Sentencia SP2639-2015 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP2639-2015

Radicación 44221

Aprobado acta 100

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Nota: Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D.C., marzo once de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Tiene sentado la colegiatura que en el examen de los libelos casacionales corresponde a su órbita funcional constatar que los recurrentes formulen los reparos de conformidad con las exigencias de crítica lógica y suficiente argumentación definidas por el legislador y desarrolladas por la jurisprudencia, con el propósito de evitar que esta impugnación se convierta en una instancia adicional a las ordinarias. Dichos requisitos pretenden conseguir demandas presentadas dentro de unos mínimos lógicos y de coherencia en la postulación y sustentación de los cargos propuestos, de manera que resulten inteligibles en cuanto precisos y claros, pues no corresponde a la Sala en su función constitucional y legal develar o desentrañar el sentido de confusas, ambivalentes o contradictorias alegaciones de los impugnantes en esta sede.

Adicionalmente, conforme a la preceptiva del artículo 213 de la Ley 600 de 2000, “si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá” (subrayas fuera de texto).

Una vez advertido lo anterior, procede la corporación a pronunciarse sobre la admisibilidad de los reproches planteados por los recurrentes, así:

1. Demanda presentada a nombre de C.A.F.M. y M.M.T.

En punto del primer reparo encuentra la Sala que como el recurrente invoca la violación indirecta de la ley sustancial proveniente de error de hecho por falso raciocinio, es oportuno rememorar que tal yerro tiene lugar cuando las pruebas son tenidas en cuenta, pero en su valoración los funcionarios quebrantan las reglas de la sana crítica, esto es, los principios de la lógica, las leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia, caso en el cual es deber del recurrente expresar qué dice concretamente el medio probatorio, qué se infirió de él en la sentencia atacada, cuál fue el mérito persuasivo otorgado, determinar el postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia cuyo contenido fue desconocido en el fallo, debiendo a la par indicar su consideración correcta, identificar la norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada y finalmente, demostrar la trascendencia del yerro expresando con claridad cuál debe ser la adecuada apreciación de aquella prueba, con la indeclinable obligación de acreditar que su enmienda da lugar a un fallo esencialmente diverso y favorable a los intereses de su representado, actividad que en este asunto no acometió el actor.

Por el contrario, procedió a plantear su parecer, como cuando señala que fueron vulnerados los postulados de la lógica, en especial “la ley de razón suficiente que informa que nada existe sin razón suficiente” respecto de lo expuesto por el procesado N.G.G.S. —quien se acogió a sentencia anticipada— pues se retractó de las incriminaciones inicialmente realizadas que “buena parte niega la falta de conocimiento y voluntad que tenía el procesado en los hechos aquí investigados”.

Como viene de verse, es claro que el defensor alude a un principio de la lógica, pero no lo articula cabalmente con el cargo propuesto, y lo más importante, no explica de qué manera, dicha falencia conduce a tener como verdadera la retractación de G.S. y desechar sus iniciales incriminaciones claras contra F.M. como coautor del homicidio, en cuanto refiere que recibió una pistola 9 mm remitida desde XXX que a la postre le fue colocada al cadáver para simular el ataque al Ejército, y coordinó los momentos previos y posteriores a la muerte de G.Q.

Aunque señala que G.S. se retractó en el juicio dado su “arrepentimiento y el cargo de conciencia”, motivo por el cual dijo la verdad, encuentra la Corte que tal planteamiento no pasa de ser la personal e interesada percepción que de los sucesos tiene el casacionista, sin que se ubique dentro de las reglas para postular y desarrollar el error de hecho por falso raciocinio que inicialmente adujo.

De otra parte se tiene que en forma confusa e inconsistente, el demandante advera que en la ampliación de indagatoria de N.G. rendida el 7 de agosto de 2009 no fue juramentado al declarar contra otros militares, sin que ello quite valía a su dicho “pero si los principios de la lógica nos han venido insistiendo que la existencia de ese juramento, con las conminaciones a consecuencia de la falta a la verdad, también son razones suficientemente poderosas para motivar a decir la verdad”; sin tener en cuenta que cuando compareció como testigo y ratificó su retractación, fue juramentado; exposición que además de confusa y contradictoria, tampoco corresponde a una alegación propia del falso raciocinio invocado.

En efecto, si como es reconocido por el mismo recurrente, lo dicho por el cabo G. no puede ser desestimado por el simple hecho de que no fue juramentado, no manifiesta ni la Sala establece, de qué manera tal formalidad resulta trascendente para dar sentido de verdad a las retractaciones que ofreció en la fase del juicio, máxime si el ad quem señaló sobre el particular que “al valorar el contenido de su retractación, emerge con claridad, la intención de tratar de salvar a los procesados de las consecuencias a las que estos se exponían en caso de resultar condenados”.

Ahora, en punto de la crítica que emprende contra lo expuesto por la declarante M.E.M., sin esfuerzo se constata que no invoca una especie de yerro en su apreciación por parte de los falladores (falso juicio de identidad, falso juicio de existencia, falso raciocinio, falso juicio de legalidad o falso juicio de convicción), de manera que se sustrae, sin más, al cumplimiento de las exigencias propias de esta impugnación de índole extraordinaria, no dispuesta para que los recurrentes se explayen en sus comentarios y observaciones, sino para que denuncien fallas en la aplicación de la ley, la apreciación de las pruebas o la guarda de la legitimidad del diligenciamiento.

Iguales consideraciones a las precedentes pueden efectuarse con relación al análisis que el defensor emprende acerca del organigrama de la Brigada Móvil XXX, en cuanto una vez más omite señalar cuál fue el error de los falladores sobre tal aspecto.

Como finalmente el censor plantea que las primeras sindicaciones que realizó N.G.G.S. respecto de C.A.F. tenían como propósito obtener beneficios para él, encuentra la Corte que, tal como lo señaló el ad quem, no explica a cuáles beneficios se refiere, pues es claro que si aquel se sometió a sentencia anticipada, ello no le imponía culpar a sus compañeros.

Las razones expuestas son suficientes para inadmitir el reparo.

Respecto de la segunda censura, en forma palmaria constata la Sala que en la formulación y desarrollo de este cargo, el defensor no hace esfuerzo alguno por desarrollar la especie de yerro que postula conforme a las exigencias propias de este recurso extraordinario.

Así pues, si bien alude a un error de hecho por falso raciocinio, no procede a explicar si se violó un principio lógico, una ley científica o una máxima de la experiencia, omisión que le impide indicar de qué manera la incorrección debe corregirse con la correcta aplicación del principio, la ley o la máxima pertinente, de manera que la argumentación resulta deshilvanada, en cuanto plantea una supuesta coacción insuperable ajena de N.G.G.S. sobre su representado M.M., pero no atina a explicar en qué consistió, cuál fue su entidad, y lo más importante, de qué manera se prolongó en el tiempo como para haberle impedido efectuar a lo largo del proceso un relato acorde con la realidad.

Aunque el defensor aduce que N.G.G.S. señaló a su procurado en busca de beneficios punitivos porque se sometería a sentencia anticipada, impera destacar una vez más, que no explica a qué beneficios se refiere, pues es sabido que el fallo antelado no precisa de delatar a los demás coautores o partícipes.

Encuentra la Corte que no es claro el libelista al decir que “existe una regla lógica de no retractación, sin razón suficiente”, planteamiento que resulta ayuno de acreditación y no se compadece con la seriedad de este recurso.

Como al igual que lo hiciera respecto de C.A.F., plantea que el cabo G. dijo la verdad en su retractación por “el arrepentimiento y el cargo de conciencia”, impera señalar que tal aseveración corresponde al parecer del recurrente, pero no encuentra cabida en el marco del falso raciocinio que postuló.

Tampoco es claro el planteamiento del censor cuando expone que si en la ampliación de indagatoria de G.G. rendida el 7 de agosto de 2009 hubiera sido juramentado, conforme a la lógica se habría motivado a decir la verdad. Advierte la colegiatura que tal aserto es una especulación del recurrente, por demás indemostrada e insuficiente para derruir el fallo de condena atacado.

Como también alude a la apreciación del relato de la declarante M.E.M., es oportuno reiterar que en tal caso debía señalar si el testimonio fue omitido, supuesto, adicionado, cercenado, tergiversado, o ponderado con quebranto de las reglas de la sana crítica, proceder que no acometió.

Para terminar constata la colegiatura que de manera impropia cita como normas sustanciales violadas los artículos 232, 233, 238 y 277 de la Ley 600 de 2000, sin percatarse que tales cánones no son sustantivos sino adjetivos, olvidando la exigencia señalada en el numeral 1º del artículo 207 del referido estatuto procesal, en el sentido de precisar la norma sustancial quebrantada, circunstancia que pone de presente inconsistencias y omisiones en el desarrollo del reproche.

Las mencionadas falencias imposibilitan a la Sala acometer el estudio del libelo, pues si este no corresponde a un alegato de libre confección, su presentación con base en meros enunciados confusos e inexplicados y sin atenerse a alguna de las reglas lógicas y argumentativas que lo gobiernan, obliga a la corporación a inadmitir la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, pues en virtud del principio de limitación propio del trámite casacional, la Corte no se encuentra facultada para enmendar tales equívocos.

2. Libelo presentado a nombre de A.R.N., J.J.Z.R., J.R.O., M.R.S., D.A.R.M. y V.A.S.O.

2.1. Respecto de A.R.N. y J.J.Z.R.

En cuanto atañe al primer reparo referido a que se violó indirectamente la ley sustancial por falso raciocinio, observa la Sala que al igual que el anterior impugnante, incurre en el equívoco de señalar el yerro, pero no procede a desarrollarlo. En efecto, si bien anota que a partir de lo declarado por el cabo N.G.G.S. y lo dicho por sus asistidos en las indagatorias, el Tribunal infirió erróneamente que R.N. y Z.R. “fueron los que idearon el supuesto escenario de combate donde se le dio muerte al señor Q.J., justificando su actuar mediante documentos en los cuales ocultaron la verdad”, no atina a identificar cuál fue la “regla de la experiencia y el sentido común”.

Es incuestionable que no basta aducir que sus patrocinados eran simples soldados, y que por ello no pudieron idear el escenario de combate, y tampoco es suficiente alegar que toda la responsabilidad del homicidio investigado recae única y exclusivamente en el cabo N.G.G. por haber sido quien disparó a G.Q.

Tampoco explica a partir de qué postulado científico, principio lógico o máxima de la experiencia puede colegirse que los soldados profesionales eran meros instrumentos de G. para encubrir sus hechos y fechorías.

No brinda argumentación sólida alguna en punto de asumir que sus asistidos no tenían conocimiento de la muerte de Q.J.

Sin dificultad encuentra la colegiatura que la defensa denuncia el quebranto de las reglas de experiencia, sin tener en cuenta que tienen una entidad definida y no corresponden a simples percepciones personales y caprichosas de quien demanda en casación.

Al respecto ha dicho la Sala (CSJ. SP, 28 sep. 2006. Rad. 19888):

“Las reglas de la experiencia se configuran a través de la observación e identificación de un proceder generalizado y repetitivo frente a circunstancias similares en un contexto temporo-espacial determinado. Por ello, tienen pretensiones de universalidad, que solo se exceptúan frente a condiciones especiales que introduzcan cambios en sus variables con virtud para desencadenar respuestas diversas a las normalmente esperadas y predecibles.

“Así las cosas, las reglas de la experiencia corresponden al postulado ‘siempre o casi siempre que se presenta A, entonces, sucede B’, motivo por el cual permiten efectuar pronósticos y diagnósticos. Los primeros, referidos a predecir el acontecer que sobrevendrá a la ocurrencia de una causa específica (prospección) y los segundos, predicables de la posibilidad de establecer a partir de la observación de un suceso final su causa eficiente (retrospección)”.

Conforme a lo anterior, se advierte que la casacionista procede de manera impropia a cuestionar el testimonio de cargo y a aludir genéricamente y sin identificarlas a supuestas “reglas de la experiencia” o del sentido común, pero no explica por qué sus postulados tienen tal condición, y de qué manera fueron quebrantados en forma trascendente en el fallo atacado, circunstancia a partir de la cual se establece que su escrito no guarda el debido rigor en la proposición y desenvolvimiento del reparo, quedándose en la simple exposición de su percepción personalísima sobre el asunto, sin identificar los pilares de la sentencia y encaminar su esfuerzo argumentativo demostrativo a derruirlos, desentendiéndose de la dual presunción de acierto y legalidad de la cual se encuentra revestido el fallo.

Las consideraciones precedentes bastan para inadmitir la censura.

Acerca del segundo reproche, en el cual se plantea un falso juicio de existencia por omisión de pruebas, impera recordar que tal yerro acontece cuando pese a estar la prueba en el diligenciamiento es totalmente marginada en la apreciación judicial, caso en el cual debe el demandante indicar el elemento probatorio omitido, cuál es la información objetivamente suministrada, el mérito demostrativo al que se hace acreedor y cómo su estimación conjunta con el resto de pruebas conduce a trastocar las conclusiones de la sentencia impugnada (principio de trascendencia).

En el caso de la especie se constata que la defensa se sustrae por completo de la realidad procesal, en evidente quebranto del principio de corrección material, toda vez que el fallo de condena se sustentó precisamente en lo expuesto por el cabo N.G.G.S. Asunto diverso es que los falladores hayan considerado de mayor credibilidad y confiabilidad algunas intervenciones de aquel, en tanto que la recurrente pretende dar especial valía a otros fragmentos, proceder inadmisible en este recurso extraordinario dada la dual presunción de acierto y de legalidad del fallo, amén de que el cercenamiento de apartes de las pruebas no corresponde al error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, sino al falso juicio de identidad.

Como también la casacionista denuncia la presencia de duda razonable que debió ser resuelta en favor de sus representados, olvida que la aplicación del principio in dubio pro reo no corresponde a un instrumento de impunidad, sino a un axioma acuñado para evitar la injusta condena de aquel a quien no ha sido posible probar con suficiencia y certeza racional la existencia del delito y el compromiso de su responsabilidad penal, no así cuando se proponen planteamientos imprecisos en los que no se identifica, ni se acredita concretamente, en qué consiste la incertidumbre adverada.

El reparo debe ser inadmitido.

2.2. Con relación a M.R.S., D.A.R.M., J.R.O. y V.A.S.O.

Como en la primera censura se plantea la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho producto de falso raciocinio, pese a que ya fue expuesto en este proveído, es pertinente reiterar que en la acreditación de dicho yerro es imprescindible identificar la ley científica, el principio lógico o la máxima de la experiencia indebidamente aplicada, para acto seguido proponer su correcta hermenéutica, además de demostrar de qué manera ello se traduce en un cambio sustancial del sentido del fallo en todo caso favorable a los intereses de quien lo alega.

En el acápite del libelo ahora examinado en punto de su admisibilidad observa la Corte que la defensa no atina a proceder de la mera indicada, pues simple y llanamente plasma su parecer sobre lo dicho por el cabo G.S. y la señora M.C.A., pero no realiza esfuerzo alguno orientado a destacar por qué se violaron las reglas de la sana crítica.

Se advierte que en forma confusa únicamente expone sobre el particular que “La defensa no comparte la inferencia razonable realizada por el ad quem, como son (sic) el haberse utilizado la indagatorias como medios de pruebas para hallar la razón que mis representados M.R., R.O., S.O. y R.M., participaron en la ejecución de los hechos y luego de ahí concluir su responsabilidad penal, por la sencilla razón de haber aceptado en sus dichos, el haber tomado parte de la operación militar XXX, cuando las reglas de la lógica nos enseña (sic) que estas fueron rendidas después de lo sucedido, lo que no tiene sentido común que de ahí se pueda pensar que ellos tuvieron conocimiento previo a los hechos del 7 de junio de 2007, esto es, que el cabo N.G.G.S. fuera a darle muerte a Q.J. en la vía que conduce de XXX al municipio de XXX, por no haber contado en sus indagatorias la verdad”.

Y acto seguido puntualiza su personal percepción del suceso en los siguientes términos: “No es posible deducirse (sic) de las indagatorias, al no decirse la verdad en las declaraciones dadas, la premisa de haberse acordado con el cabo N.G.G.S., la ejecución de Q.J., como tampoco el conocimiento previo que el cabo G.S. iba a cometer un falso positivo, cuando la realidad de los acontecimientos nos demuestra otra cosa muy distinta, ya que el cabo G.S. ejecuta el hecho sin concertar o contar con el consentimiento previo de la tropa, ya que se cae de la lógica que el comandante, para poder obrar, hubiese tenido que hacerlo con la aquiescencia de sus soldados que se encontraban bajo su mando, cuando ellos son solo unos subordinados”.

Ahora, en cuanto atañe a las contradicciones que la recurrente afirma median entre las declaraciones de M.C.A. y M.E.B., baste indicar que una vez más olvida la naturaleza del reproche postulado en este cargo, y procede a exponer su criterio, si tener en cuenta que este recurso no se encuentra dispuesto para que los sujetos procesales ofrezcan sus comentarios, sino para que enjuicien la aplicación de la ley sustancial, la apreciación de las pruebas conforme a los errores de hecho y de derecho ya definidos, o bien, censuren la legitimidad del trámite.

Respecto de la reclamación que cifra en la falta de aplicación del principio in dubio pro reo, era imprescindible que señalara la vía de su impugnación, esto es, si se trataba de violación directa o indirecta. Si postulaba la primera, le correspondía demostrar que los falladores reconocieron en las consideraciones de la providencia atacada la existencia de dudas trascendentes de imposible eliminación sobre la materialidad de la conducta o la responsabilidad del procesado y, pese a ello, profirieron sentencia de condena con exclusión evidente de la disposición normativa que contiene el principio, cuando debían en consonancia con su exposición absolver, circunstancia que no tuvo lugar en el fallo impugnado, pues por el contrario, señaló el ad quem:

“Si bien G.S. no nombra a los procesados en las imputaciones que realiza, también lo es que los enjuiciados así no hubiesen disparado contra la víctima y causado su muerte, hacían parte de la patrulla militar comprometida la cual encabezaba G.S., realizando acciones tendientes a fingir el combate, pues hasta el lugar fueron conociendo que se iba a dar un ‘resultado operacional’; así mismo se debe precisar, tal como se señaló en la actuación, que en el caso sometido a examen, la decisión de dar de baja a Q.J. y presentarlo como una muerte en combate, fue el propósito común pactado y para ello se utilizó el pelotón XXX de la Brigada Móvil XXX, del cual hacían parte los acá procesados (incluidos M.R., D.R., J.R. y V.S., se precisa), los cuales se encargaron de aparentar que la ejecución extrajudicial del señor Q.J. había sido como consecuencia de un encuentro con subversivos” (subrayas fuera de texto).

Pero si el vicio denunciado se fundaba en la violación indirecta de la ley sustancial, debía señalar si se trató de un error de hecho por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio, o de un error de derecho por falso juicio de convicción o falso juicio de legalidad, acreditar su trascendencia y señalar su corrección e injerencia en la sentencia impugnada, labor que tampoco realizó.

Puede verificarse que la censora solo dirige su labor a deplorar en forma desordenada, confusa y sin un hilo conductor la condena de sus asistidos, pero no atina a señalar con precisión cuál es su inconformidad, y lo más importante, de qué manera los falladores erraron gravemente en la aplicación de la ley, en la apreciación de los medios probatorios o en la guarda de la legitimidad del trámite, olvidando la presunción de acierto y legalidad de la cual se encuentra revestida la sentencia objeto del recurso.

De acuerdo con las consideraciones precedentes, se impone la inadmisión del reproche.

En punto del segundo cargo, en el cual la libelista postula la violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de existencia por omisión de pruebas, sin dificultad se advierte la ausencia de claridad en su reclamo, pues como ya se dijo anteriormente, no se aviene con la realidad procesal afirmar que los falladores marginaron la declaración del cabo N.G.S., como que fue esa la prueba medular para edificar el fallo de condena en contra de todos los acusados.

Asunto diferente es que la defensa tenga interés en apartes de la exposición que rindió en el juicio, una vez se retractó de sus precisas y claras incriminaciones, labor ajena al rigor de este recurso de casación, máxime si cuando se considera que los sentenciadores cercenaron fragmentos de las pruebas, corresponde al actor denunciar un falso juicio de identidad por cercenamiento y no un falso juicio de existencia por omisión de pruebas.

No sobra recalcar nuevamente que la impugnante refiere como preceptos sustanciales quebrantados los artículos 234, 238 y 277 de la Ley 600 de 2000, sin percatarse que no son sustantivos sino adjetivos, de modo que se desentiende de la exigencia contenida en el numeral 1º del artículo 207 del referido estatuto procesal, según la cual es preciso para el demandante señalar la norma sustancial quebrantada, circunstancia que permite establecer inconsistencias y omisiones en el desarrollo del reparo.

Los argumentos anteriores bastan para inadmitir la censura.

Las mencionadas falencias en el discurrir de la defensora imposibilitan a la Sala acometer el estudio de la demanda, pues si no se trata de un alegato de libre factura, su presentación con base en análisis probatorios fragmentarios e indemostrados, y sin atenerse a las reglas lógicas y argumentativas que la gobiernan, obliga a la colegiatura a inadmitirla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, pues en virtud del principio de limitación propio del trámite casacional, la Sala carece de facultad para enmendar tales incorrecciones.

Casación oficiosa

Encuentra la Sala que en este caso se impone acudir a la facultad consagrada en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000 para casar oficiosa y parcialmente el fallo impugnado, pues se advierte que la sentencia resultó violatoria del principio de legalidad, dado que no se dosificó adecuadamente la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas impuesta a los procesados.

En efecto, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cúcuta profirió fallo el 31 de julio de 2013, en el cual impuso al subteniente C.A.F.M. y al cabo M.M.T., así como a los soldados profesionales R.V.G., A.R.N. y J.J.Z.R. la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por quince (15) años.

Por su parte, el Tribunal Superior de Cúcuta la confirmó la condena respecto de los sancionados en primer grado, y además, condenó a los soldados profesionales R.O., R.S., R.M. y S.O. a la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por quince (15) años.

De conformidad con el artículo 51 de la Ley 599 de 2000, el cual establece la “Duración de las penas privativas de otros derechos”, “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma de uno (1) a quince (15) años”, es decir, que en este asunto se impuso a los condenados el extremo máximo punitivo respecto de la referida sanción accesoria, sin sujetarse en su tasación al sistema de cuartos regulado en el artículo 61 del Código Penal.

Como ya ha tenido de señalarlo la corporación (CSJ SP9226, 16 jul. 2014. Rad. 43514), el citado precepto establece que una vez fijados los extremos mínimo y máximo de la pena, el juez procederá a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, labor que debe emprenderse tanto respecto de las sanciones principales como de las accesorias, pues la ley no introduce distinción al respecto.

En este caso los falladores acudieron al sistema de cuartos para cuantificar la pena de prisión, pero no procedieron de igual forma respecto de la sanción de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, pues impusieron el extremo punitivo máximo, lo cual denota que desconocieron el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, al amparo de la cual los funcionarios judiciales están obligados a determinar las sanciones dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley, circunstancia que impone a la Corte acometer oficiosamente dicha ponderación y efectuar la respectiva enmienda.

En tales condiciones, como en el fallo de primer grado y en la sentencia de segunda instancia, los funcionarios judiciales impusieron el mínimo de pena correspondiente a cada delito, en cuanto se ubicaron en el extremo inferior del primer cuarto de movilidad punitiva, igual procedimiento debe implementarse en el cometido de tasar adecuadamente la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Como ya se advirtió, el artículo 51 del estatuto punitivo fija para dicha pena accesoria un tiempo de “uno (1) a quince (15) años”, de manera que conforme a la dosificación realizada en las instancias, debe imponerse el mínimo, esto es, un (1) año, y en tal sentido se casará oficiosa y parcialmente el fallo respecto del subteniente C.A.F.M., el cabo M.M.T., y los soldados profesionales A.R.N., J.J.Z.R., J.R.O., M.R.S., D.A.R.M. y V.A.S.O.

Como el artículo 229 de la Ley 600 de 2000, normativa que gobernó este trámite, dispone que “La decisión de la casación y de la acción de revisión se extenderá a los no recurrentes y accionantes, según el caso”, se impone extender las consecuencias de la casación parcial y oficiosa del fallo al no recurrente soldado R.V.G., de modo que la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas se dosifica en un (1) año.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INADMITIR las demandas de casación presentadas por los defensores del subteniente C.A.F.M., el cabo M.M.T., y los soldados profesionales A.R.N., J.J.Z.R., J.R.O., M.R.S., D.A.R.M. y V.A.S.O., todos del Ejército Nacional, conforme a las razones expuestas.

2. CASAR oficiosa y parcialmente el fallo en el sentido de tasar la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas impuesta al subteniente C.A.F.M., al cabo M.M.T., y los soldados profesionales A.R.N., J.J.Z.R., J.R.O., M.R.S., D.A.R.M. y V.A.S.O. en un (1) año, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

3. EXTENDER la casación oficiosa y parcial al no recurrente soldado R.V.G., de modo que la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas se establece en un (1) año.

4. En lo demás el fallo impugnado permanece incólume.

Según el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, contra este proveído no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».