Sentencia SP277-2018/49674 de febrero 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 49674

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

(Aprobado acta Nº 48)

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Fundamentos de la impugnación

10. El delegado del ente acusador solicita revocar la sentencia absolutoria emitida en primera instancia y, en su lugar, proferir fallo condenatorio en contra de I.R.U., por cuanto, en su sentir, el elemento subjetivo del tipo penal que extraña el tribunal es posible inferirlo a partir de los elementos objetivos debidamente acreditados en el desarrollo del juicio oral.

11. Así pues, el censor, inconforme con la valoración probatoria llevada a cabo por el juez colegiado, analiza cada una de las situaciones de las cuales se predica incumplimiento a los deberes funcionales de la procesada, y concluye que la inasistencia de esta a las sesiones programadas obedeció a causas injustificadas.

12. Colige que dicha situación, aunada al hecho de que la acusada conocía, con suficiente antelación, el momento de realización de las audiencias y su obligación de asistir a estas, dada su formación profesional y experiencia en el sistema penal acusatorio; permite deducir que la funcionaria actuó con dolo, por lo cual la decisión del a quo es errada y, por ende, debe ser revocada.

Intervención de los no recurrentes

13. El defensor de I.R.U., actuando como no recurrente, tras cuestionar la falta de técnica para sustentar la alzada, solicita confirmar la decisión proferida, pues, en lo fundamental, manifiesta que se demostró una justa causa para la no celebración de la formulación de acusación en cada una de las fechas programadas, por lo cual se descarta el elemento subjetivo del tipo penal.

14. El representante del Ministerio Público guardó silencio.

Consideraciones

1. Competencia.

15. La Sala es competente para resolver el recurso de alzada de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por cuanto se interpuso contra una decisión proferida en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

2. Cuestión previa.

16. Como quiera que la defensa puso de presente un eventual desconocimiento, por parte de la Fiscalía, de los parámetros jurisprudenciales establecidos para la adecuada fundamentación de la alzada, la Corte procede a pronunciarse al respecto.

17. Esta corporación ha señalado, en pretéritas oportunidades, que la debida sustentación o no de los mecanismos de impugnación, tales como el recurso de reposición y apelación, está determinada, únicamente, por su posibilidad de comprensión, descartándose con ello la necesidad de observar alguna formalidad o técnica específica.

18. En el presente caso, el recurrente manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia mediante argumentos comprensibles, pues estos, además de estar dirigidos en contra de la decisión adoptada, gozan de meridiana claridad, puntualidad y lógica.

19. En consecuencia, es procedente abordar el estudio de la impugnación.

3. El prevaricato por omisión y su desarrollo jurisprudencial.

20. El delito por el cual el tribunal absolvió a I.R.U. se encuentra contenido en el artículo 414 de la Ley 599 de 2000, cuyas penas fueron aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, canon que establece:

“ART. 413.—Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.”.

21. Para lo que aquí interesa, la Sala ha reiterado pacíficamente que el tipo objetivo del delito de prevaricato por omisión está compuesto por: (i) un sujeto activo calificado (servidor público), (ii) una serie de conductas alternativas (omitir, retardar, rehusar o denegar) y (iii) un elemento normativo (acto propio de las funciones) como complemento directo de la conducta ejecutada.

22. Por su parte, el tipo subjetivo del punible admite, exclusivamente, la modalidad dolosa de consumación, razón por la cual, para su configuración se requiere que el agente tenga conocimiento y voluntad de omitir deliberadamente el acto que está obligado a ejecutar, no de manera accidental o impensada.

4. El punto de controversia entre las partes.

23. Cabe aclarar que en el asunto sometido a examen, no existe discusión sobre (i) la calidad de servidora pública de I.R.U.; (ii) la no realización de la vista pública de formulación de acusación en el proceso CUI 730016000450200980033 en ocho oportunidades, a saber, en el año 2009: 25 de junio, 26 de agosto y 23 de noviembre; en el año 2010: 14 de mayo, 9 y 20 de septiembre; y en el año 2011: 25 de febrero y 11 de julio; y (iii) la obligación funcional de la acusada de presentarse a dichas actuaciones, como quiera que en su calidad de Fiscal debía asistir de manera ininterrumpida a las mismas e intervenir en el ejercicio de la acción penal, tal como lo impone el numeral 3 del artículo 142 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Ello se deduce de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio oral.

24. El punto de discusión entre las partes se circunscribe, entonces, a la estructuración del elemento subjetivo de la conducta punible de prevaricato por omisión, el cual fue descartado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué al considerar que la no realización de las audiencias obedeció a causas justificadas, mientras que, contrario sensu, la Fiscalía considera que la no celebración de las mismas es el resultado de circunstancias carentes de la entidad suficiente para ser catalogadas como razonables.

5. Problema jurídico.

25. Visto lo precedente, la Corte encuentra que el problema jurídico consiste en determinar si I.R.U., de conformidad con los medios de convicción, omitió, de forma consciente y voluntaria, deberes propios de la función como Fiscal Once Delegada ante los Jueces Penales del Circuito.

6. Solución al problema jurídico.

26. Para resolver el caso sometido a su conocimiento, la Sala, en primer lugar, abordará el estudio de lo sucedido en las fechas programadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué para determinar si los motivos por los que no se efectuó la formulación de acusación en cada una de aquellas son razonables; y, en segundo lugar, analizará si, a partir de lo anterior, es procedente estructurar el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión.

6.1. De lo acontecido en cada una de las fechas objeto de reproche.

27. Dada la discrepancia entre las partes, la Sala agrupará los eventos según se trate de: (a) sesiones a las que asistió la procesada, (b) audiencias programadas fuera del horario laboral, (c) actuaciones para las que se había concedido algún tipo de permiso, (d) vistas públicas fallidas por otras razones y (e) diligencias judiciales no llevadas a cabo por causas desconocidas.

a) Sesiones a las que sí asistió I.R.U.

28. Lo primero que advierte la Corte es que I.R.U., durante los años 2009 y 2010, asistió en tres oportunidades a la audiencia de formulación de acusación, a saber, los días 25 de junio de 2009, 15 de marzo de 2010 y 4 de noviembre de la misma anualidad.

29. El recurrente solicita sentencia condenatoria por la conducta de la acusada durante el desarrollo, únicamente, de la sesión de 25 de junio de 2009, ya que, desde su perspectiva, aquella no cumplió con el deber de citar a las víctimas dentro del proceso.

30. En contraste con tal apreciación, el tribunal y el abogado defensor sostienen que la no convocatoria de los referidos intervinientes especiales fue producto de la precaria información existente en la carpeta para notificarlos de la fecha y hora de realización de la vista pública y, por tanto, se trató de una situación plenamente justificada.

31. Para dirimir la discusión, resulta oportuno analizar la actividad probatoria practicada durante el desarrollo del juicio oral.

32. Así, la Sala advierte que al mismo fue incorporada la constancia de 23 de junio de 2009, suscrita por el asistente de fiscal O.A.C., en la cual se consignó lo siguiente:

“En esta fecha y hora me comuniqué con el abonado telefónico XXXXXXX y al celular XXX-XXXXXXX, para comunicarme con F.R. (sic) B. para que se presentara a este despacho en calidad de víctima, compañera permanente del occiso, el próximo 25 de junio de 2009 a las 5:40 de la tarde, con el fin de llevar a cabo la actuación de formulación de FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN dentro del caso de la referencia, lo cual no fue posible informar dado que en el teléfono fijo no contestaron y el celular inmediatamente repica ocupado.

La señora R. (sic) B. conforme a lo obrante en la carpeta es la persona de contacto a través de quien se puede citarse (sic) a E.A.R.O., razón por la cual tampoco fue posible citarlo para la audiencia en comento”.

33. Del mismo modo, a través del testimonio de R.C.G., investigador del CTI, se allegó copia del acta de la referida audiencia. En virtud de ella se extrae que en el juzgado de conocimiento se había hecho presente la aquí enjuiciada, pero la actuación judicial no se podía llevar a cabo “por cuanto por un error involuntario de la fiscalía, no se citó a las víctimas”.

34. También se tiene un documento titulado “control de audiencias en la etapa de juicio”, obtenido por el investigador J.C.G., en el cual se incorporaron las siguientes observaciones: “la audiencia se inició con la Juez Primero Penal del Circuito de Conocimiento, el 25 de junio de 2009” y “se solicita suspensión de audiencia por la falta de citación a las víctimas”.

35. Si bien la ausencia de fecha y firma del anterior medio probatorio deriva en su escasa capacidad demostrativa, lo cierto es que aquel no contradice tres hechos significativos evidenciados con las demás elementos de convicción, a saber: i) la asistencia de I.R.U. a la sesión; ii) la no celebración de la misma porque no se citó a las víctimas; y iii) el adelantamiento de gestiones, por parte de la acusada, para convocar a dichos intervinientes.

36. Este último hecho resulta de especial importancia para la Sala, pues a partir de él se descarta algún interés deliberado por parte de la procesada para no llevar a cabo la vista pública. De hecho, resultaría un contrasentido aceptar, como lo pretende el recurrente, que alguien que no desea la celebración de una actuación judicial, realice actividades positivas para tal fin, tales como hacerse presente en el despacho judicial en la fecha y hora programada y procurar, en la medida de sus posibilidades, la comparecencia de todos los intervinientes.

37. Ahora bien, si la hipótesis de la acusación apuntaba a que las referidas acciones de localización resultaron aparentes y, por ende, escondían un interés o móvil ilícito por parte de I.R.U., el ente acusador debió desplegar labores investigativas en dicho sentido para, eventualmente, aportar las pruebas necesarias y que el juez de primera instancia llegara a tal convencimiento, lo que definitivamente no sucedió.

38. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión del a quo, según la cual, “la no realización en esta primera ocasión no constituye una omisión deliberada imputable a la inculpada”, pues está demostrado, con el nivel de convicción necesario, que la no realización de la audiencia está justificada por situaciones ajenas a su voluntad.

b) Actuaciones programadas fuera del horario laboral

39. El titular de la acción penal también reprocha a la acusada su no comparecencia a las sesiones programadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué para el 26 de agosto de 2009 y 23 de noviembre de 2010 a las 6:00 p.m.

40. Manifestó el recurrente que no es cierto que las actuaciones fueran convocadas fuera del horario laboral del distrito judicial de Ibagué, pues en dicha zona geográfica el mismo se extiende hasta las 6:00 p.m., por lo tanto el requerimiento se hizo en el límite de este y no por fuera, como, a su juicio, erradamente lo entendió el tribunal en el fallo de primera instancia.

41. Además, agregó, la mencionada hora fue seleccionada debido a la cantidad de casos a cargo del despacho judicial para la época de los hechos, situación que la aquí enjuiciada conocía y aceptó tácitamente al guardar silencio cuando fue notificada de la misma en estrados durante la vista pública de 25 de junio de 2009.

42. Sobre tal aspecto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué consideró que la programación de la audiencia por parte del juez de conocimiento no atendía los parámetros establecidos en el inciso 3 del artículo 157 de la Ley 906 de 2004, como quiera que, en primer lugar, fue convocada en un horario no hábil y, en segundo lugar, no existió una providencia judicial que justificara la necesidad de tal citación.

43. Al respecto, la Corte estima que si bien es cierto le asiste razón al recurrente en cuanto el horario hábil determinado para el Distrito Judicial de Ibagué es hasta las 6:00 p.m., por lo que, formalmente, la sesión estaría bien citada; también lo es que, desde el punto de vista material, la fijación de la audiencia para tal hora implicaría, necesariamente, el inicio y desarrollo de la misma por fuera de la jornada laboral.

44. En esas circunstancias, acertó el a quo cuando manifestó que resultaba aplicable el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, el cual consagra: “Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente (…) cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten, previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas” (destacada fuera del texto original).

45. En el presente caso no existió la mencionada decisión ni se escuchó en testimonio al juez que realizó la citación, por ende se desconocen los motivos de la misma. Tratar de indagar a esta altura por las referidas causas, como lo hace el recurrente en el recurso, no deja de ser una actividad meramente especulativa. Si la Fiscalía pretendía acreditar, por ejemplo, que la convocatoria en ese horario obedeció al cúmulo de trabajo o a la complejidad del caso, debió allegar los medios de convicción pertinentes.

46. Ahora bien, asumiendo en gracia de discusión que los intervinientes aceptaron la programación de la audiencia fuera del horario hábil establecido, no se puede perder de vista que ese tipo de compromisos serían producto de la liberalidad de aquellos y, por tal razón, ante su incumplimiento, no se podría estructurar el elemento normativo del tipo penal aquí estudiado, esto es, el deber funcional requerido para la configuración del punible.

47. En ese sentido, la conducta por la que se solicita sentencia condenatoria podría reprochársele a la funcionaria desde el punto de vista moral, o incluso, eventualmente, desde otros órdenes normativos como, por ejemplo, el disciplinario; pero nunca desde el penal, porque no podría ser considerado como un actuar delictivo la conducta de la Fiscal cuando el compromiso iba más allá de las obligaciones establecidas por la ley para su cargo.

48. Todo lo anterior permite concluir a la Sala que las citaciones efectuadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué, para los días 26 de agosto de 2009 y 23 de noviembre de 2010, desconocieron los requisitos legales establecidos para tal fin y, en consecuencia, no es posible atribuir circunstancias adversas a las partes e intervinientes por su incumplimiento.

c) Vistas públicas no realizadas porque la Fiscal contaba con un permiso laboral

49. De igual forma, el impugnante predica incumplimiento a los deberes funcionales de I.R.U. producto de la no asistencia a las audiencias programadas para los días 20 de septiembre de 2010 y 11 de julio de 2011.

50. Al respecto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué aceptó la hipótesis defensiva, según la cual, para dichas fechas la acusada contaba con permiso laboral.

51. Específicamente, el recurrente cuestiona que para el 20 de septiembre de 2010 la procesada estuviese facultada para ausentarse de su lugar de trabajo, pues “ni en la Dirección Seccional de Fiscalías de Ibagué, ni en la entonces Dirección Administrativa y Financiera de Fiscalías, ni en la Coordinación de la Unidad de Vida, se halló documento que acreditara dicho permiso”. A su juicio, de la actividad probatoria practicada se logra establecer que, a pesar de la informalidad con la que se concedían las autorizaciones a los funcionarios para apartarse de las funciones del cargo, estos siempre requerían de una solicitud por escrito.

52. La Sala comparte la decisión del tribunal adoptada en este punto. Ello por cuanto al analizar el desarrollo del juicio oral, se evidencia el testimonio de G.A.V.R., Director Seccional de Fiscalías para la época de los hechos, quien, al ser interrogado sobre el particular, manifestó:

“… tengo memoria de ese permiso específico para el mes que usted dice [septiembre de 2010], porque si no estoy mal había una actividad del grado de un hijo de I.R. en Bogotá en un club, si no estoy mal es el club de abogados que queda en el norte de Bogotá, y tengo específicamente recuerdo porque yo asistí en la noche un rato a esa ceremonia, donde acompañé al graduando, entonces tengo memoria de ese permiso específicamente solicitado y otorgado por la Dirección a mi cargo en esa época”.

53. Adicionalmente, dicho testigo se pronunció sobre la forma en la cual se solicitaban y concedían dichos permisos, circunstancias en torno a las que declaró:

“Cuando el termino era inferior a 1 día [del permiso] (…) algunas veces, o la mayoría de veces, la solicitud se hacía de manera verbal (…) cuando se concedían permisos por horas, o hasta por un día, esos los solicitaban al coordinador, cuando el permiso excedía de un día e iba a hasta tres días, con el visto bueno del coordinador pasaban la solicitud al director de fiscalías para el permiso”.

54. Afirmación que resultó concordante con lo expresado por C.M.S.R., Jefe de la Unidad de Vida, Integridad Personal y otros delitos, quien refirió:

“siempre ha sido una costumbre dentro de la Fiscalía General de la Nación, y eso está por resolución, que el jefe de la unidad, a los fiscales les puede conceder medio día y un día, el medio día se concede en una forma verbal, no era necesariamente escrito, a diferencia de hoy que sí existen unas planillas que se deben llenar”.

55. Inclusive, la encargada de la Unidad de Control Disciplinario de la Fiscalía, S.C.L., al preguntársele sobre la forma como se tramitaban en aquella época los permisos otorgados a los fiscales hasta por un día, indicó que por ese término no era necesaria la expedición de acto administrativo alguno.

56. Las atestaciones de los testigos resultan creíbles, consistentes y coherentes, pues evidencian espontaneidad y objetividad, descartándose algún ánimo o esfuerzo por encubrir o favorecer a la procesada.

57. Bajo tales presupuestos, no le asiste razón al impugnante cuando afirma que necesariamente la petición de I.R.U. debía ser elevada por escrito y de ella debería existir registro en los archivos de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto los testimonios dan cuenta precisamente de todo lo contrario, esto es, que la solicitud, cuando se trataba de permisos inferiores a un día, podía ser elevada de manera verbal y con un alto grado de informalidad.

58. De otra parte, en lo que atañe a la sesión de 11 de julio de 2011, el impugnante reconoce la existencia del permiso laboral aducido por la defensa, pero cuestiona, en primer lugar, que el mismo haya sido solicitado por la acusada cuando con ello estaba obstruyendo el normal desarrollo de sus funciones y, en segundo lugar, que no haya encargado a otra fiscal de apoyo para asistir a la audiencia por tratarse de un asunto de trascendencia.

59. Destáquese que el censor realmente reprocha la concesión del permiso y el manejo dado al mismo al interior de la Fiscalía General de la Nación, asuntos que se desconoce si realmente hacían parte de la esfera de dominio de I.R.U., como quiera que ningún elemento de convicción se aportó al respecto.

60. En contraste, la Sala encuentra como prueba incorporada en el juicio oral la solicitud de permiso remunerado suscrito por la aquí enjuiciada, quien indicó como justificación del mismo: “realizar diligencias personales urgentes en la ciudad de Bogotá en días y horas no hábiles”. Dicha petición cuenta con visto bueno del jefe inmediato, quien, conforme lo indica el mismo formulario, verificó la existencia de justas causas para su concesión.

61. A partir de lo anterior, se estima que la servidora pública sí requería atender asuntos personales, cuya importancia, se presume, era de tal magnitud que ameritaba la separación temporal del cargo. Al estar demostrado lo anterior, si lo pretendido por la Fiscalía era postular otra hipótesis como, por ejemplo, la carencia de sustento de la petición de permiso, debió desarrollar actividad probatoria en dicho sentido, pero no lo hizo.

62. Por tal razón, insinuar que la solicitud no debía ser concedida o que se debía nombrar a otra funcionaria de apoyo, no pasa de ser un argumento en torno a lo que el mismo recurrente considera que debió suceder, pero carente de sustento con lo efectivamente acreditado en el juicio oral.

63. Así las cosas, la Corte encuentra, con el nivel de convicción necesario, que la señora I.R.U. contaba, en efecto, con permiso laboral para los días 20 de septiembre de 2010 y 11 de julio de 2011, por lo tanto su inasistencia a dichas sesiones se encuentra justificada.

d) Audiencias no realizadas por otras razones

64. Adicionalmente, la Fiscalía solicita sentencia condenatoria por la inasistencia de I.R.U. a las audiencias programadas para los días 9 de agosto de 2010 y 25 de febrero de 2011.

65. En lo pertinente al primero de los días mencionados —9 de agosto de 2010—, el tribunal consideró justificada la inasistencia de la procesada por cuanto estaba celebrando un preacuerdo en otro asunto.

66. La Fiscalía, inconforme con dicha decisión, sostiene que tal valoración desconoció que la acusada sabía previamente la fecha y hora de la vista pública y, a pesar de ello, programó otra diligencia judicial de manera paralela.

67. Una vez analizado el proceso, la Corte considera que si bien es cierto la aquí enjuiciada advertía con suficiente antelación la programación de la audiencia, también lo es que en ningún momento pretendió evadir su deber funcional al realizar el preacuerdo ese mismo día, pues, debe hacerse énfasis, la primera actuación estaba prevista para las 11:20 a.m., mientras que la segunda fue convocada por I.R.U. a las 9:30 a.m. Lo anterior está acreditado con el oficio 0386, en virtud del cual se solicitó la remisión del interno R.P. dentro del proceso 2010-01685.

68. Es claro, entonces, que la procesada se propuso evacuar, en un poco menos de dos horas, la actuación de preacuerdo, lapso razonable teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del asunto. No obstante, a pesar de tal ejercicio de planeación, dicha diligencia inició solo hasta las 10:00 a.m., es decir, media hora más tarde de lo previsto y, conforme a los medios de convicción, se prolongó por más de una hora y media, lo cual le imposibilitó asistir a la sesión programada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué.

69. Respecto a la segunda fecha mencionada —25 de febrero de 2011—, el tribunal consideró justificada la solicitud de aplazamiento debido a que la Fiscal no había preparado el desarrollo de la misma.

70. El censor ataca el razonamiento del tribunal en cuanto, desde su perspectiva, el mismo conlleva que todos los fiscales del país, motivados por el cúmulo de trabajo, puedan solicitar aplazamientos.

71. Para dirimir el punto, es preciso recordar que la carga laboral con la cual contaba I.R.U. no fue el único motivo para considerar justificada su solicitud de postergación. Además de ello, el tribunal valoró el hecho de que la misma se acababa de reincorporar de vacaciones, solo contaba con un colaborador y no había asistido a la vista pública de 11 de enero de 2011, momento en el que la defensa solicitó aclaraciones aún pendientes de respuesta por parte del ente acusador.

72. Por tal razón, no es acertada la afirmación de que el tribunal haya justificado la no realización de la audiencia en la exclusiva carga de trabajo asignada a la funcionaria, pues además de lo anterior, otros elementos de juicio —párrafo 71— le brindaron al a quo los soportes para llevarlo a calificar el obrar de la Fiscal como razonable.

73. En suma, para la Corte es claro que los ataques elevados por el recurrente parten de premisas equivocadas, como lo es el hecho de creer que el 9 de agosto de 2010, I.R.U. programó simultáneamente dos actuaciones, y que el 25 de febrero de 2011 se le excusó con el único argumento de poseer gran cantidad de labores pendientes.

e) Sesión no llevada a cabo por causas desconocidas

74. Un acápite especial amerita lo acontecido en la sesión de 14 de mayo de 2010, toda vez que el tribunal omitió indicar si para tal citación existía una justa causa para no llevar a cabo la audiencia, por cuanto se limitó a manifestar la no demostración del elemento subjetivo del tipo penal por parte del ente acusador.

75. Una vez analizado el proceso, la Corte desconoce cuál fue la razón por la que I.R.U. no compareció a la referida vista pública de formulación de acusación, pues no se observa con certeza cuáles fueron los motivos de dicha omisión.

76. Al respecto subsisten dos hipótesis. En primer lugar, la del titular de la acción penal, según la cual, la inasistencia obedeció a un actuar doloso de la procesada que se puede inferir de la cantidad de actuaciones dejadas de celebrar. Y, en segundo lugar, la de la defensa, en cuya virtud se sostiene que la ausencia de la funcionaria obedeció a que se encontraba de permiso otorgado de manera informal.

77. En criterio de la Sala, ninguna de las dos hipótesis logró ser demostrada a cabalidad.

78. En efecto, no es cierto, como erradamente lo afirma el censor, que se haya acreditado que las demás audiencias no se hubiesen efectuado por causas atribuibles exclusivamente a la acusada, porque, a esta altura del proceso, tal situación, se recordará, obedecía a causas ajenas a su voluntad, tales como: a) la no localización de las víctimas (25 de junio de 2009), b) la citación irregular por fuera del horario laboral (26 de agosto y 23 de noviembre de 2009) e, incluso, c) la prolongación de otras sesiones programadas por el juzgado de conocimiento (15 de marzo de 2010).

79. Ahora bien, tampoco se demostró que I.R.U. hubiese estado de permiso el 14 de mayo de 2010, como lo pretende la defensa, ya que si bien J.C.G., investigador del CTI, incorporó el oficio Nº 19416 del Centro de Servicios Judiciales, en el que, además de realizarse la citación, se consignó una anotación que a la letra indica “fiscal en permiso”; debe tenerse en cuenta que se ignora quién es su autor y cuáles fueron las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que se registró tal aseveración. Por tanto, es poca su capacidad demostrativa.

80. En consecuencia, concluye la Sala que se desconocen los verdaderos motivos por los que la enjuiciada dejó de asistir a la sesión de 14 de mayo de 2010, pues así como es posible que tal hecho hubiese sido producto de su libre albedrío, también es posible que la funcionaria haya estado de permiso, ya que no se puede pasar por alto el grado de informalidad con el que se manejaban los permisos en la Fiscalía General de la Nación.

6.2. De la demostración del elemento subjetivo en el presente caso.

81. En el recurso de alzada, la Fiscalía, con apoyo en la jurisprudencia de esta corporación, afirma que si bien el dolo no se puede presumir, debe tenerse en cuenta que este no requiere de algún medio probatorio directo, por cuanto, al tratarse de un aspecto interno del individuo, el mismo es posible inferirlo a partir de la situación fáctica debidamente acreditada durante el desarrollo del juicio oral.

82. Arguye el titular de la acción penal que, de haber aplicado el anterior criterio al caso objeto de estudio, el juez colegiado de primera instancia hubiese inferido “fácilmente”, “de los actos externos”, que la acusada “conoció y quiso la realización de la conducta punible, es decir, que actuó con dolo”.

83 La Sala comparte y ratifica el anterior criterio desde el plano netamente conceptual, pero disiente de su aplicación satisfactoria en el presente caso, porque lo único que encuentra claro es que el hecho indicador —ausencias injustificadas—, a partir del cual se demanda la inferencia del dolo, carece de fundamento alguno y, por ende, se desdibuja la hipótesis de la Fiscalía sobre la supuesta existencia, por parte de I.R.U., de conocimiento y voluntad para obstaculizar de manera recurrente la realización de la audiencia de formulación de acusación.

84. De hecho, no es cierto que se haya demostrado, con el nivel de convicción necesario, que I.R.U. dejó de asistir de manera injustificada y deliberada a las audiencias programadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué.

85. Por el contrario, al realizar un análisis puntual de cada evento, se halló: (i) el 25 de junio de 2009 no se efectuó la vista pública porque no se convocó a la víctimas debido a la escasa información existente en la carpeta; (ii) el 26 de agosto de 2009 y 23 de noviembre de 2010, la fiscal I.R.U. no asistió a la citación debido a que la misma había sido convocada por fuera del horario laboral, lo que constituye un compromiso ajeno a su deber funcional; (iii) el 20 de septiembre de 2010 y 11 de julio de 2011 la acusada contaba con permiso; y (iv) el 9 de agosto de 2010 y 25 de febrero de 2011, se presentaron situaciones particulares que justificaban la ausencia de la procesada a las convocatorias, tales como la celebración de preacuerdo en otro asunto y la no preparación de la sesión dadas las peticiones elevadas por la defensa mientras se encontraba en período vacaciones, respectivamente.

86. Nótese que solamente en una de las fechas programadas, la del 14 de mayo de 2010, se vislumbra objetivamente un incumplimiento no justificado al deber funcional por parte de la servidora pública; empero, no se probó que dicha omisión, individualmente considerada, correspondiera a un actuar doloso de su parte, pues brillan por su ausencia elementos de convicción en dicho sentido.

87. Tampoco puede predicarse, como lo sostiene el recurrente, que ese solo hecho da cuenta de la voluntad de la enjuiciada de omitir la obligación de asistir ininterrumpidamente a las actuaciones judiciales para las que fue convocada, pues ello significaría que con la simple acreditación objetiva de la omisión, descuido o equivocación, se configuraría el tipo penal de prevaricato por omisión, lo que resulta a todas luces equivocado como quiera que se trata de un delito en esencia doloso.

88. Cabe agregar, que aun recriminándole a la Fiscal el no haber sido más diligente para atender el asunto, el hecho de no haber actuado con tal calidad tampoco puede verse como un actuar malintencionado o un afán por entorpecer el proceso seguido contra B.G. y A.M.P.G.

7. Conclusión.

89. De conformidad con todo lo dicho, se revela que no hay elementos de juicio para edificar un juicio de responsabilidad penal en contra de I.R.U. por el delito de prevaricato por omisión, puesto que no se probó el elemento subjetivo del tipo penal y, en consecuencia, se confirmará la decisión proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 16 de diciembre de 2016 por medio de la cual se absolvió a la citada Fiscal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se absolvió a I.R.U. como responsable del delito de prevaricato por omisión.

2. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».