Sentencia SP2819-2017 de marzo 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP2819-2017

Radicación 38307

Aprobado acta 61

Magistrado Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Vistos

Se examina en sede de casación el fallo de segunda instancia emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX el día 23 de agosto de 2011, mediante el cual se revocó la decisión condenatoria de primera instancia proferida por el Juzgado XXX Penal del Circuito de la misma ciudad el 14 de diciembre de 2010, y en su lugar se absolvió al teniente D.G.G.P., al sargento primero L.G.A.D. y a los soldados W.A.J. y H.A.G.H., todos miembros activos del Ejército Nacional para el momento de los hechos juzgados, por el delito homicidio en persona protegida.

Hechos

Los hechos que motivaron este proceso tuvieron ocurrencia en las horas de la noche del día 6 de junio de 2002 en el barrio XXX de la ciudad de XXX, cuando un grupo de uniformados pertenecientes a la Batería Militar ASPC, adscrita al pelotón PAU del Batallón de Artillería Nº XXX del Ejército Nacional, se desplegó hasta ese sector de la ciudad en cumplimiento de la operación militar denominada «XXX», cuyo cometido misional se hacía consistir en adelantar «operaciones ofensiva de registro y control militar urbano» para ubicar, capturar, someter y combatir a integrantes de las milicias de la FARC, ELN, autodefensas y delincuencia común.

En desarrollo de dicha misión, conforme la acusación presentada por la Fiscalía, los militares ingresaron a un billar del citado barrio y aprehendieron por la fuerza a D.G.M., para conducirlo a un lugar despoblado del sector donde le dieron muerte. Los militares, a través del comandante del pelotón, informaron que su deceso se produjo cuando dicha persona, armada de un fusil, se enfrentó a la patrulla militar.

Actuación procesal relevante

Con fundamento en los anteriores hechos, el 9 de septiembre de 2002, el Juzgado XXX de Instrucción Penal Militar abrió una indagación preliminar (fl. 16, cdno. 1).

El 7 de marzo de 2006, el mismo Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar decretó la apertura de la instrucción, ordenando la vinculación mediante indagatoria de ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J., SLR. H.A.G.H., SS. C.M.R.M., SS. W.D.P., CP. D.B.R., CS. I.A.R.M., SLR. Y.A.A.M. y SLR. J.D.T.C. (fl. 222, cdno. 1).

El 14 de diciembre de 2007, el Juzgado 23 de Instrucción Pernal Militar se declaró incompetente para continuar conociendo del proceso, disponiendo su remisión a la Fiscalía General de la Nación (fl. 453, cdno. 1).

Avocado el conocimiento de la actuación por parte de la Fiscalía XXX Seccional de XXX, el 6 de febrero de 2009 definió la situación jurídica de SS. C.M.R.M., SS. W.D.P., CP. D.B.R., CS. I.A.R.M., SLR. Y.A.A.M. y SLR. J.D.T.C., imponiendo en contra de ellos medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fls. 462 y ss., cdno. 2). Igual decisión se tomó el 29 de abril de 2009, en relación con ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J. y SLR. H.A.G.H. (fls. 897 y ss., cdno. 2).

Con respecto a los procesados SS. C.M.R.M., SS. W.D.P., CP. D.B.R., CS. I.A.R.M. y SLR. Y.A.A.M. y SLR. J.D.T.C., fue clausurada la investigación el 23 de junio de 2009. En dicha decisión se decretó la ruptura de la unidad del proceso en relación con los demás procesados vinculados a la instrucción (fl. 1.064, cdno. 3).

Con fecha del 10 de septiembre de 2009 se clausuró la investigación en lo concerniente a los procesados ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J. y SLR. H.A.G.H. (fl. 1.595, cdno. 4), profiriéndose en contra de ellos resolución de acusación, el 19 de octubre de 2009, por el delito de Homicidio en persona protegida (fl. 1.683, cdno. 4), decisión que fue confirmada por el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de XXX, el 21 de diciembre de 2009, al desatarse el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados (fl. 1.881 y ss., cdno. 5).

Le correspondió al Juzgado 21 Penal del Circuito de XXX adelantar la etapa de juzgamiento, celebrando las audiencias preparatorias (fl. 2.244, cdno. 6) y pública (fl. 2.334, cdno. 6) los días 31 de mayo y 15 de septiembre de 2010, respectivamente.

El día 14 de diciembre de 2010, se emitió la sentencia de primera instancia, mediante la cual se condenó a ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J. y SLR. H.A.G.H., en calidad de coautores del delito de Homicidio en persona protegida (C.P., art. 135), a las penas principales de treinta (30) años de prisión y multa de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2001 y a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de quince (15) años; se les negó el derecho al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustituta prisión domiciliaria; además, se condenó a los procesados al pago de perjuicios morales, de forma solidaria, en suma de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes (fl. 2.359, cdno. 6).

Apelada la decisión por la defensa de los acusados, fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX, para en su lugar emitir fallo absolutorio en favor de ellos, mediante decisión del 23 de agosto de 2011 (fl. 2.596 y ss., cdno. 7).

La sentencia de segundo grado fue oportunamente recurrida y sustentada en casación por la Fiscalía, en demanda admitida por esta Sala de Casación Penal el 5 de marzo de 2012.

Corrido el traslado a la Procuraduría Delegada en lo Penal, fue presentado el respectivo concepto el 12 de diciembre de 2016.

Resumen de la impugnación

La recurrente formula dos cargos en contra de la sentencia del tribunal, sustentados de la siguiente manera:

1. Cargo primero: Falso juicio de existencia.

La representante de la Fiscalía acusa la sentencia por violación indirecta de la ley sustancial, consistente en un error de hecho por falso juicio de existencia, de conformidad con lo previsto en la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, en tanto el juzgador de segundo grado desconoció «varias pruebas del conjunto aducido de manera legal, regular y oportunamente incorporada al proceso».

Aduce la demandante que en la sentencia de segunda instancia se omitió la valoración de importantes medios de prueba que confirmaban el compromiso de responsabilidad de los procesados deducido por el juez a quo. Así, relaciona como omitidas las siguientes pruebas:

a) El informe del CTI de XXX sobre las organizaciones subversivas, sus cabecillas e integrantes, que para el momento de los hechos operaban en el barrio XXX, sin que allí aparezca mencionado el occiso D.G.M.

b) El informe del teniente coronel J.A.N.R., comandante del Batallón de Artillería Nº XXX, en el que se consignaron los pormenores y resultados de la operación militar «XXX», con lo que se desvirtúan las exposiciones que los procesados hicieron en sus indagatorias y se descarta la presencia de un combate.

c) El formato de inspección técnica al cadáver y su álbum fotográfico, el informe técnico de necropsia, el acta de entrega del cadáver y el informe de investigación judicial, pruebas con las que se demuestran las circunstancias de los hechos, denotándose la inexistencia de un enfrentamiento con la tropa y que en verdad la víctima fue arrastrada y ejecutada por los militares.

d) El análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica o absorción atómica, que arrojó resultado negativo en las manos del occiso para la presencia de residuos compatibles con los de disparos de arma de fuego, acreditándose con ello la inexistencia de un enfrentamiento.

e) Informe del investigador criminalístico R.L.C.G., con el cual se estableció la trayectoria del disparó que causó la muerte de G.M., lo que unido al protocolo de necropsia deja en claro que se empleó un arma de fuego de baja velocidad disparada a corta distancia.

f) Álbum fotográfico donde se registró el lugar de los hechos y entrevistas realizadas por los investigadores R.L.G. y G.T.B., elementos de prueba que ofrecen información importante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los acontecimientos, dejándose en claro la existencia del establecimiento comercial de donde fue sustraída la víctima por los militares y el trayecto recorrido hasta su deceso.

g) El testimonio de M.T.M., quien no solamente conocía al occiso sino que supo cuando fue sustraído de los billares del barrio por los gritos que escuchó cuando eso sucedió.

En relación con la trascendencia del yerro denunciado, la recurrente puntualiza que la omisión de valorar esas pruebas repercutió en el sentido de la decisión que revocó el fallo de primera instancia, sosteniéndose la ausencia de certeza sobre la responsabilidad penal de los acusados, pues de haberlas tenido en cuenta el tribunal se habrían configurado los indicios de mendacidad, oportunidad y presencia, con lo que se imponía la confirmación de su condena.

Cargo segundo: Falso raciocinio

Con fundamento en la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusa la sentencia del Tribunal Superior de XXX por violación indirecta de la ley sustancial, consistente en error de hecho por falso raciocinio, que llevó a la inaplicación de los artículos 29-2 y 135 del Código Penal y 7-2, 232 y 238 de la Ley 600 de 2000.

En su sustentación aduce que el tribunal desatendió las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas incorporadas al proceso, lo que condujo a la tergiversación de los pocos elementos demostrativos que fueron tenidos en cuenta en la decisión recurrida.

Precisa la demandante que se equivocó el ad quem en su fundamentación cuando señaló que no era posible deducir una responsabilidad colectiva de los acusados en tanto no se demostró un acuerdo previo de voluntades, planteando, en su entender, inconsistencias argumentativas relativas al número de intervinientes en la operación «XXX». Argumenta que ante la existencia de una concurrencia de voluntades, un dominio de la acción por cada uno de los intervinientes en los hechos y una división criminal del trabajo, así solamente uno de ellos haya disparado contra la víctima, se presentó un caso de coautoría impropia en el que todos deben responder por el resultado lesivo, aspectos que se deducen de la orden de operaciones XXX de 2002 del Batallón Nº XXX de Artillería, del informe de patrullaje, del informe de la operación «XXX» y de las mismas indagatorias de los procesados.

Asimismo, sostiene la censora, en la sentencia se hicieron críticas infundadas a la investigación, relacionadas con pruebas dejadas de practicar, tales como un examen de balística al arma incautada o de absorción atómica a los soldados procesados y, especialmente, se sacaron conclusiones desacertadas en torno a las laceraciones que se advirtieron en la cara de la víctima y sobre la tardanza de la familia del occiso en presentar la denuncia, aspectos que de acuerdo a las reglas de la experiencia tienen explicaciones distintas a las ofrecidas por el tribunal.

Resalta, además, cómo el tribunal sostiene que la responsabilidad de los acusados se encuentra seriamente comprometida, pero a continuación modifica su análisis acudiendo a unas deducciones que infringen la lógica cuando se afirma que no era posible llevar a una persona en la forma como lo describieron los testigos, restándole credibilidad a éstos por el hecho de ser familiares del occiso.

Tales errores, concluye la demandante, incidieron de manera trascendental en la decisión de absolver a los procesados.

Traslado a los no recurrentes y al Ministerio Público

1. La defensa de los acusados SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J. y SLR. H.A.G.H.

Haciendo uso del traslado previsto en el artículo 211 de la Ley 600 de 2000, la defensora se pronunció de la siguiente manera:

En relación con el primer cargo, sostiene que la demandante hace un análisis sesgado de la prueba, desconociendo que el occiso era conocido con el alias de «XXX» y así aparece consignado en el primer informe de inteligencia allegado al proceso. Agrega que en los hechos, además, resultó una persona lesionada, con lo que se desmorona la teoría de la acusadora sobre que la víctima fue sacada de un billar.

Aduce que no resulta creíble que un grupo de soldados pudieran incursionar en un billar y sacar atado de pies y manos a una persona para asesinarla, cuando seguramente se presentaron gritos de las mujeres que se encontraban en el lugar.

Refiriéndose a las pruebas que la demandante presenta como omitidas por el tribunal, la defensora asegura que el juez colegiado sin desconocer el informe del comandante del batallón, no le dio el alcance pretendido por la demandante; que la inspección técnica del cadáver, el informe de necropsia, el acta de entrega del cadáver y el informe de investigación judicial, no son demostrativos de la inexistencia de un enfrentamiento; que la prueba de residuos de disparos a la víctima carece de credibilidad; que el informe del investigador R.L.C.G. fue objeto de cuestionamiento por parte de la defensa durante todo el proceso y hace parte de los garrafales errores cometidos en la investigación; el testimonio de M.T.M. también fue analizado por la defensa.

En relación con el segundo cargo, la defensora crítica por descontextualizado las consideraciones de la demanda, enfatizando las contradicciones de los testigos de cargo, remitiendo en todo caso a sus intervenciones que en este sentido hizo a lo largo del proceso, trascribiendo apartes de ellas.

2. La defensa del acusado ST. D.G.G.P.

En torno al primer cargo, oponiéndose a las pretensiones de la demandante, la defensa de ST. G.P. hace alusión a puntuales hechos referidos a la operación militar, a la ocurrencia del combate, al establecimiento comercial de donde se dice fue sustraída la víctima, a la prueba de absorción atómica y a las demás probanzas echadas de menos, concluyendo que lejos de puntualizar yerros en la sentencia recurrida, la demanda se dirige a proponer una particular visión de los acontecimientos, lo que no se compadece con las exigencia del recurso extraordinario de casación.

De igual manera, en relación con el segundo cargo de la demanda, asegura que los argumentos presentados por la casacionista no se avienen al yerro denunciado por falso raciocinio, pues no se menciona el principio lógico, la verdad científica o la máxima de la experiencia desconocidas en la valoración de la prueba por parte del tribunal, limitándose a ofrecer cuestionamientos soportados en criterios personales.

3. Concepto del Ministerio Público.

El representante de la Procuraduría General de la Nación, en términos generales, respalda las pretensiones de la demandante. Al respecto, indicó lo siguiente:

En relación con el primer cargo, expone que la determinación absolutoria del tribunal se fundamentó en una manifestación de duda razonable que no consultó la capacidad demostrativa autónoma de los medios de prueba obrantes en el proceso.

En cuanto al informe sobre integrantes de organizaciones subversivas y el informe del teniente coronel J.A.N.R., pruebas que según la demanda fueron omitidas en su valoración por el tribunal, expone que ninguna de ellas tiene la capacidad demostrativa atribuida por la casacionista y su contenido resulta contingente frente a los hechos que se pretenden acreditar.

En lo que atañe con el formato de inspección técnica al cadáver y sus respectivas actas de álbum fotográfico, informe técnico de necropsia, acta de entrega del cadáver e informe de investigación judicial, el procurador judicial advierte que la naturaleza del proyectil de arma de fuego con el que se produjo la herida mortal, no es asunto que permita determinar la presencia de un combate y la trayectoria del disparo desnaturaliza el dicho de los militares procesados.

Respecto al informe del investigador criminalístico, R.L.C.G., señala que dicho documento se refiere en algunos apartes a temas técnicos que no son emitidos por un perito; además consigna versiones de testigos que sólo pueden ser tenidas como pruebas de referencia. En todo caso, asegura, con tales documentos se desvirtúa la versión entregada por los militares sobre su posición y la de la víctima al momento de producirse el disparo y, además, permiten acreditar la existencia del billar de donde fue sustraída la víctima.

En torno al testimonio de M.T.M., precisa que fue por completo desconocido en el fallo acusado, resaltando su importancia para acreditar, además de la actividad lícita a la que se dedicaba la víctima, los gritos de los vecinos cuando fue sustraída de manera violenta del establecimiento público, lo que demuestra la inexistencia de un combate.

Los elementos de prueba desconocidos por el fallador de segunda instancia, tienen el alcance de desnaturalizar la posición defensiva asumida por los procesados y brindan soporte demostrativo a los testimonios de L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B. Con ello, conceptúa el delegado de la Procuraduría, obra cabal comprobación de la materialidad del delito de Homicidio en persona protegida, por lo que reclama que sea acogida la causal de casación propuesta por la demandante.

Seguidamente, en referencia al grado de participación criminal de los acusados, sostiene que ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D. y SLR. W.A.J., participaron de manera directa y activa en los hechos, lo que hace colegir su autoría en el Homicidio en persona protegida, independientemente de su individual intervención, en atención a los postulados de la coautoría impropia. Por lo tanto, respecto de ellos reclama casar la sentencia y, en su lugar, dejar en firme el fallo condenatorio de primera instancia.

Situación distinta es la de SLR. H.A.G.H., afirma, de quien no obra medio probatorio que lo ubique como integrante de la escuadra que ingresó al billar y sustrajo a G.M. para darle muerte, pues su función institucional estaba orientada a la prestación de seguridad y protección, sin que en ese sentido pueda derivarse un acuerdo criminal con los autores del delito. En consecuencia, solicita confirmar su absolución.

Consideraciones

Toda vez que la demanda presentada fue declarada ajustada a derecho desde el punto de vista formal, conforme con los parámetros del artículo 213 de la Ley 600 de 2000, la Corte analizará de fondo los problemas jurídicos propuestos, los mismos que se desprenden de los dos cargos formulados por la demandante.

Para ese propósito, en su orden, se planteará el problema jurídico y los fundamentos de la decisión recurrida; se analizarán dichos fundamentos a partir de los errores relevantes denunciados en la demanda, lo que se llevará a cabo en el orden de trascendencia que la Corte entiende necesario para la definición del problema jurídico planteado; y, finalmente, se consignarán las conclusiones en torno a la trascendencia de la prueba omitida en la declaración de absolución del tribunal.

1. Planteamiento del problema y fundamentos del fallo recurrido.

Los errores de interpretación probatoria, según lo propone la demandante, se presentaron cuando el cuerpo colegiado incurrió en el desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba, en tanto fijó premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica —falso raciocinio—; y, declaró hechos demostrados omitiendo la apreciación de pruebas allegada de manera válida al proceso —falso juicio de existencia—.

Errores que, a decir de la censora, resultaron trascedentes en la declaración de justicia contenida en la absolución de ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J. y SLR. H.A.G.H., en la medida en que por esa vía se entendió que la muerte de D.G.M. fue consecuencia de su enfrentamiento armado con miembros del Ejército Nacional.

En este orden de ideas, se recordará que en su fallo el Tribunal Superior de XXX en un desprolijo trabajo de fundamentación jurídica, revocó la condena impuesta en primera instancia aduciendo la inexistencia de pruebas que respaldaran la versión entregada por varios testigos, consistente en que la noche del 6 de junio de 2002, un contingente de soldados del Ejército Nacional, incursionó en el establecimiento de billar «XXX» del barrio XXX de XXX, y por la fuerza sustrajo a D.G.M., para ajusticiarlo cerca de ese lugar y presentarlo como dado de baja en combate.

De esa manera, tras dar por demostrada la muerte violenta de G.M., el tribunal aduce que el problema de fondo consistió en la vinculación aleatoria al proceso de 12 miembros de la fuerza pública, cuando en el operativo participaron alrededor de 36 efectivos, enfatizando en que la responsabilidad penal es individual y no colectiva.

Además, subraya el tribunal, el arma que, según el reporte oficial, fue hallada al occiso, no se sometió a estudio técnico para establecer si fue o no disparada. Tampoco se practicaron las pruebas necesarias para determinar cuáles soldados dispararon sus armas en aquella ocasión. No se practicó prueba de absorción atómica a los victimarios y no resultaba confiable la experticia técnica que en ese sentido se llevó a cabo sobre la víctima.

Así mismo, las huellas que presentaba en su cara G.M., no fueron objeto de análisis para establecer una posible tortura de la que pudo ser víctima, más aun cuando se conoce por cuenta de la defensa de los acusados que fue atendido en una clínica de la ciudad.

Se resalta en el fallo demandado que la investigación no podía arrojar resultados confiables porque los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2002 y sólo se vino a definir la situación jurídica de los procesados el 29 de abril de 2009. Entre otras cosas, porque por el paso del tiempo «no existe una prueba clara, directa e irrefutable que demuestre la existencia del billar» de donde, se dice, fue sustraída la víctima.

En el mismo sentido, se dice en el fallo confutado que la operación «XXX» venía siendo planeada desde hacía varios meses, lo que riñe con el sistema empleado en los llamados «falsos positivos», en los que comúnmente los militares hacen uso de una operación improvisada para ejecutar conductas ilícitas con el fin de obtener beneficios de todo tipo.

A renglón seguido el tribunal precisa que la responsabilidad de los acusados «se encuentra seriamente comprometida», en virtud de las declaraciones de L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B., padre, hermano y vecino de la víctima, respectivamente. Sin embargo, a continuación aduce que dichos testimonios pierden fuerza persuasiva cuando relataron que la víctima fue llevada amarrada de pies y manos a una vara, lo que resulta de improbable realización conforme a las reglas de la experiencia. Estima que tampoco son confiables tales testimonios porque ante un hecho de tanta gravedad sólo presentaron la denuncia dos meses después de lo sucedido.

Justifica las contradicciones que el juez a quo atribuyó a los procesados, por el tiempo trascurrido entre los hechos y las indagatorias, y porque «la percepción de todos los seres humanos no es la misma», más cuando los militares se encontraban patrullando de noche y con el temor de ser atacados.

2. Análisis de la Corte acerca de los fundamentos de la decisión recurrida y los yerros denunciados.

2.1. Errores por falso raciocinio en que incurrió el tribunal.

Entrando en materia, lo primero que se advierte es que el tribunal en su decisión de absolver a los procesados, conduce con notable precariedad su argumentación jurídica a desestimar el contenido de los testimonios de L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B., apelando para ello a una serie de reglas de la experiencia que, habida cuenta la falta de rigor en su formulación, ofrecen ostensibles yerros de raciocinio que imponen el pronunciamiento de la Corte.

Sabido es que el modelo de valoración probatoria que rige en el sistema procesal penal de la Ley 600 de 2000, es el denominado de la sana crítica, apreciación razonada, libre apreciación razonada o persuasión racional, que impone al funcionario judicial el deber de la valoración crítica personal de acuerdo con los postulados de la lógica, las reglas de la experiencia y las leyes de la ciencia.

En este sentido y de cara al estudio de la impugnación por vía de error de hecho derivado de falso raciocinio que se viene planteando, es preciso señalar que se espera del juzgador que en su proceso de análisis de los medios de prueba se apoye, bien en postulados científicos o en reglas de la experiencia o axiomas lógicos que gocen de los presupuestos de universalidad, generalidad y abstracción, de tal forma que desde un examen deductivo, individual y en conjunto del acervo probatorio, logre identificar el valor suasorio que más se ajuste a la racionalidad.

Es este el preciso alcance que la Sala ha dado a los procesos dialécticos que interactúan en los ejercicios de sana crítica en desarrollo del proceso penal(1):

Un examen reflexivo, en extremo riguroso, de los medios de conocimiento conduciría, en términos de Taruffo(2), a predicar que las únicas reglas de la experiencia o de la lógica en que se podría apoyar el juez son las que encuentran comprobación científica a través de un medio experimental confiable.

Sin embargo, aunque ello pudiera estar en el ámbito de lo deontológico, existen otros eventos que por tener estrecha relación con campos como el de la antropología, la sociología o la psicología humana, se valen de la aplicación de distintas variables y soluciones dependiendo de factores tales como la cultura, el tiempo, el lugar, entre otros, no obstante la eventual utilización, en ciertos casos, de métodos científicos.

En efecto, las máximas de la experiencia son premisas cuyo fundamento cognoscitivo se construye a partir de patrones de comportamiento válidos con pretensiones de generalidad en un contexto sociohistórico específico, que son previsibles y homogéneos para la comunidad de un lugar determinado dada su repetición y reproducción bajo similares presupuestos de concreción.

Por su parte, los postulados de la lógica formal son proposiciones que responden al principio de conocimiento y que, por lo tanto, representan adecuadamente la realidad y la verdad a partir de la verificación de las alternativas posibles de inferencia racional.

No ocurre lo mismo respecto de las leyes de la ciencia, las que siempre y en todo caso tendrán una base científica comprobable.

Ahora, teniendo en cuenta la manera como el tribunal descalifica las declaraciones incriminatorias, debe recordarse que en materia de prueba testimonial, se han definido en el artículo 277 de la Ley 600 de 2000 los criterios de apreciación, ligados a los principios de la sana crítica, con especial atención a “la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio”.

En suma, existe una serie de variables relacionadas con el proceso de percepción, rememoración y declaración de los hechos que son objeto de investigación y sobre los cuales son inquiridos los testigos, las mismas que es preciso tener en cuenta por el fallador en su sistema cognitivo a la hora de reconstruir con la mayor fidelidad posible los supuestos fácticos debatidos en la actuación.

Establecido lo anterior, es conveniente traer a colación los testimonios ofrecidos por L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B., sobre cuya credibilidad descansó el sentido del fallo condenatorio de la primera instancia y sobre los que recae la censura del juez ad quem, formulando una serie de supuestas reglas de la experiencia como expresión de su sana crítica para desestimar su valor demostrativo.

L.C.G.M., rindió declaración el 31 de julio de 2002, ante un Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de XXX, manifestando haber sido testigo presencial de los hechos por cuanto en esa oportunidad departía con su fallecido hermano D. Sobre lo sucedido expresó:

Denuncio al Ejército porque ellos el día 6 de junio se llevaron a mi hermano D.G.M. él estaba conmigo en un billar de por la casa en ese entonces vivíamos en la casa de mis padres por XXX en XXX, ellos llegaron todos uniformados estoy segurísimo que era el Ejército yo trabajaba enseguida del Batallón XXX, yo cuando los vi salí corriendo porque ellos cuando cogen a uno lo maltratan muy feo, la gente se abrió a correr, mi hermano se quedó como todo pasmado, lo cogieron, yo vi desde lejos que le cascaron y se lo llevaron y al otro día apareció muerto por los lados de la carretera XXX… Se lo llevaron amarrado de un palo, las manos y los pies colgado (sic) del hombro de uno de ellos, estaba apenas aporreado, ellos lo sacaron vivo del billar donde estábamos… (sic) (fls. 38 y ss., cdno. 1).

Por su parte, L.C.G.R., padre del interfecto, precisó en su declaración del 18 de febrero de 2003 que:

El día 7 de junio se encontraba mi hijo D.G.M. con mi hijo L.C.G.M. jugando billar en un establecimiento del barrio XXX de la ciudad de XXX, cuando unos muchachos gritaron ahí viene el Ejército eran por ahí las diez de la noche, entonces todas las personas que allí se encontraban salieron corriendo menos D., que porque él no le debía nada a nadie, entonces los militares lo sacaron y yo fui ha (sic) hablar por él y me pegaron un culatazo y me dijeron más tarde vuelve y se lo llevaron por unos rieles, más arriba por ahí a unas tres cuadras para arriba escuché dos disparos de fusil, entonces dije me mataron mi hijo y me quedé esperándolo toda la noche hasta el otro día que subía a los rieles y encontré una pulsera de él, ahí me di cuenta que era que lo habían matado, porque un señor que le dicen “XXX” vio cuando lo llevaban amarrado de pies y manos en un palo… (sic) (fls. 59 y ss., cdno. 1).

O.P.B., rindió testimonio el 31 de marzo de 2003, expresando que es habitante de la vereda XXX, en un sector colindante con el barrio XXX, y sobre los acontecimientos que presenció frente a su casa, a metro o metro y medio de distancia, según precisó, hizo el siguiente relato:

Eran más o menos entre diez y diez y media de la noche de ese seis de junio, yo me encontraba afuera en el corredor de la casa fumándome un cigarrillo afuera, cuando de un momento a otro subieron unos soldados por el camino que queda al borde de mi casa; era un desfile de soldados, muchos pero no sé cuántos serían, y entonces un soldado de ellos me dijo que me entrara rápido para la casa y entonces y entonces (sic) yo me iba a entrar, pero resolví quedarme un minuto más mientras que botaba la cusca del cigarrillo que me estaba fumando; todos ellos iban vestidos de uniforme camuflado de militar o sea de los que usan los soldados…, todos ellos llevaban armas largas como fusiles, al menos el que se me arrimó le vi mejor esa arma. Una vez que boté la cusca del cigarrillo al suelo para entrarme a la casa, vi que algunos soldados llevaban amarrado a una persona, como un señor, pues llevaban amarrado en una vara como en (sic) colgándolo, y entonces una vez que pasaron con él, yo me entré de inmediato y ellos siguieron de tubo como a salir a la carretera que va para XXX en donde se había visto que habían llegado algunos carros… En ese momento en que pasaron por ahí con esa persona, lo llevaban entre dos uniformados; era una vara de unos dos metros más o menos y un poco gruesa para poder sostener a una persona; pues un soldado iba adelante con la punta de la vara al hombro y atrás iba otro soldado con la otra punta de la vara también en el hombro y en la mitad de la vara llevaban a esa persona. (sic) (fls. 77 y ss., cdno. 1).

Frente a tales testimonios, el tribunal argumenta su falta de confiabilidad porque, según su parecer, confluyen diferentes máximas de la experiencia que tornan increíble la ocurrencia de los hechos en la manera como fueron narrados por los testigos, con lo cual entiende que se desvanece la prueba de responsabilidad de los procesados.

De esa manera, no obstante reconocer que «la responsabilidad penal de los procesados, y de todos los intervinientes en el operativo “XXX”, se encuentra seriamente comprometida» (sic) por los testimonios de L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B., termina concluyendo que pierden credibilidad porque, según indica la experiencia, resulta difícil transportar a un ser humano vivo amarrado de pies y manos a una vara.

Así mismo, refiere el tribunal, la circunstancia de que la denuncia de los hechos, presentada por los familiares del occiso, dos meses después de lo ocurrido, denota la falta de confiabilidad si se tiene en cuenta la gravedad de lo sucedido, pues en tales casos la experiencia indicaría que la noticia de los hechos a las autoridades judiciales se habría producido de manera inmediata.

Bien se advierte, sin embargo, que ninguno de esos postulados presentados por el juez ad quem al interior del debate jurídico, reúne las condiciones para que los hechos concretos permitan inferir de ellos una conclusión universal que se constituya en la premisa mayor para la determinación de una regla de la experiencia, entendida ésta como «generalizaciones que se hacen a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares», de donde se logre afirmar que «siempre o casi siempre que se da A, entonces sucede B»(3).

Ninguna regla con pretensión de universalidad, que exprese algún grado de validez y facticidad, y que haya sido sustentada en el cuestionado fallo del tribunal, puede asentarse en su conclusión de «que resulta bastante difícil transportar a un ser humano vivo» amarrado de pies y manos de un larguero, más aún cuando dicho instrumento fue descrito por uno de los testigos presenciales como «una vara de unos dos metros más o menos y un poco gruesa para poder sostener a una persona».

Por lo tanto, el razonamiento que en tal sentido lleva a cabo el tribunal se hace inaceptable y, en consecuencia, se torna infundado el motivo para restar credibilidad a la versión de los testigos, pues que al juez colegiado le parezca bastante difícil la escena recreada por ellos, no se puede convertir en un predicado traducido en una regla de la experiencia, como de manera explícita se consignó en el fallo de segunda instancia, ignorando en ese cometido la explicación que sobre dicho instrumento ofreció quien tuvo oportunidad de observar el episodio.

De igual manera, sin contrastarlo con alguna regla general que permitiera construir un juicio lógico de contenido universal, el ad quem asume como motivo de inverosimilitud en la versión de los testigos que, no obstante la gravedad de los hechos, los familiares de la víctima presentaron la denuncia dos meses después de lo sucedido, con lo que se asumió como experiencia cotidiana que en tales eventos la noticia criminal debería ser formulada de inmediato por quienes resultaron afectados por el hecho.

En tal conclusión se esconde una falacia argumentativa de inducción suficiente, pues se desconoce, en primer lugar, que tratándose de un delito de homicidio, su investigación debió impulsarse de manera oficiosa, como en realidad ocurrió, habiendo sido pertinentes para ese efecto el informe del Comandante del Pelotón XXX y el acta de inspección del cadáver, con los que el Juzgado XXX de Instrucción Penal Militar decretó la apertura de la indagación.

De ahí que, para la Sala resulta inexplicable que el fallador haya fundamentado razones de incredulidad en los testigos, en su condición de familiares y vecinos del occiso, bajo el argumento de su tardanza para presentar una denuncia, que para el caso concreto se hacía innecesaria. Pero más grave aún es que en el juicio del tribunal se reprocha dicho aspecto, desconociéndose que la madre de la víctima, L.M.M.R., rindió declaración juramentada en relación con la violenta muerte de su hijo el mismo día de su acaecimiento —7 de junio de 2002— (cfr. fls. 29, cdno. 1) y el mismo día fue entrevistada por el investigador judicial (fl. 36, cdno. 1), lo que deja sin sustento el falaz argumento presentado en el fallo, razón de más para comprender la sinrazón de la regla de la experiencia pretendida construir para demeritar el valor demostrativo de los testimonios de L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B.

Por lo anterior, emergen ostensibles los yerros de apreciación en la prueba por parte del tribunal cuando bajo indemostradas reglas de la experiencia, resta valor demostrativo a los testimonios que indicaron que la muerte de D.G.M. se produjo no como consecuencia de un combate, a la manera presentada por los uniformados, sino mediante la acción ilegítima del grupo de soldados que incursionó en el billar ubicado en el barrio XXX de XXX, y lo aprehendió de manera violenta para horas después darle muerte en un paraje rural aledaño.

2.2. Errores por falso juicio de existencia.

En la misma dirección, cobra fuerza la existencia de elementos de prueba que en su ponderación sobre el juicio de responsabilidad de los acusados, fueron desconocidos por el juzgador de segunda instancia, siendo de especial relevancia el testimonio de M.T.M., para corroborar el dicho de los testigos presenciales de los acontecimientos.

En su declaración rendida el 10 de marzo de 2003, dicho testigo precisó:

Yo me encontraba en mi casa viendo televisión, habiéndome acostado a eso de las ocho de la noche, cuando al rato escuché un escándalo en la calle de la gente que gritaban que se habían llevado a D. que era como lo llamaban la gente del barrio, gritaban que se lo había llevado el Ejército. Al escuchar la bulla de la gente yo me levanté a ver qué era lo que estaba pasando y pude observar que la gente que se encontraba afuera gritando y diciendo cosas decían que el Ejército lo llevaba por un filo arriba y señalaban con las manos hacia arriba o sea hacia un filo que viene a salir como a la carretera de XXX, y al otro día fueron los comentarios de que había resultado muerto, no sé exactamente dónde… (fl. 71 y ss., cdno. 1).

Si bien es cierto, el testigo no presenció el hecho circunstanciado de la sustracción de G.M. a manos de los miembros del Ejército Nacional, su testimonio se ofrece como corroboración de quienes sí declararon sobre el tema en particular, en tanto narra el momento de conmoción presentado una vez acontecido ese suceso, lo que permitiría otorgar mayor credibilidad a dicha versión.

El declarante T.M. era, para el momento de los hechos, un vecino del barrio, quien se encontraba en su casa y presenció circunstancias relacionadas con lo sucedido, deponiendo no solamente sobre la percepción que tuvo de los gritos de los habitantes del lugar, sino del señalamiento que hacían sobre el rumbo que tomaron los soldados llevando a la víctima hacia un paraje rural del sector, lo que concuerda claramente con lo declarado por los testigos presenciales de los hechos.

Así mismo, advierte la Sala que otros medios probatorios con incidencia demostrativa fueron omitidos por el juzgador y que, en su estimación conjunta con las declaraciones de los testigos directos, permiten desestimar la existencia de un combate en el que pereció D.G.M.

En un documento suscrito el 7 de junio de 2002 por el comandante del Batallón de Artillería Nº XXX, presentado como «Lecciones aprendidas relacionadas con los hechos ocurridos en el barrio XXX ciudad de XXX, el día 6 de junio de 2002», se consignaron detalles de la denominada operación «XXX», resaltándose que «se logra atacar al enemigo en un momento y lugar inesperado para el cual no estaba preparado colocándolo en desventaja», empleándose para tal efecto un guía que permitió saber «con exactitud la ubicación del objetivo», subrayándose que el éxito de la operación «radicó en el manejo que se le dio a la información, sorprendiendo al enemigo sin que detectaran la presencia de la tropa» (fls. 304 y ss., cdno. 1).

Dicha versión de lo sucedido contrasta con las explicaciones entregadas en sus indagatorias por los acusados ST. D.G.G.P. (fls. 830 y ss., cdno. 2), SP. L.G.A.D. (fls. 846 y ss., cdno. 2), SLR. W.A.J. (fls. 870 y ss., cdno. 2; fls. 1081 y ss., cdno. 3) y SLR. H.A.G.H. (fls. 885 y ss., cdno. 2), quienes sostuvieron que fueron atacados por hombres armados cuando desembarcaron en inmediaciones de la parte alta del barrio XXX, viéndose obligados a reaccionar repeliendo el ataque, siendo en desarrollo del combate que se produjo la baja de uno de los agresores, encontrándose al lado de su cadáver un fusil AK-47 con un proveedor.

De manera que, lejos de una acción planeada, ejecutada «sorprendiendo al enemigo sin que detectaran la presencia de la tropa», los militares sostuvieron en sus indagatorias que fueron recibidos a fuego, presentándose una intempestiva confrontación armada de la que resultó muerto uno de los combatientes ilegales.

Sin embargo, en lugar de ofrecer una explicación simple y razonable sobre lo sucedido, como correspondía a su condición de agentes del Estado, entre los mismos procesados surgieron evidentes contradicciones, puestas de presente por parte del juez a quo, que el tribunal apenas reseñó como existentes, justificándolas a través de una suerte de reglas de la experiencia, que hizo consistir en que el paso del tiempo incidió en el proceso de recordación y que los nervios propios del fragor de la batalla influyó en su percepción de lo acaecido, sin reparar en que en este caso en particular los acusados, lejos de mostrarse afectados por la falta de rememoración de lo sucedido, hicieron gala de narraciones llenas de detalles, eso sí, con total discordancia entre las diferentes versiones ofrecidas ante la autoridad judicial.

Así, a manera simplemente enunciativa, entre las diferentes deposiciones injuradas entregadas por los acusados, advierte la Sala importantes disimilitudes y contradicciones en aspectos centrales de los acontecimientos ocurridos la noche de aquel 6 de junio de 2002. Entre ellas, el tiempo de duración del referido combate varía en cada versión de los hechos, pues mientras algunos aducen que fue breve la confrontación armada(4), otros, como el comandante de la misión, ST. D.G.G.P. (fl. 832, cdno. 2), da cuenta de una larga batalla, la que se prolongó incluso hasta mucho después de ser abatido uno de los oponentes, lo que obligó a que su cadáver tuviera que ser evacuado en medio del fuego cruzado.

Igualmente, disímiles son las versiones por parte de los procesados relacionadas con la manera como se dio inicio a la confrontación armada, puesto que mientras el ST. D.G.G.P. y el SP. L.G.A.D., explicaron que cuando ingresaron a la zona boscosa donde se inició la misión militar, aparecieron dos hombres, uno de los cuales empleó el arma de fuego en contra de la tropa; otros, sin embargo, como el SLR. Y.A.A.M., se refirieron a una sola persona, quien «se cae de un barranco a la carretera y nos pregunta que quienes éramos nosotros, pregunta varias veces, y al sujeto se le observa un arma de largo alcance y se inicia un cruce de disparos con el sujeto» (fls. 203 y ss. y fls. 310 y ss., cdno. 1).

En igual sentido, mientras el comandante del pelotón ST. D.G.G.P., relató que la operación militar se adelantó con la presencia de un desconocido guía que orientó a la tropa en su incursión militar (fl. 831, cdno. 2), el comandante de la primera escuadra SP. L.G.A.D. sostuvo que no tiene conocimiento si hubo guía (fl. 850, cdno. 2); otros, como el SLR. Y.A.A.M. (fl. 313, cdno. 1), expresaron que ningún guía acompañó al pelotón.

Lo anterior para significar las variaciones advertidas en las distintas versiones sobre aspectos esenciales de los hechos que proporcionaron los procesados, lo que no puede tener una explicación satisfactoria en el simple paso del tiempo y tampoco en la intensidad del combate, cuando la narración de cada uno de ellos no solamente entra en contradicción con las circunstancias contempladas por los demás integrantes de la tropa, sino con el mismo informe del comandante del batallón que, según atrás se ha consignado, ofreció una explicación fundada en el elemento sorpresa y no en la reacción armada al imprevisto ataque del enemigo.

De otra parte, es verdad, como lo censura la demandante, que el tribunal omitió en su valoración probatoria otros elementos demostrativos que de igual manera corroboran la versión de los testigos presenciales de los hechos y cuestionan las explicaciones dadas por los acusados.

Así, toman relevancia pruebas tales como el formato de inspección técnica al cadáver y su álbum fotográfico (fls. 12, 15, 25, 26, 44 y ss., cdno. 1) y el informe técnico de necropsia (192 y ss., cdno. 1), documentos de los que emergen como aspectos a considerar, aparte de la naturaleza de las heridas halladas al cadáver y su relación causal con el resultado lesivo, la presencia de laceraciones en el rostro, lo que resulta compatible con la idea, manifestada por uno de los testigos, de haberse sacado a G.M. por la fuerza del establecimiento donde se encontraba(5); y, la advertencia en el acta de necropsia sobre la ausencia de signos de atención médica, lo que a su vez demerita el razonamiento del tribunal cuando sobre tales matices refirió incertidumbre en torno al origen de las lesiones y supuso, de manera equivocada en su descuidada valoración probatoria, el ingreso de la víctima a un centro hospitalario para su atención.

Mención especial merece para la Sala la conclusión que se brinda en el fallo cuestionado sobre la prueba científica del resultado del análisis instrumental para residuos de disparos por los métodos de espectrofotometría de absorción y emisión atómica (fls. 52 y ss., cdno. 1). Al respecto, vale aclarar que no es verdad que el tribunal haya omitido su valoración, como de manera impropia lo presenta en su demanda la casacionista, pues tanto consideró la prueba que terminó desestimándola a la hora de estimar como nula su incidencia en la versión relativa al enfrentamiento armado entre la víctima y el pelotón del Ejército Nacional.

Sin embargo, es trascendental el yerro en el raciocinio del juez ad quem cuando frente al resultado de aquella prueba, limita su argumentación a sostener que «la prueba de absorción atómica tampoco arrojó resultados confiables en el caso de la víctima», en una conclusión carente de fundamentación, sin que se ensayara el mínimo sustento para menoscabar el valor suasorio de ese medio demostrativo, apelando a un criterio de autoridad por completo ajeno a la exigencia democrática que lo obligaba al racional fundamento de su determinación a efectos de propiciar su confrontación.

Al respecto, la Corte debe precisar que no obstante la alteración de la escena de los hechos por parte de los propios militares y al indebido traslado del cuerpo sin vida de D.G.M., desconociéndose los protocolos básicos para la inspección judicial al cadáver y a la escena de los hechos, se llevó a cabo el embalaje de sus manos, como lo enseña la técnica criminalística, con lo se(sic) permitieron las condiciones necesarias para la toma de las muestras, como en efecto se llevó a cabo, con lo cual se realizó la experticia a través de la que se dictaminó que en las manos del occiso no se encontraron residuos compatibles con los de disparo de arma de fuego, correspondientes a los elementos químicos de plomo, bario, cobre y antimonio.

Ahora, sabido es que la prueba relativa al análisis de residuos de disparo lejos de ser conclusiva, es apenas de orientación, por lo que siempre debe ser vista a la luz de los demás hallazgos que son motivo de investigación. Sin embargo, es inevitable que en este caso el tema cobraba especial importancia si se tiene en cuenta que precisamente la discusión probatoria se centró en la determinación de si hubo un combate propiciado por los civiles en contra de los agentes del Estado y si D.G.M. disparó el arma de fuego que, según la versión oficial, fue hallada al lado de su cadáver.

Por tal motivo, la prueba de orientación relativa a que en manos del occiso no reposaban elementos químicos asociados con residuos de disparos, cuyos resultados, valga subrayarlo, no contienen objeciones que puedan minar su confiabilidad, hace más probable la tesis del acusador alusiva a la ausencia de combate, reforzándose de esta manera la verosimilitud de la prueba testimonial de L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B.

Pero adicionalmente, de manera por demás incomprensible, el tribunal resta credibilidad a la tesis acogida por el juez a quo, al cuestionar el hecho de que durante la investigación no se determinó si el arma que, según lo manifestado por los militares, fue hallada al occiso, había sido disparada o no, extendiendo sobre esta duda la imposibilidad de desvirtuar la declarada inocencia de los acusados, como si de allí se pudiera predecir como proposición válida la demostración del empleo del artefacto de guerra. Valga decir, el razonamiento se presenta en los términos de que ante la falta de prueba en contrario, el arma se supone usada en la confrontación.

Nada más alejado del rigor de la sana crítica como método de valoración del juzgador, agregando además otro cuestionable enunciado en torno a la incredulidad que le merecieron los testigos, a partir de no haberse llevado a cabo ningún estudio técnico tendiente a determinar cuáles armas de los militares habían sido disparadas en aquella ocasión, con el fin de establecer «cuáles soldados dispararon en el supuesto combate o en el fusilamiento».

Desconoce el tribunal que los testigos descartaron la existencia de un combate y que la muerte de D.G.M. se produjo, de acuerdo a lo acreditado de manera pericial, como seguidamente se verá, por efecto del disparo de un arma de fuego de baja velocidad (fl. 928, cdno. 3), característica que no reunían los fusiles que, según lo manifestaron en sus indagatorias, fueron las armas que utilizaron en esa oportunidad.

En consecuencia, por no haberse establecido si el arma que, según se dice, fue encontrada al lado del cuerpo de D.G.M., y por no haberse realizado estudio técnico sobre las armas de los militares, el tribunal concluye en la existencia de un estado de incertidumbre probatoria, para entender que no fue desvirtuada la presunción de inocencia de los acusados, sin que en ese razonamiento desplegara el mínimo esfuerzo de convicción.

Adicionalmente, tampoco merecieron interés alguno para el ad quem en la valoración de la prueba, el Informe FGN-CTI-UAH/XXX del investigador criminalístico R.L.C.G., del 4 de mayo de 2009 y el Informe de investigación de laboratorio, rendido el 22 de abril de 2009 por el perito C.A.C., donde, con fundamento en la ampliación del protocolo de necropsia y las fotografías correspondientes incorporadas con ellos, se pudo establecer que la muerte de D.G.M. fue causada por un disparo de arma de fuego de baja velocidad; y, además, que de acuerdo con el estudio de trayectorias y posición de la víctima y de los victimarios, aquella se «encontraba en posición superior respecto al origen del disparo» (cfr. fls. 920 y ss., cdno. 2).

Aquellos dos aspectos comportan especial relevancia al ser confrontados con las diferentes versiones entregadas por los militares, quienes, en primer lugar, adujeron que las únicas armas que emplearon fueron sus fusiles de dotación: «Disparamos nuestros fusiles de dotación GALIL calibre 5.56», precisó el ST. D.G.G.P., oficial al mando del operativo (fls. 834, cdno. 2).

En segundo lugar, la posición de la víctima y sus victimarios, sugerida en el estudio técnico por la trayectoria del proyectil en el cuerpo de G.M., contradice la versión entregada por los militares, quienes declararon exactamente una posición contraria: «La persona fallecida estaba en un plano más bajo al de la tropa, es decir, nosotros estábamos arriba y el fallecido abajo», manifestó SLR. H.A.G.H. (fl. 889, cdno. 2)(6).

En otro sentido, resulta desconcertante para la Sala que no obstante la prueba obrante en el proceso, demostrativa de la existencia del establecimiento comercial «XXX», el tribunal termina asumiendo que «no existe prueba clara, directa o irrefutable que demuestre la existencia del billar», con lo que en la dirección de no dar crédito a la versión de los testigos, pone en tela de juicio la misma objetividad del lugar donde, según lo sostuvieron, fue aprehendido D.G.M., aduciendo que dicho tópico no fue materia de investigación en el trámite del proceso.

Concluyó el ad quem, contra toda evidencia, que por haber desaparecido el billar en cuestión y por no efectuarse su verificación cuando aún se encontraba en funcionamiento, no podía darse por demostrada su existencia, desconociendo el contenido documental de los informes de policía judicial en los que se consignaron aspectos puntuales, verificados en trabajos de campo, sobre el lugar exacto donde al momento de los hechos tenía su domicilio el establecimiento denominado «XXX».

En realidad, contrario a la manera como se presenta en la demanda el yerro por falso juicio de existencia, el tribunal no omitió considerar los documentos incorporados a la actuación a través de los informes FGN-CTI-UAH/XXX (fls. 676 y ss., cdno. 2) y FGN-CTI-UAH/XXX (fls. 760 y ss., cdno. 2), ambos del 14 de abril de 2009, pero distorsionó su contenido fáctico, haciéndoles decir lo que en realidad no dicen porque llevó a cabo una lectura equivocada de su texto, para concluir en la inexistencia del referido establecimiento comercial.

Se desconoció en el razonamiento judicial que con motivo del desarrollo de la inspección al lugar de los hechos, se pudo establecer a través de videos, fotografías, mapas satelitales y tareas de verificación en el lugar, que en el primer piso del inmueble ubicado en la XXX, funcionaba en aquel entonces un billar, cuyo nombre correspondía al apodo de su propietario, conocido como «XXX».

Dicho lugar fue fotografiado y localizado de manera satelital en el trabajo de investigación de campo realizado por los miembros del CTI de la Fiscalía, llevándose a cabo la reconstrucción documental del sitio donde, a voces de los testigos, departían D.G.M. y sus hermanos, lo que se pudo establecer mediante las labores in situ, realizadas a instancias del fiscal encargado de la investigación, que comprendieron además entrevistas a moradores del sector, entre ellos a la misma propietaria del inmueble, quien confirmó que los arrendatarios del primer piso para la época, tenían un billar y unas máquinas tragamonedas de servicio público.

Así mismo, con fundamento en los testimonios recibidos durante la actuación procesal, pudieron los investigadores reconstruir en el curso de la inspección geográfica, el recorrido que hicieron los soldados con su víctima a cuestas, fijando los lugares relevantes que corroboran la veracidad de dichas declaraciones, tales como el local que ocupaba el billar «XXX»; la casa del testigo O.P.B., desde donde observó el paso de la caravana militar; el sitio donde el padre de la víctima halló la pulsera que lucía ese día; la vía donde aparcaron los vehículos del Ejército Nacional; y, el lugar exacto donde se supone que fue ejecutado G.M., pues fue allí donde al día siguiente su padre percibió un charco de sangre.

Así las cosas, las pruebas referidas, presentadas a través de los referidos informes de policía judicial, dan cuenta, sin lugar a dudas, que para el momento de los hechos, se encontraba en funcionamiento el establecimiento comercial, del que, según los testigos que declararon bajo juramento en el curso de la investigación, fue aprehendido de manera violenta D.G.M.

2.3. De la responsabilidad penal como coautores de los procesados.

Finalmente, importa destacar que el juez colegiado expresa su perplejidad en función de lo que considera «vinculación aleatoria» al proceso de los acusados, entendiendo con ello que resulta inexplicable que la tropa militar haya estado conformado por 36 hombres, pero fueron vinculados a la investigación solamente 12 de ellos, lo que al parecer se produjo con fundamento en el informe rendido por el ST. D.G.G.P., visible a folios 2 y ss., cuaderno 1, resultando inexplicable, por ejemplo, que en esa lista apareciera el SLR. J.D.T.C., quien para la fecha se encontraba de guardia en la XXX Brigada del Ejército.

Aparte de que en el propio argumento parece darse respuesta a la inquietud planteada, carece de sentido la presentación del asunto como «el problema de fondo», para de esa manera aducir una suerte de duda probatoria en relación con los hechos jurídicamente relevantes y la responsabilidad de los procesados.

En efecto, es verdad que, de acuerdo a lo que fue demostrado dentro del proceso penal, la operación «XXX» fue ejecutada el 6 de junio de 2002 por el Pelotón Antiterrorista Urbano —PAU—, adscrito al Batallón de Artillería Nº XXX del Ejército Nacional. Además, según se estableció, para el momento de la operación, el pelotón se encontraba conformado por dos secciones, cada una compuesta por dos escuadras, y cada una de estas estaba integrada por siete soldados y un suboficial al mando. De allí, que el ST. D.G.G.P., manifestara que el pelotón PAU «estaba conformado por 29 soldados, cinco suboficiales, y un oficial que era yo».

Es cierto, además, como se plantea en el fallo demandando, que la determinación de las personas vinculadas jurídicamente al proceso penal se produjo, al parecer, con fundamento en el informe de orden de operaciones XXX de 2002, suscrito por ST. D.G.G.P., comandante de la operación, en el que bajo el título de «Personal destacado» se relacionaron los nombres de ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J., SLR. H.A.G.H., SS. C.R.M., SS. W.D.P., CP. B.R.D., CS. I.A.R.M. y SLR. Y.A.A.M. y SLR. J.D.T.C. (fl. 222, cdno. 1).

Bajo ese entendido, decretada la apertura de la investigación el 7 de marzo de 2006, se ordenó la vinculación mediante indagatoria de las mismas personas mencionadas en el referido informe (fl. 222, cdno. 1), con lo que no se hizo lo propio con los demás militares que hacían parte de la misión militar.

Sin embargo, ese fenómeno irregular de carácter procesal ninguna relación puede tener con la determinación de la responsabilidad individual de los procesados que sí fueron vinculados legalmente a la instrucción penal, por lo que carece de sentido la consideración ofrecida en el fallo del ad quem, al estimar como un vacío de la investigación, con incidencia en la declaratoria de responsabilidad del juez de primera instancia, que se haya vinculado a un grupo de soldados y a otros no.

Precisamente, esa circunstancia atinente a la definición individual de la responsabilidad penal, es la que explica que no obstante haberlo vinculado mediante diligencia de indagatoria, la Fiscalía decretó la preclusión de la investigación en favor de SLR. J.D.T.C., al establecerse que no intervino en la realización de la conducta punible por no haber hecho parte del grupo de soldados destacados para esa misión.

Ahora bien, se aduce, además, en el fallo de segunda instancia, que no era posible deducir la responsabilidad penal de los acusados, toda vez que no se reúnen en este caso los requisitos de la llamada «coautoría impropia», en especial referencia a un acuerdo previo de voluntades y a la división del trabajo criminal, lo cual se descarta por el juzgador ensayando una máxima de la experiencia expresada en el sentido de que la actuación militar en los denominados «falsos positivos», corresponde a «una “operación” improvisada, de algunos miembros de la fuerza pública que desea (sic) obtener algún reconocimiento profesional con el sacrificio de vidas humanas para hacer aparecer tal hecho como sucedido en combate».

Dicha máxima de la experiencia, expresa el tribunal, excluye la posibilidad de dar crédito a los testigos porque en este caso la operación «XXX» se planificó con meses de anticipación, se trató de una misión institucional y, en consecuencia, no es factible inferir que sus miembros se hayan puesto de acuerdo para la obtención de un resultado ilícito.

De nuevo, la proposición presentada como máxima de la experiencia por el ad quem como sustento de su tesis, está lejos de revelarse como un enunciado universal, general y abstracto, que permita asumir como un acontecimiento cotidiano que la planificación y la institucionalidad en una actuación militar, excluyan la posibilidad, per se, de una ejecución extrajudicial.

Por ello, la regla de la experiencia presentada por el tribunal, asociada con lo que considera de regular ocurrencia en los llamados «falsos positivos», reitera la Sala, carece de fundamento, incluso considerando, como no se hace en el fallo cuestionado, que como resultado de aquella acción, los militares recibieron recompensas traducidas en días de permiso, según ellos mismos lo admitieron en sus indagatorias.

Error de trascendencia para la declaración de justicia emitida en el fallo que obedece a la desatención probatoria de la dinámica de los acontecimientos, con lo que se desconoció que en materia de coautoría la responsabilidad penal individual se establece a partir de la presencia de un requisito de carácter subjetivo, relacionado con la decisión conjunta de realizar la conducta punible; y, otro de carácter objetivo, atinente al co-dominio del hecho, de tal manera que todos los intervinientes dominen los acontecimientos, y, además, que su aportación se produzca en la fase ejecutiva.

El notable yerro en que se encamina la argumentación del tribunal, lleva al desconocimiento de circunstancias modales suficientemente acreditadas y que denotan la existencia de una serie de datos convergentes y concordantes que señalan la intervención como coautores de los miembros de la tropa militar, en el sentido de haber actuado de consuno en el cometido criminal.

En esa medida, como lo precisó de manera adecuada el juez de primera instancia, los procesados ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J., SLR. H.A.G.H., hacían parte del pelotón militar que en conjunto irrumpió en el barrio XXX para aprehender a D.G.M. y, sin que mediara ningún combate, lo ejecutaron, con lo que quedó suficientemente definido que cada uno de ellos dominó tales acontecimientos y ofreció su aporte en la fase ejecutiva.

Se recordará, para tal efecto, que los testigos de los hechos, L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B., aludieron a la presencia simultánea de muchos miembros de la unidad militar: «era un desfile de soldados, muchos pero no sé cuántos serían», declaró P.B., quien agregó que frente a su casa «Ya había pasado un grupo de uniformados adelante, luego pasaron con esa persona, y más atrás pasaban o iban otro grupo de uniformados» (fls. 77 y 79, cdno. 1), quedando en claro que marchaban agrupados, llevando a su víctima hacia un lugar veredal donde los esperaban los camiones en que se transportaban.

Lo anterior para significar que todos los soldados actuaron de manera coordinada y aunque se admitiera que en su incursión el pelotón militar estuvo organizado estratégicamente por secciones y escuadras, no existía tal inconexión entre sus integrantes que pudiera hacer deducir que el dominio funcional de los acontecimientos radicara en un reducido grupo de vanguardia, mientras que los soldados que conformaban las escuadras posteriores carecían del co-dominio de los acontecimientos. Lo cierto es que, según lo develaron los propios acusados, se trataba de una unidad militar al mando de un comandante y que se movilizó de manera coordinada hacia su objetivo.

Obviamente, contrario a las versiones, contradictorias entre sí, ofrecidas por los militares, la información probatoria indica que el objetivo común de la tropa se concretó en la sustracción de G.M. del establecimiento en el que departía con sus hermanos y su traslado coactivo a cargo de toda la tropa hasta el lugar donde fue ejecutado, advirtiéndose que en ese cometido la tropa contó con un «guía», quien, según se supo, era un habitante del mismo sector barrial y que ofreció su concurso como delator.

En esta perspectiva, difícilmente podría admitirse que la conducta reprochable respondió a la voluntad de una parte del pelotón, mientras que quienes se encontraban en la retaguardia de la formación militar, no prestaron su concurso voluntario y consciente para el resultado desencadenado.

Al respecto, es importante precisar que en materia de coautoría rige el principio de imputación recíproca, de acuerdo con el cual a cada uno de los partícipes se les imputa la totalidad del hecho con independencia de la concreta aportación que haya prestado para la consecución del fin lesivo, siempre y cuando aquella responda al principio de esencialidad en un plan común, lo que atiende a la idea de que realizan un hecho propio, siendo de igual relevancia para el resultado acciones tales como la prestación de seguridad de unos miembros del pelotón, la aprehensión de la víctima por otros y su posterior ejecución por quien realizó el disparo que produjo su muerte.

Tales aportaciones, deben ser objeto de escrutinio de manera particular, en relación con cada uno de los partícipes, a fin de determinar, como ya se ha precisado, su conocimiento de los hechos, su decisión de realizar de manera conjunta la conducta punible, su dominio funcional de los acontecimientos y su aportación en la fase ejecutiva del delito.

En lo que concierne a los aquí procesados, precisa la Sala, se tiene demostrado que el ST. D.G.G.P. era el comandante del pelotón militar; el SP. L.G.A.D., comandante de la primera escuadra y marchaba al frente del pelotón; el SLR. W.A.J., hacía parte de la misma primera escuadra; y, el SLR. H.A.G.H., conformaba la cuarta escuadra, encargada de asegurar el área y prestar vigilancia en la retaguardia.

Su intervención en la misión militar es reconocida por todos los acusados y aunque los tres primeros hacían parte de la escuadra puntera y el último de la escuadra de retaguardia, su aporte individual resultaba esencial para la consecución del resultado lesivo. Aunque no es posible la determinación de la acción desplegada por cada uno de los intervinientes, pues ninguno de los testigos se encontraba en condiciones de concretar la identidad de quienes ingresaron al billar y sacaron a la víctima, todos reconocen que el grupo marchó de manera compacta hasta el lugar donde se presume que fue producida su muerte.

Así las cosas, quedó establecido que no obstante la disposición estratégica de los integrantes de la tropa, dependiendo de sus rangos y de las funciones precisas que tácticamente les fueron asignadas, resulta evidente que a sabiendas de lo sucedido, todos prestaron su contribución esencial, llevando a cabo una actuación conjunta, con la que de manera objetiva determinaron el curso del suceso.

Imposible, por demás, resulta saber quién, de todos los militares participantes en la operación, fue el encargado de disparar el arma de baja velocidad que ocasionó la muerte de D.G.M. Esa acción final resulta indeterminada desde el punto de vista probatorio por la misma dinámica de los acontecimientos, pues se sabe que para su ejecución la víctima fue trasladada hasta un lugar incierto, procurándose la impunidad del hecho, donde cualquiera de los militares estuvo en condiciones de descerrajar el arma de fuego, no obstante lo cual se presentó una decisión conjunta dominada por el dolo en cada uno de los partícipes.

De igual manera, lo anterior sirve de respuesta a la consideración hecha por el delegado del Ministerio Público, quien, en el traslado de la demanda, aboga por la absolución del SLR. H.A.G.H., pues en su sentir no milita «elemento probatorio que lo ubique como integrante del específico grupo o escuadra que procedió al ingreso al establecimiento de comercio billar (sic), procedió al apoderamiento y ulterior homicidio del señor D.G.M., pues su función institucional estaba orientada a la legítima labor de prestación de seguridad y protección del grupo que desarrollaba el esfuerzo principal».

El error en el razonamiento del representante de la Procuraduría estriba en omitir que la acción desplegada por el pelotón de soldados no correspondió a una actividad legítima, propia del servicio militar, esto es, que las unidades militares no obedecían en este caso a un despliegue táctico que enfrentó una ofensiva armada, como fue justificado el episodio, sino a una actuación criminal, donde la participación de cada uno de sus miembros lejos de llevarse a cabo en el marco de un combate, se presentó como la aportación a la comisión de un delito, por lo que las razones referidas a la función institucional no se correspondían con los hechos acaecidos.

La función asignada a los miembros del pelotón, entre ellos al SLR. G.H., no eran propias de una misión constitucional y, en consecuencia, no eran ajenos a la ejecución delictiva, quedando establecido con toda claridad que todos los integrantes de la unidad militar actuaron como coautores del delito de homicidio, incluso con prescindencia de la posición interna que cada individuo tuviera sobre la esencialidad de su aporte para la consecución del propósito común.

2.4. Trascendencia de los yerros y conclusiones.

Como atrás quedó dicho, la declaración de absolución emitida por el Tribunal Superior de XXX, mediante la cual se revocó el fallo de condena emitido por el Juzgado XXX Penal del Circuito de esa ciudad en contra de ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J. y SLR. H.A.G.H., fue sustentada en una pobrísima valoración de la prueba, incurriéndose en garrafales errores de falso raciocinio y de falso juicio de existencia por omisión.

En relación con los primeros, se desconoció el valor suasorio de la prueba testimonial de L.C.G.R., L.C.G.M. y O.P.B., testigos presenciales de los acontecimientos, acudiendo a la construcción de unos silogismos relativos a máximas de la experiencia, desprovistas en su concreción de cualquier pretensión de universalidad.

Así, se presentó como una regla de la experiencia, de contenido objetivo y universal, una simple percepción personal de los hechos, cuando se reputó increíble que una persona pueda ser transportada atada de pies y manos a un larguero.

Al mismo tiempo, con igual desatino, se pretende dar contenido de una regla de la experiencia a un razonamiento infundado, como aquel de que no son dignos de crédito los testigos, familiares y vecinos de la víctima, por el hecho de no haber denunciado de inmediato lo sucedido, ignorando el fallador que por la especie delictiva referida, la acción penal es oficiosa.

De esos yerros, el tribunal extrajo la conclusión de no dar crédito a la versión proveniente de los testigos que presenciaron los hechos, lo que además extendió a una serie de situaciones que asumió de manera contraria a un lógico razonamiento, como es el caso de desestimar la prueba de análisis instrumental para residuos de disparos por los métodos de espectrofotometría de absorción y emisión atómica, por no arrojar «resultados confiables», sin que ofreciera el mínimo fundamento a esa consideración.

Paradójicamente, echó de menos la realización de una prueba técnica que indicara si había sido disparada o no el arma que, según los informes del Ejército, fue hallada en poder del occiso, llevando su equivocado raciocinio al extremo de suponer un vacío probatorio incidente en la credibilidad de los testigos.

Agrega el tribunal, a ese respecto, que al no haberse determinado, mediante estudios de balística, qué armas de los militares fueron disparadas, se crea incertidumbre sobre la autoría del delito, desconociendo las circunstancias del hecho, pues de una parte no era posible establecer quién disparó el arma que produjo la muerte de D.G.M. y, de otra, según las conclusiones de los medios de prueba llevados al proceso, se empleó un arma de fuego de baja velocidad, distinta, en consecuencia, a los fusiles de dotación que los uniformados de manera oficial portaron en esa oportunidad.

Igualmente, el estado de duda probatoria lo deduce el ad quem de una circunstancia procesal que ninguna trascendencia tiene en relación con la determinación de la responsabilidad penal de los procesados, aludiendo a que se ofrece como irresoluto el compromiso de los acusados con la conducta punible porque no todos los militares que hacían parte del pelotón que ejecutó la operación llamada «XXX», fueron vinculados a la investigación penal.

Tal circunstancia, sin embargo, ameritará que se compulsen copias a fin de que la Fiscalía adelante las investigaciones correspondientes en relación con los demás miembros del pelotón que no fueron vinculados al proceso penal.

La consideración de aquellos aspectos llevó al tribunal a conclusiones que contrarían, sin fundamento alguno, los precisos términos de las narraciones entregadas por los testigos de los hechos, a quienes lleva al límite de la incredulidad, hasta el punto de cuestionar la misma existencia del establecimiento de billar, donde fue aprehendido D.G.M., no obstante los elementos probatorios que acuden en su corroboración.

De esa manera, en un limitado ejercicio argumentativo, el tribunal conduce sus conclusiones a poner en duda no solamente la existencia de los hechos, sino el propio escenario de los mismos, suponiendo, sin ningún respaldo probatorio y sin justificación alguna que materialice en una hipótesis plausible, que los testigos faltaron a la verdad, de manera absoluta, cuando rindieron sus declaraciones. De ahí la trascendencia de los errores en la valoración de la prueba.

Por contrario, para dar crédito a las versiones de los militares, omite considerar pruebas de especial relevancia.

Así, desconoce, entre otras pruebas significativas, el testimonio de corroboración rendido por M.T.M.; el informe del 7 de junio de 2002, suscrito por el comandante del Batallón de Artillería Nº XXX; el formato de inspección técnica al cadáver y su álbum fotográfico y el informe técnico de necropsia; las pruebas incorporadas al informe FGN-CTI-UAH/XXX del investigador criminalístico R.L.C.G., del 4 de mayo de 2009 y al Informe de investigación de laboratorio, rendido el 22 de abril de 2009 por el perito C.A.C.

Con dichos elementos habría advertido las notables contradicciones en las versiones de los acusados, relacionadas con la operación militar y sus pormenores, debiendo concluir que lejos de un estado de duda probatoria, se ofreció expedita la prueba para descartar la existencia de un combate como escenario de la muerte de D.G.M., puesto que no otra cosa podría inferirse de las disímiles historias de lo sucedido relatadas por ellos y de los datos convergentes alusivos a las características del arma causante de la lesión mortal y de la trayectoria del proyectil en el cuerpo de la víctima, lo que deja sin fundamento la credibilidad otorgada a las exposiciones exculpatorias.

Por último, para la Sala emerge evidente el grado de participación como coautores de cada uno de los procesados, pues que con independencia de las funciones que les fueron asignadas dentro del contingente militar, sobre cada uno de ellos gravitó el conocimiento de los hechos, la decisión de realizar de manera conjunta la conducta punible, el dominio funcional de los acontecimientos y su aportación esencial en la fase ejecutiva del delito.

En suma, acreditado como está que el juzgador colegiado de segunda instancia incurrió en crasos errores de hecho con efecto trascendente en el contenido de justicia incorporado al fallo absolutorio proferido en favor de ST. D.G.G.P., SP. L.G.A.D., SLR. W.A.J. y SLR. H.A.G.H. y que el acervo probatorio examinado de manera conjunta conduce al estándar de conocimiento de certeza racional, que para condenar consagra el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, se impone casar la sentencia de segunda instancia para que, en su lugar, se otorgue plena vigencia a la condena impartida por el juez a quo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX el día 23 de agosto de 2011, por la prosperidad de los cargos formulados en la demanda presentada por la representante de la Fiscalía General de la Nación.

2. CONFIRMAR la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por el Juzgado XXX Penal del Circuito de XXX, en contra del teniente D.G.G.P., el sargento primero L.G.A.D. y los soldados W.A.J. y H.A.G.H., mediante la cual se les declaró responsables como coautores del delito de homicidio en persona protegida, y se les impuso las penas principales de treinta (30) años de prisión y multa de dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2001 y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de quince (15) años; se les negó el derecho al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustituta prisión domiciliaria; además, se les condenó al pago de perjuicios morales, de forma solidaria, en suma de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Líbrense las órdenes de captura correspondiente en contra de los condenados en mención.

4. A través del juzgado de conocimiento, se compulsarán copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se adelante la investigación en relación con los miembros del Ejército Nacional que participaron en los hechos y hasta ahora no han sido vinculados al proceso penal.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 CSJ SP, 5 de junio de 2013, radicación 34134.

2 TARUFFO, Michele. Consideraciones sobre las reglas de la experiencia. En: Memorias XXIX Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre. 2009, pág. 170 y ss.

3 CSJ SP, 19 de noviembre de 2003, radicación 18787.

4 Así lo relataron el CP. I.A.R.M. (fl. 427, cdno. 1) y SLR. Y.A.A.M. (fl. 313, cdno. 1), quien expresó que el contacto armado «fue cuestión de segundos».

5 «lo cogieron, yo vi desde lejos que le cascaron y se lo llevaron…» (sic), declaró L.C.G.M. (fl. 38 y s., cdno. 1).

6 En el mismo sentido, SLR. W.A.J. (fl. 1083 y ss., cdno. 3).