Sentencia SP2650-2015/43023 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43023

Aprobado Acta 100

Magistrada Ponente:

Dra. María Del Rosario González Muñoz

Bogotá D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para resolver la alzada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, pues la acción penal es ejercida contra un juez del circuito, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Cartagena, por actos realizados con ocasión del cargo desempeñado.

La labor de la Corte se contraerá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad incluyendo los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura, no sin antes revisar la naturaleza del delito imputado.

i) Acotación previa.

En primer lugar, la Corte recuerda que conforme al artículo 12 del Código Penal, “solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”.

De esta manera, el ordenamiento jurídico nacional proscribe la imposición de sanciones basadas en el simple acontecer fáctico alejado del querer, de la voluntad de las personas.

Asimismo, debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 599 de 2000, “para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”, texto del cual se desprende que la conducta (activa u omisiva) debe pasar por el tamiz de las referidas categorías dogmáticas para que revista condición delictiva.

En cuanto al componente tipicidad, la corporación ha indicado que, de una parte, la conducta debe adecuarse a las exigencias materiales definidas en el respectivo precepto de la parte especial del estatuto penal (tipo objetivo), tales como sujeto activo, acción, resultado, causalidad, medios y modalidades del comportamiento, y de otra, debe cumplir con la especie de conducta (dolo, culpa o preterintención) establecida por el legislador en cada norma especial (tipo subjetivo), en el entendido de que, acorde con el artículo 21 del Código Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales.

De otra parte, la Sala deja sentado que el delito de prevaricato por acción precisa de una resolución, dictamen o concepto —en este caso, sentencia— ostensiblemente contraria a la legislación, es decir, que su contenido torna notorio, sin mayor dificultad, la ausencia de fundamento fáctico y jurídico, y su contradicción con la normatividad, rompiendo abruptamente la sujeción que en virtud del “imperio de la ley” del artículo 230 de la Carta Política deben los funcionarios judiciales al texto de la misma.

Tal ocurre, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin argumento alguno del texto de preceptos legales claros y precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, v.g. por responder a una palmaria motivación sofística grotescamente ajena a los medios de convicción o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal.

Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y capricho del servidor público que adopta la decisión, en cuanto producto de su intención de contrariar el ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles.

Es también necesario indicar que respecto de la apreciación de las pruebas no es suficiente con la posibilidad de hallar otra lectura de ellas, en cuanto es menester que la tenida como prevaricadora resulte contundentemente ajena a las reglas de la sana crítica al momento de ponderar los medios probatorios, de manera que denote capricho y arbitrariedad de quien así procede.

ii) Del caso concreto.

En marzo de 1989 XXXX y XXXX instauraron demanda reivindicatoria en contra de XXXX y XXXX, la cual correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, autoridad que luego de agotar el trámite de rigor profirió sentencia el 4 de febrero de 1994 en contra de la parte demandante porque no probó la identidad entre el bien pretendido y el poseído por XXXX.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, el 4 de febrero de 1997, previo decreto oficioso de dictamen pericial rendido por el funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, XXXX, confirmó la decisión de primera instancia por cuanto “los demandantes en reivindicación no han acreditado ser titulares del derecho de dominio sobre el bien inmueble que pretenden en reivindicación”(1), pues los títulos aducidos refieren la adjudicación en sucesión de simples derechos posesorios.

El 5 de julio de 2000 XXXX radica demanda de deslinde y amojonamiento contra la Urbanización XXXX, Urbanización XXXX, XXXX y XXXX en la que pide precisar la línea divisoria de su terreno con el de los demandados.

El libelo le correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito a cargo del doctor XXXX, se admitió el 23 de agosto de ese año y se notificó a los demandados, quienes de forma conjunta se opusieron a las pretensiones por considerar que el inmueble señalado por XXXX como de su propiedad, es de XXXX, quien, además, ostenta posesión de más de 20 años. Asimismo, propusieron las excepciones de mérito de cosa juzgada(2) y conductas ilícitas del demandante(3).

Previo a la diligencia de deslinde, el Juzgado ordenó al experto XXXX la realización de un dictamen con base en los hechos de la demanda para que determinara si los predios materia del proceso eran colindantes, experticia rendida el 31 de mayo de 2004 donde se afirmó que no eran adyacentes(4). Con fundamento en esa prueba, el 25 de junio de 2004 el doctor XXXX declaró improcedente el deslinde y dio por terminada la actuación(5).

Sin embargo, ante impugnación de los demandantes, la Sala Civil del Tribunal Superior revocó la determinación mediante proveído del 9 de febrero de 2005 y ordenó al juez a quo llevar a cabo la diligencia de deslinde a efectos de que directamente verificara si los inmuebles involucrados en el proceso eran o no colindantes.

Por lo anterior, el juez se desplazó hasta los lotes materia de litigio en compañía del perito designado, recibió varias declaraciones(6) y ordenó nuevo dictamen pericial(7) en el que se estableció la colindancia entre el inmueble de XXXX y el de XXXX, quien vendió a XXXX mediante Escritura 3088 del 7 de noviembre de 1986 de la Notaría Primera de Cartagena, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 60-0035808.

En diligencia del 28 de febrero de 2007, con fundamento en la experticia, el Juzgado determinó que los predios eran colindantes y trazó la línea divisoria indicada por el perito, dejando en libertad a las partes de presentar oposición en los términos del artículo 465 del Código de Procedimiento Civil.

Dentro de ese mismo proceso y a modo de oposición, el apoderado de XXXX radicó demanda por cuyo medio solicitó: i) modificar la línea establecida en la diligencia de deslinde y amojonamiento por estar fundada en títulos producto de mutaciones unilaterales de las medidas del predio; ii) fijar la línea divisoria de acuerdo a las paredes de material existentes que separan la propiedad de los vecinos; iii) declarar que XXXX ha ganado por prescripción adquisitiva de dominio el inmueble objeto de deslinde por tener justos títulos y ostentar la posesión material por más de 20 años.

La demanda de oposición se admitió el 15 de marzo de 2007; se abrió a pruebas el 19 de junio siguiente y el 8 de febrero de 2008 el doctor XXXX denegó la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio y declaró en firme el deslinde realizado.

Lo anterior porque i) no se demostró la posesión pacífica del inmueble, existiendo la obligación procesal de probar ese hecho; ii) el término prescriptivo se interrumpió en 1989 con la presentación de la demanda reivindicatoria ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, de conformidad con los artículos 2539 del Código Civil y 90 del estatuto procesal, de forma que el lapso empezó a correr de nuevo a partir del 4 de febrero de 1997 (fecha de la sentencia de segunda instancia); iii) no se configuró la cosa juzgada aducida toda vez que el deslinde “se llevó a cabo sobre los linderos establecidos en la escritura, mientras que el proceso de reivindicación no pertenecía al inmueble que se pretendía efectuar dicha acción”(8).

Con apoyo en lo anterior, el tribunal a quo atribuye al doctor XXXX la comisión del delito de prevaricato por acción por negar la usucapión con base en una hermenéutica alejada del ordenamiento jurídico, pues ignoró el contenido del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil. De igual forma, porque no se pronunció respecto de la ilegitimidad de los títulos aducidos por el demandante ni sobre la prescripción adquisitiva de dominio y la excepción de cosa juzga propuestas por el opositor, otorgándole valor absoluto al dictamen pericial sin contrastarlo con el restante material probatorio.

Pues bien, la estructuración del tipo objetivo, acorde con lo expuesto en el fallo de primera instancia, quedó establecida por cuanto se demostró la condición de servidor público del doctor XXXX y se evidenció que la sentencia definitoria de la oposición al trámite de deslinde y amojonamiento dista de las normas del ordenamiento jurídico que regulan lo relativo a la interrupción de la prescripción adquisitiva de dominio, en particular, al artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, según el artículo 2539 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse natural o civilmente. Se interrumpe en el primer evento cuando el deudor reconoce la obligación en forma expresa o tácita y civilmente por la demanda judicial.

Y conforme al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, “la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad…”.

Sin embargo, el artículo 91 ibídem señala que no se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad cuando: 1. El demandante desista de la demanda; 2. El proceso termine por haber prosperado alguna de las excepciones mencionadas en el numeral 7º del artículo 99 o con sentencia que absuelva a la parte demandada(9); 3. La nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda.

En ese orden, la presentación de la demanda reivindicatoria interrumpió el lapso prescriptivo que corría en favor del poseedor XXXX; sin embargo, como la sentencia absolvió al demandado, la interrupción se tornó ineficaz y no podía ser tenida en cuenta por el doctor XXXX para fincar la sentencia del 8 de febrero de 2008. Por este aspecto, asiste razón al tribunal al señalar el distanciamiento de la determinación con el ordenamiento jurídico.

Y aunque la defensa aduce que el canon 91 solo aplica a la prescripción extintiva de dominio y no a la adquisitiva, esa tesis no cuenta con sustento jurisprudencial o doctrinario. En sentido contrario, el contenido literal del precepto evidencia que el legislador no restringió ese instituto a ningún tipo particular de prescripción, siendo posible que opere frente a las dos especies de aquella(10).

También acierta el a quo al censurar la ausencia de pronunciamiento del doctor XXXX sobre la legitimidad de los títulos aducidos por el demandante XXXX en tanto se trataba de un argumento central del demandado XXXX para oponerse a las pretensiones del libelo. Al respecto conviene precisar que las escrituras 2958 de octubre 31 de 1988 y 2553 de octubre 3 de 1990 de la Notaría Segunda de Cartagena fueron canceladas mediante sentencia proferida contra XXXX y otro por el punible de fraude procesal el 13 de julio de 2006 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad(11), confirmada por el Tribunal Superior del 31 de octubre siguiente(12), no por ser falsas materialmente, sino por protocolizar una sucesión calificada de fraudulenta y ampliar unilateralmente los linderos del predio.

Con todo, debe puntualizarse que el 27 de junio de 2007 la Sala Penal de esta corporación declaró prescritas las acciones civil y penal derivadas del delito de fraude procesal por el que se encausó a los procesados y decretó la cesación de procedimiento(13), decisión aportada al proceso por la parte accionante.

De esta manera, aunque XXXX conoció antes del 8 de febrero de 2008 la sentencia de condena en contra del demandante XXXX, también se enteró que la misma quedó sin efecto por virtud de la cesación de procedimiento decretada, situación que no alcanza a explicar su silencio frente a la irregularidad aducida por la parte opositora porque la ilegitimidad de los títulos aducidos como fundamento de la demanda de deslinde constituía punto nodal del debate en ese proceso por ser la base de las excepciones de mérito propuestas y de la prescripción adquisitiva de dominio planteada.

Y aunque en un principio no resultaba fácil advertir que la “verdadera pretensión” de XXXX era revivir una controversia zanjada, dada la disímil naturaleza de los procesos (reivindicatorio, deslinde y amojonamiento, usucapión) y de las pretensiones aducidas, en el transcurso del mismo, el debate se fue decantando y quedó en evidencia que lo pretendido por el demandante era disputar la posesión del inmueble a XXXX, situación que pudo ser advertida por el funcionario por cuanto sobre ese aspecto versó la controversia suscitada entre las partes.

Además, aunque en los procesos de deslinde y amojonamiento no resulta desatinado apoyarse en el dictamen pericial cumplido para verificar la colindancia de los predios en tanto el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil otorga esa opción al juez, en el evento examinado, dadas la contradicciones de las experticias allegadas al expediente que en una ocasión desestimó ese hecho y en otra lo afirmó, el doctor XXXX tenía la obligación del contrastar las experticias con el restante material probatorio, lo cual le habría permitido establecer si en realidad se trataba del mismo predio como lo aducía el opositor XXXX(14).

Entonces, el yerro del doctor XXXX radica en que no aplicó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en menoscabo del canon 91, llamado a regular el caso, dado que la demanda de reivindicación propuesta con anterioridad por el actor XXXX había sido fallada en su contra. De igual manera, en que no se refirió a la ilegitimidad de los títulos base de la pretensión de deslinde, declarada en el proceso seguido en la jurisdicción penal en contra del mismo XXXX, ni se pronunció sobre las inconsistencias de los dictámenes acopiados, asuntos todos que, como director del proceso, tenía el deber de examinar y definir, en tanto se relacionaban con el punto nodal del litigio, por manera que no hacerlo resulta inexcusable.

Además de la disconformidad de la decisión con el ordenamiento jurídico, el prevaricato por acción, por ser un delito eminentemente doloso, exige que el servidor público de forma consciente y voluntaria emita una determinación que sabe es contraria a la ley.

No se pierda de vista que el ordenamiento jurídico nacional proscribe la responsabilidad objetiva, en virtud de la cual solo se atiende el acontecer causal sin considerar si el agente conoce que los hechos ejecutados constituyen infracción penal y si, acorde con ese saber, decide su realización.

En este caso, a pesar de que la defensa aduce que el doctor XXXX no tuvo la intención de contrariar la ley, la Sala observa que actuó con conocimiento y voluntad de apartarse del ordenamiento jurídico en tanto en la sentencia del 8 de febrero de 2006, sin argumento alguno, se sustrajo del claro mandato legal contenido en el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

En ese comportamiento se observa el capricho y la arbitrariedad del funcionario porque estando obligado a acatar la ley, se abstuvo de aplicar el canon legal llamado a regular el caso, esto es, el que señalaba la ineficacia de la interrupción del término de prescripción porque la demanda reivindicatoria había sido fallada en contra de XXXX. Téngase en cuenta que al proceso de deslinde se allegó copia del expediente adelantado en el Juzgado Quinto Civil del Circuito y que desde la contestación de la demanda se informó al juez sobre su resultado y sobre la posible infracción del principio de cosa juzgada.

En ese contexto, la trayectoria laboral del funcionario en el sector judicial por más de 20 años como juez civil del circuito(15) indica que no se trataba de un neófito en la materia sino de un servidor con amplio conocimiento del ordenamiento procesal civil que no ignoraba la existencia del artículo 91 de estatuto adjetivo civil ni su correcta interpretación, máxime cuando el tema de la ineficacia de la interrupción del término de prescripción no suscita mayores controversias jurídicas.

De esta manera, el impugnante no otorga argumentos concretos y sólidos que desvirtúen las razones suministradas por el Tribunal Superior de Cartagena para condenar al doctor XXXX, situación que impone confirmar el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia del 14 de noviembre de 2013 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

Contra esta providencia no procede recurso alguno; comuníquese y devuélvase al tribunal de origen.»

(1) Cfr. Folio 309 del anexo 2.

(2) Esta excepción la fundaron en la existencia de litigio previo entre las mismas partes, esto es, el proceso reivindicatorio adelantado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena fallado en contra de los demandantes XXXX y XXXX. Ver Folio 38, cuaderno 1.

(3) Señalaron que contra el demandante y otras personas pesaba resolución de acusación proferida por la Fiscalía General de la Nación por actuar fraudulentamente al promover varios juicios para apoderarse del terreno de XXXX.

(4) Cfr. Folio 167, cuaderno 1.

(5) Cfr. Folio 189, cuaderno 1.

(6) La diligencia se inició el 4 de octubre de 2005 y continuó en sesiones del 15 de diciembre de ese mismo año, 11 de agosto de 2006 y 28 de febrero de 2007.

(7) Cfr. Folios 162 y siguientes del cuaderno 1. El dictamen, de fecha 27 de marzo de 2006, estableció que “el predio adquirido por XXXX y XXXX es colindante con el lote adquirido por XXXX mediante escritura pública 819(15-11-43) de la Notaria Primera de Cartagena, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 060-0033156, y que posteriormente adquirió XXXX, mediante escritura pública 3088 (07-04-86) registrada con el folio 60-0035808, por el fondo, en línea quebrada lindando en una longitud de 22,60 m lineales con XXXX más 25.50 m lineales colindando con el mismo XXXX, hasta llegar al lindero de los terrenos que son o fueron de XXXX”.

(8) Cfr. Folio 9 de la sentencia cuestionada.

(9) La Corte Constitucional en Sentencia C-662 del 8 de julio de 2004 declaró inexequible el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil exclusivamente en cuanto se refiere a la excepción de falta de jurisdicción prevista en el numeral 1º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez ordenará remitir el expediente al juez que considere competente, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema. Asimismo, en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez señalará un plazo judicial razonable para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente tribunal de arbitramento.

(10) En tal sentido la Sala Civil de esta corporación ha señalado: “Claro está, que esa interrupción tiene eficacia en tanto el juicio en que se disputa la posesión culmine con sentencia estimatoria, de ahí que la Corte puntualizó que ‘en los términos de los artículos 2522 y 2523 del Código Civil, esta [la interrupción] solo se presenta de manera civil o natural, la primera cuando se pierde por decisión judicial…’” Sentencia 5440531030012008-00237-01 del 5 de marzo de 2013.

(11) Cfr. Folio 1 y siguientes, anexo 8.

(12) Cfr. Folio 35 y siguientes, anexo 8.

(13) Cfr. Folio 109 y siguientes, anexo 8.

(14) Al día de hoy, según lo documentado en el expediente, el asunto no se ha definido (fls. 77 y ss., anexo sin número), pues la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Cartagena en decisión del 21 de enero de 2011 declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 15 de marzo de 2007 por cuyo medio se dio trámite a la demanda de oposición al deslinde.

(15) Cfr. Folios 35 y 40 de la carpeta de la Corte. Es Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena desde el 16 de octubre de 1990.