Sentencia SP2869-2018/46749 de julio 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP 2869-2018

Radicación: 46749

Aprobado Acta 238

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Bogotá D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «IV. Demanda de casación

Formula dos cargos contra la sentencia. El primero con base en la causal primera y el segundo con fundamento en la causal tercera, por infracción directa e indirecta de la ley, respectivamente (numerales 1 y 3 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004).

Primer cargo. Infracción directa de la ley.

Considera que el tribunal infringió directamente la ley al aplicar indebidamente el artículo 221 de la Ley 599 de 2000 y dejar de aplicar el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Señala que en las decisiones de primera y segunda instancia, los jueces estimaron que la señora C.R.M.Y. cometió el delito al denunciar a M.R., pese a que los funcionarios de la fiscalía le sugirieron verificar previamente sus afirmaciones antes de formular la querella.

En tal sentido, afirma que el tribunal dedujo el dolo de la declaración de la ofendida, quien aseguró que le explicó a la procesada que el dinero depositado quedaría registrado en el sistema el primer día hábil siguiente, al haber consignado el dinero el día sábado, y de la declaración del asistente de la fiscalía, quien le sugirió verificar previamente sus inquietudes, antes de denunciar, pese a lo cual la ciudadana regresó con el fin de insistir en su denuncia, sin que al hacerlo le hubiesen preguntado acerca del resultado de sus averiguaciones.

De las pruebas señaladas concluye que la conducta de su defendida se “adecúa en forma dudosa a los comportamientos descritos en la norma” y por eso lo correcto era reconocer el in dubio pro reo, que como principio se encuentra consignado en el artículo 7º de la Ley 906 de 2004, norma inaplicada por el tribunal.

Precisa que el tribunal incurrió en un error de hecho por falso juicio de existencia que lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 221 del Código Penal (calumnia) y a inaplicar el artículo 7º de la Ley 906 de 2004 (presunción de inocencia).

La fiscalía, asegura, no probó que la procesada hubiese tenido conocimiento que los hechos que denunció eran falsos, y menos que de acuerdo con esa comprensión hubiese actuado con el fin de causar daño moral a una señora con quien, como se estableció en el proceso, no tenía problema alguno ni una mínima relación personal.

Tampoco, asegura, se estableció que la señora M.Y. hubiera realizado llamadas a la entidad bancaria para aclarar sus preocupaciones y que hubiese sido informada que su consignación se registraría un día hábil después. Por el contrario, cuando recibió el extracto, inmediatamente acudió ante la fiscalía con el fin de desistir, lo que denota que actuó de buena fe.

Solicita, por lo tanto, casar el fallo y dictar la sentencia absolutoria de reemplazo.

Segundo cargo. Infracción indirecta de la ley.

Refiere que el tribunal vulneró el principio de legalidad al haber incurrido en un error de hecho por falso juicio de identidad, que lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 221 del Código Penal.

Considera que se “tergiversaron bondadosamente las pruebas testimoniales” que indican que la acusada al constatar que su consignación no había sido registrada, no vio otra opción que denunciar lo sucedido. Solo después de iniciar la investigación, dice, se pudo establecer cuál era el procedimiento bancario. Eso requirió oficiar a la sucursal bancaria, a la oficina regional y a la superintendencia. Las respuestas no fueron inmediatas y por eso, en el entretanto, la señora M.Y., apenas se enteró de su equivocación, desistió de la denuncia.

Pide casar la sentencia, pues la situación expuesta es distinta a la que estimaron los juzgadores en las instancias.

V. Audiencia de sustentación

1. Defensor.

Insiste en los argumentos expuestos en la demanda. Reitera, en relación con el primer cargo, que se vulneró el principio de presunción de inocencia. Sostiene que la conducta de su defendida es consecuencia de una equivocación y que con su conducta no causó perjuicios a la denunciante.

En cuanto al segundo cargo, señala que no existe prueba de la voluntad de causar daño. La conducta que se le imputó a la procesada es dolosa y no existe prueba de ello. Doña C.R.Y. no tenía conocimiento de la falsedad, ni tenía enemistades u odios que expliquen un proceder ilegal. Actuó de buena fe.

2. Fiscal.

En su criterio, en la demanda de casación se denuncian falsos juicios de identidad y raciocinio.

Según lo que se probó, la procesada, una adulta mayor con educación primaria y ama de casa, consignó un dinero y pagó un recibo, operaciones por las cuales le expidieron una certificación con fecha posterior. Hizo el reclamo, pero no contenta con las explicaciones que le ofrecieron, denunció ese comportamiento. No dijo ninguna mentira; simplemente narró lo que sucedió. Hay, por lo tanto, un falso juicio de identidad en la decisión que la condenó.

También presentó un escrito y le preguntaron que si había sido aconsejada y dijo que sí, que su hijo la había asesorado. De modo que si alguien pudo haber calumniado es quien redactó el escrito, el que además tampoco contiene falsedades en lo fáctico. Por lo tanto, hay un problema estructural en la construcción del proceso, porque si hay delito sería de falsa denuncia, que de acuerdo con la más simple elaboración dogmática, absorbe el de calumnia. Y de ser calumnia, tampoco se consideró que se “retractó” por el mismo medio.

Con todo, el tribunal, al analizar la conducta, para apuntalar el dolo, lo dedujo de la supuesta enemistad del hijo de la señora con la cajera del banco, y el dolo de él lo trasladó hacia ella. Es el mundo al revés. De manera que, si acaso, sería el hijo quien instrumentalizó a su madre, y sin embargo, todo el peso se le carga a ella.

Se debe casar la sentencia.

3. Procuradora.

Estima que no existe prueba de que se haya querido imputar una falsa conducta. Al contrario, cuando le llegó el extracto bancario, la procesada se retractó. Es claro, entonces, que denunció una inconsistencia, porque realmente el recibo no correspondía al día en que hizo la operación bancaria. Nada más que eso. No se satisfacen, por lo tanto, los requisitos estructurales del delito de calumnia por el cual la señora fue condenada.

4. Apoderado de víctimas.

El lugar donde ocurrieron los hechos es pequeño. Todos se conocen. Se sabía que existía una enemistad entre la víctima y el hijo de doña C.R. por la atención que la cajera le prestaba en el banco. Por eso en esa comunidad quedó la impresión de que la cajera había cometido una conducta ilícita.

Espera que la Corte proteja la honra de la ofendida y que deje en firme la sentencia condenatoria.

VI. Consideraciones de la Corte

1. Es necesario precisar, aun cuando el tema se entiende superado con la admisión de la demanda, que en los dos cargos se ofrece una visión que compagina con la infracción indirecta de la ley, toda vez que el demandante discute el fundamento probatorio del fallo. Por eso la Sala resolverá el problema como si se tratara de un solo cargo y no de varios.

2. El tribunal fue muy lacónico en su decisión. Se limitó a esbozar unas cuantas ideas acerca de la subjetividad del comportamiento, sobre la base de que doña C.R.M.Y., algo que nadie discute, acudió a denunciar una conducta que consideró cuando menos irregular. Le bastó que el funcionario que recibió la denuncia le hubiera sugerido a la procesada indagar más sobre el tema, y que esta no hubiera actuado como se lo propuso el empleado, para deducir de ello que la señora M.Y. le atribuyó un hecho delictual falso a M.R.R. y que lo hizo dolosamente.

No apreció la denuncia y la conducta en su unidad conceptual, sino un fragmento de la misma: se limitó a destacar la advertencia del funcionario, y no el contenido de la querella. En esta, como lo resaltó el fiscal, la señora M.Y., una ama de casa de edad avanzada y sin mayor formación académica, se limitó a narrar unos hechos que ocurrieron: dijo que el sábado 2 de abril de 2011 consignó 5 millones de pesos en la sucursal del Banco Agrario de La Cumbre y que pagó un recibo de servicios públicos, de lo cual la cajera que la atendió le entregó comprobantes con fecha del 4 de abril, lo que en su parecer le pareció irregular, y lo denunció no solo por eso, sino porque al hacer el reclamo fue atendida en forma descortés por la cajera (fl. 60 de la actuación).

Le preguntaron si verificó antes si a su cuenta se había abonado el dinero consignado y manifestó que no lo hizo.

El 13 de mayo de 2011, a través de su hijo J.L., quien es además abogado, le comunicó a la fiscalía que había recibido el extracto del mes de abril y que no existía ninguna apropiación indebida de sus recursos, pero que persistía la disparidad de fechas en los recibos que le expidieron.

M.R.R., la empleada del banco, afirmó en su denuncia que la señora M.Y. acudió a la entidad bancaria el día sábado 2 de abril, que efectivamente realizó las operaciones que ella menciona y se expidieron los comprobantes con fecha distinta, lo cual obedece a situaciones internas de la entidad, como se lo explicó a la cliente que hizo caso omiso de sus observaciones.

3. La indebida aplicación de la ley puede solucionarse desde dos perspectivas. La primera, desde el punto de vista de la tipicidad del delito de calumnia, y la segunda, que es la que más se ajusta a la dogmática, desde la perspectiva del delito de falsa denuncia. En ambos casos favorablemente.

Es evidente que la procesada no hizo una imputación falsa, si “falso es lo no cierto, lo contrario a la verdad” (CSJ SP del 10 de agosto de 2016, Rad. 42706). Narró lo que le ocurrió. Es decir, no le atribuyó un hecho delictual falso a nadie. Por lo tanto, si el delito de calumnia se describe típicamente como aquel comportamiento en el que una persona le “imputa falsamente a otro una conducta típica” (artículo 221 del Código Penal), es incuestionable que la señora no hizo sino narrar hechos ciertos, en su opinión irregulares, pero no falsos. Cuestión aparte es que quien le recibió la denuncia, o quien la asesoró, mas no ella, le haya dado una connotación jurídica a dichos comportamientos, lo cual no significa que por eso la procesada hubiera faltado a la verdad en relación con episodios que puso en conocimiento de la fiscalía. Tanto lo es que inmediatamente se enteró que no había sido afectada en su patrimonio informó a la fiscalía, hecho del cual el tribunal equivocadamente dedujo que el comportamiento era doloso.

Desde este punto de vista, entonces, la conducta que se le imputa es atípica, no por cuenta de un error de tipo, sino porque narró unos hechos ciertos que consideró irregulares, pero no imputó falsamente un hecho delictual.

4. De otra parte, los tipos penales no son simplemente objetivos descriptivos. Describen interferencias intersubjetivas que se manifiestan en lesiones o riesgos a un concreto bien jurídico. Desde ese punto de vista, entonces, el bien jurídico le confiere sentido a la conducta penal y define su contenido. A partir de esta noción se puede aseverar que la imputación de un hecho delictual falso a otro no implica necesariamente que quien lo hace incurre en el delito de calumnia. Lo será si la imputación se inscribe como un ataque a la integridad moral, más no si crea un riesgo contra la administración de justicia.

Así, quien “imputa falsamente a otro una conducta típica,” incurre en el de calumnia (artículo 221 Ley 599 de 2000), y el que “bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido” (artículo 435 ídem), o “bajo juramento denuncia a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte”, puede incurrir en el de falsa denuncia o de falsa denuncia contra persona determinada (artículo 436 de la Ley 599 de 2000)(1).Todas, como se comprende, tienen un núcleo común: la falsedad de la imputación. Lo que en realidad las distingue es el bien jurídico que interfieren.

Las conductas, pues, son similares y su contraste está en los detalles, solo que cuando se concurre ante la autoridad judicial, como lo ha señalado la Corte en el AP del 13 de marzo de 2018, Rad. 52234, al denunciante “le asiste el deber de lealtad a la verdad en la narración de los hechos que estima relevante para la justicia, siendo del juez la función de su valoración”. De manera que si la denunciante fue fiel a la realidad, como está probado, no puede ser delito lo que puso en conocimiento de la autoridad, así en la denuncia el encargado de la función le haya adscrito una connotación jurídica provisional a la conducta, que de ningún modo le agrega a la misma un tinte antijurídico que no posee.

El tribunal por supuesto no apreció el contenido de la conducta y tampoco el bien jurídico en conflicto, ni consideró que la procesada narró unos hechos ciertos.

5. Entre las varias definiciones de bien jurídico, la que lo sintetiza como una relación social (interacción que se produce a través de procesos comunicativos), dialéctica y esencial para satisfacer necesidades fundamentales, permite entender que su importancia y mayor rendimiento no radica en su función sistematizadora, sino en servir de límite al poder punitivo del Estado y en conferirle contenido a las conductas descritas en los tipos penales.

Tratándose de procesos de interferencia, la integridad moral como relación social involucra la protección al buen nombre, esto es, “a la apreciación que la sociedad emite de la persona por su comportamiento en ámbitos públicos”, y a la honra, entendida como “la apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos privados”.

Esto implica que:

“La distinción entre los ámbitos protegidos del buen nombre y la honra tiene repercusiones en cuanto a las conductas restringidas en aras de su protección… la Corte precisó que “el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”. Ello implica que la afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público.

“Por el contrario, la honra se afecta tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma”(2).

Desde este punto de vista, entonces, el buen nombre y la honra se encuentran protegidos como especies de la integridad moral, mediante los tipos penales de injuria y calumnia, bajo la consideración de que se interfiere el bien jurídico con conductas en las cuales la imputación deshonrosa o la comisión de un hecho punible, según sea el caso, se hace en el ámbito de lo público, de lo relacional, e incluso de lo privado (inciso 2, artículo 223 del Código Penal).

En cambio, las imputaciones que se hacen contra persona determinada ante la justicia por hechos que no ha cometido o en los que no ha tomado parte, desde luego que inciden negativamente en el buen nombre, pero su desvalor se configura al instrumentalizar la justicia y colocar en riesgo la resolución de conflictos mediante la adjudicación de justicia en derecho. Dicho de otro modo, la interferencia contra el bien jurídico trasciende lo individual o personal para convertirse en un tema colectivo, al colocar en riesgo la administración de justicia y la construcción de un orden justo, que es fundamento del Estado.

Por eso, al concurrir ante la fiscalía, en lugar de divulgar ante la opinión lo acontecido, la procesada de haber faltado a la verdad habría incurrido si acaso en el delito de falsa denuncia, el cual no le fue imputado y que tampoco se estructura fácticamente. De manera que del lado que se le mire, no existe ninguna imputación falsa que de origen a una conducta típica: ni de calumnia, que la fue la conducta por la cual fue juzgada, ni de falsa denuncia, por la que no podría ser condenada, salvo a riesgo de infringir la regla del artículo 448 de la Ley 906 de 2004.

Al margen de lo anterior, como bien lo anotó el señor fiscal, la enemistad entre la cajera y el hijo de la procesada son temas aparte que pudieron haber incidido en la determinación de la responsabilidad, pero en el sentido de que el hijo y no a la acusada —de quien en el escrito de acusación se dijo que fue asesorada haciéndola incurrir en error, y sin embargo fue acusada—, pudo ser el autor de una conducta que indebidamente se atribuyó a otro.

Por lo tanto, la Corte casará la sentencia y dictará el fallo absolutorio de reemplazo por las razones que se han indicado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali el 17 de junio de 2015 para revocarla. En su lugar, se dispone absolver a C.R.M.Y. por la conducta de calumnia por la cual fue juzgada.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

1 En la S.P. del 14 de septiembre de 2015, Rad. 35780, la Sala aclaró lo siguiente: “la Sala considera que la interpretación correcta de los preceptos aludidos (artículos 435, falsa denuncia y 436 falsa denuncia contra persona determinada) lleva a concluir que ante la instauración de una denuncia contra una persona determinada o individualizada a quien se le atribuye responsabilidad por una conducta punible que no existió, no se configura el delito definido en el artículo 435 de la Ley 599 de 2000, de falsa denuncia, sino el previsto en el canon 436 ibídem, de falsa denuncia contra persona determinada”.

2 C-442 de 2011.