Sentencia SP2866-2018/48031 de julio 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

SP2866-2018

Rad.: 48031

(Aprobado Acta 238)

Bogotá D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

Vistos

Resuelve la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Fiscalía, contra la sentencia del 30 de noviembre de 2015, mediante la cual el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de la misma sede, en la que condenó a Benito Molina Velarde por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y destrucción y apropiación de bienes protegidos.

Hechos:

Los falladores de instancia declararon demostrada la siguiente situación fáctica:

Luego de que entre los años 1994 y 1995 los hermanos Vicente y Carlos Castaño, entonces jefes máximos de las autodefensas unidas de Colombia, ejerciendo su poder paramilitar, despojaran y sacaran de sus tierras a más de 130 familias campesinas de la región de Tulapas (zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá), en 1997 dichos personajes, a través de Luis Ángel Gil Zapata y Sor Teresa Gómez Álvarez (cuñada de los Castaño), concertaron una alianza criminal con el Fondo Ganadero de Córdoba, en virtud de la cual acordaron evitar el retorno a sus parcelas de la población desplazada, legalizar las propiedades y ponerlas a producir en función de los intereses de los concertados.

Es así como la Junta Directiva del mencionado Fondo, integrada por Benito Antonio Osorio Villadiego (gerente), Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carlos Sotomayor Hodge, Benito Molina Velarde (llamado “El Mexicano”), Bernardo Vega y Orlando Fuentes Hessen suscribió el acta 1098 del 1º de diciembre de 1997 en donde sus miembros decidieron por unanimidad iniciar la compra masiva de tierras. Para ese efecto emprendieron la búsqueda y ubicación de los desplazados, la cual se produjo en los cinturones de miseria de la ciudad de Montería y en municipios vecinos.

Mediante engaños y presiones, dos enviados de Sor Teresa Gómez lograron que los campesinos le firmaran un poder a ésta, facultándola para vender sus predios al Fondo Ganadero de Córdoba, a cambio de lo cual recibieron, sin poder objetar, entre 30, 50 y 100 mil pesos en efectivo por hectárea. Con fundamento en esos poderes la citada dama transfirió al Fondo Ganadero de Córdoba tales bienes, cuyo precio lo recibió la misma Sor Teresa Gómez a nombre de la organización paramilitar.

Antecedentes procesales:

1. Iniciada la correspondiente investigación, se vinculó mediante indagatoria a Benito Molina Velarde. El 25 de febrero de 2014 la Fiscalía le resolvió la situación jurídica, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva.

2. Clausurada la instrucción, mediante providencia del 3 de febrero de 2015 el fiscal investigador lo acusó por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y destrucción y apropiación de bienes protegidos.

3. Antes de que cobrara ejecutoria la resolución acusatoria el procesado aceptó los cargos en forma integral. Por esa razón, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Antioquia lo condenó mediante sentencia del 23 de septiembre de 2015, imponiéndole 16 años y 8 meses de prisión y 25.789 salarios mínimos legales mensuales de multa, así como inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Adicionalmente, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

4. La defensa y el procesado apelaron ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Antioquia, a través del fallo impugnado en casación, proferido el 30 de noviembre de 2015, le impartió confirmación.

5. Por auto del 23 de noviembre de 2016 la Corte admitió el segundo de los dos cargos formulados en la respectiva demanda y ordenó correr traslado a la Procuraduría.

La demanda:

Cargo admitido. Violación directa de la ley sustancial.

La corporación judicial aplicó indebidamente los artículos 13 y 29.3 de la Constitución Política, 5º, 6º y 23 de la Ley 600 de 2000, 6º y 7º del Código Penal y 4º y 6º de la Ley 906 de 2004 y dejó de aplicar el inciso adicionado por el artículo 3º de la Ley 890 de 2004 al artículo 61 del Código Penal, desconociendo los principios de igualdad y favorabilidad.

Lo anterior porque los falladores incluyeron en la tasación punitiva “los incrementos recientes de la Ley 599 de 2000 y para el lavado de activos el incremento de la Ley 1121 de 2006”, proceder que, según sostuvo el Tribunal, obedeció a que la ejecución de los delitos se extendió hasta el año 2011.

Para el demandante, sin embargo, la temporalidad de los hechos, conforme lo indicado en la sentencia, se estableció en varios momentos, empezando con la alianza criminal realizada con los hermanos Castaño para despojar, comprar y legalizar tierras, la cual se ideó el 1º de diciembre de 1997 y se concretó al firmar el acta 1084 de la misma fecha. La prolongación de esa alianza “está circunscrita al cumplimiento del objetivo de legalización de las tierras en el 2003 o bien con la muerte del ideólogo de la concertación Carlos Castaño en el 2004 o en el peor de los casos en el momento en que el bloque paramilitar Élmer Cárdenas que controlaba la región se desmovilizó y dejó las armas en el 2006”. En su criterio, cualquier argumento “para determinar la prolongación de la actividad criminal de mi prohijado más allá de dichas fechas es simplemente una especulación que carece de fundamento probatorio, histórico o práctico”.

Según el censor, la norma aplicable en este caso respecto del lavado de activos es la prevista en el Código Penal de 2000, que prevé 6 a 15 años de prisión, aumentada en una tercera parte por la agravante concurrente, cuyo mínimo en esas condiciones queda en 8 años, que es el imponible al procesado, no así los 262 meses determinados por el Tribunal. Es más, de aplicarse la Ley 1121 de 2006, la sanción mínima partiría de 8 años, aumentada en una tercera parte para un total de 128 meses.

De todas maneras, ningún elemento de juicio permite establecer que el último acto se extendió más allá de la fecha de suscripción de la mencionada acta. En su condición de presidente de la junta del Fondo Ganadero de Córdoba el procesado no era autónomo, pues las determinaciones claves y definitivas, como las decisiones de encubrimiento de recursos ilícitos, requerían la aprobación de la totalidad de los miembros.

Los falladores, de otra parte, desconocieron el inciso final del artículo 61 del Código Penal, conforme al cual el sistema de cuartos no se tiene en cuenta cuando se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones, norma aplicable en el presente evento por razón del principio de favorabilidad, pues el acusado aceptó los cargos mediante una figura de terminación anticipada equiparable a las reguladas en la Ley 906 de 2004.

El impugnante, finalmente, insistió en que al procesado se le deben imponer las penas mínimas establecidas en el Código Penal de 2000 para el delito de lavado de activos o, en el peor de los casos, las previstas en la Ley 1121 de 2006, aumentadas en ambos casos en 3.5 años por razón del concurso de hechos punibles y a las cantidades así obtenidas aplicarles la rebaja de pena por la sentencia anticipada.

En consecuencia, le pidió a la Sala casar la sentencia impugnada para, en su lugar, redosificar la sanción en los términos antes señalados.

Concepto del Ministerio Público:

De acuerdo con la indagatoria, el procesado tuvo vínculo con el Fondo Ganadero de Córdoba desde el año 1988 y hasta el 12 de febrero de 2014, cuando rindió la injurada, primero como socio, luego como miembro de la junta directiva y después como presidente.

En la diligencia de formulación de cargos se le atribuyeron al acusado comportamientos que incluyen el período 2007-2009, cuando se desempeñó como presidente de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, conforme consta en el acta 1178 del 6 de marzo de 2007, época para la cual ya se encontraba vigente la Ley 1121 de 2006. Esos cargos los aceptó Benito Molina Velarde en presencia de su defensor, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar demostradas en el proceso, entre ellas su concertación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá desde 1997.

Por lo demás, en las sentencias de primera y segunda instancia se dio por probado que el desplazamiento forzado consistió “en despojar a las víctimas de sus predios, obligándolos a abandonarlos y una vez ubicados en la ciudad de Montería, legalizar las ventas al Fondo Ganadero de Córdoba, práctica que se prolongó hasta el año 2011”, conforme lo demuestra el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el cual se relacionan 105 predios ubicados en los municipios de Necoclí y Turbo, adquiridos mediante dicho mecanismo.

En consecuencia, como en este caso se trata de delitos de ejecución permanente, su consumación se extendió hasta el cierre de la instrucción o, de cambiarse el presupuesto fáctico por vía de apelación, en la fecha en que se produzca esa variación. Y aquí la primera de esas eventualidades ocurrió el 28 de noviembre de 2014, mientras la segunda el 3 de febrero de 2015.

Lo anterior porque el propio Molina Velarde aceptó en su indagatoria que para la fecha en que la rindió se encontraba aún vinculado con el Fondo Ganadero de Córdoba, de manera que su comportamiento no se redujo a la simple suscripción de las actas 1083, 1084, 1075 y 1076, en las que se tomó la decisión de adquirir los mencionados predios rurales, sino que se prolongó hasta el año 2011, época para la cual, insistió, ya se encontraba vigente la Ley 1121 de 2006, sin que, por tanto, resulte procedente pretender la inaplicación de esa disposición legal por vía del principio de favorabilidad, pues ello supondría vulnerar el de legalidad.

Para la Procuraduría Delegada, finalmente, no es de recibo tampoco el argumento del recurrente consistente en que no es pertinente aplicar el sistema de cuartos cuando se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones. Ese tema, en su criterio, quedó definido por la Corte Constitucional en la sentencia T-106 de 2007, en la cual se asimiló la figura de la sentencia anticipada con el allanamiento a cargos.

De esa manera, solicitó no casar la sentencia impugnada.

Consideraciones de la Corte:

Como la demanda fue declarada ajustada a derecho desde el punto de vista formal, la Sala tiene la obligación de pronunciarse sobre los temas planteados por el casacionista, según así lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte.

De los fundamentos del cargo admitido se extraen los siguientes motivos de inconformidad con el fallo de segundo grado: (i) en la tasación de la pena se aplicó indebidamente el incremento efectuado a la Ley 599 de 2000 por la Ley 1121 de 2006 al delito de lavado de activos, (ii) la actividad criminal no se prolongó más allá del año 2006, (iii) el sistema de cuartos no se aplica cuando se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones, (iv) debió imponerse en este caso el mínimo legal previsto para el ilícito de lavado de activos, y (v) por razón del concurso de hechos punibles solamente correspondía imponer 3 años y 6 meses de prisión.

Para responder los aspectos objeto de disenso, la Sala se referirá a los siguientes temas: (i) momento en que se entiende consumado el delito de lavado de activos, (ii) aplicabilidad del sistema de cuartos en el presente caso, y (iii) razonabilidad o no de los criterios aplicados por el juez al dosificar la pena.

1. Tiempo de ejecución del ilícito de lavado de activos.

1.1. Antes de abordar este tema, la Sala considera pertinente precisar lo siguiente:

De la demanda pareciera también desprenderse que el censor está en desacuerdo por haberse considerado preceptos expedidos con posterioridad al Código Penal de 2000 y que incrementaron las sanciones previstas para los otros delitos igualmente atribuidos al procesado, esto es, concierto para delinquir agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado.

Y aunque ese planteamiento de suyo contradice el propio argumento del actor, acorde con el cual la actividad delincuencial desplegada por el acusado se extendió hasta el año 2006, sea del caso destacar el absoluto desacierto del referido cuestionamiento.

En primer lugar, porque en lo atinente a los ilícitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado, las normas que los tipifican (arts. 154 y 159, respectivamente) no han sido hasta ahora objeto de modificación por el legislador, de manera que las sanciones que aplicaron los juzgadores son aquellas que contienen sus originales disposiciones, esto es, de una parte, prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales y, de la otra, prisión de 10 a 20 años y multa de 1.000 a 2.000 salarios de la misma especie.

Y, en segundo término, por cuanto en lo relacionado con el punible de concierto para delinquir, si bien en el acta de formulación de cargos se le atribuyó la modificación que le hizo al artículo 340 del Código Penal el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, es lo cierto que en la sentencia el juez pretermitió la aplicación de esa disposición legal, aplicando la punibilidad prevista en el original artículo 340 ibídem.

1.2. Para explicar el momento en que se entiende realizada la conducta punible doctrinalmente se han formulado tres teorías. En primer lugar, la teoría de la acción que consiste en que su ejecución ocurre cuando se produce la manifestación de voluntad del agente. En segundo lugar, la teoría del resultado, conforme a la cual la conducta punible se realiza al momento de producirse la respectiva consecuencia. Y, por último, la teoría mixta, para la cual el hecho se considera cumplido bien al tiempo de la acción, o bien al del instante del resultado.

Seguramente, a raíz de las críticas que recibieron las dos últimas teorías en mención, al expedir el Código Penal de 2000 el legislador acogió la primera de ellas cuando señaló:

“La conducta punible se entiende realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro el del resultado”.

Lo anterior quiere decir que será distinto si la conducta punible se ejecutó en su sólo momento (delitos instantáneos) o si su realización perduró en el tiempo (delitos de ejecución permanente). En el primer caso, la norma penal aplicable será aquella que estaba vigente al instante en que tuvo ocurrencia la acción, mientras en el segundo es posible que el hecho punible tenga la influencia de tantas disposiciones como las que tuvieron vigencia durante el tiempo en que se prolongó su ejecución.

En el caso materia de análisis, el Tribunal sostuvo que el lavado de activos es un delito de ejecución permanente y que su consumación en este evento se extendió hasta el año 2011. La Delegada de la Procuraduría, aunque coincidió con ese criterio, incurrió en contradicción cuando simultáneamente adujo que los hechos se prolongaron hasta el cierre de la instrucción o, de cambiarse el presupuesto fáctico por vía de apelación, en la fecha en que se produjo la variación, habiendo ocurrido la primera de esas eventualidades el 28 de noviembre de 2014, mientras la segunda el 3 de febrero de 2015.

Pues bien, el artículo 323 del Código Penal, modificado por el artículo 17 de la Ley 1121 de 2006, que contempla el delito de lavado de activos, señala:

“El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes” (Es de anotar que el aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-191 de 2016).

Se trata de un tipo penal de conducta alternativa, que se consuma cuando se estructura cualquiera de sus verbos rectores. Éstos, sin embargo, no revisten la misma naturaleza, pues algunos de ellos corresponden a tipos de ejecución instantánea, mientras otros tienen carácter permanente. De esa manera se pronunció la Corte en reciente oportunidad, al indicar:

“Por demás la instantaneidad o permanencia de un delito en el tiempo, no depende de la duración de sus efectos, como parece entenderlo el Ministerio Público, sino de la naturaleza de su verbo rector; en el caso del lavado de activos, con pluralidad de conductas, es factible la eventualidad de que en relación con algunas de ellas y frente a los específicos hechos, pueda considerarse permanente y en torno a otras de ejecución instantánea. Este punible no deriva su duración en el tiempo según que se haya o no extinguido el dominio de los bienes objeto del lavado, o se hayan devuelto o no al Estado, eso sería tanto como decir que el delito de hurto dura mientras a la víctima no le sea reintegrado el bien objeto material del punible; lo que permanecen son sus efectos, pero el delito en tanto entidad dogmática ya se agotó” (CSJ SP090, 7 feb. 2018, rad. 50798).

Así —en lo que interesa frente a la definición de este asunto—, obsérvese cómo el verbo “adquirir” supone un comportamiento cuya realización se agota en un sólo acto, esto es, en el momento en que el agente hace suyo el bien sobre el cual recae el quehacer delictivo. A esa conclusión se arriba si se tiene en cuenta el alcance semántico de dicho vocablo que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa “hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción”.

Puede decirse, incluso, que el verbo “legalizar” reviste la misma connotación, pues su ejecución ocurre en el preciso instante en que se efectúa alguna transacción u acto jurídico con el propósito de asignarle al bien carácter legal, no obstante su ilegítima procedencia. Esa expresión, en efecto, conforme al citado diccionario, significa “dar estado legal a una cosa”, acción que, se insiste, se presenta cuando se la hace (la cosa) pasar de una fase espuria a una aparentemente legítima.

En cambio, gozan de la segunda de las analizadas condiciones (ejecución permanente), por ejemplo, los verbos “custodiar” y “administrar”, pues su consumación se va renovando en forma permanente durante todo el tiempo en que el sujeto activo tiene bajo su custodia o administración el bien objeto del acaecer ilícito.

La conducta que se atribuyó al procesado Benito Molina Velarde consistió en que aprobó, junto con los demás miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, la adquisición a sus dueños de varios predios rurales mediante la utilización del poder intimidatorio ejercido por los paramilitares con influencia en la región. Así quedó plasmado en el fallo de primera instancia. En esa pieza procesal inicialmente se señaló:

“…el procesado en su calidad de presidente de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y acatando el acuerdo adquirido con la casa “Castaño”, aceptó la propuesta de Benito Antonio Osorio sobre la compra de fincas en la región del Urabá antioqueño, previa concertación con Vicente Castaño, lo que fue autorizado como consta en el acta 1083 del 24 de octubre de 1997 y en el acta 1084 del 1º de diciembre de 1997, en la que quedaron consignados los parámetros para la adquisición de las tierras y una visita a la zona con el fin de seleccionar los predios a adquirir, ilustrando además el señor Osorio Villadiego a la Junta Directiva sobre la situación de violencia que vivía la región y el predominio de las Autodefensas, lo que indica con claridad el conocimiento directo que tenía Molina Velarde sobre la problemática que vivía la subregión del Urabá antioqueño…”(1).

Y luego se concluyó:

“En este caso, según quedó dilucidado, existen en el proceso las pruebas necesarias para tener por demostrado no solo (la) tipicidad de los punibles aceptados, si(no) la responsabilidad del implicado en su comisión, atendida la calidad de Presidente de la Junta Directiva del FGC, pues en desarrollo de esa función con conocimiento y voluntad se alió con una organización armada para ventajosamente adquirir predios de personas que tuvieron que dejarlos por la presencia de la estructura ilegal, permitiendo además, con esa forma de actuar, la “legalización” de bienes y capitales de la cofradía ilícita, porque como quedó decantado, algunos terrenos fueron comprados a las AUC y otros se pagaron con dineros del conjunto armado y no con los del FGC…”(2).

En concordancia con lo anterior, el fallo de segundo grado expresó:

“Se desprende de la adecuación fáctica relacionada en el acta de formulación de cargos, que las anteriores conductas fueron ejecutadas por el señor Benito Molina Velarde mientras integró la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, y más exactamente desde el momento en que se reunió con el señor Vicente Castaño, en el año 1997, para coordinar la “compra” de las primeras fincas en la región, con los consecuenciales tipos penales que se desprendieron de esa alianza criminal”(3).

No hay duda, entonces, que los verbos rectores sobre los cuales se edificó el juicio de reproche formulado a Molina Velarde corresponden a los de adquirir y legalizar.

De acuerdo con el dictamen rendido por el perito Jorge Andrés Gaitán Sánchez, adscrito a la Superintendencia de Notariado y Registro, Delegada para la Protección, Formalización y Restitución de Tierras, prueba citada en los fallos de instancia, el lavado de activos recayó sobre 105 predios, cuya adquisición por parte del Fondo Ganadero de Córdoba, en su mayoría, ocurrió en los años 1998 y 2000, aun cuando dos de esas compras se sucedieron en 2002, tres en 2005 y dos más en 2011. En ese último año, exactamente el 4 de mayo, los señores L. B. G. y J. R. vendieron sus predios al Fondo, según actos jurídicos llevados a cabo en la Notaría Única de Carepa(4).

En esas condiciones, cada vez que el Fondo Ganadero de Córdoba compró tales terrenos a sus dueños se configuró el delito de lavado de activos, pues en ese momento no solo los adquirieron sino que legalizaron su fraudulento origen.

Ahora bien, de acuerdo con la indagatoria rendida por Benito Molina Velarde, su pertenencia a la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba se extendió hasta junio de 2011, cuando se postuló como su gerente, pero no lo dejaron posesionar(5).

Si, como lo señaló el Tribunal en el aparte transcrito en precedencia, la actividad delictiva desarrollada por Molina Velarde ocurrió durante el tiempo que hizo parte de la junta directiva del mencionado Fondo, quiere ello decir que al dejar de pertenecer a la misma no pudo, a partir de ahí, seguir cometiendo las ilicitudes imputadas.

No obstante, es claro que los dos últimos hechos (las compras efectuadas a los señores B. G. y J. P. R.) tuvieron ocurrencia cuando aquél era miembro de la mencionada junta directiva, luego su compromiso penal en ellos resulta incuestionable.

Desde luego, dados los verbos rectores atribuidos al procesado (adquirir y legalizar), es evidente que en su caso se presentó un concurso homogéneo de hechos punibles, los últimos de los cuales acaecieron en el año 2011, época para la cual ya estaba vigente la Ley 1121 de 2006, pues ello sucedió a partir del 30 de diciembre de ese año. En consecuencia, no le asiste razón al recurrente cuando sostiene que esa disposición legal no debió ser aplicada al procesado.

Debe sí aclararse que a Benito Molina no se le imputó el concurso homogéneo, por cuyo motivo no le es viable a la Sala considerarlo en esta sede, dado que ello atentaría contra los principios de congruencia y prohibición de reforma en peor.

2. Aplicabilidad del sistema de cuartos.

El inciso primero del artículo 61 del Código Penal establece que, para efectos de tasar la pena, el juez debe dividir el ámbito de movilidad en cuartos.

No obstante, el artículo 3º de la Ley 890 de 2004 prevé que el sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa. El casacionista invoca este precepto para sostener que a Benito Molina Velarde no se le debió aplicar dicha figura dosimétrica.

Sin embargo, el demandante pasa por alto que el acusado no celebró preacuerdo o negociación con la Fiscalía sino que aceptó simple y llanamente los cargos en desarrollo de la figura de sentencia anticipada regulada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000. Es más, así pudiera considerarse que esa decisión constituye una forma de acuerdo, lo cierto es que en ningún momento pactó la pena a imponer (como no lo podía hacer, atendiendo el mecanismo que utilizó para terminar el proceso), situación que excluye la aplicación del sistema de cuartos, como ha tenido oportunidad de señalarlo la Corte de manera reiterada:

“…cuando no hay convenio sobre la pena a imponer (porque se trate de allanamiento o porque siendo un preacuerdo en éste nada se pacta sobre el monto de la sanción), el juez debe tasarla conforme al tradicional sistema de cuartos y de la ya individualizada hacer la rebaja correspondiente, atendiendo factores tales como —a título ejemplificativo— la eficaz colaboración para lograr los fines de justicia; la significativa economía en la actividad estatal de investigación; el que la ayuda que se genere con la aceptación de los cargos muestre proporción con la dificultad probatoria; el que -cuando sea del caso- se facilite descubrir otros partícipes u otros delitos conexos; el que no se dificulte investigar otras conductas o partícipes, etc., sin influir en este momento los referentes tenidos en cuenta para individualizar la sanción, pues ya agotaron su función.

Asimismo, si se ha acudido al mecanismo de la negociación y dentro de ella se pactó el monto de la sanción, a ésta quedará vinculado el juez (art. 370), salvo que en su concreción se haya violado alguna garantía fundamental, no pudiendo por aquella razón (y en ello se explica la prohibición del artículo 3º Ley 890/2004) acudir al sistema de cuartos. Sin embargo, debe advertirse que si bien la limitante legal acabada de reseñar pareciera absoluta —en el sentido que la entendieron las instancias— vale decir, que en todo caso de preacuerdo el mencionado sistema de dosificación está prohibido, ello no resulta así, porque frente a un preacuerdo donde el monto de la pena a imponer no haya sido pactado, al juez fallador —para individualizar la sanción— no le queda alternativa distinta que acudir al sistema de cuartos”(6).

3. Criterios aplicados por el juez al dosificar la pena.

El a quo, en decisión no modificada por el Tribunal, fijó como ámbito punitivo respecto del delito de lavado de activos —que tomó como base para efectuar la tasación por contener la sanción más grave— los extremos que van de 128 a 396 meses de prisión, atendiendo que aplicó —correctamente, conforme quedó visto— la Ley 1121 de 2006. Acto seguido seleccionó los cuartos medios, que corresponden a las fronteras fluctuantes entre 195 y 329 meses, considerando que la Fiscalía atribuyó al acusado tres circunstancias de mayor punibilidad y una de menor punibilidad. Dentro de ese confín, señaló para dicho punible 262 meses, incremento que sustentó con las siguientes razones:

“Estimando la gravedad de los reatos(sic), constituida por la forma en la que el procesado puso a órdenes de estructuras paramilitares una corporación que debió cumplir con el fomento de la actividad ganadera y su explotación en favor de los intereses de los campesinos, medianos y pequeños ganaderos, y no de intereses particulares e ilegales; que en el desarrollo de esas conductas, quedó visto, se afectaron caros bienes jurídicos, mediante el ejercicio de violencia extrema y desmedida contra los habitantes de las regiones del Urabá Antioqueño y del Departamento de Córdoba a través de amenazas y homicidios, lo que generó el desplazamiento de un amplio sector de la población y la apropiación ilícita de una vasta extensión de tierra, el Juzgado impondrá como respuesta adecuada y proporcional las sanciones que correspondan a la mitad de los cuartos medios de cada uno de los delitos”(7).

El recurrente sostiene que al acusado debió imponérsele el mínimo legal, sugiriendo así que correspondía seleccionarse el cuarto mínimo. Pero ello resulta definitivamente inaceptable, pues de acuerdo con el inciso segundo del artículo 61 del Código Penal, el juez sólo podrá moverse dentro de dicho cuarto cuando concurran únicamente circunstancias de atenuación, y eso no es lo que ocurre en este caso.

Ahora bien, como quedó visto, el sentenciador no aplicó tampoco el mínimo de los cuartos medios sino un guarismo superior. Para ello acudió a la gravedad de la conducta y al daño real creado con su comportamiento, concretamente a los habitantes de las regiones del Urabá antioqueño y del departamento de Córdoba. Se trata de dos de los criterios que, conforme al inciso tercero de la precitada norma, dispone el juzgador para tasar la sanción dentro del cuarto o cuartos seleccionados, luego no puede decirse que su decisión tiene carácter caprichoso, como tampoco lo reviste el aumento en concreto realizado. Por el contrario, el mismo se refleja consecuente con el ejercicio de la facultad discrecional que ostenta al respecto.

De otra parte, el demandante argumenta que por razón del concurso heterogéneo no se debió aplicar más de 3 años y 6 meses. Sin embargo, observa la Sala que el funcionario judicial fijó 12 meses por la destrucción y apropiación de bienes protegidos, 16 meses por el desplazamiento forzado y 10 meses por el concierto para delinquir, es decir, en total 3 años y 2 meses. De modo que si se atendiera el pedimento del actor, se estaría agravando la situación de su defendido, lo cual resulta improcedente. En ese aspecto, ello es claro, surge evidente su falta de interés jurídico para recurrir el fallo.

La Corte, por tanto, no casará la sentencia impugnada por las razones planteadas por el actor.

No obstante lo anterior, se advierte sí que el juzgador vulneró el principio de legalidad cuando fijó la pena pecuniaria.

En efecto, al tasarla aplicó similares criterios a los que empleó cuando dosificó la sanción de prisión. Sin embargo, consideró que respecto del lavado de activos los extremos punitivos oscilaban entre 866,7 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales, pasando por alto que la circunstancia específica de agravación deducida sólo opera para la pena privativa de la libertad, según así lo señala expresamente el artículo 324 del Código Penal.

Por ello, impuso por dicha conducta punible 25.433,35 salarios que al sumarlos aritméticamente con las cantidades aplicables para los demás delitos, de conformidad con los dictados del ordinal 4 del artículo 39 ibídem, le arrojó 38.683,35, monto que al disminuirlo en una tercera parte por el acogimiento a la sentencia anticipada, le dio como resultado 25.789 salarios de la mencionada especie, que finalmente impuso al procesado.

En realidad, por el lavado de activos correspondía aplicar 25.355 salarios, que sumados a los imponibles por los otros delitos, se elevan a 38.605. Reducida esa cantidad en una tercera parte, se obtiene como total 25.736,66 salarios mínimos legales mensuales.

En consecuencia, se casará de oficio y parcialmente la sentencia de segunda instancia para fijar a Benito Molina Velarde el monto último señalado a título de pena de multa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR el fallo impugnado, por razón del cargo admitido.

2. CASAR DE OFICIO Y PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia para fijar en 25.736,66 salarios mínimos legales mensuales la pena de multa impuesta a Benito Molina Velarde

3. DECLARAR que los restantes ordenamientos de la sentencia se mantienen incólumes.

Contra esta providencia no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Página 25 del fallo de primera instancia.

2 Página 42 ídem.

3 Página 25 de la sentencia de segunda instancia.

4 Folio 347 del cuaderno 53.

5 Folio 11 del cuaderno 38.

6 Sentencia del 4 de mayo de 2006, rad. 24.531. En el mismo sentido, auto del 7 de febrero de 2007, rad. 26448; sentencia del 1 de noviembre de 2007, rad. 28384; sentencia del 29 de julio de 2008, rad. 29788; sentencia del 20 de octubre de 2010, rad. 33478; auto del 20 de noviembre de 2013, rad. 41570; auto 25 de mayo de 2016, rad. 46991.

7 Páginas 45 y 46 del fallo de primera instancia,