000 se muestra benéfica, para la dosificación punitiva surge benigno el Decreto 100 de 1980, por tanto, ha de darse cabida a este.

Así, respetando los criterios de dosificación de las instancias, se tiene: el artículo 356 del Código Penal de 1980 señala pena de prisión de 1 a 10 años y multa de $ 1000 a $ 500.000, montos que, aplicado el agravante del artículo 372.1, quedan de 16 meses a 15 años y multa de $ 1333,33 a $ 750.000.

Las instancias se ubicaron en el cuarto mínimo (de 32 a 60 meses) y respecto del ámbito de movilidad (28 meses) se alejaron un 14,29% del tope inferior. Trasladado este criterio al límite menor del cuarto inferior con el Decreto 100 de 1980 (16 a 57 meses) se llega a 21,85 meses (21 meses 26 días). Aplicado el mismo cálculo a la pena, se tiene que el cuarto inferior queda de $ 1333,33 a $ 188.500. Trasladado el 14,29% al ámbito de movilidad ($ 187.166,67) y sumado al límite inferior, se llega a $ 28.079,44.

En estos términos deben quedar las penas impuestas por los jueces a los hermanos Ramón y Daniel Nova Pradilla y a Amparo Salazar de Molina, imponiéndose, por tanto, la intervención oficiosa de la Corte para casar parcialmente el fallo demandado a fin de ajustar las penas en los montos señalados.

Dentro de un contexto de igualdad, dado que los argumentos de hecho y de derecho expuestos para aquellos en nada difieren de los que surgen respecto de Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña, a estos se les impondrán las mismas sanciones, así como la interdicción de derechos y funciones públicas por igual lapso al de la privativa de la libertad. Igualmente deberán pagar, en forma solidaria con los restantes acusados, los daños y perjuicios causados con la infracción.

Bajo el mismo entendido, dado que respecto de los acusados de que se trata coinciden las mismas circunstancias probatorias y jurídicas aplicadas por las instancias en los casos de Nova Pradilla y Salazar de Molina, la Corte concederá a Urbano Franco y Ramírez de Peña la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para gozar de lo cual cada uno deberá prestar, ante el tribunal, caución prendaria por suma equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscribir diligencia en donde se comprometan a cumplir con las exigencias del artículo 65 del Código Penal.

(VII) La conducta de los señores Urbano Franco y Ramírez de Peña fue llevada a cabo en sus respectivas condiciones de gerente regional y gerente de la sucursal de la calle 14 del Banco Popular S.A., con la finalidad concreta de recuperar para la entidad el pago de una cartera de difícil recaudo. Como bien lo refirió el primero, la meta del Banco al conceder los créditos a las víctimas era que los dineros se aplicaran directamente para cobrarse las acreencias de Arprint Ltda., lo cual finalmente ocurrió.

En ese contexto, el Banco Popular, sin ser autor o partícipe de la conducta punible, en su condición de tercero civilmente responsable, tiene la obligación de indemnizar los perjuicios causados, en el entendido de que actuó como un patrono que no se cuidó, en este caso, de escoger y vincular como trabajadores a personas idóneas, probas y de buena conducta, razón por la cual corre con la carga de responder por los daños causados por sus dependientes con ocasión del servicio que aquellos le prestaban, máxime cuando la entidad se benefició de esa conducta, en tanto la actuación ilegal le reportó el incremento de su patrimonio, representado en la recuperación de obligaciones de difícil recaudo.

Por ello, se revocará la absolución decretada en las instancias, para, en su lugar, imponerle al Banco la obligación de reparar los perjuicios causados a las víctimas, la cual debe cumplir de manera solidaria con los acusados.

2.4. Segundo cargo de la demanda presentada por el apoderado de la parte civil (Hugo Humberto Rodríguez Cortés).

La sentencia incurrió en error de hecho por falso raciocinio, producto de no atender las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia al absolver a Urbano Franco, Ramírez de Peña (en esto coincide el único cargo del Ministerio Público), los hermanos Nova Pradilla y Salazar de Molina por el delito de fraude procesal.

Todas las pruebas, analizadas en su conjunto, determinan que los procesados fueron coautores de esa conducta. Los jueces se limitaron a trascribir las providencias de la autoridad civil que despachó en forma adversa la tacha de falsedad de los pagarés, pero dejaron de lado la falsedad ideológica plasmada en esos documentos, que constituyó el delito medio para alcanzar la estafa.

2.5. Consideraciones de la Corte.

La Corte, coincidiendo en lo sustancial con todas las partes que se pronunciaron por la no estructuración del delito de fraude procesal, no casará la sentencia del tribunal en este aspecto.

(I) El tipo penal exige que se engañe, mediante el uso de cualquier medio fraudulento, en este caso, a una autoridad judicial con el propósito de lograr una decisión que le reporte beneficios de alguna índole.

(II) En el caso juzgado el medio fraudulento estaría dado por los pagarés, los cuales, se dice, se hicieron firmar con espacios en blanco, sin cartas de instrucciones y fueron llenados en forma mentirosa por los acusados para mostrar al juez civil una legitimidad inexistente y lograr que emitiera fallos favorables a estos.

Con independencia de si en los pagarés se dejaron espacios en blanco y si estos fueron copados contrariando las instrucciones de sus suscriptores, lo que debe resaltarse es que los ofendidos-deudores en ningún momento han negado la obligación ni su monto, como tampoco la existencia de los títulos ni que los hubiesen firmado. Igual han admitido que, finalmente, dejaron de cumplir con la obligación de pagar las cuotas pactadas con el Banco Popular, lo cual habilitaba a este para su cobro ejecutivo.

(III) Si los pagarés fueron completados para acceder a su cobro judicial, como bien analizó el tribunal, cuyas valoraciones sobre este tema la Corte avala en su integridad, en modo alguno se demostró que fueran alterados los valores por los que se elaboraron, además de que los dineros allí representados fueron entregados a los deudores.

Asunto bien diferente es que las sumas entregadas por el banco fueran destinadas a pagos diversos de los convenidos, pues eso precisamente es lo que estructura la estafa. Pero admitidas por los ofendidos las obligaciones y suscritos los pagarés respectivos, su cobro, ante el no pago, en modo alguno constituye maniobra engañosa respecto del juez, como que a este se le pidió ordenara ejecutar lo que realmente se adeudaba.

(IV) En atención a la ratificación de la decisión absolutoria, la Corte no se ocupará de estudiar el instituto de la prescripción, en aplicación de sus lineamientos conforme con los cuales si se impone aquella determinación, ella prevalece sobre la declaratoria de extinción de la acción penal.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad e la ley,

RESUELVE:

Casar parcialmente la sentencia del 15 de marzo de 2013, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, con modificaciones, la de primera instancia que condenó a Ramón Nova Pradilla, Daniel Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina, como coautores del delito de estafa, agravada por la cuantía, exclusivamente en los siguientes aspectos:

(I) Revocar la absolución decretada, por el delito de estafa, en favor de Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña, de condiciones personales y civiles relacionadas en la parte motiva. En su lugar,

(a) Declara a Urbano Franco y Ramírez de Peña coautores penalmente responsables de la conducta punible de estafa, agravada en razón de la cuantía, por la cual fueron acusados.

(b) Impone, a cada uno, las penas principales de 21 meses 26 días de prisión y $ 28.079,44 de multa, y la accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso a la privativa de la libertad.

(c) Imponer a los señores Urbano Franco y Ramírez de Peña, la obligación de indemnizar, en forma solidaria con los demás acusados y el tercero civilmente responsable, los daños y perjuicios causados con la infracción, en los términos y condiciones señalados en los fallos de instancia.

(d) Conceder a los señores Urbano Franco y Ramírez de Peña la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en los términos y condiciones señalados en la motivación.

(II) Revocar la absolución decretada en favor del Banco Popular S. A., para, en su lugar, imponerle, en su condición de tercero civilmente responsable, la obligación, solidaria con los acusados, de indemnizar los daños y perjuicios causados con el delito, en los términos y condiciones señalados en los fallos de instancia.

(III) Modificar la condena proferida en contra de Ramón Nova Pradilla, Daniel Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina, exclusivamente para dejar en 21 meses 26 días de prisión y $ 28.079,44 de multa, las penas principales que cada uno debe cumplir como coautores del delito de estafa agravada por el cual fueron declarados coautores responsables.

(IV) En todo lo demás la sentencia del tribunal permanece vigente.

Contra esta determinación no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

Nuevo Parrafo